sábado, 8 de diciembre de 2012

La Junta dice que la "ralentización" de la declaración de varios BIC se debe a la "acumulación de solicitudes"

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, ha manifestado que la declaración como Bienes de Interés Cultural de varios espacios y monumentos de la provincia, cuyos expedientes se incoaron entre 1982 y 1993, se ha visto "ralentizada" a causa "de la acumulación de solicitudes e iniciativas planteadas desde diversos sectores sociales" ante el "deseable y creciente nivel de valoración" que la sociedad hace de su patrimonio. 

   Así consta en la respuesta parlamentaria en la que el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, señala el estado de algunos expedientes como el de la iglesia de Nuestra Señora de Asunción de Abla, incoado en 1982 y que está "en fase de finalización" de su tramitación administrativa, por lo que se espera que "sea resuelto en breve plazo" por el Consejo de Gobierno de la Junta.
   La respuesta, motivada por las preguntas del diputado autonómico del PP Jesús Gázquez, indica además que la finalización de los expedientes de las zonas arqueológicas de Cíavieja, en El Ejido, y Cerro de Monte Cristo, de Adra, ha constituido "una prioridad en la política pública de protección del patrimonio histórico de Andalucía".
   Con esto, señala que gran parte de ambos yacimientos posee titularidad pública y cuentan con protección como suelo no urbanizable por legislación sectorial, mientras que, por otra parte, los efectos legales de tutela, derivados de la incoación de ambos yacimientos y que garantizan la protección plena de los mismos "constituyen las causas fundamentales de esta demora".
   No obstante, asegura que actualmente los técnicos de la Delegación Territorial de Cultura en Almería "están estudiando la última documentación técnica redactada de acuerdo con los hallazgos descubiertos en las últimas intervenciones, con el fin de concluir la tramitación administrativa de ambas zonas arqueológicas lo antes posible".
   Sobre la Casa Fuentes de Carboneras --cuyo expediente se incoó en 1989-- manifiesta que tras la publicación de la Ley 14/2007 se ha procedido a la revisión de los expedientes de protección que se encontraban iniciados en ese momento, con el fin de adaptarlos a la nueva legislación vigente. Tras evaluar los valores patrimoniales actuales del edificio "se ha considerado que, en estos momentos, el nivel más adecuado de protección para este inmueble es la inscripción como bien de catalogación general del patrimonio histórico andaluz".
   En cuanto a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de Vélez Rubio, "ya cuenta con la correspondiente documentación técnica, donde han quedado reflejados sus valores patrimoniales y se ha delimitado el entorno de protección del citado bien". Así, tras evaluar dichos valores patrimoniales "se ha considerado que el nivel más adecuado de protección para este inmueble es la inscripción como bien de catalogación general del patrimonio histórico andaluz".
   En relación a los expedientes de declaración de BIC del El Cerrillo, de Chercos, y la Alcazaba de Villavieja, de Berja, la Consejería apunta que no se han resuelto porque, en el primer caso, en la delimitación propuesta inicialmente para declarar el yacimiento "existe una cantera legalmente autorizada, siendo necesario rehacer el expediente para compatibilizar este ámbito con el resto del yacimiento"; mientras que en el segundo caso, "la fortificación está ya protegida y es Bien de Interés Cultural, por lo que se está delimitando el bien y su entorno, con el fin de adaptarlos a la nueva legislación vigente".

El PSOE pide a la Fiscalía la reapertura de diligencias contra Amat (PP) por el caso del Teatro 'Auditorio'

ALMERÍA.-   El PSOE de Almería ha pedido al Ministerio Fiscal que solicite al Juzgado de Instrucción nº3 de Roquetas de Mar la reapertura de las diligencias contra el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), con el fin de esclarecer si existen responsabilidades penales después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la aprobación del proyecto de ampliación y de terminación del Teatro 'Auditorio', así como la modificación del contrato de obra, al considerar que no son ajustadas a derecho. 

   El escrito, rubricado por el secretario provincial del PSOE de Almería y diputado autonómico, José Luis Sánchez Teruel, y el secretario provincial de Organización y senador, Juan Carlos Pérez Navas, solicita que se retome la querella que se interpuso por dicha causa y que se archivó ya que, previamente, se había interpuesto un recurso contencioso-administrativo.
   Así, los querellantes indican en el documento, cuyo contenido adelanta este viernes el diario 'El País', que "ya no existe probabilidad de que pueda darse duplicidad de procedimientos o sentencias contradictoras", dado que la sentencia del TSJA, en la que se subraya que el Consistorio debió resolver el contrato con la UTE integrada por 'Hispano Almería SA', 'Gea 21 SA' y 'Rochina SA' ya que la variación contractual producida, que supuso un aumento casi del 120 por ciento en el precio inicial de la obra; es firme.
   El fallo del Alto Tribunal expone que el Consistorio menoscabó el principio de publicidad y concurrencia de la licitación. En concreto, recoge que el Ayuntamiento adjudicó en el año 2000 la obra por un precio de 7.063.094,25 euros y que, en diciembre de 2003, se aprobó un presupuesto complementario y de terminación por importe de 8.408.159,34 euros.
   Según se detalla en la sentencia, de la que es ponente la magistrada Beatriz Galindo y dictada el pasado día 2, la dirección de la obra presentó el citado proyecto y lo justificó en "algunos condicionantes desconocidos" al redactar el proyecto inicial tales como las características  físico-geológicas del terreno; la ampliación de aforo solicitada por el ayuntamiento; la inclusión de nuevos materiales de mayor calidad; mobiliario, útiles y equipos necesarios para la puesta en uso del edificio; centro de transformación y grupo electrógeno; local de climatización y aljibe, iluminación artística y ornamental exterior del edificio; vallado; acerado y jardinería perimetral, así como la línea de media tensión.
   La modificación fue informada favorablemente por el técnico municipal pero contó con el informe desfavorable del secretario municipal y del interventor, quien "puso de manifiesto que la diferencia entre el importe de la modificación y el crédito disponible era superior al gasto autorizado".
   En esta línea, ambos subrayaron la "necesidad" de un acuerdo de pleno para autorizar la modificación de gasto y "justificar la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación", así como de un dictamen de la comisión especial de cuentas al superar el contrato los seis millones de euros y de dictamen del Consejo Consultivo, un extremo con el que se muestra de acuerdo la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo.
   Recoge, asimismo, que las obras fueron ejecutadas antes de la aprobación de la modificación del contrato y que, por tanto, se hallaban finalizadas al momento del dictado del acto administrativo que se impugna, por lo que, a juicio del TSJA, "han de entenderse incumplidos todos los trámites previos necesarios a la ejecución de las obras hasta obtener la aprobación del proyecto ampliatorio".
   El Alto Tribunal extrae también como consecuencia de los datos expuestos que no se cumplieron los trámites exigibles para la modificación aprobada y alude al artículo 136 del Reglamento General de Contratación y a la cláusula tercera del pliego de contratación.
   A esto añade que la modificación no se justificó, "lo que constituye una grave infracción procedimental" y rechaza que obedeciera a razones de interés público como alegó el Consistorio. En atención a lo expuesto, el fallo considera "claro" que concurría causa de resolución contractual y que la variación contractual producida era tal que alteró "la esencia cuantitativa y cualitativa del contrato al incrementarse el precio inicial en casi el 120 por ciento, resultado menoscabado --ahonda-- el principio de publicidad y concurrencia".

Carmen Crespo cree que el nuevo mapa de desahucios permitirá "evitar más casos" con respecto a los actuales

EL EJIDO.- La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha valorado este viernes la estadística trimestral introducida por el Gobierno en el Plan Estadístico 2013-2016 para contabilizar los desahucios en España, ya que, permitirá "evitar más casos" con respecto a los que se suceden en la actualidad, una medida que se suma a la reforma de la Ley Hipotecaria a fin de "retrasar" posibles lanzamientos. 

   En declaraciones a los periodistas tras visitar el Ayuntamiento de El Ejido, Crespo se ha referido a esta medida aprobada este viernes en Consejo de Ministros con la que se "va a ayudar a muchas familias" una vez se obtenga la información que se contabilizará mediante la nueva estadística.
   "Hay que estudiar donde están, qué tipo de desahucio es y cuál es su situación", ha dicho la delegada del Gobierno en Andalucía, quien ha considerado que con este mapa se podrá actuar "de forma más concreta", por lo que desde la Comunidad autonómica "se trabajará" en su elaboración.
   Durante su visita, Crespo ha abordado con el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), otros asuntos como el impacto del incumplimiento del acuerdo de asociación agrícola UE-Marruecos, de manera que ha recordado que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, solicitó en Bruselas el cumplimiento y control sobre el citado acuerdo, especialmente sobre los precios y los contingentes procedentes del país alauíta.
   Así, la delegada ha descartado que esté previsto algún tipo de "concesión adicional" a Marruecos tras las protestas de algunas organizaciones agrarias como COAG, quien sospecha que durante este mes se celebrará un comité hispano-marroquí entre los dos gobiernos para abordar condiciones de mercado. Crespo ha subrayado la importancia de hacer cumplir el acuerdo vigente para evitar la caída de precios de los productos españoles y, en cualquier caso, ha asegurado que las protestas del Gobierno "no han caído en saco roto".
   Por otra parte, la representante del Ejecutivo en Andalucía ha valorado nuevamente las protestas de los alcaldes 'populares' del litoral como el ejidense en cuanto al último decreto ley sobre medidas de protección de la costa aprobado por la Junta, y ha señalado que el Gobierno andaluz tiene que "escuchar" tanto al Gobierno como a los ediles para "estudiar mejor" dicha norma y evitar trasladar "contraposiciones" entre administraciones a la ciudadanía.

El alcalde de El Ejido afirma que seguirá dando órdenes de demolición de chabolas aunque no las ejecute

EL EJIDO.- El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha asegurado este viernes que el Consistorio va a seguir otorgando órdenes que permitan la demolición de chabolas en el municipio aunque, por parte del Ayuntamiento, no se van a ejecutar en virtud del acuerdo alcanzado con otras administraciones locales, colectivos sociales, Junta de Andalucía y Subdelegación de Gobierno en la reunión que mantuvieron a principios de octubre para tratar de erradicar el problema de la infravivienda. 

   En declaraciones a los periodistas tras recibir a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, el regidor ha señalado que ya anunció "de forma muy clara" en el encuentro que el Consistorio ejidense no iba "a paralizar el trabajo que estamos haciendo" aunque "no se va a demoler por parte del Ayuntamiento ninguna chabola ocupada".
   Así, ha explicado que la aprobación en junta de gobierno, posterior a la reunión, se aprobó la demolición de 18 infravivienda ubicadas en el paraje de Tierras de Almería, pero que dichos permisos "están enmarcados en un procedimiento legal que terminará en meses con una autorización de entrada" de forma que es en el transcurso de esos meses donde "la Consejería competente debería hacer su trabajo y decir quiénes son las personas que tienen derecho a un realojo con los medios que tienen a su alcance".
   El primer edil ejidense ha afirmado que por su parte se ha cumplido "fielmente" los compromisos adoptados durante el encuentro, de forma que el pasado 9 de octubre se remitió a la Junta los datos relativos a los asentamientos del municipio, que señalan la existencia de 149 chabolas donde habitan 199 personas, de las que el 70% son ciudadanos sin estancia regulada, mientras que el resto "parece ser que se encuentran sin trabajo".
   "Todos estuvimos de acuerdo en que las administraciones con competencias tienen que involucrarse en este asunto y poner todos los medios a su alcance para ver si es posible el realojo y qué personas", ha dicho Góngora antes de puntualizar que, hasta el momento, no ha recibido noticias por parte de la delegada de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, ni de la delegada territorial de Fomento, Encarna Caparrós.
   El alcalde 'popular' añade además que los datos aportados por la administración local tienen que manejarse por parte de la Junta de cara a su plan de vivienda, al que el Gobierno central destina 124 millones de euros, según ha recordado. "Ese estudio no me consta que se haya hecho por parte de la Delegación de Gobierno de la Junta", ha apostillado.
   Góngora ha reconocido asimismo que ha recibido una llamada de Ferrer ante la petición de un colectivo social para organizar una nueva reunión a la que no se opone pese a que, considera, que debería ser la representante del Ejecutivo andaluz en Almería la que "explicara a esos colectivos sociales quiénes van a tener derecho a realojo, quiénes tienen condiciones económicas para acceder y cuáles son las circunstancias del Plan de Vivienda de la Junta para que se pueda producir los realojos, en los supuestos que consideren necesarios y oportunos".
   En este sentido, ha manifestado que "también hay que contemplar la situación general" y "no solo a las personas que habitan en esas chabolas" ya que hay familias que "tienen que afrontar muchas dificultades para poder mantenerlas".

Los trabajadores del Ayuntamiento de Almería suspenden sus protestas ante nuevas negociaciones del convenio colectivo

ALMERÍA.- Los sindicatos CSIF, UEMA, CCOO, UGT y Uplba y el Ayuntamiento del Almería han decidido retomar las negociaciones del convenio colectivo de los empleados municipales, de forma que los trabajadores municipales han anunciado que suspenden las movilizaciones previstas para la próxima semana, hasta la resolución del encuentro con el Consistorio.

   Según informan los sindicatos, la reunión está prevista para el próximo día 13. El equipo de gobierno se ha puesto en contacto con los representantes de los trabajadores tras la concentración llevada a cabo en la Plaza Vieja a fin de negociar todos los aspectos que comprenden el documento laboral.
   Conforme a ello, los sindicatos se muestran "satisfechos y consideran "positiva" la actitud del Ayuntamiento de acercar posturas con los trabajadores municipales. Con todo, las organizaciones están "expectantes y contenidas" hasta conocer "en profundidad" todo lo planteado en la mesa de negociación, por lo que anuncian que se suspende el calendario de movilizaciones establecido.

Crespo dice que el Gobierno "ya está dando cantidades" económicas a Andalucía "independientemente" de la amnistía fiscal

El EJIDO.- La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha indicado este viernes que el Gobierno "ya está dando cantidades" económicas al Gobierno autonómico andaluz "independientemente de que vengan de la mal llamada amnistía fiscal o no" a través de otras medidas, entre las que ha destacado el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). 

   Así se ha pronunciado ante los periodistas en su visita a El Ejido este viernes después de que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, afirmara que ha encargado un informe jurídico para determinar si la Junta puede reclamar parte de los fondos recaudados por el Estado con la amnistía fiscal.
   "Todo es posible", ha considerado Crespo, quien ha remarcado que el Gobierno "cumple" con Andalucía y que el FLA cuenta con un nuevo periodo de apertura para el próximo año en caso de que la Comunidad precise de una "posibilidad adicional" para conseguir fondos, "vengan o no de la recaudación" aflorada por la amnistía fiscal.

La Junta de Andalucía insta a la Iglesia a cumplir la Ley de Patrimonio

SEVILLA.- El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, y el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, han mantenido este viernes una reunión que el titular de Cultura ha calificado de "satisfactoria" y en el marco de la cual se ha tomado la decisión de "adecuar a los nuevos tiempos y reactivar" la comisión mixta, creada en 1986 para analizar las propuestas de restauración y consolidación y de inversión en el patrimonio eclesiástico, que funcionará "antes de finales de enero", aunque se trabajará "paulatinamente" en la misma desde este lunes.

   En rueda de prensa en Sevilla, Alonso ha explicado que en dicha reunión ha quedado claro una idea, y es que ambas instituciones "quieren formar parte de la solución de los problemas, y no quedarse en ellos". Por tanto, ese espacio de diálogo que "puse encima de la mesa en el Parlamento ha sido acogida con buena intención y respuesta por parte de la Iglesia en Andalucía".
   Así, Alonso afirma que lo primero que ha señalado a Asenjo es el "extraordinario" compromiso de la Junta desde 1997 hasta hoy por "conservar y mantener" el patrimonio eclesiástico "para el uso y disfrute de los andaluces". De este manera, ha informado que desde 1997 a 2001 "se han invertido 23.792.277 euros" y desde 2002 a 2011 "70.000.117 euros". Además, la Junta ha intervenido "en 387 bienes muebles titularidad de la Iglesia católica, en 162 muebles catalogados Bien de Interés Cultura (BIC), y en 225 no catalogados BIC pero de gran valor patrimonial".
   "Esta ha sido la formulación que le he hecho a Monseñor Asenjo, las mismas que ya hice en el Parlamento", que los muebles que declarados BIC y que son titularidad de la Iglesia católica "se acogen a la Ley de Patrimonio --aprobada en 2007-- y que obliga a abrir los bienes BIC durante cuatro días al mes para uso y disfrute de los ciudadanos". Por tanto, el principio de legalidad "al que todos tenemos que someternos, debe cumplirse porque la Ley no es discutible y todos tenemos la obligación de hacerla nuestra".
   El segundo tema planteado en este encuentro, ha indica Alonso, es el que se refiere a bienes no BIC pero de gran valor patrimonial como la Iglesia de Santo Domingo en Granada, la de San Sebastián en Antequera o la torre de la Iglesia de San Juan en Écija, patrimonio en el que la Junta "ha invertido a través de los presupuestos", por lo que "le he pedido el principio de reciprocidad", es decir, que "al menos un par de días al mes con fecha y horario fijos puedan ser disfrutado también por los andaluces".
   Además, ambos representantes han hablado sobre el tema de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, un edificio declarado BIC y que, por tanto, "tiene que cumplir el principio de legalidad", y "también le he trasladado que parece poco afortunada la decisión de compartir el cobro entre una empresa turística y la Iglesia para visitarla, en tanto en cuanto la Consejería la restauró íntegramente invirtiendo seis millones de euros". Por ello, y ante la Asamblea de los Obispos que se celebrará en torno al 20 de enero, "le he pedido que los andaluces que han restaurado estos bienes a través de los presupuestos de la comunidad, no tengan que contribuir económicamente".
   Ante todo ello, "hemos llegado al acuerdo de adecuar a los nuevos tiempos la comisión mixta Junta e Iglesia", ya que cuando se puso en marcha "aún no se había aprobado la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía --de 2007--, ni siquiera la segunda reforma del Estatuto de Autonomía", y además se ha acordado "reactivarla" para que "regularmente esa comisión empiece a trabajar, no solo teniendo en cuenta cuál era la inversión de la Junta en estos bienes, sino también tener en cuenta la apertura al público gratuita o el cumplimiento de los horarios".
   En este sentido, Alonso ha recordado que esta comisión "lleva años sin reunirse" y con su reactivación "quiere abrir un espacio nuevo". Sobre la periodicidad de las reuniones, el consejero ha manifestado que "probablemente en los primeros tiempo deban acentuarse las reuniones, y luego se harán periódicamente".