viernes, 16 de noviembre de 2012

España podría perder casi 20.000 millones en ayudas de la Unión Europea

BRUSELAS.- España podría perder en los próximos siete años casi 20.000 millones de euros en ayudas regionales y agrícolas de la UE respecto a lo que recibe en la actualidad si prospera la propuesta de presupuesto para el periodo 2014-2020 presentada por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, según han informado fuentes diplomáticas.

   Van Rompuy ha planteado un recorte de hasta 80.000 millones de euros a la propuesta original de Bruselas en un intento de contentar a los países contribuyentes netos y facilitar un acuerdo sobre el presupuesto plurianual en la cumbre que se celebrará el 22 y 23 de diciembre.
   El Gobierno español está "descontento" con el plan de Van Rompuy y no le parece aceptable porque concentra los recortes en las dos partidas que más benefician a España: los fondos estructurales y la política agrícola común. Según las primeras proyecciones, España perdería en concreto más de un tercio de las subvenciones regionales y un 17% de las ayudas agrícolas.
   Además, la propuesta no tiene suficientemente en cuenta la situación de los países más afectados por la crisis, según denuncian las autoridades españolas. En particular, el reparto de fondos se calculará con los datos de renta 2007-2009, que todavía no reflejan plenamente el impacto de la doble recesión. Van Rompuy ofrece una cláusula de revisión del marco financiero pero no concreta qué cosas podrían renegociarse.
   A España tampoco le gusta "nada" que se reduzca del 66% que proponía Bruselas al 57% el volumen mínimo de fondos que recibirán Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha entre 2014 y 2020 en comparación con el periodo actual. También recibirán ayudas específicas aunque inferiores y todavía difíciles de calcular Murcia, Canarias y Melilla al quedar catalogadas como "regiones en transición" (con PIB entre el 75% y el 90%).
   Para todas estas comunidades, la propuesta Van Rompuy recorta de 400 a 300 euros la prima por parado prevista para las regiones cuyo nivel de desempleo supera la media, algo que el Gobierno considera también injusto.
   España reclamará que, por estar en crisis, se le aumente la tasa de cofinanciación de los fondos europeos (que está de media en el 75%) ya que la autoridades regionales apenas tienen difícil poner el dinero restante debido a los recortes.
   Otra de las propuestas incluidas en el plan Van Rompuy que el Gobierno rechaza es que se congelen las ayudas regionales a los países con déficit excesivo que no sigan las recomendaciones de la UE. Considera que se trata de un "doble castigo" ya que el incumplimiento del déficit ya acarrea la imposición de multas.
   En todo caso, las autoridades españolas restan trascendencia a la negociación del presupuesto de la UE ya que sólo representa el 1% del PIB comunitario. Cualquier bajada de la prima de riesgo generaría rápidamente ahorros superiores a los 20.000 millones de euros en juego, sostienen. Además, por primera vez España será contribuyente neta a las arcas comunitarias y por ello es partidaria de contener el gasto.

POCAS POSIBILIDADES DE ACUERDO

   La primera discusión a puerta cerrada este jueves de la propuesta que Van Rompuy puso de manifiesto que será muy difícil un acuerdo en la cumbre de la semana que viene. "Con lo que hay sobre la mesa no es posible el acuerdo", señalan las fuentes consultadas.
   Los contribuyentes netos (Dinamarca, Suecia, Alemania, Reino Unido, Austria, Holanda y Finlandia) celebraron las reducciones propuestas por el presidente del Consejo Europeo, pero reclamaron todavía más recortes.
   El resto de Estados miembros denunciaron que los recortes son excesivos en cohesión (España, Polonia, Hungría, Eslovenia, Portugal, Bulgaria, Estonia, República Checa, Malta, Eslovaquia, Letonia, Italia, Grecia y Lituania) y en agricultura (España, Bélgica, Eslovenia, Francia, Portugal, Bulgaria, Austria, Estonia, Malta, Italia e Irlanda).
   Alemania, Finlandia y Dinamarca sostuvieron que el plan Van Rompuy es una "buena base" para empezar las negociaciones, mientras que España, Francia, Eslovenia, Portugal y Rumanía lo rechazaron como punto de partida.
   La cumbre de la semana que viene comenzará a las 20:00 horas del jueves pero desde las 10 de la mañana los diferentes líderes europeos irán pasando por el despacho de Van Rompuy para plantear sus reivindicaciones. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tiene asignadas las 18:00 horas para ir al denominado "confesionario".
   Tras la reunión plenaria del jueves por la noche, el viernes se reanudarán las bilaterales. El presidente del Consejo Europeo ha hecho llegar al resto de líderes que plantea la cumbre como un "cónclave" del cual no saldrán hasta que haya "fumata blanca" con el presupuesto, por lo que se podría prolongar durante el fin de semana.
   Sin embargo, si se constata enseguida que el acuerdo es imposible podrían parar las negociaciones pronto y convocarse un nuevo Consejo Europeo a principios de febrero.

El TS permite urbanizar dentro del espacio protegido de Cabo de Gata

ALMERÍA.- El Tribunal Supremo (TS) ha reconocido el "derecho a urbanizar" adquirido hace 15 años por los propietarios de los terrenos de 'La Fabriquilla', en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en los que se proyecta la construcción de alrededor de 150 viviendas sobre una superficie de 15,11 hectáreas pese a que el suelo aparece clasificado en la normativa ambiental autonómica como zona "sujeta a protección y regulación especial por su diversidad biológica y paisajística".

   Sin embargo, en las Normas Subsidiarias (NNSS) de Níjar se recogen los terrenos como el sector SAU FA-1 en ejecución de una sentencia del TS dictada en 1997 por la que se obligaba a catalogar los terrenos como "aptos para urbanizar" en el planeamiento municipal. En virtud de esta clasificación, los propietarios promovieron un Plan Parcial para urbanizar que, si bien fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, luego fue denegado.
   La sentencia del Alto Tribunal deriva precisamente de un recurso de casación interpuesto por los propietarios contra un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que daba la razón al Ayuntamiento nijareño, que en junio de 2008 rechazó la aprobación definitiva después de que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta andaluza informase desfavorablemente al gozar 'La Fabriquilla' de grado de protección.
   En el citado auto, el TSJA indicó que no procedía anular el acuerdo por el que se denegó dar luz verde al Plan Parcial y señaló que el derecho a urbanizar de los promotores reconocido por el Supremo en 1997 ya se ejecutó cuando se incluyó en suelo como "apto para urbanizar" en el planeamiento municipal elaborado en 1999.
   El Alto Tribunal, sin embargo, no comparte esta tesis y subraya que la plena ejecución "no termina con la mentada clasificación sino con la posibilidad real y efectiva de urbanizar el citado suelo" y que el fallo de 1997 "resulta estéril" si la administración impide "el desarrollo urbanístico".
   Añade, en esta línea, que el TSJA se contradice porque reconoce que la administración "ha persistido en su actitud de contradecir los derechos de la ejecutante ya adquiridos por sentencia firme" pero da prevalencia a la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, que considera 'La Fabriquilla' espacio protegido.
   Indica, asimismo, que los demandantes presentaron "distintas propuestas de planes parciales, viéndose abocados a interpones recursos administrativos que cristalizaron en la aprobación inicial del Plan Parcial, que perdió efectividad al denegarse la aprobación definitiva por haber entrado en vigor" en febrero de 2008 el citado PORN, "que lo impedía". Cabe recordar que la aprobación provisional de ese Plan Parcial se produjo en marzo y el rechazo en junio.
   A la vista de estos antecedentes y de lo que califica como una "actitud obstruccionista del Ayuntamiento para hacer perder efectividad a los derechos de los propietarios", el Supremo estima el recurso de casación al considerar que se ha producido indefensión de los demandantes y ordena retrotraer las actuaciones para que se sustancie el incidente promovido por los recurrentes y convoque al Ayuntamiento de Níjar para que pueda alegar lo que a su derecho convenga.

El juez de lo Mercantil pide al juez de 'Poniente' que alce el embargo del pago de facturas a Elsur

ALMERÍA.- El juez de lo Mercantil de Almería que tramita el concurso de acreedores de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido ha solicitado al juzgado instructor de la causa penal del caso 'Poniente' que levante el embargo de los créditos reconocidos mediante el Plan de Pago a Proveedores por el Ayuntamiento a la mercantil.

   El sumario penal señala a Elsur, participada en un 70 por ciento por la filial de Abengoa 'Agua y Gestión', "clave' en la presunta trama de corrupción empresarial y política que se investiga y que derivó en el encarcelamiento en 2009, entre otros, del exalcalde Juan Enciso (PAL) y del exinterventor municipal José Alemán. El sumario cifra en unos 93,3 millones de euros las subcontrataciones en su mayoría "irregulares" entre los años 2002 y 2007.
   Mediante un auto dictado el 30 de mayo, el instructor de la causa procedió a intervenir y retener cautelarmente el pago de estas facturas reconocidas a Elsur y resolvía a favor del Ayuntamiento ejidense con el argumentó de la existencia de "indicios de criminalidad en la conducta de los investigados", administradores de la empresa mixta y las subcontratas, y la "necesidad" de obtener datos "concretos sobre el lucro económico obtenido mediante estas presuntas actividades delictivas".
   Frente a este auto, el juez de lo mercantil, que al declarar concurso de acreedores le reconoció a Elsur un estado de insolvencia que achacó a los alrededor de 80 millones de euros que le adeuda el Consistorio, plantea un conflicto de competencia positivo al estimar que la medida cautelar "altera" la paridad de tratamiento en igualdad de condiciones puesto que retiene "unas cantidades necesarias para la continuidad de la mercantil en concurso" e indica que el fin de "obtener datos" no puede afecta la competencia del juez del concurso.
   Subraya, en esta línea, que no consta que Elsur haya sido sujeto pasivo de aseguramiento de responsabilidades civiles y que, en el procedimiento penal "constan como imputados y responsables civiles penas físicas, sin existencia de personas jurídicas".
   El juez de lo Mercantil señala que el Ayuntamiento de El Ejido debe a Elsur "importantes cantidades" y que el incumplimiento de sus obligaciones  ha derivado en concurso al tiempo que advierte de que el Consistorio pretende "indebidamente mutilar" la vía de pago hallada por Elsur y "garantizada por el Estado".
   "La medida supone, por tanto, una postración de los créditos preferentes a la acreedora, lo que supone una alteración del orden de prelación de créditos, la paralización de la actividad societaria de la mercantil concursada y la utilización de mecanismos inidóneos para la consecución por Elsur de sus créditos insinuados y reconocidos en el presente procedimiento concursal", concluye.
   Al declarar concurso voluntario de acreedores, el juez apunta que la deuda municipal con Elsur supone casi un 80 por ciento de su activo y que "basta con los impagos municipales" para generar insolvencia en la sociedad.

La Subdelegación ve una "importante" participación en la manifestación de ayer en Almería

ALMERÍA.- El subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha valorado este jueves la jornada de huelga general en la que, si bien ha detectado una incidencia "más bien baja" en cuanto al seguimiento de la misma con respecto a la paralización de la actividad económica la provincia, sí ha reconocido una participación "importante" en la manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT con respecto a otras marchas celebradas con anterioridad. 

   En declaraciones a los periodistas tras una rueda de prensa en la Subdelegación de Gobierno, García Lorca ha explicado que, según los datos oficiales ofrecidos por la Delegación de Gobierno, la manifestación consiguió congregar a unas 15.000 personas --25.000 según los sindicatos-- al final de la marcha, de forma que ha precisado que las primeras estimaciones se correspondieron al inicio de la concentración.
   García Lorca ha descartado incidencias durante la jornada salvo "pequeñas molestias" como consecuencia de algunos cortes de tráfico que no se extendieron en más de una hora en cada caso, por lo que, en el contexto de una huelga general, considera que el clima fue de "absoluta normalidad". "No tengo constancia de apercibimiento o sanción por la marcha del SAT-SOC", ha aclarado el subdelegado con respecto a esta marcha paralela.

El Parlamento rechaza que la Junta ponga a disposición de familias desahuciadas el parque de vivienda de EPSA

SEVILLA.- El Pleno del Parlamento ha rechazado, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, una moción del PP-A en la que se pedía que la Junta impulsara la puesta a disposición de su parque de vivienda social y de promoción pública para las familias más necesitadas y perjudicadas por la crisis, favoreciendo el realojo e integración social de las mismas, y que reorientara la actividad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) para dar respuesta a los familias andaluzas afectadas por procesos de desahucio como consecuencia de la crisis.

   En defensa de la iniciativa, la diputada del PP-A Alicia Martínez, que ha expresado su dolor por la muerte de dos personas en España como consecuencia del drama de los desahucios, ha considerado necesario  que la Junta contemple una línea de ayudas financieras (préstamo-aval) destinada a familias que tienen abierto proceso de negociación con entidades financieras para el mantenimiento de su vivienda, con la finalidad de llegar a un acuerdo satisfactorio en este proceso, y que intensifique el diálogo con las entidades financieras radicadas en Andalucía en materia de prevención de desahucios.
   Tras indicar que este problema se tiene que abordar "sin confrontación", ha defendido la puesta en marcha de un verdadero Plan de Choque en materia de política de vivienda que permita cumplir los actuaciones establecidas en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 para el año 2012 y el resto de las actuaciones incumplidas en años anteriores, modulando las mismas conforme a las actuales necesidades de vivienda de los andaluces.    
   Asimismo, ha defendido la necesidad de ofrecer una respuesta desde la administración autonómica que garantice a los andaluces el derecho a una vivienda digna, especialmente a las personas más necesitadas y a las que han sido desahuciadas, y que la política de vivienda debe centrarse en el alquiler, la rehabilitación, el impulso de la promoción de vivienda social y el acuerdo y negociación entre administraciones y agentes económicos y sociales.
   Por su parte, la diputada del PSOE-A Rocío Arrabal ha lamentado que las políticas de vivienda y de economía del Gobierno del PP supongan rescatar a la banca y no a los ciudadanos, de manera que el stock de viviendas de las entidades financieras ha aumentado.
   Ha señalado que mientras la Junta destina 45 millones para el plan de rehabilitación de viviendas en los presupuestos andaluces para 2013, el Gobierno de la Nación recorta en un 79 por ciento esta política en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo ejercicio.
   Arrabal ha valorado que la presión social, por la desesperación y la angustia de muchas familias, haya conseguido "doblegar" al Ejecutivo, que aprobará un decreto de medidas urgentes contra los desahucios. Ha confiado en que este sea el principio de una cadena de reformas legislativas y no solo "un parche".
   La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha destacado que las medidas que ha tomado en los últimos meses el Gobierno de la Nación no han favorecido la situación de las personas en riesgo de perder sus viviendas. En estos momentos, según ha señalado, se están adoptando decisiones "tardías y equivocadas", al margen de los colectivos ciudadanos que han estado al lado de las víctimas de desahucios.
   Nieto ha indicado que su grupo no va a apoyar la moción del PP-A porque están "radicalmente" en contra de la política económica y social que mantiene el PP, de que hayan promovido una legislación en materia vivienda que "agrava" el problema, de su "servilismo" ante las entidades financieras y de su "falta de sensibilidad" para distribuir los recursos a las comunidades autónomas en materia de vivienda.

Habrá un parque de viviendas sociales en alquiler para desahuciados en España

MADRID.- El Gobierno español ha aprobado este jueves dos medidas para proteger a deudores hipotecarios y para paliar la situación de los que ya han sido desalojados de sus viviendas. Por un lado ha aprobado un Real Decreto por el que se fijan las condiciones para poder evitar el desahucio, con una moratoria de dos años, estableciendo el tope de renta en 19.200 euros anuales y por otro, se compromete a crear de manera urgente un parque de viviendas en alquiler, con una renta baja, para realojar a gente que se haya quedado sin casa. Estas viviendas provendrán de las que tienen las entidades financieras.
   Según la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, estas medidas de carácter "urgente" se adoptan en una primera fase para "paliar" los problemas de colectivos con especial vulnerabilidad. Después, en una segunda fase, el Gobierno abordará con los grupos parlamentarios el establecimiento de "nuevos umbrales" para la aplicación del Código de Buenas Prácticas que determinen la entrada en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago.
   Sáenz de Santamaría recordó que estas posibilidades ya existen en el Código de Buenas Prácticas que el Gobierno aprobó en marzo pasado, pero ahora, dijo, se trata de "revisar en qué circunstancias económicas y de valor de las viviendas se puede ampliar el Código de Buenas Prácticas". Este Código fijaba en un precio máximo de 200.000 euros las viviendas que se podían acoger al fondo.
   Además, anunció que "también se mejorarán aspectos importantes como las subastas, los asuntos relativos a los intereses de demora --ahora en el 20 por ciento en muchos casos--, mecanismos para dar mayor independencia a las sociedades de tasación frente a los bancos a la hora de tasar la vivienda, la posibilidad de establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar sobre endeudamiento o mecanismos para evitar cláusulas abusivas en las negociaciones hipotecarias".
   Esta segunda fase se producirá en la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley, en la que se abordarán las medidas que planteen los grupos pero, precisó, "muy especialmente éstas que el Gobierno tiene interés en cerrar allí con carácter definitivo y estable y en negociación con los grupos".
   El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó los detalles del Real Decreto Ley con medidas urgentes para proteger a deudores hipotecarios, dejando claro que el objetivo es "evitar que nadie se tenga que ir de su casa", no sin antes precisar que la tasa de mora de hipotecas individuales en España está ligeramente por encima del 3 por ciento, ya que la mayoría de los deudores paga "puntualmente" sus hipotecas.
   De Guindos señaló que para definir el alcance del Decreto Ley hay que tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, los colectivos protegidos y por otro, las limitaciones financieras para que se aplique esta medida.
   Así, señaló que se paralizará durante dos años el desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables. Se trata de: familias numerosas; la unidad monoparental con dos hijos a cargo; una familia con un menor de tres años; familias con uno de sus miembros discapacitado superior al 33 por ciento.
   Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por: dependencia o incapacidad permanente para trabajar; familias con deuda hipotecaria en paro y agotadas las prestaciones por desempleo; cuando convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral; y unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.
   Además, tienen que concurrir las siguientes limitaciones económicas: que el conjunto de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros mensuales. Cerca de 19.200 euros anuales.
   También se incluirá a las personas o familias que hayan visto una "alteración significativa de circunstancias económicas", es decir, que el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en los últimos cuatro años --es decir, que si suponía un 40 por ciento, haya pasado a ser un 60 por ciento--; que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos; que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.
   A estas medidas se añade el mandato que el decreto ley da al Gobierno para crear un parque de viviendas de alquiler, a un precio social, para las personas que se hayan quedado sin vivienda tras una ejecución hipotecaria.
   Según explicó el titular de Economía, el mandato que se da al Ejecutivo es para que empiece una negociación con las entidades financieras, de las que dijo que "tienen un número importante de activos adjudicados, incluidas las del FROB". "Ahí estableceremos este fondo para paliar las circunstancias de más urgente necesidad", apostilló al tiempo que recordaba que en este país hay 700.000 viviendas vacías según las estadísticas. No obstante, también precisó que las estadísticas hay que corregirlas.
   Estas viviendas --añadió-- están en posesión de los bancos en este momento y se tendrán que poner a disposición de las personas que se han quedado sin vivienda, con un alquiler reducido.
   El ministro de Economía, al ser preguntado por la preocupación del sistema financiero de cómo le puede afectar esta medida, respondió que el Real Decreto "no afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria". En este sentido, explicó que se está actuando sobre las familias que lo necesitan, e intenta proteger que se vayan a la calle familias que pertenecen a colectivos que, "en situación de buena fe, pero por razones sobrevenidas, se han visto inmersas en un proceso de desahucio".
   Pero dejó claro que el principio general es que "las deudas y los intereses hay que devolverlos". Por lo tanto, dijo "no hay ninguna afectación profunda al procedimiento de ejecución hipotecaria" y añadió que el problema "está acotado" porque se atiende a "un colectivo muy específico, sin impacto adicional en una situación de mora hipotecaria que en España es muy baja y va a seguir siendo muy baja".
   Al ser preguntado si se va a incluir, en la segunda fase, la dación en pago de la vivienda para saldar la hipoteca, De Guindos precisó que el Código de Buenas Prácticas ya la incluye, pero cree que se trata de una solución de "última instancia" y que es mejor primero aplicar una "reestructuración de la deuda" o una "quita".
   Además, dijo que es posible hacer contratos de hipoteca con esta opción, pero advirtió de que son más caros. En su opinión, en los cambios legislativos se trata de "actuar con equilibrio, justicia, sensibilidad social e inteligencia" y advirtió de que si se protege en exceso al deudor, los bancos son más reacios a la concesión de préstamos.
  De Guindos no aclaró si el Gobierno va a modificar la Ley Hipotecaria, que es una de las demandas del PSOE en la negociación. "No voy a prejuzgar si hay que cambiarla o no, posteriormente habrá una tramitación de una Ley", dijo en referencia a que el Real Decreto se tramitará como proyecto de Ley.