sábado, 12 de enero de 2013

El IES 'Sierra de los Filabres' recibirá más de 26.685 euros para gastos "en los próximos días"

ALMERÍA.- La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería ha indicado que en los próximos días el IES 'Sierra de los Filabres' de Serón, cuyos alumnos dan clase con guantes y abrigos al no poder abonar los gastos de calefacción, recibirá "en los próximos días" unos 26.685 euros para gasto corriente; una partida que ya ha sido "asignada y liberada" correspondiente al presente curso escolar. 

   Así lo han trasladado fuentes del Gobierno andaluz tras las críticas del portavoz del PP de Serón, José Ángel Iglesias, hacia la Junta por "no haber realizado la transferencia de dinero para gasto corriente", de forma que, según ha comentado, la dirección del centro abonaba ahora estos gastos con el remanente del curso anterior.
   Desde la Delegación Territorial de Educación han precisado que tanto este como el resto de centros recibirán "en los próximos días" las cuantías liberadas en cada caso por la Junta, si bien desde la Administración autonómica han querido aclarar que "se ha enterado de este problema hoy", ya que de lo contrario "habría buscado una medida provisional".
   "Lo natural es que la dirección del centro se ponga en contacto con la Delegación", han indicado desde la Junta, donde han negado que los responsables del centro hayan contactado por escrito o telefónicamente con el jefe de planificación, el gerente del ISE o la propia delegada territorial de Educación, Isabel Arévalo, para tratar de resolver el asunto antes de llegar a este extremo.
   Según el PP, tras las vacaciones navideñas, los alumnos y profesores tienen que dar las clases en condiciones "absolutamente precarias, con abrigos, bufanda y guantes, ya que no pueden encender la calefacción y las temperaturas por las mañana en la localidad oscilan entre los 0 y los tres grados".

Las administraciones públicas abusan de las prórrogas de contratos

MADRID.-   Las administraciones públicas abusan del uso de prórrogas en la ejecución de los contratos de obras, lo que provoca incrementos en los costes y en los plazos, sin justificar debidamente que estos aplazamientos se deban a causas imprevistas.

   Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los contratos de las entidades estatales, que acaba de ser remitido a las Cortes. En su documento, el organismo señala que las prórrogas previstas en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares "exceden en algunos casos del plazo legalmente permitido" además de producirse con "excesiva frecuencia".
   "En muchas ocasiones, (las incidencias que motivan las prórrogas) pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas", añade el Tribunal de Cuentas en el informe correspondiente a 2009.
   Por eso, recomienda a las administraciones públicas "incrementar la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que frecuentemente no están justificadas".
    Con respecto a la fase de análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para adjudicar los diferentes contratos públicos, el Tribunal de Cuentas comienza por criticar las omisiones de información que se detectan en muchos casos, sobre todo en relación con los importes máximos de los gastos de publicidad permitidos, el plazo de garantía, las cláusulas sociales que dan preferencia en la adjudicación (contratos a discapacitados, medidas en favor de la igualdad, etc.) o los métodos de supervisión de la ejecución.
   Además, detecta "numerosas deficiencias" en la concreción de los criterios objetivos que se incluyen en los pliegos de condiciones, lo que en ocasiones provoca que criterios técnicos se tengan en cuenta en la segunda fase de los concursos en lugar de en un primer término, cuando se decide qué ofertas cumplen los requisitos y cuáles no.
   En este sentido, el Tribunal asegura que en muchas ocasiones no se llega siquiera a constituir el comité de expertos previsto para la valoración de los criterios de adjudicación cualitativos, y que las fórmulas de ponderación conjunta de los criterios no son homologables.
   "Se aprecia frecuentemente la vulneración del carácter secreto de las proposiciones como consecuencia de la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica en los expedientes adjudicados por procedimiento abierto", continúa el informe, que también en este caso reprocha el uso indebido del procedimiento de urgencia en casos no justificados ni excepcionales.
   Además, subraya que "la justificación del trámite de urgencia no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia o deriva realmente de la inactividad de la propia Administración, y no de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas".
   Por último, el Tribunal de Cuentas hace referencia a los requisitos de documentación en la formalización de los contratos y a su remisión al propio organismo fiscalizador de la información sobre contratación en el sector público.
   Sobre el primer asunto, señala que las entidades aportan en algunos casos documentos que no cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (por ejemplo, documentos contables de retención de crédito en lugar de certificados de existencia de crédito) y que en ocasiones no se llega a acreditar la publicación de las licitaciones en el Perfil del Contratante de las diferentes entidades ni las adjudicaciones en los boletines oficiales correspondientes.
   Con respecto a los datos que llegan al Tribunal de Cuentas, se asegura que presentan "habitualmente significativas omisiones" y "numerosas deficiencias en su contenido", además de ser "significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución y finalización" de los contratos. De esta manera, es habitual que el número de expedientes de contratación sea inferior a los contratos recogidos en las relaciones generales.

El TC avala la readmisión de la profesora de Religión divorciada despedida en Almería

ALMERÍA.- El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de amparo del Obispado de Almería contra la sentencia firme que ordenaba la readmisión en su puesto de trabajo de la profesora de Religión Resurrección Galera al considerar que "no viola" el articulado de la Carta Magna tal y como alegó la Diócesis, para la que el "derecho fundamental a que los hijos se eduquen de acuerdo a sus propias convicciones religiosas" no se puede ejercer si el docente "no está en perfecta sintonía con la jerarquía de la confesión religiosa que lo declara idóneo".

   El tribunal de garantías remarca en una providencia que, una vez examinado el recurso, se deduce "una manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo" y acuerda no admitir a trámite el recurso al no compartir la interpretación del Obispado del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que lo vio como un ataque al ejercicio del artículo 27.3 de la Constitución.
   La providencia del TC, por la que se archivan las actuaciones al no haber recurrido el Ministerio Público, rechaza los argumentos de la Diócesis, para la que la sentencia del Alto Tribunal andaluz que ordenaba en diciembre de 2012 la readmisión de Galera en su puesto al considerar que no se podía "limitar la libertad personal si se está ejerciendo una libertad pública constitucionalmente legítima en relación con su función de docente de Religión" era "inexacta y lesiva a los derechos de cualquier confesión religiosa".
   En esta línea, el Obispado alegaba en su recurso que, si bien es "perfectamente constitucional" contraer matrimonio civil, divorciarse del cónyuge con el que se ha contraído matrimonio de forma canónica o contraer matrimonio con persona del mismo sexo, "estas conductas no están admitidas desde el punto de vista moral. "Sí parece enteramente constitucional el hecho de que no pueda impartir religión y moral católicas quien no profesa voluntariamente los dogmas de esta fe religiosa".
   La resolución del TC llega después de una reciente sentencia del TSJA, recurrida ante el Tribunal Supremo (TS) en la que se daba por extinguida la relación laboral de Galera y se rechazaba su incorporación con carácter indefinido en el presente curso escolar pese a que su despido tras contraer matrimonio civil con un hombre divorciado fue declarado nulo hace un año por discriminatorio.
   La citada sentencia del Alto Tribunal Andaluz consideró que la readmisión hasta el pasado 31 de agosto dictada por un juez de lo Social se ajusta a la normativa que se debe aplicar en este caso ya que el despido se remonta al curso 2001-2002 y debe ser de aplicación la legislación vigente en la fecha en la que se produjo, y no, por tanto, el Real Decreto de 2007 que sí sería favorable a los intereses de la profesora.
   Así, indicó que el vínculo laboral de Galera había de considerarse como un "contrato temporal", ya que, en la citada fecha, el nombramiento del profesor de Religión tenía "carácter anual y se renovaba automáticamente salvo propuesta en contra del Obispado". La profesora tiene pendiente un nuevo juicio por despido contra el Obispado en febrero de 2014 después de que no fuera llamada para el curso 2011-2012 por no haber obtenido el certificado de idoneidad.

Una docena de familias de Berja ocupan una promoción de dúplex de la localidad acabados hace dos años

BERJA.- Unas doce familias de Berja han ocupado desde la noche del pasado miércoles una promoción de viviendas tipo dúplex ubicadas en el Cerro de San Roque de la localidad cuyas obras finalizaron hace dos años y que el promotor no logró vender, por lo que ahora negocia con una entidad bancaria la dación en pago de las mismas para cubrir el crédito que solicitó para su construcción. 

   Así lo ha manifestado el alcalde de Berja, Antonio Torres (PP), quien ha explicado que los moradores de las viviendas son vecinos de la localidad que hasta el momento vivían en las casas de sus familiares, si bien han decidido ocupar dichas residencias al estar vacías y no poder acceder a la compra de una casa.
   El propio regidor ha manifestado que, aunque se ha producido la ocupación de un bien privado, "nadie ha denunciado nada", por lo que hasta el momento no se ha producido ningún tipo de desalojo. En este sentido, desde la Comandancia de la Guardia Civil han confirmado la ausencia de denuncias por parte de los propietarios de las casas.
   No obstante, según los últimos datos trasladados por el alcalde, la entidad bancaria que ostentaría la propiedad de las casas --bien a través de la dación en pago o bien por embargo-- ha iniciado las gestiones para reclamar la propiedad de las viviendas y poder actuar sobre el caso.
   Mientras, los vecinos llevan dos días dedicados al traslado de enseres y mobiliario hasta las viviendas ocupadas. "El promotor, de Roquetas de Mar, se vio en la ruina y ha tirado la toalla", ha indicado el primer edil virgitano, quien ha descartado problemas de desorden público entre los nuevos moradores, afectados por la crisis económica.

COAG acusa a Gobierno y Junta de "abandonar a su suerte" a afectados por las riadas

ALMERÍA.- COAG-Almería ha acusado a Gobierno central y Junta de Andalucía de haber "abandonado a su suerte" a los agricultores y ganaderos cuyas explotaciones se vieron afectadas por la riada de finales de septiembre en el Levante almeriense y les ha urgido a "arrimar el hombro", ya que "casi cuatro meses después de la devastación continúan sin percibir un solo euro".

   En un comunicado, el secretario provincial, Andrés Góngora, ha considerado que las dos administraciones se están "cachondeando de personas que realmente lo están pasando mal" y ha lamentado que "pasen las semanas" con "críticas mutuas y rencillas políticas".
  "Cuando miles de familias perdieron su medio de vida, todos los políticos corrieron a hacerse la foto junto a los afectados, pero ellos no necesitan palabras bonitas sino actuaciones y urgentes", ha reprochado Góngora, para quien Junta y Gobierno "no son conscientes" de que "han perdido el medio por el que ganarse la vida, el sustento".
   Al hilo de esto, ha subrayado que la "única" actuación publicada hasta el momento el 26 de diciembre de 2012 es una "ley de paja" que no "determina" las medidas que se adoptarán "ni nada por el estilo".
 "Es increíble, además, que los afectados tengan hasta el 27 de febrero 2013 para tramitar las solicitudes sin conocer ni tan siquiera cuáles son las características de éstas", ha apuntillado.
   Góngora ha acusado, asimismo, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) que se quiera "lavar las manos" ayudando "únicamente a las personas que tiene contratado el Seguro Agrario" y ha calificado de "totalmente incomprensible" que los afectados por las lluvias torrenciales de 31 de agosto en Pulpí "queden excluidos de dichas medidas".
   Al hilo de esto, ha trasladado que desde la patronal agraria, si se mantiene "el mutismo de las administraciones, se impulsará un calendario de movilizaciones. "Las medidas no se puede retrasar más por lo que esas reuniones debe llevarse a cabo ya para determinar los mecanismos de recuperación para los agricultores y ganaderos del Levante", ha concluido.