miércoles, 27 de abril de 2011

El ministro de Trabajo anuncia mano dura contra el empleo irregular

MADRID.- El Gobierno aprobará el viernes un plan de afloramiento del empleo sumergido que dará dos o tres meses de plazo para regularizar la situación de trabajadores sin contrato sin sufrir sanciones, dijo el miércoles el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. 

"Después de un periodo de dos o tres meses desde que entre en vigor la norma (...) se endurecerán las sanciones a las empresas como consecuencia de la contratación irregular de trabajadores", dijo Gómez, tras la presentación del nuevo director de la oficina de la OIT en España .
El ministro dijo que el Gobierno dará facilidades a los contratadores en cuanto al aplazamiento de las cotizaciones que se adeuden y a los recargos.
"No hay amnistía, hay facilidades para que aquel trabajo irregular que no se ha declarado (...) pueda hacerse a partir de la aprobación del Real Decreto Ley, sabiendo que hay un plazo", dijo.
El plan del Gobierno también planteará sancionar a aquellos trabajadores irregulares que se descubra que, a la vez, se estén beneficiando de una prestación por desempleo.
Las propuestas del gobierno están actualmente siendo evaluadas por los interlocutores sociales -patronal y sindicatos-, quienes a más tardar el jueves deberían dar su opinión para la redacción final.
En el apartado de las exigencias para los empleadores también se incluiría la obligatoriedad de contratar durante al menos seis meses.
Además, las empresas que subcontraten servicios a empresas que tengan empleados irregulares también serían sancionados.
Con una tasa de paro en torno al 20 por ciento, el desempleo es uno de los males endémicos de la economía nacional, aunque numerosos políticos y analistas consideran que parte del desempleo no es real como consecuencia de la denominada "economía sumergida".

Uno de cada diez andaluces prestaría dinero a un amigo en apuros

MADRID.- El 10 por ciento de los andaluces prestaría su dinero a un amigo en apuros, según un estudio realizado para el portal de Internet para el ahorro en gastos cotidianos Iluba, que también señala que la media de los españoles que dejarían dinero a un amigo que lo necesitase es del 3 por ciento, lo que sitúa a los andaluces como los más solidarios de España en este sentido.

   Sin embargo, ante la pregunta de "Imagina que tienes 300 euros en el bolsillo. ¿Qué haces con ellos?" los andaluces demuestra que su pensamiento "es más a corto plazo", según el estudio, ya que mientras que en el conjunto de España un 70 por ciento dice que lo metería en una cartilla de ahorro para estar prevenido para el futuro, el 59 por ciento de los andaluces irían a su banco o caja de ahorros.
   Por otro lado, cuando se pregunta a los andaluces qué se comprarían si tuvieran 300 euros con los que no contaban, los andaluces se muestras igual de prácticos que el resto de los españoles y reconocen que en un 53 por ciento se comprarían algo que necesitaran mucho y guardarían el resto.
   La mayor diferencia con el resto del país es que un 18 por ciento iría al supermercado a hacer una buena compra aunque luego tuviera que congelarla, el doble que en el resto de España (9 por ciento).
   Como parece que no todo es ahorrar, los resultados de la encuesta también apuntan a algunas gastos a los que no se renuncian. Un 32 por ciento de los andaluces no renunciarían a las vacaciones frente al 40 por ciento del conjunto del territorio.
   Sin embargo, esta tendencia se invierte y un 17 por ciento de los andaluces no renunciaría a salir a cenar fuera un fin de semana (sobre el 8 por ciento de los españoles) y un 24 por ciento a salir los fines de semana (un 16 por ciento en el resto del país)
   Internet se ha convertido en un método cada día más "importante" como herramienta para encontrar buenos precios y descuentos. Así lo confirma el dato de que un 72 por ciento de los andaluces han respondido que buscan ofertas a través de la Red, una cifra ligeramente inferior a la del 82 por ciento obtenido en el global de España.
   El estudio de Iluba destaca la diferencia entre las ofertas que se encuentran y las que realmente gustaría localizar en la red. Las respuestas indicaban que un 31 por ciento encuentra buenos precios en viajes y ocio, un 25 por ciento en electrónica y un 17 por ciento en ropa. Sin embargo, preguntados por lo que realmente les ayudaría a ahorrar, los encuestados se refieren a la compra diaria, las facturas mensuales de servicios y suministros y la gasolina.

España vulnera los derechos humanos a la vivienda

MADRID.- La sección española de Amnistía Internacional ha denunciado que nueve millones de personas están "indefensas" ante "una vulneración muy grave" de los derechos humanos que se da en España, donde el acceso a una vivienda digna y la salud no son considerados derechos fundamentales, sino que se encuentran en una "segunda categoría", al arbitrio de las leyes que, en este caso, no protegen a los ciudadanos. 

   Así lo ha explicado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, durante la presentación del último informe de la organización, titulado 'Derechos a la intemperie' y centrado en los "obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España". En el acto han participado además, el abogado de vecinos de la Cañada Real Galiana (Madrid), Javier Rubio y la asesora jurídica de la Confederación FEAFES, Irene Muñoz.
   Beltrán ha expuesto que estos nueve millones de ciudadanos que se calcula viven en España bajo el umbral de la pobreza "están indefensos ante la violación de derechos humanos", entre los que ha destacado el acceso a la salud y a la vivienda, en los que además, "se limita seriamente la posibilidad de que si estos derechos son vulnerados puedan ser reclamados ante la justicia y se pueda obtener reparación.
   En materia de vivienda, el informe denuncia los desalojos forzosos en la Cañada Real Galiana y el barrio barcelonés de Sant Martí, "llevados a cabo sin ningún tipo de garantías" y pese a estar "prohibidos por el derecho internacional", así como la situación en El Cabañal, de Valencia y la falta de albergues para personas sin hogar en Vigo, donde han fallecido 37 personas sin techo en los últimos años.
   Además, se refiere a la crisis económica y expone que más de 271.00 hipotecas se han ejecutado entre 2007 y 2010 por lo que son "cientos de miles" las personas que podrían perder su vivienda y "pese a ello, hasta ahora no se han dispuesto medidas legislativas para abordar este problema", conforme ha señalado Beltrán, para incidir en que en estos procesos se vulneran otros derechos, como el de acceso a la información pública o a la tutela judicial efectiva.
   "Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos", es decir, sin cumplir ninguna de las recomendaciones que el Relator de la ONU hizo a España sobre este asunto en el año 2008, según ha explicado el representante de Amnistía.
   El abogado de los vecinos de la Cañada Real Galiana, donde residen entre 25.000 y 40.000 familias, ha asegurado que es así como se están practicando los desalojos en la zona, ordenados por el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, ya que "ninguno de estos principios", entre los que también figura garantizar una vivienda alternativa a los desalojados, se está cumpliendo.
   El problema, expone, es que "no se pude apelar al derecho a la vivienda porque no está en la Constitución Española" recogido como tal y "no se considera a la misma altura ni pesa lo mismo que el resto de derechos", ya que se trata de "principios rectores" que deben desarrollarse normativamente y, por tanto, no pueden invocarse. "Ni siquiera el Tribunal Constitucional admite que derecho a vivienda y a la salud puedan ser objeto de amparo", ha añadido Beltrán.
   En cuanto a la salud, el informe recuerda que "cerca de 200.000 personas carece de cobertura sanitaria gratuita" y sólo tiene acceso a servicios de urgencia, bien porque no han trabajado nunca en la economía formal, bien porque ya no cobran ningún tipo de prestación o porque pertenecen a colegios profesionales no integrados en el régimen de autónomos. Además, en el ámbito específico de la salud mental, la organización asegura que los derechos de los ciudadanos "quedan a la intemperie".
   "Puede existir la percepción de que el derecho a la salud está suficientemente protegido en España, pero esto no es real y desde luego, no lo es para las personas con enfermedad mental", ha señalado Beltrán, para incidir en que la situación en que se encuentran "no es ninguna prioridad" como prueba que España se encuentre en los últimos puestos de la Europa en inversión en este área, con 6,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.
   Sobre este asunto, la representante de la Confederación FEAFES ha puesto el acento en los ingresos no voluntarios de personas con enfermedad mental, que ejecutan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para denunciar los casos de "conculcaciones flagrantes de derechos humanos" que sufren estos ciudadanos y señalar que "en lugar de invertir en prevención y tratamiento, se invierte en contención y castigo" porque la salud mental se ve como un problema de seguridad pública.
   En el informe, la organización exige que se ponga fin a estos desalojos forzosos en todo el territorio, que se impulsen cambios legislativos estatales y autonómicos que aseguren por ley el respeto de todos los derechos humanos, que se adopte una ley de acceso a la información, que se publiquen datos para verificar el cumplimiento del Estado de sus obligaciones con respecto a estos derechos y que se garantice el acceso y disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental para todas las personas.

Fiscalía pide una multa de 120 euros a una vecina de Uleila que grabó y colgó en internet un pleno

ALMERÍA.- El Ministerio Público ha solicitado este martes una pena de multa de 120 euros para una vecina de Uleila del Campo por grabar una sesión plenaria del Ayuntamiento y colgarla en una página web al considerar que desobedeció una orden "expresa" del alcalde en funciones, Ángel Hernández (PSOE), quien, al percatarse de la grabación, le transmitió que no autorizaba esta acción en el "ejercicio de su potestad".

   Durante el trámite de informes del juicio de faltas celebrado en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, la fiscal ha calificado los hechos denunciados por Hernández como una falta de desobediencia leve y ha interesado para una condena de multa de 20 días con cuota de seis euros al día para Carmen P., quien en sala ha reconocido que grabó el pleno y lo subió a internet aunque ha negado que el regidor en funciones se dirigiese a ella para prohibírselo.
   La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Uleila del Campo, ha pedido, sin embargo, la pena máxima que recoge el artículo 634 del Código Penal con respecto a faltas al orden público --60 días de multa-- y ha añadido a sus conclusiones una presunta falta leve de vejación injusta, por el que ha solicitado otros 20 días de multa al estimar que las viñetas y comentarios que acompañaban al video colgado en internet "se mofan y ridiculizan" al primer teniente de alcalde y primer edil en funciones durante esa sesión plenaria.
   La letrada del Consistorio ha expuesto ante la juez que la demandada incurrió "en una conducta incívica que vulneró el principio de autoridad" al continuar grabando con la cámara encendida sobre una silla después de que Hernández "diese la orden prohibitiva como ha quedado acreditado en la prueba testifical y documental con el acta emitida por el secretario municipal" y ha criticado que Carmen P. "se ampare en que no fue directa ya que alguien con un mínimo de intelecto percibe que no puede grabar", por lo que, ha ahondado, "se aprecia ánimo tendencioso de incumplir".
   Por su parte el abogado de la defensa, quien ha elevado varias protestas a la sala por no admitir como prueba "de parte" la reproducción del pleno colgada en la web en la que figura como administradora la demandada, ha apelado para pedir la absolución y rechazar la falta de vejación al artículo 20.1 de la Constitución española y al "derecho de los vecinos a saber" y ha negado que existiese una "orden expresa para no grabar" por parte de Hernández.
   En esta línea, y tras reivindicar que prime la libertad de información, ha aludido al carácter público de las sesiones plenarias que recoge la ley de la administración local y ha remarcado que en el ánimo de su patrocinada estaba el "darle publicidad a un debate ante el que había expectación porque se abordaba la construcción de una depuradora muy reclamada debido a los continuos vertidos muy contaminantes que hay en el pueblo".
   Así lo ha explicado de hecho ante la juez Carmen Pascual, quien ha reiterado a preguntas de la fiscal y la letrada de la acusación que el alcalde en funciones no le dijo "en ningún momento que no podía grabar" sino que, según ha detallado, "hubo una conversación entre el secretario y él que entablaron después de que un edil preguntase si estaba permitido grabar un pleno". Aún así, la que fuese número 2 de la lista del PP en las últimas elecciones municipales, ha asegurado que dejó la cámara "a un lado, la baje ante la polémica y se siguió grabando el audio".
   Ha pedido, asimismo, "disculpas si he ofendido" por las alusiones a Hernández como "desmemoriado" que acompañaban al video subido a su web y ha negado que cuelgue "de forma sistemática" videos de las sesiones plenarias. El denunciante, sin embargo, quien ha contado con el apoyo en sala de la alcaldesa y coordinadora provincial del IAM, Agueda Cayuela, ha ratificado que dio una "orden inmediata a Carmen Pascual" para que cesase "como consta en acta" y ha trasladado que se sintió "ridiculizado" con las imágenes y "los comentarios que tratan de humillarme".
   La Fiscalía ha pedido la absolución para una segunda denunciada, la presidenta de la plataforma vecinal 'Cerro de la Virgen de Uleila del Campo', Juana Antolín, que reivindica la nueva depuradora ante el problema "grave" de aguas residuales al considerar que su participación se limitó a su presencia en la sesión plenaria junto a otras dos personas.

El Seprona localiza un vertedero ilegal de residuos agrícolas e incoa acta de infracción a una empresa

ALMERÍA.- La Guardia Civil ha incoado acta por infracción grave contra una mercantil dedicada a la recogida de residuos agrícolas que, según apunta la investigación, se dedicaba a enterrar en un paraje rural de la Comarca de Níjar los restos retirados en empresas hortofrutícolas en lugar de, como marca la legislación, depositarlos en una planta autorizada para su correcta eliminación.

   Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha hallado sepultados en este vertedero ilegal, ubicado en la zona conocida como Cilabrar, una importante cantidad de residuos vegetales, plásticos, cartones, embalajes y envases de productos fitosanitarios, según ha informado la Comandancia.
   La investigación se inició a principios de abril después de que los efectivos del Seprona detectasen la presencia de maquinaria pesada que realizaba trabajos de nivelación de terreno  en el citado paraje para la construcción de un invernadero y comprobasen la presencia de los restos.
   Los agentes instaron al responsable de los vertidos a que limpiase la zona y gestionase de manera correcta los residuos que se estaban enterrando al tiempo que comenzaron las pesquisas para identificar la prodecencia de las basuras que, según los datos recabados, recogía una empresa dedicada a la retirada de contenedores en empresas hortícolas, a las que cobra los portes hasta una planta autorizada.
   Tras obtener, analizar y confirmar toda esta información, el Seprona realizó una nueva inspección en la zona para comprobar la limpieza del vertedero y observó como continuaban con las labores de nivelación del terreno y sepultado de los residuos, por lo que se abrió acta por infracción grave a la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en concordancia con la Ley 10/1998 de Residuos y Ordenanzas Municipales.

Royal Air Maroc amplia su red de rutas internas para incentivar los desplazamientos por Marruecos

TÁNGER.- La aerolínea de bandera de Marruecos, Royal Air Maroc, ha ampliado su red de rutas internas con el objetivo de incentivar los desplazamientos dentro del país y promocionar así los destinos menos conocidos del reino alauita, según informó la compañía en un comunicado.

   En total, RAM conecta ahora desde su hub --centro de interconexión de vuelos-- de Casablanca con 12 regiones ofreciendo un total de 230 vuelos semanales: cuatro vuelos diarios a Agadir y Marrakech, un doble vuelo diario a  Oujda, un vuelo diario a El Aiún, Dajla y Ouarzazate, Fez y Tánger, cuatro vuelos semanales a Nador y dos vuelos semanales a Alhucemas, Errachidia y Essaouira.  
   Desde España, RAM ofrece seis rutas: Madrid-Casablanca, Madrid-Marrakech, Barcelona-Casablanca, Barcelona-Tánger, Valencia-Casablanca y Málaga-Casablanca, que suman un total de 40 vuelos semanales.
   Además, los pasajeros que viajan con RAM pueden disfrutar de catering gratuito, una franquicia de equipajes de dos maletas de 20 kilos, transporte gratuito del equipo de golf, tarifas competitivas, una Clase Business con todas las comodidades y del programa Safar Flyer en colaboración con IB Plus.

Usero pone un control político a los pagos que la Diputación hará los últimos días de su mandato


ALMERÍA.- El presidente de la Diputación y candidato a la alcaldía de Almería por el PSOE, Juan Carlos Usero, va a nombrar por el sistema de libre designación a un funcionario como adjunto al jefe del servicio de Intervención, según decisión tomada el pasado ocho de abril de este año.

El empleado provincial nombrado para este puesto tendrá como una de las funciones “específicas” del mismo, “establecer directrices a seguir en materia de fiscalización de expedientes de gastos e ingresos, de acuerdo a la normativa vigente y procurando su aplicación homogénea” según puede leerse en las bases para su elección. 

Dicho de otro modo, el funcionario en cuestión será quien establezca las prioridades en los pagos que tenga que realizar la institución provincial, a pesar de ser “adjunto” al jefe de servicio de Intervención, ya que esta tarea es específica de su puesto.

Se da la circunstancia de que tal como se informa también en las bases, y va de acuerdo con el carácter de “libre designación” que tiene el puesto, el empleado puede ser cesado del mismo discrecionalmente, es de decir, que quien sustituya a Usero en la Presidencia de la Diputación podrá quitarle del mismo y nombrar a otro o dejarlo vacante. 

Por tanto, y teniendo en cuenta las fechas en que se producirá el nombramiento de modo efectivo, éste funcionario estará en esta situación alrededor de un mes nada más, pero será el tiempo suficiente para que en relación a su “función específica” establezca las “directrices” sobre a qué empresas pagar sus facturas antes de que Usero abandone el cargo.

Del mismo modo, se incluye también como función “genérica” la de “colaborar con el Jefe/a de Servicio en: dirigir, coordinar y desarrollar la contabilidad y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los presupuestos de acuerdo a las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación para determinar los resultados desde un punto de vista económico-patrimonial, así como poner de manifiesto los resultados presupuestarios, proporcionar los datos para la formación de la cuenta general, facilitar información para la confección de estadísticas por parte del Ministerio de Hacienda, así como para la confección de las cuentas económicas del sector público, proporcionar la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.”
La persona elegida para este fin cobrará un complemento específico de 16.646,94 euros, según se recoge también en las bases, según 'Noticias de Almería'.

La Universidad de Almería estrecha su colaboración con la china Changchun University


ALMERÍA.- El Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, y su homólogo en la Changchun Normal University, Zhao Jimin, han firmado esta mañana en la UAL un acuerdo de cooperación bilateral para facilitar la movilidad de estudiantes.

Ya existen otros convenios en vigor con Changchun gracias a los cuales ocho alumnos de esta universidad china estudian en la UAL. Actualmente, cursan estudios de español en el Centro de Lenguas y accederán en el próximo curso académico 2011-2012 a los Grados de Empresariales y Filología Hispánica.

El Gobierno provincial de Jiling (China) está muy interesado en promocionar la Educación Superior, particularmente, este tipo de convenios que posibilita a los alumnos de Changchun el intercambio internacional con universidades europeas.

CC OO desea saber qué trabajadores concretos han estado en Almería expuestos al amianto

ALMERÍA.- La Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Almería, Jerónima Hervás, exige a todas las empresas de la provincia que hayan trabajado con el Amianto que registren a todos los trabajadores y trabajadoras que hayan estado expuestos a el. También pide a todas las empresas que evalúen la presencia y el estado actual de este agente tóxico.
El amianto es un mineral que se usa principalmente en la construcción y para la elaboración de productos industriales. Miles de personas fallecen cada año como consecuencia de la exposición prolongada del amianto. Este agente tóxico está presente en máquinas, instalaciones y edificios. El material puede liberar fibras al ambiente y, al penetrar en las vías respiratorias, puede provocar enfermedades como abestosis o fibrosis pulmonar, el mesotelioma y el cáncer de pulmón, entre otros. Por lo general, estas enfermedades aparecen después de varios años de exposición.

En el año 2002, se prohibió la fabricación, utilización y comercialización del amianto, aunque lamentablemente no ha implicado el cese de las exposiciones de los trabajadores ni de los ciudadanos en general.

"Las estadísticas toman cada vez más conciencia de que las personas que trabajan con amianto mueren cada vez más jóvenes como consecuencia de la exposición prolongada de este material y no solo perjudica la vida de aquéllas, sino que también supone un perjuicio para el medio ambiente", indica Jerónima Hervás.

Como cada año, el 28 de abril, CCOO tendrá un recuerdo y reconocimiento a las personas que han perdido la vida en el trabajo bajo unas condiciones inadecuadas y hará entrega del libro 'La Lana de la Salamandra', que es la verdadera historia de la mortalidad por amianto.