martes, 22 de mayo de 2012

Casi la cuarta parte de los inmigrantes están sobrecualificados para su trabajo

MADRID.- Entre un tercio y la cuarta parte de los inmigrantes que residen legalmente en España están más cualificados de lo que requiere su puesto de trabajo, según la encuesta 'Immigrant Citizens Survey' sobre "Percepciones de los inmigrantes en torno a la integración" realizada a 7.000 extranjeros afincados en 15 ciudades de Alemania, Bélgica, España, Francia, Hungría, Italia y Portugal a finales de 2011.

   El trabajo, dirigido desde Bruselas por la Fundación Rey Balduino y el Migration Policy Group, con la colaboración en España del CIDOB y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), revela que para "la mayoría" de inmigrantes entrevistados, la residencia permanente "no ayudó nada" en la obtención de empleo, registrándose así en España "peores resultados que en otros países".
   En cuanto a participación y representación, el informe de la encuesta destaca que la afiliación a asociaciones, sindicatos y partidos "es relativamente baja en las ciudades españolas" y, que para "la mayoría" se necesitan más diputados de origen inmigrante en los parlamentos nacionales. En general, existe una "mayor intención de voto y potencial de inclusión electoral que en países como Alemania o Bélgica".  
   Con todo, España está mejor que otros países en algunos aspectos, como que los inmigrantes afirman haber tenido "pocos problemas" a la hora de solicitar la residencia permanente, la nacionalidad o la reagrupación familiar y "menos dificultades" para encontrar trabajo en las dos principales ciudades españolas que las registradas por foráneos en ciudades europeas como Milán, Bruselas o París.
   En este sentido, la profesora en la Universidad de Leicester y coordinadora científica de la encuesta, Laura Morales, ha destacado que "a pesar de la crisis económica, entre el 65 y el 70% de los inmigrantes entrevistados en las ciudades españolas estaban trabajando, una cifra superior a la recogida por ejemplo en Bélgica o Francia".
   De hecho, los "principales problemas" mencionados a la hora de encontrar trabajo son los contratos temporales y los empleos en la economía sumergida, "pero hay una escasa incidencia de discriminación", según indica la encuesta, en la que se advierte, además, de que las condiciones laborales de los inmigrantes les impiden mejorar su formación.
   Los inmigrantes, además, encuentran pocos problemas a la hora de aprender castellano, en comparación a las trabas para aprender el idioma expresados por residentes en otras ciudades europeas. "Los resultados de la ICS son sorprendentes porque muestran que la visión de los inmigrantes respecto de su situación es más positiva de lo que cabría esperar", apunta el director de CIDOB, Jordi Vaquer.
   Atendiendo al nivel europeo, la encuesta señala que los problemas relacionados con el mercado laboral suelen ser de índole local y van desde la prevalencia de la contratación ilegal en el sur de Europa, hasta la discriminación y desconfianza respecto a la validez de las titulaciones extranjeras en la zona norte del continente.
   Asimismo, revela que los inmigrantes refieren "muy positivamente" los cursos de idiomas e integración porque "les permite reforzar su integración socio-económica", que "la mayoría" están interesados en votar en el país donde viven y que la residencia permanente "ayuda a la mayoría" a obtener mejores trabajos y a sentirse más integrados.
   Por último, en materia de nacionalidad, la encuesta señala que la obtención es más frecuente entre los países con una inmigración consolidada y entre los grupos que disfrutan de facilidades especiales, como son Hungría o España, mientras que las principales razones para no nacionalizarse radican en la dificultad del procedimiento, en el caso de Francia, o de las restricciones para la doble nacionalidad en Alemania.

Griñán exige reparto de déficit por población y no por PIB

SEVILLA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán,  quiere dejar claro que esta comunidad cumplirá con los ajustes para lograr la consolidación fiscal, pero ha expresado su desacuerdo con el reparto del déficit que se ha llevado a cabo, exigiendo que en lugar de por PIB, sea por población. 

   En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Griñán también ha aprovechado este martes para manifestar que tiene "serias dudas sobre la solvencia" del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que fue consejero de Hacienda en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la cual tiene un déficit superior al que trasladó en un principio al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
   Según ha expuesto el presidente, si la distribución del déficit fuera en función de la población, Andalucía tendría un límite de déficit de 2.801 millones de euros en este ejercicio, mientras que al distribuirse en función del PIB, se sitúa en 2.181 millones de euros, lo que afecta claramente a la financiación de los servicios públicos esenciales. Para Griñán, con la distribución del déficit por PIB, se está dando "más límite de endeudamiento a comunidades que están más endeudadas", como es el caso de Cataluña o Madrid.
   Ha indicado que se promoverán desde la Junta iniciativas jurídicas y políticas para que de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, el techo de déficit para las comunidades se marque en función de la población y no del PIB. "Hay que evitar que se perpetúe un sistema que produce efectos perversos y que sacrifica el derecho constitucional de todos los españoles a ser iguales y contar con los mismos servicios allí donde vivan", ha indicado el presidente.
   En cuanto a las iniciativas políticas, Griñán ha anunciado que ha encargado a su vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, que abra un espacio de diálogo con las fuerzas políticas en el Parlamento que permita una posición común para corregir ese "agravio comparativo" que se produce con la distribución del déficit en función del PIB.
   Ha señalado que el Gobierno andaluz quiere explorar ese amplio acuerdo en el Parlamento, que aborde tres puntos: modificación del déficit entre las administraciones, apuntando que para ello sería muy conveniente una reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos que priorice "no el sujeto de gasto, sino el gasto"; distribuir el déficit asignado a las comunidades por el principio de población, y que el Estado mantenga su función de solidaridad reforzando el Fondo de Compensación Interterritorial y cumpliendo con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía andaluz.
   En cuanto a las medidas jurídicas, ha expuesto que hay que analizar si la vía es la del contencioso-administrativo o la del Tribunal Constitucional, si bien ha precisado que la Junta quiere dejar claro, para no generar "ningún riesgo de alarma", que esta comunidad va a cumplir con los ajustes. Ha indicado que para este año no se puede plantear ya nada, pero sí de cara a 2013, en el que se tendrá que abordar una nueva distribución del déficit.
   Ha señalado que cuando llegue ese momento, Andalucía planteará una serie de cuestiones que también beneficiarán a otras comunidades autónomas, como Galicia, Extremadura o Castilla-La Mancha, regiones cuya participación en el PIB es menor que su participación en la población.
   "Andalucía cumple y va a cumplir con España, pero es lícito decir que también se puede recortar el déficit de otra manera, que hay otras partidas de gasto donde actuar, y que la distribución de los esfuerzos no está siendo equitativa", ha sentenciado el presidente.
   El presidente también ha querido dejar claro para defender su planteamiento que si el déficit se hubiera distribuido por población en lugar de por el PIB, la Junta no habría tenido que hacer los recortes que su plan de ajuste contempla para el capítulo 1 de los Presupuestos andaluces, esto es, el relativo a personal, lo que se traducirá en una reducción de los complementos de los trabajadores de la administración, entre otras medidas. "Habríamos tenido recursos suficientes para poder financiarlos", ha señalado.  
   Asimismo, Griñán ha recordado que los servicios que presta la comunidad se financian por población y no por PIB. 
   El presidente también ha insistido en expresar que no es lógico que una comunidad autónoma como Andalucía, que representa el 14 por ciento del déficit total de las comunidades autónomas, tenga que hacer un esfuerzo superior a ese porcentaje. Para Griñán, el reparto desigual de esfuerzo que se ha llevado a cabo perjudica no a las comunidades o al Estado, sino a las políticas que desarrollamos unos y otros, es esto, a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales.
   Ha insistido en que Andalucía va a cumplir sus compromisos para lograr la consolidación fiscal, actuando con "responsabilidad", pero ha opinado que estamos "recorriendo un camino con unas reglas que no son buenas para el conjunto de los españoles y que son malas para el conjunto de los ciudadanos".
   El presidente ha advertido de que solo reduciendo el gasto público no se va a mejorar la situación económica, sino que es preciso adoptar medidas para reactivar la economía y la creación de empleo. Ha apuntado que si bien el déficit público es un problema, el mayor que tiene España es el del paro.
El presidente ha defendido un gran pacto de Estado en relación con la posición de España en la Unión Europea, para el saneamiento del sector financiero y para la recuperación económica y la creación de empleo.
   El presidente ha aprovechado su comparecencia para expresar también que hoy tiene serias dudas "sobre la solvencia" de Antonio Beteta, después de lo que ha salido a la luz sobre el déficit de la Comunidad de Madrid.
   "He oído reiteradamente al Gobierno de España, desde que ganó las elecciones el PP, poner en duda la solvencia de Andalucía, lo que nos privó de la posibilidad de colocar deuda pública y nos hizo muchísimo daño", ha indicado Griñán, quien ha agregado que, concretamente oyó a Beteta sembrar esas "dudas", y que hoy tiene que decir que él sí tiene "serías dudas sobre el secretario de Estado de Administración Pública".

La Policía prohíbe las redadas indiscriminadas que asegura que no existen / Asier Martiarena

El de hoy es uno de esos temas difíciles de explicar. El resumen es que desde esta mañana la Policía Nacional ha hecho circular una orden a todas sus unidades que prohíbe los cupos de detención de inmigrantes y las redadas "innecesarias, arbitrarias, abusivas o que supongan una extralimitación de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a las Fuerzas de Seguridad". Es decir, que se acabó parar porque sí a todo aquel con 'pinta de inmigrante' para cumplir cuanto antes el cupo de detenciones.
 
Ahora viene lo complicado e incomprensible del asunto. La Dirección General de la Policía no ha admitido en ningún momento que  este tipo de redadas se estén produciendo. Entonces ¿por qué se emite la circular? Según la Policía porque persigue "desarrollar por escrito pautas para aportar mayor claridad y concreción a la actuación policial" en los "dispositivos operativos preventivos" que solo persiguen erradicar las redes de inmigración ilegal y la trata de seres humanos.

Y si no se hacían... ¿por qué se prohíben? Va a ser que no se quiere reconocer de viva voz porque la polémica en sí no es nueva. Nació a principios del año 2009, cuando se filtró a la prensa un documento interno de una comisaría de Madrid en la que se pedía a los agentes un cupo semanal de detención de inmigrantes. "Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recogía una nota interna fechada en febrero de 2009.

¿Y por qué se felicitan los sindicatos si no hay nada que celebrar? Porque en una nota de prensa, el organismo mayoritario de la Policía ha apuntado que "es una decisión que viene a darnos la razón sobre algo que el anterior Gobierno había negado: que se perseguía a los inmigrantes impunemente. Una barbaridad contra los derechos civiles y los derechos humanos", ha subrayado el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet.

También confirman la existencia de estas redadas varios grupos de apoyo a inmigrantes que incluso han creado un sistema de alertas vía Twitter para personarse en el lugar de los hechos lo antes posible para frenar las operaciones policiales.

Aunque hay una autoridad que también se felicita por la noticia. Aunque, como no podía ser de otra manera, echa balones fuera. Hablamos de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien considera "importantísimo" que el Ministerio del Interior ponga por escrito que no puede haber identificaciones masivas de extranjeros, una práctica "ilegal" que, ha dicho, fue "instaurada y puesta en marcha por el anterior gobierno socialista".

Quien también se felicita, porque él sí reconoce estas redadas, es el presidente del Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Ha valorado "positivamente" la instrucción y entiende que "puede ayudar a que se ponga fin de forma definitiva a este grave problema". En este sentido, ha recordado que "se han producido muchos abusos hacia personas por no el simple hecho de no tener la situación regularizada".

El PP pide ampliar la investigación del caso de los ERE a Innovación

SEVILLA.- El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha considerado necesario este lunes que se dé "un salto adelante" y se amplíe la investigación en torno al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, tramitados por la Administración andaluza, a la Consejería de Innovación, al considerar que su "implicación" en esta trama tiene las "mismas características" que la de la Consejería de Empleo.

Desde el 24 de abril de 2009 hasta el 22 de marzo de 2010, el socialista almeriense Martín Soler Márquez detentó la citada Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
   En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la vicesecretaria general del PP-A en materia educativa, Marifrán Carazo, Sanz ha destacado que la Consejería de Innovación no solo ha sido quien ha "autorizado y financiado" las ayudas sociolaborales de la Junta, sino que desde el año 2010, etapa ya de José Antonio Griñán como presidente de la Junta, "también las ejecuta".
   Para el 'número dos' de los 'populares' andaluces, existe una "clara implicación" de la Consejería de Innovación en el caso de los ERE "desde el principio hasta el final", pasando en los últimos años a desarrollar un protagonismo "total y exclusivo" en relación al procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales, "en el entorno del fondo de reptiles".
   Según ha explicado Sanz, desde 2010 el procedimiento "presuntamente irregular" que estaba llevando a cabo la Consejería de Empleo, "con un exconsejero y un exdirector general en la cárcel", lo estaría llevando a cabo la Consejería de Innovación, a través de un convenio firmado que "le obliga a asumir estos procedimientos, a raíz del escándalo de los ERE y de que Empleo no tuviera recursos económicos".
   El dirigente del PP andaluz, que ha pedido a la Junta que haga público el citado convenio, "que nadie conoce y que implica a Griñán y Ávila en el mismo procedimiento irregular que llevaba a cabo Empleo", ha insistido en que "la historia de los ERE" tiene que dar "paso más" e investigar la participación "directa" de la Consejería de Innovación.
   Para avalar esta petición, Sanz ha mostrado a los medios una copia de un acta del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), presidido por Francisco Vallejo, en la que se aprueban 19 ayudas procedentes del llamado 'fondo reptiles', que se desarrollaron desde 2005 hasta 2008.
   Asimismo, ha señalado que hay ayudas que por importe de 1,2 millones que tendrían que haber pasado por el Consejo de Gobierno, "pero que nunca lo hicieron". "En el acta de IDEA se dice que tenían que pasar, pero no fue así, por lo que nos preguntamos quién y cuando las paraba y si podía ser en el consejillo que presidía Zarrías", ha apuntado Sanz.

La Junta critica al Gobierno por mirar "con lupa" a Andalucía y no a otras

MADRID.- La consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado este lunes que el Gobierno central haya mirado "con lupa" las cuentas públicas de la región mientras que con otras "hacía la vista gorda", en referencia a las regiones que han revisado ahora al alza su déficit, lo que ha elevado la cifra final española hasta el 8,9 por ciento del PIB.

   Al término de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada en Madrid, Díaz ha calificado de "trato desigual e injusto" hacia la región en esa supuesta actitud que ha atribuido al Ejecutivo. "A Andalucía la miraban con lupa porque hay un gobierno de izquierdas y en otras comunidades autónomas hacían la vista gorda cuando sus cuentas eran un problema para el conjunto de España", ha lamentado.
   Así las cosas, ha hecho hincapié en que el Ejecutivo no actuó con responsabilidad ya que mientras algunos "falsearon las cuentas", como "parece publico y notorio", muchos ministros "descalificaron las cuentas y pusieran en solfa la solvencia de Andalucía" y, con ello, "hicieron daño al valor España y no actuaron con responsabilidad".
   Díaz ha confiado en que, si ciertamente han "falseado" sus datos, los responsables de esas comunidades "den explicaciones" y abandonen "esa senda y el trato discriminatorio a Andalucía". Asimismo, tras recalcar que la región cumplirá con el objetivo de déficit marcado, ha subrayado que "desagradable" ver cómo a Andalucía se la "obliga" a hacer un recorte del 21 por ciento.

La campaña de verano proporcionará 125.000 contratos de trabajo

MADRID.- La campaña de verano traerá 125.000 nuevos contratos de trabajo, lo que supondrá un crecimiento del 5% de la contratación respecto al año anterior y un aumento de entre un 10% y un 15% respecto al resto del año, según un informe elaborado por Adecco.

   Estas perspectivas moderadas serán superadas en Baleares y Canarias con unas previsiones de incremento de la contratación temporal en torno al 20% interanual, animadas por los últimos repuntes del turismo, actividad que se recupera poco a poco de la crisis económica.
   Sin embargo, otras zonas turísticas como Levante vivirán un verano similar sin apenas mejoría y áreas como Cataluña, Madrid, País Vasco o Andalucía aumentarán su contratación un 5%. A escala nacional, Adecco y Adecco Outsourcing prevén realizar entre el periodo de junio a septiembre unos 125.000 nuevos contratos.
   La temporada alta se concentrará en los meses de julio, agosto y principios de septiembre y serán el sector del turismo, aeropuertos, hostelería, promoción y 'call center' los que concentrarán los empleos que se generen.
   Sin embargo, estas cifras de contratación estival quedan lejos de las de antes de la crisis. Si se atiende a los datos de empleo estival, de manera interanual se ve que desde 2008, el año en que oficialmente España entró en recesión, el empleo temporal en estos meses ha ido sufriendo caídas encadenadas de en torno al 30%.
   Las profesiones más demandados en los negocios de restauración serán cocineros y camareros con idiomas. En el sector hotelero se requerirán camareros de pisos o recepcionistas también con idiomas, mientras que los agentes de viaje, guías turísticos, animadores socioculturales y monitores de tiempo libre serán los trabajadores estrella del verano para las agencias de viaje, parques temáticos y centros de ocio.
   Además, los aeropuertos contratarán un número considerable de personal de facturación, mozos maleteros y recepcionistas de alquiler de coches y los centros comerciales podrían reforzar sus plantillas ante el aumento del consumo y la necesidad de cubrir algunas de las bajas de las vacaciones.
   Por otro lado, los perfiles de telemarketing, como teleoperadores y recepcionistas de llamadas con idiomas seguirán siendo reclamados y el aumento de la demanda por parte de las empresas de asistencia en carretera, así como de las compañías de seguros.
   El perfil medio del candidato que opta a los puestos de empleo veraniegos se ha diversificado debido al problema del paro, incluyendo a jóvenes de 30 años con una formación académica media-alta y con conocimientos de idiomas, amas de casa, mayores de 40 años y parados con elevada cualificación.
   Otro verano más, el número de personas en búsqueda de empleo ha crecido muy por encima del escaso aumento de los puestos de trabajo, ya que en España hay 4,740 millones de personas buscando trabajo, según los últimos datos del Ministerio de Empleo.

El ministro aboga por captar otros mercados ante la incorporación de nuevos países al segmento 'sol y playa'

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha subrayado la importancia de poner en marcha un Plan Nacional Integral de Turismo, con el fin de que España consiga "captar" nuevos mercados emisores con altos niveles de renta para contrarrestar la incorporación de nuevos países al segmento de 'sol y playa'.

   Soria ha afirmado que para seguir siendo una "auténtica" potencia turística España necesita cambiar el modelo de los últimos 40 o 45 años que "tan bien" le ha funcionado.
   Por ello, ha insistido en que el sector no puede quedarse "inerte" ante la evolución de nuevos destinos y debe captar mercados emisores nuevos y mantener los existentes como Centroeuropa, a la vez que ha abogado por la rehabilitación de espacios públicos y privados, y el desarrollo de segmentos como el turismo urbano, rural, cultural y gastronómico.
   Asimismo, ha asegurado que el Gobierno posee la percepción de que la marca España es más fuerte fuera del territorio nacional que dentro del mismo, destacando la "creciente" ventaja que supone para el país contar con un sector turístico tan potente.
   Soria ha recordado que el sector turismo es una de las "fortalezas" de la economía española, ya que representa el 11% del PIB español, cuenta con un superávit de 30.600 millones de euros y con una cobertura del 77% del déficit comercial.
   El responsable de Turismo ha remarcado que España recibió 57 millones de turistas el pasado año, a la vez que ha ensalzado el tercer puesto alcanzado en el turismo internacional de reuniones y el papel que juegan grandes ciudades como Madrid y Barcelona, que ocupan el 'top ten' del turismo de congresos.
   Para Soria, que el 82% de los turistas vuelva a elegir España como destino turístico y que la nota de satisfacción sea de un 8,5 sobre diez, demuestra el potencial del país, que se sitúa a la cabeza tanto en lugares declarados Patrimonio de la Humanidad como en el número de cascos históricos.
   El ministro ha subrayado también que tres de cada cinco aviones en el mundo son modulados por sistemas de navegación españoles y se ha referido al papel de muchas empresas españolas que han provisto de infraestructuras a países como Turquía o han participado en las obras de los metros de Londres o Nueva York.
   Además, ha insistido en la importancia de la industria aeronáutica para la economía española, que permite desarrollar nuevas aeronaves civiles como el A350, con su consecuente efecto arrastre para otras industrias nacionales.
   Preguntado sobre la posibilidad de reducir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al sector turístico, Soria ha reconocido que el Ejecutivo contaba con ese compromiso "tácito", pero ha aseverado que la situación actual no permite tal reducción.
   Además, ha descartado que esté contemplada la posibilidad de subir el IVA, aunque ha apuntado que de realizarse esta subida "obviamente" el Gobierno se planteará la repercusión que este incremento fiscal pueda suponer para el sector turístico.