sábado, 27 de octubre de 2012

El Gobierno aprueba el reglamento para despedir a empleados públicos

MADRID.- El sector público podrá recurrir a los Expedientes de Regulación de Empleo de forma similar a como lo hace el sector privado, según Libre Mercado. La medida no afectará a los funcionarios, que tienen su puesto asegurado por ley, pero sí al resto de empleados de las administraciones y de las empresas públicas, que tendrán un modelo disciplinario similar al del resto de los trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Las principales novedades, presentadas por Fátima Báñez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, son los cambios en los ERE de la función pública y el endurecimiento de las prejubilaciones para los mayores de 50 años.
La reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir empleados públicos, pero su plena aplicación está a la esperaba de desarrollo reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró el pasado julio y clarifica las circunstancias en las que se podrá despedir empleados públicos no funcionarios.
Por un lado, las empresas propiedad del Estado, las autonomías o los ayuntamientos podrán despedir a sus empleados por causas económicas, al igual que hacen las compañías 100% privadas.
En el caso de las administraciones públicas, también se abre la puerta para que puedan aplicar despidos colectivos, aunque estos no afectarán a los funcionarios, sino al resto del personal laboral. El reglamento incluye "tres garantías reforzadas en relación al sector privado":
  • Será necesario un informe previo vinculante del órgano competente en materia de función pública. Intervendrá la Inspección de Trabajo cuando afecte al Estado o las autonomías.
  • Se refuerzan los requerimientos de documentación justificativa.
  • Cuando se trate de causas económicas, la documentación exigida también es más rigurosa, incluyendo los presupuestos del organismo en cuestión.
Además, también en materia de ERE el Gobierno ha anunciado un endurecimiento de las condiciones de los despidos colectivos para los mayores de 50 años. En realidad, con esta medida de lo que se trata es de limitar el uso de las prejubilaciones. Se trata de endurecer la llamada Enmienda Telefónica que puso en marcha el anterior Gobierno socialista y que se conoce así porque se puso en marcha después del último proceso de prejubilaciones puesto en marcha por la compañía de telecomunicaciones.
Quizás sea más sencillo explicar la situación con un ejemplo. Imaginemos que una empresa quería prejubilar a algunos sus trabajadores. Hasta ahora, lo que hacía era llegar a un pacto con estos empleados: primero se iban al paro dos años y cobraban de los servicios públicos de empleo. Por ejemplo, alguien de 55 años en el momento de la prejubilación cobraba dos años el paro y luego pasaba a recibir su paga de la empresa desde los 57 años hasta su jubilación. Normalmente el pacto era cobrar algo menos que su último sueldo (lo habitual era estar entre el 60 y el 80%) durante esos ocho años. Con este esquema, la empresa se ahorraba el pago del paro durante los dos primeros años tras la prejubilación.
Pues bien, con la nueva reforma, las empresas con más de 100 trabajadores que hayan tenido beneficios en los dos últimos años y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 años o más tendrán que pagar la prestación por desempleo de estos empleados. Este nuevo real decreto amplía la normativa que al respecto sacó adelante el Gobierno socialista en 2011, ya que entonces la obligación de pagar el desempleo de trabajadores de 50 años o mas se limitaba a las empresas de más de 500 trabajadores y siempre que el ERE afectara al menos a un centenar de empleados.
Por último, el Real Decreto que desarrolla este nuevo reglamento, incluye nuevas disposiciones que afectarán a todos los ERE, con el objetivo, según ha declarado la propia Fátima Báñez de "proteger a los trabajadores" ante este tipo de despidos colectivos:
  • Nuevo papel de la autoridad laboral: tendrá funciones de vigilancia y control de cómo se desarrolla el período de consultas. También ayudará a las partes implicadas en el procedimientos.
  • Regula las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a quien le corresponde la emisión de informe preceptivo.
  • Delimita "de modo más objetivo" las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
  • Regula de manera detallada el período de consultas con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de las partes lleguen a un acuerdo para tratar de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias.
  • Concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores.
  • Para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de cincuenta trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.
  • En los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.

Un euro en descubierto en cuenta corriente puede costarle 35 al titular

MADRID.- La necesidad de captar liquidez por parte de los bancos debido a la bajada de su actividad crediticia ha hecho que estas entidades vean en las comisiones de las cuentas bancarias una fuente extra y continua de ingresos. Según el Banco de España (BdE), desde 2011 hasta ahora las comisiones de las cuentas bancarias han subido en España un 15,73%. Este aumento ha hecho que los bancos ingresaran por comisiones más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012. Una cantidad a la que las comisiones por descubierto aportan un elevado porcentaje. 

Según Fernando López, responsable de Asuntos Económicos de la confederación de consumidores Ceaccu, las comisiones por descubierto han subido en el último año más de un 20% y, por ello, recomienda a los usuarios de servicios bancarios que no se queden en números rojos, ya que “por un descubierto de un euro los bancos pueden cobrarte entre 15 y 35 euros debido a que tienen una comisión fija, independientemente del valor del descubierto”.

Entre las comisiones que más han subido en los dos últimos años, según el BdE, destacan las de mantenimiento de cuenta corriente, con un incremento del 21,78%, hasta alcanzar los 27,34 euros; la de mantenimiento de cuenta de ahorro, con una subida del 22,36%, y un coste de 26,70 euros, las cobradas por transferencias nacionales (+41,56%), que alcanzan los 4,53 euros, o las cuotas anuales de las tarjetas de débito (+11,66%), que suponen 20,02 euros y las de crédito (+8,99%), por las que el usuario paga unos 37,48 euros. A ellas se suman las comisiones por descubierto cuyo incremento medio ha sido del 20%, pero hay casos en que este ascenso ha llegado hasta el 40%, asegura Fernando López.


El motivo de estas comisiones “desproporcionadas”, según él, es que los bancos tienen unas comisiones fijas, mínimas y máximas, que aplican a los descubiertos independientemente del valor al que asciendan estos. Por ello, “un descubierto de uno o dos euros puede costar al usuario entre 15 y 35 euros, a lo que hay que añadir el interés que te cobra el banco por prestarte ese dinero”, afirma Fernando López.


Estos datos reflejan que en el mercado bancario actual un descubierto en cuenta puede resultar un descuido “muy costoso” para el ciudadano, y el comparador de productos bancarios Helpmycash ofrece un ejemplo: una persona con la cuenta a cero que reciba una factura de la luz por valor de 100 euros, si ésta es abonada por su banco, el usuario le tendrá que pagar los 100 euros más 50,8 euros en gastos y comisiones de descubierto, ya que le aplicarían tres conceptos: unos 35 euros por gastos de reclamación por posiciones deudoras; la comisión por descubierto que, aunque en la mayoría de los bancos es del 4,5%, se establece un mínimo a pagar de 15 euros, y, por último, el interés de demora que responde al ‘préstamo’ que le ha hecho el banco mientras dura el descubierto y que ronda el 29% TAE.


Al aumento de las comisiones ha contribuido de manera directa la entrada en vigor en abril de este año de la Orden de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, según la cual “las comisiones percibidas por servicios prestados por las entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y los clientes”. Las asociaciones de consumidores aseguran que esta norma, “a pesar de su nombre, no aboga precisamente por la protección del cliente”.


Ahora el Banco de España no pone ningún límite a los bancos en relación a sus comisiones. Lo único que les exige es publicar las comisiones que suelen aplicar con mayor frecuencia, es decir, ni todas ni las máximas, por lo que “muchos bancos juegan con la legalidad y con el desconocimiento de los usuarios”, afirma Fernando López. Para evitarlo, considera que el BdE “debe de establecer un tope máximo en el precio de las comisiones para evitar desequilibrios que perjudican al consumidor”.


Aunque las comisiones bancarias “exprimen” los presupuestos de muchos ciudadanos, la mayor parte desconocen lo que pagan por ellas. Las más desconocidas son, según las asociaciones de consumidores, la emisión de cheques bancarios, por las que llegan a cobrar 18 euros, la solicitud de talonarios de cheques que hay entidades que cobran 2 euros por cheque (20 euros el talonario de 10), la reposición de tarjetas por la que cobran 3 euros o ingreso de dinero en efectivo por no titulares que pueden ir de 1,5 euros a 2.


Negociar o pagar


Para evitar el pago de las comisiones bancarias que, como ya adelantó ARNdigital en junio (http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=2561), al usuario pueden costarle entre 350 y 567 euros al año, el afectado puede emprender una serie de iniciativas. Antonio Acosta, letrado de los Servicios Jurídicos de la Asociación de Consumidores Ausbanc, recomienda negociar con el banco. “Todo se puede negociar con la entidad. Si soy un cliente importante de ese banco puedo amenazarles con irme a otro si me siguen cobrando comisiones”. 

También aconseja negociar con la entidad una tarifa plana, es decir, pagar una única comisión por un solo concepto, “por ejemplo, pagar seis euros al mes y así me dejan de cobrar el resto de comisiones que puedan aplicarme”. Por último, propone al usuario acudir a entidades que tienen vinculadas el coste cero de comisiones a la fidelización del cliente. “Si tienes contratado con ese banco un seguro, un fondo de pensiones o tienes domiciliada en él la nómina o la pensión es más fácil que te quiten las comisiones”.

Siempre que se llegue a un acuerdo con la entidad debe reflejarse por escrito, recomienda Antonio Acosta. “No debe limitarse a un acuerdo verbal sino que quede reflejado en un documento, ya que hay bancos que dicen que no cobrarán comisiones y después sí cobran la comisión por descubierto. Hay que dejar claro si esta comisión está incluida o no en el acuerdo”. Además, asegura que cuando un banco decide no cobrar comisiones lo hace voluntariamente, como una atención comercial, pero “dentro de un tiempo, por necesidades de la entidad, puede volver a cobrarla, por ello es importante que cuando se llegue a un acuerdo todo tiene que quedar especificado por escrito”.


Pagan los que menos tienen


Pero no todos los clientes de los bancos pueden ahorrarse las comisiones. “Depende de qué tipo de cliente seas y del número de ceros de tus cuentas”, asegura Fernando López. “El comportamiento de los bancos no es igual con todos sus usuarios, hay una discriminación absoluta que depende de los beneficios que generes a tu entidad. A menor poder adquisitivo menor margen de negociación del cliente y más comisiones tiene que pagar. Cuanto menos dinero tengas más comisiones te cobrará el banco”.


El ascenso continúa


Tras los últimos datos del Banco de España sobre la subida de las comisiones –un 15,73% en los últimos dos años–, todo parece indicar que su ascenso no ha tocado techo y más si se tiene en cuenta la caída de los márgenes de las entidades bancarias y su necesidad de dinero efectivo. A ello hay que añadir los elevados ingresos que obtienen los bancos por este concepto, más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.


Según Antonio Acosta, “la situación por la que atraviesan determinadas entidades financieras les lleva a maximizar hasta el extremo la obtención de liquidez y la subida de las comisiones es una de las maneras de conseguirla, como lo demuestra que antes de la crisis los bancos llegaban a autofinanciar sus gastos corrientes con las comisiones que cobraban a sus clientes”.

http://arndigital.com/economia/noticias/4019/un-euro-en-descubierto-en-cuenta-corriente-puede-costarle-35-al-titular/

Según Griñán, debemos terminar con la "usura repugnante" de pagar tras entregar una vivienda

MÁLAGA.- El secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha apostado por terminar "con esa usura repugnante que es que después de entregar la vivienda, seguir exigiendo que se pague", y ha considerado que, "desde luego, allí donde hayamos puesto el dinero de todos, ese banco tiene que hacer la dación en pago y tiene que resolver el problema de las preferentes".

   Griñán, que ha inaugurado este sábado en Málaga la Convención Municipal del PSOE-A, ha asegurado que "se da dinero a cambio de algo, a cambio de que fluya el crédito, de que cumpla el sector financiero su obligación con el mundo empresarial y con las familias".
   "No puede ser que si el deudor es una familia trabajadora, todos contra ella, y si el deudor es un banco, todos con él", ha dicho y ha considerado que "no es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, es que la banca ha dado créditos por encima de las suyas", lamentando que "ahora que las entidades financieras se caen, se derrumban, todos nos tenemos que endeudar para que no se caigan".
   El líder socialista andaluz ha calificado de "escandaloso que cuando un padre de familia, una persona honrada y trabajadora, no puede pagar sus deudas con un banco, éste le desahucia y encima le obliga a seguir pagando; mientras que un banco se cae, se derrumba y no puede pagar, nos tenemos que disponer todos a pagarle sus deudas".
 "Eso no puede ser", ha apostillado.
   Ha aplaudido que el grupo parlamentario socialista en el Congreso haya presentado una proposición de ley para evitar los desahucios, para la dación en pago "y que, además, lo haya hecho claramente, nos equivocamos en no hacer la ley cuando pudimos hacerla", recordando que Andalucía tiene "una oficina que asesora a las personas que tienen ese riesgo y conversamos con los bancos para que eviten o transformen la deuda hipotecaria en un arrendamiento o la aplacen".
   Griñán ha indicado que los ajustes económicos "tienen nombres y apellidos y van a personas que ven cómo se les limita el acceso a la educación o cómo se les dificulta el acceso a la sanidad pública o como pierden el empleo y tienen menor indemnización"; y mientras, ha dicho, "nos rascamos los bolsillos para ayudar a otros que también perdieron dinero, pero que no pueden perderlo".
   "Nunca antes que hoy, y he vivido muchas crisis, había visto tanta obscenidad como es la de transferir rentas de las clases medias y trabajadoras al sector financiero y de la banca", ha lamentado el socialista, quien ha incidido en que "nunca había visto que para salir de la crisis se produjera la necesidad de acumular el capital financiero a costa del sacrificio de los trabajadores".
   Ha dicho que "no debemos enredarnos" con la contabilidad "ni seguir aceptando que el único problema de este país sea el déficit público", asegurando que en el debate de los presupuestos "me escandalizaba ver que el aplauso más cerrado que recibió el ministro Cristóbal Montoro no fue porque dijo estos presupuestos van a crear empleo sino porque dijo vamos a cumplir el objetivo de déficit".

Griñán: El objetivo de los presupuestos será "el ser humano y los que sufren la crisis más duramente"

MÁLAGA.- El secretario general del PSOE-A y presidente del partido, José Antonio Griñán, ha asegurado que en el presupuesto autonómico, que prevé presentar la próxima semana "con toda la limitación de recursos, que se nos han caído los ingresos, vamos a pintar objetivos prioritarios que se van a definir por una sola cosa: el ser humano y los que sufren la crisis y les golpea más duramente".

   Griñán, que ha inaugurado este sábado en Málaga la Convención Municipal del PSOE-A, ha recordado que se ha aprobado para el próximo ejercicio que en esos presupuestos de la Junta vayan 60 millones para un plan de acción social, el cual, ha destacado, "va a dar salida a más o menos 50.000 familias andaluzas".
   Así, ha asegurado que ese plan no será gestionado por un organismo público, sino "por los ayuntamientos directamente, a través de sus servicios sociales comunitarios", al subrayar que son los gobiernos municipales "los que saben el rostro y tienen la sensibilidad suficiente para saber quién está padeciendo los problemas".
   Ha reiterado que este programa "quiere ir para las personas que están padeciendo el problema de la crisis de forma dramática y que no ven salida, no ven más que oscuridad", aunque ha señalado que en el presupuesto de 2013 habrá programas para rehabilitación de viviendas, para autoconstrucción y para mayor eficiencia energética".
   Al respecto, el responsable del Ejecutivo andaluz ha apuntado que la intención es que "se mueva un sector que es verdad que fue muy deprisa, pero es que ahora no existe", asegurando que "tiene que haber oportunidades también en el sector de la construcción y tenemos que favorecerlas".

Valderas destaca la "clara voluntad" de la Junta para buscar soluciones a los desahucios

HUELVA.- El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha destacado este sábado "la clara voluntad" de la Junta de Andalucía para buscar soluciones ante los desahucios y ha incidido en la necesidad de que se abra "un espacio de sensibilidad" sobre este tema, sobre todo tras los "trágicos" acontecimientos de los últimos días derivados de los desahucios.

   En declaraciones a los periodistas antes de participar en La Rábida, en Huelva, en el encuentro provincial 'Caminando hacia una democracia participativa', Valderas ha remarcado que el Congreso de los Diputados, donde se han presentado propuestas para la dación en pago por la vivienda, debería "ser más sensible" respecto a este tema.
   En este sentido, considera que "hay que abrir un espacio de sensibilidad y exigir sensibilidad a los poderes financieros" al objeto de "romper cualquier traba legal" que impida esta situación y evite que las familias "lleguen a hechos tan trágicos como los acontecidos". Uno de ellos tuvo lugar en Andalucía, en concreto en Granada, donde este jueves una persona se quitó la vida antes de ser desahuciado.
   Finalmente, el vicepresidente ha reiterado que "hay que abrir paso a una sensibilidad para que estas tragedias no se den" y eso es "posible", puesto que otros países "se hacen" y la Junta tiene "una clara voluntad" para que en este país se tomen medidas en este sentido.

Casi un 84% de los andaluces compra habitualmente productos de 'marca blanca'

SEVILLA.- El 83,9 por ciento de los andaluces compra habitualmente productos de 'marca blanca', habiéndose incrementado en un 72,7 por ciento la adquisición de este tipo de artículos durante 2011 en un sector de la población con ingresos menores a los 500 euros y en un 42,9 por ciento en hogares con ingresos superiores a los 3.000 euros.

   Así se desgrana del Barómetro Andaluz de Consumo (BACO 2011), elaborado por la Secretaría de Consumo, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en colaboración con el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), un estudio.
   Asimismo, en los hogares con ingresos entre 501 y 1.000 euros la compra de productos de 'marca blanca' se ha incrementado en un 55,8 por ciento; en un 51,2 por ciento en las familias que ingresan entre 1.001 y 2.000 euros; y en un 51,5 por ciento en las que los ingresos se sitúan entre 2.001 y 3.000 euros.
   Se ha incrementado también en los últimos años otras nuevas formas de consumo en Andalucía, además de los productos de 'marca blanca', correspondientes a los productos ecológicos, (adquiridos por un 43,2 por ciento de la población); la compra por Internet (25,6 por ciento) y los productos de comercio justo (12,6 por ciento).  
   El estudio constata un aumento de la valoración de los productos con denominación de origen (3,8 sobre una escala de 1 a 5), seguidos a poca distancia por los productos de 'marcas blancas' (3,79) y los productos ecológicos (3,71). Los productos dirigidos a la salud o enriquecidos se sitúan un escalón por debajo (3,16), donde también se sitúan los productos de comercio justo (3,25). Por último, los alimentos congelados y precocinados (2,58) y la comida rápida (2,07).
   En lo que se refiere a la compra por Internet, uno de cada cuatro andaluces encuestados realizó alguna acción de este tipo durante el pasado año 2011, un porcentaje que ha experimentado un crecimiento sostenido de ocho puntos desde el año 2009.
   En cuanto a la lista de productos de compra online, los viajes continúan siendo el producto que más compran online los andaluces, son adquiridos por el 55 por ciento de los que compraron algún artículo por Internet), seguidos a cierta distancia por los artículos electrónicos y los productos informáticos (41 por ciento).
   A continuación se sitúan cuatro productos que adquieren en torno a un tercio de los compradores online andaluces: entradas de cine o espectáculos; libros, música o películas, productos o servicios relacionados con la telefonía y artículos de moda. Estos datos parecen indicar que la compra online se dirige preferentemente al ocio y el entretenimiento.
   Comparado con la importancia que adquiere el ocio y el entretenimiento, servicios como la educación, la búsqueda de empleo o los servicios financieros presentan una menor difusión (en una horquilla entre el 22 por ciento y el 17 por ciento), mientras que los productos alimentarios sólo llegan al 12 por ciento.
   De otro lado, el precio y la experiencia previa son los criterios fundamentales a los que tienden los andaluces a la hora de elegir un producto o servicio. En cuanto a los tipos de establecimiento, los supermercados de barrio continúan siendo los establecimientos a los que recurren en mayor medida los andaluces para realizar sus compras.
   En concreto, el 77,8 por ciento recurre a ellos, aunque pueden existir variaciones importantes en el recurso a los supermercados de barrio según el nivel de estudios. Las tiendas (51,6 por ciento) y las grandes superficies (48,9 por ciento) se disputan el segundo lugar en las preferencias de los consumidores.

La AEPD señala que Ayuntamiento de Almería infringe la ley con el sistema de videovigilancia del antiguo cuartel de Policía

ALMERÍA.- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha determinado en una resolución que el Ayuntamiento de Almería ha infringido de forma "grave y continuada" la normativa que rige al instalar el sistema de videovigilancia en las antiguas dependencias de la Policía Local y ha remitido comunicación al Defensor del Pueblo Andaluz.

   La citada resolución recoge que el Consistorio no ha atendido los "requerimientos" de la agencia para subsanar irregularidades detectadas hace un año raíz de una denuncia contra el sistema de videovigilancia, integrado por cuatro cámaras internas y cinco fijas externas.
   En concreto, y tras advertir de que en "caso de no persistir en la persistir" en la no atención al requerimiento podría abrirse procedimiento de declaración de infracción, la AEPD recoge que el Ayuntamiento de Almería ha infringido lo dispuesto en el artículo 37.1a de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
   Según han indicado desde el despacho de abogados especializado en esta materia, en el año 2011, se declaró que el sistema de video vigilancia era "ilegal" pues antes de las instalación de las cámaras el Ayuntamiento no había aprobado oficialmente recoger datos personales a través de la creación de un fichero, y tampoco se lo había comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos.
   Así, el 26 de mayo de 2011, la Agencia declaró que el Ayuntamiento infringió de forma grave la Ley de Protección de Datos, y le requirió al Ayuntamiento para que formalizase la creación de un fichero y lo inscribiese en la Agencia.
   No fue hasta junio de 2012, un año más tarde, cuando, según recoge la resolución, se publicó en el BOP la creación del fichero de videovigilancia, que, sin embargo, no se notificó posteriormente a la Agencia.
   Este  ha motivado que la Agencia haya vuelto a reprochar al Ayuntamiento su actuación en materia de protección de Datos, en una reciente resolución de 3 de octubre de 2012, en la que advierte, además, de que ha comunicado estas circunstancias al Defensor del Pueblo.
   Desde el citado despacho han subrayado que, de tratase de una empresa, las sanciones que podrían imponerse oscilan entre los 40.000 a 300.000 euros. Sin embargo, en el caso de las administraciones públicas únicamente se declaran las infracciones, pudiendo proponerse la imposición de sanciones por vía disciplinaria, tal y como advirtió recientemente la Agencia Española de Protección de Datos a un ayuntamiento de Granada.

Yo soy de Cartagena. ¿Y qué? / Arturo Pérez Reverte *

¿Y a mí qué me cuentan?. Quisiera que alguien me explique de una puñetera vez qué pretenden decir con esa murga de "es que yo soy de aquí, y no soy de allí" que le salta a uno a la cara cuando abre un periódico, o enchufa la tele, o el arradio. Porque, a ver. ¿Dónde diablos es aquí y dónde es allí? Y cuando se invoca un hecho diferencial como si fuese palabra mágica, ¿estamos hablando de diferencias con quién? Porque si de lo que se trata es de ser diferentes, el de arriba firmante es tanto como el que más. Y a la hora de plantear argumentos nacionalistas, paletismo local o factores raciales e históricos no estoy dispuesto a dejarme achantar por nadie. Puestos a ello, puedo ser tan poco español o tan cantamañanas como cualquiera.

Porque vamos a ver. Si de lo que se trata es de marcar paquete, diré que yo, por ejemplo, soy de Cartagena: una ciudad que tiene tres mil años de historia y que podría abastecer de solera a media Europa. Fue capital de la España cartaginesa, y capital de cada una de las cinco provincias romanas de Hispania. Mis antepasados eran griegos, fenicios y cartagineses; y cuando de jovencito me zambullía en el mar, sacaba ánforas que llevaban veinte siglos allá abajo, enfrente de mi casa. En cuanto a raza también soy distinto, porque mi RH positivo es mediterráneo, antiguo y sabio. Y puestos a eso, me siento más a gusto en un cafetín moruno de Tánger o bebiéndome un vaso de vino con aceitunas bajo una parra griega, que en la Gran Vía de Madrid, El Sardinero, Las Ramblas o la plaza mayor de Trujillo.

En cuanto a peripecias históricas, pues bueno. Mientras los comerciantes, los campesinos y la gente de la iglesia y de la paz se iban al interior - a Murcia- para esquivar las incursiones de los piratas berberiscos, mis architatarabuelos se quedaron en la costa a pelear. Y cuando la primera república, el Cantón de Cartagena se autodeterminó por las bravas, acuñó su propia moneda, poseyó su escuadra, y al aparecer las tropas centralistas no se desbandó como una manda de conejos, sino que resistió seis meses a cañonazo limpio. Y en lo que se refiere a lengua propia, cierto es que no hay una nacional cartagenera; pero los críos, antes de tener uso de razón, saben leer en las piedras inscripciones en latín. Y mucho podríamos discutir sobre si decir: "deme sinco sentímetros de sinta de senefa asul" o blasfemar con la barroca riqueza léxica del habla cartagenera no es un hecho diferencial lingüístico de cojones...

En cuanto a agravios, para qué les voy a contar. Hoy, Cartagena es una ciudad industrialmente desmantelada, deshecha por el paro, con menos alternativas que un bocadillo de mortadela en Ruanda. A los cartageneros no es que los hayan puteado histórica y sistemáticamente el gobierno central, las monarquías austriaca y borbónica, la dictadura franquista o los cien años de acrisolada honradez. A los cartageneros nos han hecho la puñeta la administración fenicia, la griega, la de Roma, la bizantina, los suevos, los vándalos, los alanos, los visigodos, el califato de Bagdad, el de Córdoba, el Cid Campeador, los reyes de Castilla, los de Aragón, Napoleón Bonaparte, el general Martínez Campos, la primera y la segunda repúblicas, y todo el que pasó por allí. 
 
Mis antepasados pagaron impuestos, palmaron en la Invencible, Trafalgar, Santiago de Cuba, Filipinas, Annual. Y a cambio, como el resto de los españoles, recibieron hostias hasta en el cielo de la boca. Cierto es que fueron cómplices y actores en empresas imperiales de la España centralista castellana. Pero cuando vas y abres los libros de historia, compruebas que en cualquier batalla de Flandes, en cualquier episodio colonial de América, en cualquier aventura española en Nápoles, Sicilia, norte de África o Constantinopla, los apellidos de los capitanes, soldados, marinos, comerciantes y frailes eran también, y no pocos, vascos, catalanes, gallegos, navarros, mallorquines y etcétera. 
 
En esta galera hemos remado todos, y a todos nos han dado infinitas veces por detrás y por delante. Aquí no hay víctimas de primera y de segunda clase, y sólo a los muy canallas o a los muy imbéciles se les ocurre trazar líneas divisorias con tan irresponsable arrogancia. ¿Diferentes? Claro que sí. No sólo van a serlo tres o cuatro chantajistas bocazas. Aquí todos tenemos motivos para piarlas, y cuando llueve se moja todo cristo. Así que, para diferencia, la mía y la de la madre que me parió. A ver qué se ha creído esa panda de gilipollas.
 
(*) Académico y periodista

El Ayuntamiento de Almería aprueba la hoja de ruta del Proyecto Aire para empleo en colectivos vulnerables


ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería ha aprobado el plan de trabajo elaborado por la empresa Alban&inedit SL, adjudicataria del contrato para el desarrollo y puesta en marcha del programa 'Aire', siglas en inglés de 'Almería Integración y Responsabilidad Social', que tiene como objetivo la empleabilidad estable y de calidad de los colectivos vulnerables.

   La 'hoja de ruta' de este programa, que tiene un presupuesto total de 749.000 euros cofinanciado por el Fondo Social Europeo y ha sido aprobada en junta de gobierno, se dirige a jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 y parados de larga duración, así como personas con discapacidad e inmigrantes a través de itinerarios integrados de inserción y procesos de formación y prácticas laborales, con especial incidencia en la población femenina.
   Según ha informado el Consistorio, el ámbito de actuación de este programa señala una serie de zonas de acción preferente en los barrios de Los Almendros, Piedras Redondas, El Puche, La Chanca y Pescadería y está dirigido, prioritariamente, a mujeres desempleadas.
   Desde hoy cuenta también con "la hoja de ruta necesaria para poder desarrollar acciones formativas, de orientación laboral así como la realización de prácticas profesionales con este sector de población", tal y como ha destacado la edil de Desarrollo Económico y Empleo, Ana Martínez Labella.
   El desarrollo de este programa se vertebra a través de cuatro acciones que vienen a reforzar los objetivos marcados por le Pacto Local por el Empleo, aprobado por unanimidad por el pleno municipal: La creación de un Observatorio Ocupacional Solidario, la puesta en marcha de una Oficina de Territorios Socialmente Responsables, el establecimiento de dos centros de Dinamización Laboral y la realización de prácticas remuneradas.
   Mediante estos ejes el programa pretende alcanzar unos objetivos concretos que pasan por, además de promover la empleabilidad dentro de los colectivos más desfavorecidos, promover actuaciones integradas de desarrollo sostenible en la ciudad de Almería que respondan a necesidades locales generadoras de empleo, en particular en el sector de servicios de atención a personas con especiales necesidades y turismo.
   Así mismo, persigue impulsar la participación de administraciones públicas, agentes sociales, tejido empresarial y ciudadanía en redes que refuercen la cohesión social y económica para conseguir un territorio socialmente responsable y con duración más allá del fin del proyecto y garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el entorno laboral.
   El programa incorporará una completa planificación funcional y temporal de las labores a desarrollar que se extenderá por un periodo de dos años, de acuerdo con las condiciones de adjudicación del contrato que el Ayuntamiento suscribe con la empresa encargada de su puesta en marcha.

El Comité Provincial del PSOE reclama para el sector del Mármol un plan estatal de rehabilitación

ALMERÍA.- El Comité Provincial del PSOE de Almería ha aprobado este viernes una resolución con la que ha expresado su apoyo a la Comarca del Almanzora en la que aboga por la defensa del empleo, la industria, las infraestructuras y los servicios de la zona y reclama para el sector del Mármol un plan estatal de rehabilitación, que incida en la recuperación de la actividad económica y la creación de puestos de trabajo. 

   Según informa el PSOE en una nota, la resolución también urge a la puesta en marcha de un plan de empleo específico, a los efectos de reducir el "enorme desempleo" en el Mármol y la construcción, como consecuencia de la crisis económica. Además de potenciar la política industrial, el texto de la resolución incide en que "es necesaria" una política energética como herramienta para hacer frente a la situación económica actual del país y de la provincia de Almería.
   El PSOE de Almería considera que Andalucía "debe liderar la política energética en materia de I+D+i, de empresas renovables y de empleo, luchando contra la política del PP, que hunde el sector industrial español y, por consiguiente, el empleo".  La resolución también incluye una referencia a la Autovía del Almanzora, a la que define como "un elemento fundamental y vertebrador de la provincia, cardinal para el desarrollo económico y la modernización de la Comarca".
   Ante esto, considera que "la finalización de la variante de Albox es una urgente necesidad", como también lo es "que se aborde la conclusión de la totalidad del proyecto y demás accesos comarcales". El PSOE, que ha impulsado la constitución del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Valle del Almanzora, exige que este Consorcio asuma las instalaciones y el personal del Parque de Extinción de Incendios comarcal ubicado en Albox, "además de reconocer la labor realizada durante 23 años por este parque en la prestación de servicios a la comarca".
   El Comité Provincial del PSOE también ha aprobado una segunda resolución en la que se refiere al Banco de Alimentos y prevé la colaboración de las agrupaciones locales del PSOE en toda la provincia con esta institución. Así, ha pedido a las agrupaciones almerienses que "jueguen un papel activo" en la defensa y el fortalecimiento de los Bancos de Alimentos, "poniendo las instalaciones del partido a su disposición, ya que estas instituciones suponen el último recurso para muchas personas que se han quedado literalmente en la indigencia".
   El secretario provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha expresado el "compromiso" de los socialistas almerienses con la creación de empleo y especialmente con la inserción social de los ciudadanos "a los que más duramente está afectando la crisis económica". "Tenemos que ser el partido del pueblo, no el partido ni de los militantes ni mucho menos de los dirigentes", ha insistido Sánchez Teruel, quien cree que "éste es el mejor servicio que le podemos prestar al partido y la mejor manera de ejercer nuestra responsabilidad como dirigentes y como militantes".
   La reunión celebrada en Macael por el máximo órgano de control y participación entre congresos, ha sido la primera que se celebra desde que, en julio, se renovaran los órganos provinciales, en el transcurso del XII Congreso Provincial del PSOE de Almería.

La consejera Elena Cortés urge al Gobierno a "escuchar el clamor social" contra los desahucios

ALMERÍA.- La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha pedido este viernes a las personas en riesgo de ser desahuciadas, o que ya lo han sido, que "superen el miedo y el sentimiento de culpa" y defiendan sus derechos al tiempo que ha reclamado al Gobierno que preside Mariano Rajoy que "escuche el clamor social contra esta injusticia".

   "La culpabilización de la víctima forma parte del gravísimo problema social que combatimos", según ha señalado Cortés, quien ha recordado que existen en las ocho provincias andaluzas oficinas del Plan Andaluz en Defensa de la Vivienda que ofrecen servicios de asesoramiento, intermediación y protección.
   La consejera, quien ha visitado esta mañana en Huércal-Overa y Zurgena las actuaciones de emergencia de su departamento para restablecer la normalidad tras la 'gota fría' de finales de septiembre y se reunió por la tarde con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), ha indicado que, a través de este programa, la Junta "se alía con los más débiles y con las víctimas de la crisis".
   "Nuestro mensaje es claro: las víctimas de la crisis, las víctimas de la injusticia, las víctimas de los desahucios tienen ahora en la Junta un aliado", ha trasladado al tiempo que ha remarcado que la consejería continúa trabajando para sumar a la iniciativa a otras entidades como ayuntamientos, diputados, entidades financieras y colegios profesionales.
   Al hilo de esto, ha considerado que este "drama social" pasa "desapercibido en demasiadas ocasiones" y ha asegurado que existe una "desproporción entre la magnitud del desastre social y la escasez de atención al mismo en el debate público", un fenómeno que, según ha ahondado, contribuye a que las víctimas "no superen el miedo y la vergüenza que a menudo padecen".
   Cortés ha señalado que es "fundamental" que el "drama" de los desahucios se sitúe "en el centro del debate público", objetivo en el que "está empeñado el nuevo equipo" de la consejería. "Con nuestras políticas, con nuestra renuncia a la equidistancia y a la neutralidad, pretendemos acabar con el miedo y la vergüenza de las víctimas de la crisis", ha afirmado para, a continuación, reclamar al Gobierno central "que escuche el clamor social" en contra de esta "injusticia".
   En esta línea, ha remarcado que las medidas "antisociales" del Gobierno y de la Troika sólo contribuyen a crear "más paro y por lo tanto más desahucios", y ha defendido que la política esté al servicio de la economía productiva y la creación de empleo.
   "Reclamamos al Gobierno que apruebe la dación en pago e impulse el alquiler social, y por supuesto que emplee todos los instrumentos a su alcance para que las entidades financieras que han sido rescatadas con dinero público no realicen desahucios", ha concluido.
Elena Cortés, ha exigido al Gobierno central, ya en Almería de vuelta de Huércal-Overa, que lleve como "medida urgente" al próximo Consejo de Ministros los cambios legislativos precisos en el decreto ley de desahucios y en el Código de Buenas Prácticas para impedir que las entidades financieras que hayan recibido dinero público puedan ejecutar desahucios así como para permitir la dación de la vivienda en pago y el alquiler social.  
La titular andaluza de Fomento ha incidido en que "el Gobierno tiene la sartén por el mango, es el que puede cambiar las leyes, así que no es que no descarte, sino que debe de ser una medida urgente en el próximo Consejo de Ministros si quiere ser un Gobierno que responda a una situación de emergencia social".
   La consejera cree que "es de justicia" atender a las familias tras haber cubierto "las necesidades de los bancos atendiendo su rescate" y que además, esta atención tiene que partir de la "voluntad política" y no de la "caridad" de ningún gobierno. "Las familias no deben tener vergüenza ni sentirse culpables, vergüenza debe sentir un gobierno que consiente y permite esto porque no es capaz de cambiar las leyes", ha ahondado Cortés.
   En una reunión con colectivos sociales de afectados por la hipoteca, la consejera andaluza ha afirmado que la Junta trabaja ya en un convenio mediante el que quiere involucrar a los ayuntamientos a través de sus empresas municipales de vivienda que permita poder realojar a las familias afectadas por el embargo de sus casas.
   Asimismo, ha valorado la puesta en marcha de la oficina de mediación por parte de la Junta, que, en el caso de Almería, ha atendido ya 27 casos y ha permitido paralizar una orden de desahucio que pesaba sobre una familia residente en el barrio de Pescadería de la capital. Cortés ha explicado que esta herramienta tiene como objetivo asesorar preventivamente, intermediar ante el primer aviso de impago desde el lado del particular y realojar en caso de no haber podido parar el desahucio.

El pleno de la Diputación de Almería aprueba 4,4 millones de euros en ayudas por el temporal para el Levante almeriense

ALMERÍA.-   La Diputación Provincial de Almería ha aprobado este viernes en sesión plenaria ordinaria bajo la unanimidad de todos los grupos --PP, PSOE e IULV-CA-- la modificación de créditos del presupuesto de 2012 y destinar un gasto plurianual de 4,4 millones de euros a la reparación de las infraestructuras básicas dañadas en el Levante almeriense tras la lluvias torrenciales del pasado 28 de septiembre. La modificación incluye así un gasto para estas actuaciones de dos millones de euros para lo que queda de 2012 y 2,4 millones para el ejercicio 2013. 

   En sesión plenaria, el diputado provincial de Hacienda, Manuel Alías (PP), ha explicado que "el mismo día del suceso el presidente ordenó que los diputados implicados nos pusiéramos a trabajar en esto y lo hemos llevado a cabo tras la cuantificación de los daños en el Levante". En esta misma línea, el pleno ha aprobado de forma unánime una moción conjunta de cooperación y colaboración entre administraciones públicas con el fin de lograr una rápida actuación, coordinada y efectiva ante una catástrofe natural.
   Según recoge el texto aprobado por los tres grupos políticos, "es en estos momentos donde las Administraciones Públicas debemos responder decididamente y con total disposición a las necesidades de nuestros pueblos y sus vecinos, abandonando cualquier partidismo, para hacer frente organizada y eficazmente a las consecuencias de la catástrofe, socorriendo a los afectados y procediendo a la pronta reparación de los daños causados por la misma y facilitando las ayudas necesarias".
   De esta forma, la moción insta al Gobierno central, a la Junta de Andalucía, a la Diputación Provincial y a los propios ayuntamientos a trabajar de forma coordinada para dar pronta respuesta a las necesidades de los municipios y vecinos afectados por esta catástrofe.
   Por otra parte, el pleno ha aprobado con los votos del PP una moción de rechazo "al grave incumplimiento del Gobierno andaluz al no satisfacer los pagos a las corporaciones locales de Andalucía correspondientes a diferentes programa sociales cuya financiación es competencia de la Administración Autonómica".
   En este sentido, el vicepresidente de la Diputación ha señalado que "la deuda de la Junta de Andalucía con la Diputación en materia de servicios sociales va a ascender este año a 11 millones de euros, si no han pagado a final de este ejercicio". García ha explicado que "lo que hace la Junta es establecer convenios con administraciones como la Diputación para que nos encarguemos de servicios que son de su competencia, prometen que  van a pagar ese servicio en el primer trimestre pero luego son las instituciones como ésta las que tenemos que soportar el gasto en materias que no son de nuestra competencia".
   La moción insta al Gobierno andaluz a proceder con carácter "de urgencia" al abono de las obligaciones pendientes de pago con las corporaciones locales para que éstas puedan continuar atendiendo las demandas de los ciudadanos en materia de servicios sociales, así como a que la Junta de Andalucía garantice el mantenimiento de todos los programas y proyectos sociales que se desarrollan en los ayuntamientos andaluces, dada su repercusión en los sectores "más desfavorecidos de la sociedad andaluza y en el empleo".
   El texto propone además la creación de un Fondo de Emergencia Social destinado a las corporaciones locales andaluzas, de manera que puedan hacer frente a las urgencias sociales y atender las necesidades más acuciantes de los andaluces afectados por la crisis económica y el desempleo, implementado con los recursos fraudulentos recuperados de las ayudas sociolaborales y a empresas, librados a través del programa 31L.

La Diputación aprueba la subida al 4% de la tasa por la prestación de servicios tributarios a los municipios almerienses

ALMERÍA.- La Diputación Provincial de Almería ha aprobado provisionalmente este viernes la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación tributaria que presta a los municipios de la provincia, de forma que esta misma refleja una subida del uno al cuatro por ciento de los precios por servicio. 

   La propuesta, aprobada en sesión plenaria ordinaria con los votos a favor del equipo de gobierno (PP), ha contado con el rechazo de los grupos de IULV-CA y PSOE, quienes han considerado "excesiva" dicha subida y han solicitado que se realizara de forma "escalonada" y "en coordinación y consenso" con los alcaldes y responsables de Hacienda de los distintos municipios, con especial atención a los de menos de 20.000 habitantes.
   En este sentido, el pleno ha rechazado una enmienda a la propuesta presentada por el grupo del PSOE, que solicitaba que se diera traslado a los ayuntamientos de la medida para tratar de "consensuar" con los regidores los extremos de la misma y darles la oportunidad de formular "alegaciones". El rechazo de dicha enmienda, con los votos del PP, ha sido duramente criticada por la portavoz del grupo socialista, Esperanza Pérez, quien ha acusado al equipo de gobierno de aprobar la ordenanza "por la puerta de atrás".
   El portavoz del equipo de gobierno y vicepresidente de la institución, Javier Aureliano García (PP), ha explicado que las razones para efectuar la subida del tipo impositivo se deben al aumento de la prestación de servicios y trámites a cargo de la Diputación durante los últimos años más allá de la recaudación del IBI y del IAE, con lo que incluso la actualización de la tasa se mantiene aún por debajo del coste del servicio, que, en su caso, conllevaría una subida del 4,17 por ciento.
   García ha señalado el "déficit" que la Diputación arrastra con la prestación de este servicio en el año 2011 se ha cifrado en 2,6 millones de euros y ha ahondado en que la decisión viene avalada por un acuerdo plenario adoptado bajo el anterior gobierno de la Diputación --PSOE-- en la que se expresaba que la tasa se incrementaría conforme a que el servicio fuera deficitario.
   Ante esto, Pérez ha incidido en la necesidad de mantener un encuentro con los ayuntamientos puesto que, según ha comentado, "cualquier cláusula para incrementar los porcentajes de las cuotas tendría que contar con el previo acuerdo de los ayuntamientos" a fin de llegar a un "consenso". 

Deudas

   En cuanto a las deficiencias del servicio, la portavoz socialista ha pedido que "como alternativa" se reclamara la deuda "de más de nueve millones de euros" que en su conjunto tienen los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, ya que, según ha ejemplificado, la subida de tasa supondrá para un municipio de 10.000 habitantes el pago de 144.000 euros de los 36.000 euros que se calculan en la actualidad. "Es razón de ser" de la Diputación la defensa de los municipios pequeños, ha añadido.
   El vicepresidente ha reprochado a Pérez que exija el pago de la deuda a los ayuntamientos y no haga lo mismo con la Junta de Andalucía, que, según ha afirmado, debe a la institución 5.077.427,85 a través de 4.675 recibos. Así, según el detalle trasladado por la Diputación, existen 1.089 facturas relativas a la Agencia Andaluza del Agua por un importe total de 4.109.278 euros y otras 2.254 facturas de EPSA por un importe de 323.960,65 euros.
   Igualmente, los datos de la Diputación indican un montante adeudado de 400.885 euros de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 127.513 euros de la Consejería de Medio Ambiente, 86.804,99 euros del Centro Andaluz de Salud, y 13.897 euros de Verificaciones Industriales de Andalucía, entre otros conceptos.
   La dirigente socialista ha mostrado sus sospechas de que la Diputación trate de "condonar" la deuda a los ayuntamientos más grandes que "da la casualidad que son los gobernados por el PP", con lo que ha expresado que se podría pensar que existe un "interés partidista" a la hora de reclamar deudas a las distintas administraciones.