miércoles, 2 de mayo de 2012

Gobierno y Obispado recurren la readmisión de la docente de Religión que se casó con un divorciado


ALMERÍA.- El Ministerio de Educación y el Obispado de Almería han resuelto interponer sendos recursos de reposición contra el auto que ordena la readmisión en el plazo de cinco días y hasta el 31 de agosto de la profesora de Religión Resurrección Galera, quien fue despedida por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado, y el pago de 42.374,68 euros en concepto de salarios de tramitación e indemnización.

   Así lo han indicado el letrado de la diócesis almeriense, Luis Docavo, y el abogado del Estado Demetrio Carmona. La letrada de Galera, Amalia Robles, ya anunció que impugnaría la resolución del Juzgado de lo Social número 3 al considerar que, entre otros aspectos, "desvirtúa" el concepto de despido nulo y no da respuesta a la cuantía que le corresponde en concepto de indemnización.
   Según ha explicado Carmona, el Ministerio, parte a la que aún no le ha sido notificado el auto, fundamentará su recurso en el que el magistrado Juan Carlos Aparicio reconoce el carácter temporal de la relación laboral de la docente, limitada al curso escolar 2001-2002, por lo que "se entiende que se extinguió en esa fecha y la reposición en su puesto supondría otra infracción".
   En esta línea, la administración estima que si se da cumplimiento al auto, que es ejecutivo pese a la presentación de recursos, resultaría "perjudicado un tercero" --en referencia a la persona que ocupa actualmente la plaza en el CEIP 'Ferrer Guardia'-- a quien no se ha dado traslado "ni siquiera en fase de ejecución", por lo que "estaríamos en un caso manifiesto de indefensión".
   Para Carmona, este extremo, que supone "poner en la calle a una persona con contrato legal e indefinido" junto al hecho de que Galera no cuenta con el preceptivo "visado de aptitud" expedido por parte del Obispado de Almería "con arreglo a las dos legislaciones", supone que el MEC "incumpliría claramente la ley".
   El recurso cuestionará, asimismo, la cuantía estipulada por el juzgado en concepto de salarios de tramitación ya que, según ha señalado, "no pueden cubrir un plazo superior al del contrato temporal que sí reconoce como tal". Al hilo de esto, ha recordado que el Ministerio de Educación ya procedió a ejecutar de manera provisional la sentencia que declaró la nulidad del despido y abonó casi 33.000 euros por el año de duración del contrato, incluyendo el finiquito.
   Ante el "incumplimiento manifiesto" que supondría la ejecución en los términos dictados por el juez, ha apuntado que el Gobierno se plantea optar, en lugar del llamamiento a clase, por abonar "aunque pensamos que también indebidamente" una indemnización hasta el 31 de agosto de 2012 tal y como recoge el propio auto al hacer referencia en el apartado de razonamientos jurídicosal artículo 284 de la Ley de Procedimiento Laboral que abre la puerta a que se dé por ejecutada la sentencia en esta forma.
   Por su parte, Docavo ha confirmado la decisión ya avanzada de interponer un recurso de reposición en los mismos términos argumentados en su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) y a lo largo de las dos sesiones en las que se dirimió la manera de ejecutar la sentencia mientras que, según han informado fuentes de la Fiscalía y a la espera de que les sea notificado el auto, el Ministerio Público no impugnará la resolución.
   El Juzgado de lo Social número 3 ordenó la readmisión porque es "evidente" que sigue existiendo su puesto de trabajo al no haber sido amortizada la plaza por el MEC aunque, en este caso, se aviene al informe de la Abogacía del Estado, que considera que la relación laboral que tenía la profesora era de naturaleza temporal "por cada curso escolar" y no tenía, pues, carácter indefinido ya que el Obispado, según remarca, "no tenía obligación de proponerla como docente para el curso siguiente ni tampoco el MEC de contratarla".
   "Es evidente que la resolución judicial no puede alterar el carácter de la relación laboral y convertir la misma en indefinida", ahonda para, a continuación, hacer alusión al Real Decreto 696/07  de 1 de junio que establece que los profesores de Religión Católica no pertenecientes a los cuerpos de funcionarios que estuvieran contratados en esa fecha pasaría a tener una relación laboral de carácter indefinido siempre que cumplieran los requisitos. "Como la demandante no estaba trabajando en esa fecha, no sabemos si reuniría o no esos requisitos", concluye.
   Con respecto al segundo pronunciamiento de la sentencia que declaró nulo el despido, el magistrado se aviene a los argumentos expuestos en su sala por la fiscal, quien solicitó que se descontará de la cuantía calculada por la letrada de Galera en concepto de salarios de tramitación --157.287,10 euros-- los importes recibidos como salarios desde la fecha de su despido como consecuencia de la prestación de servicios a otras empresas.
   Determina de este modo que, a la citada cantidad, a la que ya se habían restado casi 33.000 euros abonados por el Ministerio en el trámite de ejecución provisional de la sentencia, hay que descontarle el importe de 114.912,12 euros que cobró como trabajadora de la Junta de Andalucía de forma interrumpida desde noviembre de 2003 hasta noviembre de 2011 ya que, en caso contrario, "se daría lugar a un enriquecimiento injusto de la demandante por duplicidad parcial de retribuciones".

El marido de la docente de Religión despedida ve un "disparate" el caso y reclama seguridad jurídica


ALMERÍA.- El marido de la profesora de Religión Resurección Galera ha considerado este miércoles un "auténtico disparate" el devenir del procedimiento judicial para dirimir la legalidad de su despido en el curso 2001-2002 por parte del Obispado tras casarse por lo civil con un hombre divorciado y ha cuestionado la "seguridad jurídica" del sistema español.

   En un escrito remitido a los medios, Johannes Romes ha criticado que, ante la sentencia firme del Juzgado de lo Social 3, ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se esté discrepando ahora "sobre cómo, en qué término, por cuanto tiempo y sobre cantidades dinerarias" cuando "solo caben dos supuestos legales en el caso de despido nulo por violación de derechos constitucionales".
   Así, ha subrayado, que, tras "once años de pleitos", la legislación estipula que Galera debe ser readmitida "de forma inmediata en el mismo puesto y en las mismas condiciones que regían anteriormente al despido" y le deben ser abonados los salarios "dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la readmisión tenga lugar".
   "Últimamente, sobre todo por parte de los representantes del Gobierno, nos explican que por ejemplo en Argentina y más recientemente en Bolivia no hay seguridad jurídica. ¿Dónde está la seguridad jurídica en el caso de Resurrección Galera?", se pregunta Romes para quien sería necesario, a la vista de este caso, que el Tribunal Constitucional (TC) decidiese y ejecute como en Alemania frente a lo que ocurre en España "donde no resuelve y devuelve el procedimiento al principio de modo que se inicia todo el procedimiento de nuevo".
   En esta línea, ha hecho referencia a los plazos temporales para resolver y ha remarcado que "si en España, para juzgar un despido se necesitan por ahora 11 años y hasta que concluya el procedimiento previsiblemente uno o dos años mas, ¿dónde está el sentido común tantas veces reclamado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy?".
   El marido de Galera se ha preguntado, asimismo, y después de que Obispado y MEC hayan anunciado recurso de reposición al auto de ejecución de la sentencia que declara nulo el despido, que "cuál de los artículos de la Constitución Española obliga al Estado sufragar con dinero público los desmanes de la Iglesia Católica o de cualquier otra?" y "¿Por qué se dejó votar al pueblo español la Constitución sin incluir los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede?".

Griñán anuncia un Instituto Público de Crédito Andaluz

SEVILLA.- El candidato a la Presidencia de la Junta en la IX legislatura y presidente en funciones, José Antonio Griñán, ha anunciado durante su discurso de investidura la creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz que tendrá como principal objetivo mejorar la financiación para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

   Griñán ha detallado que esta nueva entidad financiera pública, prevista en el acuerdo programático entre PSOE-A e IULV-CA, comenzará su andadura, "sin perjuicio de posteriores iniciativas financieras", poniendo a disposición de las pymes "fondos reembolsables para articular préstamos, préstamos participativos, entradas en capital y avales", además de poner en marcha un "sistema de compensación de deudas entre pagos y cobros recíprocos".
   En su opinión, la creación de este Instituto se hace necesaria por la "innegable dimensión financiera de la crisis", que provoca que "uno de los grandes problemas que estrangula la actividad económica de miles de pymes viables y con capacidad para generar empleo es que no encuentran dinero para mantener o impulsar su negocio" como consecuencia de que "los bancos no les dan crédito".
   "La economía cotidiana necesita combustible para seguir funcionando, dinero para la inversión empresarial", ha subrayado Griñán, que ha asegurado que su objetivo es configurar un gobierno "que dé seguridad al ciudadano frente a la dureza e insolidaridad de los mercados" y ha criticado que "los mercados nos atacan por el lado del déficit pero nuestro problema es el paro y la falta de financiación de la economía".
   El candidato socialista, que ha citado durante su intervención al excanciller alemán socialdemócrata Helmut Schmidt para defender su propuesta de regular los mercados financiero que tienen como "rehén" a las instituciones democráticas y señalar que la política de ajuste promovida por Merkel en Alemania es un "error", ha lamentado que se haya "subvertido de la política económica", de forma que "no se está tratando de combatir el paro o la desigualdad, sino de reducir el gasto público".

La Ejecutiva de IULV-CA mandata a Valderas que cierre con Griñán "los últimos flecos" del futuro gobierno

SEVILLA.- La Comisión Ejecutiva de IULV-CA ha aprobado una resolución este miércoles, --con 23 votos a favor y cuatro en contra, del sector del CUT-BAI--, en la que mandata al coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, que cierre con el candidato a la Presidencia de la Junta en la IX legislatura y presidente del Gobierno andaluz en funciones, José Antonio Griñán, los "últimos flecos que están en el aire" en relación a la composición del futuro gobierno de coalición.

   Según ha explicado a los periodistas momentos después de que finalizara la Comisión Ejecutiva, el diputado por la provincia de Málaga y portavoz adjunto en el grupo parlamentario, José Antonio Castro, dicha resolución muestra la confianza de la organización en el proceso negociador que se ha seguido hasta ahora y también de "construcción de trabajo" con el PSOE para el futuro gobierno.
   Tras asegurar que Griñán y Valderas mantendrán un encuentro el próximo viernes para cerrar el futuro gobierno, ha indicado que lo que sí es "seguro" es que el coordinador general de IULV-CA será vicepresidente del Gobierno andaluz y que dicha vicepresipresidencia llevará aparejadas las competencias de Gobernación. Sobre el resto de consejerías, ha dicho que "no hay nada cerrado", aunque las prioritarias pueden ser Turismo y Obras Públicas y Vivienda, barajándose también áreas como Salud, Educación, Igualdad o Medio Ambiente.
   En relación a los nombres que IULV-CA podría proponer para dirigir las consejerías que finalmente se gestionen, el diputado andaluz ha manifestado que las direcciones provinciales le han hecho llegar a Diego Valderas un listado de posibles candidatos y candidatas que se ajustan al "perfil" que busca la federación de izquierdas para esta responsabilidad. "Me consta que Valderas lleva dos días hablando con interesados", ha asegurado Castro, quien no ha descartado que dos de las consejerías puedan ser dirigidas por mujeres.
   En relación al anuncio realizado por parte del parlamentario de IULV-CA por Sevilla y líder del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, de que votará 'no' a la investidura de Griñán, Castro ha explicado que la Comisión Ejecutiva le ha pedido que no rompa la disciplina de voto. No obstante, ha dicho que si ello ocurre, se tomarán las decisiones que correspondan en los órganos de la federación de izquierdas, dejando claro que dicho incumplimiento "seguramente traerá consecuencias".
   Sobre cuál ha sido la respuesta que Sánchez Gordillo ha dado a la Ejecutiva sobre esta petición, Castro ha indicado que el alcalde Marinaleda había solicitado la palabra para intervenir en este órgano y que "finalmente la retiró". Asimismo, el CUT-BAI había demandado que se votara apoyar o no la investidura de Griñán, una petición que no fue aceptada por la dirección, que argumentaba que las bases ya se han pronunciado sobre esta materia, en el marco del referéndum celebrado el martes de la semana pasada.
   Otros de los asuntos que se han abordado en la Comisión Ejecutiva han sido las líneas generales del discurso que Valderas pronunciará este jueves en la sesión de investidura y la elección del senador en representación de la Comunidad que le corresponde a IULV-CA y que será nombrado en el próximo Pleno ordinario del Parlamento. La Ejecutiva ha decidido consultar a la dirección federal sobre el perfil para este cargo, aunque la decisión recaerá finalmente en Diego Valderas.

Registrado un seísmo de 3,1 en Alborán Norte sentido en Motril, Vícar, Roquetas de Mar y Almería

ALMERÍA.- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,1 cuyo epicentro se ha detectado en Alborán Norte y que ha sido sentido en las poblaciones de Motril y las almerienses Vícar, Roquetas de Mar y la propia capital, según han informado fuentes del propio organismo dependiente del Ministerio de Fomento. 

   El seísmo, que ha tenido lugar a las 14,10 horas de este miércoles, se ha producido a nueve kilómetros de profundidad, por lo que ha tenido incidencia notable en la zona costera epicentral. No obstante, según informa el servicio unificado de emergencias 112, no se ha producido llamadas de los ciudadanos a causa de este temblor.
   El terremoto ha sido identificado en un primer momento por la unidad móvil que el IGN desplazó hasta Roquetas de Mar tras la serie sísmica registrada desde el pasado 17 de abril. En este sentido, han confirmado que el origen de este terremoto es el mismo que la cadena anterior, en la que se registraron casi medio centenar de réplicas.

Un mínimo de 5.000 habitantes, una de las opciones para agrupar ayuntamientos

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha trabajado con la cifra de un mínimo de 5.000 habitantes como una de las opciones para agrupar ayuntamientos, según informaron fuentes del Ejecutivo, con el fin de ahorrar gastos en la prestación de los servicios a los ciudadanos. 

   Esta, la posible fusión de municipios, es una de las cuestiones que podrían estar mañana sobre la mesa en la reunión que tendrán el grupo de trabajo creado entre Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar el catálogo de competencias de los ayuntamientos españoles.
   La determinación de las competencias que podrán ejercer las corporaciones locales, así como a partir de qué umbral de habitantes se podrá ejercer cada una de ellas, es una de las cuestiones clave a resolver en los próximos días. Y esto es así por varios motivos, uno de ellos porque hasta la fecha los ayuntamientos estaban ejerciendo una serie de competencias que no tenían asignadas, pero también lo es porque dada la autonomía municipal, no se puede obligar a los ayuntamientos a fusionarse.
   Sin embargo, sí se puede hacer por la vía de los hechos, es decir, que el Ejecutivo podría decidir que las competencias de las localidades más pequeñas sean ejercidas por otra entidad, por ejemplo las diputaciones, y que esos ayuntamientos, al carecer de competencias, tengan menos sentido y se vean obligados a asociarse.
   Por ello, una de las opciones con las que ha estado trabajando el Ministerio, aunque no hay ninguna decisión tomada al respecto, es la de aplicar el corte en los municipios de 5.000 habitantes. Es decir, que los menores de esta población se vean obligados a agruparse por no poder prestar determinados servicios o por no poder ejercer competencias en solitario. En la actualidad el número de municipios españoles asciende a más de 8.000, pero esta cifra es considerada elevada por el Ejecutivo y así lo ha manifestado en público alguno de los ministros.
   Lo que parece tener meridianamente claro el Ejecutivo es que mantendrá las diputaciones provinciales. De hecho, Mariano Rajoy siempre ha defendido con intensidad su permanencia. Lo que no está tan claro es qué ocurrirá con las mancomunidades.
   La reordenación en profundidad de la administración local y sus competencias se viene abordando entre Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabajan desde hace tiempo para acordar las reformas que el Gobierno quiere llevar adelante, aunque hasta la fecha no se había concretado.
   Sin embargo, ahora se perfila como una cuestión de cierta urgencia, teniendo en cuenta que esta, además, es una de las reformas que ha citado el Gobierno en su Plan de Reformas que ha enviado a la Unión Europea. De hecho, mañana está previsto que un grupo de trabajo creado entre Administraciones Públicas y la FEMP se reúnan para abordar estas cuestiones y revisar también el informe que ha concluido la Federación Española de Municipios y Provincias sobre cómo reformar el catálogo de competencias siguiendo el principio establecido por Mariano Rajoy de "una administración, una competencia".
   Hasta ahora, los municipios españoles están destinando una media del 25 por ciento del gasto a lo que se llaman "competencias impropias", es decir, las desempeñadas por las corporaciones locales aunque no les corresponda ejercerlas. Se trata en su mayoría de cuestiones sociales. Para todo ello, el Gobierno reformará la Ley de Bases de Régimen Local, que regula la vida de los municipios y del resto de entidades locales, como diputaciones y comarcas.

CHA "estará enfrente del Gobierno" si recupera el trasvase del Ebro"

ZARAGOZA.- El diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, Joaquín Palacín, ha asegurado que su partido "estará enfrente del Gobierno español en caso de que recupere el trasvase del Ebro", después de que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, "no nos ha dicho que no se iba a hacer".

   En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la comisión de seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, presidida por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y el presidente de las Cortes autonómicas, José Ángel Biel, Palacín ha mostrado su "indignación" y una "preocupación importante".
   "Pensamos que es una tomadura de pelo a los aragoneses que se vuelva a hablar de recuperar el trasvase del Ebro", ante al cual "salimos infinidad de veces a la calle y que creo que tendremos que volver a salir" porque CHA "tendrá una oposición frontal" al mismo.
   Asimismo, ha preguntado al Gobierno de Aragón "cómo permite que el señor ministro no niegue el trasvase del Ebro, cuando, en estas Cortes hemos aprobado hace escasas fechas una iniciativa que decía que las Cortes estaban en contra de ese próximo trasvase del Ebro".
   Palacín también ha criticado que "estamos volviendo a vivir un ataque frontal a nuestros ríos" y el ministro "no nos ha querido contestar nada del caudal ecológico" por lo que "nuestros ríos van a tener serios problemas en las próximas fechas con la bajada del caudal ecológico que marca el plan de cuenca".
   Joaquín Palacín ha argumentado, respecto a las obras hidráulicas del recrecimiento del embalse de Yesa y de la construcción de Biscarrués, que "estamos viviendo el enfrentamiento de dos modelos, uno que apuesta por el despilfarro de recurso ambientales, del agua, una de las mayores riquezas que tendremos en el futuro los aragoneses" y también "por el despilfarro de recursos económicos".
   En este sentido, ha apuntado que Yesa se licitó en un primer momento por "109 millones de euros y vamos por 300 millones", mientras que desde CHA "apostamos por un aprovechamiento adecuado de los ríos" y de los recursos económicos, especialmente en un momento de crisis.
   Sin embargo, ha manifestado, se quiere impulsar "una política que rompe la equidad territorial", en la que "unos están por encima de otros", sin que se resuelvan los problemas porque "los regantes siguen sin poder regar y los habitantes del territorio siguen con esa espada de Damocles que les está coartando su desarrollo con la posible pérdida de trabajo en algunas zonas, como la Galliguera".
   Por eso, ha esgrimido que "se habla de consenso, cuando existen soluciones mucho más técnicas y baratas", y en el caso de Yesa "existen otras soluciones mucho mejores" y "no estamos de acuerdo con la respuesta sobre la inseguridad de los desprendimientos de laderas", que "no es un pequeño problema", sino que "desde hace tiempo se está produciendo y aquí parece que es algo normal".
   Además, "no entendemos cómo se están quitando tierras" para "carreteras que no serían necesarias, si no se recupera la cota máxima" de forma que "parece una tramitación oscura y compra de voluntades".
   El diputado de CHA ha subrayado que "tampoco existe consenso" respecto a Biscarrués ya que es una obra con "muchos problemas medioambientales" y "se pierde un desarrollo en la zona y puestos de trabajo", si bien hay "soluciones más baratas y más sostenibles, como los embalses de Valcuerna y Almudévar, que solucionarían los problemas de los regantes de forma más rápida".
   Finalmente, ha expuesto que su modelo en política hidráulica es el embalse de San Salvador, en el que "ha habido diálogo y participación del territorio" y "sí ha habido un consenso de regantes y de los territorios que se van a ver afectados" por la obra.

El PSOE deja en manos de IU Gobernación, Turismo y Obras Públicas

SEVILLA.- PSOE-A e IULV-CA tienen prácticamente ultimado el organigrama del nuevo gobierno de coalición que dirigirá la Junta en la nueva legislatura, que verá reducida su composición a un máximo de diez consejerías --frente a las trece actuales--, tres de ellas en manos de la federación de izquierdas, y que apenas incluirá 'caras nuevas' al frente de los departamentos que queden en manos socialistas, han informado hoy fuentes de ambas formaciones.

   A la espera del encuentro que deben celebrar delegaciones de ambos partidos el próximo viernes para cerrar la composición definitiva del nuevo Ejecutivo, en el que podrían participar sus respectivos líderes, José Antonio Griñán y Diego Valderas, IULV-CA situará a su coordinador general al frente de una Vicepresidencia de la que dependerá la Consejería de Gobernación, previsiblemente sin las competencias de Justicia, que pasarían a otro departamento.
   Las otras dos consejerías en poder de IULV-CA serían Turismo y Obras Públicas y Vivienda, que podría cambiar de denominación y que concentraría las competencias en materia de ordenación del territorio, una de las principales exigencias de la federación de izquierdas durante la negociación con los socialistas.
   Uno de estos departamentos deberá ser liderado por una mujer para cumplir con el equilibrio de sexos anunciado por Griñán para el conjunto del Ejecutivo. Entre los nombres que suenan con más fuerza como posible consejera de IULV-CA figura el de su responsable de Política Institucional, Elena Cortés.
   En las filas socialistas se da por segura la continuidad de Antonio Ávila, actual consejero de Economía, Innovación y Ciencia, que podría asumir nuevas competencias en el nuevo Ejecutivo. Ávila forma parte del núcleo más directo de Griñán desde su etapa como vicepresidente económico y fue consejero de la Presidencia en su primer gabinete.
   Diversas fuentes socialistas consultadas no prevén demasiadas 'caras nuevas' entre los consejeros del PSOE-A como consecuencia de la reducción de consejerías y la irrupción de IULV-CA como socio de gobierno.    
   No obstante, otras fuentes no cierran la puerta a la entrada en el Ejecutivo de algún 'fichaje' inesperado, como ya ocurriera con la incorporación de Rosa Aguilar, por entonces alcaldesa de Córdoba con IU, como consejera de Obras Públicas en el primer gobierno de Griñán.

Los periodistas de Almería se concentran mañana en defensa de su profesión

ALMERÍA.- La Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) convoca a la concentración pacífica de periodistas, mañana, día 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bajo el lema “Sin periodistas no hay periodismo ni democracia", la concentración tendrá lugar a las 11,30 horas, en la Puerta Purchena, junto a la estatua de Nicolás Salmerón.

La concentración de Almería será simultánea a otras concentraciones de periodistas en más de cuarenta provincias, en un acto sin precedendes en el colectivo periodístico español, según acuerdo adoptado el 14 de abril, en Valladolid, durante la LXXI Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

En el marco de la concentración se leerá un manifiesto conjunto de todos los periodistas de España que la Federación ha elaborado

El Gobierno fijará las reglas para que la banca segregue activos inmobiliarios

BRUSELAS.- El Gobierno y el Banco de España fijarán las reglas para que la banca segregue sus activos inmobiliarios dudosos y los desconsolide de su balance, pero no aportará "en principio" ayudas públicas con el fin de facilitar el proceso, según ha explicado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos. La operación podría afectar hasta 170.000 millones de activos problemáticos.

   De Guindos se ha reunido este miércoles a petición propia con el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, responsable del control de ayudas públicas. Ambos "han mantenido una conversación general sobre el sistema financiero", según el portavoz de Almunia.
   El ministro de Economía no ha dado tampoco detalles sobre la reunión y se ha limitado a señalar que "el comisario Almunia sabe que el Gobierno español va a cumplir con toda la normativa de ayudas de Estado".
   De Guindos ha explicado que las provisiones por valor de 54.000 millones de euros que el Gobierno ha exigido a la banca para sanear sus activos inmobiliarios -ejecutando reducciones de precio del 80% para el suelo, el 65% para promociones en curso y el 35% para viviendas acabadas- ya los sitúan "en valores de mercado".
   "A partir de ahí, lo que se facilita enormemente es el proceso de desconsolidación de estos activos inmobiliarios a través de su venta.  Y eso es lo que de alguna forma se va a favorecer en los próximos días", desde ahora y hasta finales de año, que es el plazo máximo que se ha dado a la banca, ha señalado.
   Esta segregación, ha resaltado De Guindos, tiene dos implicaciones positivas para las entidades: en primer lugar, "reduce los balances de los bancos y su exposición al inmobiliario" y además les permite "dedicarse a ser bancos y no a ser inmobiliarias".
   "Es un planteamiento que además se va a hacer con absoluta transparencia, se va a hacer con claridad desde el punto de vista de unas valoraciones que son las adecuadas y que consideramos que son atractivas para potenciales terceros que quieran comprar esos activos", ha sostenido.
   En este proceso, el Gobierno y el Banco de España se limitarán a establecer "cuáles son las reglas para que efectivamente eso se produzca", pero no aportarán ayudas públicas. "En principio, si la valoración es la correcta, que el planteamiento es que la valoración es la correcta, son operaciones de mercado", ha sostenido.
   Así, la creación de sociedades intermediarias para gestionar estos activos dudosos no será iniciativa del Ejecutivo sino que "dependerá de los planteamientos que hagan las entidades".
   La segregación, ha resaltado De Guindos, "podría llegar a afectar a 170.000 millones de euros", que son los considerados dudosos a finales de 2011 según se recoge en el decreto ley que obligaba a las entidades a aumentar sus provisiones.
   En su opinión, en estos momentos "donde está el problema es en el suelo" porque "en estos momentos no existen transacciones en España". Pese a la rebaja de precio del 80%, "antes de que empiece a haber transacciones de suelo significativas en España se tiene que acabar con el stock de viviendas que existe actualmente en nuestro país".
   Por lo que se refiere a la vivienda terminada, el ministro de Economía ha defendido que el descuento del 35% de media "es relativamente bastante adecuado y bastante próximo a lo que es las demandas del mercado". "Los bancos están vendiendo muchas viviendas terminadas y está habiendo un proceso de reducción de la vivienda terminada en los balances de los bancos", ha agregado.
   Además, De Guindos ha vuelto a pronosticar que "se van a ir produciendo operaciones de fusiones y de adquisiciones adicionales en el ámbito de las cajas de ahorro como ya hemos visto alguna en las últimas semanas".
   "También puede haber actuaciones adicionales desde el punto de vista de las provisiones por cada uno de los bancos", ha vaticinado el ministro. Y ha puesto de ejemplo a una entidad, a la que no ha identificado, que ya ha cumplido durante el primer trimestre con las exigencias de provisiones del real decreto y que a su juicio aun así seguirá aumentándolas durante el resto del año.

Griñán destaca que la izquierda sigue siendo "la opción mayoritaria" en Andalucía

SEVILLA.- El candidato a la Presidencia de la Junta y presidente en funciones, José Antonio Griñán, ha abierto pasadas las 12.00 horas la sesión de investidura en el Parlamento andaluz, en la que será reelegido con el apoyo de IULV-CA, destacando que la izquierda sigue siendo "la opción mayoritaria" en Andalucía.

   Griñán ha subrayado al comienzo de su intervención que la fuerza política más votada "no ha sido el PSOE", sino que las urnas han situado al PP como el partido "con más votos y más escaños, aunque sin otorgarle el número suficiente de ellos para poder formar gobierno en solitario". "Más de la mitad de los votos emitidos fueron para la izquierda representada en esta Cámara por PSOE e IU", ha añadido.
   Una vez que finalice su intervención, que se prolongará por espacio de hora y media para presentar su programa para la presente legislatura y solicitar la confianza de la Cámara, la sesión quedará suspendida hasta el jueves a las 9,30 horas, cuando comenzará el debate con los portavoces de los grupos parlamentarios, que tendrán un primer turno de 30 minutos y otro de réplica de diez minutos.
   En primer lugar, intervendrá el portavoz grupo parlamentario IULV-CA y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas. A continuación, será el turno del portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, y por último lo hará el presidente del grupo parlamentario del PP-A, Javier Arenas. José Antonio Griñán contestará a cada uno de ellos cuando finalicen sus intervenciones y cerrará el debate.
   Asimismo, tras las intervenciones de los portavoces y del candidato a la Presidencia de la Junta se llevará a cabo la votación para elegir al próximo presidente del Gobierno andaluz y que, como establece el Reglamento de la Cámara, será pública por llamamiento y tendrá lugar, previsiblemente, antes de las 15,00 horas.
   Para su elección, el candidato deberá en primera votación obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones. Caso de no conseguirse dicha mayoría se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente.
   Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ninguna candidatura hubiera obtenido la mayoría simple, quedará designado presidente o presidenta de la Junta de Andalucía el candidato o candidata del partido que tenga mayor número de escaños.
   Una vez realizada la elección, el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, la comunicará al Rey, a los efectos del consiguiente nombramiento del presidente de la Junta de Andalucía, que a partir de ahí procederá a designar los miembros del Consejo de Gobierno y a distribuir entre ellos las correspondientes funciones ejecutivas.
   Se trata del segundo debate de investidura para Griñán tres años después de suceder en el cargo a Manuel Chaves. A diferencia del antecedente del año 2009, en el que accedió a la Presidencia de la Junta propuesto por Chaves tras su marcha al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Griñán se enfrenta ahora a la investidura tras haber evitado la mayoría absoluta del PP-A en unas elecciones con claro favoritismo para Javier Arenas y haber fraguado con Diego Valderas un acuerdo inédito con IULV-CA a nivel regional para su entrada en la Junta.
   Cabe desatacar que antes de que comenzara el debate de investidura, la diputada del PSOE-A por Almería y presidenta del Parlamento andaluz durante la pasada legislatura, Fuensanta Coves, ha prometido el cargo, dado que no lo pudo hacer en la sesión de constitución de la Cámara, al encontrarse ingresada, fruto de una gastroenteritis aguda.