viernes, 11 de mayo de 2012

Elevan de 5 a 10 años la prescripción del delito fiscal

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que incluye elevar de cinco a 10 años la prescripción del delito fiscal y aumentar de dos a seis años, en lugar de uno a cinco años, las penas de cárcel impuestas a los defraudadores.

   El nuevo tipo agravado de delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros por ejercicio o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal. La ley mantendrá la consideración de delito fiscal por cantidades por encima de los 120.000 euros.
   Este tipo agravado de defraudación también se aplicará cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado tributario o la determinación de la cuantía defraudada.
   Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien explicó que estas modificaciones afectan a "los delitos fiscales, los fraudes masivos y a la Seguridad Social", con el objetivo de "luchar contra el fraude y la economía sumergida".
   Para introducir estos cambios, el Gobierno modificará el Código Penal (CP) en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social. La propuesta parte de los ministros de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social.
   El anteproyecto de ley también fija mejoras técnicas destinadas a favorecer la regularización voluntaria del contribuyente o la recaudación. Entre ellas figuran rebajas de penas por reparación del perjuicio económico causado a la Hacienda Pública.
   Este atenuante se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial y en los casos en que el contribuyente colabore en la identificación de otros sujetos responsables.
   Por otro lado, la Administración Tributaria podrá reclamar las cantidades defraudadas durante la tramitación del proceso penal, lo que evitará que los defraudadores malvendan los bienes durante el proceso y se declaren insolventes para no pagar. En la actualidad, se exige el pronunciamiento expreso del juez.
   Además, Gobierno aumentará el control de las tramas defraudatorias y no será necesario esperar a que transcurra el ejercicio completo cuando la defraudación supere los 120.000 euros. En la actualidad se debe atender a lo defraudado en todo el año natural y por ello esperar a la finalización del mismo para denunciar.
   El Gobierno endurece de cinco a seis años de cárcel los delitos agravados contra la Seguridad Social y amplía la prescripción de cinco a diez años para evitar casos de empresas ficticias y talleres clandestinos.
   Asimismo, se reduce la cuantía mínima de la defraudación de 120.000 euros a 50.000 euros, que incluirá toda la deuda no prescrita. Por otra parte, se sancionará a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social, o sin la autorización de trabajo.
   Por último, se considerará delito de falsedad documental la falsificación de certificaciones por terceros de documentos de la Seguridad Social, y se introduce un nuevo delito contra los supuestos de falseamiento de la contabilidad de las Administraciones Públicas, cuando afecten al patrimonio público.
   El Gobierno introduce también la inhabilitación de hasta diez años de los gestores públicos que falseen datos de las cuentas públicas, planteadas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Transparencia.

El FLN de Buteflika es declarado oficialmente ganador de las elecciones en Argelia

ARGEL.- El Frente de Liberación Nacional, el partido del presidente Abdelaziz Buteflika, ha obtenido la victoria en las elecciones legislativas celebradas este jueves en Argelia, con 220 escaños del total de los 462 que componen el Parlamento, por debajo de la mayoría absoluta de los 232 asientos.

   Con 68 escaños se encuentra la Agrupación Nacional para la Democracia, la formación laica que lidera el primer ministro, Ahmed Ouyahia.
   En tercera posición está la coalición islamista Alianza Verde, conformada por el Movimiento de la Sociedad por la Paz, Ennhada y Al Islah, que ha obtenido 48 votos, según informó el Ministerio del Interior y recogió el portal de noticias Algérie 1.
   En cuarto lugar, con 20 escaños, se encuentra el Partido de los Trabajadores, por delante del total de candidatos independientes (19 escaños), el Partido de la Justicia y el Desarrollo (7 escaños), el Movimiento Popular Argelino (6 escaños), el partido Jil al Jadid (5 escaños) y la Agrupación Argelina (4 escaños).
   Con las elecciones de hoy son 145 las diputadas que han obtenido escaño.

La delegada del Gobierno garantiza el derecho a manifestarse al 15M pero sin acampadas


GRANADA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen Crespo, ha garantizado este jueves las autorizaciones para las manifestaciones convocadas por el 15M para conmemorar su primer aniversario pero ha advertido de que las acampadas en las plazas de las ciudades no están en el marco de la ley. 

   En ese sentido, ha indicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán preparados dispositivos que permitan compatibilizar, por un lado, el derecho "constitucional" a la manifestación y asegurar el orden público, y, por otro, el derecho del ciudadano que no quiera manifestarse y la "convivencia en paz y en orden".
   En declaraciones a los periodistas en Granada, donde ha presidido la toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Crespo ha señalado que el objetivo del Gobierno será "evitar la conflictividad" y que las personas que quieran manifestarse lo hagan "con total derecho y garantías" pero sin perturbar a quien no quieran.
   Las acampadas, que ya ha anunciado el 15M, según ha dicho, no están en el marco de la legalidad, de manera que se velará para que la ciudadanía se manifieste "de forma correcta", en base a la hora y el lugar comunicado, "sin crear conflictos".
   Preguntada por si se ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad, Crespo ha indicado que los dispositivos "están preparados siempre" en caso de manifestación. "Confío en la buena voluntad de las personas para que se cumpla la ley y hago una petición expresa para que así sea, no por el bien en este caso del gobierno de España, sino por el de los propios ciudadanos, que tienen el derecho de que no se merme su capacidad para poder estar libremente en paz", ha mantenido.

Miles de personas se manifiestan en Andalucía contra los recortes en educación y universidades

SEVILLA.- Miles de personas han participado este jueves en los diversos actos de protesta organizados a nivel regional por las recién creadas 'Plataforma Andaluza por la Enseñanza Pública' y 'Plataforma en Defensa de la Universidad Pública contra las medidas urgentes para la reducción del déficit aprobadas por el Gobierno central hace dos semanas tanto para la enseñanza básica y obligatoria como para la universitaria.

   Así pues, alumnos, familias, sindicatos y trabajadores han salido a las calles de todas las capitales de provincia andaluzas a lo largo de esta "jornada de lucha" estatal --convocada por el Sindicato de Estudiantes y la Plataforma Estatal por la Enseñanza Pública-- para reivindicar el "derecho a una educación pública de calidad".
   En los colegios e institutos andaluces, donde se han realizado paros de diez minutos y concentraciones en las puertas de acceso a los centros a primera hora de la mañana, el seguimiento ha sido "mayoritario" en todos los niveles educativos (Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Régimen Especial), según CCOO. Para el secretario general de Enseñanza de este sindicato, José Blanco, esta gran implicación de familias y docentes en las acciones reivindicativas "constata la repulsa del conjunto de la comunidad educativa hacia la batería de recortes que desde el Gobierno central se están tomando contra todos los niveles educación pública".
   Además de estos paros, se ha producido manifestaciones "multitudinarias" desde las 12,00 horas por el centro de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, la mayoría de ellas convocadas por el Sindicato de Estudiantes y a las que se han sumado profesores y padres a lo largo de sus respectivos recorridos. En Granada, por ejemplo, unos 2.000 estudiantes universitarios según la Policía Local y 4.000 según los organizadores, se han manifestado sin incidentes por las principales calles de la ciudad, una movilización que se produce tras el encierro nocturno secundado en la noche del miércoles en la Facultad de Psicología por este mismo motivo.
   Bajo el lema 'La Universidad no se vende, se defiende', también en Sevilla se han manifestado "más de un millar" de personas según CCOO y recibiendo el apoyo presencial de grupos políticos como IULV-CA, formación que ha denunciado "el empeño del PP por favorecer un tipo de enseñanza elitista y sólo para ricos mediante la disminución de becas y la subida desproporcionada de las tasas universitarias".
   Aparte de las manifestaciones, los estudiantes también han llevado a cabo concentraciones, encierros y jornadas de clase en la calle en el resto de provincias andaluzas contra los recortes en educación. En la ciudad gaditana de Algeciras, a imagen y semejanza de la convocada en la plaza de la Catedral Cádiz, decenas de alumnos del Campus Bahía se han concentrado frente a la Escuela Politécnica Superior y han mantenido varios minutos de silencio con una esquela por el "fallecimiento de la educación pública".
   También la comunidad universitaria de Jaén se ha concentrado en la mañana de este jueves ante las puertas del edificio A4 del Campus Las Lagunillas para mostrar su desacuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno en materia de Educación. En este acto, ha tomado la palabra el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Jaén, Víctor Abolafia, quien ha alertado de que los recortes económicos que quiere llevar a cabo el ministro de Educación, José Ignacio Wert, "afectan a nuestro futuro y sin contar con nuestra opinión" y "atacan gravemente a todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria y a muchos otros ciudadanos que aún no pertenecen a ella".
   En Almería, estudiantes y profesores de la Universidad de la provincia se han trasladado hasta el centro de la capital almeriense para impartir clases en la calle sobre materias relacionadas con la importancia de la educación pública y la crisis económica. El presidente del Consejo de Estudiantes de la UAL, Fabricio Saquilán, ha incidido en que la "lucha" por mantener el sector público educativo debe englobar "a la sociedad en general".
   Así, ha considerado que la educación pública "está siendo mermada y atacada", con lo que avisa que las futuras generaciones pueden encontrar una situación de "no retorno" si la sociedad no se implica en esta causa. Además de esta protesta, medio centenar de personas de la Asamblea de Estudiantes de Almería han permanecido toda la noche encerrados en el Aulario III del campus de La Cañada.
   Asimismo en Huelva, donde los paros en los centros de Primaria y Secundaria han transcurrido con normalidad y según el secretario de Enseñanza Pública de FETE-UGT en la provincia, Manuel Jesús de la Rosa, han contado con una amplia participación de los padres, los universitarios también han optado por dar clases en la calle. Desde las 9,00 y hasta las 19,00 horas han permanecido en la Plaza de las Monjas con "gran asistencia" de alumnos que, pasada dicha hora, se han marchado a participar en las manifestaciones que se celebran en todas las capitales de provincia de forma simultánea. Tras esta marcha, partirán rumbo a la Facultad de Trabajo Social, donde a las 22,00 horas comenzarán un encierro.
   Desde las 19,00 horas de este jueves, en torno a 9.000 personas en toda Andalucía según la organización marchan por las principales calles de las capitales de provincia, siendo Málaga una de las ciudades con más participación.
   Convocadas estas marchas por la 'Plataforma Andaluza por la Universidad Pública', todas han partido de las subdelegaciones del Gobierno salvo en Almería (Plaza del Educador), en Málaga (Plaza de la Constitución) y en Sevilla (Puerta Jerez).  
   De este modo, los integrantes de esta nueva plataforma universitaria pretenden concienciar a la clase política de que la inversión en educación "revierte en la sociedad mucho más de lo invertido, aportando cohesión social" y que, por tanto, su carácter público "resulta imprescindible para que toda la ciudadanía, independientemente del origen socioeconómico, pueda acceder a la educación".
   Además, advierten en un manifiesto conjunto de que los Presupuestos Generales del Estado para 2012, unidos al Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo aprobado por el Ejecutivo Central, "suponen una agresión inconcebible a la universidad pública, que merma su capacidad docente e investigadora y su carácter compensador de desigualdades". Así, detallan que "la drástica subida de tasas en las enseñanzas de Grado y Máster (hasta un incremento del cien por cien para muchas matrículas), junto al descenso del once por ciento en la cuantía para becas y ayudas al estudio y a los anunciados cambios endureciendo los criterios académicos para su obtención, limitará el acceso a la Universidad tan solo para las capas sociales más privilegiadas".
   "Se trata de un ataque a la igualdad de oportunidades que perjudica gravemente a las familias de la clase trabajadora. La reducción de la actividad investigadora del personal docente e investigador (con un recorte del 25%) supondrá una merma considerable de las posibilidades que tenemos para la recuperación económica", recalcan tras puntualizar que el aumento de más del 33 por ciento de docencia para el profesorado sin un 'sexenio activo' "supondrá un recorte de plantilla y la condena a no poder investigar para una parte importante del personal docente e investigador".

Griñán pide "diálogo" al Gobierno para defender de terceros países al sector hortícola

ALMERÍA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha trasladado este jueves que cree que se va a abrir un "diálogo muy importante" entre el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el titular andaluz del ramo, Luis Planas, en aras de la defensa del sector hortofrutícola frente a la competencia "desleal" de terceros países en los mercados de la UE.

   Griñán, quien ha mantenido una reunión durante más de una hora con representantes de este cluster en la provincia de Almería junto a Planas para, después, visitar la sede de la empresa 'Grupo Caparrós' en Níjar, ha señalado que entre ambos "puede haber entendimiento" no sólo en el trabajo para conseguir que se cumpla lo estipulado en los acuerdos de asociación, en concreto entre la UE y Marruecos, sino también para que, "a la hora de que estos se formalicen, se tengan en cuenta las circunstancias que afectan a nuestra producción".
   Ha indicado, en esta línea, la necesidad de que se garantice en esos marcos de relación con países terceros la seguridad alimentaría de sus productos y el que los gobiernos de "esos países exportadores no toman decisiones que podrían suponer dumping social, comercial o monetario, y por tanto, derivar en una competencia no leal".
   El líder del Gobierno andaluz, que ha identificado el proceso de formación de precios agrícolas como uno de los problemas fundamentales por los que atraviesa un sector al que ha trasladado el apoyo de la Junta como "prioritario", ha abogado, asimismo, por abrir un diálogo con autoridades europeas en materia de competencia "para que sepan de una vez por todas que cuando los agricultores se unen lo hacen para contrarrestar la unión de la comercialización".
   Tras destacar la importancia de que Andalucía cuente con un sector agrícola "competitivo" que "gane cada año en calidad" en la que ha sido su primera visita tras su reelección como presidente a la provincia, ha subrayado que los precios no están dando la "remuneración adecuada a la inversión" de un sector "innovador" y ha apelado a una "mayor unidad de la oferta frente a lo que es, prácticamente, la unidad de la demanda para, que de este modo, se reduzca la cadena de formación de precios".

El juez libera las tres piezas separadas sobre Enciso, Alemán y Gestora Ejidense en el caso 'Poniente'

ALMERÍA.- El juez instructor del caso 'Poniente', que investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial bajo el anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido ha resuelto no prorrogar el secreto de sumario que pesaba sobre las tres piezas separadas de la causa referidas al papel del exregidor Juan Enciso (PAL), el exinterventor municipal José Alemán y la empresa 'Gestora Ejidense'. 

   De este modo, la totalidad de las actuaciones que se han practicado en el marco de una operación que se saldó en octubre de 2009 con la detención del exprimer edil Juan Enciso (PAL) junto a otras 19 personas, estarían liberadas.
   Fuentes judiciales ha confirmado que el magistrado Jesús Miguel Hernández, quien se hizo cargo de las diligencias tras la marcha en septiembre de la titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería Montserrat Peña, ha resuelto dictar un auto con el que se alza el secreto de sumario decretado sobre el contenido de las citadas piezas.
   Las mismas fuentes han señalado que las 33 partes que están personadas en el proceso abierto por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad, tardarán unos días en tener acceso a los facsímiles en soporte digital de la documentación que obra en estas piezas separadas.
   El juzgado instructor ha estado prorrogando el secreto de estas actuaciones desde que en enero de 2011 acordó liberar la casi totalidad del sumario distribuido en unos 40 tomos. Con anterioridad, las partes sólo habían tenido acceso a las intervenciones telefónicas a los principales implicados en una presunta trama por la que se rondan los 80 imputados.
   La operación 'Poniente' estalló el 20 de octubre de 2009 con la intervención por parte de la Policía Nacional de las oficinas de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) y del Ayuntamiento de El Ejido, gobernado entonces por el PAL liderado por el exregidor Juan Enciso. Se produjo así la detención de 20 personas entre las que se encontraban el propio Enciso, el exinterventor municipal José Alemán, y los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón, además de sus entornos familiares. Dos meses después la juez instructora ordenaba el arresto de los tres hermanos propietarios del Grupo Lirola.
   Tras dos años de instrucción, la juez halló indicios de varios delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago del IVA y del impuesto de sociedades, con lo que se amplió la investigación centrada en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, tráficos de influencias y falsedad documental por un supuesto fraude fiscal.  
   El sumario de caso 'Poniente', que mantuvo encarcelado durante ocho meses al exregidor, divide la presunta trama en seis clanes y el grupo Abengoa. De este se desprende que las sociedades de los principales implicados facturaron de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), considerada eje, con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" al menos 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007. Señala, asimismo, que estos constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones con Elsur.

Griñán asegura que atenderá a los inmigrantes irregulares

MÁLAGA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha asegurado que la Comunidad Autónoma atenderá a los inmigrantes en situación administrativa irregular "por razones humanitarias y también de salud pública". 

Durante su visita a Málaga, donde se ha reunido con los 10 rectores de las universidades públicas andaluzas, ha rechazado que se deje de atender a estas personas ya que, ha dicho, ni se debe ni se puede hacer "constitucionalmente".
A ello se suman otras razones humanitarias y de "salubridad", ha especificado. "Atendemos a personas que pueden plantear problemas si no son atendidas", ha sostenido el presidente del Ejecutivo autonómico durante su intervención.
Griñán ha rechazado, por tanto, la exclusión de los inmigrantes de la atención sanitaria que plantea el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Expertos internacionales critican que el Gobierno impida la sanidad a los inmigrantes

MADRID.- Varios expertos nacionales e internacionales en salud y políticas farmacéuticas han criticado este jueves que el Gobierno de Mariano Rajoy vaya a impedir la sanidad y el uso de los medicamentos a los inmigrantes y han recordado que la salud es un derecho y no "un privilegio" que se adquiere en función de una condición legal.

   El Ejecutivo español ha aprobado recientemente un Real Decreto en el que, entre otras medidas, se incluye la adaptación de la normativa europea relativa a ciudadanos extranjeros en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con la que se pretende acabar con el turismo sanitario en España que, según sus datos, ha causado un gasto de 917 millones de euros.
   Además, se ha modificado el artículo correspondiente de la Ley de Extranjería con el fin de clarificar qué es lo que da derecho al aseguramiento, de tal modo que quienes vienen de otros países garanticen que las personas que traen pagan sus impuestos en España.
   Unas medidas que, a juicio del docente y experto en Cooperación para el Desarrollo en el campo de la Salud José María Torres, no son justas ya que el acceso a la sanidad y a los medicamentos es un "derecho" de todo ciudadano sea del país que sea.
   "Estamos en contra de que se le puedan negar tanto la atención sanitaria como la farmacéutica o la sociosanitaria a los inmigrantes por el mero hecho de no tener un carné, una tarjeta o un documento que les identifique", ha señalado, antes de participar en un seminario organizado por la ONG Farmamundi para debatir la falta de medicamentos y salud pública en todos los países del mundo.
   En la misma línea se ha pronunciado el vocal de proyectos de la Junta Directiva de 'Farmamundi' y especialista en incidencia en entidades del Tercer Sector, Eduard Soler, quien ha recordado que la "regla de oro" que tiene que imperar tanto en España, como en el resto de países, es que "nadie se quede sin medicamentos" aunque no los pueda pagar.
   En este sentido, ha lamentado que el acceso de los medicamentos ya no sea sólo un problema de los países del Tercer Mundo sino que lo esté siendo para todos, y ha advertido de que si la factura sanitaria sigue aumentando va a llegar un momento en el que "ningún país" podrá pagarla.
   El director de la Fundación colombiana del Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud (IFARMA), Francisco Rossi, ha destacado también la necesidad de buscar nuevas fórmulas de financiación de medicamentos para que nadie se quede sin ellos.
   Rossi se ha referido además al copago sanitario aprobado por el Gobierno y ha lamentado que este tipo de medidas afecte sólo a los que menos tienen. Asimismo, ha abogado por que los países busquen "nuevas soluciones" para poder financiar los medicamentos y que, por tanto, no tengan que hacerlo, en cierta medida, los ciudadanos.
   "Estas son decisiones de los que tienen preocupaciones financieras y, seguramente, que van a significar algún tipo de recaudo pero, se va a pagar un precio social y este es uno de los debates que están siempre en América Latina porque se trata de que estos sistemas reduzcan desigualdades e inequidades", ha comentado el experto.
   Dicho esto, ha asegurado que aunque estas diferencias y desigualdades son "abismales" en países como Colombia o Venezuela, en España se pueden producir también porque se está yendo "en contra de los que menos tienen".
   Por otra parte, durante el seminario de la ONG Farmamundi se ha presentado la campaña 'Esenciales para la vida'. Un estudio, iniciado en el año 2009, sobre la percepción que tiene la sociedad y el conjunto de los profesionales sanitarios en el acceso a los medicamentos esenciales.
   Según ha explicado Torres, este análisis ha sido financiado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se ha basado en la realización de 653 entrevistas a pie de farmacia y en 1.100 encuestas realizadas a administraciones públicas y autonómicas, colegios oficiales de médicos, responsables de salud, miembros y coordinadores autonómicos de ONG o asociaciones de industrias farmacéuticas, entre otros.
   Los resultados obtenidos han desvelado que la mayor parte de ellos conocen la falta de acceso a los medicamentos esenciales --"son unos 300 fármacos"-- y han mostrado su intención de colaborar para ayudar a paliar este problema.
   No obstante, según ha comentado Torres, las administraciones autonómicas aseguran que la responsabilidad de la falta de acceso a los medicamentos esenciales es de la administración estatal y, la industria farmacéutica deriva este cometido a "cada una" de las empresas e industrias del sector. Además, las ONGD señalan que no tienen un papel "muy relevante" en este problema y que no es algo que les resulte "prioritario".
   En cuanto a las conclusiones obtenidas tras entrevistar a los colegios farmacéuticos, la ONG 'Farmamundi' asegura que hay una "falta de conciencia previa" y que la "desinformación y el desinterés se realimentan mutuamente". No obstante, señala que pueden tener una "importante contribución" al acceso a los medicamentos genéricos si hay personas que, desde dentro de los colegios, lo impulsan y consiguen un "consentimiento y apoyo suficiente" entre los colegiados.

Cajamar Caja Rural aprueba la fusión con Caja Rural de Castellón

VÍCAR.- Los más de 270 delegados que han asistido a la asamblea general ordinaria de Cajamar Caja Rural, en representación de los 800.000 socios de la entidad, han expresado por unanimidad su opinión favorable a la fusión con Caja Rural Castellón San Isidro, que en la tarde de este jueves someterá también el proyecto de fusión a la aprobación de sus socios. 

   Esta nueva fusión se plantea en el actual escenario de reestructuración del sistema financiero español, de modo que Caja Rural Castellón se sumará también al proceso de integración de Cajamar Caja Rural y Ruralcaja aprobado el pasado mes de enero, que en las próximas semanas dará paso a la nueva entidad Cajas Rurales Unidas, al que aportará 20 oficinas, 104 empleados, 18.145 socios y 60.459 clientes, según detalla en una nota.
   En su intervención ante la asamblea general celebrada en La Envía, en Vícar (Almería), el presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, ha manifestado que el sector de las cajas rurales también ha iniciado ya un proceso de concentración "irreversible", destinado a conformar entidades de mayor tamaño, "más solventes, eficientes y capaces para hacer frente a los nuevos retos económicos que exigen los tiempos actuales".
   "Nos cabe la satisfacción de haber sido la entidad pionera de este proceso en nuestro sector y también la más activa, de haber emprendido este camino hace años, antes de que se desencadenara la actual situación de crisis económica y financiera, atendiendo únicamente a nuestra visión y a nuestro convencimiento. Y el tiempo parece que nos está dando la razón", ha dicho Pérez Lao.
   Los delegados asistentes a la asamblea han aprobado también las cuentas anuales individuales y consolidadas y el informe de gestión individual y consolidado de Cajamar Caja Rural y del Grupo Cooperativo Cajamar correspondientes al ejercicio 2011, en el que cabe señalar un crecimiento interanual de la inversión crediticia de la entidad del 4,5 por ciento, del balance del 6,5 por ciento y del resultado neto del 27,8 por ciento.
   Asimismo, entre los hitos principales de carácter societario destacan en este ejercicio la fusión de Caja Campo, las incorporaciones al Grupo de Caja Rural Castellón y Caja Rural de Canarias y la ampliación de la presencia de la entidad a las provincias de La Coruña y Orense.
   Entre las previsiones para 2012, el vicepresidente y consejero delegado Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez ha destacado que las exigencias de capital derivadas del Real Decreto-Ley de saneamiento del sistema financiero suponen "un punto de inflexión que está dando lugar a un nuevo modelo bancario español con menos entidades pero de mayor tamaño".
   En este sentido, como hecho relevante para el presente ejercicio ha anunciado que antes de la constitución de la nueva entidad Cajas Rurales Unidas, entre los meses de junio y julio, Cajamar Caja Rural "habrá dado cumplimiento a todos los requerimientos fijados en la norma, para lo que provisionará 530,4 millones de euros los créditos a promotores e inmuebles adjudicados, y asimismo, dotará 211,7 millones a capital para cubrir en mayor medida la exposición al suelo y las promociones en curso".
   "Lo haremos sin acudir a ayudas públicas, con cargo únicamente a nuestras reservas, resultados  y fondo genérico", ha apostillado De la Cruz antes de finalizar su intervención. El proceso legal y tecnológico de la fusión de Cajamar Caja Rural, Ruralcaja y Caja Rural Castellón concluirá el mes de julio una vez sea autorizado por la Secretaría General del Tesoro del Ministerio de Economía y Competitividad, previo informe del Banco de España, y quede inscrito en los registros correspondientes.
   Será entonces cuando inicie su andadura la nueva entidad, cabecera del Grupo Cajas Rurales Unidas, que de entrada estará formado por 22 entidades que representan en torno al 50 por ciento de los activos y el negocio del sector de las cajas rurales españolas.

Los observadores solo constatan "pequeños incidentes" en los comicios argelinos

ARGEL.- Las elecciones parlamentarias celebradas este jueves en Argelia se han desarrollado en unas condiciones que, a juicio de los observadores internacionales, han sido "satisfactorias en general", si bien a lo largo de la jornada se han producido "algunos pequeños incidentes".

   El jefe de la delegación de la Unión Europea, el eurodiputado  español José Ignacio Salafranca, ha asegurado en rueda de prensa al cierre de los colegios que sólo se han producido incidentes "muy limitados" que no enturbian el proceso en su totalidad.
   "Entre el 85 y el 90 por ciento de los informes de los observadores (de la UE) son satisfactorios", ha dicho Salafranca, cuyas declaraciones recoge la agencia oficial de noticias APS. En este sentido, no se tiene constancia de "ningún intento de fraude" y las irregularidades se limitan básicamente a actos de campaña en las inmediaciones de colegios electorales.
   En este sentido, la Comisión Nacional para la Supervisión de las Elecciones Legislativas (CNSEL) ha remitido a la Justicia diez denuncias que contemplan supuestos delitos cometidos durante la votación, según ha explicado el presidente de esta institución, Slimane Boudi.
   Las denuncias van dirigidas contra militantes políticos que estarían relaciones con presuntas irregularidades, entre ellas la petición de voto pese al fin de la campaña. Boudi también ha coincidido con Salafranca en que la votación se ha desarrollado "en buenas condiciones", según informa el diario 'El Watan'.
   Este jueves, más de 21 millones de argelinos estaban llamados a las urnas para elegir a los próximos 462 diputados en la Asamblea Popular Nacional. Hasta las cinco de la tarde, la tasa de participación era del 34,5 por ciento, similar a la registrada en los comicios de 2007 al cierre de los centros de votación.
   A la espera de los resultados oficiales, el secretario general del Frente de Liberación Nacional (FLN), Abdelaziz Beljadem, ha dado por segura la victoria de su partido. Sin revelar una cifra concreta, Beljadem ha dicho a 'Tout sur l'Algerie' que la formación se ha hecho "con el mayor número de escaños" en la Asamblea.

Votó menos de la mitad 

La tasa de participación en las elecciones legislativas celebradas este jueves en Argelia, las primeras que se celebran en el país después de la primavera árabe, se situó en el 42,90%, anunció por la noche el ministro del Interior Daho Ould Kablia.
"La participación global -territorio nacional más la comunidad nacional en el extranjero" es del 42,90%", dijo el ministro en conferencia de prensa.
En las elecciones de 2007, la participación fue sólo del 35,67%, un récord motivado por los numerosos casos de fraude desde la instauración del multipartidismo en el país en 1989.
Los colegios electorales cerraron a las 19.00 locales (18.00 GMT) en los dos tercios de los municipios y una hora más tarde en el resto (543 municipios), por decisión del propio Kablia.
Más de 21,5 millones de personas estaban convocados para elegir a 462 diputados en el marco de las reformas iniciadas por la presidencia argelina tras la primavera árabe.
Tras las manifestaciones y disturbios del año pasado, el presidente del país Abdelaziz Buteflika optó por impulsar reformas relativas a la prensa, las asociaciones, las mujeres o el voto, pero sin consultar a la oposición, que había salido a la calle para expresar su descontento ni a los sindicatos autónomos.
La oposición estimó que estos comicios eran un intento de intensificar el control de la población por parte del Estado, que les ofreció aumentos de salarios y más viviendas.