lunes, 8 de noviembre de 2010

Los periodistas de Almería condenan la crispación de las autoridades marroquíes con los periodistas españoles

ALMERÍA.- La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), a la que pertenece la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería que suscribe también este comunicado, condena enérgicamente los últimos atropellos contra periodistas españoles en Marruecos y denuncia la errada crispación mostrada por las autoridades marroquíes hacia la prensa española. El Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí (SNPM), que lidera Younes M´Jahed, a su vez vicepresidente senior de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), respalda la denuncia de la FAPE y pide libertad de movimientos para los periodistas extranjeros.

El último episodio de esta campaña de acoso hacia los profesionales españoles puso en riesgo la integridad física de los corresponsales de TVE, Antonio Parreño, y de la cadena SER, Eduardo Marín, quienes fueron agredidos por activistas antisaharauis en un juicio celebrado el viernes pasado en Casablanca.

La FAPE ha dirigido una protesta escrita al Ministerio de Asuntos Exteriores español en la que urge al departamento de Trinidad Jiménez a que eleve una queja formal ante el Gobierno de Marruecos por estos hechos, así como por las dificultades para informar sobre el país vecino. La Federación también ha solicitado una entrevista con la ministra para transmitirle su preocupación por estos acontecimientos y reclamarle protección para los españoles que cubren la actualidad marroquí. 

La organización profesional española también dirigirá una carta de protesta al Gobierno de Marruecos  para que deponga esta forma de proceder y no entorpezca el trabajo de los informadores españoles. 

La FAPE rechaza las recientes críticas del ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Taieb Fassi Fihri, acusando a la prensa española de tergiversar el conflicto saharaui, ya que suponen un caldo de cultivo que solo contribuye a alimentar actitudes intolerables como las vividas.

La Federación, que se ha puesto a disposición de los periodistas españoles a los que ha transmitido su solidaridad, respaldará aquellas acciones que decidan emprender los medios para los que trabajan.

El Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí (SNPM) se ha sumado a la preocupación manifestada por la FAPE condenando las agresiones del viernes pasado en Casablanca, según una nota emitida hoy por la Federación Internacional de Periodista (FIP), de la que son miembro tanto el SNMP como la FAPE.  

La organización vecina mantiene y repite su llamamiento a respetar el trabajo de los informadores extranjeros para quienes reclama libertad de movimiento en la cobertura de las noticias. El SNPM recuerda que la labor de los periodistas preserva el derecho ciudadano a la información. 

Las autoridades marroquíes han ordenado una investigación sobre lo sucedido para castigar a los autores del ataque. De acuerdo a la nota del SNMP, las autoridades marroquíes han dejado claro el derecho de los periodistas a ser protegidos contra cualquier acto que pueda ponerles en peligro físicamente o que limite su libertad.

Marruecos ocupa el puesto 135 de 178 países en la Clasificación anual de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF). El país vecino cae ocho puestos a razón de la crispación de sus autoridades en cuestiones relacionadas con la libertad de prensa, escribe RSF en sus conclusiones.

La FAPE es la primera organización profesional de periodistas de España con 48 asociaciones federadas y 13 vinculadas que en conjunto representan a más de 20.000 asociados

El temporal de viento obliga a suspender las conexiones marítimas de Almería con Melilla y Nador

ALMERÍA.- El fuerte temporal de viento de Poniente ha obligado este lunes a suspender la salida del ferry que une la ciudad de Almería con Melilla prevista para las 16,30 horas, así como la de los buques que cubren la travesía hasta puerto de Nador (Marruecos) cuya partida estaba fijada para las 22,00 horas y las 10,00 de este martes.

   Según ha informado un portavoz de la compañía Acciona, el barco de pasajeros que debía salir de la ciudad autonóma esta mañana no ha podido hacerlo debido a las condiciones metereológicas adversas, por lo que se ha suspendido la conexión con Melilla. La mayoría de los pasajeros han optado por viajar a Málaga, que mantiene las rutas con Melilla, aunque otros han cambiado sus billetes para este martes.

   El litoral de la provincia almeriense está registrando vientos costeros con rachas de hasta 95 kilómetros por hora, por lo que se mantiene activa la alerta naranja hasta la próxima madrugada, que se ha extendido a las comarcas del Valle del Almanzora, Campo de Tabernas y Nacimiento.

Registrado otro seísmo de 2.4 grados de magnitud en Almería

ALMERÍA.- Un terremoto de magnitud 2.4 en la escala de Richter se ha dejado sentir a primera hora de la tarde de este lunes al sureste del municipio de La Mojonera, lo que se suma a la serie sísmica registrada la pasada semana que alcanzó su cenit con un movimiento de magnitud 4.1 que fue detectado por la población del litoral de la capital y el Poniente, así como en los municipios de la aglomeración urbana de Almería.
 
   El seísmo, según recogen los datos del Instituto Geográfico Nacional, ha tenido lugar a las 15,05 horas con epicentro en las coordenadas 36.7087 y -2.6512 y ha sido sentido de forma "leve" por los residentes en esta zona, al sureste de La Mojonera. El servicio unificado de emergencias 112 ha recibido una única llamada de un vecino alertado por el terremoto, según ha informado un portavoz del organismo.
   Un terremoto de magnitud 4,1 grados en la escala de Richter y con epicentro frente a la costa de la urbanización Playa Serena en Roquetas de Mar se registro el pasado jueves y desencadenó más de una veintena de llamadas telefónicas desde la capital, Roquetas de Mar, Aguadulce, La Mojonera, Adra, El Ejido, Berja y Vícar al 112.
   El municipio de La Mojonera fue epicentro de otro movimiento telúrico esa misma madrugada con una magnitud de 3,7 grados en la escala de Richter. En ninguno se registraron daños materiales o personales. La zona ha registrado más de un treintena de seísmos en los últimos cinco días aunque el de mayor magnitud de la serie fue el que alcanzó 4.1 grados en la escala de Richter.

La patronal mantiene una red de asociaciones para captar ayudas

MADRID.- El acta de constitución de la CEOE, entregado el 29 de junio de 1977, ya iba firmada por 27 patronales (13 territoriales y el resto sectoriales). Al calor de las subvenciones para formación y tras más de tres décadas, las raíces se han bifurcado, subdividido y entrecruzado hasta perderse en unas 5.000 agrupaciones cuyo número exacto no conoce ni la propia CEOE, revela hoy 'Público'. 

Su división mantiene una estructura básica, la misma que las ayudas públicas para la formación: hay patronales sectoriales que funcionan a nivel nacional y patronales regionales. ¿A qué se dedican, qué estructura tienen, qué hacen sus 35.000 empleados? Desde el Gremio de Curtidores de Igualada a la gigantesca Confemetal, desde las que cuentan con una secretaria como única trabajadora a las que replican la estructura de una empresa mediana, todas negocian los convenios colectivos y gestionan los fondos de formación (entre otras subvenciones) que reciben. Luego, desde la labor de lobby de las más grandes, a la asesoría en materia laboral o fiscal a pymes, pasando por servicios conjuntos para los socios, como la depuradora común de los curtidores de Igualada, cada una defiende la relevancia de su función.
No hay duplicidades, aseguran todas las consultadas. Está plenamente justificado que Confemetal, por ejemplo, una de las agrupaciones más fuertes de la CEOE, esté formada a su vez por 15 asociaciones nacionales y 68 regionales. Y que dentro de estas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), por ejemplo, esté formada por otras nueve agrupaciones (Asociación Gallega de Industriales de Ferralla, Asociación Empresarial Gallega de Ascensores...) y la Confederación de Empresas de Albacete (FEDA), por otras 100. Y que dentro de las 83 patronales (15 nacionales y 68 regionales) reunidas en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), se incluyan agrupaciones que, como Ancop (Agrupación Nacional de Contratistas de Obras Públicas), reúne a otras 12 patronales más 11 empresas con representación directa. Por cada autonomía existe otra patronal que reúne a tantas subpatronales como provincias, y estas se dividen por subsectores, municipios, etc.
Llegar a asociaciones que estén integradas por empresas (y no por otras asociaciones de menor tamaño) no siempre es fácil. Las excepciones pertenecen a sectores tan poderosos como el sector eléctrico (Unesa), la banca (AEB) y las cajas (CECA), la tecnología (Ametic), la distribución (Anged) o los fabricantes de automóviles (Anfac).
Los fondos estatales destinados a formación que adjudica la Fundación Tripartita a las patronales ascienden a 178 millones de euros. A través de las autonomías disponen de otra cantidad similar, aunque en este caso el reparto no es muy transparente.
Las subvenciones van desde los 20.000 euros al año para formación que recibe la Asociación de Profesionales de España en Cerrajería y Seguridad (Apecs) a los más de 20 millones de euros que reciben las patronales de la Confederación Española del Comercio, el Metal y la Construcción.
La actividad ordinaria (al margen de la formación) de todas las patronales se nutre sobre todo de las cuotas de los socios, que también financian la sede o sedes que casi todas tienen en propiedad.
Apecs, por ejemplo, tiene sede propia a pesar de contar con una secretaria (con un sueldo de unos 15.000 euros al año) como única empleada. Las labores de asesoramiento a sus 90 asociados (todos empresas directamente) las tiene subcontratadas con una asesoría. Los cinco miembros de la junta directiva no cobran salario. Sólo les cubren las dietas, algo también común en las patronales, desde la junta de la CEOE hasta las más pequeñas. Apecs recibe entre 12.000 y 20.000 euros al año de fondos de formación, además de 100.000 euros del Plan Avanza de adaptación a nuevas tecnologías del Ministerio de Industria.
Muy diferente en tamaño es la Federación de Empresarios del Metal de Las Palmas (Femepa), que agrupa a 38 asociaciones, desde los talleres de reparación de automóviles (más de 400 empresas) a las empresas de muebles de oficina (8). Tiene empleadas a 14 personas (un abogado laboralista y otro mercantil y tres ingenieros técnicos que cobran una media de 30.000 euros al año, y el resto, administrativos con un sueldo de unos 15.000 euros). Con los profesores llegan a sumar 40 trabajadores. 
La sede es en propiedad, comprada hace 27 años, parte con las cuotas y parte con bonos vendidos a los socios. El volumen de subvenciones para formación ha sido este año de 800.000 euros. Femepa no sólo está en Confemetal, sino también en la Confederación Canaria de Empresarios.
La Federación Española de Hostelería (FEHR), sectorial que opera a nivel nacional y agrupa a otras 75 patronales, tiene 22 empleados con un sueldo medio de 30.000 euros. Doce de ellos trabajan en el departamento de formación, fin para el que recibe 7,7 millones. Además de al menos una asociación por provincia, la FEHR incluye agrupaciones de subsectores como Fehrcarem, que agrupa a 23 empresas (VIPS, McDonalds, Ikea, Arias, Ribs o Telepizza...).
Fehrcarem tiene cuatro empleados (un abogado, uno para marketing, uno para asuntos internacionales y el secretario general), con un sueldo medio de 25.000 euros al año. Comparte sede con la FEHR, y ha recibido cerca de 200.000 euros para formación este año y fondos del Plan Avanza. Además, cuenta con convenios con otros ministerios como el de Sanidad, que derivó en la salida de Burger King de Fehrcarem ante la amenaza de la entonces ministra de Sanidad y hoy vicepresidenta económica, Elena Salgado, de anular las ayudas si se seguía promocionando el consumo excesivo de comida.

Los tribunales lo dejan claro: la Junta tendrá que derribar El Algarrobico

MÁLAGA.- Las sentencias se suceden. Y todas van en la misma dirección. El Algarrobico es ilegal. Más: hay que derribar el hotel. La última decisión judicial supone “un antes y un después, un paso muy importante, casi definitivo”, según confirma a El Confidencial Jaime del Val, presidente del grupo ecologista Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense.

“La Junta de Andalucía está intentando aprobar un decreto para convertir El Algarrobico en urbanizable. Hay que impedir esa barbaridad”, denuncia Del Val. La novedad de este auto del TSJA, argumentan los críticos a un edificio de 22 plantas, que contempla 411 habitaciones y se empezó a construir en mayo de 2003 y está paralizado desde febrero de 2006, es que no es recurrible.
Conviene recordar que el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) dictó el pasado 5 de mayo una providencia por la que prohibía al alcalde de Carboneras "realizar cualquier actuación urbanística" en el sector de El Algarrobico, "con el apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia". El Ayuntamiento aprobó en agosto de 2009 las normas urbanísticas que rotulaban la zona como urbanizable.
El auto del TSJA confirma que el sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), goza de la calificación medioambiental de "espacio natural protegido" y, por tanto, "no urbanizable" de acuerdo al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar de 1994 frente a la calificación de zona D2, "no incompatible con el uso urbanístico".
Como ya publicó El Confidencial el pasado 26 de agosto (Un disparate llamado Algarrobico), no hay unanimidad de criterio en los vecinos de la zona. “Sería peor el remedio [derribar el hotel] que la enfermedad. El cemento está enganchado a la montaña. Y esto no se puede demoler con dinamita y ya está. No”, resalta Antonio. “Aquí construyeron el hotel más de cuatro años y no vi a nadie de Greenpeace. Y no digamos nada de [la ex ministra Cristina] Narbona. Fue la que puso la primera piedra con el alcalde”.
Greenpeace culpa directamente a la Junta de Andalucía y la acusa de haber efectuado en 1997 una “maniobra de cambio de planos. En ese momento el paraje, que sigue siendo reserva de la Biosfera por la UNESCO ya aparece como urbanizable y no cuenta con “validez jurídica”. El auto también ratifica que los planos que defiende la Junta de Andalucía para el sector ST-1 “carecen” de la citada validez ya que “no fueron publicados en BOJA, ni fueron sometidos a exposición pública ni los aprobó el Consejo de Gobierno”.
La propiedad de los terrenos del hotel es de la promotora Azata del Sol, que prometió 300 puestos de trabajo. Los ecologistas creen que esta empresa es quien debe pagar la factura de la demolición del mastodonte almeriense. “La promotora debería responsabilizarse del gasto y también la Junta, claro está, que permitió construir El Algarrobico a sabiendas de que era ilegal”, destaca Del Val.

Los partidos salvarán de la quiebra a las concesionarias de las autopistas Alicante-Cartagena-Vera

MADRID.- Cinco años más de vida para las empresas concesionarias de las autopistas radiales de Madrid, con dinero público. Y eso a pesar de que los Presupuestos del Estado de 2011 obedecen a una idea fuerza: la austeridad. El Ministerio de Fomento y el de Economía han acordado ya dar solución a la desastrosa situación económica de las autopistas de peaje con escaso tráfico, según 'El País'. 

Fuentes parlamentarias dan por hecho que, como sucedió el pasado año, el rescate de las constructoras y concesionarias concitará una rara y práctica unanimidad de los partidos. La fórmula de rescate aún está en el aire, pero podría consistir en una cuenta de compensación -por el dinero que dejen de ingresar las concesionarias si las autopistas no alcanzan el tráfico previsto cuando se adjudicaron-, más créditos participativos por importe de hasta 250 millones de euros.
El acuerdo en el seno del Gobierno se refiere a la decisión de intervención estatal en sí y al modo de articular la ayuda a través de la citada cuenta de compensación, según las mismas fuentes. CiU ha presentado una enmienda a los Presupuestos del Estado en ese sentido, que se mantiene para buscar una transaccional de cara a aprobar la medida en el Congreso el día 16. Hasta entonces, el Gobierno prevé mantener sigilo sobre los detalles del arreglo.
Las autopistas que se podrían beneficiar de esa cuenta serían en principio las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista del aeropuerto de Barajas, la de Madrid-Toledo, la Alicante-Cartagena, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. En el accionariado de las concesionarias participan las empresas más importantes de la construcción y los servicios (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL, Itínere).
La enmienda de CiU propone que cuando las autopistas no alcancen el 80% del tráfico previsto en la documentación sobre la que se basó la adjudicación (durante el gobierno del PP), el Estado pague la diferencia. CiU plantea en su texto que esa cuenta de compensación dure entre 10 y 20 años, pero según las fuentes consultadas, finalmente, se optará por un periodo menor: cinco años como máximo, mientras se espera a que escampe el diluvio de malas noticias económicas.
El principal escollo estriba en que según la enmienda de CiU, esa medida computaría como déficit público, de modo que se están aquilatando los mecanismos para que afecte lo menos posible. Incluso se apunta a que tenga un efecto neutro sobre las cuentas públicas, si bien nadie adelanta cómo. El grupo catalán postulaba que las concesionarias se apuntasen como ingreso la diferencia entre su facturación real y el 80% de la prevista cuando se adjudicó la autopista. Si el tráfico real supera el previsto, se apuntaría como menor ingreso la mitad de la diferencia. Cada cinco años se saldaría la cuenta, con intereses. Es decir, si se preveían 20.000 coches diarios y solo hay 10.000, el Estado paga por 6.000 coches hasta el 80% de lo previsto. Si pasan 30.000 vehículos diarios, la concesionaria pagará al Estado por 5.000.
Es improbable que se supere el tráfico previsto. Tanto que los bancos apremian a buscar una solución que dé viabilidad a las concesionarias, que suman una deuda de entre 4.000 y 5.000 millones. Las empresas aducen que el Estado tendría que asumir ese agujero si quiebran, ya que en último término es el dueño de las autopistas. Algunas son reacias a que el Estado asuma el rescate de las autopistas con un coste de unos cientos de millones en los próximos años como mal menor frente a la opción de nacionalizarlas.
Los detalles se cerrarán esta semana. Las cifras finales no serán las de CiU, que ha defendido la cuenta de compensación como "un buen mecanismo" de solución del problema, según el diputado Pere Macías. Ya en los Presupuestos de 2010 se introdujeron mecanismos de ayuda a las autopistas, fruto de una visión expansionista -cuando no especulativa- de las infraestructuras. Pero en forma de créditos participativos (200 millones) y por los sobreprecios que hubo que pagar por las expropiaciones de terrenos que, con la ley del Suelo del PP, pasaron de eventuales trigales a virtuales chalés adosados (al convertirse en urbanizables). El grupo socialista ya ha presentado una enmienda este año para aumentar hasta los 250 millones (en el proyecto inicial eran solo 135) esos créditos participativos.
El sector concesional, que presume de tener líderes mundiales, no se da por satisfecho con el dinero destinado a los créditos y está a la espera de comprobar si con la cuenta de compensación "se conseguirá refinanciar" a las empresas afectadas, en palabras del presidente de la Asociación de Concesionarias, José Luis Feito.