El rector de la UAL ve "pan para hoy y hambre para mañana" en las modificaciones planteadas por Educación

ALMERÍA.- El rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, ha manifestado este viernes que las modificaciones anunciadas por el Gobierno en relación a las tasas universitarias que pagarán los alumnos o la labor del personal docente, entre otras cuestiones, son "para para hoy y hambre para mañana", ya que, a su juicio, "no se está pensando cuál es el proyecto de sociedad" que se quiere hacer para ser "competitivos", por lo que ha lamentado estas decisiones. 

   En declaraciones a los periodistas tras visitar las obras del IV Semana de Escultura Rural en Mármol acompañado por el consejero de Empleo en funciones de la Junta de Andalucía Manuel Recio; Molina ha criticado que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, no haya "tenido ni siquier la deferencia de hablar con los representantes de las universidades españolas" para tomar las medidas de ajuste, lo que supone un "absoluto desprecio" por los órganos académicos.

   En esta línea, ha asegurado que no ha escuchado "ni una palabra amable" del ministro en cuanto a la aportación de la Universidad española al desarrollo del país cuando ha sido "impulsora fundamental" del desarrollo. "Si no se apuesta por la innovación, por el conocimiento de este país, (...) lo que se pierda a nivel de investigación, a nivel de conocimiento, será una perdida totalmente insustituible en el futuro", ha dicho el rector de la UAL.

   Con esto, ha incidido en que desde el Gobierno se mantenga, según ha interpretado, que "la única posibilidad de ser competitivos es con salarios más baratos y más horas de trabajo", de modo que con esa fórmula "no podemos competir con nuestro entorno europeo" al carecer de la competencia "basada en el conocimiento".

 "Creo que es una bofetada y un insulto a todos los ciudadanos que han pagado con sus impuestos los servicios públicos", ha remarcardo Molina.

   Asimismo, considera que ha sido una "ofensa muy grave a todos los ciudadanos de este país" trasladar la idea de que los impuestos derivados a la Universidad pública supongan un "despilfarro" cuando la subida de tasas a los alumnos sí que supondrá, según sostiene, "un empobrecimiento muy duro y un ataque directo sobre las rentas medias de este país".  

   "Considero que hay que tener sentido de estado, y uno puede ser ultraliberal en sus pensamientos, pero cuando uno es gobernante y representa a un Estado, tiene que ser mucho más comedido, mucho más prudente, y en la Universidad estamos esperando que el anuncio sistemático de que el Gobierno se base en el diálogo y en el acuerdo, ya que jamás han dialogado con las universidades", ha considerado Molina, quien observa un "retroceso" en las relaciones entre universidad y Estado que espera se pueda "rectificar".

   Ante las medidas relacionadas con las universidades en materia de reestructuración presupuestaria, Molina cree que el Gobierno tiene la "obligación" de decir a "todos los hijos de los trabajadores de este país que no tienen medios" si pueden o no "tener el derecho de acceso a las universidades" así como "qué sistemas de becas hay" para ello. Cree el rector que "no puede haber un recorte sin al mismo tiempo ir acompañado de un sistema de becas" para quienes carecen de capacidad económica.

   Así, ha defendido también la competitividad de las universidades públicas frente a las privadas, así como la labor de investigación que se realiza en ellas, puesto que "casi el 70 por ciento de la investigación que se hace en nuestro país se hace en la Universidad pública", mientras que el 30 por ciento restante corresponde a empresas cuyos investigadores son "en el 70 por ciento" investigadores de estos entes académicos.

Cruz Roja busca familias para acogimientos de menores ante la cantidad de niños en situación de desamparo

ALMERÍA.- Cruz Roja Almería busca a familias dispuestas a participar en el Programa de Mediación para el Acogimiento Familiar de Menores de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ante la cantidad de niños que se encuentran en situación de desamparo en la provincia, por lo que se requieren más familias para participar en este plan que el año pasado contó con cerca de 150 menores tutelados. 

   Según informa Cruz Roja en una nota, el objetivo de este programa es dar respuesta a las necesidades de determinados niños que no pueden ser atendidos adecuadamente por sus padres o tutores, por medio de la convivencia e integración en otro núcleo familiar donde puedan recibir una atención integral.

   En la actualidad, según los datos publicados por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, la la provincia cuenta con 481 niños españoles y extranjeros, que se encuentran en situación de desamparo. Los treinta centros de los que dispone la Administración en la provincia destinados a estos menores tutelados registran una ocupación de más del 90 por ciento, datos que "justifican una creciente necesidad de familias acogedoras".

   El acogimiento familiar presenta diferentes modalidades, que van desde la familia extensa, en la que el menor es acogido por personas de su propia familia, hasta la familia ajena, en la que no existen lazos de parentesco o estos son superiores al tercer grado. Por otro lado, según el tiempo de duración, el acogimiento puede ser simple o permanente, de manera que en el primero de los casos el menor vuelve con su familia en un tiempo establecido o que pasa a otra medida de protección con un máximo de dos años; mientras que el segundo --dirigido a menores de siete años-- es aquel en el que no hay previsión de retorno y se estiman periodos indefinidos.

   Un tercer criterio hace referencia al acogimiento en función de las necesidades y características de los niños. El acogimiento de urgencia trata de dar respuesta a situaciones de emergencia y es exclusivo para menores de seis años, requiriendo de disponibilidad absoluta por parte de al menos una de las personas acogedoras. Por otra parte, el acogimiento profesionalizado se aplica a niños con graves necesidades especiales ocasionadas por una enfermedad grave, problemas de conducta, discapacidad física, psíquica o sensorial, o menores que precisen de un apoyo especial debido a los malos tratos o abusos sexuales.

   El acogimiento familiar se concibe como una medida complementaria y no como una sustitución de la familia biológica, dado que se pretende, no sólo dar respuestas a las necesidades del menor, sino también ayudar a la familia biológica a la superación de los problemas que desencadenaron la separación. De este modo, se trata de una alternativa de convivencia frente a un internamiento residencial, ya que supone la plena integración del menor en la vida de la familia que lo acoge, que se compromete a tenerlo consigo, cuidarlo y educarlo como si fuese un miembro más, favoreciendo su desarrollo.

   Así, el compromiso social y el sentido de voluntariedad de las familias acogedoras se convierten en dos elementos indispensables del acogimiento. Desde el punto de vista legal, pueden ser familias acogedoras todas las personas mayores de edad, residentes en algún municipio de la comunidad autónoma andaluza, siempre y cuando no sean solicitantes de adopción.

   Una persona soltera puede ser acogedora, al igual que las familias monoparentales, homoparentales o parejas de hecho, con o sin hijos. Las familias que se decidan a acoger a un menor contarán con el apoyo continuo del equipo técnico del Programa de Acogimiento Familiar de Cruz Roja Almería y de sus voluntarios. Además, este equipo realiza un estudio detallado de la familia o persona solicitante, con el fin de valorar su idoneidad.

   En cuanto a los menores, provienen de centro de protección o bien de situaciones de riesgo con sus familias. Pueden ser niños solos o grupos de hermanos. En el caso del acogimiento profesionalizado y de urgencia deberán cumplir los requisitos específicos para cada modalidad.

El Gobierno prepara un plan para potenciar la concentración de la oferta en las empresas agrícolas

ALMERÍA.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) prepara un plan para potenciar la concentración de la oferta en las empresas agrícolas y mejorar, de este modo, la situación del sector en un mercado "globalizado" y para poder hacer frente a la "competencia desleal" de terceros países.

   Así lo ha anunciado en declaraciones a los periodistas en la XXVII Expo Agro Almería que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien ha calificado la iniciativa del departamento que dirige Miguel Arias Cañete de "muy importante" y "contundente".

   Crespo, quien ha abogado por "mimar" a un sector clave en el mantenimiento del empleo, ha resaltado que la unificación de oferta es "necesaria" para "entrar en un mercado globalizado y con competencia desleal de terceros países" y ha trasladado su convencimiento de que este plan, que se presentará "en breve", permitirá una agricultura "más potente" y aumentará la capacidad de comercialización de sus empresas.

   Al hilo de esto, y tras reivindicar la recuperación de "todas y cada una de las actuaciones" previstas en el derogado Plan Hidrológico Nacional (PHN), ha señalado que Arias Cañete está "muy en contacto" con los países de la UE para "establecer alianzas" de cara a hacer "factibles" los intereses agrícolas de España con respecto a la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo de asociación UE-Marruecos.

   "El ministro tiene obsesión con que se cumplan los cupos y los calendarios de producción", ha subrayado para, a continuación, garantizar que el Gobierno estará "vigilante" y presentará un informe solicitando compensaciones en caso de que se vean lesionados "nuestros intereses".

La Junta respalda con 1,3 millones los proyectos de siete empresas innovadoras en Expo Agro

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía ha respaldado con 1,3 millones de euros a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) diferentes proyectos de las siete empresas que se pueden visitar en el stand con el que la Agencia cuenta en Expo Agro 2012 y que se convierten en referencia para otras compañías interesadas en acceder a financiación pública que visitan la feria y que están recibiendo todo el asesoramiento necesario, especialmente con respecto a la línea de Fondos Reembolsables puesta a disposición del tejido empresarial. 

   La delegada provincial de Economía, Innovación y Ciencia en Almería, Adriana Valverde, ha visitado este viernes el espacio de la Agencia IDEA en el que ha destacado que el apoyo público haya hecho posible en primer lugar la creación o puesta en marcha de los diferentes proyectos que pueden conocerse en este espacio de la Junta y que, en segundo lugar, también ha hecho posible que participen de una feria de la trascendencia de Expo Agro 2012 y den a conocer a otras firmas del sector agroalimentario sus servicios y productos.

   Asimismo, la representante de la Junta ha considerado que la presencia de Innofood; Bio-Ilíberis R&D; Semiotrap; Naturplas; Villoslada Label; Ingro Maquinaria y Cadia Ingeniería es la mejor manera de mostrar el destino final de los incentivos económicos articulados desde el Gobierno andaluz con la finalidad clara de renovar el modelo de crecimiento andaluz y de impulsar la recuperación de la economía. Del conjunto de empresas, cuatro son almerienses, mientras que dos proceden de Granada y una de Jaén. La inversión global comprometida para ejecutar los proyectos financiados en parte por la Agencia IDEA asciende a 3,3 millones de euros.

   Naturplas Plásticos Agrícolas (Almería) fue creada hace un año por tres profesionales del sector de la plasticultura. La empresa comercializa su propia marca, Naturplas, y mantienen una alianza con un importante grupo industrial nacional comercializando sus productos en cualquier parte del mundo.

   El proyecto presentado para obtener apoyo económico de la Junta de Andalucía se centró a atender las necesidades de circulante que genera la puesta en marcha del negocio. La empresa cuenta actualmente con 8 trabajadores, pero está prevista la incorporación, a corto plazo, de dos nuevos profesionales provenientes del sector de la industria auxiliar de la agricultura.

   Villoslada Label (Almería), por su parte, ha logrado adquirir la maquinaria necesaria para la fabricación y venta de etiquetas autoadhesivas y se centra al mismo tiempo que se adapta a los principales clientes de la zona, entre los que se encuentran empresas manipuladoras, envasadoras y exportadoras de productos hortofrutícolas. El etiquetado que produce con la inversión incentivada será para piezas, envases de cartón, tarrinas de plástico y otros elementos de embalaje.

   En cuanto a Ingro Maquinaria (Almería) cabe destacar que ha diseñado, además de construir un prototipo de higienización de productos hortofrutícolas frescos y mínimamente procesados en fresco para las líneas de manipulado de las agroindustrias, basado en la aplicación de luz ultravioleta tipo C. En ese sentido, es interesante conocer que diferentes estudios han constatado también que el uso de la luz UV-C en el sector de las frutas y hortalizas frescas, así como en productos de IV gama, incrementa el poder antioxidante y estimula la producción de compuestos biosaludables.

   La última de las empresas almerienses, Cadia Ingeniería, nació e en 2006 como un proyecto de empresa innovadora de base tecnológica (EBT) creada por varios profesores y colaboradores de dos grupos de investigación de la Universidad de Almería. En Expo Agro 2012, Cadiatech presenta una clasificadora de tomate destinada al agricultor y adaptada a las necesidades y condiciones de los almacenes agrícolas.

   La característica principal de esta máquina clasificadora única en el mercado nacional e internacional es que se adapta a las necesidades del mediano y pequeño agricultor ya que hasta el momento se habían fabricado pensando en la estructura de un centro de manipulación o de grandes agricultores. El dispositivo es capaz de clasificar por calibre, peso, color y calidad externa permitiendo además la identificación única de las cajas y palets, agilizando el proceso de entrada de género en los centros de manipulación y facilitando la logística de las partidas.

   Además, Cadia se ha aliado con un experto en software agroalimentario para incorporarle un Sistema de Trazabilidad en Origen que permite gestionar la clasificación del género previamente a su llegada al centro de manipulación, reduciendo tiempos y costes de procesado y facilitando el cumplimiento de la normativa europea sobre tipificación del producto directamente en finca.

   Bio-Ilíberis R&D (Granada) tiene como misión principal el desarrollo de productos para sustituir compuestos químicos que en la actualidad contaminan el medio ambiente. Las aplicaciones de sus productos son amplías y cubren el mercado de tratamiento de aguas --para su descontaminación--, suelos incendiados y suelos contaminados --para agilizar su recuperación con medios biológicos--. Ha sido apoyada para su creación como empresa de base tecnológica y para la realización de proyectos de I+D+i.

   En cuanto a Semiotrap (Jaén), que también es considerada una EBT, produce tratamientos integrales para plagas usando feromonas, que se sintetizan internamente usando para su aplicación difusores diseñados específicamente para cada tipo de insecto. Se trata de dar un servicio integral al controlarse todo el proceso y garantizar un seguimiento de su efectividad.

   Por último, Innofood (Granada) también se ha beneficiado de incentivos del Gobierno andaluz para diferentes actuaciones empresariales relacionadas con el ámbito de la biotecnología --en el que desarrollan su actividad--. Entre su gama de productos y servicios, se encuentra el análisis de la seguridad de nuevos ingredientes y mezclas; el desarrollo y optimización de ingredientes o la valorización de subproductos.

IULV-CA orientará a sus bases a favor de un gobierno de coalición

SEVILLA.- Las direcciones de IULV-CA a nivel regional y provincial orientarán a la militancia a expresar en el referéndum convocado el próximo martes 24 su apoyo a la entrada de la federación de izquierdas en un gobierno de coalición con el PSOE-A en la nueva legislatura.

   Así lo ha expresado el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, en una rueda de prensa junto a seis de los ocho coordinadores provinciales de IULV-CA --a excepción de Almería y Jaén-- durante la que ha defendido que "con mando en plaza se ejecutan mejor las políticas" recogidas en el acuerdo político programático cerrado con el PSOE-A, cuyo contenido ha calificado con un "10".

   Pese a la insistencia de los periodistas, Valderas no ha querido entrar a valorar su posible entrada como vicepresidente en un futuro gobierno de coalición con el PSOE-A ni el número de consejerías al que aspiraría IULV-CA en caso de concretarse. "La Vicepresidencia del Gobierno son las más de 200 leyes y medidas del acuerdo programático. Si se cumplen qué falta hace Diego Valderas", ha subrayado.

   El líder de IULV-CA, que ha destacado la importancia de garantizar el desarrollo de esas políticas en el marco de los próximos cuatro años y ha anunciado que habrá una comisión "de seguimiento" sobre el acuerdo alcanzado, ha indicado también que la decisión de gobernar o no "no solo es de contenido político y programático, sino que para IULV-CA es una decisión política y estratégica".

   Tras considerar "encomiable y de gran altura política" el trabajo realizado por la comisión negociadora, el líder de IULV-CA ha dicho que el contrato programa con el que la federación se presentó a las pasadas autonómicas y que estaba firmado "ante notario" está recogido "al cien por cien" en el acuerdo programático alcanzado con el PSOE-A, que ha considerado "muy potente".

   La dirección de IULV-CA ha elaborado un documento resumen en el que se compara la propuesta de acuerdo programático con el contrato-programa de IULV-CA, un escrito que ha sido enviado a toda la militancia, con la intención de que sea tenido en cuenta a la hora de pronunciarse en el referéndum que se celebrará el próximo martes.

   Entre algunas de las medidas que se recogen en el contrato programa, Valderas ha destacado la "urgencia" de la modificación de los Presupuestos de 2012, de un plan de choque contra el desempleo, del aumento de la inversión en educación, de la puesta en marcha de la Renta Básica, de la paralización de los desahucios o de la modificación de la Ley Electoral de Andalucía, aunque esta última medida no será "inmediata", dado que no se aplicará hasta dentro de cuatro años.

   El coordinador general de IULV-CA ha hecho un llamamiento a la participación en el referéndum entre las bases, en el que se preguntará si se da la conformidad al acuerdo político-programático alcanzado en el trabajo de la comisión de diálogo y si para el desarrollo del contenido de dicho acuerdo se considera más adecuado formar parte del gobierno o un acuerdo de legislatura.

   Valderas, que ha asegurado que el referéndum será "riguroso, democrático, transparente, participativo, vinculante y libre", ha explicado que éste tendrá lugar entre las seis y las nueve de la tarde, pero que habrá algunos lugar que por condiciones particulares, como el caso de Sevilla, donde se celebra la Feria de Abril, pueda ampliarse el horario de cuatro a nueve.

   Aunque no ha querido garantizar que el resultado se vaya a dar a conocer esa misma noche, ha asegurado que se hará todo lo posible para contabilizar "en un tiempo récord". También ha dicho tener mucha confianza en todos los militantes en lo que se refiere a la limpieza del proceso. "No vamos a estar vigilantes en absoluto porque confiamos mucho en nuestra gente", ha apuntado Valderas.

   Preguntado sobre la fecha de la sesión de investidura, el líder de IULV-CA no ha querido decantarse por un día u otro, insistiendo en que "el primer reto" que tiene IULV-CA será el 24 de abril, fecha del referéndum entre las bases. "A esa cita vamos a llegar con lo mejor de nosotros, con una cohesión fuerte y lo que digan las bases será asumido", ha añadido Valderas.

   Sobre el llamamiento a la "insumisión" que realizan las asambleas del CUT-BAI, al no estar de acuerdo con la pregunta del referéndum, José Antonio Castro, miembro de la comisión política de negociación con el PSOE-A, ha pedido "coherencia" y ha advertido de que "el que quiera posicionarse que lo haga, pero que no intente impedir la participación democrática".

   Por su parte, José Mariscal, miembro de la comisión de diálogo de IULV-CA con las organizaciones sociales, ha explicado cómo será el procedimiento en torno al citado referéndum. Según ha apuntado, las direcciones locales deberán designar una mesa electoral formada por tres miembros elegidos por sorteo.

    Las direcciones locales tienen hasta las 15 horas de este viernes para solicitar la subsanación de errores a la dirección de IULV-CA, que enviará los censos definitivos antes de las 15 horas del lunes 23. Cada dirección local designará mediante sorteo una mesa electoral formada por tres afiliados miembros de la asamblea local.

   La mesa deberá velar por el correcto desarrollo de la jornada electoral y, al finalizar, levantará la correspondiente acta. Por acuerdo de la dirección provincial o andaluza a la Mesa podrá incorporarse un miembro de dichas direcciones, con el requisito de estar censado, que visará el desarrollo de la jornada y, en su caso, hará constar en el acta de la Mesa las incidencias que considere necesarias.

   Igualmente, las organizaciones políticas que conforman IULV-CA podrán designar de entre los censados, un apoderado en cada provincia y los interventores de mesa que estime. Los apoderados tendrán acceso a cuanta información soliciten sobre censo y local de celebración de las votaciones. Dichos miembros podrán ejercer el derecho a voto en la mesa en que ejerzan aun no estando de alta el la misma, no pudiendo hacerlo en la suya.

   Al objeto de facilitar la máxima participación, las direcciones provinciales pueden agrupar varias asambleas locales en un solo lugar de votación, dando, en tal caso, conocimiento a la dirección andaluza. Finalmente, las direcciones locales remitirán a las direcciones provinciales y la andaluza las actas electorales y la relación de votantes antes de las 12 horas del miércoles 25 de abril. Los votos emitidos permanecerán custodiados por la mesa electoral, en sobre cerrado y firmado, por un periodo mínimo de 10 días.

Según la consejera Montero, Andalucía no reducirá la cartera de servicios sanitarios

SEVILLA.-   La consejera andaluza de Salud en funciones, María Jesús Montero, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de "ocultar un progresivo desmantelamiento" del actual Estado del Bienestar, cuyos pilares se basan en el sostenimiento de la sanidad y la educación públicas vía impuestos, por un nuevo modelo de aseguramiento "al estilo estadounidense, basado en la beneficencia para aquellos que no se pueden pagar una sanidad pública, mientras que los demás lo hacen por un modelo de seguro, en el que el que más dinero tiene dispone de un seguro quer cubre más prestaciones que el que tienen menos dinero". 

   A preguntas de los periodistas en Sevilla tras informar sobre las donaciones y trasplantes de órganos registrados en el primer trimestre en la comunidad, un modelo del que también ha advertido "peligra" si continúan las actuales medidas impulsadas por el Gobierno de España, Montero ha acusado al Ejecutivo central de llevar a cabo una política "de menor transparencia y mayor ocultismo como no he visto nunca en la historia reciente de la democracia".

   Así, y tras volver a denunciar que en la reunión del miércoles en el seno del CISNS tuvieron que "tomar a mano" literalmente "las declaraciones de la ministra acerca de cuestiones como los tramos en los que se tenía que cambiar el copago en materia de medicamentos", ha alertado de que "la confusión" a la hora de trasladar los mensajes el departamento de Ana Mato "no se debe a un problema de comunicación, sino que esconde de forma deliberada la sustracción a los ciudadanos y las comunidades de informaciones importantes que caminan hacia un nuevo modelo de Estado".

   En este sentido, se ha quejado de la existencia de "epígrafes sobre ordenación de la cartera de servicios", en referencia a la partición en tres de la cartera de servicios --básica, complementaria y accesoria--, "en los que ya se plantea un ajuste de 4.000 millones de euros".

   "Ya trasladé que no sólo era importante ese importe de recorte, sino el lenguaje que se está aplicando, porque supone empezar con el desmantelamiento progresivo del SNS". En concreto, ha explicado  en la está "categorización" de cartera de servicios en estos tres grupos "o cajones" subyace el hecho de que "o bien algunos de esos cajones que son prestaciones se quedarán en el olvido o bien nos dirán que son prestaciones que no nos podemos permitir, lo que es una forma de decir que se produce un recorte de prestaciones", en clara referencia a la cartera designada como accesoria.

   "La letra pequeña, que ya es grande; y lo que no se puede decir es que por nombrar de forma distinta la cartera de servicios se va a ahorrar 4.000 millones de euros", ha hecho hincapié Montero, qjuien todo ello son "mensajes futuro que nos están trasladando del tipo: la cartera accesoria se prescinde de ella y la complementaria se pagarán en tal proporción por parte de los ciudadanos".

   Así, ha defendido que "no es casual" el que en la cartera complementaria "se haya metido el asiento de la farmacia, que ya tiene copago, con otras prestaciones que no tienen aún copago".

   "Anticipo que todo apunta a que en el futuro el Gobierno nos diga, pues como ya ocurre con farmacia, todas las prestaciones que están en la cartera complementaria serán abonadas en parte por los ciudadanos", ha vaticinado Montero, quien se ha quejado de que esta agenda "oculta" no la planteó el actual Gobierno en su programa electoral.

   Por todo ello, ha reiterado que el presidente del Gobierno de emprender una política con la que "está tirando la toalla" en la defensa del Estado del Bienestar para encaminarse "a un modelo social de España distinto al que en su momento se consensuó en el marco constitucional".

   "Se está poniendo los primeros mimbres para desarrollar un nuevo modelo de protección social, que nada tiene que ver con el que hemos conocido, y que no es otro que un sistema de aseguramiento o los sistema de cotizaciones de los seguros sociales, con la cohartada a su vez de la beneficencia", ha proseguido Montero, para quien ese nuevo modelo se parece más al nortemaricano "en el que el estado protege a aquellos que no tienen ningún tipo de recursos, mientras que los demás lo hacen por aseguramiento".

   Este hecho, ha agregado, "penaliza a las clases media, que son medias justamente porque tienen sanidad y educación públicas. Por tanto, si empezamos a cobrarles a los ciudadanos por esos servicios cabe el riesgo de que desaparezca la clase media y se generaría más paro".

   En cuanto a los ámbitos competenciales, ha recordado que el de poner el precio del medicamento o establecer un sistema de copago es potestad del Estado, "por lo que no nos podemos declararnos insumisos", si bien en cartera de servicios "tenemos potestades plenas".

   "Esto significa que en Andalucía hay capacidad para desarrollar prestaciones que no están en la cartera de servicios actual. Por tanto, si en el día de hoy conocemos alguna propuesta que vaya en la línea de reducción de las prestaciomes de la cartera de servicios, en nuestra comunidad no disminuiremos esa cartera", ha avisado, en clara alusión a lo que se decida en el Consejo de Ministros.

   Finalmente, ha vuelto a defender la subasta pública de medicamentos, un sistema que "si se pusiese en marcha en el conjunto del país se podría ahorrar unos 1.500 millones de euros, sin tocar el bolsillo de los ciudadanos".

   "Éste es un elemento novedoso, sobre todo, en aquellos medicamentos en los que ya ha caducado su perídodo de patente. Con ello, se podría poner a competir a las industria farmacéuticas en este tipo de moléculas que ya tienen genérico y no están bajo patente", ha zanjado.

La Junta presentará su plan de ajuste en plazo

SEVILLA.- La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado que la Junta presentará el plan de ajuste demandado por el Gobierno central "en el plazo establecido, antes del 30 de abril" y ha criticado que el Gobierno "quiere generar confusión entre diferentes documentos", por lo que ha pedido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que "deje de poner a Andalucía en el centro de ninguna polémica".

   La consejera ha indicado a los periodistas que esta semana, el pasado 18 de abril, la Junta ha recibido "por correo electrónico" la documentación del Ministerio sobre el plan de ajuste, "con la maqueta de las fichas que tenemos que rellenar sobre el plan", y ha asegurado al respecto que "se rellenarán antes de la fecha límite, que es el 30 de abril; lo remitiremos razonablemente, en esa fecha".

   Por ello, la consejera ha negado que se haya presentado y se haya rechazado por el Gobierno dicho plan de ajuste, ya que, según indica "difícilmente se puede rechazar algo que todavía no se ha presentado ni enviado".

   Ante esto, Martínez Aguayo ha criticado que el Gobierno central "quiere generar confusión con diferentes documentos se tienen que enviar por diferentes causas", de forma que considera que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "está actuando con cierta tendenciosidad con Andalucía, por decirlo suavemente, estableciendo confusión entre diferentes documentos que sirven a diferentes fines".

   Tras reiterar que el documento del plan de ajuste "tiene como fecha límite de presentación el 30 de abril y la documentación que debemos rellenar nos la han entregado el 18 de abril", la consejera ha indicado que en este momento los técnicos de la Consejería está estudiando las fichas remitidas y apunta que "hay tiempo para hacer las cosas que tenemos obligación de hacer, rellenando las fichas remitidas; cumpliremos con nuestras obligaciones, como siempre hemos hecho".

   Martínez Aguayo ha pedido al Ministerio que "por favor deje de poner a Andalucía en el centro de ninguna polémica", ya que "Andalucía no quiere ninguna polémica, sino cumplir con sus obligaciones y contribuir al crédito de España en los mercados internacionales".

   "Somos siempre respetuosos con toda la documentación que hay que enviar de acuerdo a las diferentes leyes están en vigor", ha aseverado la consejera, quien muestra su "plena lealtad" y ha asegurado que la Junta "sí que sigue trabajando para cumplir con nuestras obligaciones y trabajar por que el crédito de España en los mercados internacionales no se vea lesionado y eso es lo más importante que tenemos que hacer todos; trabajar por ganar prestigio como país".

   Por otro lado, preguntada por el incremento de las tasas universitarias, la consejera ha indicado que "es muy difícil opinar sobre cosas que no tenemos por escrito" y ha explicado que "habrá que ver la normativa básica del Estado, ya veremos qué dice el decreto ley que este viernes se aprueba".

El Gobierno recurre ante el TC las oposiciones a Secundaria en Andalucía

MADRID.- El Gobierno central ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de 2.389 plazas docentes en Educación Secundaria realizada por el Gobierno andaluz, lo que dejará en suspenso la orden de la Consejería de Educación.

   El Ejecutivo ha decidido así impugnar la convocatoria presentando un conflicto positivo de competencias, cuando apenas faltan dos días para que concluya el plazo límite para el recurso, el 22 de abril, justo dos meses después de que se publicara en BOJA esta convocatoria docente.

   Según consta en las referencias hechas públicas tras el Consejo de Ministros, el número de plazas convocadas "contraviene" las limitaciones que, con carácter básico, y por tanto vinculantes para las Comunidades Autónomas, estableció el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011, al prohibir la incorporación de nuevo personal, salvo excepciones en servicios esenciales, y la posibilidad de incorporar personal docente, al fijar en un 10 por ciento la tasa de reposición de efectivos en el sector educativo.

   Así, subrayan que este Real Decreto Ley fijó nuevos límites básicos para el año 2012 en materia de Oferta de Empleo Público, por lo que cualquier convocatoria autonómica anterior queda desplazada y, para no extralimitarse, debe ajustarse al nuevo marco, "lo que no ha ocurrido con la convocatoria andaluza de profesores".

   La impugnación cuenta con un dictamen favorable del Consejo de Estado del 12 de abril, en el que se establece que la Orden autonómica "no respeta los límites impuestos en el Real Decreto 20/2011 para la Oferta de Empleo Público para 2012, al establecerse una tasa de reposición del 30 por 100 de efectivos". Por ello, el Consejo de Estado concluye que la Orden andaluza "adolece de inconstitucionalidad al ignorar la legislación básica aplicable a todas las Administraciones públicas para el citado ejercicio".

   El Gobierno andaluz convocó 2.389 plazas, de las cuales 1.752 se ofertaron como "consolidación de empleo" al amparo del Estatuto Básico del Empleado y las 637 restantes como resultado de la aplicación de una tasa de reposición cercana al 30 por ciento, tal y como recogía la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, la vigente cuando el Gobierno andaluz aprobó dicha oferta de puestos docentes el pasado 27 de diciembre, tres días antes de la aprobación del Decreto Ley de "medidas urgentes" que rebajaba al diez por ciento esta tasa.

   Desde que se supo de esta bajada de la tasa de reposición para el cuerpo de profesores, el cruce de declaraciones entre el Gobierno central y andaluz a cuenta de las oposiciones ha sido continuo. Sin embargo, el momento más tenso se vivió cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió cambiar los temarios previstos para este 2012 y restauró, en su gran mayoría, los de 1993. Una decisión que no gustó a la Administración andaluza al entender que era una manera de presionarla para que, como hicieron otras comunidades autónomas, desistiera en su deseo de convocar oferta de empleo público docente.

   En los últimos meses, el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Educación andaluza iniciaron camino de "diálogo" del que no trascendieron muchos detalles más que algunos encuentros para analizar el estudio y las peticiones de la Administración autonómica y los sindicatos para que el Gobierno central aclarase qué iba a hacer con las oposiciones y así evitar incertidumbre a los opositores.

Las televisiones autonómicas deberán evitar el déficit si se las quedan los gobiernos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un proyecto de ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".

Así ha resumido la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el texto que el Ejecutivo remite ahora a las Cortes Generales con la intención de que se tramite por vía de urgencia. Según ha explicado, el Ejecutivo responde así a la petición que habían realizado "muchos" gobiernos autonómicos "ante las dificultades por las que atraviesan esos servicios de televisión".

La vicepresidenta ha subrayado que la intención del Gobierno es "ampliar la capacidad de las Comunidades Autónomas para decidir cómo se presta la actividad de televisión autonómica" y dotar además estos servicios de "mayor eficacia y eficiencia".

La reforma abre la puerta también a que las Comunidades Autónomas que decidan dejar de tener una televisión autonómica pública puedan sacar a concurso las correspondientes licencias audiovisuales, según ha avanzado Sáenz de Santamaría.

En caso de que, "como consecuencia de su normativa o de una decisión de esa Comunidad Autónoma" deciden prestar el servicio público de televisión autonómica podrán hacerlo de una manera directa, como hasta ahora obligaba la ley, con sus propios medios humanos o materiales, u optar por "fórmulas de gestión indirecta", una opción que 'de facto' ya aplicaban algunas comunidades.

En cualquier caso, la Comunidades Autónomas que decidan quedarse con las televisiones autonómicas tendrán que cumplir los mismos "principios de estabilidad presupuestaria" que el conjunto de las administraciones territoriales tienen que cumplir como consecuencia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. "No se permitirán desequilibrios en los presupuestos, ni en los gastos ni en ingresos", ha subrayado.

Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto --con la compensación de los ingresos publicitarios-- para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior , según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).

El Gobierno cambia la Ley para evitar que los extranjeros vengan a España a recibir asistencia sanitaria

MADRID.- La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno español va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria.

   En este sentido, ha explicado que se clarificarán trámites para que el empadronamiento no sea el único "requisito" para recibir asistencia sanitaria. Así, se van a establecer unos requerimientos de modo que, se va a tener en cuenta, "las personas que de verdad viven en España".

   Mato ha justificado esta medida señalando "había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".

  "Es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en este campo", por ello la titular de Sanidad ha explicado que el Gobierno, además de modificar la Ley, va a revisar también los convenios con algunos países, ya que "mucho no reintegran el dinero que deben por la asistencia sanitaria".

   Teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, con los datos corresponde a datos del 2009, cifra en más de 700.000 personas las que están utilizando los servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917 millones de euros.

   Pero, ha recordado Mato que este dato no esta completo si se tiene en cuenta que "hay muchos extranjeros que nos son comunitarios, que no están recogidos en el informe del Tribunal de Cuentas, porque tampoco están sujetos a convenios internacionales entre países, que también están utilizando inadecuadamente o sin derechos nuestros servicios sanitarios".

   Así, a partir de ahora, a la hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos, "los mismo que tienen los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria", ha explicado; es decir, se tendrá en cuenta las personas que "de verdad", ha recalcado, viven en España; y los que tienen residencia fiscal en España, "trabajan como nosotros y pagan sus impuestos".

   Además se incluirá el Artículo 7 de la directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.

   La directiva ya está incorporada al derecho español, "lo sorprendente es que se incorporo completa salvo este articulo que es el que prohíbe expresamente desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria. "Por ese motivo muchas personas se han desplazado a nuestro país ha hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como turismo sanitario", ha añadido.

   El ahorro que el Gobierno espera conseguir son unos 1.500 millones de euros, que se conseguirían de los casi 1.000 millones de euros que cuesta la asistencia sanitaria a los europeos y, aproximadamente, otros 500 millones de euros que es el gasto que supone la asistencia sanitaria a los a inmigrantes que traen a familiares sin derecho a prestación.

   A su juicio, "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países". Y, precisamente, este es el motivo que hace que esta media sea "imprescindible".

  Toda personas que no cumpla estos requisitos, "tendrá derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus países", aunque, ha querido dejar claro que no se le negará la asistencia sanitaria básica, porque "todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria básica en España".

   El artículo 12 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, modificada en el año 2009, reconoce que "los extranjeros empadronados en el municipio en el que tengan su domicilio habitual" tienen derecho a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".

   Con todo, sin necesidad de estar empadronados, tienen derecho a la "asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica". Asimismo, se reconoce el derecho de las embarazadas extranjeras a recibir asistencia durante la gestación, el parto y el posparto.

   El mismo artículo recoge el derecho de los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".

    De este modo, con la reforma se pretende garantizar la universalidad de la sanidad y, al mismo tiempo, pone fin a los abusos en las prestaciones sanitarias y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud". Para ello, se adapta de forma correcta la normativa europea, que permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria.

Según el PSOE, "no hay nada cerrado" en su negociación con IU en Andalucía

HUELVA.- El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha asegurado este viernes que "no hay absolutamente nada cerrado" respecto a las negociaciones con IULV-CA en cuanto al futuro Gobierno andaluz, entre otras cosas porque, según ha señalado Jiménez, no se sabe "si va haber un gobierno de coalición o que solamente sea del PSOE".

   En rueda de prensa en Huelva, Jiménez ha insistido en que a partir del próximo martes cuando IULV-CA resuelva el referéndum y se vea clara la posición de IU, si van a un pacto de legislatura o un pacto de gobierno, se sentarán. Así, ha añadido que "todo los demás son especulaciones y rumorología".

   "Hemos querido hacer negociación respetuosa y transparente y que se corresponda con la realidad", según ha enfatizado Mario Jiménez, a la par que ha insistido en que "lo primero era el acuerdo por Andalucía, que ya ha sido publicado" y a partir del martes, "nos sentaremos con claridad" para preparar la investidura.

   En esta línea, ha asegurado que la negociación está pendiente del referéndum que va a realizar IULV-CA, a lo que ha añadido que, a partir de esta fecha y en función de este referéndum, "el documento de acuerdo por Andalucía se convertirá en una base para un pacto de gobernabilidad de nuestra tierra para los próximos cuatro años o se convertirá en un pacto de gobierno".

   Jiménez ha remarcado que esta cuestión es "lo importante" para plantear una alternativa posible desde la izquierda "a lo que están siendo estas medidas inhumanas" que se han puesto en marcha desde el Gobierno central.

   Preguntado por la sorpresa que ha supuesto que IU no presida el Parlamento, Jiménez ha hecho hincapié en que "ha sorprendido porque alguien lo anticipó, al igual que ha sorprendido que el PP no arrasara y sacara 100 escaños en las elecciones como dijeron algunos medios de comunicación y se equivocaron".

Hacienda dice que cualquier CCAA puede ser intervenida de forma "inmediata"

MADRID.- La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha asegurado que cualquier comunidad autónoma puede verse sometida a una intervención "inmediata" si se dan las condiciones necesarias para que esto ocurra.

   Así lo ha señalado Currás en declaraciones a los medios tras participar en una jornada sobre la estabilidad presupuestaria organizada por la Embajada de Suiza en España y el Real Instituto Elcano, donde no ha querido precisar si el Gobierno tiene ya en mente a algún territorio concreto.

   La secretaria de Estado ha explicado que será en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará en la primera quincena de mayo, el órgano que analizará los planes de reequilibrio de las comunidades y que podrá activar los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad.

   En este sentido, ha confiado en que la Ley ya esté plenamente en vigor en ese momento, tras su paso por el Senado la semana que viene, de forma que se puedan aplicar "todos y cada uno" de los mecanismos para proceder "contundentemente" en esta materia.

   Currás ha admitido que el Gobierno puede haber rechazado ya algunos de los planes de reequilibrio presentados por las comunidades, aunque no ha querido especificar cuáles y se ha limitado a explicar que no se trata de un rechazo en sí, sino que forma parte del procedimiento para consensuar dichos planes.

   En cualquier caso, ha afirmado que todas las comunidades autónomas están recibiendo sugerencias y recomendaciones, que además suelen ser bien recibidas por los diferentes territorios. "Cualquier recomendación de la Secretaría de Estado de Hacienda es bien aceptada por las comunidades", ha dicho.

   Durante su participación en las jornadas, Currás ha repasado las líneas principales de la Ley de Estabilidad, que no puede ser otra cosa que "la hoja de ruta" que debe guiar a todas las administraciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados.

   A su parecer, la norma permitirá a las administraciones cumplir "sin fisuras y devaneos", y ayudará así a superar la crisis que atraviesa la economía española y a recuperar la confianza, algo necesario, aunque suponga asumir algunos "sacrificios" a corto plazo. "Vale la pena", ha dicho.

   Según Currás, el Gobierno aspira a que la Ley de Estabilidad imponga "comportamiento constante" en todas las administraciones, ya que se basa en la estabilidad, la plurianualidad, la transparencia, la eficiencia en la asignación de recursos, la responsabilidad y la corresponsabilidad. "El Gobierno tiene el firme compromiso de cumplir (la ley)", ha aseverado.

Manuel Gracia prevé que el debate de investidura se celebre entre 7 y 12 días en el Parlamento Andaluz

SEVILLA.- El nuevo presidente del Parlamento andaluz, el socialista Manuel Gracia, prevé que el debate de investidura para elegir al nuevo presidente de la Junta se celebre en un plazo de entre siete y doce días y ha asegurado que "la situación no recomienda agotar los plazos" que fija el Reglamento de la Cámara, un máximo de 15 días.

   En una entrevista en Canal Sur Radio, Gracia ha explicado que, tras su elección como presidente del Parlamento con los votos de PSOE-A e IULV-CA y el voto en blanco del PP-A, le corresponde "abrir la ronda de consultas" con los portavoces de los grupos parlamentarios para designar candidato a la Presidencia de la Junta, pero ha recordado que para ello "se tienen que constituir formalmente" los grupos parlamentarios, para lo que disponen de un "plazo de cinco días".

   "A partir de ahí abordaré la ronda de consultas con los portavoces y después haré la propuesta de convocatoria del debate de investidura y de candidato a la Presidencia de la Junta, estaremos hablando de entre siete y ocho días o de diez y doce días", ha añadido el recién elegido presidente del Parlamento, que se ha mostrado partidario de completar este trámite "cuanto antes porque la situación en la que estamos no recomienda agotar plazos".

   En este sentido, Gracia ha recordado que, además de la constitución formal de los grupos, tendrá que esperar para la ronda de consultas a que "estén en condición de pronunciarse todos los portavoces, especialmente en el caso de IULV-CA, que está pendiente de su procedimiento interno para aprobar o no el acuerdo político con el PSOE-A".

   Preguntado por las expectativas con que afronta su nueva responsabilidad, Gracia ha valorado que todos los grupos han recibido "con cierta tranquilidad" su designación ante una "legislatura difícil" porque percibe confianza en que "aporte un clima de serenidad y estabilidad en la vida parlamentaria que puede venir muy bien en una legislatura complicada por muchas otras cosas".

   El presidente del Parlamento andaluz no ha entrado a valorar su designación 'in extremis' después de que durante la negociación entre PSOE-A e IULV-CA se diese por sentado que la Presidencia de la Cámara recaería en un diputado de la federación de izquierdas. "Ni he estado en el interior de la negociación ni lo he preguntado", ha señalado.

   Por último, Gracia ha reiterado la disposición que mostró durante su discurso para realizar "todas las mejoras posibles en el Reglamento y el funcionamiento ordinario de la Cámara para conectar con la ciudadanía", siempre "a iniciativa de los grupos parlamentarios".