miércoles, 31 de octubre de 2012

Ataque sectario desde CC OO contra Cáritas ante los máximos dirigentes sindicales andaluces


CÓRDOBA.- La Cáritas Diocesana de Córdoba, afirmó que su acción caritativa la motiva a atender a todos los necesitados sin importar su fe y sin discriminar a nadie, por ello rechazó las palabras del secretario general de las Comisiones Obreras locales (CC.OO), Rafael Rodríguez (en la imagen), que acusó al organismo católico de actuar como una "mafia".

La Cáritas local inauguró este lunes un "economato social" en el popular barrio de Las Margaritas para atender a unas 200 personas, las cuales podrán acceder a productos de primera necesidad pagando solo el 20% de su valor.
Sin embargo, Rodríguez afirmó posteriormente que en este local se daba una "discriminación en función de las creencias que se puedan tener".
 "Al menos esto es lo que yo vi en los medios y esto pues ya hemos visto como este tipo de situaciones se han utilizado por los hermanos musulmanes o por la mafia en un caso o en otro, es decir atender a las personas necesitadas para hacerlas adictas o adeptas", expresó.
Ante esto, Cáritas Córdoba emitió un comunicado aclarando que "entre los documentos y trámites que se solicitan a las personas o familias que son atendidas por Cáritas, en ningún caso y bajo ningún pretexto se les pregunta por su fe o se solicita su adhesión a la Iglesia Católica. Ni para la asistencia ordinaria, ni para acceder al Economato Social., ni en cualquiera de sus proyectos".
"Lamentamos profundamente la confusión que se desprenden de esas declaraciones de este máximo representante sindical, y aclaramos que cualquier persona o familia que se encuentre en situación de precariedad y/o exclusión social siempre encontrará ‘las puertas de Cáritas abiertas’", añadió.
Junto al Obispado de Córdoba, recordó que "Cáritas es la Iglesia Católica que organiza su acción caritativa y social a manera de ONG", apoyando "a diversos grupos sociales en situación de precariedad y/o exclusión social".
Para ello cuenta en Córdoba con "cerca de 900 voluntarios, personas sencillas que dedican su tiempo y energías en las Cáritas parroquiales. Esta atención en las parroquias cubre más del 90% de los barrios y localidades de nuestra provincia".
Además, "sus fondos asistenciales -a nivel andaluz- provienen en un 62% de aportaciones privadas de los fieles de las parroquias. El 38% proviene de fondos ‘públicos’, acogiéndose como otras ONGs a las ayudas que se brindan a este tipo de organizaciones".
Por ello, "expresamos nuestro más profundo dolor, en nombre de todos los voluntarios de Cáritas, por comparar a esta organización caritativa con una organización criminal como es la ‘mafia’".
Finalmente, el comunicado agradeció "a todos los voluntarios su labor, y a instituciones públicas y privadas, y les alentamos a continuar con la preciosa labor que están llevando adelante de manera anónima y gratuita y a pesar de las trabas que padecen, ya sea por irresponsabilidad o por ignorancia".
 En Córdoba, CC OO está en manos radicales muy vinculadas al Partido Comunista, según diversas fuentes, y ha sido el propio secretario provincial de CCOO en Córdoba, Rafael Rodríguez, el que ha comparado a Cáritas con la mafia por abrir un economato  para 200 personas. Según Rodríguez, la actividad de Cáritas va orientada a conseguir adeptos y la ha comparado con la "protección" de la mafia y los Hermanos Musulmanes.
El centro abierto por Cáritas distribuirá productos básicos a los necesitados, que dispondrán de una tarjeta para combatir los fraudes y sólo pagarán el 20% del precio de los productos, quedando el resto a cargo de la organización humanitaria católica.
Sin embargo, para Rafael Rodríguez, cuyas declaraciones no están en la web de Comisiones Obreras, pero que reproduce El Día de Córdoba, lo que hace Cáritas es discriminar. "Discriminación en función de las creencias que se puedan tener, al menos esto es lo que yo vi en los medios, y esto pues, ya hemos visto como este tipo de situaciones se han utilizado por los Hermanos Musulmanes o por la mafia en un caso o en otro, es decir atender a las personas necesitadas para hacerlas adictas o adeptas", dijo Rodríguez.
Si la referencia a la mafia ya es de calibre grueso, la realizada a los Hermanos Musulmanes, organización islámica radical implantada en varios países, sobre todo en Egipto donde sus candidatos obtuvieron la victoria en las elecciones, que utiliza la asistencia social como un método para implantar sus ideas teocráticas, es quizá más grave.
La comparación del líder cordobés de Comisiones Obreras ocurrió en una asamblea de delegados sindicales de CCOO y UGT previa a la huelga general e hizo estas manifestaciones Rodríguez ante los responsables andaluces de ambos sindicatos, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, que no hicieron declaración alguna sobre las palabras de su anfitrión cordobés.
Aunque Rodríguez comenzó afirmando que la apertura del economato de Cáritas "no me parece mal", luego calificó de "vuelta al pasado" el que las familias necesitadas tuvieran que depender del párroco de Las Margaritas, hecho que dijo haber leído en un medio de comunicación, para poder comprar en el economato. No se refirió a que Cáritas explicó en la presentación del economato que son los trabajadores sociales de la ONG quienes facilitan los permisos para acceder a este servicio de acuerdo a la situación de las familias por medio de una acreditación.
Rafael Rodríguez abundó en que la iniciativa de la ONG católica conlleve una "dinámica tremenda" en la que se puede discriminar a las personas en función de su credo religioso para acceder o no a los servicios del economato de Cáritas dedicado a proveer de alimentos y productos básicos a quien no puede pagarlos en supermercados y tiendas al uso.
Rodríguez añadió que su apuesta era la justicia y no la caridad y fue entonces cuando comparó la iniciativa de Cáritas con las actividades de la mafia y de los Hermanos Musulmanes para captar voluntades por medio de la acción social.

Asempal alerta del alza de la economía sumergida, que cifra en un 25% del PIB provincial almeriense

ALMERÍA.- La Confederación Empresarial de Almería (Asempal) ha alertado este miércoles del alza de la economía sumergida, que cifra en un 25 por ciento del PIB provincial, y ha advertido de que su erradicación es una "cuestión de supervivencia" para el sector en el que "cada vez se dan más casos de empresas a punto de cerrar por la terrible competencia desleal".

   El presidente de Asempal, José Cano, ha trasladado en un comunicado su preocupación por una "lacra" y una "picaresca" que afecta a la agricultura, el turismo y la hostelería, que debe competir con "alojamientos ilegales no declarados", así como al comercio "con la venta no controlada" y la industria de la panadería.
   Cano ha subrayado, no obstante, que es el sector de la construcción y actividades como carpintería, metal, pintura, electricidad, reparación y de automoción las que aglutinan la indignación de las empresas asociadas a Asempal, "que sí cumplen las reglas del juego de acuerdo a la legislación laboral y fiscal vigente", ha remarcado.
   "Esta situación irregular las permite vender y ofrecer servicios con unos presupuestos que están por debajo de los costes reales de cualquier empresa que cumple con sus obligaciones, y con eso no se puede competir", ha señalado.
   En esta línea, ha indicado que economía sumergida no genera riqueza ni permite que los recursos generados se reinviertan en la economía provincial, a lo que hay que unir un impacto negativo sobre la recaudación de tributos y cotizaciones sociales, desigualdad en el pago de impuestos y la indefensión de los consumidores a la hora de reclamar un trabajo realizado clandestinamente.
   Así, para Cano, que el 25 por ciento de la economía almeriense se mueva en la clandestinidad es insostenible, por lo que calificado de "prioritario ponerle freno" al tiempo que ha considerado "fundamental" la denunciar de las empresas "clandestinas" que cometen irregularidades y que "derivan en fraude, intrusismo y competencia desleal".  Por último, ha destacado la necesidad de "reforzar" el compromiso de empresarios, administración y sindicatos para destapar esta economía irregular.
Por su parte, la Cámara de Comercio ha presentado a una docena de empresas del sector de Habitat el programa 'International Intelligence Construction' con el que se persigue "configurar" un grupo de trabajo "sólido" que, de forma conjunta, "busquen y encuentren las sinergias necesarias" para competir en mercados internacionales como Perú o Paraguay con "grandes oportunidades de negocio".
   Según ha explicado el director-gerente y director de Internacional de la Cámara, Fernando Ruano, la acción se dirige sobre todo a las pymes que desarrollan su actividad en sectores como construcción, hábitat o y transformación agrícola en la provincia de Almería.  
   El programa, que se desarrolla en un horizonte temporal de 18 meses, contempla distintas fases de desarrollo e incluye el análisis del mercado, establecimiento en cuatro o cinco mercados realizando un catálogo de proyectos con presupuestos de dinamización mediante el encaje de las empresas y los proyectos de forma agrupada y, por último, la localización de promotores y entidades que consoliden los proyectos en los mercados previamente seleccionados.
   Tras la presentación de 'International Intelligence Construction', desde la Comisión de Habitat, el asesor para Iberoamérica, Rodrigo Corrales, ha detallado a los empresarios asistentes las ventajas que presentan a día de hoy para estos sectores, mercados como el de Perú, que con  una tasa de crecimiento del PIB del 6 por ciento anual el año pasado y con perspectivas de incrementarse medio punto en 2012, ofrece oportunidades, sobre todo en infraestructuras, edificación, servicios de transformación agrícola, y minería.
   Junto a Perú, Paraguay también ofrece grandes oportunidades de negocio ya que su tasa de crecimiento ronda el 8,5 por ciento anual durante el último año. Los sectores con mayores posibilidades, además de los tradicionales para el país, son igualmente el de infraestructuras, energía y construcción en general.
   En ambos mercados, tanto Perú como para Paraguay, la consultoría de proyectos, también son una oportunidad de negocio, considerando el gran déficit existente en esta área y fundamentalmente en las infraestructuras mínimas necesarias. Son países con una ingente necesidad de desarrollar dichas infraestructuras, para así responder en el corto y mediano plazo a sus ya interesantes tasas de crecimiento y donde las empresas almerienses pueden posicionarse mediante la participación en acciones de la Cámara de Comercio.

Los sindicatos acusan al Gobierno de "preparar la puerta" para "despedir masivamente" a trabajadores de la Administración

ALMERÍA.- El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha acusado este miércoles al Gobierno de haber "preparado la puerta" para "poder despedir masivamente" a "decenas de miles de trabajadores" del sector público a través de la nueva normativa estatal que permite a los entes, organismos y entidades públicas acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas. 

   En rueda de prensa en Almería, y acompañado de su homólogo de CCOO-A, Francisco Carbonero, el líder andaluz de UGT ha señalado que el Gobierno "deshojó por fin la margarita de la estrategia" para "poder despedir masivamente a empleados públicos" aplicando "los mismos requisitos establecidos en la reforma laboral", lo que, a su juicio, viene acompañado de una "campaña de desprestigio sistemático" a este sector.
   Así, ha enfatizado que UGT "va a estar radicalmente en contra de que se pretenda desmantelar el sector público empresarial en beneficio de los intereses privados" que son, según se ha referido, "los que en este momento están forzando la maquinaria, incluida la maquinaria mediática, generando un desprestigio permanente al sector pbulico empresarial con el objeto de hacerse con ese trozo de tarta que significa controlar sectores de actividad ahora en manos públicas y que serían un negocio con beneficio privado en manos de entidades privadas".
   En esta línea, el secretario general de CCOO-A ha incidido en que las políticas gubernamentales acercan la "quiebra del sistema" público, lo que conllevaría finalmente a "privatizar" algunos de sus servicios como "el gran negocio de las pensiones". Así, se ha mostrado también defensor de los empleados públicos a la vez que ha resaltado el impacto de su acción en la economía. "¿Alguien ha echado el cálculo de cómo va afectar al comercio que los empleados públicos no cobren paga de Navidad?", se ha cuestionado Carbonero.
   Con todo esto, ambos líderes sindicales han animado a la población a secundar la huelga general convocada para el próximo 14 de noviembre en rechazo a las políticas de recortes del Gobierno que, entre otras cuestiones, se alejan a su juicio de los "síntomas de recuperación" apuntados, según se han referido, por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien "se destaca por ser una andaluza en Madrid que desde luego hace todo lo posible por dejarnos en el más absoluto ridículo ante el resto del país", según Pastrana.

Aviación Civil achaca el siniestro del Helimer 207 a una "percepción errónea" del piloto

ALMERÍA.- El accidente del helicóptero 'Helimer 207' de Salvamento Marítimo en el que fallecieron en enero de 2010 tres de sus cuatro tripulantes al caer la aeronave al mar frente a las costas de Almería se debió a una "percepción errónea" del comandante sobre la altitud a la que se encontraban y a una "falta de monitorización" de los parámetros de vuelo por parte del copiloto.

   Así se recoge en el informe definitivo que ha emitido la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac), que subraya que el siniestro responde a las "características de un vuelo controlado contra el agua" y en el que se que apuntan, asimismo, como "factores contribuyentes" en el siniestro una "posible fatiga" de la tripulación, así como "carencias de formación y entrenamiento" en operaciones de rescate.
   El organismo independiente concluye en su informe que el comandante del 'Helimer 207' tuvo una "percepción errónea" sobre la altitud a la que volaban como consecuencia bien de una "ilusión visual generalizada al utilizar referencias externas", bien de una "errónea interpretación en la lectura de los instrumentos" o bien "por una combinación de ambas".
   Indica, asimismo, que existió "una falta de monitorización" de los parámetros de vuelo por parte del copiloto, a lo que añade como elementos coadyudantes al accidente la "excesiva carga de trabajo" del comandante, quien asumió "sus funciones y responsabilidades, y también "gran parte de las del copiloto", a quien atribuye "un excesivo esfuerzo cognitivo" debido a su "poca experiencia" y a que tenía que comunicarse "en una lengua distinta a la materna", que era el inglés al ser de nacionalidad neozelandesa.
   El helicóptero 'Helimer 207' sufrió el accidente en la tarde-noche del 21 de enero de 2010 de regresó a su base en el aeropuerto tras realizar un ejercicio de entrenamiento. Cayó al mar a unas cinco millas náuticas del litoral de la Bahía de Almería. En el siniestro fallecieron el comandante José Luis López Alcalá, el copiloto Kevin Holmes y el rescatador Iñigo Vallejo mientras que sobrevivió al impacto el operador de grúa Alberto Elvira. A todos  les fue concedida la Medalla de Oro al Mérito de Protección Civil con distintivo rojo.
   En informe provisional, emitido en enero de 2011, recogía que el vuelo de entrenamiento nocturno de búsqueda y salvamento con tres ejercicio programados con una duración de unas dos horas y media, se realizó en "buenas" condiciones meteorológicas.
   Aseguraba, asimismo, que el impacto contra el mar se produjo dos segundos después de que el copiloto confirmarse a la torre la intención de repostar de vuelta a la base, y dos minutos y diez segundos después de que iniciase el ascenso tras culminar el último de los ejercicios, que consistió en recoger del agua al rescatador que, simultáneamente, había caído al agua durante las maniobras de izado de personas rescatadas en patera desde la cubierta de la embarcación Salvamar Denébola, que también participaba en el ejercicio.
   El informe definitivo apunta, además de la posible fatiga de la tripulación, a "carencias de formación y entrenamiento" en operaciones SAR --búsqueda y salvamento-- y en materia de CRM --siglas en inglés de gerencia de recursos humanos-- que, entre otras consecuencias, dificultó que el comandante "gestionase el conflicto no resuelto entre dar al copiloto una mayor autonomía y al mismo tiempo confiar plenamente en sus habilidades de vuelo".
   Las citadas "carencias" habrían dificultado también, según la CIAIAC, que el copiloto "fuese lo suficientemente asertivo" para comunicar que tenía problemas para seguir el vuelo "debido a intervenciones del comandante no comunicadas y el deseo de terminarlo bien con un comandante --remarca-- que tenía gran ascendencia sobre él".
   Al hilo de esto, afirma el organismo que estas dificultades tanto de comandante como de copiloto para "identificar y gestionar la fatiga" impidieron a la tripulación pasar de una actividad "muy demandante" como es una operación de búsqueda y rescate a la de un "vuelo de traslado", actividad "poco demandante".
   El informe hace hincapié en que todos estos factores produjeron una "alta exposición" durante todo el ejercicio de entrenamiento y un "efecto de habituación de la tripulación" a los avisos acústicos de 'Landing Gear' --tren de aterrizaje-- y 'One Hundred Fifty Feet' --indicador de la altitud--, lo que provocó que ambos "no fueran eficaces para impedir el impacto".
   En esta línea, el ente independiente vincula la ineficacia de estos indicadores a una definición y utilización "inadecuada "de las listas de comprobación SAR "no adaptadas al modelo de helicóptero", un AgustaWestland AW139 operado por la empresa Inaer, y a la operación de búsqueda y rescate, que incluían la desconexión del Sistema Automático de Dirección de Vuelo (Fligth Director), una de las ayudas --subraya-- que "hubiese evitado el descenso hasta el mar del helicóptero".
   Por último, hace referencia a la falta de normativa específica en España para este tipo de operaciones de rescate y a la "baja exigencia" de los requisitos al operador por parte del responsable del servicio, es decir, Salvamento Marítimo, órgano dependiente del Ministerio de Fomento.
   El comandante José Luis López Alcalá, de 38 años, llevaba trabajando para la compañía Inaer dos años y medio y contaba con una experiencia de 4.000 horas y formación militar mientras que el copiloto Kevin Holmes, tenía 1.200 horas de vuelo y doce meses de antiguedad en la empresa. La tripulación del 'Helimer 207' contaba en su haber con la participación en 400 operaciones de rescate y el auxilio de 3.120 personas.
   La Comisión de Accidentes descartó en el informe provisional problemas previos al impacto relacionados con la estructura del AgustaWestland AW139 y concluyó que los motores estaban en funcionamiento y generaban potencia en el momento del accidente. En el definitivo añade, que en el análisis del accidente se detectaron "discrepancias" que llevaban "sin resolver dos meses" y relacionadas con el mantenimiento de la aeronave.
   En concreto, una de ellas, según subraya, hacía que las condiciones de aeronavegabilidad del helicóptero el 21 de enero de 2010 "no permitieran la operación" al no cumplir con el equipamiento mínimo exigido ya que una de las pantallas estaba "inoperativa", lo que está "prohibido en un vuelo nocturno".
 "El ejercicio debía de haberse cancelado ya que el copiloto no podía volar con una de las pantallas apagadas", apuntilla.
   Apunta, asimismo, a una "discrepancia" en el "aviso acústico asociado a la altitud de decisión DH', que califica de "especial importancia" en operación de búsqueda y rescate aunque la tripulación se habría "acostumbrado a operar sin esa ayuda".
 "Esta condición debería cancelar la operación SAR y debería estar contemplada como un requerimiento sin el cual no se debería operar".

Aena pacta con los sindicatos un ERE para un máximo de 1.600 trabajadores

MADRID.- Aena ha firmado con los sindicatos CCOO, UGT y USO un plan de viabilidad que recoge importantes medidas de flexibilidad interna, así como desvinculaciones voluntarias, al que podrán acogerse, hasta el próximo 31 de diciembre, todos los trabajadores del gestor aeroportuario hasta un máximo de 1.600.

En un comunicado, la compañía pública indicó que el plan suscrito con los sindicatos es un expediente de regulación de empleo (ERE) "en una empresa actualmente en pérdidas".

El gestor aeroportuario, que cuenta actualmente con una plantilla que ronda los 15.000 empleados, indicó que la medida "forma parte de las numerosas actuaciones contenidas en el Plan de Eficiencia Aeroportuaria para garantizar su futuro, entre las que destacan una significativa reducción de gastos de explotación, disminución de horarios operativos, rentabilización y optimización de las actuales infraestructuras, así como la fusión de sociedades para evitar duplicidad de costes".

En concreto, se trata de extinciones voluntarias de contrato a las que podrán acogerse todos los trabajadores fijos que se encuentren en activo. La preferencia a la hora de aceptar las solicitudes de bajas las tendrán los empleados de los aeropuertos deficitarios, después los de los Servicios Centrales y finalmente los trabajadores del resto de los centros.

La indemnización general será de 20 días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, cuantía que podrá ser incrementado en ocho días, si en el plazo de seis meses el trabajador no hubiera conseguido, a través de un plan de recolocación, encontrar un nuevo empleo.

Además, por su singularidad y mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, aquellos empleados de más de 55 años con una antigüedad mínima de 10 años en la empresa que transcurridos seis meses desde la extinción de su contrato no hayan logrado su recolocación, podrán ver incrementada su indemnización en 11 días adicionales (72% de media del salario total) con respecto al resto de los trabajadores que se acojan al plan.

La compañía indicó que "en ningún caso" se contempla la realización de nuevas contrataciones para la cobertura de las vacantes producidas por la aplicación del plan y que el coste de estas salidas no supondrá la utilización de dinero de los contribuyentes, sino que se asume íntegramente por Aena, toda vez que ésta "no percibe aportación económica alguna de los Presupuestos Generales del Estado".

Además, Aena se ha comprometido con el Ministerio de Empleo a hacerse cargo, cuando entre en beneficios, de las prestaciones por desempleo y las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores mayores de 50 años acogidos a este plan según lo dispuesto en el Real Decreto 1484/2012 de 29 de octubre sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años. 

El gestor aeroportuario es la primera empresa de España que aplicará esta reciente normativa laboral.

En el ámbito de este plan no se producirán jubilaciones anticipadas previstas legalmente para los trabajadores de 61 o 63 años. Así, la empresa financiará los Convenios Especiales con la Seguridad Social a partir de la extinción del contrato de los trabajadores y hasta su jubilación.

El Gobierno italiano aprueba la reducción del número de provincias de 86 a 51

ROMA.- El Gobierno italiano ha dado luz verde este miércoles a la ley que prevé la reducción del número de provincias del país de 86 a 51 a partir de 2014 con el objetivo de ahorra gastos al Estado, según ha anunciado el ministro de Función Pública, Filippo Patroni Griffi. Según el Gobierno, la medida ahorrará 40 millones de euros al año.

   El consejo de ministros ha aprobado el decreto ley de reforma y con ello se ha puesto en marcha el "proceso irreversible" de reducción del número de provincias, ha explicado. "A partir de enero, y en coherencia con la gobernanza, se reducirán la juntas provinciales", ha indicado el ministro, si bien la supresión definitiva de las provincias tendrá lugar en enero de 2014.
   Según ha explicado Patroni Griffi, en noviembre de 2013 se celebrarán las elecciones para elegir los gobiernos de provincias, que serán "completamente nuevas tanto por sus dimensiones como por sus funciones".
   El objetivo del Gobierno de Mario Monti, además de reducir gastos, es racionalizar competencias como la gestión de las carreteras o de la educación, y además permitirá que algunos ayuntamientos puedan pasar a otra provincia más cercana y con la que tienen mayor afinidad.
   La nueva ley también prevé la creación a partir del 1 de enero de 2014 de las ciudades metropolitanas que sustituirán las provincias de los principales núcleos urbanos del país. En concreto, se constituirán diez ciudades metropolitanas: Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Nápoles y Reggio Calabria.

La Junta rebaja un 4,1% su presupuesto en 2013 con un 20% menos de inversión

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013, primero elaborado por el gobierno de coalición integrado por PSOE-A e IULV-CA, que ascenderá a 30.706 millones de euros, lo que supone una caída del 4,1 por ciento respecto a las cuentas de 2012 aprobadas inicialmente, que habían registrado un crecimiento del 1,2 por ciento respecto a 2011, mientras que la inversión desciende un 20 por ciento, hasta los 3.814,1 millones de euros.

   Así lo ha anunciado la titular de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo, durante la que ha dejado claro que las cuentas del próximo año "cumplen el objetivo de déficit" del 0,7 por ciento fijado por el Gobierno de la Nación aunque no es compartido por la Junta, pero se trata de un "presupuesto respetuoso" con el Ejecutivo central.
   "Éste es un presupuesto de contraste y no de confrontación", ha aseverado la consejera, que define las cuentas para 2013 como "un presupuesto de resistencia ante la crisis, orientado a combatir el desempleo, que refuerza la competitividad y apoya a los sectores productivos, especialmente en I+D+i e internacionalización de la empresa; que lucha para combatir la desigualdad; garantizar el sostenimiento de la red de servicios públicos fundamentales, y situar a la educación como centro de la política económica e instrumento de igualdad".
   Las inversiones contempladas en el presupuesto de 2013 ascienden a 3.814,1 millones de euros, un 20 por ciento menos que en 2012, aunque apunta que "se mantiene el esfuerzo realizado durante los años de la crisis", de forma que la inversión sobre el PIB se mantiene en un 2,6 por ciento y ha asegurado que Andalucía "es una de las comunidades autónomas que más porcentaje destina a inversión". La consejera ha dejado claro que "la prioridad no está en construir un kilómetro más de autovía, sino en mantener abiertos los hospitales y prestar atención sanitaria y educativa a todos".
   Martínez Aguayo ha puesto en valor el hecho de que los presupuestos hayan sido "formulados con normalidad" y "dentro de plazo" pese a que han tenido un "ritmo de elaboración diferente" por el retraso en los datos del Gobierno central, cuya "mala política, mala aplicación del sistema de financiación autonómica y mal reparto del déficit" condiciona el contenido del presupuesto andaluz.
   Por su parte, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha resaltado el "esfuerzo ímprobo" de la Junta para "llegar a tiempo" a los plazos para la presentación de unos presupuestos "netamente progresistas, sociales y que dentro de la austeridad marcan la diferencia con el PP allí donde gobierna", ya que ha destacado que "no hace recaer los esfuerzos sobre los de siempre, la clase media".
   La consejera ha apuntado una importante caída de los ingresos, motivada fundamentalmente por la reducción de los recursos procedentes del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que descienden un 5,1 por ciento (17.899,9 millones), así como del Fondo de Compensación Interterritorial, que desciende un 25,6 por ciento hasta 204,6 millones, y una disminución de la financiación por dependencia.
   Para contrarrestar esta merma, el proyecto de presupuesto refuerza el plan de lucha contra el fraude fiscal, con el que espera aumentar recursos en un 12 por ciento.
   Por su parte, dentro de los ingresos financieros, 2.532,2 millones se destinan a endeudamiento para amortización (incremento del 75,4 por ciento) y 1.028 millones corresponde a emisión de deuda para la financiación del déficit (endeudamiento nuevo).
   La consejera ha indicado que no contempla ninguna nueva figura impositiva nueva, aunque se está trabajando en el impuesto sobre grandes superficies comerciales, aunque no se ha incluido en el proyecto de presupuestos presentado este miércoles.
   Martínez Aguayo ha indicado asimismo que las consejerías dispondrán de un 10,7 por ciento menos de recursos, esto es con 2.263 millones de euros menos en recursos propios, de forma que "el esfuerzo presupuestario" que realizarán las consejerías será de 2.952 millones de euros".
   Dentro de los gastos corrientes, el gasto en personal baja un 8,3 por ciento, motivado por la aplicación de la actual tasa de reposición del diez por ciento y por el incremento de la jornada.
   Martínez Aguayo ha indicado que esa comparación se efectúa en relación con el presupuesto de 2013 pero ha recordado que a mediados de año se elaboró un plan económico financiero de reequilibrio, donde "ya se ha efectuado un esfuerzo importantísimo de armonización", de forma que el presupuesto de 2013 supone "un ajuste de 400 millones de euros sobre el presupuesto de 2012 una vez ajustado en ese plan de reequilibrio".
   La consejera ha apuntado que las obras de colaboración público privada ya comprometidas sí se contemplarán en el presupuesto aunque no se incorporará ningún proyecto nuevo en ese sentido.
   Además, ha indicado que las operaciones de venta y alquiler de activos o 'sale and leaseback' se contempla en los presupuestos de 2013 y es algo que "se mantiene vivo", ya que "está prácticamente culminado", aunque reconoce que "el sector financiero no permite rematarlo y el inversor no obtiene financiación".
   Asimismo, indica que estas cuentas no se han comunicado aún al Ministerio de Hacienda, ya que "no hay por qué hacerlo ahora", ya que estas cuentas se formulan desde la Junta, aunque apunta que "será objeto de comentario y será comunicado al Ministerio".
   En materia de educación, contará con 7.451,15 millones. Se consignan 205 millones a becas, lo que supone un aumento del siete por ciento. Por otro lado, se mantiene el gasto para funcionamiento de centros escolares, la gratuidad de los libros de texto, el Plan de Apertura de Centros Docentes, la Escuela TIC 2.0 y el transporte escolar. Además, se destinarán 1.420 millones a las universidades, vinculado al acuerdo de financiación actualmente en prórroga.
   La consejera apunta que las políticas sanitarias y sociales bajan un 9,7 por ciento y agrega que el próximo ejercicio se mantendrán los servicios públicos esenciales, "sin privatizar hospitales, prestando atención a inmigrantes y desarrollando la Ley de Dependencia, a lo que se destinan 1.146 millones". Para todo ello, se destinan a Salud y Bienestar Social 10.086 millones.
   La consejera ha apuntado el empleo como una de las prioridades de gasto, para lo cual el presupuesto consigna 370,5 millones, donde se incluye el Plan de Choque por el Empleo o un plan para vías ciclistas en áreas metropolitanas, entre otros. Además, se mantienen 78,5 millones del Plan de Fomento del Empleo Agrario.
   Respecto al fomento de la competitividad y el apoyo a los sectores productivos, el proyecto destinan 500,6 millones a políticas de I+D+i, mientras que Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dispondrá de 72,3 millones, un 29,8 por ciento más.
   Para el área de internacionalización de la economía, se consignan 84,5 millones, mientras que la planificación y desarrollo industrial acapara 426 millones y el desarrollo energético y fomento de la minería dispondrá de 169 millones de euros. En materia de turismo y el comercio se destinan 234,1 millones.
   El presupuesto andaluz de 2013 prevé un Plan Extraordinario de Acción Social (60 millones); el Programa de Solidaridad (70 millones) y la Red de Solidaridad Alimentaria (20 millones). Además, la Junta subirá las pensiones asistenciales, al incrementar un dos por ciento el complemento autonómico.
   En cuanto a políticas de igualdad, el IAM mantiene sus programas, mientras que los programas G+ de fomento de la igualdad ganan peso y suponen el 71,4 por ciento del presupuesto total.

La economía andaluza decrecerá

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013, cuyo escenario macroeconómico prevé que la economía andaluza decrecerá un 1,2 por ciento "en términos reales" durante el próximo ejercicio, de forma que se estima que el Producto Interior Bruto (PIB) ascenderá a 146.900 millones de euros para el próximo ejercicio en Andalucía.
   Así lo ha avanzado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, durante la que ha explicado que la Junta ha realizado esta previsión "conservadora" sobre la evolución de la economía andaluza en 2013 a partir de las previsiones incluidas por el Gobierno de la Nación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la zona euro.
   En su exposición sobre el escenario macroeconómico, la consejera ha indicado que la economía mundial "ha vuelto a desacelerarse en 2012 debido a las tensiones en los mercados financieros y de deuda en la Zona Euro".
   Agrega que "aunque en 2013 se espera una recuperación del ritmo de crecimiento, éste será muy moderado en el caso de las economías avanzadas".
   En este contexto, se prevé un decrecimiento de la económica andaluza que será de un -1,4 por ciento, en términos reales en 2012 y de un -1,2 por ciento en 2013.
   La consejera ha hecho referencia a las previsiones mundiales efectuadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), siendo las últimas previsiones efectuadas para la Zona Euro del -0,4 por ciento, frente a un incremento del 5,3 por ciento para las economías emergentes.
   Asimismo, para España, las previsiones de crecimiento para España son, según el escenario margado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), del -1,5 por ciento para 2012 y del -0,5 por ciento para 2013.
   Considera que los factores condicionantes para estas previsiones son las tensiones en los mercados financieros y de deuda soberana y el impacto de las medidas de austeridad en los niveles de crecimiento y empleo.
   La consejera ha apuntado que "las comunidades autónomas por sí mismas tienen escaso margen para estabilizar la economía al no disponer de política monetaria, ni disponer de plena autonomía tributaria y tener limitada su capacidad de déficit, endeudamiento y techo de gasto".
   Asimismo, ha recordado los objetivos de déficit para Administración central, comunidades autónomas y corporaciones locales, de forma que aunque ha reiterado que las cuentas andaluzas "mantienen el compromiso con la estabilidad fiscal", existe un "acusado desequilibrio" en el reparto de los objetivos de déficit entre el Estado (3,8 por ciento del PIB) y las comunidades autónomas (0,7 por ciento), además de las corporaciones locales (cero por ciento).
   "Este reparto rompe desde el minuto uno el equilibrio, se rompió en 2011, tras lo que la brecha se volvió a abrir en 2012 y en 2013, cuando se acentúa aún más la diferencia".
   Apunta que este reparto "no tiene lógica alguna", toda vez que "con ese objetivo piden a las comunidades autónomas que cumplan objetivo de la Ley de Estabilidad objeto de déficit estructural cero para 2020 y nos pide superávit estructural para 2014".
   En ese sentido Martínez Aguayo advierte de que ese planteamiento "está provocando una exigencia y un peso a las comunidades autónomas por encima de lo que les corresponde en su conjunto, es una exigencia desequilibrada entre Estado y comunidades autónomas", tras lo que se remitió a lo expresado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán en la Conferencia de Presidentes, donde apuntó que la Junta "va a cumplir las exigencias, pero discute el cómo, el quien y el tiempo".
   "Parece que se persigue culpabilizar a las comunidades autónomas en el incumplimiento, poniendo un objetivo difícil, si no imposible, o parece que se quiere desmantelar la red de servicios públicos que tenemos", se lamenta la consejera.
   La consejera agrega que la actual política fiscal "propicia la divergencia económica regional" tanto "por la aplicación del modelo de financiación, por el reparto del déficit, y por la grave disminución de los instrumentos de reequilibrio territorial nacional, como el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), para corregir esos desequilibrios".
   Así, apunta que la divergencia en financiación por habitante "se ha incrementado un 36 por ciento, de 684 a 932 euros entre 2009 y 2010", y agrega que "las comunidades que estamos divergiendo a la baja son las que tenemos un nivel de renta por debajo de la media".
   Considera que esa disminución "es contraria al planteamiento del modelo de financiación, que busca nivelación de servicios y eliminación de divergencias entre comunidades, está pasando lo contrario, y Murcia, Andalucía, Valencia y Canarias son las que van perdiendo posiciones año tras año, no pierde posiciones ni Madrid ni Cataluña ni Baleares".
   Martínez Aguayo lamenta que este reparto del déficit "deja a Andalucía con un 24 por ciento menos de recursos por habitante que la media de las comunidades autónomas y con un 40 por ciento respecto a las de mayor renta".
   La consejera asegura que estos factores "los vienen gritando los organismos internacionales, tanto el FMI como la OCDE, que no son sospechosos de tener ideología radical, y que alertan de efectos contractivos del rápido ajuste fiscal en muchas economías avanzadas, entre ellas la española, que provoca pérdida de confianza de los agentes económicos e inversores en deuda pública y que además advierten de que aumenta la desigualdad entre ingresos mas altos y más bajos y eso es peligroso para la economía, además de las implicaciones éticas y morales que hay que atender" en ese sentido.

martes, 30 de octubre de 2012

El TSJA cita a Sánchez Gordillo como imputado por su acción como piquete en la última huelga general

GRANADA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado a declarar como imputado el próximo día 8 de noviembre al parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, todo ello a raíz de su actuación como piquete informativo en Estepa durante la huelga general del 29 de marzo.

   En este sentido, fuentes del caso han informado que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, ha citado a declarar a Sánchez Gordillo el próximo mes de noviembre como imputado por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores.
   Tras asumir la causa procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Estepa, el TSJA decidió abrir diligencias previas contra el parlamentario andaluz, dada su condición de aforado, y contra tres militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), en concreto Antonio P., José P.T. y Félix D..
   En un auto, el Alto Tribunal andaluz puso de manifiesto que los hechos denunciados pueden estimarse "constitutivos de cinco delitos contra los derechos de los trabajadores", para cuyo conocimiento "es competente esta sala".
   Y es que el pasado día 29 de marzo, Sánchez Gordillo irrumpió en varios locales comerciales del municipio sevillano de Estepa para ejercer labores de piquete informativo, aunque de ello se pasó presuntamente a las "amenazas y coacciones" con causar daños a los trabajadores que decidieron no secundar la huelga.
   Por otro lado, hay que recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Écija dictó un auto en el que se inhibió a favor del TSJA para que investigue si el parlamentario andaluz cometió algún delito a raíz del asalto a un supermercado de Écija ocurrido el día 7 de agosto.

Se ultima el monolito para homenajear a represaliados en la Guerra Civil en el cementerio

ALMERÍA.-   Las asociaciones de memoria histórica de Almería celebrarán el próximo día 4 de noviembre un acto homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la posterior etapa de represión a las puertas del cementerio de San José de la capital, si bien esperan que sea la última vez que se celebre fuera del camposanto ya que  trabajan en los últimos detalles para la ubicación en su interior de un monolito en el que se reflejen los nombres de aquellas personas que perecieron durante esta etapa histórica.

   Así lo han indicado el representante de la asociación Memoria y Libertad, Francisco Ortega, quien ha precisado que gracias a la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) cuentan ya con el material en donde se inscribirán los nombres, tarea en la que también está previsto que participen los alumnos de la Escuela de Mármol de Andalucía, ubicada en Fines.
   En este sentido, Ortega ha señalado también las gestiones desarrolladas por el actual vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y concejal del Ayuntamiento de Almería, Javier Aureliano García (PP), tanto a la hora de contactar con el ente empresarial como para agilizar la tramitación de un espacio en el cementerio capitalino en el que colocar dicho monolito, si bien aún deben materializarse los permisos para su obra y colocación.
   En cualquier caso, el portavoz de Memoria y Libertad se ha mostrado satisfecho por los últimos avances que permitirán concentrar en un punto un lugar "para que los familiares que quieran puedan ir a rezarles o recordar" a sus fallecidos. Con esto, ha valorado también el trabajo hecho por el arquitecto Ramón de Torres en el diseño de la pieza, valorada en 112.000 euros junto con los trabajos para su ubicación.
   Así, Ortega espera concretar en breve una reunión con la Junta de Andalucía para solicitar su apoyo en los trabajos de instalación, valorados en unos 45.000 euros dentro del presupuesto global. En esta línea, solicitarán el apoyo de un taller de empleo, escuela taller o casa de oficios que contribuya a realizar la obra. En este sentido, desde el Gobierno andaluz se ha explicado que habrá que estudiar qué talleres de empleo pendientes de ejecutar en 2012 podrían asumir dicha tarea o mediante qué fórmula tratar de atender esta petición.
   "Cuando los allegados vean los nombres de sus abuelos, padres y familiares, la cosa se calmará y será como si estuvieran bien enterrados. Va a ser un monumento que va a traer tranquilidad", cree Ortega, quien también ha destacado la colaboración de administraciones y distintos partidos políticos para poder ejecutar la actuación.

La Diputación afirma que ningún ayuntamiento ha comunicado su baja del servicio de recaudación tras el gravamen

ALMERÍA.- El portavoz del equipo de gobierno y vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha señalado este martes que hasta el momento no han tenido notificación de que ningún ayuntamiento desee abandonar el servicio de recaudación que presta la institución y para el que, en el último pleno ordinario, se aprobó una subida de tasa del uno al cuatro por ciento. 

   Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas después de asegurar que los municipios pueden contratar este servicio "con la empresa que quiera o con el Estado", si bien ha apuntado que con éste último el servicio sería "mucho más caro" debido a las comisiones que se aprobaron con el anterior gobierno socialista.
   García ha incidido en el "trabajo eficaz" que desarrolla la Diputación en la gestión de este servicio con el que se pretende, a través de la última actualización, "perder lo menos posible" para que la prestación deje de ser "deficitaria", ya que a la misma se han incorporado en los últimos años nuevas gestiones. "Los servicios y la tasa que cobramos tienen que reequilibrarse con el coste, y es lo que hacemos y no del todo", ha explicado el portavoz, quien apunta que aún se pierde el 0,17 por ciento de su coste.
   El vicepresidente ha añadido que si bien el servicio supone un déficit de unos dos millones de euros, éste se podría haber suplido si la Junta de Andalucía hubiera abonado los 5.077.427,85 de euros que adeuda a través de 4.675 recibos. "Tal vez habríamos aguantado la subida del uno al cuatro por ciento", ha considerado García.
   Así, ha rechazado las acusaciones de "asfixia" a los ayuntamientos efectados por el PSOE y ha abundado en las prestaciones económicas "históricas" que la Diputación ofrece a los ayuntamientos, entre las que ha nombrado las líneas de financiación de 500.000 euros para localidades de menos de 20.000 habitantes o la inversión de 13 millones de euros en planes provinciales correspondientes a 2012 que se efectúa "a pulmón" ante la falta de subvenciones de la Junta.

Cañete afirma que el acuerdo con Marruecos tendrá un efecto "muy limitado" sobre las producciones

MADRID.- El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha sostenido este martes en el Senado que el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos tendrá un "efecto muy limitado a corto y medio plazo" sobre las producciones españolas y europeas, al tiempo que ha subrayado que la apertura del mercado marroquí constituye una "oportunidad".

   Arias Cañete ha señalado, no obstante, que para que el impacto de este protocolo sea realmente limitado es preciso que los mecanismos de protección que se han establecido "funcionen adecuadamente".
   "El Gobierno no escatimará en esfuerzos para ello", ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta.
   En este sentido, el ministro ha asegurado que su departamento hará un seguimiento de los precios a los que se comercializan los productos procedentes de Marruecos, especialmente los considerados más sensibles, como el tomate o el calabacín. Igualmente, en coordinación con la UE, se hará un seguimiento de los contingentes en las aduanas.
   Por otro lado, Arias Cañete ha explicado los aspectos de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que, a juicio de España, "deben ser analizados, modificados o matizados".
   En concreto, ha recalcado que el "presupuesto mínimo aceptable" para España es el que aparece en la propuesta de la Comisión y que mantiene la financiación de la PAC dentro del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 en el nivel de 2013: 371.700 millones para el conjunto del periodo. "El alcance de la reforma debe estar supeditado al mantenimiento de dicha dotación presupuestaria", ha subrayado.

Los entes públicos podrán hacer despidos colectivos con 20 días por año

MADRID.- Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

   A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
   El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.
   En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.
   Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".
   Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.
   También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.
   El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.  
   El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.
   En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.
   Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.
   El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días.
   No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.
   Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.
   Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).

lunes, 29 de octubre de 2012

La Junta pide a Fomento que revele "sus planes" con respecto a aeropuertos de Almería, Jerez, Granada y Córdoba

ALMERÍA.- El consejero andaluz de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha reclamado este lunes al Ministerio de Fomento que revele "cuáles son los planes" con respecto a los aeropuertos de Almería, Granada, Córdoba y Jerez, que ha tildado de "absolutamente vitales" para la Junta, y ha considerado "absolutamente fuera de lógica" que puedan "terminar" en el "terreno de la indefinición".

   Rodríguez, quien ha mantenido una reunión con responsables del Patronato Provincial de Turismo y el presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, ha advertido en rueda de prensa de que el "mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria existente" en la región es "muy importante" para el Ejecutivo andaluz, que, según ha subrayado, "no sabe cuáles son las líneas de actuación, las prioridades y los objetivos establecidos".
   Al hilo de esto, ha indicado que la actual red "genera economía de escala y desarrollo económico" y ha remarcado que también estaría "fuera de lógica desde la perspectiva de la rentabilidad" que las inversiones ejecutadas "no sirvan para que se mantengan en un futuro".
   "Han servido para el desarrollo comercial, turístico y territorial y han estado funcionado razonablemente bien cuando se han explotado con ese objetivo, por lo que estaría fuera de lógica que terminen en el terreno de la indefinición como consecuencia de una explotación no eficaz", ha apuntillado.
   Rodríguez ha criticado que, sobre la gestión aeroportuaria que resulta "una prioridad fundamental" para Andalucía, "ni se escucha ni se dialoga". "Desconocemos como Gobierno cuál es la estrategia de AENA para comercializar y rentabilizar inversiones y la información que manejamos es la que nos trasladan desde los comités de empresa o en medios de comunicación".
   El consejero, quien ha mantenido, asimismo, un encuentro con la Asociación de Hosteleros de Almería (Ashal), ha avanzado, no obstante, que hay "buenas perspectivas" con respecto al aeropuerto de Almería para convertirlo en destino de nuevos vuelos turísticos a corto y medio plazo y con especial incidencia en los segmentos de turismo escandinavo, ruso y del Este de Europa.
   "Espero poder empezar a plantear algunas realidades de colaboración en breves fechas", ha remarcado para, a continuación, trasladar que la Junta "no escatimará esfuerzos" para que esos vuelos "puedan venir y materializarse". Rodríguez ha matizado, no obstante, que la vía de la subvención directa está descartada.
   "A la actual situación económica, que complica esta vía, hay que sumar que se ha mostrado ineficaz para consolidar y mantener la estructura de viajes y que genera lo que sería una cierta dinámica de subasta, por lo que estamos trabajando en la línea de promociones en origen", ha asegurado.
   Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, ha avanzado que se está trabajando en el borrador de un convenio marco entre la Diputación y la Junta para "ir de la mano" en la defensa del turismo almeriense. Entre estas actuaciones, según ha afirmado, se encuentra la colaboración a través del Patronato de Turismo para fortalecer la "presencia del aeropuerto como destino".

Las concesionarias de autopistas podrán solicitar préstamos a Fomento

MADRID.- Las empresas concesionarias de autopistas de peaje podrán solicitar préstamos participativos al Ministerio de Fomento para compensar una parte de la falta de ingresos que sufren como consecuencia de la caída del tráfico a raíz de la crisis económica.

   Así consta en una de las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, incorporada ya a la norma, y con la que se refuerza las garantías a las concesionarias para "facilitar la negociación" con estas empresas, "atendiendo a las especiales circunstancias por las que están atravesando y garantizando que cualquier actuación que pueda realizarse quede sometida a las disponibilidades presupuestarias".
   La enmienda modifica la Ley del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal para que parte de las cantidades reclamadas por las compañías a través de la cuenta de compensación se pueda cubrir con un préstamo participativo concedido por el Ministerio de Fomento y que las concesionarias podrán solicitar durante los primeros meses de cada ejercicio.
   Las condiciones de este préstamo serán las que se designen de forma general en los Presupuestos Generales del Estado, y se permite reequilibrar la concesión para que las empresas puedan devolver el importe del préstamo y sus intereses.
   "Las cantidades consignadas en la cuenta de compensación y las entregadas en los préstamos participativos, así como los intereses devengados, se consideran pagos a cuenta a descontar del importe que, en concepto de responsabilidad patrimonial, pudiera serle exigido a la Administración con ocasión de la resolución del contrato concesional", añade la enmienda.
   Además, el PP ha incluido, también vía enmienda, tres nuevas autopistas --la de Alicante-Cartagena, la de Santiago-Orense y la de León-Astorga-- al listado de vías que, desde 2011, pueden tener una cuenta de compensación, donde se consigna anualmente la diferencia entre los ingresos reales por los peajes y el 80% de las estimaciones de ingresos que se hicieron en el plan económico financiero de la oferta de licitación.
   También se ha ampliado en cuatro años (hasta 2018) el tiempo en que funcionarán estas compensaciones, que se limitan al 49% del importe resultante de "sumar los ingresos anuales de peaje de la concesión y la cantidad a consignar".
   Por otra parte, se reconoce la posibilidad de que las concesionarias sean declaradas en concursos de acreedores, en cuyo caso los saldos de la cuenta de compensación y los intereses devengados serían exigibles "en todo caso" por la Administración, que recuperaría así parte de los recursos cedidos a las empresas.
   Además, se autoriza al Gobierno para que, "si las circunstancias económicas de las sociedades así lo aconsejan", pueda excluirlas de todas estas medidas (préstamos participativos, compensaciones, etc.); si bien el saldo de las cuentas de compensación devengará intereses a partir de 2014, excepto para las gestoras de las tres nuevas vías incorporadas a la medida, que deberán esperar a 2016.

La Junta propondrá al Gobierno crear un consorcio turístico público-privado para la Comarca del Levante

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía va a proponer a la Secretaria de Estado de Turismo la creación de un consorcio para impulsar el turismo en la Comarca del Levante de la provincial almeriense con la implicación tanto de las administraciones como de la iniciativa privada.

   Así lo ha anunciado el consejero andaluz de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, en rueda de prensa en Almería tras mantener una reunión con responsables del Patronato Provincial de Turismo y acompañado por el presidente de la Diputación, Gabriel Amat.
   Rodríguez ha explicado que, tal y como la concibe su departamento, la iniciativa se enmarcaría en el Plan Integral de Turismo aprobado por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy y se asemejaría al modelo del proyecto Cualifica.
   El titular de Turismo ha indicado que el citado consorcio, opción escogida al funcionar razonablemente en la promoción del turismo de tercera edad en la Costa del Sol occidental, va a posibilitar el acceso a "vías de financiación no habituales" y al margen de los "presupuestos públicos", lo que supondría una mayor implicación de la iniciativa privada.
   "Creemos que el levante almeriense tiene esa posibilidad para, de este modo, impulsar el desarrollo turístico y hostelero, y las actividades complementarias de ocio y turismo", ha señalado Rodríguez, que ha adelantado que "si se abre paso, participarán Junta, ayuntamientos, Gobierno central, Diputación y el sector privado".
   El consejero ha trasladado que se trata de una "reformulación" del Plan de Turismo Sostenible aprobado para el Levante, que no ha contado con dotación presupuestaria para el presente ejercicio, y ha remarcado que, de no materializarse, se pondrá en marcha al igual que el proyectado para la Comarca del Almanzora.

Un centenar de personas se concentran "en silencio de duelo" por las víctimas de las pateras

ALMERÍA.- Un centenar de personas se han concentrado este lunes en Almería, a convocatoria de Almería Acoge, de forma silenciosa "de duelo y solidaridad" por el fallecimiento de, al menos, 16 personas en el naufragio de dos pateras a frente al litoral de Alhucemas (Marruecos) en las que pudieron ser rescatados con vida 67 personas, entre ellas un bebé. 

   El colectivo lamenta que "una vez más", el Mediterráneo "se tiña de muerte" y se convierta en "una tumba que entierra ilusiones, la lucha por la vida de las personas que intentan huir de una pobreza antigua que alguien les asigno y otros se empeñan en mantener". La concentración, que ha dado comienzo a las 20,00 horas en la Plaza del Ecuador de Almería, ha contado con la participación de un centenar de personas, en un acto donde se ha escuchado la canción del grupo andaluz Chambao 'Papeles Mojados', se ha leído un manifiesto y se ha guardado un minuto de silencio, según ha señalado Almería Acoge.
   'Almería Acoge', que subraya no querer ser "cómplice" de lo que califica de "vergüenza histórica", señala que en esta ocasión "quizá los ciudadanos no podamos mirar para otro lado" porque "más de 50 personas muertas son demasiadas para ocultarlas y para que pasen  desapercibidas a una sociedad, demasiado centrada en sus propias crisis".
   La ONG critica que los gobierno implicados, aquellos "que ponen vallas inútiles que no tienen sentido" y "trabas absurdas a quien sólo busca hacer lo que el ser humano ha hecho desde que aprendió a andar sobre dos pies, procurar vivir dignamente", intenten pasar "por encima" de la tragedia "sin hacer ruido"
   "Denunciamos la falta de legitimidad de cualquier gobierno que trate de impedir los flujos migratorios sin buscar alternativas coherentes a esta sangría humana que obliga a las personas a dejar su sangre en una alambrada o su vida en el mar, gobiernos que no han sido capaces de legislar con la razón y con el corazón y crear vías legales de migración, no dejando más alternativa que ponerse en manos de mafias a las que obviamente tampoco importan las vidas con las que trafican", concluye.

PSOE presenta una enmienda para que Acuamed invierta 4,5 millones en el túnel de la Balsa del Sapo

EL EJIDO.- El PSOE de Almería ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 para que la sociedad estatal Acuamed invierta 4,5 millones de euros en la construcción del túnel de desagüe de la Balsa del Sapo, en Las Norias de Daza en El Ejido, ya que supondría la "solución definitiva" al problema de inundaciones de la zona. 

   Según ha explicado la diputada nacional Gracia Fernández, "el túnel de la Balsa del Sapo es una obra de interés general que le corresponde al Estado, pero en los presupuestos de 2013 no hay ninguna partida destinada a esta actuación". Según ha señalado en una nota, los socialistas desconocen qué va a hacer el Gobierno con dicho proyecto "si guardarlo en un cajón o, simplemente, destruirlo".
   Sobre la "confusión" que "se ha pretendido generar desde el PP" en relación a la participación de la Junta de Andalucía en esta obra, Fernández ha aclarado que el "túnel de la Balsa del Sapo es una actuación de interés general, que precisamente por eso, le corresponde al Estado" y que "la Junta no tiene ninguna responsabilidad presupuestaria en ese proyecto, por lo que no tiene que aportar nada ni decir nada en este aspecto".
   En este sentido, el secretario local del PSOE de El Ejido, Tomás Elorrieta, ha subrayado que "lo que sí corresponde a la Junta es la construcción de un bombeo adicional al que existe en este momento, que paliará el problema hasta que se construya el túnel, que es la solución definitiva". Estas obras "están cumpliendo todos los plazos, avanzan a buen ritmo, y van a seguir cumpliendo sus plazos", ha aseverado.
   Por su parte, el senador socialista Juan Carlos Pérez Navas ha pedido al Gobierno de Rajoy que "tome ejemplo" de la Junta de Andalucía, que "está demostrando que cuando le preocupa un problema, hace el esfuerzo necesario para resolverlo". Así, ha dicho que el Gobierno "tiene que dejar de buscar excusas y enfrentamientos con la Junta de Andalucía y ponerse a trabajar en serio".

domingo, 28 de octubre de 2012

El PP seguirá permitiendo sueldos públicos desproporcionados en las diputaciones

MADRID.- La décimo novena Unión Intermunicipal que ha celebrado esta semana el Partido Popular ha servido para dejar claro lo que ya sabíamos. A saber, Mariano Rajoy y su equipo interpretan la reforma de la Administración Pública Local reforzando aquellas instituciones donde su presencia es mayoritaria.
En tanto que el PSOE y UPyD abogan por suprimir las diputaciones provinciales, los conservadores pretenden reforzar el ámbito competencial de una figura creada tras las invasiones napoleónicas. Esto implica más presencia en los órganos de poder, más influencia, más sueldos públicos para sus cargos electos, más subvenciones para los grupos populares, más asesores y cargos de confianza y más control sobre los presupuestos públicos, en este caso, sobre los planes provinciales, médula del gasto de las diputaciones. Además, no podemos olvidar que cada cargo aporta un porcentaje de su sueldo al PP, cifra que desconocemos pese a haber solicitado el dato a varios diputados, alcaldes y concejales.
El camino emprendido por el Gobierno seguirá permitiendo que muchos presidentes de diputaciones y otros cargos o asesores de las mismas perciban unos sueldos públicos totalmente desproporcionados con el resto de retribuciones de cargos públicos. Sin ir más lejos, el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve cobra 14 pagas de 8.265 euros brutos, además de las dietas que percibe del Ayuntamiento de Martorell. El viernes, el director de Sueldos Públicos presentó un escrito por registro de entrada para solicitando los criterios utilizados para fijar unos sueldos que entendemos, a todas luces, fuera de lugar. No se entiende, por ejemplo que el jefe de Prensa, cargo de confianza, nombrado 'a dedo' cobre más de 70.000 euros brutos, cifra que supera lo que cobra un ministro. El presidente de la Diputación de Almería, el de Valencia o Zaragoza también son ejemplos de cargos que cobran más que Gallardón, Arias Cañete o De Guindos.
Los diputados provinciales no los eligen directamente los ciudadanos con su voto. Su elección es indirecta ya que son los propios concejales y alcaldes que han obtenido el respaldo de los votantes los que tienen la última palabra. Es decir, son los compañeros de partido los que deciden quién es diputado provincial.

Más competencias

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta afirmó en la Intermunicipal que "se persigue un modelo territorial que valore el papel del municipalismo y garantice una prestación adecuada de servicios". "Hay que potenciar el papel de las diputaciones", ha subrayado.
Tras realizar un repaso al papel histórico de las diputaciones en nuestro país, Beteta insistió en que se necesita un modelo "que fortalezca el ámbito competencial, apoyo y complemento de los municipios, respetando las peculiaridades establecidas por las Comunidades Autónomas con competencias en materia de régimen local".
Asimismo, el secretario de Estado señaló que nuestro país necesita "un modelo en el que las diputaciones aglutinen competencias y servicios a prestar en el territorio de forma subsidiaria cuando los procesos de evaluación de los estándares de calidad que se fijen o las ineficiencias así lo determinen".
  "Las diputaciones deberán asumir su nuevo carácter organizativo, técnico y cultural para desarrollar funciones prestadoras de servicios directos, lo que exigirá una capacidad de control y una cultura de gestión muy determinada para no perder los valores del servicio público", sostiene.
Una supuesta supresión de las diputaciones debería venir acompañada de una fusión de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Actualmente, en España hay 8.116 municipios.
El trabajo de las diputaciones es fundamental, pero ¿lo es es de sus cargos públicos?

Unas 4.000 personas participan en el Encuentro Vecinal 2012, que "desborda las previsiones"

ALMERÍA.- Alrededor de 4.000 personas, según los cálculos del Ayuntamiento, han participado este domingo en el Encuentro Vecinal 2012, que se ha desarrollado entre las 10,00 y las 18,00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de El Toyo, organizado por el Área municipal de Participación Ciudadana, que, de esta manera, "ha desbordado las previsiones más optimistas" del Consistorio.

   Según ha recordado en una nota el alcalde almeriense, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), este encuentro pretende ser una "jornada de convivencia y acercamiento entre los propios colectivos vecinales y entre éstos y su Ayuntamiento".
   El primer edil y varios de sus concejales han participado también en esta jornada, en la que una treintena de colectivos vecinales ha desarrollado un programa de actuaciones que ha abarcado desde bailes regionales y de salón, flamenco pop, danza oriental, coros y rondallas hasta exhibiciones de aeróbic, bailes populares y animación infantil.
   Además, los asistentes han podido contemplar los trabajos que una treintena de asociaciones ha realizado a lo largo del año en sus talleres de manualidades y pintura, fotografía, punto y costura, grabados de cristal y vajilla, trabajos de bolillo y bordado, taller de maquillaje y muestras de alta decoración, papiroflexia, restos marinos, bisutería de alambre, así como manualidades con muñecas y pinturas al óleo.
   Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Juan José Segura, ha destacado la "importancia" que, a su juicio, tienen actividades de este tipo "para crear un vínculo entre las asociaciones de vecinos, el Comité Vecinal y el propio Ayuntamiento", a la vez que ha precisado que en esta jornada "lúdica y festiva" no sólo se intercambian experiencias, sino que "se fomenta la colaboración y estimula la conciencia crítica entre todos los que creen que un tejido asociativo fuerte es un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad".
   Al igual que el año pasado, la Escuela de Hostelería ha ofrecido a los asistentes del Encuentro Vecinal 2012 un menú con productos donados por empresas y comercios de Almería, un gesto que el edil ha agradecido por "su altruismo y sus ganas de colaborar con el Ayuntamiento y con los vecinos".
   En concreto, las empresas patrocinadoras del Encuentro Vecinal 2012 han sido Coca Cola, Grupo Caparrós, Alcampo, Frutas y Patatas Gayca, supermercados El Árbol, Arenas, Industrias Cárnicas Salinas, Bodegas y Viñedos Laujar, la Escuela de Hostelería, Lanjarón, Carrefour Planet, Castillo de Tabernas, Congresur, Pan Hidalgo, Becosal, Mac Donalds y La Foca.

Las autopistas vacías, otra cara de la burbuja española

MADRID.- En la garita del peaje de Leganés, a la entrada de Madrid, los empleados miran a la distancia, pero los coches llegan con cuentagotas: la crisis hace que los españoles deserten de las autopistas, llevando a varias de ellas al borde de la quiebra.

"Hemos solicitado el concurso de acreedores, por cuanto ahora mismo no podemos hacer frente a los vencimientos que tenemos de la deuda... ya estamos en manos del juez", explica José Antonio López Casas, director general de Accesos de Madrid, que gestiona las autopistas Radial 3 y Radial 5.
En el caso de estas dos vías, puestas en marcha en 2004, la carga es pesada: 660 millones de euros de deuda con los bancos, 340 millones con los constructores originarios del proyecto y 400 millones que se deben pagar a los vecinos por las expropiaciones para la construcción de esas autopistas.
Una situación que se repite en los últimos meses en España, cuarta economía de la zona euro en plena recesión.
La autopista Madrid-Toledo fue la primera en solicitar un concurso de acreedores en mayo, seguida en septiembre por las Radiales 3, 4 y 5, que sirven para entrar a la capital y luego continuar hacia Cartagena-Vera y Ocaña-La Roda.
"No hay ninguna sorpresa", comenta Paco Segura, especialista del sector transportes de la ONG Ecologistas en Acción. "En España, del mismo modo que ha habido una burbuja inmobiliaria, ha habido otra burbuja de infraestructuras, y una de las que más se ha desarrollado ha sido la de las autovías", explica antes de denunciar "una situación absolutamente aberrante".
 "Hemos estado construyendo miles y miles de kilómetros de autovías en itinerarios que no tenían la densidad de tráfico que lo justificase", afirma.
"Está fuera de duda que se construyeron demasiadas infraestructuras en un momento determinado, muchas de las cuales han resultado que posteriormente no tienen utilización: ha pasado con carreteras, ha pasado con aeropuertos y antes o después se descubrirá que esta pasando con el AVE", el tren de alta velocidad, admite López Casas.
Esta política, muy activa hasta el estallido de la burbuja en 2008, permitió a España alcanzar auténticos récords: líder europea en kilómetros de autopistas y en número de aeropuertos comerciales de vocación internacional; número dos mundial en kilómetros de vías de alta velocidad, sólo por detrás de China.
Los concesionarios de autopistas ponen cara larga, sufriendo por el frenesí constructor incluso antes del inicio de la crisis, ya que el Estado, mientras daba curso a una serie de vías de peaje, siguió construyendo una red paralela de carreteras gratuitas, muy preferidas por los automovilistas.
La crisis agravó los efectos perjudiciales: en el primer trimestre, el tráfico por las autopistas de pago bajó un 8,2% interanual, alcanzando su nivel más bajo desde 1998, según el ministerio de Fomento.
"Los cálculos más solventes dicen que el tráfico en el entorno de Madrid ha caído en los últimos cinco años en el orden de un 15-20%" y "en nuestro caso ha caído mucho más", se lamenta el propietario de Accesos de Madrid.
"La coyuntura económica nacional hace que el coste del peaje es un elemento que se mide mucho más a la hora de tomar la decisión de si se va por una carretera de pago o no, siempre que hay una alternativa gratuita", destaca Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de Carreteras (AEC). Globalmente, "es evidente que ha habido una sobrevaluación de la demanda estimada y el tráfico real es la cuarta parte frente a lo previsto", añade.
Según Ecologistas en Acción, la autopista Madrid-Toledo sólo ve pasar el 11% del tráfico inicialmente previsto, mientras que en los accesos a la capital, "en casi todas las que están quebrando, prácticamente ninguna llegaba al 40% del tráfico estimado para el que se habían construído", asegura Paco Segura.
"Donde tendríamos que tener 35.000 vehículos diarios, tenemos 10.000", confirma López Casas, mostrándose poco optimista en cuanto a una ayuda del Gobierno, enzarzado en un esfuerzo de austeridad sin precedentes. "Si no hay dinero para prácticamente nada, tampoco debe haberlo para resolver los problemas de los privados", como los concesionarios, concluye.