lunes, 16 de septiembre de 2013

Torres-Dulce: 'La Justicia, en evidencia cuando no da respuestas solventes a la corrupción'

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha hecho mención al problema de la corrupción como una de las cuestiones "que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad" durante su discurso en el Acto de Apertura de los Tribunales, en presencia del Rey, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y de las cúpulas de las carreras judicial y fiscal. Ha advertido que la Justicia queda en evidencia cuando no es capaz de dar respuesta "solvente y tempestiva" a este problema.

Se ha referido seguidamente a la crisis económica "severa y prolongada", que pone a prueba el entramado institucional.
   "Si grave resulta la depauperación de amplios estratos sociales, el incremento del paro, la dificultad para hacer frente al endeudamiento público y privado, y otros tantos fenómenos sintomáticos de la recesión que no acucia, no menos grave resultaría que el inevitable sentimiento de desánimo derivase en desafección de la cosa pública", ha manifestado.
    No obstante, y pese a la "sombría realidad", el fiscal general asegura que existe una ciudadanía consciente de que "es fuente de toda legitimidad política" y ello pese al "sentimiento de decepción que puede suscitar la conducta poco ejemplar de algunos de sus representantes".
   El fiscal general se ha referido a la corrupción en la Administración pero también a la corrupción privada y ha citado las causas surgidas en relación con las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras, casos que que calificó de complejos, "por lo que no admiten un tratamiento común".
   A su juicio, hay que discernir entre aquellos casos en que la ilicitud se produce en el momento de ideación de la emisión, mediante el empleo de artificios contables encaminados a camuflar la deficiente solvencia de la entidad, de aquellos otros en los que la ilicitud se concentró en la comercialización de títulos "mediante su colocacion entre grupos de clientes manifiestamente inidóneos" como discapacitados o personas "imposibilitadas para alcanzar una comprensión real de la naturaleza jurídica del negocio".
   Torres-Dulce ha incluido en su discurso las cifras más destacadas de la Memoria de la Fiscalía del pasado año, como la del aumento en un 120,79 por ciento de los fraudes cometidos por autoridad o funcionario público y el incremento en un 23,85 por ciento de las calificaciones por delito de prevaricación administrativa; así como el descenso de las causas por malversación de caudales públicos en un 31,23 por ciento y por tráfico de influencias en un 22,37 por ciento.

Sentencias por corrupción

Las sentencias por delitos relacionados con la corrupción (cohecho, malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias o fraudes comunitarios) se han incrementado un 151% en los últimos tres años, según revela la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012.
   En el último trienio la incoación de causas por este tipo de delitos creció en un 17 por ciento con una clara preponderancia de la prevaricación administrativa, que supuso un 23 por ciento del total de delitos relativos a la corrupción que se iniciaron durante todo el año pasado.
   En todo caso, los máximos históricos de corrupción en la presentación de escritos del Ministerio Fiscal se registraron en 2011, año en el que se presentaron un total de 235 acusaciones. El delito más repetido fue el de malversación de caudales públicos que durante ese año representó un 40 por ciento del total seguido del de prevaricación administrativa, que alcanzó un 26 por ciento.
   Tras apuntar que la corrupción está vinculada a la etapa de la denominada "burbuja inmobiliaria", en la que "la sociedad en general y las administraciones públicas en particular disponían de una gran cantidad de recursos económicos", la Fiscalía advierte en su Memoria de los riesgos que puede afrontar la sociedad española si no se lleva a cabo "una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción".
   "Se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, de otro, a que puedan generalizarse críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los servidores públicos, la inmensa mayoría de los cuales cumple honestamente con su deber", apunta la Memoria.
    En este sentido, el Ministerio Público advierte de que en un importante sector de la ciudadana ha calado "la idea de que la Justicia no trata igual al poderoso que al resto, y que existe ideología en la respuesta judicial".
 "Desmontar este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en los que formamos parte de la Administración de Justicia", señala.
   A su juicio, los delitos de corrupción constituyen "una de las formas más graves de delincuencia" porque "provocan el desvío de fondos públicos a fines privados" y suponen, además, "un ataque a las instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de Derecho.
   Según el Ministerio Público, el "incremento cuantitativo y cualitativo" que la corrupción ha experimentado en los últimos años contribuye a crear "un estado de opinión" y afecta al propio funcionamiento de la Administración de Justicia, "poniéndola muchas veces en evidencia en tanto que no es capaz de dar una respuesta adecuada en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento".
   Para hacer frente a esta situación, la Fiscalía propone reforzar la oficina fiscal, dotándola de "auténticas unidades de investigación criminal", potenciar las unidades de Policía Judicial y dotar de apoyo tecnológico a las investigaciones telemáticas.

Un sistema corrupto / Xavier Caño Tamayo *

A partir de los años 60, en España unos cuantos aprovechados, en íntimo contubernio con la dictadura franquista, se enriquecieron velozmente con la acelerada construcción de miles de enormes, desangelados y feos bloques de pisos en las grandes ciudades. Millones de viviendas mediocres para ser habitadas por millones que, huyendo de pobreza y hambre de todas las regiones del Estado, emigraban a Cataluña, Madrid y País Vasco, sobre todo. Décadas después, otro lodazal de especulación y corrupción inmobiliarias se reinstaló en el reino de España. A las construcciones masivas de edificios de viviendas de antaño se unió el ataque contra las costas, concentraciones turístico-estivales, proliferación de campos de golf y de puertos deportivos. Escenario fértil para la corrupción.

Según escribe Carlos Sánchez, “no hay presidente de comunidad autónoma que no haya creado una red clientelar a su alrededor con empresarios locales que han comido y bebido de forma copiosa del presupuesto. Es el origen de la corrupción político-económica en España: élites locales que han engrasado el sistema de partidos para ganar concursos y concesiones públicas”.

Así es. Los tribunales españoles investigan hoy 1.661 casos de corrupción política y financiera y más de 300 políticos profesionales españoles están actualmente imputados por presunta corrupción. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparency International, el 86% de españoles considera corrupto este país.

The New York Times publicó un extenso artículo sobre la corrupción en España, donde afirma que los jueces españoles investigan a unos 1.000 políticos (desde concejales y alcaldes, consejeros y altos cargos autonómicos a ex ministros del Gobierno). La connivencia entre élites políticas y empresariales es cada vez mayor en España según Pascual-Ramsay en Financial Times. Friedrich Schneider, de la Universidad Johannes Kepler de Linz, afirma que la corrupción en España es un “1% del PIB”. En realidad, los casos de corrupción que aparecen en los medios desde hace años no son solo la actuación de individuos sinvergüenzas, son tramas de saqueo económico de alcance estructural. 

Pero la corrupción no afecta solo al Reino de España. El Banco Mundial considera que la corrupción supone del 0,5% al 2% de la riqueza nacional en los países de la OCDE, los 30 más desarrollados del mundo. Y la Comisión Europea calcula que la corrupción cuesta a Europa 120.000 millones de euros anuales: 1,1% de su riqueza.

Curiosamente, Transparency International, organización global contra la corrupción, olvida en sus informes que hay corrompidos y corruptores. Denuncia a muchos corrompidos en África, Asia y Latinoamérica, pero ignora que grandes empresas y corporaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea sobornan en esos países para obtener más beneficios. No hay corrupción sin corruptores.

Y es que la corrupción está incrustada en el corazón del sistema. Hasta hace un tiempo, por ejemplo, en Francia las empresas podían deducir fiscalmente el pago de sobornos de funcionarios o políticos de otros países. Y en Alemania, pagar sobornos en el extranjero era deducible de los impuestos como gastos empresariales, hasta hace cinco años. La presión de la ONU hizo desaparecer tal indignidad. 

La lista de grandes casos de corrupción en Estados Unidos y Europa es larga. Los broches podrían ser un Berlusconi promulgando leyes de inmunidad para evitar sus condenas por corrupción o que en Alemania directivos y ejecutivos de casi todas las grandes corporaciones se hayan sentado en el banquillo de los acusados en los últimos años. Cajas ocultas, dinero negro, sobornos, engaño organizado, estafas, manipulaciones contables…Una veintena de corporaciones empresariales alemanas han estado o están en el punto de mira por manipulación y fraude. 

Es curioso, porque el FMI y el Banco Mundial prometían en sus informes de los años 80 que la privatización de lo público (que amenazaba ya a medio mundo) suprimiría la corrupción. Pero ha sido justamente lo contrario. Marx tenía razón al escribir que “todas las naciones capitalistas abrazan periódicamente el fraude, pretendiendo ganar dinero sin producir”. 
Según Denis Robert, periodista de investigación financiera, este sistema económico-financiero está viciado de raíz y no hay voluntad real de eliminar la corrupción. A los hechos me remito. Para abundar en la cuestión, podríamos echar un vistazo al oscuro mundo de los paraísos fiscales, del fraude fiscal sistemático, del blanqueo de dinero sucio en plan industrial… Corrupción es mucho más que lo que denuncia Transparency International y ocupa las portadas de los periódicos. Es el sistema capitalista el que está ya definitivamente corrompido.
(*) Miembro de ATTAC-Madrid

Prevista para este lunes la repatriación del cuerpo del almeriense asesinado en Honduras

ALMERÍA.- El cuerpo sin vida de Eduardo Pérez, el almeriense de 43 años asesinado el pasado 4 de septiembre en Honduras, está previsto que llegue a España este lunes. Eduardo Pérez murió a causa de varios disparos tras recibir varias amenazas de muerte a través de correos electrónicos después de que denunciara haber sido víctima de una estafa mediante la que 'clonaron' su tarjeta de crédito y perdió su dinero.

   Así lo ha indicado una de los cinco hermanos del fallecido, Beatriz Pérez, quien ha explicado que la familia espera para el medio día de hoy lunes la llegada del cuerpo sin vida de su hermano a Madrid, donde será enterrado, si bien ha precisado que aún no tienen novedades de la investigación sobre su muerte, aunque ha asegurado que "está muy avanzada".
   Eduardo Pérez llevaba dos meses en Honduras, país al que viajó desde México después de haber conocido a una persona por Internet con la que había formado pareja. Durante este periodo de tiempo, denunció ante la Interpol que su tarjeta de crédito había sido duplicada y que, como consecuencia, había perdido el dinero que tenía ahorrado.
   El asesinato se produjo en la colonia Inprema, en la localidad de El Progreso, 232 kilómetros al norte de Tegucigalpa, según informó la Policía, cuando unos desconocidos le abordaron a pocos metros de su residencia.
   La víctima residía en Viator con su madre, pero anteriormente lo había hecho en la capital, donde había tenido un negocio en el barrio de La Fuentecica. Según sus familiares, era "muy conocido en el barrio" ya que además entrenaba a un equipo de fútbol juvenil y como presidente de la comunidad de vecinos de la zona, había mantenido diversos encuentros municipales para conseguir mejoras en el barrio.
   Tras haberse divorciado hace unos dos años, según su hermana, Eduardo Pérez comenzó a conocer a personas a través de Internet, de forma que en marzo de este año se fue a México después de haber contactado con una chica; un viaje en el que le acompañó su hijo de 13 años hasta que volvió a España a finales de junio, fecha en la que el hombre voló hasta Honduras. La víctima tiene otra hija de 17 años.