Fitch avisa de que las cajas rurales no son "inmunes" a la situación de España

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha destacado la resistencia mostrada por las cajas rurales españolas en los últimos años, aunque ha advertido de que estas entidades no son "inmunes" a la situación que atraviesa España y deberían aplicar medidas de racionalización de costes para mantener su rentabilidad.

   Fitch recuerda que ya confirmó el pasado 6 de mayo los ratings de las cuatro entidades, manteniendo la calificación 'BB' para Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y la nota 'BBB' para Laboral Kutxa, Caja Rural de Navarra (CRN) y Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito.

   "El comportamiento de las cuatro cooperativas crediticias evaluadas por Fitch ha seguido siendo resistente, apoyado por sus fuertes franquicias regionales, que están enfocadas en las zonas rurales", explica la agencia en un informe sobre estas cuatro entidades.

   En esta línea, subraya que también se ha beneficiado de una adecuada calificación, una base de depósitos estable, unos libros de préstamos granulares con una exposición relativamente limitada al problemático sector inmobiliario y un enfoque prudente a la gestión de riesgos.

   Sin embargo, Fitch advierte de que estas cuatro cajas rurales no son "inmunes" a la recesión a la que se está enfrentando España, y apunta que los bajos tipos de interés y el entorno recesionista en España continuará poniendo bajo presión sus beneficios. Por ello, considera "crucial" para apoyar la rentabilidad de sus negocios en este entorno que se implementen medidas de racionalización de los costes.

   En este línea, apunta que aunque las entidades registraron un crecimiento de los ingresos antes de impagos en 2012, los elevados cargos por desvalorización de préstamos aplicados para cumplir con las exigencias de provisiones han provocado unos menores beneficios.

   Por otro lado, Fitch recuerda que las cooperativas de crédito han jugado un papel "activo" en el proceso de consolidación del sector bancario español, con tres de estas cuatro entidades implicadas en procesos de integración en 2011 y 2012, y cree que la reestructuración del sistema ha abierto "oportunidades" a estas entidades. que no han necesitado ayudas públicas.

Hacienda calcula que 5.900 ayuntamientos son ineficientes

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas calcula que unos 5.900 ayuntamientos españoles son ineficientes porque prestan  sus servicios a un coste superior del que podrían prestarlos, según los cálculos del departamento. En concreto, se trata de 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes, el 92 por ciento del total, y de 344 de entre 5.000 y 20.000, el 60 por ciento.

   El cálculo de un coste estándar de los servicios que obligatoriamente deben prestar los ayuntamientos es la piedra angular de la reforma local que prepara el Gobierno y que mañana presentará a la Comisión Nacional de Administración Local. El texto pasará después al Consejo de Estado, será a continuación aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes. Se espera su aprobación este mismo año y su entrada en vigor el próximo 1 de enero.

   El departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene unas cifras de lo que pueden costar los servicios municipales. De hecho, ya ha calculado que la aplicación de esta ley puede ahorrar 7.129 millones de euros, el 20 por ciento, por aplicación de este concepto. Sin embargo, asegura que cerrará la fórmula de ese coste estándar en los próximos meses y en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas, según han explicado fuentes del ministerio.

   Una vez que se apruebe la ley, todos los municipios someterán a examen sus servicios; los que estén por debajo de 20.000 habitantes, perderán la gestión del servicio que presten de manera ineficiente, según el coste de Hacienda, y serán las diputaciones o las comunidades (en caso de las uniprovinciales) las que se encarguen. Junto al servicio, las diputaciones recibirán la financiación y los funcionarios que los municipios dediquen a él.

   Los ayuntamientos de mayor tamaño, podrán ceder esa gestión voluntariamente o aplicarse para mejorar la eficiencia, con la amenaza de que se les aplique la ley de estabilidad presupuestaria y sus mecanismos de intervención.

   La creación de este coste estándar ha sido controvertida y cuenta con la oposición frontal del PSOE, que interpreta la idea como un paso hacia la privatización de servicios municipales que conllevará, añade, una pérdida de calidad.

   Los ayuntamientos afectados tendrán cinco años para recuperar las competencias perdidas, que podrán ser una, varias o todas. Durante ese tiempo, según las mismas fuentes, la corporación municipal deberá dedicarse a preparar un plan de ajuste para recuperar esa gestión y a trabajar con la diputación para ello. No perderán su capacidad política, puesto que los eligen los ciudadanos, pero no tendrán otra gestión que hacer en el caso extremo de que pierdan todas las competencias.

   Desde Hacienda se ha hecho hincapié en que el hecho de que un 8 por ciento de los pueblos más pequeños sean eficientes es la demostración del que resto también lo puede ser. Y añaden que desde que se comenzó a hablar de este concepto de coste estándar, y a través de las docenas de reuniones con representantes locales, los municipios ya han aplicado ahorros y ajustes.

   De hecho, son más los ayuntamientos con superávit (4.623 en 2012) y este año, en mayo, Hacienda ha recibido más de 6.000 de las obligatorias liquidaciones de presupuestos en mayo, un 40 por ciento más que el año anterior. "La ley ha entrado en vigor antes de estar en vigor", dicen estas fuentes.

   Desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro se insiste en que el coste de los servicios baja cuanto mayor es la población a la que se le presta. La densidad, de hecho, es el único factor que se ha tenido en cuenta al calcular el coste estándar; es decir, la dispersión de la población se tendrá en cuenta al medir lo que a un municipio le cuesta dar un servicio.

   Así, según Hacienda, en los pueblos pequeños se paga tres veces más: 1.219,98 euros es el coste por habitante y año en un municipio de menos de 5.000 habitantes de unos servicios que en una ciudad de más de 100.000 vecinos cuestan 445,44 euros.

   El contenido completo de la reforma local, con la que Hacienda lleva lidiando más de un año, será presentado este martes en la CNAL, en la que participa la Federación Española de Municipios y Provincias. La norma regula, además de este asunto del coste estándar, qué competencias son obligatorias, cómo convenir con las comunidades la prestación de las competencias que son suyas pero que prestan los municipios (llamadas impropias), la aplicación de la ley de estabilidad, etc.

   Las fuentes de Hacienda han asegurado que además se va a buscar el establecimiento de una "horquilla salarial" para los funcionarios locales, con la que evitar la enorme dispersión que hay entre ellos y entre todos ellos y los funcionarios del Estado.

   Sin embargo, no han precisado cómo, ni si significará que algunos van a perder sueldo. Se está trabajando en ello y se incluirá cada año en la Ley de Presupuestos del Estado.

El Ayuntamiento de Almería recepciona las obras de urbanización del PERI de Costacabana, para 249 VPO

ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería ha recepcionado este lunes las obras de urbanización correspondientes al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Costacabana, promovido por la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI', una vez han sido ejecutadas y visadas por los técnicos municipales. 

   El PERI de Costacabana tiene un total de 71.000 metros cuadrados que se han dividido en su desarrollo en dos polígonos. El primero de ellos, con 52.676 metros cuadrados, es el que ahora se ha urbanizado y recepcionado por parte del Ayuntamiento. Sobre esta superficie de suelo se construyen actualmente parte de las viviendas incluidas en el proyecto residencial de VPO de mayor envergadura de la ciudad, 'La Solana', que prevé la edificación de 249 viviendas, entre unifamiliares y plurifamiliares.

   Los trabajos de urbanización han consistido en la dotación de toda la infraestructura necesaria para dar cobertura a las nuevas viviendas que allí se están construyendo: red de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, zonas de juegos infantiles, ajardinamiento y red viaria.

   La inversión realizada en la urbanización ha sido de 2.427.169,52 euros, presupuesto sobre el que se adjudicaron los trabajos a la empresa Jarquíl. Hay que recordar que del total de las 249 viviendas promovidas por Almería XXI en el barrio de Costacabana, 132 se encuentran en este momento en ejecución, unos trabajos que están próximos a finalizar.

   En este número de viviendas se incluyen 60 viviendas de 2 dormitorios en edificio plurifamiliar y 72 unifamiliares, tipo dúplex de cuatro dormitorios con una superficie útil media aproximada de 85 metros cuadrados con garaje.

   El consejero delegado de Almería XXI, Pablo Venzal, ha destacado "la transformación y el cambio experimentado por la zona con la urbanización y la construcción de estas viviendas, un ejemplo más de la apuesta del equipo de gobierno por seguir impulsando la vivienda de protección oficial y uno de los ejes de actuación del programa electoral que viene cumpliendo el alcalde de la ciudad".

BBVA prevé que el paro siga creciendo en Andalucía hasta principios de 2014

SEVILLA.- La economía andaluza tocará fondo en 2013, con una caída del 1,9 por ciento, cuatro décimas más que la media nacional, para volver al crecimiento en 2014, año en que empezará a notarse "los frutos de los ajustes que se han llevado a cabo", con un crecimiento del 0,9 por ciento, en línea con el crecimiento esperado para el conjunto de España, según ha señalado este lunes el economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research, Rafael Doménech.

   Durante la presentación en Sevilla del último número de la revista Situación Andalucía, Doménech ha advertido de la "acelerada" caída del consumo privado durante el segundo semestre de 2012 que ha experimentado una "ligera mejoría" en el tercer trimestre, fruto del adelantamiento de las decisiones de compra ante la subida del IVA del mes de septiembre. En el cuarto trimestre, la demanda de los hogares se redujo en un 2,5 por ciento, la disminución más intensa desde 2009, si bien en el primer trimestre de 2013 la caída ha sido algo menos intensa.

   En cuanto al déficit público, Andalucía ha logrado reducirlo hasta el dos por ciento de su PIB, pero se ha situado por encima del objetivo fijado por el Gobierno central (1,5%). Como consecuencia de este esfuerzo, el consumo público ha registrado una caída anual del cuatro por ciento durante la segunda mitad del año.

   Así, apunta que aunque la deuda pública andaluza se mantiene por debajo de la media, hacia delante todavía deben realizarse esfuerzos de consolidación para alcanzar los objetivos marcados. Por tanto, ha instado a continuar buscando la mejora de las eficiencia del sector público. Así, de cara a 2013, el servicio de estudios de BBVA espera que se continúe la política de ajuste fiscal con una reducción del gasto de un 4,1 por ciento.

   Según BBVA Research, actualmente la demanda externa supone el principal sustento del crecimiento económico regional. Andalucía es la tercera de las comunidades con mayor volumen de exportación, sólo por debajo de Cataluña y Madrid. Además, pese a la crisis económica en Europa, el crecimiento global de las exportaciones andaluzas fue del 6,5 por ciento en 2012, frente al 4,5 por ciento de la media nacional. Dicho crecimiento se debe a la buena marcha de las exportaciones de productos energéticos y alimentos.

   Respecto al sector turístico en Andalucía, la publicación señala que éste se ve apoyado por la demanda exterior, que continúa creciendo, frente a un turismo nacional en "clara recesión". Las perspectivas para 2013 son "algo más positivas", atendiendo a los datos del primer trimestre de 2013, y a una ligera recuperación de la demanda exterior.

   Doménech también ha señalado que uno de los retos de Andalucía será solventar el problema del desempleo, que ha registrado cifras récord. El servicio de estudios de BBVA apunta la necesidad de impulsar reformas en un mercado laboral "muy deteriorado" La mejora pasa por una reducción de la segmentación, fomento del empleo a tiempo parcial y un incremento de la efectividad de políticas activas y pasivas de empleo.

   En este sentido, preguntado por los periodistas sobre una previsión de tasa de desempleo para 2014, Doménech ha indicado que para este año y principios de 2014 se situará sobre el 37 por ciento y habrá que esperar a la segunda mitad de 2014 para ver "los primeros indicios de bajada".

   "Será muy dependiente del crecimiento de Europa, de España y de lo que trabaje España y Andalucía en las reformas estructurales y en la capacidad para atraer inversión extranjera directa", ha subrayado.

   Finalmente, el servicio de estudios de BBVA considera que Andalucía debe mejorar la calidad, compatibilizar su desarrollo con los objetivos medioambientales, invertir en I+D+I y desarrollar una cultura empresarial de orientación al mercado.

El PP-A exige a la Junta el pago de la deuda municipal tras recortar 1.413 millones en tres años

SEVILLA.- El Partido Popular andaluz ha recriminado este lunes al vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta, Diego Valderas, que esté llevando "a la ruina" a los Ayuntamientos y Diputaciones de la comunidad debido a su "mala gestión" y a su "falta de compromiso" a la hora de asumir las deudas que la Administración regional mantiene con las entidades locales, por lo que le ha urgido al "pago inmediato" de las mismas.

   Así lo ha dicho en rueda de prensa la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, quien ha exigido al Gobierno andaluz que dé un "giro rotundo" en su política municipal y "empiece a apoyar de una vez por todas" a las entidades locales para evitar que "sigan abocados a la ruina".

   Sobre todo, según ha argumentado, porque los "datos objetivos" demuestran que el Ejecutivo autonómico de PSOE-A e IULV-CA es el "más antimunicipalista" de la historia democrática de la comunidad. Entre ellos, ha destacado los que señalan los propios presupuestos de la Junta de Andalucía en los últimos tres años, donde en las partidas destinadas a la Cooperación Municipal se han recortado un total de 517,8 millones de euros (un 5,2% en 2011, un 21,5% en 2012 y un 13,3% en 2013).

   A esto habría que sumar algo "más grave", en opinión del PP-A, y es que de "todo lo presupuestado" en los ejercicios presupuestarios 2010-2013, "se han dejado sin ejecutar más de 895 millones de euros", por lo que el "bipartito", según Corredera, habría estado este tiempo "haciendo trampas al solitario: por un lado recorta a los Ayuntamientos y Diputaciones y, por otro, además, se hace trampas a sí mismo porque no ejecuta lo que presupuesta y se dedica a hacer juegos malabares para echar la culpa a otros de sus recortes".

   La 'popular' ha resumido que todo esto, teniendo en cuenta los "recortes" al presupuesto y lo no ejecutado, supone que la Junta de Andalucía ha recortado a las entidades locales un total de 1413 millones de euros en los últimos tres años, razón por la que considera que "los Ayuntamientos" no son una prioridad para el "bipartito" tal y como demuestra este "recortazo brutal".

   Para Corredera, esta situación se agrava en el presente ejercicio, ya que "se han congelado las partidas correspondientes a los tributos de la comunidad" --que siguen en 480 millones de euros en lugar de en 540 según el calendario de pagos previsto-- y "se han reducido las partidas de gastos corrientes de capital tal y como ha reconocido el propio Valderas, que cifró en 113 millones de euros los que debe la Junta a estas partidas para la dependencia".

   Para argumentar esta afirmación, la 'popular' ha echado mano de los datos "oficiales" de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2013, que indican que de los 938 millones presupuestados para Ayuntamientos y Diputaciones "solo se ha ejecutado el 15 por ciento" entre lo destinado a la Patrica y lo correspondiente a la financiación condicionada (fundamentalmente para empleo y dependencia). "Solo se han ejecutado 140,5 millones de euros, por lo que muy bien no parece que vayamos", ha apostillado para advertir con ironía de que "ésta es la eficacia de la gestión de Valderas".

   Ante ello, ha vuelto a reclamar "un cambio en el modelo de gestión" de los fondos municipales y, sobre todo, "un compromiso" por parte de la Junta para abonar cuanto antes las deudas que mantiene con las corporaciones locales. "Está muy bien que Valderas reconozca que la Junta adeuda 272 millones de euros a los Ayuntamientos, pero eso no sirve de nada si no adquiere el compromiso de hacer frente a esas deudas de forma inmediata", ha remachado para contraponer esta forma de gobernar a la del Gobierno de la Nación, sin cuya ayuda "el Gobierno andaluz estaría dejando morir por asfixia financiera a las corporaciones locales".

   Corredera también ha aprovechado su comparecencia ante la prensa para recordar que la Junta no solo es "la mayor morosa" de Andalucía sino también una de las comunidades que, cuando finalmente paga, lo hace "tarde y mal", provocando en las cuentas de la comunidad unos altos intereses de demora, algo que provoca que "seamos todos los andaluces los que suframos las consecuencias" de esa mala gestión con "pérdidas de puestos de trabajo o pérdidas de prestaciones de servicios".

   Según la 'popular', los datos de la Oficina Presupuestaria del Parlamento de Andalucía indican que, desde 2008 a 2012, "se han ejecutado intereses de demora por valor de 240 millones de euros, que son casi 40.000 millones de las antiguas pesetas", una cifra que alcanzó su año récord en 2011 con unos intereses de demora de 78 millones de euros, seguido de 2012, cuando se alcanzaron los 63. "Para 2013 se han presupuestado solo once millones, pero es que claro, los años anteriores también se presupuestaron menos y al final fueron más", ha recalcado con desconfianza a que esta cifra se cumpla y sean más, por tanto, los "sobrecostes".

   A modo de conclusión, Corredera ha dicho que, "al final, la carga financiera es la que es, 3.609 millones de euros, 9,8 millones de euros al día que es lo que estamos pagando los andaluces por la pésima gestión de este gobierno".

   De otro lado, aunque relacionado con la gestión de los fondos públicos, la vicesecretaria de Organización del PP-A ha recordado que este miércoles, en el Pleno del Parlamento de Andalucía, van pedir explicaciones al Gobierno andaluz sobre cómo se están gestionando los fondos destinados a Cooperación al Desarrollo. "Queremos saber qué gestión se ha hecho de estos fondos, qué contratos y qué justificación hay de los proyectos", ha apuntado tras cifrar en "399 millones de euros nada más y nada menos" la cantidad destinada por la Junta a este concepto desde 2008.

   Estas explicaciones son, según los 'populares', necesarias en tanto en cuanto "los andaluces tienen derecho a saber en qué se ha gastado ese dinero y qué control ha habido" del mismo cuando, por ejemplo, para el decreto ley de lucha contra la exclusión social se han destinado 120 millones. "Las comparaciones son odiosas, pero hay veces que hay que recordarlo", ha apostillado.

   Cuestionada sobre una de las medidas de este decreto ley, concretamente la de los contratos de entre 15 y 90 días que se van a generar a través de los Ayuntamientos y cuyo plazo de solicitud termina el próximo miércoles 22 de mayo, Corredera ha vuelto a insistir en que los municipios gobernados por el PP-A "se van a acoger pero siempre y cuando la Junta adelante el dinero" para dichas contrataciones. "Lo que no puede hacer la Junta es lo que hace siempre, que ella invita y los que pagan son los otros", ha concluido.

Chamizo emplaza a la Junta a ir a los tribunales si los bancos no revisan sus cláusulas suelo

SEVILLA.-   El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido a la Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía que intervenga para conseguir la extensión de los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre cláusulas suelo a los contratos hipotecarios de otras entidades financieras distintas de las condenadas por el Alto Tribunal, de forma que ha solicitado a Consumo que acuda a los tribunales en caso de que las entidades financieras no revisen sus cláusulas suelo.  

   Así, el Defensor solicita a Consumo que pida a las entidades financieras que revisen sus cláusulas suelo y, en caso de no hacerlo, que "ejercite ante los tribunales la acción colectiva de cesación y que proponga fórmulas de arbitraje para llegar a acuerdos sin necesidad de que las personas afectadas tengan que acudir individualmente a los tribunales para defender sus derechos".

   Ha recordado que el Defensor del Pueblo Andaluz viene tramitando de oficio una queja ante la Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía en relación con el problema de las cláusulas suelo. En el curso de dicha queja de oficio se formuló a la Secretaría General de Consumo una resolución instándole a intervenir ante las entidades financieras para tratar de solventar este problema.

   Dicha resolución "ha obtenido como respuesta un escrito de la Secretaría General de Consumo en el que se aprecia la buena acogida dispensada a las propuestas realizadas por esta Institución y la disposición mostrada en orden a ejercer sus competencias de protección y defensa de las personas consumidoras".

   Por ello, atendiendo a la buena disposición mostrada por Consumo y tomando el consideración el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha trasladado a la Secretaría General de Consumo una serie de propuestas de actuación.

   Dichas propuestas pasan por "trasladar formalmente a las entidades financieras radicadas en Andalucía la oportunidad, conveniencia y necesidad de acometer con la mayor diligencia y sin dilaciones actuaciones de comprobación de la adecuación a derecho de sus cláusulas suelo, procediendo, en su caso, a la inmediata eliminación de la cláusula suelo de dichos contratos cuando la misma no cumpla los requisitos de validez establecidos por el Tribunal Supremo".

   También el Defensor propone "ejercitar ante los Tribunales una acción civil de cesación colectiva basada en la posible nulidad de las cláusulas suelo en aquellos supuestos en que concurran las circunstancias que determina la sentencia del Tribunal Supremo".

   Ha explicado que esta acción de cesación colectiva "tendría por objeto extender el pronunciamiento del Tribunal Supremo acerca de la nulidad de las cláusulas suelo hacia otros supuestos y otras entidades que no hayan sido objeto del pronunciamiento especifico del Alto Tribunal".

   Por último, el Defensor pide a la Junta "promover la vía arbitral como fórmula extrajudicial de resolución del conflicto entre las entidades financieras y los consumidores que tengan cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios".

Tres muertos y dos heridos por una fuerte explosión en el polvorín de la base de la Legión en Viator

ALMERÍA.- Tres militares han fallecido y otros dos han sufrido heridas de diversa consideración en una fuerte explosión registrada este lunes en el polvorín de la base militar 'Álvarez de Sotomayor', de la Brigada de la Legión (Brileg), ubicado en Viator, según han informado fuentes de los servicios de Emergencia.  La Policía Judicial de la Guardia Civil ha iniciado ya una investigación, según fuentes de la Comandancia de Almería.

   Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 ha indicado que la deflagración se ha producido a las 14,20 horas y al lugar de los hechos se han desplazado cuatro equipos de emergencias del 061, dotaciones de bomberos de la capital, patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local.
   La explosión ha provocado la muerte de tres personas y heridas de diversa consideración a otras dos. Una de ellas ha sido evacuada al complejo hospitalario de Torrecárdenas de la capital con una fractura abierta de fémur, según han precisado fuentes del 061.
   El otro herido ha sido atendido en primera instancia por los servicios médicos de la base militar en la propia enfermería del recinto.
En el lugar donde se ha producido la deflagración, por causas que aún están bajo investigación, se trasladaron tres camiones autobomba con un total de 18 efectivos, según han asegurado fuentes del parque de bomberos.

Ingresa en la UCI con pronóstico grave el sargento herido

El sargento que ha resultado gravemente herido este lunes en la explosión que ha tenido lugar en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' en Viator en la que han muerto dos brigadas y otro sargento, ha sido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Torrecárdenas, donde permanece con pronóstico grave tras haber sido intervenido de urgencia dadas su heridas, según han detallado fuentes sanitarias.
   El militar gravemente herido fue evacuado al complejo hospitalario de Torrecárdenas de la capital almeriense con una fractura abierta de fémur. Una vez estabilizado, entró en quirófano para ser intervenido quirúrgicamente. Por su parte, la cabo primero Escámez, que también resultó herida por la metralla de la explosión en el rostro y en una pierna, ha recibido ya el alta médica.
   Los militares que han fallecido a consecuencia de la deflagración son tres suboficiales que pertenecían a la sección de desactivación de explosivos de esta Brigada del Ejército de Tierra.
Según ha informado el propio Ejército de Tierra, los tres fallecidos son el brigada Antonio Navarro García, natural de Córdoba; el brigada Manuel Velasco Román, de Humilladero (Málaga) y el sargento Francisco Prieto González, de Estepona (Málaga). Los tres eran expertos en desactivación de explosivos y tenían amplia experiencia en misiones internacionales. 

La Brileg señala la "amplísima experiencia"

El comandante Eleuterio Fiego, de la Oficina de Comunicación de la Brigada de la Legión 'Rey Alfonso XIII', ha destacado la "amplísima experiencia" de los dos brigadas y el sargento que han fallecido este lunes como consecuencia de una explosión sobre la que se investigan las causas, si bien los primeros indicios apuntan a que la deflagración pudo haberse producido en un traslado de explosivos.
   El comandante no ha podido ofrecer ningún dato sobre las causas ni el contexto del accidente, del que han tenido conocimiento "a la hora de comer" y "de manera precipitada".
   Preguntado por si los fallecidos y heridos, pertenecientes a la Unidad de Zapadores en donde se ha producido la explosión, realizaban un curso sobre la manipulación y desactivación de explosivos, el comandante Fiego ha apuntado que "permanentemente se realizan cursos y actividad", de forma que ha declinado precisar este extremo para evitar "llevar a error".
   Con esto, ha recordado que se ha prohibido el acceso a la base a personal civil, toda vez que se ha dado aviso a los familiares de las víctimas según el protocolo de actuación establecido para estos casos.
 No obstante lo anterior, la deflagración pudo haberse producido durante un traslado de explosivos en el interior de la base, en los locales de la sección de desactivación de la Bandera de Zapadores, han informado posteriormente fuentes de la investigación.
   Según estas fuentes, el material explosivo podría haber detonado al "manipularlo". El resultado fue una fuerte explosión.
   Por el momento no se han confirmado oficialmente las causas de la explosión, que investigará la Guardia Civil. El Ejército de Tierra también abrirá una investigación interna para aclarar las circunstancias del incidente.

Quienes son las víctimas

El sargento Prieto González, natural de Estepona (Málaga), estaba casado y no tenía hijos. Nacido en 1979, había ingresado en el Ejército en 1998 como soldado, ascendiendo a sargento en 2010 y estaba destinado en la Legión desde 2010. Era operador EOD y había participado en misiones en Kosovo, y Afganistán.
   Por su parte, el brigada Navarro García, soltero, nació en Córdoba en 1967 e ingresó en el Ejército en 1987 como soldado, ascendió a sargento en 1994 y estaba destinado en la Brigada de la Legión desde el año 1995. Había participado en misiones en Bosnia, Kosovo, Líbano y Afganistán. Era Técnico en Desactivación de Explosivos (Tedax).
   El brigada Velasco Román, de Humilladero (Málaga) estaba casado y tenía dos hijos. Nacido en 1968, había ingresado en el Ejército en 1986 como soldado, ascendiendo a sargento en 1993, y estaba destinado en la Brigada de la Legión desde 2002. Había participado en misiones en Bosnia, la República Democrática del Congo, Líbano y Afganistán. Era operador EOD.
   Además, en la deflagración han resultado heridos la cabo primero Escámez, de 36 años, que lleva tres años en la Legión y ha cumplido cuatro misiones en Afganistán. La cabo ha sido atendida en la enfermería de la propia base y después trasladada al Hospital Virgen del Mar, en Almería, de donde ya ha sido dada de alta, según ha indicado a los periodistas la propia madre de la joven, Carmen Escámez.
  Tras darle el alta, ha sido conducida en un vehículo de la Policía Nacional hasta la base militar, de la que ha salido escoltada posteriormente.
   Mientras, un sargento, cuyo estado era grave y que ha sido evacuado al complejo hospitalario de Torrecárdenas de la capital, ha sido operado quirúrjicamente con una fractura abierta de fémur. Una vez estabilizado, ha entrado en quirófano para ser intervenido quirúrgicamente. Y posteriormente ingresado en la UCI.

Griñán: "No pongo la mano en el fuego ni por el Rey ni por nadie"

SEVILLA.- El presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán, ha reclamado un "esfuerzo de legitimación a la monarquía", que "solo se sostendrá en la medida en que lo haga por sí misma, con la sensibilidad suficiente para ser atractiva y querida por los ciudadanos". Además ha confesado que "no pondría la mano en el fuego por el Rey ni por nadie".

   En un adelanto de la entrevista que Griñán ha concedido a Vanity Fair, que se ha hecho público este lunes en la web de la revista y que ha sido recogido por Europa Press, el presidente andaluz analiza así la crisis que atraviesa una institución que, según opina, "debe tener su propio prestigio y ganárselo día a día".

   Además, según se señala en ese adelanto de la entrevista, reclama al rey Juan Carlos una legitimación que pase por "una vida modélica y ejemplar representando la jefatura del Estado y el papel de España" y pone como referencia las visitas del Rey a Estados Unidos durante la Transición y su trabajo en el proceso de integración en Europa. "La monarquía cumplía un papel importante en aquellos momentos", asegura.

   El también presidente del PSOE analiza en la entrevista el debate abierto por el liderazgo en su partido. Griñán defiende al secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, y asegura que es "injusto cargar toda la responsabilidad" en él.

   "¿Por qué no decimos también que a lo mejor los que le acompañamos tampoco lo hacemos bien? Lleva un año, menos de un tercio de su mandato. Quizá el equipo tiene que mejorar. Y los diputados dar el do de pecho que no están dando. Y la ejecutiva dar otro do de pecho que no hemos dado", según José Antonio Griñán.

   Asimismo, asegura que, aunque a Rubalcaba "tal vez le falta dar un empuje", sí cree que el PSOE pueda ganar unas elecciones con él como candidato "porque es un personaje político de altura, dentro de lo que se puede debatir en España".

   Además el presidente andaluz habla de la crisis institucional en España para asegurar que "el problema no es de los políticos. Siempre tienen el nivel de los ciudadanos" y asegurar que "aunque estoy en sus antípodas, Aznar es un político de raza".

   Y muestra su faceta más personal recordando los meses que pasó en Londres en 1968 trabajando como camarero: "entonces los jóvenes teníamos muchas menos oportunidades de progresar que ahora". Ha confesado no saber si uno de sus hijos, que está en el paro, "tendrá que salir de España para conseguir un trabajo".

También Valderas

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha asegurado este lunes que la federación de izquierdas no pone la mano en el fuego "por nadie" en casos de presunta corrupción, como puede ser el de Invercaria, sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, "ni tampoco tapa a nadie".
   En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por los portavoces de IU en el Congreso y en el Parlamento andaluz, José Luis Centella y José Antonio Castro, respectivamente, Valderas respondía así a las críticas realizadas a su partido por parte del PP-A.
   El líder de IULV-CA, que ha defendido "tolerancia cero" frente a cualquier tipo de corrupción, ha llamado "tonterías" a las acusaciones del PP-A, "que insiste en señalar con el dedo acusatorio a IULV-CA, cuando esta formación no tiene responsabilidad ninguna".
   "IU no tapa a nadie y no se fía de un partido que lo tapa todo", ha afirmado Valderas, en alusión al PP. Así, ha criticado que los 'populares' se hayan negado en el Congreso a crear una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos y las cuentas que "determinados sectores y chorizos tienen en Suiza".
   Valderas ha insistido en que, tanto en el caso de Invercaria como en todos aquellos donde haya podido haber una presunta corrupción, hay que llegar "hasta el fondo" de lo ocurrido. "Hay que poner el foco en el nivel máximo de transparencia", ha señalado el coordinador general de IULV-CA, quien ha pedido respeto para el trabajo judicial. 
   Sobre este asunto también se ha pronunciado José Luis Centella, quien ha asegurado que los 'populares' no tienen "legitimidad ninguna" para hablar de corrupción. "Y no la tendrán hasta que no den ejemplo y aprueben una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la financiación de los partidos", ha añadido.

En Argelia se teme por la salud del presidente Buteflika

ARGEL.- El estado de salud del presidente argelino Abdelaziz Buteflika, hospitalizado desde hace más de tres semanas en Francia tras un accidente cerebrovascular sin secuelas, es objeto de rumores alarmistas en Argelia. Ante la falta de información sobre el estado de salud del mandatario de 76 años, que fue llevado al hospital parisino Val de Grace el pasado 27 de abril, la prensa argelina se interroga cada día sobre ese tema tabú.

El domingo, el periódico Mon journal y su versión en árabe Djaridati fueron censurados por haber asegurado, en primera plana, que el estado de salud del jefe de estado se habría deteriorado, citando a “fuentes médicas francesas y fuentes cercanas a la presidencia argelina”.

Ambos diarios aseguraban también, basándose en las mismas fuentes, que Buteflika “regresó el miércoles al amanecer a Argelia en estado de coma”.

El día anterior, el diario Al Watan aseguró, citando al semanario francés Le Point, que las funciones vitales del presidente argelino estarían afectadas.

Desde el pasado 27 de abril París se niega a comentar el el estado de salud del mandatario argelino, mientras que Argel multiplica los mensajes favorables sobre la evolución del presidente.

El viernes, el ministro argelino de Planificación del Territorio, Amara Benyunés, aseguró que el presidente estaba “bien”. Asimismo, hace unos días, el jefe de gobierno Abdelmalek Sellal dijo incluso que el presidente “seguía diariamente los temas de interés nacional”.

“Nos dicen siempre que está bien, pero ya lleva mucho tiempo fuera”, aseguró un comerciante de Argel.

Por su parte, varios universitarios, entrevistados por medios franceses, reclaman “al menos fotografías o imágenes televisivas del presidente que demuestren que está mejorando”.

Buteflika fue trasladado a París hace tres semanas para “exámenes complementarios” después de que sufriera “un ataque isquémico transitorio sin secuelas”, según el director del Centro Nacional de Medicina del Deporte (CNMS), profesor Rashid Bougherbal.

Aunque su estado general es estable y “no da lugar a preocupación especial”, los médicos le han prescrito exámenes adicionales y unos días de descanso, precisó la fuente médica argelina a APS.

El pasado 7 de mayo, la presidencia argelina declaró que el estado de salud del presidente “ha mejorado significativamente”, pero debe permanecer “durante un período normal en reposo prescrito por sus médicos”, según un comunicado citado por la agencia APS.

Elegido jefe de Estado en 1999, y reelegido en abril del 2004 y abril del 2009, Buteflika, de 76 años, fue operado a fines del 2005 en París de “una úlcera sangrante en el estómago”, según las autoridades argelinas.

El presidente argelino anunció un año después que “había estado muy, pero muy enfermo”, pero que había sanado “de forma absolutamente fabulosa”.

Desde su hospitalización en el 2005, el estado de salud del presidente es objeto de especulaciones constantes en la prensa argelina, que pone en duda las versiones oficiales.

España, ¿un país de corruptos?

MADRID.- En los tribunales se tramitan más de 1.600 casos de corrupción y no pasa un día sin que afloren titulares involucrando a alcaldes, consejeros, partidos políticos, hasta a la Casa Real en procesos judiciales por abuso de poder. Sólo el paro preocupa más: un 44,5% de los españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) piensa que la corrupción es una de las grandes lacras del país, por delante incluso de los problemas de índole económica, recoge 'El Mundo'.

"Los españoles perciben que somos un país de corruptos", explica Javier Noya, investigador del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de la Marca España. Aunque el juicio es más duro en casa que en el extranjero, en países como Reino Unido y Alemania empieza a hacer mella el flujo de noticias desde la piel de toro, multiplicando la desconfianza hacia lo español.

¿Está la corrupción en el ADN nacional? No, coinciden los expertos.

Para empezar, "en el caso español, si comparamos las percepciones de la corrupción y las experiencias personales de los ciudadanos hay una gran disonancia", precisa Víctor Lapuente, especialista en temas de administración pública y corrupción del Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). A diferencia de lo que ocurre en otros países, como Grecia o Rumanía, la vida diaria no está mediatizada por el pago de sobornos o corruptelas en servicios básicos, como la educación, la sanidad o la seguridad ciudadana. En las bajas esferas estamos 'limpios'. El problema no es la corrupción administrativa, sino la corrupción política.

Tampoco es un problema nuevo. Los casos que ahora salen a la luz con tanto revuelo "se desarrollaron desde la expansión económica, a partir del año 93" vinculados en especial al terreno urbanístico, señala Manuel Villoria. El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y Director del departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset constata que "más que a nivel del Estado, la corrupción se ha concentrado a nivel autonómico y sobre todo local, donde hay menos controles y más discrecionalidad". Recalificar terrenos era una forma fácil y relativamente 'segura' de ganar dinero rápido con pocos riesgos.

¿Qué pasará ahora que el sector de la construcción ha colapsado? "La corrupción se ha desplazado a otras áreas, probablemente la contratación pública, las concesiones, las privatizaciones...", enumera Villoria, que incide en los problemas de la falta de transparencia en las adjudicaciones y de las famosas 'puertas giratorias', cuando los políticos pasan a trabajar en empresas del sector donde anteriormente ejercía su cargo público.

En el ranking que cada año elabora la organización Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción España aparece a la altura de Botsuana, estancada en torno a la posición número 30 del índice y por detrás de la mayoría de la antigua UE de los 15.

"Con el 'boom' se hizo la vista gorda, crecieron las oportunidades, pero eso también indica que la corrupción no está en nuestros genes, no está en nuestra cultura. No debemos resignarnos a esa idea", afirma Lapuente, que cree que la gente responde a los incentivos. Villoria coincide: "Yo creo que no somos peores que los ingleses o los suecos. El español ve claramente lo que esta bien o mal, es muy riguroso. No hay grandes diferencias en cuanto a las actitudes frente al crimen, otra cosa es que, como todo el mundo lo hace, a la hora de ponerlo en práctica la cosa cambie".

El quid de la cuestión está en los mecanismos sociales que pueden poner en marcha un dominó corrupto: "La gente hace lo que cree que los demás hacen. Si la gente que tiene ejemplaridad, que nos gobierna y marca las leyes, practica la corrupción están diciendo: 'hazlo tú también'", apunta Concepción Fernández, profesora de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid.

Así, de poco sirve aprobar normas si no se cumplen. "Los ciudadanos participan en actividades corruptas o poco éticas ante la percepción generalizada de que hay mucha corrupción, de que es posible saltarse las leyes y hasta es justificable. Esto destruye el armazón de la sociedad y es muy preocupante", incide Villoria. Por ejemplo, todo el mundo se queja de los 'enchufados' pero, ¿quién, teniéndolo, no ha echado mano de un 'enchufe' alguna vez?

Para otros, el problema es más profundo. "El Estado nos ha convertido en un país de corruptos al tratar al ciudadano como un estafador imponiendo sanciones y cargas desproporcionadas", denuncia Juan Antonio Herrero, director del Máster en Ética y Política Pública del Centro Universitario María Cristina del Escorial. En su opinión, el resultado de esta "ingeniería social", que toma decisiones políticas sin tener en consideración criterios éticos, genera un "sufrimiento tremendo sobre la población" que deviene en un proceso de desmoralización y opta por defenderse saltándose las normas. "Si el Estado fuese justo la gente actuaría de otra manera", insiste Herrero.

Esa falta de ecuanimidad permea también a otros niveles. "Somos un país con mucha impunidad hacia la corrupción. Ha habido mucha tolerancia desde las altas esferas, especialmente para la gente que tiene más poder, porque tiene más posibilidad de escapar de las normas", apunta Fernández. La experta en psicología social de la Complutense cree en que las consecuencias de este "desmoronamiento de normas" pueden ser muy graves. "Hay mucho malestar que tiene que ser encauzado".

El Banco Mundial define la corrupción como el abuso de poder para beneficio privado. "Normalmente identificamos la corrupción jurídicamente perseguible -soborno, malversación, cohecho...- pero hay otra más sofisticada y compleja de la que no hay casi información en España", incide Villoria, en referencia a la financiación de los partidos y la influencia de grupos de presión a la hora de elaborar leyes y marcar políticas.

¿Qué podemos hacer? Para Lapuente, la solución "debe centrarse en mejorar la calidad del gobierno más que perseguir la corrupción con medidas policiales o especiales, pero esto también puede dar lugar a que el sistema tradicional de partidos salte por los aires, como pasó en Italia, sin que cuaje una alternativa, y sea un mal equilibrio sostenido en el tiempo".

Otros van más lejos. "Haría falta sin lugar a dudas un pacto nacional contra la corrupción y una serie de medidas básicas: reducir el poder de los partidos políticos y hacerlos más responsable frente a los ciudadanos, reducir la politización de la Justicia, mejorar la labor del Tribunal de Cuentas, establecer un sistema de denuncias...", repasa Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional.

Los expertos coinciden en que la transparencia es fundamental. Sin embargo, la ley que prepara el Gobierno no se ha librado de las críticas. "Está por debajo de los estándares internacionales", afirma Jacobo Elosua, cofundador de la Fundación Civio, volcada en proyectos sobre transparencia y rendición de cuentas. En su opinión, se queda corta al incluir el silencio administrativo negativo; por la falta de independencia de la autoridad supervisora, que queda bajo el paraguas ministerial; al no considerarse el acceso a la informacion como un derecho fundamental; por la limitación del tipo de documentos que se pueden solicitar; y exclusiones de entidades como la Casa Real y los sindicatos o partidos políticos, que parece que finalmente sí estarán incluidas.

La corrupción tiene un claro impacto económico, explica Noya, porque "mina la legitimación del gobierno y dificulta poner en práctica más medidas de ajuste; por otra parte, las empresas quieren seguridad jurídica, garantías, a la hora de invertir en un país". Según el Banco Mundial, la corrupción puede reducir el PIB de un país en más de un 0,5%, esto es, el equivalente a lo que ha retrocedido la economía del país en el primer trimestre del año. "La corrupción actúa como un impuesto regresivo, y castiga a los ciudadanos más pobres y a las empresas más pequeñas. Restringe el acceso de los ciudadanos más vulnerables a los servicios y se la vincula con una menor calidad de los servicios públicos. Representa un gran costo para las empresas", afirmaba el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim recientemente.

La entidad, además, ha presentado datos muy ilustrativos, recuerda Villoria: "Implica que hay más gasto público, sobre todo en áreas de infraestructuras, pero reduce mucho los ingresos públicos. Es como si a los impuestos a las empresas le aplicáramos una tasa marginal de hasta 10 puntos, y reduce la inversión, sobre todo a largo plazo, que es la más productiva".

La Ley de Costas prevé preservar la actividad de 105 establecimientos que generan unos 3.500 empleos directos en Almería

ALMERÍA.- La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas va a permitir preservar la actividad de 105 instalaciones turísticas que generan unos 3.500 empleos directos en la provincia por los que se factura unos 36 millones de euros anuales. 

   Según los datos de la Subdelegación de Gobierno, la nueva Ley de Costas permitirá evitar que desaparezcan 4.604 viviendas en el litoral andaluz, de las que 213 se encuentran en Almería. Asimismo, permitirá preservar 93 restaurantes y chiringuitos y 12 edificios hoteleros.

   La nueva ley planea devolver la propiedad a aquellas salinas y establecimientos marinos que eran propiedad privada antes de la Ley de Costas de 1988, lo que se entiende como "actividades beneficiosas cuya desaparición no ayudaría en nada a la protección del litoral". En este caso, según apunta el Gobierno, Almería es una de las principales beneficiadas junto con Cádiz, dada la afectación que esto tiene principalmente Cabo de Gata y en Punta Entinas-Sabinar.

   En cuanto a las viviendas situadas en zonas de servidumbre de protección, es decir, las viviendas que durante 25 años tuvieron prohibiciones de obras conforme a la Ley de Costas de 1988, quedarán beneficiadas con la nueva ley que permite mejorar y modernizar las viviendas.

   En el caso de Almería, se trata de 3.565 viviendas en las que se permitirán este tipo de actuaciones restringidas, ya que, en todo caso, se prohíbe obras de mejora un aumento de volumen, altura o superficie o que conlleven la degradación ambiental.

   La nueva ley proporciona, además, instrumentos para evitar actuaciones urbanísticas que se hicieron "al amparo de la ley de 1988" con ejemplos como el del hotel de El Algarrobico, ubicado en Carboneras. 

A este respecto, la nueva ley atribuye competencias a los delegados del Gobierno, que podrán suspender cautelarmente las obras que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección que vulneren la Ley de Costas.

   Asimismo, se mantiene la prohibición de edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.

La Junta alerta de que la Ley de Costas "avanza en la privatización" de los puertos deportivos

SEVILLA.- La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha advertido este domingo que la modificación de la Ley de Costas aprobada definitivamente la pasada semana por las Cortes Generales significa "un avance en la dirección errónea, que es la privatización de los puertos deportivos" a través de la regulación que se realiza de las marinas interiores.

   Además, en un comunicado, Cortés ha augurado que esta ley tendrá una repercusión "negativa" sobre el sistema portuario autonómico, para cuyos concesionarios, según ha explicado, se establece una "doble imposición tributaria injusta, al mantener un canon demanial del Estado adicional al de la Comunidad Autónoma".

   La reforma de la Ley de Costas establece que se mantendrá el carácter de dominio público de las marinas, terrenos privados artificialmente inundados por el mar para hacerlos navegables, pero establece una importante excepción, según destaca la Junta, que es que "los denominados garajes náuticos serán de propiedad privada". Se trata de láminas de agua para el estacionamiento de embarcaciones en las urbanizaciones de dichas marinas que ya no tendrán la consideración de atraques en dominio público.

   El garaje náutico, a juicio de Cortés, "menoscaba el carácter público del espacio portuario" y conlleva el peligro de que sean considerados de propiedad privada no sólo los atraques individuales, sino también dársenas enteras de estas urbanizaciones.

   Así, estima que este "avance en la privatización" de las marinas plantea también dudas sobre el ejercicio en las mismas de las potestades administrativas en materia de navegación y medio ambiente, "con el consiguiente riesgo de incidencias tanto para el tráfico marítimo como en el control y tratamiento de residuos, entre otros aspectos", subraya Cortés.

   Junto a ello, la consejera ha incidido en que esta reforma de la Ley de Costas mantiene el denominado canon demanial, un pago por parte de los concesionarios en puertos autonómicos que no se exige en cambio en los puertos de titularidad del Estado. "No nos parece justo, equitativo ni equilibrado", ha señalado Cortés.

   Y es que la nueva norma establece también criterios al alza para la determinación de la base imponible de este canon, "con el consiguiente riesgo de quiebra efectiva de concesionarios y de parte del sistema portuario autonómico", cuya viabilidad quedaría "amenazada", critica la consejera del ramo.

   En este sentido, explica que el Gobierno central exige este canon demanial por considerarse titular del dominio público marítimo-terrestre adscrito a la Comunidad Autónoma para usos portuarios, "pero sin embargo en esta misma modificación legal se especifica que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no deberá pagarlo el Estado, sino la Junta de Andalucía, en contra del criterio mostrado hasta ahora por los tribunales de justicia sobre este asunto".

   Para Cortés, "no se entiende la doble lectura que se pretende hacer de este tema, reivindicando la Administración del Estado la condición de titular para exigir el canon demanial y eludiendo la trascendencia de dicha titularidad al trasladar a la Comunidad Autónoma la carga impositiva".

   Por otro lado, la consejera de IU ve "razonable" que la modificación de la Ley de Costas amplíe el plazo de las concesiones portuarias anteriores a la aprobación de la primera norma en 1988, contempladas en el artículo 49, en un plazo de 35 años a contar desde el referido año 1988, y no a 150 años como en principio pretendía el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, un tiempo, a juicio de Cortés, que resultaba "absolutamente desmesurado y fuera de toda lógica".

   Ha defendido así que este acortamiento del plazo inicialmente introducido en el texto legal ha sido fruto "en buena medida de la presión ejercida por las comunidades autónomas", que en el seno de las XIII Jornadas de Administraciones Portuarias Autonómicas, celebradas el pasado mes de noviembre en Sevilla, realizaron un comunicado conjunto solicitando esta cuestión, entre otras muchas.

   "Lástima que el resto de reivindicaciones, como las referidas al canon demanial, el IBI o las marinas interiores, hayan sido tan inexplicablemente desatendidas", ha concluido Cortés.

Argel desmiente que haya censurado informaciones sobre la salud de Buteflika

ARGEL.- El Ministerio argelino de Comunicación desmintió hoy haber impedido la salida de dos periódicos con informaciones sobre el estado de salud del presidente del país, Abdelaziz Buteflika, y aseguró que no se dio ninguna orden de censura al respecto.

En un comunicado difundido por la agencia oficial Aps, el departamento de Comunicación subrayó que fue el director de los dos diarios, Hichem Aboud, quien renunció a imprimir la edición que debía publicarse hoy.

Horas antes, Aboud había afirmado a la prensa local e internacional que ese ministerio había prohibido la impresión de los dos rotativos que dirige -"Monjournal", en lengua francesa, y "Djaridati", en árabe- por contener un reportaje de dos páginas sobre el estado de salud de Buteflika.

Según el editor, la información se basaba en datos "verificados" y daba cuenta del deterioro del estado del presidente argelino, quien estaría en "un coma profundo que podría prolongarse durante semanas".

"El Ministerio no ha dado orden alguna de censura respecto a esos periódicos. Fue el director de estas publicaciones quien aceptó renunciar a su impresión, tras las observaciones que se le hicieron acerca del no respeto del artículo 92 de la ley orgánica sobre información", precisó el departamento.

Recordó que ese artículo estipula que el periodista debe respetar los atributos y símbolos del Estado, tener constante preocupación de que la información sea completa y objetiva, informar con honestidad y objetividad de los hechos y acontecimientos y rectificar cualquier noticia que sea inexacta.

"Los dos periódicos daban informaciones erróneas y totalmente falsas sobre el estado de salud del presidente de la República", destacó el ministerio.

Sin embargo, la fiscalía del tribunal de Argel ha incoado acciones judiciales contra el director de esos rotativos por "ataque a la seguridad del Estado, la unidad nacional y la estabilidad y al buen funcionamiento de las instituciones".

La fiscalía puntualizó, en un comunicado, que se han entablado esas acciones tras "las palabras tendenciosas vertidas en ciertas cadenas de información extranjeras, entre ellas France 24, sobre el estado de salud del presidente de la República", según las cuales su situación habría empeorado, hasta el punto de declarar que "el jefe del Estado estaría en estado comatoso".

Añadió que ha decidido perseguir al editor ante "el impacto negativo directo de estos rumores en la opinión pública nacional e internacional y a la vista del carácter penal de estas palabras infundadas".

El pasado 27 de abril, Buteflika sufrió un accidente cerebrovascular sin secuelas y fue trasladado al hospital militar parisino de Val de Grace para ser sometido a pruebas médicas adicionales, según la versión oficial.

Hace una semana, el primer ministro argelino, Abdelmalek Sellal, afirmó que el presidente se encontraba bien y seguía personalmente los asuntos del país.

El estado de salud de Buteflika suscita numerosos interrogantes y los partidos de la oposición, en base a las disposiciones de la ley fundamental del país, han reclamado incluso su destitución por incapacidad física para gestionar los asuntos del Estado.

Los casos de melanoma aumentan un 3 y 8% cada año pero se triplican en Almería

MADRID.- La incidencia del melanoma aumenta cada año entre un 3 y un 80 por ciento aunque, no obstante, la mortalidad está creciendo a un ritmo "mucho más lento" gracias al diagnóstico precoz, según ha informado la directora del área de Dermatología del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga), Magdalena de Troya, con motivo de la celebración del Día del Euromelanoma, el próximo miércoles 22 de mayo.

   Y es que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de este tipo de tumores se triplican cada década, afectando actualmente a unas 160.000 persona de todo el mundo. Además, en el caso de España, la incidencia ha aumentado en los últimos cuatro años un 38 por ciento, lo que pone que cada año incrementa el número de afectados un 10 por ciento.

   En este sentido, la experta ha recordado que las zonas de España donde más casos de melanoma hay son las del sur de la Península, las Islas Canarias y las Islas Baleares, dado que es allí donde hay un mayor número de turistas extranjeros. De hecho, si en el resto de España la incidencia media es de cinco y seis casos por 100.000 habitantes, en esas zonas los casos se suelen "triplicar".

   La población que tiene un mayor riesgo de sufrir un cáncer de piel son aquellas que tienen la piel clara, los menores de 18 años y mayores de 65 años, las que tienen más de 50 lunares, lesiones irregulares, poseen un historial familiar de cáncer de piel y las que trabajan y practican deporte al aire libre.

   Además, según ha explicado la dermatóloga, el melanoma en los hombres se suele manifestar en el tronco, mientras que en las mujeres se suele dar en mayor medida en la zona de las piernas. Por este motivo, ha recomendado a aquellas personas que tengan "muchos" factores de riesgo que visiten al especialista una vez al año, mientras que a aquellas que no son tan propensas a poder padecer este tipo de cáncer ha aconsejado se realicen una autoexploración cada tres meses y acudan a un profesional en el caso en el que se detecten alguna anomalía en la piel.

   "Los melanomas tienen una supervivencia del cien por cien si se diagnostica precozmente y por ello es necesario que la sociedad esté concienciada sobre este problema, sepa realizarse autoexploraciones y acuda a visitar a un profesional en el momento en el que observe algo raro en la piel", ha recalcado.

   Por este motivo, la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), junto a otros 30 países europeos, está llevando a cabo la campaña 'Euromelanoma 2013', que finalizará el próximo el 15 de septiembre, y que tiene como objetivo sensibilizar a la población general de los riesgos de la exposición solar, educarles en hábitos saludables de fotoprotección e impulsar el diagnóstico y el tratamiento precoz del cáncer de piel en grupos de riesgo.

   Así, el día 22 de mayo, Día del Euromelanoma, unos 160 dermatólogos de 103 centros sanitarios de toda España van a hacer estudios gratuitos sobre la piel a todas las personas que lo soliciten llamando al 901.888.158.

   "Vamos a realizar un examen cutáneo de la piel, realizaremos un estudio de los factores de riesgo y, además, informaremos sobre hábitos saludables para prevenir la aparición de esta enfermedad y enseñaremos las principales técnicas para realizarse un examen cutáneo. Asimismo, repartiremos folletos educativos y muestras de protectores solares para cada tipo de piel", ha zanjado.

La Junta detecta aspectos "que no cumplen la normativa" en el PGOU de Almería

ALMERÍA.-   La delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Sonia Ferrer, ha señalado que según el análisis del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado de forma provisional por el Ayuntamiento de Almería hay "informes favorables, otros informes favorables condicionados y algunos aspectos que no cumplen la normativa y que se tendrán que modificar", si bien ha destacado la "buena sintonía" que existe entre ambas administraciones para confeccionar un planeamiento que sea "útil" a los ciudadanos. 

   En una entrevista, la delegada ha precisado que aún hay pendientes varias reuniones a nivel técnico para resolver cuestiones que se han planteado a través del documento, sentido en el que ha puntualizado que aún es necesario contar con más informes sectoriales que permitan dar 'luz verde' al nuevo PGOU.

   "Estamos todavía en periodo de informe. Creo que deberíamos de esperar a que todo este trámite termine y ver exactamente cual es la situación del documento para valorar de forma más definitiva", ha manifestado la responsable del Gobierno andaluz, quien ha apelado a la "lealtad institucional" a la hora de declinar qué cuestiones ofrecen mayores diferencias con los planteamientos municipales.

   En cualquier caso, ha destacado la "voluntad" de la Junta de Andalucía para "llegar a acuerdos" en cuanto al planeamiento general presentado por el Consistorio, en el que la mayoría de las cuestiones a resolver son de carácter "técnico", por lo que espera poder ofrecer una respuesta en "poco tiempo" a la situación del mismo.

   Por otra parte, la máxima responsable del Ejecutivo autonómico en Almería ha avanzado que "antes del verano" está previsto que se inicien las actuaciones relativas la obra de ampliación de la EDAR 'El Bobar', una actuación adjudicada por más de siete millones de euros a la UTE Ucop Construcciones-Construcciones Mego financiada en un 70 por ciento mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

   Ferrer ha destacado la "importancia" de esta actuación para garantizar el suministro y depuración del agua en la capital. Así, ha explicado que el propio consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, acudirá a la capital almeriense a explicar la actuación y la puesta en marcha de la obra.

   Por otra parte, la delegada del Gobierno se ha referido a otras actuaciones previstas para la provincia que tendrán que "pasar a un segundo plano", como son la variante de Roquetas de Mar o la construcción del Hospital Materno-Infantil de la capital. "Las necesidades más urgentes son las personas y hay que cubrir primero esas necesidades", ha puntualizado Ferrer, quien ha explicado actualmente el Gobierno andaluz destina sus recursos a mantener "con calidad" los servicios existentes.

   "Hay que hacer que el SAS sea de calidad, que cuando una persona vaya a Torrecárdenas esté bien atendida, que no desaparezcan los servicios de urgencias en los pueblos ni haya copagos, antes de hacer una  inversión en el Materno Infantil que se hará, pero tendrá que esperar", ha considerado la delegada.

   Con respeto a la variante de Roquetas de Mar, la titular de la Junta en Almería ha reconocido que esta actuación tiene un porcentaje ejecutado elevado, de forma que ha trasladado la intención de la Junta de dar "un impulso" a la infraestructura de cara a 2014. "La prioridad es lo que está empezado y mantener los servicios públicos. Las grandes obras e infraestructuras tendrán que esperar un poco", ha insistido.

   No obstante, Ferrer se ha mostrado más optimista en cuanto a la reanudación de obras para finalizar la variante de Albox, cuyo estado de ejecución se eleva al 85 por ciento. En este sentido, ha afirmado que se espera poder retomar obras durante este año, ya que existe una partida presupuestaria para esta infraestructura "que sigue siendo una prioridad de la Junta".

   Ante las próximas movilizaciones anunciadas por la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), para reivindicar a la Junta la puesta en marcha de obras que permitan finalizar la Autovía del Almanzora, Ferrer ha señalado que "comprende" la "prisa" de los empresarios, si bien ha recalcado que también hay "interés" por parte de la Junta en atender esta demanda.

   No obstante, ante los planes del Gobierno andaluz de resolver el acuerdo alcanzado con los empresarios para establecer un sistema de colaboración público-privado, la delegada ha reconocido que "a corto plazo es más difícil" retomar las actuaciones en esta zona. La delegada ha puntualizado que este sistema, diseñado "en un momento determinado", ahora "encarece muchísimo" la obra, por lo que "no es la mejor solución".

   La titular de Junta ha asegurado en esta línea que se trabaja en buscar "la mejor solución" con estas empresas que "tienen obras en otros sitios de Andalucía", por lo que aún se estudian las "alternativas" con las que poder negociar con las empresas ante la rescisión del acuerdo.

Los trabajadores de la Escuela del Mármol de Andalucía afirman que llevan cinco meses sin cobrar sus nóminas

ALMERÍA.- Los trabajadores del Consorcio Escuela del Mármol de Fines de Almería han anunciado su "desesperada situación" después de haber alcanzado casi cinco meses sin cobrar sus nóminas, si bien han asegurado que los problemas con la liquidez se iniciaron en mayo del pasado año. 

   En una nota, los 22 empleados han manifestado la "infinita paciencia y buena voluntad" que han tenido hasta el momento al tratar de ser "solidarios" dado el contexto económico, si bien han considerado que "ya no es posible seguir manteniendo ni alargar esta situación que nos está abocando a un deterioro total del normal funcionamiento del centro".

   "La falta de liquidez está afectando a todo tipo de gestión cotidiana tanto en las funciones administrativas de obligado cumplimiento como en la correcta labor docente en los ocho programas formativos que actualmente se están impartiendo a los 120 alumnos que actualmente se encuentran matriculados en el centro y a otros 60 más que se han formado en otros programas en este curso 2012/13", han explicado.

   Así, ha apuntado que los trabajadores "no pueden ocultar su enorme preocupación" por el "desamparo" en el que se encuentran por parte de las consejerías de Empleo --anterior gestor-- y de Educación de la Junta de Andalucía "ante la falta de información que están padeciendo desde el mes de mayo de 2012" cuando "empezaron los retrasos en los pagos y la falta de recursos" para un funcionamiento "normal" de las actividades formativas.

   Estos centros, que son "emblema" de una formación profesional "de excelencia", esperaban salir de esta situación una vez que se firmó el traspaso de competencias a la Consejería de Educación, pero "a fecha de hoy seguimos en la misma situación y ya no tenemos margen de maniobra, para hacernos cargo de cualquier pago".

   Igualmente, han asegurado que aún no hay ninguna orden de la Consejería sobre cuándo y cómo se van a convocar los cursos del 2013-2014, "que habitualmente se convocan a mediados del mes de mayo".

 "Hacemos un llamamiento a los responsables de la consejería de Educación y la de Empleo para que tomen de una vez las decisiones pertinentes, ya que miles de desempleados en Andalucía tienen en estos consorcios la oportunidad de recibir una formación específica y de calidad", han dicho.

   Por su parte, la delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Almería, Isabel Arévalo, ha explicado que la Junta espera poder desbloquear este problema a finales de este mes a través de una reunión prevista entre los directores de los consorcios y centros de formación en la que se abordará la "transferencia burocrática" que se ha realizado ante el cambio de titularidad de esta formación.

   De esta forma, la titular territorial de Educación ha precisado que en los últimos cinco meses la Escuela del Mármol de Fines se ha financiado gracias a los remanentes existentes, si bien aún están pendientes las certificaciones de los últimos cinco meses para efectuar los pagos pendientes.

El Ayuntamiento de Níjar aprueba licitar el servicio de acceso y limpieza a las playas de Cabo de Gata

NÍJAR.- El Ayuntamiento de Níjar ha aprobado en junta de gobierno el pliego de condiciones para sacar a licitación pública la explotación del servicio de gestión, mantenimiento y limpieza de los accesos a las playas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar durante este verano, una oferta que saldrá publicada la próxima semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) por la que además se regulará el sistema de acceso a las playas del Parque. 

   Así lo ha indicado hoy el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), quien ha precisado que el pliego de cláusulas recoge que el adjudicatario, que deberá ingresar por la prestación del servicio un canon al Ayuntamiento que revertirá en obras de mejora en el Parque; se encargará tanto de la gestión de los aparcamientos, así como del servicio de transporte público, el mantenimiento del camino y, como novedad, la limpieza de las playas.

   El propio pliego recoge las cuantías que el adjudicatario podrá cobrar a los usuarios por la entrada con vehículo desde San José a las playas de Genoveses, Mónsul, Cala Carbón, Cala de Media Luna y la Cala de Enmedio, de forma que el precio por el uso de los aparcamientos regulados será de cinco euros, mientras que el acceso en autobús será de un euro por trayecto.

   La elección de la empresa adjudicataria está estimada para el 20 de junio, nueve días antes del inicio de la temporada enmarcada entre el 29 de junio y el 8 de septiembre según el anuncio publicado en BOJA por el que se autoriza el acceso regulado con vehículos a motor. Para este mismo periodo, Junta y Ayuntamiento han firmado un documento para conceder al Consistorio el uso de una finca ubicada en la playa de Mónsul, que sea destinada al estacionamiento de vehículos. El Consistorio ha rubricado un acuerdo de similar naturaleza con el grupo Playas y Cortijos para la gestión de otra zona frente a Los Genoveses.

   El delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta en Almería, José Manuel Ortiz Bono, ha expresado en una nota que está "convencido" de que este verano "se mejorará la gestión municipal de los accesos a las playas", ya que "este 'parking', unido al aparcamiento privado de Los Genoveses, permitirá el cobro de ticket a los vehículos privados que estacionen en dichas zonas, lo que permitirá aplicar un descuento al precio del billete del transporte público.

   La habilitación de este espacio de aparcamiento con capacidad para 124 vehículos permitirá además la recuperación ambiental de otras zonas usadas como aparcamiento en los pasados años, en zonas de servidumbre de protección, junto a las calas de Mónsul y Media Luna, que fueron clausurados y restaurados en 2012 gracias a un proyecto de la Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar.

   Las playas naturales situadas a poniente de la barriada de San José --entre Genoveses y Cala Carbón--, son una zona de alto valor ecológico y paisajístico y uno de los enclaves más privilegiados de la franja litoral mediterránea. A ellas se accede a través de un camino de unos seis kilómetros, sin pavimentar, que parte desde la barriada de San José y llega hasta el pie de los acantilados de la Vela Blanca.

   Este camino conduce a varias explanadas que son utilizadas desde hace tiempo como aparcamiento, desde San José, Genoveses, Mónsul, Media Luna y Cala Carbón. Además, en la zona de El Barronal --entre Mónsul y Genoveses-- existe un "anchurón" que también se viene utilizando como aparcamiento.

   Por sus características singulares, las zonas de playa reciben una afluencia continuada de visitantes que durante los meses estivales trae consigo la "masificación" de estos entornos, y de forma colateral supone "una ocupación excesiva de los espacios de aparcamiento y áreas colindantes asociadas a las playas".

   Aunque se carece de un estudio de detalle actualizado que cifre la capacidad de carga real, tanto de las playas como de las infraestructuras viarias asociadas, el deterioro de los ambientes y paisajes justifican la aplicación del precepto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que permite regular el tránsito en los caminos del Parque Natural, "en los sectores y épocas que considere oportunos, para la adecuada preservación de los recursos naturales", según se recoge en el Decreto de 2008.

   Esta aplicación del principio de precaución justifica la solución que se viene adoptando desde hace unos años: la implantación de un control de acceso en función de la saturación de estas zonas en los meses de verano, así como la habilitación de tres zonas de aparcamiento (Genoveses, Barronal y Mónsul) con capacidad para unos 300 vehículos.

   En base a un informe del Servicio de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Almería sobre aspectos relacionados con la seguridad de los vehículos y de las personas que estén en dichas zonas, se ha planificado un aforo total de unos 300 vehículos para satisfacer el uso público durante el periodo estival.

    Por todo ello, las soluciones se encaminan al diseño de un sistema de gestión integrada en el que sea una sola Administración a la que se encomiende el sistema, aunque implique la colaboración de otras, en este caso, el Ayuntamiento de Níjar y la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, así como de los propietarios de terrenos.

   Los efectos directos e indirectos del "excesivo tráfico" en los meses estivales afectan a los valores ambientales ya que, el propio camino, en sí mismo, produce una rotura del paisaje y la fragmentación de los hábitats. No obstante, el primer causante de estos efectos es el aumento "desproporcionado" del tráfico rodado, con la consiguiente "congestión y estacionamiento descontrolado" en arcenes de caminos y fuera de los aparcamientos habilitados al efecto, así como el "exceso de velocidad" de los vehículos, que a pesar de que existe limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora, dicha limitación "no es respetada por buena parte de los usuarios".

   A esto hay que añadir el que las condiciones de seguridad vial y la actuación de los servicios en caso de emergencias "se ven dificultadas", por lo que la visita a estas playa se puede convertir en una experiencia "insatisfactoria, frustrante y en algunos casos peligrosa".

Interior espera cerca de dos millones de desplazamientos durante la OPE 2013

MADRID.- El subsecretario del Ministerio de Interior, Luís Aguilera, ha afirmado que esperan cerca de dos millones de desplazamientos, con un tránsito de unos 500.000 vehículos, durante la Operación Paso del Estrecho 2013 (OPE), que tendrá lugar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y para la que estarán desplegados 7.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   Al comienzo del encuentro de la Comisión Mixta Hispano-Marroquí de la OPE 2013, que ha tenido lugar este viernes en Madrid con la presencia de los máximos responsables de los organismos que garantizan el buen desarrollo de la Operación --con el walli-director de Migraciones y Vigilancia de Fronteras en Marruecos, Khalid Zerouali, al frente de la delegación marroquí--, Aguilera ha avanzado que "se va a seguir el mismo esquema que en 2012", ya que "se viene produciendo una estabilización en el número de viajeros".

   "El éxito de las últimas Operaciones Paso del Estrecho contrasta con los problemas que surgían hace una década", ha apostillado Aguilera, quien insiste en valorar la labor realizada por Protección Civil y los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reducir el tiempo de espera en los puertos y garantizar la seguridad en este operativo. La OPE se desarrolla en el marco del Plan Especial de Protección Civil, que coordina su director general, Juan Antonio Díaz Cruz.

    El objetivo del encuentro ha sido analizar los aspectos más importantes de la planificación de la Operación Paso del Estrecho, así como adoptar las decisiones oportunas para el buen desarrollo de la misma. Durante la reunión, Aguilera ha destacado la "estrecha colaboración" que existe entre ambos gobiernos.

   Por parte de la delegación española, también han participado en la reunión altos cargos de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Dirección General de Tráfico, así como representantes de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento, del Organismo Público Puertos del Estado, y de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

   Respecto a la previsión de los días más problemáticos, Aguilera ha recordado que el Ramadán se celebrará entre el 8 de julio y el 7 de agosto y, por lo tanto, "las fechas cercanas serán las más conflictivas y que se deben evitar".

 "El objetivo pasa por intentar que los desplazamientos se escalonen lo máximo posible", ha añadido.

   En concreto, ha marcado como "fechas punta" en la 'Operación Salida' el último fin de semana de junio, el 15, 16 y 17 de julio y del 2 al 4 de agosto. Por su parte, de cara a la 'Operación Retorno', ha marcado en el calendario como fechas más complicadas para viajar el 29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. Con el fin de conseguir una mayor fluidez en el tránsito de estos días, se aplicará la intercambiabilidad de billetes entre las compañías navieras en días puntuales.

   De la misma forma, el subsecretario del Ministerio de Interior ha apuntado que el Plan de Flota estará dotado con 34 buques --junto a otros cuatro de reserva-- que operarán en los puertos de Alicante, Almería, Málaga, Algeciras, Tarifa, Ceuta, Melilla y Motril. Además, se contará con un dispositivo de asistencia social y sanitaria que se prestará junto a las comunidades autónomas de Valencia y Andalucía, así como con el apoyo de Cruz Roja.

   Por otra parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha una nueva campaña de 'Áreas de Descanso y Puntos de Información para conductores magrebíes', integrado por seis áreas de descanso en Oiartzun, Horcajo de la Sierra, Ribera de Cabanes, Villajoyosa, Valdepeñas y Loja.

   El dispositivo de seguridad contará con más de 7.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, afectados directamente por esta Operación, más los agentes de las policías portuarias, así como con la colaboración de las policías locales. Las Fuerzas Armadas (Unidad Militar de Emergencias), en caso de ser requeridas, podrán poner a disposición de la Operación sus efectivos y medios correspondientes. También funcionarán los Centros de Cooperación Policial Conjuntos de Policía y Guardia Civil, situados en Tánger y Algeciras.

La Fiscalía investiga si delinquió el hotel almeriense que rechazó alojar a jóvenes con síndrome de Down

ALMERÍA.- La Fiscalía Provincial ha resuelto este viernes incoar diligencias de investigación penal para dirimir si se produjo una conducta delictiva en la decisión del hotel CaboGata Plaza Suites, de El Toyo, en Almería, de impedir la reserva de plaza en el establecimiento de un grupo de jóvenes con síndrome de Down en viaje de fin de curso alegando que "este tipo de personas podrían molestar al resto de clientes".

   Fuentes del Ministerio Público han indicado hoy que los hechos relatados por la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido) están tipificados en el Código Penal como delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas aunque la decisión sobre si se formula denuncia para judicializar el caso está a la espera de un "análisis más depurado" y de si es preceptivo la práctica de alguna prueba.

   Según la denuncia elevada el martes a la Fiscalía de Almería, una trabajadora de Asalsido en Almería solicitó a una agencia de viajes que pidiera presupuesto de alojamiento a tres hoteles cercanos a la ciudad para organizar el viaje de fin de curso de un grupo de jóvenes con síndrome de Down de un centro educativo concertado con la asociación.

   Sin embargo, uno de estos hoteles, el CaboGata Plaza Suites, contestó a la agencia que no podía facilitar un presupuesto para alojar a los jóvenes. "No admitimos grupos de personas con discapacidad psíquica", respondió el establecimiento, que, desde su dirección ha pedido "disculpas" y ha afirmado que se trató de "un malentendido". .

   La organización Down España apunta que cuando Asalsido contactó con la dirección del hotel para pedir explicaciones, ésta "se reafirmó en su postura" y añadió que "este tipo de personas podrían molestar al resto de los clientes del hotel", cosa que ya "les había ocurrido en otra ocasión".

   Asalsido puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de la ciudad por entender que "constituyen un caso claro de discriminación hacia personas con discapacidad y que vulneran la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España", que prohíbe "toda discriminación por motivos de discapacidad".

   Por su parte, fuentes de la dirección del hotel han trasladado que "ya se han pedido disculpas a la asociación" porque "todo fue un malentendido", ya que, según sostienen, en la central de reservas pensaron que se trataba de "un grupo con otro tipo de discapacidad intelectual que ya había estado en el hotel", y que había resultado "muy conflictivo".

   En esta línea, han señalado que el personal del hotel está "muy afectado" por lo ocurrido, "que está teniendo una fuerte repercusión en las redes sociales suscitando todo tipo de críticas", por lo que --han remarcado-- considera que acusar al establecimiento de negar la entrada a estas personas afecta directamente a la "dignidad como personas" de sus trabajadores.  

   La cadena hotelera ha difundido además, un comunicado, en el que asegura que "jamás en 35 años de vida" de la empresa hotelera se ha negado la entrada a un grupo de personas con síndrome de Down, que "han sido, son y serán siempre bien recibidos".

   "De hecho, contamos entre nuestros clientes habituales con familias con personas que tienen este síndrome y son uno más, puesto que sus necesidades de servicio son exactamente iguales que las de cualquier otro y como tales se les trata", ha dicho ZTHotels.

Vargas Llosa dice que "no hay que dejar la política en manos de los pícaros"

SOFÍA.- La crisis económica ha traído un peligroso desencanto social con la política y las instituciones, algo que amenaza a la democracia y ante lo que el escritor Mario Vargas Llosa planteó la necesidad de más participación, para evitar que el poder quede en malas manos.

"La democracia es participación y, si no hay participación, se va asfixiando y desmoronando. Hay que defender la idea de que, si queremos que la política sea decente, hay que llevar a la gente decente a hacer política y no dejar que esté en manos de los pícaros", declaró una charla con periodistas en Sofía.

"Creo que esa falta de participación y esa aptitud cínica frente a la política puede destruir las democracias desde dentro. Creo que esa es hoy día la amenaza mayor que tienen las democracias europeas, incluso las de América Latina", comentó el Nobel de Literatura.

El autor de "La ciudad y los perros" recibió hoy el título de doctor honoris causa por la Universidad de Sofía, la más antigua y prestigiosa de Bulgaria.

Según el novelista, hay mucho desdén y mucho desprecio hacia la política en general, y esa actividad se percibe como algo sucio y corrupto, de lo que hay que apartarse.

En este contexto, el escritor hispano-peruano se refirió al papel de los intelectuales en la política y la desconfianza de la gente hacia ellos, porque "los intelectuales se han equivocado tantas veces".

"Los intelectuales tienen la obligación de participar en la vida cívica y pueden aportar, en una sociedad democrática, que el lenguaje político sea creíble, que sea creativo y no de clichés. Hacer que el lenguaje político sea auténtico y que sirva para difundir verdades y no mentiras", aconsejó.

Otro de las aportaciones puede ser, a su juicio, que la política no sea solamente gestión de lo existente, sino también creación, propuestas creativas y realistas, lo que requiere de su imaginación y fantasía.

Además, los intelectuales deberían estar en la vanguardia de la defensa de la libertad, un elemento fundamental para que haya una vida intelectual realmente creativa.

"La literatura sin libertad se asfixia. Entonces, la defensa de ciertos valores, como la libertad, debería tener a los intelectuales en primera fila", reflexionó.

Y añadió que, en momentos de crisis, hace faltan ideas, perspectiva, racionalidad, campos en los que los intelectuales pueden aportar algo.

Preguntado sobre la génesis de la crisis, el creador de "Pantaleón y las visitadoras" opinó que se han combinado la irresponsabilidad de unas actitudes muy poco realistas y una visión fantasiosa que llevó a muchos países a vivir por encima de sus medios y a endeudarse.

"Ha habido, por parte de los bancos, una actitud sumamente insensata guiada por el afán de lucro inmediato, que ha hecho sacrificar el futuro en nombre de un presente que era muy frágil", destacó Vargas Llosa.

El escritor pidió aprovechar la crisis para hacer una autocrítica muy profunda de la irresponsabilidad con la que se han manejado las finanzas públicas y privadas en los últimos años, "de tal manera que no se vuelva repetir una desgracia parecida".

Vargas Llosa describió la idea en su ensayo "La civilización del espectáculo": la cultura no puede ser solamente un espectáculo y una distracción, una tendencia muy peligrosa, porque, indicó, además de divertir, debe exigir un esfuerzo intelectual y no puede ser lo mismo que un circo o un musical.

"Porque, si es eso, la cultura va a dejar de tener ciertas virtudes que creo que son la gran contribución al progreso humano, al mantener unas ciertas tablas de valores entre lo que es o no es importante, lo que es bueno y es malo, lo que es feo y lo que es bello", destacó.

Y advirtió que, si esas distinciones se pierden, la cultura va desapareciendo, aunque hayas cosas que parecen cultura, lo que traerá un gran empobrecimiento social, político y moral.

Por eso, según el escritor, hay que devolver a la cultura la seriedad y la responsabilidad y sacarla de esta función de puro entretenimiento.

La pobreza en Andalucía ha aumentado un 16% desde el inicio de la crisis

VALENCIA.- Los niveles de pobreza en España han aumentado un 8 por ciento desde el inicio de la crisis, desde 2006 hasta el 2011, siendo el desarrollo humano un 4,4 por ciento menor que si no hubiera habido recesión. Sin embargo, la "diversidad" entre comunidades autónomas en cuanto a las cifras de pobreza y desigualdad se ha acentuado hasta llegar incluso a duplicarse. En el caso de Andalucía, el índice de pobreza ha crecido un 16 por ciento.

   Así se desprende del informe 'Desarrollo humano y pobreza en España y sus comunidades autónomas' elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación Bancaja, que ha sido presentado este miércoles en Valencia por sus autores, la catedrática de la Universidad de Alicante y el catedrático de la Universidad Pablo de Olavide Antonio Villar, junto al vicepresidente de la Fundación, Javier Quesada.

   El estudio recoge el nivel de desarrollo humano, un 4,4 por ciento menor que si no hubiera estallado la crisis, y el bienestar material, que se ha visto duramente afectado con una caída del 13,7 por ciento para el conjunto de España.

   Además, aunque el impacto sobre los índices de educación y salud se ha atenuado, y en el período analizado no se han visto influido. No obstante, los expertos advierten que, de prolongarse la actual situación económica, también podrían verse afectados, como ya ha sucedido en Grecia o Rusia.

   Las comunidades más afectadas son Canarias (21%), la Comunidad Valenciana (18%) o Andalucía (16%), cuyo índice de pobreza duplica incluso la media nacional. En cambio, las comunidades con los mejores datos son Navarra (-9%), País Vasco (-2%) o Madrid (4%).

   Por otra parte, regiones como Castilla y León, Galicia, Madrid, Cataluña y País Vasco han disminuido la desigualdad frente a las demás, en las que ha aumentado y el desarrollo humano ha caído respecto a un escenario sin recesión. De no haber crisis, este índice hubiera sido un 4,4% mayor para el conjunto de España, siendo Andalucía donde la caída ha sido mayor (6,4%) y Cataluña la mínima (2,7%).

   En cualquier caso, se observa una "inercia" en la posición relativa de las autonomías y la ordenación prácticamente no cambia a lo largo del tiempo.

   El informe --que se basa en variables de bienestar material, educación y salud-- muestra cómo los primeros años de la crisis han afectado fundamentalmente al bienestar material, calculado a partir de la renta, que se "resiente" con una caída del 13,7 por ciento de media estatal, con picos en Andalucía (20,4%) y Cataluña (8,4%).  

   En este punto, los expertos han querido puntualizar las diferencias entre la percepción y los datos, ya que, comparativamente, las cifras arrojan resultados algo mejores que en los años anteriores 2006. En los años del 'boom', las rentas se incrementan rápidamente y es a partir de 2008 cuando se produce una caída importante.

   Por el momento, los otros dos índices utilizados en el cálculo del desarrollo humano (salud y educación) no se han visto alterados, en el período estudiado. De hecho, una primera reacción al desempleo ha sido el aumento de los índices de matriculación, lo que ha mejorado la variable educativa, ya que ante la dificultad de encontrar empleo, se opta por seguir estudiando.

   "Pero la variable de salud se verá afectada si el sistema sanitario público sufre un deterioro importante y la pobreza se extiende", alerta el informe. "Si el período de crisis se prolonga la tendencia previsible es de un mayor deterioro del bienestar material, un ligero deterioro de la variable de salud y un ligero repunte en educación".

   Un escenario que dibuja el "fuerte crecimiento" de la tasa de parados de larga duración, que según datos de este mismo año, "se ha multiplicado por siete entre 2006 y 2013" y "la situación empieza a ser muy seria".

   Ante esta situación, se están llevando a cabo "recortes indiscriminados" de forma "horizontal" han criticado los expertos. A su entender, esto "nos está retrasando de salir de la crisis porque no podemos mantenerlo todo con menos dinero" y habría que hacer recortes "selectivos", "pensando realmente qué produce más" para cambiar el sistema productivo y salir con "estructuras más potentes".

   "Pero eso es más difícil de hacer y de vender", han lamentado, y se ha abogado por recortar por todas partes.

   Los expertos han querido destacar el "entorno estable" de la estructura social y familiar en España que "está haciendo que se soporte mejor" la crisis. El núcleo familiar se comporta en este país como "un verdadero grupo supliendo las carencias" y "evitando un mayor conflictividad social", han resaltado.

   En el caso de la Comunidad Valenciana, el aumento de la pobreza alcanza el 18 por ciento, más del doble de la media nacional (8%) y convirtiéndose en la segunda autonomía, por detrás de Canarias (21%)  donde más sube.

   El nivel de desarrollo humano también ha descendido un 3,4 por ciento pero no tanto como la media estatal, que ha descendido un 4,4 por ciento. Aún así, la pérdida de bienestar material, calculada a partir de la renta, sí ha golpeado con fuerza la región valenciana con una pérdida de desarrollo de un 10,5 por ciento, más del doble que en el conjunto del país.

   Para los expertos, la Comunidad cuenta además con "problemas muy serios de déficit en parte por gastos mal diseñados pero también porque desde el principio, --pasando por todos los gobiernos autonómicos-- tenemos un sistema de financiación" que no entienden "como hemos soportado" tantos años y que, al menos hasta 2015, no se prevé modificar.

   A su juicio, es necesario un cambio en el sistema de financiación  y han confiado en que "la crisis ayude a hacernos más conscientes y exigentes ante el político que se va y deja el déficit a otros y que se apañen". Se han permitido "algunas alegrías en los años de bonanza que quizá habría que repensar", han concluido.