martes, 14 de junio de 2011

La Unión Europea aprueba limitar a 210 millones las ayudas por la crisis del pepino

 BRUSELAS.- La Comisión Europea ha logrado hoy el apoyo de suficientes Estados miembros, entre ellos Alemania, para sacar adelante su propuesta de limitar a 210 millones de euros las ayudas a los agricultores con las que compensar el 50% de las pérdidas del sector hortofrutícola europeo tras la llamada 'crisis de los pepinos', a raíz de la alarma creada por Berlín al señalar erróneamente unas partidas de pepino procedente de España como origen del brote virulento de 'E.coli', según ha informado el secretario general de Medio Rural, Eduardo Tamarit. España ha votado en contra por considerar "insuficientes" las ayudas.
 
   "Las medidas no nos satisfacen", ha explicado Tamarit al término de la reunión de expertos de los 27 mantenida en Bruselas en la que se ha decidido sobre la propuesta del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos. El representante español en la reunión ha explicado el rechazo de España a las medidas porque considera que son insuficientes y "no contempla a todo" el sector hortofrutícola ni las pérdidas que ha asumido "por algo que no es su responsabilidad".
   Al no lograr una mayoría cualificada para bloquear la propuesta, la Comisión es ahora competente para adoptarla formalmente, lo que sucederá "en los próximos días", según fuentes comunitarias.
   La propuesta de Bruselas, además, limita las ayudas a los productores de cinco hortalizas concretas, pepinos, tomates, lechugas, calabacines y pimientos, al considerar que se trata de los productos más afectados y de difícil almacenamiento. 
 
Podrán optar a este apoyo tanto los agricultores adscritos a alguna organización agraria como los independientes que hayan sufrido el golpe de esta crisis desde el pasado 26 de mayo hasta el 30 de junio.
España no se da por satisfecha

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua del MARM, Josep Puxeu, ha afirmado que España "no se va a dar por satisfecho" con las aportaciones que están decidiendo los 27 en el comité de gestión de la UE, que se celebra este martes y que, en concreto, propone crear un fondo especial dotado con 210 millones de euros para cubrir con ayudas comunitarias en torno al 50% de las pérdidas que los agricultores europeos, sobre todo españoles, han sufrido como consecuencia de la llamada 'crisis del pepino'.

El secretario de Estado ha explicado que la aportación que se vota este martes en el comité de gestión de la UE es "una parte" y ha añadido que "seguirán negociando en el próximo Consejo de Ministros de Luxemburgo".
   En este sentido, ha comentado que Bruselas debe financiar las campañas dirigidas a la restitución de la imagen del sector hortofructícola español. "Hay que recuperar la confianza de los consumidores y eso debe hacerse con campañas y presencia de productos españoles en ferias", con el propósito de que "se encuentren en mejor situación de la que se encontraban antes del 26 de mayo", ha destacado.
   Respecto a los productos afectados, Puxeu ha manifestado que es necesario "restaurar unos daños concretos para unas explotaciones concretas" y ha subrayadao que la Unión Europea tiene que "pagar todo". Es decir, hay que identificar "todo lo que se ha retirado" y debe pagarse "a precios de mercado". Esto, a su juicio, debería llevar "poco tiempo".
   Preguntado sobre las cifras que se manejan, el secretario de Estado ha asegurado esta cuantía la determinarán las meses de trabajo que mantienen los representantes del sector hortofructícola y las comunidades autónomas. "Ellos deben definir cuáles son sus necesidades", ha apostillado.
   De cara al futuro, Puxeu ha instado a que la Nueva Política Agraria Común, con sus cerca de 50.000 millones de euros, contemple estas crisis alimentarias y se adopten "soluciones europeas para problemas europeos". 
"Más allá de las ayudas, tiene que haber instrumentos de gestión de mercado y de gestión de crisis", ha agregado.
   Cuestionado sobre las propuestas de ciertos sectores de sabotear los productos alemanes, el secretario de Estado ha resaltado que esta acción estaría "fuera de todo lugar" porque Alemania ha sufrido "una crisis de salud importante con 30 muertos y 200 hospitalizados", aunque ha añadido que "no hay que descartar pedir responsabilidades a Alemania", pero teniendo presente que lo más importante es recuperar el mercado.

PSOE y PP vuelven a rechazar la 'dación en pago' en el Pleno del Congreso

MADRID.- Los portavoces de PSOE y PP han expresado ante el Pleno del Congreso de los Diputados su rechazo a proposición de Ley del BNG que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que con la entrega de la vivienda sea suficiente para cancelar el préstamo "en el caso de deudores de buena fe", o a emprender un proceso de negociación en los procesos de ejecución hipotecaria que conduzcan a una moratoria.
  
No ha sido la primera vez que las principales formaciones parlamentarias suman fuerzas contra una reforma de este tipo. El pasado mes de febrero ya lo hicieron con una iniciativa de IU-ICV, si bien ahora se da la circunstancia en que el Congreso, a instancias de PP y ERC, ha creado una subcomisión parlamentaria para estudiar las "prácticas abusivas" en los préstamos para una vivienda y la posibilidad de impulsar la conocida como dación en pago.

Pero el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha justificado por "responsabilidad política y pedagogía" la defensa de esta iniciativa en estos momentos, así como "advertencia" para evitar que la subcomisión es una mera estrategia de distracción. En este sentido, ha expresado su temor de que esta "voluntad de reforma" no sea compartida por el PSOE y el PP.

La socialista Ana Fuentes ha recalcado que la subcomisión se ha creado para tomar las "medidas adecuadas" para hacer frente al so problemas suscitados por la burbuja inmobiliaria. Pero ha remarcado que "no entiende que al solución sea la dación en pago", pues podría llegar a encarecer hasta en un 20% los precios de las hipotecas. "Y no vamos a tomar medidas que comprometan la recuperación", ha remarcado, pidiendo "realismo" a Jorquera y no crear "falsas expectativas" entre los ciudadanos.

El 'popular' Pablo Matos ha remarcado que el sistema hipotecario español es "enormemente desproporcionado y a veces injusto", como ha puesto de manifiesto una crisis agravada por la "incompetencia del Gobierno. Pero ha asegurado que el ámbito para revisarlo es la subcomisión para conocer "pormenorizadamente" su impacto en sistema financiero español.

No obstante, el diputado de ERC Joan Tardá, cuya formación también ha instigado la creación de esta nueva subcomisión que el debate sobre la dación en pago está mostrando que el discurso político está al servicio de la banca, aun a costa de "arruinar a familias enteras".
  
Su compañera de grupo parlamentario y parlamentaria de ICV, Nuria Buenaventura, ha expresado su coincidencia al 100% con las palabras de Jorquera, cuya propuesta le resulta "enormemente coherente".
  
Por su parte, el presidente de la Comisión de Vivienda y diputado de CiU, Pere Macías, ha señalado que la subcomisión debe actuar "con máximo rigor institucional", motivo por el que se ha decantado por la abstención, si bien ha expresado su "comprensión" por la intención del BNG de dar atención a estos problemas.

Ecologistas en Acción pide responsabilidades a quienes autorizaron la autopista Cartagena-Vera por ser "innecesaria"

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha exigido responsabilidades a quienes autorizaron la autopista Cartagena-Vera, que consideran una infraestructura "innecesaria, creada para sostener la especulación urbanística en el litoral, y que ahora será rescatada con dinero público", según han informado fuentes de la organización en un comunicado de prensa.

   En este sentido, ha expresado su indignación con el anuncio de que el Ministerio de Fomento rescatará con 8,3 millones de euros de las arcas públicas a la concesionaria de la autopista Cartagena-Vera (Aucosta).
   La organización ha comentado que "resulta difícil entender que en tiempo de crisis se siga ayudando con dinero público a quienes precisamente han contribuido a crear la burbuja inmobiliaria y especulativa que finalmente ha desencadenado la crisis que sufre el conjunto de los ciudadanos".
   Para la organización ecologista "el problema no es que haya habido un descenso de viajeros en la autopista Cartagena-Vera (AP-7), como argumenta la concesionaria, sino que nunca se ha llegado a niveles rentables de tráfico, por que su construcción se basó en criterios puramente especulativos y no en criterios objetivos de intensidad de tráfico existente".
   Por ello, "esta gran infraestructura se sabía que era absolutamente innecesaria desde el principio, y sólo respondía al interés de los movimientos especulativos en el litoral, tal y como denunciamos en su día desde diversos colectivos", aseveran.
   El coordinador regional de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, ha explicado que realmente "el escaso tráfico de la autopista como Cartagena-Vera era previsible y se sabía que iba a ser así". De hecho, ha recordado que Ecologistas en Acción "siempre ha argumentado que se trataba de una infraestructura absurda, de gran impacto, innecesaria, y que sólo tenía sentido para sostener la oleada de especulación urbanística que ha dejado una grave crisis económica e institucional, con innumerables episodios de corrupción política".
   Luengo ha manifestado que "desde el inicio hemos cuestionado la necesidad de una autopista que atraviesa y malogra la Marina de Cope y el hábitat de especies tan importantes como la tortuga mora. E impide una adecuada gestión tanto de la Red Natura 2000 presente en Marina de Cope, como del propio Parque Natural Costero-Litoral declarado como tal en 1992".
   Asimismo, ha explicado que "es una vergüenza que no se aplique el principio de sostenibilidad, ni el de que quien contamine que pague, a una infraestructura basada en la avaricia, y que ahora, en momentos de crisis, se rescate con fondos públicos, a la vez que se resienten por falta de financiación pública servicios básicos que sí que benefician al conjunto de los ciudadanos".

La gestora socialista avisa de "consecuencias" para quien no acepte la democracia interna

ALMERÍA.- Después de que el secretario general del PSOE de Adra, Luis Pérez, calificase de "paripé" a la Comisión Gestora del PSOE de Almería, constituida tras la renuncia de más de la mitad de los cargos de la Ejecutiva Provincial, el citado órgano ha aclarado que la designación de los miembros del Grupo socialista de la Diputación provincial responde al "interés general" de los almerienses, pues Luis Pérez había advertido de que la gestora se dedica a "pagar favores" a los dimisionarios mediante la composición de dicho grupo.

   En este sentido, desde la Comisión Gestora del PSOE de Almería se ha explicado en un comunicado que se están manteniendo reuniones con los concejales y concejalas socialistas de las cuatro juntas electorales de zona de la provincia, donde "los ediles trasladan libremente sus propuestas de diputados y diputadas provinciales para la próxima corporación supramunicipal". 
A partir de estas propuestas, la Comisión Gestora del PSOE de Almería ha conformado el Grupo Socialista de la Diputación de Almería "con la pretensión de que estas personas realicen el mejor trabajo posible para defender el interés general de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Almería".
   Asimismo, la Comisión Gestora del PSOE de Almería recuerda que "quien no acepte la democracia interna y los Estatutos del PSOE, asume las consecuencias de sus actos".
"No aceptar estas reglas es, asimismo, y sobre todo, una grave falta de respeto hacia los concejales y concejalas socialistas que han sido propuestos como diputados y diputadas provinciales, así como también hacia los concejales y concejalas del PSOE que han ejercido libremente su derecho a proponer a los compañeros y compañeras que conformarán el Grupo Socialista de la próxima corporación provincial de Almería".

Luis Pérez ve en la gestora del PSOE un "paripé" y la acusa de "pagar favores" por la destitución de la dirección provincial

ALMERÍA.- El secretario municipal del PSOE de Adra, Luis Pérez, ha señalado este martes que la Comisión Gestora del PSOE de Almería, constituida hace menos de una semana tras la renuncia de más de la mitad de los cargos de la Ejecutiva Provincial, es un "paripé" que "no representa a los militantes de la provincia" y que se está dedicando a "pagar favores" a los dimisionarios con la conformación del grupo municipal del PSOE en la Diputación Provincial. 

    Pérez ha indicado que aunque la Comisión Gestora anunciara su intención de elegir a diputados provinciales "con experiencia y conocimiento" de la institución provincial para conformar la oposición, ésta se ha vuelto "sectárea" al tratar de "devolver los favores a quienes han contribuido a las dimisiones de cara al próximo Congreso Provincial Extraordinario" del partido, del que saldrá la siguiente Dirección Provincial socialista.
   En esta línea, ha adelantado que por la Junta Electoral de Zona de Berja se ha propuesto como diputada provincial a la exdelegada provincial de Cultura y secretaria municipal del PSOE de Dalías, Yolanda Callejón, una de las 27 militantes que renunció como vocal de la Ejecutiva Provincial. "La agrupación de Adra es la que más concejales tiene, la que ha mantenido su número de votos y cuenta con la persona con el perfil que estaban buscando", ha remarcado Pérez.
   Así, ha indicado que por la Junta Electoral de Almería se avanza "en la misma línea" de "devolver favores" en cuanto a las propuestas de otros diputados provinciales. De esta forma, otros de los cinco cargos propuestos a ser diputados provinciales son Marcelo López por Vícar, Sonia Ferrer por Pechina, Caridad Herrerías por Abla, José Nicolás Ayala por Terque y Esperanza Pérez por Níjar. "Son agrupaciones que firmaron contra la anterior Ejecutiva Provincial", ha ahondado Pérez.
   Con esto, ha subrayado que la gestora "venía con unas intenciones muy claras desde Sevilla" puesto que "los militantes parece que no cuentan mucho para tomar esta decisión". No obstante, ahora las direcciones locales tendrán que avalar o no este miércoles a través de sus votos los diputados provinciales propuestos por el órgano gestor, al que se ha acusado de "falta de neutralidad".
   "La mayoría de los propuestos son el pago de la traición de la Ejecutiva Provincial y la compra de voluntades", han añadido otras fuentes socialistas, quien ve en estos movimientos cómo "Roma paga traidores" a través de un "golpe de estado a la Ejecutiva Provincial" a través de una gestora cuyo presidente, Javier Barrero, "es el collar de perro de Susana Díaz".

Las obras de la Autovía del Almanzora se reactivan esta semana

ALMERÍA.- La UTE formada por Aldesa-BSK ha comenzado este martes a contratar al personal necesario para reactivar las obras de la Variante de Albox, uno de los tramos de la Autovía del Almanzora que se encuentra en ejecución. Esta decisión de la UTE permite, por una parte, la continuidad de la construcción de la variante y, por otro, finalizar las obras sobre el terreno que une este tramo con el siguiente: de Albox a El Cucador, de seis kilómetros de longitud, una inversión de 17,5 millones de euros y que se encuentra en sus fases finales de ejecución, por lo que se prevé poner en servicio antes de dos meses.

   Para poder retomar los trabajos, la UTE trasladará en los próximos días la maquinaria necesaria para acometer esta obra, que es la que soporta la estructura más grande de cuantas se han previsto en el recorrido para cruzar el cauce del río Almanzora. Precisamente se van a retomar las obras en el enlace con el tramo que más avanzada lleva su ejecución, Albox-Cucador, ya que para poder ponerlo en servicio, hace falta que esté ejecutada su conexión.
   Estos dos tramos en los que trabaja en la actualidad la Consejería de Obras Públicas comprenden 14,7 kilómetros, con un alto grado de ejecución. La variante de Albox se encuentra a más del 80 por ciento, mientras que el tramo Variante de Albox-Cucador alcanza el 95 por ciento. La Junta de Andalucía invierte en las obras de estos dos tramos 64,6 millones de euros.
   A pesar de la pausa que han experimentado los trabajos de la variante, el delegado de Obras Públicas, José Manuel Ortiz, ha manifestado el compromiso constante del Gobierno andaluz con esta infraestructura, como refleja el hecho de que se haya incluido lo que resta por adjudicar en el modelo de colaboración público-privada, "una fórmula para apoyar las grandes obras con inversión privada sin que se establezcan peajes ni cambien las características técnicas y de uso de las infraestructuras que se diseñan desde la Administración al servicio del ciudadano".
   El proyecto de la Autovía del Almanzora está planteado en dos fases. La primera, que enlaza Purchena, Fines y Huércal-Overa, discurre en la mayor parte del trazado por la A-334. Comprende 40 kilómetros de autovía, divididos en cinco tramos. Uno de ellos, que comprende 7,9 kilómetros y enlaza Fines y Albox, ya está en servicio. Otros dos, la variante de Albox y el que la enlaza con El Cucador, están en ejecución y comprenden 14,7 kilómetros.
   La conexión entre El Cucador y la intersección de La Concepción, que supondrá otros 3,3 kilómetros, también está adjudicada. Así las cosas, el resto de tramos, cuyos proyectos se encuentran redactados, se licitarán a través de esta fórmula público-privada, con una inversión de 139 millones de euros.
   En cuanto a la segunda fase, que enlazará Baza y Purchena, supone una inversión de 200 millones de euros y lleva asociados unos 3.016 empleos. Con estas obras, se pondrán en servicio otros 42,3 kilómetros de autovía y se conectará la infraestructura con el resto de Andalucía a través de la A-92 norte en Baza. La licitación de la concesión para estos tramos se llevará a cabo en el primer trimestre de 2011.
   La Autovía del Almanzora mejora la conexión entre Baza (A-92 norte) y Huércal-Overa (A-7) a través de la carretera A-334, con el fin de favorecer el desarrollo social y económico en esta comarca almeriense, de modo que pone a disposición de los ciudadanos un gran eje transversal que los comunique entre ello y que enlace con las dos principales autovías de la Comunidad Autónoma. 
Así, la autovía beneficiará directamente a los más de 70.000 ciudadanos que habitan en los municipios del Valle del Almanzora, situados en una longitud de 90 kilómetros y la inversión total asciende 425 millones de euros.

COAG rechaza el sistema de cuantificación de daños del comité de crisis y pide uno propio para España

ALMERÍA.- El secretario provincial de COAG en Almería y secretario estatal de Frutas y Hortalizas de la organización, Andrés Góngora, ha rechazado el sistema de cuantificación de daños propuesto por la comité de crisis de la Comisión Europea de forma que ha solicitado a través del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) un sistema propio para España, de forma que espera que esta petición sea trasladada y aceptada por Bruselas. 

   En declaraciones a los periodistas tras la reunión técnica de seguimiento de la crisis provocada por la bacteria 'E. coli' en Almería, Góngora ha señalado que será a lo largo de la jornada cuando se conocerá en qué consisten las ayudas que este miércoles serán explicadas en una reunión en el Ministerio, si bien ya rechaza el modelo de retirada propuesto al considerarlo "tremendamente injusto" con los productores españoles.
   "No nos vale el sistema de retirada, es un tema que le va muy bien a Holanda, a Bélgica e incluso a la propia Alemania puesto que es un sistema que funciona bien si el cultivo está en el periodo inicial, pero es un sistema que no vale nada para un ciclo de cultivo finalizado como es nuestro caso", ha incidido Góngora, para quien también se plantea necesaria la entrada de nuevos productos a la lista ya efectuada.
   Pese a todo, ha puntualizado que recurrirán al sistema planteado "si no nos queda más remedio" aunque ha lamentado el nivel de especificación que se ha exigido a los agricultores, ya que según su versión, es necesario que pesen los productos antes de su destrucción. "Que yo sepa ninguna explotación ganadera tiene una báscula de camiones" ha incidido a modo de ejemplo para mostrar las "trabas" del órgano pagador.
   En cuanto a las estimaciones de la Junta de Andalucía sobre las cantidades de productos destruidas hasta el momento según el recuento de las delegaciones provinciales de Agricultura, el secretario provincial de COAG ha tachado de "ridiculez" hablar de 15 millones de kilos de productos puesto que sus cálculos referidos a una superficie invernada de 32.000 hectáreas entre Almería, Granada y Málaga situarían la producción eliminada entre los diez y once millones de kilos diarios.
   Así, ha precisado que a esta cifra de carácter oficial no se han sumado algunos sistemas de destrucción que no pasen por las plantas de residuos vegetales, tales como la alimentación animal. "El mensaje ahora mismo a los agricultores es que recopilen toda la información que puedan, que intenten no gastarse el dinero en notarios y que dejen todo bien claro a través de sus organizaciones agrarias, comercializadoras, y a través de sus técnicos habituales", ha dicho.

La Junta estima que se han destruido más de 15 millones de kilogramos de productos hortícolas

ALMERÍA.- El director general de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Pedro Zorrero, ha estimado este martes en más de 15 millones de kilogramos de productos hortofrutícolas retirados de las explotaciones agrarias hasta el momento, según la contabilidad aplicada en las delegaciones provinciales de Agricultura la Junta de Andalucía desde que se hizo pública la conocida como la 'crisis del pepino'. 

   En declaraciones a los periodistas tras participar en una reunión técnica de seguimiento de la crisis provocada por la bacteria 'E. coli', Zorrero ha abordado la propuesta de ayuda de la Comisión Europea que incluiría cinco productos bajo una compensación global de 210 millones de euros, si bien espera que la cifra de productos se duplique e incluya algunas frutas como el melón y la sandía, al igual que aumente el montante económico.
   A la espera de la decisión del comité de crisis, ya se han iniciado los procedimientos para poder efectuar las reclamaciones, de forma que los productores disponen de un modelo "fácil y simple" para especificar los daños. Así, existen dos procedimientos, uno dirigido para los agricultores que eliminaron su producción del 26 de mayo al 11 de junio, y otro desde el día 11 hasta el final de la crisis, estimada en principio para el 30 de este mes según el borrador pendiente de aprobar.
   Así, en el caso de los productores que a partir del día 11 decidan destruir la producción, tiene que ponerse en contacto con la Administración regional a fin de que ésta "disponga de los medios que evidencien" las cantidades y condiciones para la eliminación de hortalizas. Con estos métodos, según Zorrero, la Comisión tratar de "asegurar que la ayuda vaya directamente al productor" tanto cuando se hace a través de una OPFH como cuando no.
   El mecanismo, aún pendiente de ser aprobado, permitirá así ingresar los pagos a los productores afectados antes del 16 de octubre, según el borrador. De esta forma, desde la Junta se estima que los pagos podrían iniciarse a partir de las tercera semana de septiembre, siempre que se habilite la cuenta a través de la que disponer de estos fondos.

¡No van a por ti ni a por mí, vienen a por todos! / Pedro Luis Angosto *

Según se puede leer en antiguos libros escritos por hombres sabios cuyo nombre se desconoce porque su sabiduría les impelía al anonimato, cuando a un pueblo le llega antes el dinero que la cultura está condenado, como Sísifo, a tener que empezar de nuevo para reconstruirse sobre parámetros opuestos que son los que llevan a la dicha, la felicidad y la justicia. No es cosa sólo de España, pero aquí la herencia del franquismo ha dejado una tolerancia a la inmoralidad tan alta que a veces es difícil respirar y sobrevivir a la vez. 

Desde el 15 de mayo pasado asistimos a la primera respuesta que la ciudadanía ha dado en la calle a un orden de cosas, a un sistema que ineludiblemente nos lleva al desastre y a la degradación ética y material de nuestras vidas, pero no ha sido una respuesta de indignados porque el indignado tiene que demostrar que lo está y no sólo decirlo, ha de pasar de la potencia al acto, de la declamación a la protesta activa dirigida contra quienes manejan los dineros y están llevándonos a un punto de muy difícil retorno. 

Por tanto se hace necesario, en nuestra opinión, coger el catalejo, orientarlo bien y otear el horizonte para encontrar el lugar dónde hoy, de verdad, reside el poder: Si hay un sitio que representa, más que ningún otro, a esa gente dispuesta a regresarnos al siglo XIX, ese es, en todo el mundo, La Bolsa, verdadera Bastilla del siglo XXI.

Es en ese lugar y en sus aledaños dónde se ha fraguado esta tormenta interminable que comenzó con burbujas inmobiliarias, hipotecas basura, amenazas de quiebras generales de los Estados por ayudar a los bancos, contrarreformas laborales, transferencias de billones de euros de un continente a otro a la velocidad de la luz y una locura capitalista que parece no tener final para quienes la han fraguado pero sí para quienes la estamos sufriendo porque se puede vivir sin muchas cosas, pero de ningún modo se puede vivir sin dignidad, aunque está claro que de la dignidad pasiva –en mi hambre mando yo- no se come.

Las protestas del 15M tienen un inmenso mérito, todo el mérito del mundo, pero todos los movimientos sociales que en el mundo han sido, han tenido dirigentes, puede ser uno, diez o mil, y los dirigentes deben encargarse de plantear estrategias de futuro que enganchen cada vez a más gente, subiendo paulatinamente el tono de la protesta hasta mostrar de verdad que la indignación es un hecho real y que no se está dispuesto a transigir con ninguna transacción que no suponga cambiar radicalmente las bases sobre la que los estafadores, especuladores y chorizos de toda laya han edificado este estercolero dónde el más gilipollas o el más ruin recibe la recompensa más alta y el máximo reconocimiento social. 

Pero con ser importante a protesta del 15M, lo es más –de momento-, la protesta del 22M que no fue tal sino una contraprotesta mediante la cual el pueblo, que tenía varias opciones por las que decantarse, aunque no todas las deseables ni con una ley electoral justa, decidió dar todo el poder a quienes fueron los causantes de la versión española de la crisis y serán, probablemente, quienes nos aplicarán las recetas del fascismo económico con toda contundencia.

La mayoría de las decisiones que afectan hoy a los ciudadanos de todos los rincones de España se toman en las Comunidades Autónomas, que son a su vez quienes manejan la mayor parte de los dineros públicos, las que albergan los mayores nichos de corrupción y las que siempre que hay un problema echan la culpa al Gobierno central, cosa que ha calado en el pueblo que no quiere enterarse de que es el gobierno de su Comunidad el único responsable de la corrupción de su comunidad, del funcionamiento de la educación y la sanidad, de la aplicación o no de la Ley de Dependencias, del enchufismo, de los planes de urbanismo disparatados y suicidas, del cuidado de la naturaleza, de que funcionen o no los juzgados, de las políticas para fomentar el empleo o el desempleo y del despilfarro que ha hecho de una parte de la clase política –no toda, todos no son iguales-, una casta de privilegiados impunes, de nuevos ricos que alternan simbióticamente con los ricos de siempre en una vida de lujo y desenfreno verdaderamente vergonzosa.

Pues bien, decíamos al principio qué cuando la riqueza llega antes que la educación los pueblos están obligados a regenerarse y a preocuparse por la cosa pública como si fuera cosa suya porque siempre lo ha sido aunque parezca que se le ha olvidado. Pero esa es una tarea difícil pues cuando se ha tenido dinero fácil y uno se ha creído un burguesito con derecho a casi todo lo que se puede comprar, cree que todo se puede comprar, y cuando se cree eso es porque la inmoralidad se ha extendido como un sarcoma silencioso entre las entrañas del cuerpo social del país. 

Difícilmente el inmoral va a protagonizar ningún movimiento de protesta regenerador o revolucionario, difícilmente va a plantar cara al verdadero enemigo de todos porque él, individualista por encima de cualquier cosa, piensa que el otro, su compañero, es su enemigo, e ignora que el otro, y sólo del brazo del otro es como él y sus hijos podrán poner los peldaños necesarios para detener a los infames y construir una sociedad más justa para él y para los demás. 

Al inmoral no le importan los demás, cree que lloriqueando, peloteando, buscando al caciquillo de turno, logrará una salida personal, pero se equivoca, cree que esto no va con él, que él saldrá, pero ignora que esto va contra él igual que contra todos los demás y que las soluciones personales de pasillo, además de injustas y reprobables, sólo pueden dar salida a unos pocos y no a los millones de personas que necesitan esa salida.

Pues bien, al confiar la solución de sus problemas a un partido que tiene Alcaldes como Gallardón –el Ayuntamiento que dirige acumula la quinta parte de la deuda de todos los de España-, Francisco Camps –que ha dado un impulso a la enseñanza confesional desconocido desde los tiempos de Franco-, Cristóbal Montoro –uno de los principales halcones de la política económica ultraliberal-, o María Dolores de Cospedal –la política mejor pagada de España designada para regir los destinos de una Comunidad en la que ha sido una profesional del absentismo-, se ha dado carta blanca a la aplicación de las recetas económicas más duras que aplicarse puedan. 

Para ello, se utiliza, como siempre, la estrategia del calamar, se llena todo de tinta y se va preparando el terreno diciendo que todo es una ruina, que hay deudas escondidas, que se destruyen documentos de pago – ¡cómo si con ello el deber de pago se extinguiera!- y que la situación económica de las Autonomías gobernadas por los otros y del país en general es insostenible, avisándonos de antemano que tendremos, por ejemplo, la Sanidad que podamos pagar. 

Esta actuación es tan irresponsable y amenazadora que puede llevarnos directamente a una intervención de la UE y el FMI sin que la necesitemos al lanzar sobre nosotros a todos los tiburones financieros y elevar hasta cantidades imposibles el interés de nuestra deuda pública, en su mayor parte creada para salvar a los bancos y los depósitos de los ahorradores por la infame gestión de sus directivos y consejeros, que increíblemente siguen en libertad. 

En este caso, como ya ocurre en Portugal, el Estado español tendría aceptar todas y cada una de las medidas que proponen los organismos internacionales que por casualidad coinciden con las que desea la derecha y la patronal española: Despido libre, disminución drástica de las prestaciones sanitarias y sociales, incremento de la edad de jubilación, privatización de los servicios públicos y supresión de la mayoría de las conquistas socio-laborales. 

Esto que decimos, es una hipótesis que defienden algunos sectores de nuestra derecha patriótica, esa que ama mucho a su España pero desprecia a sus habitantes, y que otorgaría todo el poder real a instituciones europeas y mundiales que no están para ayudar, sino para ahogar a los trabajadores, sean individualistas indolentes y pesebreros o no lo sean.

En otro caso, de no producirse esa intervención que no necesitamos en ningún caso, está claro que la obra de teatro montada desde el 22M tiene sólo un propósito, decir que la situación de las cuentas públicas de las comunidades dónde no mandaban ellos y en el Estado central son mucho peores de lo esperado, para así poder meter la tijera a fondo y emprender la privatización general del Estado, o sea su desamortización, alegando que la culpa siempre fue de los otros.

Nadie está a salvo de lo que viene, ni tú, ni yo, ni él. Sigue siendo absurdo que un trabajador vote a quienes más claramente sirven a intereses radicalmente opuestos a los suyos, el pastel europeo cada vez es más pequeño desde la gran estafa y la irrupción de las economías esclavistas de Oriente. 


(*)  Doctor en Historia por la Universidad de Alicante y periodista

Advierten de que se mantiene la alerta sanitaria sobre el pepino en la red de la Unión Europea

ALMERÍA.- El empresario agrícola Miguel Cazorla, propietario de la finca de Pechina que fue señalada de manera errónea por Alemania como origen del brote de bacteria 'E.coli', ha lamentado este martes que aún no se ha levantado la alerta sanitaria sobre el pepino en el sistema de la red de alertas sanitarias de la UE (Rasff)ha advertido de que se está generando "una nueva grave pérdida económica y social" que se añade a las derivadas de la "falsa acusación de las autoridades de Hamburgo".

   Cazorla, quien ha emprendido acciones legales contra la senadora-ministra de Sanidad de esta ciudad-estado, Cornelia Prüfer-Storcks, ha subrayado que esta demora "injustificada" en levantar la alerta en Rasff --siglas en inglés de Rapid Alert System for Food and Feed) está "impidiendo" la venta de productos hortofrutícolas de Almería a los mercados europeos, Rusia y Emiratos Árabes.  
   "Frente a la rapidez con la que se activó la Rasff con datos falsos el 27 de mayo contra la verdura española, no se ha alzado de manera inmediata una vez que se ha demostrado de manera científica la inocencia del pepino en el brote de E.coli para evitar que las cuantiosísimas pérdidas del sector agroalimentario sigan creciendo", ha criticado.
   Las consecuencias de que se mantenga la alerta sobre el pepino es que, ha explicado Cazorla, es que se "impide" la comercialización de productos, lo que está "dañando aún más" la economía de los agricultores andaluces en general y los almerienses en particular y ahonda en una "ruina --ha añadido-- que nos impide vender un kilo".
  "Esto es intolerable y una auténtica tomadura de pelo de las autoridades europeas ante este desastre", ha concluido Cazorla. La Rasff mantiene con una última actualización realizada este lunes la alerta sobre pepino español orgánico  por la presencia ya desmentida de la bacteria 'E.coli'. Según la web,  el producto "envenenado" habría sido retirado de los mercados en Alemania, Hungría, República Checa, Austria, Dinamarca, Francia, Noruega, Luxemburgo y España.
   El propietario 'Agroecológica Miguel Cazorla' anunció el pasado día 2 acciones legales, ya iniciadas, contra la senadora-ministra de la ciudad-estado de Hamburgo (Alemania), Cornelia Prüfer-Storck, quien, a su juicio, ha incurrido en "falso testimonio".
"Esta señora tendría que estar en la cárcel por sus acusaciones. Para mí, --añadió Cazorla-- que pida disculpas, que dimita o que la expulsen de Alemania, no es bastante".

Un 75% de parados andaluces mayores de 45 años estaría dispuesto a cambiar de ciudad para trabajar

SEVILLA.- Un 75 por ciento de desempleados andaluces mayores de 45 años se ha mostrado dispuesto a cambiar de ciudad con tal de trabajar, según el III Estudio sobre 'Mayores de 45 años en el mundo laboral', elaborado por Adecco, donde se apunta que esta cifra "es considerablemente superior a la media nacional del 58,6 por ciento".

Según ha indicado Adecco en una nota, además, un 97,8 por ciento se emplearía en un sector diferente al que trabajaba anteriormente, y un 94,6 por ciento aceptaría un empleo de cualificación inferior a su formación.
Los datos de la encuesta han indicado que un 61,7 por ciento de los andaluces mayores de 45 años lleva más de un año sin trabajo, y casi un 70 por ciento de éstos cree que tardará más de 12 meses en encontrarlo.
Asimismo, indica que un 90,9 por ciento de los andaluces que perdió su empleo "fue por despidos o expedientes de regulación de empleo", frente a un 6,5 por ciento que renunció voluntariamente al trabajo que tenía y un 2,6 por ciento que se ha incorporado al mercado laboral tras un período de inactividad".
Adecco ha indicado que la cifra de parados mayores de 45 años a nivel nacional asciende a 1.523.392, lo que representa el 36,3 por ciento del total de desempleados en España.
Además, el estudio ha apuntado que el tiempo es un agravante para los parados, de forma que un 61,7 por ciento es parado de larga duración es parado d larga duración, esto es, lleva más de un año sin encontrar empleo, cifra superior a la nacional, situada en un 55,5 por ciento.
Asimismo, un 59,8 por ciento cree que tardará más de un año en encontrar trabajo, porcentaje que en el caso de los parados de larga duración, se eleva hasta el 67,7 por ciento.
Algo más optimistas son los que opinan que encontrarán empleo entre uno y seis meses (25 por ciento), seguidos de los que creen que lo harán entre siete y 12 meses (10,9 por ciento). Por último, un 4,3 por ciento calcula que no tardará más de un mes.
En cuanto a las responsabilidades familiares, un 72,3 por ciento de parados andaluces encuestados tiene hijos y otros parientes económicamente a su cargo.
Para el 45,8 por ciento de los encuestados andaluces, el principal problema de estar en paro es la falta de ingresos económicos, aunque también han mencionado otras preocupaciones como las carencias de autoestima (28,5 por ciento) o la exclusión social (18,1 por ciento) o tener demasiado tiempo libre (7,6 por ciento).
Un 90,1 por ciento de los andaluces encuestados asegura que su edad le perjudica a la hora de encontrar empleo, frente a un 9,9 por ciento que opina que la crisis afecta a todos por igual.
La Fundación Adecco presenta el estudio sobre mayores de 45 años en el mundo laboral, que basa sus conclusiones en una encuesta realizada a 1.000 parados que superan esta edad, de los cuales 200 son de Andalucía, con el objetivo de analizar sus inquietudes y necesidades profesionales.

El Norte de África, alternativa para los fabricantes de automóviles

MADRID.- Los países del Norte de África se han convertido en una "importante" opción para que los fabricantes de automóviles implanten instalaciones productivas, por sus bajos costes y por el potencial de crecimiento de sus mercados, según un informe de la consultora pwc.

El informe menciona cinco países del Norte de Africa que presentan un gran potencial para convertirse en polos de producción y exportación de la industria del automóvil. Se trata de Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez.
Así, pwc argumenta que estos países constituyen un área de interés toda vez que presentan unos costes de mano de obra "relativamente bajos", cuentan con abundantes reservas energéticas y tienen unas relaciones comerciales incipientes.
Además, el informe destaca también como ventaja competitiva de estos países su situación geográfica, pues se trata de una región muy próxima a Europa, y el Viejo Continente ofrece un mercado potencial de 500 millones de consumidores.
Otro factor positivo para estos países es el potencial de crecimiento de su mercado, pues actualmente cuenta con una población de 150 millones de personas, que ascenderá a 250 millones de habitantes en el horizonte de 2050.
Pwc recuerda que ha sido la alianza Renault-Nissan la que ha apostado primero por esta región, al anunciar en 2008 la construcción de una factoría en Tánger, con una inversión comprometida de 600 millones de euros.