SEVILLA.- El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha dictado
un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la
causa abierta contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla
y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y
falsedad en documento mercantil, según la información remitida en un
comunicado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En esta resolución se concluye que "el cómputo global de las
cantidades defraudadas" en los expedientes de subvenciones concedidas
por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado
con la información documental necesaria "asciende a 40.750.047,74
euros".
En un auto fechado el día 3 de diciembre, el magistrado da traslado
de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el
plazo común de 20 días, dado el volumen de las actuaciones, soliciten la apertura de juicio oral formulando
escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o,
excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias
indispensables para formular la acusación.
En concreto, los
investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario
general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera
secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión
Económica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el
consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez
personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Asimismo,
el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las
actuaciones respecto de ocho personas. En concreto, archiva la causa
respecto a siete de ellas al entender que, "valorando en su conjunto los
indicios aportados en la instrucción practicada, no puede deducirse la
existencia de acreditación suficiente de comisión de delito que permita
al respecto el dictado de la resolución" que prevé el artículo 779.1 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De
igual modo, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las
actuaciones respecto del ex secretario general del sindicato Manuel
Pastrana, pero en este caso dada su "situación de incapacidad
sobrevenida", tal y como puso de manifiesto el informe médico forense
emitido el pasado 17 de mayo.
El instructor relata que, en el
periodo comprendido entre 2009 y 2013, "se ha constatado la existencia
de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y
determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran
facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la
práctica de sus actuaciones propias", añadiendo que "la utilización de
estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a
través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que
dichos fondos deberían haber tenido", como es "la práctica de acciones
formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes
de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".
Según
asevera el juez, "en la consecución de aquellos fines fraudulentos de
financiación era precisa la implicación de sociedades que, como
proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que
permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos,
con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato".
Seguidamente, el magistrado analiza "las técnicas utilizadas para
este objetivo ilícito", como son el mecanismo llamado 'rappel', "por el
que el sindicato se beneficiaría de los descuentos que los proveedores
le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se
declararan a la Administración que otorgaba la correspondiente
subvención completa", o el mecanismo denominado 'bote', sistema por el
que UGT-A "se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado
mediante el pago a proveedores de facturas simuladas" que "no
corresponderían a servicio prestado alguno" pero que "eran imputadas a
programas subvencionados".
Como tercera "vía de financiación
fraudulenta", el juez señala que el sindicato "habría efectuado la
cesión en usufructo de locales de su propiedad" a la sociedad mercantil
Soralpe I Mas P Asociados S.L. -de la que UGT-A era socio único-
"mediante contratos elevados a público entre dichas empresas".
Así, se
trataba de un "mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos
con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de
alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban
realmente un gasto".
En este punto, explica que, "tras la
concesión de la subvención para acciones formativas, UGT-A las
materializaba a través de su entidad vinculada IFES", agregando que, "en
tanto que, según normativa autonómica, entre los gastos que pueden
subvencionarse se incluyen los gastos de alquiler de las aulas
utilizadas en el desarrollo de la acción formativa, si los locales en
los que IFES desarrollara las acciones formativas fueran propiedad de
UGT-A, su utilización en realidad no generaría más gasto subvencionable
que los gastos de mantenimiento", pero, en este caso, "tras la cesión en
usufructo de los locales de UGT-A a Soralpe, esta última procedía a
alquilarlos a IFES, para de este modo generar de forma artificial un
gasto subvencionable".
El magistrado considera que, "en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro
de UGT-A, era de especial relevancia la labor" del investigado Federico
F., secretario general de Administración, "que servía de apoyo a las
relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la
citada mecánica", una labor en la que además "contaba con el apoyo
directo" del ex vicesecretario de Organización y ex secretario general
de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; de la secretaria de Gestión
Económica y de la responsable del Departamento de Compras.
Al
hilo de ello, el instructor precisa que, "para la ejecución de dicha
labor defraudatoria, además de la colaboración" de Soralpe y en concreto
de su consejero delegado, "prestaron auxilio de forma directa y
decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes" del
sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como
proveedores, quienes "se prestaron a dicha actuación fraudulenta por
medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención".
A
continuación, el magistrado enumera los expedientes de subvenciones
analizados en este procedimiento, precisando que, "para la
cuantificación de los importes defraudados en cada expediente", se parte
de las conclusiones del informe pericial emitido por
un interventor y las aclaraciones realizadas en sede judicial, la
documentación obrante en autos procedente de las diligencias de entrada y
registro practicadas y remitida por las administraciones, y el informe
emitido a instancias de la defensa del investigado Francisco Fernández
Sevilla.
"El cómputo global de las cantidades defraudadas en los
expedientes en los que se ha contado con la información documental
necesaria asciende a 40.750.047,74 euros", pone de manifiesto el juez en
el auto notificado este miércoles a las partes personadas en el
procedimiento y contra el que cabe recurso.
