CARBONERAS.- El alcalde de Carboneras, Salvador
Hernández (Gicar), ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento está
"cogido de pies y manos" por la "Justicia y la Junta de Andalucía" en su
actuación con respecto al paraje de El Algarrobico y ha subrayado que
la adaptación a de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la legislación
autonómica, por la que se mantiene para el sector la calificación de
urbanizable, contó "con el beneplácito" de la Junta.
Hernández ha anunciado, asimismo, la interposición de un recurso
de reposición contra la providencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) que requiere tanto al Consistorio como a la Junta
andaluza para que adopten medidas encaminadas a "restablecer" el nivel
de protección del que gozaba El Algarrobico en el año 1994 como "espacio
protegido no urbanizable" en el plazo de diez días.
En este sentido, ha considerado que "ha quedado al descubierto" el
Gobierno andaluz ya que la resolución del Alto Tribunal andaluz deriva
de la sentencia por la que el Tribunal Supremo (TS) suspendió
provisionalmente y de forma parcial el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar aprobado por
la Junta en 2008.
El fallo ratificó uno previo del TSJA en el que se señalaba que el
nivel de protección dado a la zona en este plan como "núcleo habitado
existente o zona transformada" dejaba la puerta abierta a la
rehabilitación de inmuebles con uso turístico y, por tanto, "uso
efectivo" del hotel de Azata del Sol con "efecto devastador"
medioambiental.
Al hilo de esto, el regidor ha señalado que "corresponde" a la
Junta "tomar las decisiones" y ha subrayado que los "controles
urbanísticos" debía haberse "efectuado con anterioridad" a la
construcción del inmueble de una veintena de plazas y 411 habitaciones,
"que no se hizo de hoy para mañana".
Tras remarcar que el Ayuntamiento apuesta por la "apertura" del
hotel y que un juez de lo contencioso-administrativo rechazó hace dos
meses ejecutar provisionalmente la sentencia que declaró nula la
licencia de obras y proceder a su derribo al considerar que podría
causarse "daños irreparables" a la promotora, ha abogado por alcanzar
una "solución consensuada" a un conflicto que "puede prolongarse seis
años más, con fallos judiciales distintos cada dos meses".