martes, 14 de septiembre de 2010

Medgaz prevé que el gasoducto Argelia-España esté listo este año

ORÁN.- El gasoducto que enviará gas desde Argelia al sur de España, en Almería, estará técnicamente preparado para operar a plena capacidad en el cuarto trimestre de 2010, estimó el martes un portavoz del consorcio Medgaz.

"Desde el mes de julio se están realizando pruebas con gas en la Estación de Compresión de Beni Saf (Argelia). Las previsiones son que el gasoducto esté técnicamente preparado para operar a plena capacidad en el último trimestre de 2010", dijo un portavoz de Medgaz.

La argelina Sonatrach construyó el gasoducto, que tiene una capacidad de transporte de 8.000 millones de metros cúbicos de gas, en consorcio con las españolas Cepsa, Endesa -filial de la italiana Enel- e Iberdrola, así como con la francesa GDF Suez.

La puesta en marcha de esta nueva ruta exportadora a Europa ha sido retrasada en varias ocasiones. Argelia esperaba que estuviera operativa a finales de 2009, aunque posteriormente socios españoles estimaron que se retrasaría al mes de junio.

Sonatrach dijo que preveía la apertura en el mes de julio, mientras que el ministro argelino de Energía indicó que se demoraría hasta septiembre.

Caja Rural de Toledo niega "rotundamente" que haya iniciado un proceso de fusión con Cajamar

TOLEDO.- La Caja Rural de Toledo ha negado esta tarde "rotundamente" que la entidad haya iniciado un proceso de fusión con Cajamar, antigua Caja Rural de Almería, según han informado fuentes de la entidad toledana.

Estas mismas fuentes destacan que no han comenzado "ningún tipo de negociación ni de conversación" con otras cajas rurales y añaden que en estos momentos están analizando "la situación en la que se encuentran" tras el proyecto de fusión --anunciado la semana pasada-- de las cajas rurales de Ciudad Real, Albacete y Cuenca.

En una nota de prensa, la cooperativa de crédito asegura que "quiere dejar claro que no ha aceptado ninguna negociación en este sentido" y subraya "que en este momento no mantiene contactos encaminados a una fusión ni con esta entidad ni con ninguna otra".

"En lo único en lo que Caja Rural de Toledo está ahora mismo centrada es en seguir desarrollando su actividad diaria dentro de las provincias de su ámbito de actuación -Toledo, Guadalajara, Madrid y Ávila- con serenidad y con total y absoluta normalidad, así como en seguir satisfaciendo las necesidades de sus socios y clientes", añade.

Por último, Caja Rural de Toledo señala que la entidad "siempre ha analizado, y continuará haciéndolo en el futuro, cualquier tipo de planteamiento estratégico que respete en todo momento los intereses de sus socios y clientes".

Por su parte, Cajamar, en un escueto comunicado, "niega la existencia de un acuerdo de fusión con la Caja Rural de Toledo".

Recomponer las relaciones con Marruecos / Ignacio Sotelo *


Me temo que a los mismos a los que les saca de quicio el nacionalismo catalán o vasco, incluso tal vez a algunos de los que denuncian el nacionalismo como la estupidez que más males ha causado en el siglo XX, les pueda irritar una disquisición sobre Ceuta y Melilla que no considere eterna la pertenencia a España. Son plazas de soberanía española y sería un crimen de lesa patria poner en duda la integridad territorial de la nación. No somos pocos, sin embargo, los que pensamos que el verdadero crimen lo cometen los fanatismos de todo tipo que bloquean la reflexión que ponga en tela de juicio dogmas sagrados.

Melilla está bajo dominación española desde 1497 y Ceuta, después de la independencia de Portugal, elige en 1640 permanecer española. Empero no vale apelar a la antigüedad de la presencia española para defender una indefinida, ni tampoco el hecho de que el Reino de Marruecos sea posterior suprime el derecho a reclamarlas. La historia ya se encarga de estudiar el papel que estas plazas desempeñaron en los siglos XVI y XVII en la lucha contra la piratería y la amenaza musulmana, o en las ambiciones colonialistas en la segunda mitad del XIX y los dos primeros decenios del XX. Dejemos el estudio del pasado a los historiadores y ocupémosnos de lo que ahora importa, el papel que Ceuta y Melilla -centros de comercio informal, a la vez que puntos de fricción- juegan en las relaciones con Marruecos.

Nada dificulta tanto la solución de litigios internacionales o nacionales como sacar a relucir los llamados "derechos históricos". No se puede ser crítico a que el nacionalismo periférico los invoque, y traerlos a colación ante Marruecos, para luego negarlos a los que sueñan con la reconquista musulmana de Andalucía. Recomponer a la larga las relaciones con Marruecos supone dejar a un lado la discusión histórica y jurídica de los derechos de España y de Marruecos sobre las dos ciudades, tomando en consideración únicamente los intereses de ambos países en el momento actual.

Desde una racionalidad que aspire a obtener resultados, al tratar de nuestras relaciones con Marruecos, debería ser obvio empezar por dilucidar la relación existente entre los costos de mantener la soberanía en estas ciudades y los beneficios que se derivan para España, y no solo para unos cuantos cientos de comerciantes y funcionarios. Llama poderosamente la atención que al enfrentarnos a los ya frecuentes conflictos con Marruecos, permanezca en un trasfondo oscuro la reivindicación de estas dos ciudades, que en Marruecos ocupa un lugar preferente. No parece descabellado pensar que la causa del silencio español sea el viejo nacionalismo, que algunos se empeñan en atribuir en exclusiva a nuestros connacionales del norte, que es el que impide que nos

preguntemos, si beneficios y costes, tanto de la permanencia, como de una posible salida negociada, avalan o no, la política que se lleva a cabo. Incluso si el tema no incidiera en las relaciones con Marruecos, y evidentemente no es el caso, podríamos llegar a la conclusión de que convendría ir pensando en retirarnos, simplemente como una forma de eliminar gastos superfluos por la presión de intereses muy particulares y vanos afanes de prestigio.

Aunque, como me temo, el balance fuera claramente negativo, tanto por la carga económica que representa para España, como porque abre una espita que Marruecos podría aprovechar en cualquier momento de debilidad, nadie en su sano juicio propondría el abandono inmediato, ni siquiera a corto plazo, de estas plazas de soberanía. Si seguimos sin hacernos cargo del problema, en una situación de emergencia habría que temer más bien una salida precipitada: de ello tenemos antecedentes, y no solo en el Sáhara occidental. En vez de ofuscarnos con mitos del pasado, lo racional sería iniciar negociaciones con Marruecos para encontrar una solución a largo plazo, digamos en 20 años, tiempo imprescindible para poder ir acoplando los distintos intereses de los españoles en ambas ciudades, pero también los de los marroquíes del entorno.

Encontrar una salida adecuada conviene a España, no solo por el aspecto financiero -nunca tiene sentido un gasto innecesario, que se justifica en prejuicios obsoletos- sino, en primer lugar, porque unas negociaciones inteligentes permitirían estrechar las relaciones políticas, económicas y culturales con Marruecos, que nos son cada vez más importantes. En un mundo globalizado, en el que las fronteras nacionales cuentan cada vez menos, la vecindad adquiere una nueva significación. Somos más interdependientes de cada parte del mundo, pero sobre todo de nuestros vecinos, al norte de los Pirineos y al sur del Estrecho. En el fondo, deberíamos considerar el desarrollo socioeconómico de Marruecos una cuestión de política interior, al depender de ella asuntos de tanta envergadura, como el control de la inmigración, o la amenaza terrorista, vinculada al islamismo radical.

Marruecos, como España, tienen su mayor mercado en la Europa comunitaria, y las relaciones con la Unión Europea es un tema central que nos vincula de manera positiva, si sabemos cooperar, o negativa, si las planteamos como una competencia desleal. Marruecos es el país que más se ha beneficiado de "la política europea de vecindad", pasando de la "cooperación" a la "asociación". En vez de despotricar por las exportaciones marroquíes, deberíamos aprovechar el envite, para no solo mejorar nuestra productividad agrícola, sino reconvertirla en una industrial que amplíe el mercado al otro lado del Estrecho. Contribuir al desarrollo socioeconómico de Marruecos es una forma de desarrollarnos nosotros mismos como país exportador de capital y tecnología.

Pese a tan largos lazos históricos, cualquiera que viaje por Marruecos comprueba la escasa presencia del español y la muy limitada de nuestros productos. Cambiarían significativamente las cosas si, además de la excelente labor de los institutos Cervantes, fuéramos capaces de patrocinar, por ejemplo, una Universidad Politécnica con profesores españoles, que contribuyera a expandir nuestra tecnología. No se trata ahora de hacer sugerencias de colaboración mutua, pero las posibilidades son muchas y muy variadas.

No se me ocultan los obstáculos que para la cooperación entre los dos países provienen de la parte marroquí, el mayor, que sea una democracia deficiente que se trasluce en corrupción, bajo nivel cultural y alta desigualdad social. Ello limita considerablemente, qué duda cabe, una política eficaz de desarrollo, pero el Marruecos de hoy no se diferencia mucho de la España de los años cuarenta y cincuenta, y logramos salir del pozo. He observado una cierta simpatía de los marroquíes por los españoles, siempre que sepamos respetarlos como se merecen. Pese a nuestra herencia árabe, en todo caso, conviene no olvidar que son tan orgullosos, pero mucho más astutos, que nosotros.

(*) Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología

COAG exige al Gobierno que busque aliados para frenar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos

ALMERÍA.- El sindicato agrario COAG ha exigido al Gobierno que lidere un frente de países mediterráneos y busque aliados para frenar la ratificación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos ya que este jueves el Colegio de Comisarios de la UE tiene previsto aprobar, si procede, el proyecto legal para la renovación de dicho acuerdo.

En una nota, COAG se ha dirigido a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, y le ha recordado que "votar a favor del acuerdo UE-Marruecos es votar en contra de los productores españoles de frutas y hortalizas". Así, ante la "previsible aprobación" que incluye la revisión del protocolo agrícola, COAG ha insistido en mostrar su "más absoluto rechazo".

Una vez aprobado por la Comisión Europea, el acuerdo debe ser aún ratificado por el Consejo de Ministros de la UE y por el Parlamento Europeo, así como por el Reino de Marruecos. COAG reclama firmeza al Gobierno español y exige que su voto en el Consejo sea contrario a la renovación del acuerdo.

El responsable del sector de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha señalado que "ya es hora de que la ministra Espinosa defienda los intereses de uno de los sectores más importantes de la agricultura española y no permita que nos vuelvan a pasar por encima, ya que España debe liderar un frente de los países mediterráneos de la UE y buscar aliados para frenar la ratificación del acuerdo en el Consejo".

Por otro lado, COAG solicita "sensibilidad y responsabilidad" a los eurodiputados españoles del Parlamento europeo con los problemas que afectan a los agricultores.

"No se puede avanzar la liberalización comercial en el capítulo agrícola con Marruecos mientras no se asegure el seguimiento, control y cumplimiento del acuerdo en vigor y hasta que no se incluyan cláusulas sobre condiciones laborales, sociales y medioambientales en Marruecos y medidas compensatorias para los agricultores afectados".

Durante los últimos meses, COAG se ha movilizado contra la renovación del acuerdo, tanto en manifestaciones, como la que tuvo lugar en Granada a comienzos del mes de marzo coincidiendo con la celebración de la cumbre UE-Marruecos, como mediante diversas acciones de presión en el ámbito europeo.

Entre otras actuaciones, COAG también ha participado en la elaboración de diversos dictámenes del Comité Económico y Social Europeo, en los que ha conseguido introducir sus reivindicaciones y ha promovido un envío masivo de cartas a 250 europarlamentarios por parte de las organizaciones del Comité Mixto franco-hispano-italiano reclamando la no ratificación del acuerdo.

El Ayuntamiento de Níjar invertirá 150.000 euros del Proteja 2009 a la pavimentación de Aguamarga

NÍJAR.- El núcleo costero de Aguamarga, en Níjar, tendrá para finales de diciembre un nuevo pavimento en las calles Ensenada y Miramar, gracias a las obras financiadas con 150.000 euros del Plan de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja) de 2009 que la Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento de Níjar (PP) comenzará a finales de este mes.

Según informó el Ayuntamiento en una nota, el objetivo es dotar a esta localidad de una mejora en el aspecto del pavimento así como las canalizaciones de servicios públicos que discurren subterráneas.

La actuación, adjudicada a la empresa Manuel Nieto, consiste en quitar el actual pavimento y sustituirlo por otro que conserve las características del antiguo, pero que contemple las pequeñas modificaciones que se adapten a las nuevas construcciones, mediante adoquines en color gris y rojo.

Asimismo, se procederá a revisar las canalizaciones de servicios públicos, como el de abastecimiento de agua o alumbrado público, con el objetivo de actualizar su mantenimiento.

Esta obra, prevista que comenzara en junio y que se pudiera acabar a finales de julio, se acomete en este momento ya que el Consistorio nijareño pidió a la Junta de Andalucía una prórroga para su ejecución, al atender a las demandas de los comerciantes y empresarios turísticos de Aguamarga.

El concejal del Área de Obras Públicas, Rafael Salvador (PP), señala que "con esta actuación completamos la rehabilitación del casco urbano de Aguamarga, y esperamos concluir la actuación antes de Navidad, cuando volverá a ser un periodo fuerte de ocupación y trabajo en el sector turístico del municipio".

La FEMP pide que municipios solventes puedan endeudarse

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado por unanimidad una resolución en la que pide al Gobierno que los ayuntamientos cuya deuda supere el 75 por ciento del gasto corriente pero su economía esté saneada y tengan capacidad de amortizarla puedan endeudarse también en 2011.

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha destacado en rueda de prensa que la resolución se ha adoptado por acuerdo de todos los partidos representados en la Ejecutiva, esto es, PSOE, PP, IU, CiU y UPN y ha avanzado que se ha enviado a la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, al vicepresidente territorial, Manuel Chaves, y a los portavoces de todos los grupos del Congreso.

La resolución consta de seis puntos, y pide adecuar el porcentaje de endeudamiento local con carácter excepcional durante 2011, de forma que ningún ayuntamiento saneado económicamente y con capacidad para amortizar su deuda quede excluido de la posibilidad de endeudamiento acordada la semana pasada con el Gobierno.

Según ha explicado Castro, los municipios que estén en esa situación podrán presentar planes de viabilidad económica al Ejecutivo para que, una vez analizada su solvencia, acceder a esa financiación.

Asimismo, la FEMP reclama que se posibilite excepcionalmente la refinanciación de la deuda que venza en el ejercicio, sin que sea considerada dentro del límite de endeudamiento.

Dentro de la flexibilidad en el límite de endeudamiento, solicita que se consideren los proyecto plurianuales o cofinanciados con otras administraciones públicas.

Pedro Castro ha destacado que la unanimidad en el seno de la Ejecutiva da "fuerza" a los ayuntamientos a la hora de hacer esta reclamación, así como el "compromiso" de los municipios con las medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis.

Ha reconocido que, tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno, se han quedado fuera de la posibilidad de endeudarse ayuntamientos tan importantes como Madrid, Valencia, Zaragoza o Málaga que, demostrando su solvencia económica, podrían acceder a esta financiación si el Ejecutivo admite la propuesta de la FEMP.

Por último, ha hecho hincapié en que no ha habido ningún acuerdo de la FEMP que no esté "dentro del plan de saneamiento" de la economía española presentado por el Gobierno en Europa porque los ayuntamientos se comprometieron a ser "valedores" del Ejecutivo frente a la crisis, "arrimar el hombro" y "apretarse el cinturón".

Sopesan seriamente cambiar el nombre a la discoteca 'La Meca', de Águilas, para no ofender a ningún creyente musulmán



ÁGUILAS.- Los nuevos propietarios de la discoteca La Meca, de Águilas, cambiarán casi seguro su nombre tras las amenazas recibidas por correo electrónico y por medios de comunicación islámicos después de que la noticia de su reapertura apareciese en el blog Islam Murcia, editado por el periodista Paulino Ros, a partir de lo cual se extendió por varios foros de Internet como un reguero de pólvora.

La voz de alarma en la Red la dió un inmigrante, senegalés y musulmán, que rechazó una oferta de trabajo en la citada discoteca porque el nombre y la estética del lugar, con sus minaretes postizos que simulan una mezquita, ofendían a su religión. La primera reacción fue un video en Youtube que pedía el boicot a los intereses españoles con un texto llamando a la lucha contra quienes nombran a Dios en vano. Sin embargo, otros musulmanes permanecen en plantilla.

Grandes medios de comunicación musulmanes, como Al Arabiya, han criticado la denominación de la discoteca por considerarla una ofensa. Irán Radio Islam lo calificaba la pasada semana como "un claro insulto al santuario islámico de La Meca", en Arabia Saudí.

Un equipo de Al Jazeera se ha desplazado a Águilas mientras la versión en castellano de Irán Radio Islam también ha llevado ya la noticia a su página web. «Es insultante», señala la emisora del país de los ayatolás.

Mientras, Al Arabiya titula que el nombre de la discoteca «ultraja a los musulmanes españoles». En el texto, se señala que «un musulmán se negó a trabajar en este controvertido lugar» y se explica que la referencia al lugar sagrado «ha enfurecido» a los creyentes.

La Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri) denunció ya el pasado mes de agosto que poner el nombre de La Meca a un local de copas «es grotesco y constituye una falta de respeto contra los musulmanes».

Los actuales propietarios de La Meca aguileña, el empresario Javier Hernández y el locutor Pedro Morata, de la Cadena SER, tratan de calmar ahora los ánimos de los grupos que han podido sentirse ofendidos y sopesan seriamente cambiar el nombre del local para evitar problemas mayores, nuevas amenazas y frenar la polémica.

Reiteran que la instalación de ocio, cerrada durante quince años, no tiene ninguna motivación ligada a la religión, ni se reabrió con el nombre originario con el fin de ofender al colectivo musulmán. El hecho es que en ese tiempo de inactividad ningún grupo radical relacionado con Al Qaeda lo consideró una provocación.

Los propietarios están dispuestos ahora a buscar un nombre "que no hiera la sensibilidad de ninguna religión", aunque aseguran que "nunca hemos predicado contra el Islam ni contra nadie".

El cambio de nombre supondrá, además, la mudanza de toda la decoración de la discoteca, ambientada y ornamentada desde hace 22 años con figuras y formas islámicas, aunque entre sus escrituras no recoge ninguna referencia al Corán.

Sin embargo, Antonio García Petite, abogado, miembro fundador del Comité de Arbitraje Musulmán y Buenas Prácticas señaló que “denominar a una discoteca como La Meca , nos parece inadecuado, porque las actividades que allí se ofrecen, como ocio, contravienen principios tales como el consumo de alcohol y otros comportamientos sociales que el Islam no aprueba".

Mientras, Mohamed Hamed Ali, presidente de la Federación Española de Entidades Religosas Islámicas (FEERI), ha manifestado que “el nombre Meca es sagrado para nosotros, los musulmanes, porque es el lugar hacia donde todos los musulmanes del mundo se dirigen cuando hacen sus plegarias y rezos, además de ser nuestro lugar sagrado por excelencia, porque en él descendió el Corán sobre nuestro Profeta; poner el nombre de La Meca a una discoteca es grotesco y constituye una falta de respeto hacia el Islam y los musulmanes.

Para colmo, los ulemas de Marruecos (la comunidad de estudiantes del Islam y la Sharia) se han pronunciado contra el PP, partido que gobierna en Águilas, porque "ha promocionado y dado autorización para poner el nombre de La Meca a una discoteca y eso lo hacen los partidos extremistas".

En cualquier caso, el próximo fin de semana se abrirán las puertas de esta otra Meca, tal y como estaba previsto, según confirman sus dueños.

Las amenazas vertidas no van a provocar el cierre de la discoteca, que seguirá con su programación habitual, al menos que lo impida la Delegación del Gobierno en aras de la seguridad pública de ciudadanos y propiedades por recomendación del CNI.

La mecha de esta polémica trae ahora de cabeza a los servicios de inteligencia españoles sin saber que la instalación carece aún de licencia municipal de obras y, en consecuencia, de apertura de establecimiento, según ha podido verificar el letrado Juan Carlos García Renovales, defensor de los intereses de los vecinos del paraje.

El tema de una presunta prevaricación del alcalde del PP, Juan Ramírez Soto, planea en todo este asunto como escándalo añadido que normalmente terminará en los juzgados al denegar el Ayuntamiento de Águilas, gobernado en efecto por una derecha extrema, el cierre provisional de la discoteca por actividad molesta dentro de una zona calificada como residencial dentro del actual planeamiento urbanístico inicial del municipio.

El mismo alcalde y gran parte de la actual mayoría gobernante en Águilas asistió recientemente a una fiesta pagana de reinauguración de 'La Meca', aún a sabiendas de que carecía de los oportunos permisos municipales para ser abierta al público y que el Ayuntamiento sería el único responsable civil de ocurrir una desgracia en el interior de esta instalación aún ilegal.

(Soraya Arnelas Rubiales en una reciente actuación el pasado agosto en 'La Meca', y Juan Ramírez, alcalde de Águilas)

El futuro de la democracia / Michel Wieviorka *


En los años 60 y 70, la democracia era sobre todo lo contrario del comunismo, de la dictadura o de los proyectos revolucionarios, no era necesario dar una definición más precisa y a menudo nos contentábamos con una célebre frase de Winston Churchill en la que afirmaba que la democracia es "el peor de los regímenes si exceptuamos todos los demás".

Más tarde los regímenes autoritarios se hundieron, la Unión Soviética perdió la guerra fría y en algunos países la revolución se convirtió en terrorismo, o en islamismo en Irán, lo que la alejó de todo ideal democrático. De repente, el politólogo estadounidense Francis Fukuyama proclamó el final de la historia, es decir, el triunfo del mercado y de la democracia. Sin oposición, esta se convirtió en nuestro único futuro político.

En la actualidad, enfrentada a ella misma, la democracia parece muchas veces débil, vacilante, incierta, a la vez que incapaz de hacer frente a los nuevos desafíos.

La democracia representativa, durante mucho tiempo la fórmula reina, la que se apoya en un sistema de partidos políticos yen las instituciones, especialmente el Parlamento, que permite que los ciudadanos expresen su voluntad mediante representantes electos que votan las leyes, eligen el poder ejecutivo y lo controlan si es necesario, esa democracia está en crisis. En numerosos países las exigencias que provienen de la sociedad civil no parecen ser susceptibles de alimentar una imagen clara de un conflicto izquierda-derecha.

La crisis va ligada, entre otras razones, a la globalización. En efecto, grandes problemas a los que se enfrentan los actores políticos ya no pueden ser abordados en el único y exclusivo marco del Estado nación, puesto que lo desbordan, mientras que la representación política sigue organizada dentro de ese marco. Y la crisis está también vinculada a la evolución de las demandas surgidas de la sociedad civil y que no son las mismas que hace veinte o treinta años.

Estas peticiones suponen cada vez más exigencias que desestabilizan la representación política clásica: aumento del individualismo, disolución de las clases sociales y de las grandes ideologías unificadoras, fragmentación de la sociedad. La política está como sacudida por causas y emociones personales de los individuos, que cada vez están menos orquestados por los medios de comunicación modernos y que invaden el espacio público.

La clase política aparece además desestabilizada, impotente ante la exclusión social, las pérdidas de empleo, el descenso del crecimiento, el cierre de empresas, o sin ideas ante las reivindicaciones que emanan de identidades colectivas, culturales o religiosas.


En una situación así, una respuesta constructiva consiste en intentar completar la democracia representativa con otras fórmulas. Una primera pista es la de la democracia participativa, que permite a los ciudadanos participar en la toma de decisiones y, especialmente, prepararla mediante un debate exigente y constructivo.

Así se ha hecho, desde los años sesenta, en diversos países. La experiencia más célebre es la de Porto Alegre, en Brasil, donde desde 1989 el poder político ha otorgado a los habitantes de los barrios la posibilidad de definir qué proyectos prioritarios hay que financiar.

Además, conferencias para lograr consensos, jurados populares y encuentros con expertos y actores políticos permiten a los ciudadanos exigir y preguntar sobre un determinado tema a los que entienden sobre él, para luego planificar las alternativas posibles, sus ventajas, sus inconvenientes y los puntos inciertos.


La participación no es opuesta a la representación, sino que la completa, y aquí internet puede desempeñar un papel que permita, como se vio durante la campaña de Barack Obama para las elecciones presidenciales, conjugar la acción concreta sobre el terreno y la movilización on line.

Segunda pista, de inspiración bastante cercana: la democracia deliberativa, en la que los ciudadanos desempeñan un papel constructivo en la formulación de los términos del debate público, al tiempo que aprenden los unos de los otros, confrontan sus valores, su comprensión del mundo, sus convicciones y agudizan su espíritu crítico en el marco de la interacción con otros participantes en el debate público.

Estas dos fórmulas exigen que se den unas condiciones: acceso igualitario a los espacios de participación y de discusión, transparencia en el método, posibilidad de expresarse sin correr el riesgo de represalias y de hacerse oír. Y las dos renuevan la democracia profundamente, otorgando una gran importancia a la vida local más que a las instancias centrales del Estado.

Esta renovación deja en entredicho una idea común según la cual el ideal democrático fue inventado por los antiguos griegos y desarrollado en el mundo occidental antes de extenderse a todo el planeta y que se acompaña del descubrimiento o comprensión de prácticas propias de África,India o el mundo árabe y de los que Amartya Sen se hizo eco (en La democracia de los otros. Por qué la libertad no es una invención de Occidente,París,
Payot, 2005).

Para el premio Nobel de Economía de 1998, la democracia, más allá de la representación política y del respeto a la regla de la mayoría, implica la protección de los derechos y libertades de los individuos, el acceso de todos a las prestaciones sociales y el derecho a acceder a la información y participar activamente en la deliberación pública.

Lo que obliga a repensar la democracia de arriba abajo y admitir que la persona es sujeto de su existencia, capaz de producir por sus debates y su participación las reglas de la vida colectiva y las concepciones de la justicia.

Pero otras tendencias, mucho más oscuras, invitan a desear otros conceptos, como el de posdemocracia, promovido por el sociólogo británico Colin Crouch (en Posdemocracia. Temas para el siglo XXI,London Polity Press, 2004)

En esta perspectiva, la democracia, víctima especialmente de la mundialización, en lugar de renovarse y ampliarse, pierde parte de sus cualidades y se vuelve menos capaz de organizar la vida colectiva. Se debilita, queda vacía de contenido. Los medios, sometidos al poder, manipulan a la población jugando con las emociones más que con la razón; el poder del Parlamento y el juego de los partidos se vuelven artificiales; los ciudadanos, espectadores pasivos, se vuelven manipulables, se abstienen de votar.

La política va siendo confiscada por los expertos o por un poder autoritario si no es que es entregada al juego opaco de los grupos de presión, sin separación de poderes, sin control del ejecutivo por el legislativo, sin autonomía del poder judicial. Las lógicas exteriores de la globalización económica, las leyes y decisiones importantes que vienen de la ONU, del FMI, del Banco Mundial o de la Unión Europea convierten al Parlamento en una oficina de registro, etcétera.


Así pues, no existe un único futuro para la democracia, sino varios. La democracia tiene que reinventarse.

(*) Michel Wieviorka es sociólogo y profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París

¿Fraude de ley tras la concesión del puerto deportivo de Mazarrón?

El 23 de Mayo de 1996, se constituye el Club Náutico Puerto de Mazarrón, CIF. G-30512404, cuyo objeto exclusivo es el fomento y practica del deporte sin ánimo de lucro.

Este Club ganó el concurso público para la construcción y explotación de la dársena deportiva de Puerto Mazarrón (Murcia), para la práctica del deporte sin ánimo de lucro.

En la citada dársena deportiva existían históricamente una serie de embarcaciones que pagaban su respectivo canon de ocupación, todas ellas con viejas aspiraciones de constituirse en club náutico con instalaciones dignas para la práctica del deporte náutico. La mayor parte de la obras de la dársena deportiva estaban realizadas por el entonces Ministerio de Obras Públicas.

La Comunidad Autónoma saca a concurso la construcción y explotación de la nueva dársena deportiva y la Dirección de Puertos reconoce los derechos de los antiguos usuarios mediante la publicación de la Resolución de 23 de marzo de 2004 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, otorgándoles derecho de preferencia y donde marcaba unos precios ofertados por el Club Náutico.

En las condiciones de la concesión se establecía que el concesionario debía suscribir el contrato con los antiguos usuarios otorgándoles el nuevo amarre al precio establecido por la Comunidad, hecho que nunca se produjo, aprovechándose de la buena voluntad de los usuarios que depositaron su confianza en su club y especialmente en los Organismos Oficiales como lo es, el Gobierno de la Comunidad Autónoma.

La Consejería del Sr. Bascuñana y el director de Puertos, Sr.Ortuño no cumplieron, ni hicieron cumplir, los deberes de la concesión, recogidos contractualmente. Ambos no lo hicieron, por lo que siempre quedará la duda del motivo del incumplimiento. (¿Amiguismo, especulación, mala gestión, favoritismo, despreocupación o simple desidia?).

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en sesión de 17 de marzo de 2005, se autorizan ampliaciones de más amarres y del aparcamiento, y otras obras debidamente acompañados de su estudio económico y de viabilidad, revisado y aprobado por la Dirección de Puertos del Sr. Ortuño y la Consejería del Sr. Bascuñana, no pudiendo repercutir los precios en los amarres.

De acuerdo con la legislación aplicable, las ampliaciones, especialmente el aparcamiento, debió salir a nuevo concurso de acuerdo con la legalidad vigente.

Con fecha 6 de octubre de 2005 el presidente del Club Náutico del Puerto de Mazarrón y aprobados los estudios mismos que han hecho entidad administrativa para la construcción y explotación del puerto deportivo por 160.000 € a BOLTURSA, de cuya sociedad, el citado presidente fue administrador único, todo ello con el beneplácito de la Dirección de Puertos, Consejería, etc., despreciando a sus legítimos propietarios, los socios del club náutico, sin ánimo de lucro y para el deporte, por el que ganó el concurso.

A continuación, ya siendo BOLTURSA concesionaria y aún estando todas las ampliaciones aprobadas con su correspondiente estudio económico y de viabilidad, presenta “proyecto refundido” para justificar la subida de precios del 315,27 % autorizado por la Consejería del Sr. Bascuñana en el BORM num. 186, de 12 de agosto de 2006.

No compartimos y puede ser muy cuestionable, que se presente como un proyecto refundido de ampliaciones con valoración superior al proyecto inicial e incluso fuera de concurso, para subir la valoración el 369 %, lo que según los expertos jurídicos consultados puede considerarse un “fraude de ley”.

Cada proyecto de ampliación presentado por el Club Náutico, ha contado con su estudio económico y de viabilidad, en todos los casos estudiados y aprobados por la Dirección de Puertos y Consejería.

Como es sabido, “el papel lo aguanta todo”, tiene poca credibilidad que BOLTURSA presente proyecto “refundido” justificativo incrementando la valoración el 369 %.

Con objeto de pedir explicaciones por la gestión realizada por el Sr. Bascuñana en contra de los antiguos usuarios del puerto, despreciando sus derechos, la Plataforma ha solicitado en varias ocasiones ser recibida por el Sr. Valcárcel sin éxito alguno.

Por todo ello la Plataforma se pregunta ¿qué les impide al Sr. Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Comunidad Autónoma, y al Sr. Consejero cumplir y hacer cumplir las resoluciones de 2004 y la de 2009, las obligaciones concesionales y contractuales?

La Resolución de 2009, ratifica la del 2004 y daba el plazo de un mes para entregar los amarres, que continúa sin cumplirse.

Con este tipo de actuaciones, el Gobierno murciano no fomenta la práctica del deporte náutico entre los jóvenes, ni permite que los jubilados del lugar puedan continuar con sus prácticas deportivas, como la pesca.

Todo ello hace pensar que el Sr. Valcárcel prefiere puertos como los que describe el escritor Pérez Reverte en su artículo “Los Pijoyates”, en obras de puntos de amarre en puerto de precios bajos y despues subidos en precios, sin que la Administracion ponga reparo u objeción alguna, lo que beneficia al concesionario final, y lo sabía su consejero Bascuñana y Ortuño, director de Puertos.

Estas preguntas se las hacen los propios votantes y afiliados de su mismo partido, pertenecientes a la Plataforma de Afectados, que han sido engañados y defraudada la confianza depositada.

Diego de Ramón
( Abogado de la Plataforma de Afectados "Amarres Puerto de Mazarrón")