sábado, 15 de septiembre de 2012

La presidenta de la Audiencia de Almería ve un "acierto" reducir a tres los partidos judiciales

ALMERÍA.- La presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, ha considerado "todo un acierto" la nueva configuración de demarcaciones judiciales que reduce a tres los actuales ocho partidos judiciales aunque ha propuesto, sobre el informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la creación de dos nuevos juzgados en la futura zona del Levante, que agruparía Vera, Huércal-Overa, Purchena y Vélez Rubio, y de otros tres en la de Poniente, que integraría a los partidos de Roquetas de Mar, Berja y El Ejido.

   Molina ha indicado que la "conformidad" con el planteamiento del CGPJ se debe a que responde "fielmente" y "refleja la "idiosincrasia" de una provincia en la que, ha explicado, existen "demasiados partidos judiciales" con descompensaciones en cuanto a carga de trabajo, lo que sumado a la situación económica, que "no hace fácil" la creación de nuevos órganos e "impone una gestión más adecuada de los recursos", provoca que este proyecto sea "imprescindible" para dar un "servicio público de calidad" a los ciudadanos.
   Así se recoge en el informe remitido por la Audiencia Provincial en julio en respuesta a un oficio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) donde, Molina, partiendo de un análisis exhaustivo de la situación actual, hace una propuesta en la que, al margen de la creación de nuevos juzgados en algunos casos, se aboga por especializarlos en Violencia sobre la Mujer y Familia, descentralizar las jurisdicciones Penal y Social --con presencia única en la capital-- y por aumentar las plantillas ya existentes.
   En su radiografía del estado actual de lo que sería la demarcación de Poniente, Molina señala que, pese a que la carga de trabajo que soportan los tres partidos actuales, Berja y Roquetas de Mar resultan "caóticos" frente a El Ejido que funciona de forma "casi correcta". Atribuye esta disfunción a que los dos primeros no cuentan con adscripción territorial de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal (IML), "lo que retrasa de manera considerable la tramitación ordinaria de los asuntos y propicia el trasiego constante de expedientes de un lado a otro".
   Estos dos servicios con los sí que cuenta El Ejido, sumados a los once funcionarios que trabajan en el servicio común de notificaciones y al nuevo edificio judicial, hacen, según resalta, que puedan afrontar con "mayor flexibilidad una carga de trabajo que también es considerable".
   La solución a la situación de "colapso" que se registra en los cinco juzgados de Roquetas de Mar y en los dos de Berja pasa, según remarca Molina, por ampliar dos juzgados más en el municipio roquetero y en El Ejido, y uno en la localidad virgitana hasta alcanzar 17 órganos judiciales en la demarcación de Poniente.
   De ellos, siete serían de Primera Instancia, y seis de Instrucción, uno de Familia, uno de Violencia sobre la Mujer, otro de lo Penal y otro de lo Social. La propuesta recoge, así mismo, que los servicios comunes también se compartirían quedando a cargo de un secretario con funciones en exclusiva. Añade que la plantilla de funcionarios debería aumentarse en 16 y las adscripciones territoriales de Fiscalía e IML en número proporcional correspondiente.
   Con respecto al Levante, que completa un panorama provincial que Molina califica como "desolador", la presidenta de la Audiencia almeriense plantea la necesidad de ampliar de ocho a diez juzgados en total de los que cuatro serían de Instrucción, otros cuatro de Primera Instancia, uno de Familia y otro de Violencia sobre la Mujer. También compartiría los servicios comunes dirigidos por un secretario con funciones exclusivas y las adscripciones territopriales de IML y Fiscalía mientras que la plantilla de funcionarios habría de elevarse al menos en 12.
   Para Molina, a la vista de análisis de partida, las "disfunciones" que padece el actual sistema de demarcaciones judiciales se "agravan" en el Levante por la existencia de dos juzgados únicos que conforman los partidos de Purchena y Vélez Rubio y que están "totalmente descompensados".
   Así, mientras el segundo es un juzgado "controlado", el de Purchena tiene una situación "casi desbordante por el aumento de asuntos civiles debido a la crisis que se ha cebado en la Comarca del Mármol", y la "gran cantidad de centros geriátricos y de protección de menores". A esto, añade la distancia kilométrica de ambos con la adscripción territorial de Fiscalía e IML, con sede en Huércal-Overa, donde únicamente señala como problema que las tres sedes judiciales en este municipio "están en unas dependencias obsoletas que, de forma difícil, pueden cumplir con los parámetros de la nueva oficina judicial".
   En caso de Vera, como "demuestra las numerosas inspecciones realizadas y los informes elevados al TSJA" según subraya Molina, el funcionamiento es "caótico, con un gran atraso en la tramitación y ejecución de todos los asuntos civiles y penales" y con un servicio común de actos de notificación que "solo cuenta" con cuatro funcionarios que "no pueden afrontar la vigente carga de trabajo".
   El informe elaborado por Molina mantiene la demarcación territorial que tiene en la actualidad el partido judicial de Almería capital aunque con la ampliación, sino del número de órganos judiciales, sí de magistrados para cada orden jurisdiccional además de un cambio en la configuración de las guardias, que pasarían de ser semanales a ser de 24 horas.
   Según recoge la propuesta, para orden social serían precisos dos más sobre los cinco que ejercen en la actualidad; en penal, tres que se sumarían a los cinco existentes y en civil dos hasta alcanzar los nueve contando Mercantil. En el caso de contencioso-administrativo, señala la necesidad dos más mientras que instrucción se incrementaría en un magistrado sobre los seis actuales.
   Molina hace referencia, asimismo, al Plan de Refuerzo aprobado para los juzgados de lo contencioso-administrativo y que está ya en marcha para Penal y Social, y apunta que el Juzgado de Menores debería ampliarse a un magistrado más, "permaneciendo igual el de Violencia sobre la Mujer y el de Vigilancia Penitenciaria".
   Molina, quien ha puesto como ejemplo de cómo esta "ambiciosa reforma" va a "mejorar" la actual situación al partido judicial de Almería, ha trasladado que, de momento, se trata de una propuesta sobre la que le "consta" que el Ministerio de Justicia "va a tener en cuenta las consideraciones de otras administraciones y organismos".
   "La idea no es dar protagonismo a un municipio sobre otro sino optimizar los recursos y eliminar agravios comparativos palpables como los que se dan ahora entre Vera y Huércal-Overa, o entre El Ejido y Roquetas de Mar", ha indicado para, a continuación, resaltar que "el objetivo es dar una respuesta al ciudadano en el menor tiempo posible, algo que, hoy por hoy en Almería, no se puede hacer".
   Para la presidencia de la Audiencia Provincial, la reforma "va a mejorar la situación de forma clara" aunque ha advertido de que "no basta" si no se modifican las plantillas de funcionarios, entre otros aspectos.
   Molina, quien ha asegurado que aún se desconoce si el proyecto contempla el traslado de sedes judiciales o cómo se va a articular, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los entes locales y a los ciudadanos, "que no verán mermados sus intereses sino que verán como el sistema judicial funciona mejor, más rápido y con el mismo coste".

Diputación inicia el proyecto Calmarr de cooperación entre Almería y Marruecos dotado con un millón de euros

ALMERÍA.- La Diputación ha presentado el Proyecto Calmarr, una iniciativa que acercará inversiones por valor de un millón de euros a la comarca del Bajo Andarax para revalorizar el turismo en los siete municipios que la componen mediante un plan de cooperación entre la provincia y Marruecos. 

   El diputado provincial de Promoción Económica, Amós García (PP), junto al presidente de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, Eugenio Gonzálvez, ha expuesto la iniciativa que "tiene como filosofía hacer posible el trabajo de territorios pertenecientes a regiones fronterizas con características comunes con el fin de fomentar el enriquecimiento mutuo".
   García ha explicado que esta comarca es un área metropolitana próxima a Almería capital "que presenta dificultades a la hora de generar y financiar un crecimiento económico diversificado, basado en su propio turismo, aspectos que contribuyen a que a que sea una zona idónea para desarrollar una iniciativa de este tipo". El proyecto "ofrece la posibilidad de abrir nuevos caminos y oportunidades de crecimiento para el futuro de la Comarca del Bajo Andarax".
   La duración prevista del proyecto es de dos años y el presupuesto global asciende a 1.005.700 euros, de los que el 75 por ciento proceden de fondos Feder mientras que el resto está financiado por la Diputación de Almería --219.550 euros-- y la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, hasta los 31.875 euros.
   "El proyecto Calmarr es una excelente oportunidad para situar a la Comarca del Bajo Andarax donde por meritos propios le corresponde y contempla una serie de actividades de gran importancia, toda vez que nos va a permitir sentar en  una misma mesa a expertos que nos van a enseñar a potenciar lo que tenemos  y a vender mejor nuestros recursos", ha añadido el diputado.
   El proyecto incluye un plan estratégico y un plan de marketing para promocionar el patrimonio cultural, paisajístico y humano de la comarca. Asimismo, contempla dotar de contenido los centros de interpretación turística de los siete pueblos de la comarca, y desarrollar y divesificar la economía con nuevas oportunidades de negocio.

El SAT rechaza la reprobación en el Parlamento de los asaltos porque PP y PSOE "son arcaicos y viejos"

ALMERÍA.- El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha rechazado la votación parlamentaria en la que PSOE-A y PP-A han reprobado la estrategia de "asaltos y ocupaciones que desde el mes de agosto" se han venido produciendo en Andalucía por parte del sindicato, liderados por el diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, porque, a su juicio, ambos partidos políticos son "arcaicos y viejos como los dinosaurios" y "defienden un sistema que nos está llevando a la bancarrota". 

 Cañamero ha minusvalorado el acuerdo de los parlamentarios a la vez que ha considerado que la sociedad tendría que "quitar de la vida pública" a ambas formaciones "porque no representa a nadie aunque tengan el voto".
   "Nadie vota a estos partidos para que haya reforma laboral, suban el IVA, los impuestos, quiten los 400 euros o el chequebebé", ha exclamado el líder del SAT, quien ha acusado de PSOE y PP de originar el "desastre económico, ecológico y cultural" a la hora de subestimar la acción del pleno, que ha sido rechazada por IULV-CA.
   Asimismo, ha asegurado que el PP trata de "desprestigiar a los dirigentes obreros reprobando a Sánchez Gordillo", sentido en el que ha cuestionado que no se "arremeta" contra otros casos o personalidades. "Quieren desprestigiar a un dirigente obrero que ha tenido la osadía de ponerse al frente y señalar a los culpables de la crisis", ha enfatizado.

Una mujer critica "discriminación" al no poder cursar un ciclo formativo en un colegio concertado masculino de Almería

ALMERÍA.- Una mujer de Almería ha denunciado públicamente un caso de "discriminación" ante la imposibilidad de cursar este año un ciclo formativo en el centro educativo concertado 'Campomar' de Aguadulce, en Roquetas de Mar, ya que éste segrega a los alumnos por sexo, de forma que no admite a mujeres, lo que lleva a la afectada a "no tener la misma igualdad de oportunidades que un varón". 

   Según ha explicado la pareja de la mujer, Demetrio Otero, no existe una oferta formativa similar en toda la provincia, por lo que para cursar el ciclo formativo de Jardinería y Floristería, la afectada se vería obligada a desplazarse a otra provincia, con lo que, según manifiesta, carece de las mismas oportunidades que un hombre para completar su formación en un centro sufragado con fondos públicos.
   Otero señala que se han realizado los trámites oportunos para matricularse de cara al curso 2012/2013, si bien la solicitud no fue admitida, por lo que se interpuso una reclamación y un recurso de alzada ante la Delegación de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que "a día de hoy están sin contestación".
   Con esto, considera que el caso de Almería es "distinto" al de otros centros concertados, pues "al no existir oferta del mismo ciclo formativo en Aguadulce o en las proximidades, la igualdad de oportunidades es vulnerada y por lo que estamos viendo, desde hace tiempo". En este sentido, apuntan a que el instituto más próximo que ofrece tal curso se encuentra en Málaga.
   Además, asegura que la web de la Consejería de Educación oferta este ciclo formativo en el centro referido "sin especificar que es solo para varones" dadas las características del colegio, por lo que ha acusado falta de información a la hora de señalar las características del centro.
   "El curso está a punto de empezar y todo son largas, supongo que con intención de que este caso quede en el olvido", señala la pareja sentimental de la afectada, quien sospecha que la mujer perderá este curso pese a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que defiende a las administraciones públicas que se nieguen a suscribir convenios económicos con colegios concertados que segregan por sexos.
   En este sentido, critica que la Junta de Andalucía se "escude" en las medidas cautelares adoptadas por el TSJA a raíz de un caso similar que engloba a una docena de centros de la región y que obliga a mantener los pagos a los colegios de diferencian por sexo.

España vista hoy por una corresponsal alemana / Stefanie Claudia Müller *

Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.

En Alemania crece la critica contra la supuesta "mentalidad de fiesta" de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.

España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.

Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.
La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.

Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.

Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa. Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente venales.

La pasada semana el ministro de Industria Soria imputado también por corrupción urbanística en Canarias acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.

No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.

Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.

El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.

Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.

Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.

Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.

Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.

(*) Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista

Las políticas liberales agotan el agua del mundo

HALIFAX.- El agua, fuente de vida, es también fuente de graves conflictos. Para los expertos, la creciente escasez de agua en muchos países constituye una gran amenaza para la seguridad y el desarrollo, y debe ser tema de análisis prioritario en el Consejo de Seguridad de la ONU, según se apunta en un estudio reciente. Pero el informe ignora que la mayor amenaza son las políticas de libre mercado, que convierten ese recurso en una mercancía. 
 
China e India no tendrán suficiente agua potable para satisfacer sus necesidades antes de 2030, alerta el informe «The Global Water Crisis: Addressing an Urgent Security Issue» (»La crisis global del agua: encarando un urgente tema de seguridad»), divulgado esta semana. Mucho antes, la escasez generará conflictos y empeorará la inestabilidad en África subsahariana, Asia occidental y el norte de África. «El futuro impacto político de la escasez de agua podría ser devastador», según Jean Chrétien, copresidente del Consejo de InterAcción (IAC, por sus siglas en inglés), -un grupo de 40 exgobernantes- que ha participado en el estudio.
Para el ex primer ministro canadiense, Jean Chrétien, «usar el agua de la manera en que lo hicimos en el pasado simplemente no será sostenible». El IAC, el Instituto para el Agua, el Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas, y la Walter and Duncan Gordon Foundation, de Canadá, organizaron una conferencia de expertos en el tema en 2011. Las deliberaciones en ese encuentro derivaron en una serie de conclusiones ahora incluidas en el informe.
Para 2025, el mundo tendrá que alimentar cerca de 1.000 millones de bocas más, con lo que el sector agrícola por sí solo necesitará cada año una cantidad de agua adicional equivalente al flujo anual de 20 ríos Nilo y 100 ríos Colorado. Además, el sector de la energía tendrá que competir por los limitados recursos hídricos con otros sectores que también consumen agua, lo que tendrá un gran impacto en el desarrollo. Agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos alertan que hay áreas del mundo en que la situación del agua se está agravando, mientras se resiente la capacidad local para responder a sequías e inundaciones, apunta Zafar Adeel, director del Instituto para el Agua, el Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas. «Dentro de una década, esto podría derivar en problemas de seguridad» y sostiene que «la comunidad internacional tiene que invertir mucho más, para mejorar el uso del agua».
Entre las recomendaciones del informe hay una llamada de atención para incrementar aproximadamente 11.000 millones de dólares las inversiones anuales en redes de agua y saneamiento. Adeel recuerda que «actualmente muere un niño cada 20 segundos por enfermedades relacionadas con el agua». 

Activistas responden
La presidenta nacional del Consejo de Canadienses, Maude Barlow dice que «celebramos la atención que le han dado esos líderes mundiales a la crisis global del agua». «Sus voces tienen mucho peso, y pueden captar la atención de los actuales líderes políticos, algo que a nosotros en la sociedad civil nos es difícil».
Barlow es autora del libro «Blue Covenant: The Global Water Crisis» (Pacto azul: la crisis mundial del agua), y fue una de las líderes en la campaña para que la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) reconociera en 2010 que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano. Barlow apoya los resultados del informe de IAC que hace un llamamiento a que las naciones y las instituciones internacionales adopten medidas de conservación, reutilización y protección del agua, así como a invertir en infraestructura para asegurar servicios. Pero la activista señala que la gran omisión en el informe y en sus recomendaciones es el reconocimiento de que «la demanda exponencial de agua está directamente unida al estilo consumista alimentado por la globalización».
Según Barlow, el crecimiento económico incontrolado, el libre comercio desregulado y la gobernanza corporativa son las mayores amenazas al agua. «La agricultura industrializada y el comercio global de alimentos han provocado una grave pérdida de agua del mundo. Necesitamos políticas locales sostenibles que recompensen el uso responsable de las cuencas». Barlow lamenta que el informe no fuera al corazón del problema. «Solo habrá seguridad de agua en el futuro si esta es declarada un patrimonio común y un bien público, administrado equitativamente para el bien de todos».