jueves, 20 de septiembre de 2012

El Fiscal Superior andaluz alerta sobre "importante déficit" en el control de los fondos públicos

SEVILLA.- El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha alertado sobre el "importante déficit" en el control administrativo previo de los fondos públicos, un "déficit" que, según ha dicho, se extiende igualmente a los órganos de fiscalización y control externo.  

   García Calderón, que ha presentado en el Parlamento andaluz la memoria de su departamento correspondiente al pasado año 2011, ha dicho a los periodistas que, de manera progresiva hasta hacerse especialmente constatable el pasado año, "han aparecido formas delictivas muy graves vinculadas con el manejo de fondos públicos".
   Así, ha detallado que la Fiscalía "ha tenido el deber de trasladar a los juzgados en distintas provincias investigaciones que afectan a distintos aspectos de la función pública", investigaciones en las que "apreciamos la necesidad de establecer controles administrativos más rigurosos, porque la falta de control provoca que, en ocasiones, puedan existir conductas delictivas que tienen que ser erradicadas en una situación como la actual, con una crisis económica creciente".
   Al hilo de ello, García Calderón ha señalado a los medios de comunicación que estas investigaciones afectan tanto a las subvenciones otorgadas por la Consejería de Empleo y, en concreto, el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, como a aquellos fondos públicos "que tenían que destinarse a combatir el desempleo o a fortalecer el tejido empresarial", aunque "también hay otras partidas presupuestarias en las que se han iniciado investigaciones".
   "Hay un déficit importante en el control administrativo previo y en la existencia de órganos de fiscalización y de control externo, que deben de existir, no han existido y han llevado a este fenómeno, pero confiamos en que en el futuro se puedan corregir", ha aseverado el fiscal superior antes de su intervención en la comisión de Justicia e Interior.
   Asimismo, y desde el punto de vista cualitativo, ha explicado que, "hace años, las formas de corrupción se centraban en la administración local y estaban relacionadas con el urbanismo", pero no obstante "ha habido un cambio de tendencia", apareciendo "nuevas formas de corrupción que se vinculan con la gestión de fondos públicos debido a la escasez de control previo".
   Ya en la comisión parlamentaria, García Calderón ha tachado de "muy preocupante" la aparición de nuevas formas de criminalidad y ha dicho que los controles de intervención internos y externos "tienen que ser fortalecidos e intensificados" de cara a "evitar la aparición de nuevos fenómenos de corrupción".
   Además, ha aseverado que, en relación a las formas de corrupción pública, el esclarecimiento del hecho delictivo debe ir dirigido a coger a los culpables y, en paralelo, "a recuperar esas cantidades de dinero que han sido sustraídas de manera ilícita a todos los ciudadanos y que deben volver al lugar del que nunca debieron salir".
   También ha llamado la atención sobre otro fenómeno criminal "de gran importancia", como es el tráfico de seres humanos, que "es casi un fenómeno endémico" y que "no es estático, sino que se va modificando".
 "Es una forma de crimen organizado muy desarrollada y que rinde grandes beneficios, que afecta también al menor", por lo que, a su juicio, "requiere de una cooperación institucional y transfronteriza".

Andalucía podría perder ya en 2014 la mayor parte de ayudas de la Unión Europea

BRUSELAS.- Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha podrían perder a partir de 2014 la mayor parte de ayudas regionales que reciben de la Unión Europea, según se desprende de la última propuesta de compromiso sobre el presupuesto de la UE para los próximos siete años que ha publicado este miércoles la presidencia chipriota.

   Chipre quiere alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto del periodo 2014-2020 en la cumbre extraordinaria del 22 y 23 de noviembre, de forma que la Eurocámara lo ratifique antes de fin de año. Los presidentes de la Comisión, José Manuel Durao Barroso; el Consejo, Herman Van Rompuy; el Parlamento, Martin Schulz; y el presidente de Chipre, Demetris Christofias se han reunido este miércoles y han dicho que "movilizarán todos los esfuerzos necesarios" para lograr este objetivo.
   Tras haber escuchado las opiniones de todos los Estados miembros, la presidencia sostiene que será "inevitable" aplicar recortes a la propuesta inicial de la Comisión, que preveía un gasto de la UE durante el periodo 2014-2020 de 971.000 millones de euros, un 5% más que en las actuales perspectivas financieras.
   Uno de los capítulos a los que más podría afectar el recorte es el de la política regional, según han defendido los países contribuyentes netos, como Reino Unido, Holanda o incluso Francia, que quieren concentrar las subvenciones únicamente en las regiones más pobres, cuyo nivel de riqueza es inferior al 75 por cient de la media de la UE.
   Para España, el Ejecutivo comunitario había propuesto que Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, que ya superan este umbral, conserven hasta dos tercios de las ayudas actuales. Las tres comunidades estarían en una nueva categoría de "regiones en transición", que incluye a las que tienen un PIB per cápita de entre el 75 por ciento y el 90 por ciento de la media de la UE.
   También Murcia quedaría catalogada como "región en transición" (su PIB está en el 85 por ciento de la media), aunque recibiría menos subvenciones que las otras tres comunidades autónomas porque ya en el actual periodo dejó de ser objetivo prioritario de la política regional al superar el 75 por ciento. Por su parte, Extremadura mantendrá las subvenciones del actual periodo 2007-2013 por encontrarse todavía por debajo del umbral del 75 por ciento.
   Sin embargo, la propuesta de la presidencia chipriota cuestiona incluso que haya ayudas específicas para las regiones en transición. De hecho, todas las referencias a esta nueva categoría en el documento de negociación aparecen entre corchetes, lo que significa que no hay acuerdo entre los Estados miembros para reconocer sus problemas particulares.
   En cambio, sí que figura en el compromiso que seguirá habiendo ayudas para las regiones menos desarrolladas, con un PIB por debajo del umbral del 75 por ciento, aunque todavía no se ponen cifras.
   Alrededor de una quincena de países, entre los que está España y la mayor parte de los nuevos Estados miembros del centro y el este de Europa ya han hecho frente común para oponerse a los recortes en política de cohesión, según fuentes europeas. España está también, junto con Francia, entre los países que rechazan reducir el presupuesto de la política agrícola común, pero aceptaría ajustes en el resto de partidas, según las fuentes consultadas.
   El documento de negociación, que será debatido el próximo lunes por los ministros de Asuntos Europeos de los 27, recoge la propuesta de la Comisión de congelar en el futuro las ayudas europeas a los países con déficit excesivo que no apliquen las recomendaciones de la UE para corregir la situación.

El El PP critica que la Junta "mienta" sobre su situación financiera

SEVILLA.- El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Carlos Rojas, ha criticado que la Junta "calle y mienta" sobre su situación financiera, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy muestra su voluntad "firme y total" de ayudar económicamente a la Comunidad andaluza, tal y como, según ha apuntado, ha dejado patente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su última intervención en el Pleno del Congreso.

   En rueda de prensa, Rojas ha criticado que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ocultara "deliberadamente" en el Pleno del Parlamento, en el que compareció la semana pasada para informar sobre la situación de déficit, el hecho de que la Junta emitiera bonos de deuda durante el pasado mes de agosto por valor de 2.600 millones, según publica 'ABC'.
   El dirigente 'popular', que ha considerado que "no es de recibo" que la consejera de Hacienda no informara sobre este asunto, se ha preguntado por qué el Gobierno andaluz "oculta" las cifras de déficit y por qué no actúa con la misma lealtad que sí lo está haciendo el Gobierno del PP, frente "al doble discurso" realizado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
   "La prioridad para el Gobierno central es que llegue el dinero a Andalucía, pero que se gaste bien", ha destacado Rojas, quien ha pedido al Gobierno andaluz que informe sobre la cifra que va a solicitar al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un fondo que, según ha apuntado, tiene unos criterios "objetivos, transparentes e iguales" para todas las comunidades autonómicas.
   De otro lado, el portavoz del Grupo Popular ha anunciado que su formación va a demandar en el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz se ponga "a gobernar". En su opinión, Andalucía necesita un presidente "que mire al Sur y no solo más allá de Despeñaperros para agitar la confrontación y que deje de mirar a su ombligo".
   Rojas ha demandado al presidente de la Junta que explique dónde se ha gastado el dinero que recibió del Plan de Pago a Proveedores, ya que, según ha destacado, existe aún pendiente una deuda de más de 800 millones con el sector de la construcción, "una deuda gravísima que está poniendo en jaque miles de puestos de trabajo en Andalucía".
   Tras demandar a Griñán que busque cómo pagar "de manera inmediata" dicha cuantía, el portavoz 'popular' ha lamentado también los niveles de morosidad que tiene la Junta en estos momentos y la "parálisis absoluta" en la Consejería de Fomento y Vivienda, cuya titular, Elena Cortés, ha dado "cerrojazo" a las grandes obras.

La Fiscalía General del Estado rechaza el despido de Galera por dar prevalencia absoluta a la libertad religiosa sobre la personal

ALMERÍA.- La Fiscalía General del Estado (FGE) indica en la memoria de 2011 que la decisión por la que el Obispado de Almería no propuso a Resurrección Galera para impartir clases de Religión en el curso escolar 2001-02 se basa en un criterio de índole moral y religiosa que no puede primar sobre su derecho a "elegir de manera libre a la persona con la que desea contraer matrimonio", ya que supondría otorgar a la libertad religiosa "prevalencia absoluta" sobre la libertad personal. 

   "Entenderlo de otro modo conduciría a la inaceptable consecuencia, desde la perspectiva constitucional, de que la persona se vea obligada a elegir entre renunciar a su derecho a contraer matrimonio con la persona elegida, o asumir el riesgo de perder su trabajo, aún en el caso de guardar reserva sobre su situación personal", subraya al analizar la doctrina de la Fiscalía ante el TC en el pasado ejercicio.
   Cabe recordar que Galera, a la que el Tribunal Constitucional (TC) concedió amparo en una resolución que derivó en una sentencia de despido nulo dictada en abril por el Juzgado de lo Social nº 3 de Almería, ha interpuesto este miércoles una segunda demanda contra Obispado tras recibir un burofax en el que se le comunica su "no llamamiento" para el presente curso escolar.
   La memoria señala, al abordar el "controvertido tema" de la contratación laboral de los profesores de Religión Católica en centros escolares públicos, que la facultad reconocida a las autoridades eclesiásticas para determinar quiénes han de ser las personas cualificadas para la enseñanza de su credo religioso "puede ser objeto de control por parte de órganos judiciales del Estado" en aras de determinar si se adecuan a la legalidad.
   Remarca que, en estos casos, deben "operar las exigencias inexcusables de indemnidad del orden constitucional de valores y principios". Añade, en esta línea, que la razón por la que el Obispado de Almería no propuso a Galera fue "haber tenido conocimiento" de que contrajo matrimonio civil con una persona divorciada, lo que "no guarda relación" con la actividad docente desempeñada por ella ni con sus aptitudes pedagógicas.
   "Entiende el Obispado que la decisión de contraer matrimonio en forma civil puede afectar al ejemplo y testimonio personal de vida cristiana, un criterio que no puede prevalecer, por si mismo, sobre sus derechos fundamentales", apunta para, a continuación, recordar que no se le imputó que hubiese incurrido en la "más mínima desviación de los contenidos de la materia establecidos por la Iglesia Católica, ni que cuestionase como docente la doctrina eclesial sobre el matrimonio ni hubiera hecho exhibición pública de su condición".
   La Fiscalía concluye que, lo contrario, supondría otorgar a la libertad religiosa "una prevalencia absoluta sobre la libertad personal", lo que --añade-- ya rechazó el Tribunal Constitucional en una sentencia dictada en 2007. Precisamente a esta sentencia alude el Obispado de Almería en el recurso de amparo que interpuso en febrero al entender que se pronuncia en sentido contrario al caso de Galera en un supuesto similar.
   Así, para el Obispado es "enteramente constitucional el hecho de que no pueda impartir religión y moral católicas quien no profesa voluntariamente los dogmas de esta fe religiosa" y considera que la docente, "en el más respetable ejercicio de su libertad", al elegir contraer matrimonio civil con un hombre divorciado, se colocó "ella misma y por su sola voluntad, en objetiva situación de inidoneidad sobrevenida para dar lecciones de moral católica que incluye una concepción muy determinada del matrimonio".

El PP señala de "grave error" que la Junta oferte formación profesional en centros segregados sin especificarlo

ALMERÍA.-   La parlamentaria andaluza del PP de Almería Aránzazu Martín ha señalado este miércoles el "grave error" que, a su juicio, la Junta de Andalucía ha cometido al ofertar un ciclo formativo de Jardinería y Floristería en un centro educativo concertado masculino sin advertir de esta última condición, lo que ha impedido a una mujer cursar dichos estudios este curso, pese a lo que ha solicitado un "esfuerzo" al colegio para "admitirla". 

   En declaraciones a los periodistas, la diputada autonómica 'popular' ha manifestado que ha mantenido una entrevista con la afectada, quien ha criticado el caso de "discriminación" en el que se ve envuelta y con el que está dispuesta a llegar "hasta las últimas consecuencias", según ha trasladado Martín.
   "En ningún momento se le dijo que fuera educación segregada o diferenciada", ha advertido Martín, quien ha manifestado también que se trata del único centro de la provincia que ofrece esta modalidad de estudios.
   En este sentido, ha considerado también que el problema se podría haber evitado si "se hubiera puesto ya en marcha el ciclo de familias agrarias que se ha pedido para El Ejido y que se aprobó en el Parlamento de Andalucía", ya que la titulación estaría ofertada en un segundo centro.
   La diputada, quien trasladará el caso a la consejera de Educación, Mar Moreno, para conocer la opinión sobre el caso, ha resaltado el "error grave" de la Delegación de Educación al ofertar esta titulación "sin decir que era un centro de educación segregada", pese a lo que se ha mostrado a favor de la "libertad" de las familias a la hora de elegir un centro según sus características a la hora de recibir formación.
   Desde la Administración andaluza se ha señalado que ya la decisión de no renovar los conciertos que mantienen los centros que segregen a sus alumnos por sexo a partir del próximo curso académico, con lo que durante este año "no se puede obligar al centro" a que admita a la mujer.  
   La titular provincial de Educación ha indicado que los conciertos ya están aprobados para el presente curso, de forma que se revisarán de cara al periodo 2013/2014 bajo las nuevas condiciones anunciadas por el Gobierno andaluz, según las previsiones iniciales. En este sentido, ha lamentado que este curso no es posible "obligar" al centro a admitir a la mujer.