martes, 13 de noviembre de 2012

El Supremo niega indemnización a la promotora del hotel del Algarrobico

ALMERÍA.- El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un incidente de nulidad promovido por la empresa promotora del hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, y ha rechazado que tenga derecho a percibir indemnización por parte de la administración en caso de derribo al considerar que Azata tenía el "deber jurídico" de adaptar el proyecto a la Ley de Costas, que estipulaba una servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre de 100 metros.

   El Alto Tribunal, en una providencia, confirma que no existe responsabilidad patrimonial por parte de la Dirección General de Costas al tiempo que desvincula el perjuicio que la mercantil alega haber sufrido de la "actuación descuidada" del Estado al no haber promovido la revisión del Plan Parcial del sector ST-1 donde se asienta el inmueble y haber informado favorablemente la aprobación de la norma urbanística de Carboneras que calificaba el paraje como suelo urbanizable.
   Sostiene el Supremo en su resolución, contra la que no cabe recurso, que el daño que argumenta Azata es una "cuestión completamente independiente" de la "incuria" que si le reconoce a la administración general del Estado y confirma, de este modo, la sentencia dictada el 18 de julio por la que dictaminaba que el hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones viola la Ley de Costas al invadir parcialmente los 10 metros de servidumbre del dominio marítimo-terrestre.
   La promotora del hotel presentó un incidente de nulidad contra el citado fallo al estimar que contradecía en sus pronunciamientos sobre la responsabilidad patrimonial del Estado a la sentencia previa de la misma sala y sección, fechada en marzo, por la que se ratificaba una resolución de la Audiencia Nacional (AN) que también declaraba la ilegalidad del hotel por contravenir la Ley de Costas.
   En sentencia de julio, en la que Azata ve vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el Supremo argumenta que la mercantil "como propietaria del suelo" tenía el "deber jurídico" de adaptar el proyecto, que situó el hotel a 50 metros de la línea litoral, a la Ley de Costas mientras que en su sentencia de marzo atribuía a la administración estatal "desatención o incuria" a la hora de actuar para asegurar la aplicación de la mencionada ley.
   El TS concluye, en la providencia dictada el pasado día 2, que la resolución impugnada expresa "con toda claridad" que la causa "determinante" del perjuicio que esgrime la promotora es que "no efectuó reclamación previa en vía administrativa" y no cumplió su "deber jurídico", por lo que no se contravino el principio de confianza legítima ya que el deslinde de 20 metros no estaba aprobado definitivamente cuando se empezó el proyecto.
   La misma sala ya calificó de "cálculos precipitados" los que hizo Azata para levantar el hotel y consideró que "se precipitó" a adquirir suelo sujeto a un procedimiento de deslinde provisional y "más aún" al obtener licencias y permisos para acometer su construcción.
   Indicó, asimismo, que para corregir esta actuación, en alusión a la construcción del hotel, "no es necesario más que aplicar las medidas de disciplina urbanística establecidas en el artículo 38.1 del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio a las que remitía el PORN del 1994 y todo ello sin perjuicio del ejercicio de la competencia sancionadora de la administración". Este artículo estipula que las edificaciones contrarias al planeamiento deben ser demolidas sin indemnización.

Cajamar Caja Rural prevé cerrar con 30 millones de beneficio tras el "rescate" de la valenciana Ruralcaja

ALMERÍA.- El presidente de Cajamar Caja Rural, Juan de la Cruz Cárdenas, ha avanzado que la primera cooperativa de crédito va a cerrar el presente ejercicio con un beneficio bruto de alrededor de 30 millones de euros tras el proceso de fusión con Ruralcaja, que, según ha subrayado, se ha tornado en un "rescate" de la entidad valenciana a la que han "debilitado sustancialmente" los tres últimos decretos-ley del Gobierno de Mariano Rajoy para acometer la reestructuración del sistema financiero.

   En un encuentro informativo celebrado este martes tras la configuración del nuevo consejo rector de la caja, Cárdenas ha explicado que la "renuncia responsable" de los seis consejeros de Ruralcaja da una "solución ética y estética" a la modificación de las condiciones en las que se negoció la fusión y que han obligado a convertirlo en un rescate para evitar que los socios de Cajamar "se pudieran ver perjudicados".
   "Cuando cayó el tercer 'decreto Guindos' fue excesivo para Ruralcaja y en ese momento se vio que no podía ser que la sociedad que superaba el corte tuviese que hacer sacrificios directos para sacar adelante a la otra", ha añadido para, a continuación, resaltar que la decisión de la renuncia de los consejeros de la entidad valenciana se produjo "sin resistencia" y como consecuencia de "un diálogo abierto, sincero, serio y prudente".
   Al hilo de esto, ha indicado que Cajamar Caja Rural nace "sana" con las provisiones para este año "totalmente cubiertas" y un nivel de dotación que da una cobertura del 70 por ciento de la morosidad, lo que, según ha augurado, permitirá en próximos ejercicios "seguir haciendo dotaciones en una dinámica absolutamente normal, como se ha hecho toda la vida, y no para regularizar situaciones". La previsión de la nueva entidad es cerrar en 2013 con unos beneficios de 260 millones de euros, que se elevarían a 270 en 2014.
   Cárdenas, con 43 años de trayectoria profesional en la entidad almeriense, ha remarcado que Cajamar Caja Rural alcanza con este proceso "casi el 50 por ciento de la cuota de negocio" de las cajas rurales, lo que da a la entidad "un posicionamiento estratégico muy importante y bastante interesante" al tiempo que ha considerado que la convierte en "referencia". "No se podrá hacer un movimiento de integración en el sector sin contar con nosotros", ha apuntillado.
   Al hilo de esto, e interpelado por el futuro de las cajas rurales, ha trasladado que el deseo de Cajamar Caja Rural pasa por que, a medio plazo, convergiesen "todas en una". Si bien ha señalado que, en la actualidad, "son una familia mal avenida, enfrentados entre si", ha expresado la disposición de la entidad para alcanzar el "ideal de que todas pudiéramos estar bajo un paraguas común, consolidándonos como unidad".
   "Siempre hemos estado abiertos al diálogo con aquellas entidades que entiendan que somos un referente válido", ha subrayado para, a continuación, indicar que la entidad reclama "una cuota de poder correspondiente al 50 por ciento de cuota de mercado".
   Ha remarcado que las "40 cajas rurales que siguen quedando sueltas" se integran en una "mera asociación que no tiene proyecto de integración" y ha considerado que la "asignatura pendiente" de este colectivo "es la eficiencia", un objetivo, según ha añadido, que facilita "muchísimo el tamaño".
   En este contexto, a su juicio, las cajas rurales han sobrevivido al "tsunami financiero" debido al su grado de capitalización y solvencia "muy alta" con respecto a la de sus competidores, las cajas de ahorro. "El cambio en el esquema financiero nacional ha sido brutal y van a quedar pocas entidades vivas aunque mucho más fuertes, por lo que la competencia será más bravía", ha advertido.
   Cárdenas ha analizado las consecuencias estratégicas de la anexión de Ruralcaja y ha apuntado que posiciona "mejor" a Cajamar Caja Rural en el mercado local del "ahorrador individual, del pequeño ahorrador y de las pymes" en un "mercado más abierto". Al tiempo, ha defendido que en su expansión la entidad ha demostrado "la voluntad y la calidad en el servicio". "Las fronteras funcionan para la administración --ha ahondado-- pero no son válidas para el sistema financiero".
   En esta línea, ha trasladado que el "campo y el sector agroalimentario" seguirá siendo de "atención prioritaria" no solo "por convicción", según ha apuntillado, "sino como negocio". "Vamos a quedar pocas entidades para competir en el mismo mercado, tenemos que distinguirnos y aspiramos, dentro de esa especificidad, a ser referente nacional en este sector". Para el presidente de Cajamar, en la agricultura "no hay burbuja y sí una tendencia sostenida y de poder competitivo en el mercado si es capaz de superar el relativo estancamiento en la comercialización y la generación de más valor añadido".
   Cárdenas ha hecho referencia, asimismo, al plan de empleo que acompaña a la anexión de Ruralcaja y que afecta a unos 500 trabajadores. Según ha explicado, el citado plan, pactado aunque no firmado a la espera de definir legalmente la entidad, prevé prejubilaciones y la movilidad geográfica de empleados "jóvenes y con menos compromisos familiares" para cubrir aquellas zonas donde las prejubilaciones no solucionan los "excedentes de plantilla".
   El nuevo consejo rector de Cajamar Caja Rural está encabezado desde el lunes por el presidente Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, el vicepresidente primero y consejero delegado, Manuel Yebra Sola, el vicepresidente segundo, Antonio Luque Luque, el vicepresidente tercero, Francisco Lorente Brox, y el secretario, Pascual Candel Martínez. Los demás miembros son Jerónimo Molina Herrera, Carlos Pedro de la Higuera Pérez, Francisco Góngora Cañizares, Luis Robledo Grau, María Gádor Villalobos Mejía, Juan Carlos Rico Mateo, Francisco Martínez-Cosentino Justo, Francisco Javier Ramírez Arceo, Maria Luisa Trinidad García, Joan Bautista Mir Piqueras y el consejero laboral propuesto por los empleados Rodrigo Muñoz Rodríguez.
    La entidad constituida como resultado de la fusión entre Cajamar Caja Rural y Ruralcaja es la primera caja rural española y la primera cooperativa de crédito española, con más de un millón de socios y tres millones cuatrocientos mil clientes, según informa Cajamar. Cuenta con un volumen de negocio gestionado total que supera los 70.000 millones de euros y activos por importe de 42.000 millones de euros. El coeficiente de solvencia, a 30 de septiembre, se sitúa en el 11,9 por ciento.
   Incorpora el legado histórico de las entidades resultantes de anteriores procesos de fusión con Cajamar Caja Rural y Ruralcaja de cajas rurales de Andalucía (Almería y Málaga en 2000), Murcia (Campo de Cartagena en 1989), Madrid (Grumeco en 2000), Castilla y León (Caja Rural del Duero en 2007), Baleares (Caixa Rural de Baleares en 2010) y de la Comunidad Valenciana (Caja Rural de Valencia, Caja Rural Credicopp y Caja Rural de Alicante en 2002, Caja Rural de Elche en 2003, CajaCampo en 2011 y Caja Rural Castellón en 2012).
   Asimismo, el nuevo Grupo Cajas Rurales Unidas suma 22 entidades, con unos activos totales medios superiores a 45.000 millones de euros, 1.700 oficinas y 7.000 empleados. Representan el 50 por ciento del negocio total y los activos totales del sector de las cajas rurales españolas, una de cada tres oficinas y uno de cada tres empleados. Está presente en 41 provincias de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y Región de Murcia, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El Parlamento fija una alianza con las 10 universidades públicas andaluzas en busca de "nuevas ideas" para la crisis

MÁLAGA.- El presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, se ha reunido este martes con rectores y vicerrectores de las 10 universidades públicas andaluzas para establecer una alianza estratégica entre la Cámara autonómica y estas instituciones académicas con la que producir "nuevas ideas que sean útiles en estos tiempos de crisis y contribuyan a superar la situación económica internacional".

   Durante este encuentro, se ha firmado un protocolo de colaboración entre la institución andaluza y las universidades públicas de la región a través del que se acuerda la elaboración de un convenio marco para promover el máximo número de actuaciones que tengan como finalidad la aportación cualitativa, proactiva y eficaz al debate público de elementos dirigidos a superar la actual situación.
   Esta firma se ha producido este martes en el Rectorado de Universidad de Málaga (UMA), un acto en el que también han estado presentes la rectora malagueña y presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, y el responsable de la Universidad de Córdoba (UCO) y también presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), José Manuel Roldán.
   La colaboración continuada entre las instituciones se plasmará en la celebración de encuentros, jornadas, publicaciones, prácticas y estudios que promuevan la generación de ideas, la innovación y el emprendimiento en el seno de la población andaluza para el aprovechamiento y la potenciación del patrimonio humano y social de Andalucía.
   Gracia ha señalado que este convenio se realiza "por la urgencia y la dimensión de la situación que nos afecta, se hace preciso fomentar reflexiones, ideas y propuestas de carácter académico, político, económico y social que puedan enriquecer el diseño de soluciones para los grandes desafíos a los que nos enfrentamos".
   También ha explicado que esta iniciativa persigue la confluencia de la actividad de la institución legislativa y la de los núcleos universitarios, puesto que se antoja "imprescindible" para "configurar nuevas herramientas al servicio de la que queremos que sea una sociedad solidaria, equilibrada y con proyección de futuro". Asimismo, ha incidido en que ambas partes pueden aportar mucho para abordar con éxito los problemas y necesidades de las personas.
   Por su parte, De la Calle ha agradecido que la UMA haya sido el escenario elegido para iniciar esta andadura entre las universidades y el Parlamento de Andalucía. "Es en las universidades donde reside el conocimiento y el talento necesario hoy más que nunca para salir de crisis", ha manifestado.
   Asimismo, la rectora de la UMA ha recordado que "es responsabilidad de todos devolver la ilusión a la sociedad y, para ello, el trabajo conjunto es la mejor iniciativa".
   Por último, el presidente de la AUPA ha declarado que "unificar el pensamiento y el espíritu crítico universitario con el pueblo andaluz, representado en su Parlamento, es, sin duda, una gran plataforma para pensar y hacer propuestas que mejoren la situación crítica en la que estamos".

PSOE Almería: más de lo mismo / Pepe Fernández

Muchos amigos suelen preguntarme el motivo de mi reiterado interés periodístico por todo lo que sucede en la Almería política y económica. La respuesta es bien sencilla: aquella entrañable y acogedora provincia andaluza, ha sido convertida por la política en las últimas décadas en una especie de laboratorio de la omertá – ley del silencio- donde, difícilmente, se hallarán grandes disensiones o denuncias entre los dos grandes partidos y entre quienes les rodean o manejan desde las sombras político-económicas de la provincia.
Eso es lo llamativo en una tierra acogedora y hospitalaria donde, miles de honrados ciudadanos, han sido capaces con su trabajo diario cambiar el PIB de una desértica y finalmente productiva Almería. Y donde, además, la clase política dirigente vive instalada en la corrupción política y económica más vergonzante, campando por sus respetos y sin el más mínimo pudor en la mayoría de ocasiones.
La política de no agresión entre el PSOE y el PP, que debilita los pilares del sistema democrático de partidos, se institucionalizó hace bastantes años, cuando dirigía los destinos socialistas de la provincia Martin Soler, con un Gabriel Amat al frente del PP que felizmente sobrevive hoy a todos los cambios climáticos.
Las broncas entre socialistas y populares en estos años se han limitado a cuestiones menores, políticas del día a día, todo ello en un clima de leal oposición y siempre políticamente correcta.
Llegó en 2009 la Operación Poniente, extrañamente paralizada a día de hoy en un juzgado de Almería, y apartó de la circulación política al sector más duro de la derecha del PP; fue Juan Enciso y los suyos, los que acabaron fundando el PAL y con algunos compinches en la cárcel, entre ellos el propio Enciso. Aquella operación judicial, impulsada desde la Fiscalía Superior de Granada y desde la Fiscalía Anticorrupción, quedó inconclusa tras abandonar el juzgado nº 2 de Almería la magistrada Montserrat Peña. A su marcha, el voluminoso sumario y piezas separadas de la OP, quedó sumido en el olvido más desesperante. Especialmente para los casi 70 imputados en la causa y con casi 500 millones públicos desaparecidos, solo de las arcas del ayuntamiento de El Ejido. 
Para algunos juristas, conocedores de las tripas del sumario, de haber continuado la investigación al mismo ritmo que se llevó con la anterior jueza, es muy posible que se hubiesen traspasados los límites geográficos, económicos y políticos de El Ejido para entrar en Roquetas, camino de Almería. (Que entre los imputados esté el dueño de la empresa que recauda los impuestos de los almerienses, conduce necesariamente a pensar que la trama descubierta pasa o acaba en la capital.)
Lo cierto es que, habiendo estallado una gran bomba de corrupción en la derecha con la OP, con dirigentes políticos de por medio que un día lo fueron del PP, el PSOE guardó silencio y nunca se aprovechó de la debilidad muy notable de su gran adversario en el eterno bipartidismo almeriense. Para nada comparable la actitud socialista con la capacidad de presión y desgaste que hace actualmente el PP con el caso EREs frente a Griñán en Sevilla. Claro que entonces, 2008, el PSOE-A antepuso a los intereses generales un pacto vergonzante, bajo la mesa, con la extrema derecha del PAL para dirigir en la sombra durante años la Diputación Provincial. Pacto, por cierto, que bendijo urbi et orbe el mismísimo Manuel Chaves González, como presidente de la Junta y SG del PSOE-A en una de sus muchas visitas a Almería.
Y así iba a transcurrir la hoja de ruta política de los dirigentes almerienses de la derecha y de la izquierda, practicando al unísono el consabido vamos a llevarnos bien, todo lo que haya que llevarse .
La caída de Martín Soler y Diego Asensio al frente de la Agrupación Provincial socialista, auspiciada desde Sevilla por el propio Jose Antonio Griñán, situó en la Secretaría Generala un joven dirigente que antes había sido alcalde de Chirivel. También estrecho colaborador de Fuensanta Coves en Medio Ambiente. Nombrado posteriormente director general por Soler en su etapa como titular de Agricultura, acabó situado como mascarón de proa de una operación para arrebatar la mayoría a quiénes la habían retenido durante década y media con Soler al frente. La operación bien podría haberse llamado cómo matar al padre.
Tras unos congresos a cara de perro, finalmente el aparato de San Vicente impuso una nueva línea que debería ejecutar el recién elegido Secretario General José Luis Sánchez Teruel, que obtiene entorno al 80% del respaldo del congreso. Un apoyo suficiente para afrontar, aparentemente sin complejos, hipotecas ni ataduras con el pasado, una nueva etapa especialmente dedicada en sus inicios a renovar profundamente los cuadros del partido y profundizar en una nueva forma de ejercer la oposición a la poderosa derecha. Alejada, se suponía, de aquellas otras maneras que tanta quietud y complicidad distribuyó en la omertá política almeriense, capitaneada durante muchos trienios por Amat y Soler, sus verdaderos ideólogos y ejecutores.
No en vano, el único poder real que le queda al PSOE en Almería en la actualidad, amén de cuatro o cinco alcaldías de pueblos, está en las delegaciones de la Junta, gestión que el PSOE comparte con IU.

Llegan los escándalos al PP

Pero los escándalos de corrupción empiezan a salpicar duramente al PP y nuevamente el PSOE opta por la misma política de antes. Guardar silencio y mirar para otro lado, sin duda una política de avestruz bien amaestrado. 
En el mejor de los casos es un tercera fila quien se explaya en un comunicado, perdido en Internet, - porque los medios convencionales se ocupan de otras cosas-, (amén de firmar convenios urbanísticos) a cuenta de esta o aquella decisión adversa para los políticos del PP como Gabriel Amat, quien últimamente parece que colecciona las sentencias a manojitos.
Sánchez Teruel ha comentado para justificar su prudente actitud que no convenía precipitarse en el ataque directo a Amat y al PP ya que, confesaba, podrían hallarse “a compañeros del partido” mezclados en los negocios más inverosímiles, de ahí que mantuviese una discreta posición ante los reiterados escándalos en la derecha, “para que no nos salpique”. Era una clara referencia al histórico portavoz del PSOE de Roquetas, Ortega Paniagua, vinculado a empresas y socios del clan Amat, según se documenta por Internet. 
El último escándalo sonoro ha afectado a la actual delegada del Gobierno en Andalucía, Mari Carmen Crespo, a quien la Justicia le ha tumbado una subasta, realizada en su época de alcaldesa popular de Adra, porque que tenía que ser con la forma jurídica de concurso público. Seis millones de euros de 2009 por unos solares cercanos al mar y cuyos fondos no se saben muy bien a donde fueron a parar ya que, según dice el juez de lo Contencioso, no estuvieron destinados a viviendas de Protección Oficial como debería haber sido y marca la Ley.
Por otro lado, la Guardia Civil, a instancias de un Juzgado y por denuncia de la Agencia Tributaria, intervino la sede del principal holding empresarial de Miguel Rifá en Roquetas, empresario cercano al PP y a Gabriel Amat y que ya apareció vinculado a la Operación Poniente en operaciones de compra venta de terrenos no declaradas a Hacienda. Y en el PSOE ni siquiera mueven un músculo para interesarse por las variantes políticas de esta intervención judicial, que las tiene según todos los indicios. 
Desde el verano hasta aquí, silencio por todos lados,  nadie pide -ni para quedar bien- una comisión de investigación, mientras que una docena de muy notables empresarios almerienses, Rifá entre ellos, permanecen imputados en un abultado sumario por la presunta comisión de numerosos delitos de carácter económico.
A todo esto, observando los movimientos en el seno del PSOE de Almería, uno se da cuenta fácilmente del motivo por el que los socialistas almerienses no pueden atender la reclamación de transparencia que demanda la sociedad y el electorado que les da la espalda. Están a lo suyo, enfrascados ahora en una operación maquillaje donde todo debe cambiar para que todo siga igual. 
Y ahí tienen a todo un secretario general, Sánchez Teruel, más preocupado por las escaladas y tirones de la ambiciosa ex martinista Adela Segura, que intenta por todos los medios hacerse con el poder del aparato provincial y neutralizar a Juan Carlos Perez Navas, uno de los pocos dirigentes socialistas no contaminados por la corrupción. O cómo se recolocan con nuevas responsabilidades a cargos de confianza del martinismo, caso de la antigua secretaria de organización, hoy flamante coordinadora del grupo municipal socialista en Almería, o resitúan a uno de los hombres del clan de Soler en Terque/Alhama, nombrándole coordinador de las delegaciones de la Junta.
Visto lo visto, o mucho me equivoco o Griñan puede que haya fracasado en su intento de renovación del partido en Almeria, al haber elegido a una persona sobre la que pueden concurrir solamente dos circunstancias: o no está capacitado para liderar la recuperación del PSOE frente a un potente y hegemónico PP, o solo ejecuta el manual de funcionamiento del partido que dejó en herencia en el cajón de la SG, Martín Soler Márquez.
Con los gestos como opositor y con los nombramientos internos en marcha, más bien parece lo último. De cambio, nada. Más de lo mismo en el PSOE de Almería. 

La Junta exige a los bancos que paralicen "de inmediato" todos los desahucios

SEVILLA.- La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha solicitado este lunes a las entidades financieras que firmen "de inmediato" los convenios de colaboración que les ofrece su departamento en el marco del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y paralicen "todos" los desahucios.

   Cortés ha resaltado que la paralización de los desahucios no debe ser una medida tomada "por caridad, sino por justicia" y para garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda. "La vivienda es un derecho humano que está siendo conculcado sistemáticamente. Eso debe terminar ya", ha señalado en una nota.
   El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda consta de ocho oficinas, una en cada provincia, que desde el 8 de octubre prestan un servicio de asesoramiento previo, intermediación y protección de las personas que han sido desahuciadas o están en riesgo de serlo.
   "Si la voluntad de enmienda de los bancos es cierta, en Andalucía tienen una oportunidad perfecta para comprometerse, pasar de las palabras a los hechos y poner fin a esta oleada de desahucios absolutamente injusta e intolerable", ha señalado Cortés, que ha añadido que colaboración de los bancos mediante la firma de estos convenios supone para las personas en riesgo de perder su vivienda distintas posibilidades, entre ellas la dación en pago, el mantenimiento de la casa en alquiler o la ampliación del plazo de amortización o de carencia.
   Tras conocer que la Asociación Española de la Banca (AEB) ha anunciado este lunes la paralización de durante los próximos dos años de los lanzamientos en casos de "extrema necesidad", Cortés ha solicitado a las entidades financieras que "demuestren con hechos concretos sus intenciones", para lo que en Andalucía tienen "una opción inmejorable".
   "La aceptación del código de buenas prácticas del Gobierno por parte de los bancos no ha evitado que continúe esta sangría social. La banca, si ahora quiere tener credibilidad, debe pasar de las palabras a los hechos", ha añadido Cortés.
   "Es urgente la paralización inmediata de todos los desahucios, que están castigando a una población empobrecida por la política de recortes aplicada y avalada por el Gobierno central, y cuyos impuestos están además siendo empleados para rescatar entidades financieras", ha afirmado Cortés, que ha alertado de la imprecisión que implica limitar la paralización "a los casos de extrema necesidad". "Es imprescindible aclarar los términos", ha añadido.
   Cortés ha recordado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, "no sólo está preocupada, sino también ocupada" en la toma de "medidas útiles para las víctimas de la crisis". La titular de Fomento y Vivienda ha señalado que, en el marco del debate sobre las soluciones a los desahucios, es "imprescindible" que el Gobierno escuche a las autonomías, que tienen las competencias sobre vivienda, y "especialmente a Andalucía", que ha puesto en funcionamiento el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
   Cortés ha recordado que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda es resultado de una larga serie de contactos con instituciones como el Defensor del Pueblo, asociaciones de consumidores y colectivos en lucha por la defensa del derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios. En este sentido, ha afirmado que estas asociaciones "no pueden ser dejadas al margen" de las medidas que adopte el Gobierno.
   "Los colectivos y grupos parlamentarios que llevan más de un año y medio ofreciendo soluciones contra los desahucios no pueden ser ignorados en la búsqueda de soluciones por parte de un Gobierno que ha reaccionado tarde", ha señalado Cortés, que ha recordado que los grupos del Congreso que hasta la fecha han sido "reacios" a las medidas para frenar los desahucios tendrán una "oportunidad inmejorable de enmendarse" en la votación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la dación en pago y el alquiler social.
   "La verdadera autocrítica no puede ejercerse sin atender a quienes llevan años trabajando en resolver el problema", ha concluido la consejera de Fomento y Vivienda.

El Ejido aprueba con mayoría absoluta del PP las cuentas de 2013 con un superávit de cuatro millones

EL EJIDO.- El pleno de la corporación local del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado este lunes con la mayoría absoluta del PP el presupuesto municipal para el ejercicio 2013 en el que se prevé un superávit de más de cuatro millones de euros y una consignación de casi 2,5 millones para inversiones.

   El equipo de gobierno ha indicado que el superávit de las cuentas, que ha contado con los votos en contra de PSOE, PAL, IULV-CA y UPyD, pretende servir también como mecanismo para amortiguar los posibles impagos de aquellas familias y aquellas pequeñas empresas que, por motivos excepcionales, no puedan hacer frente a sus impuestos.
   El portavoz municipal y concejal de Hacienda y Contratación en el Consistorio, José Francisco Rivera, ha explicado que estas cuentas arrojan un "importante saldo positivo", que "dice mucho", según ha remarcado, de la gestión que se está realizando desde el equipo de gobierno y que "acerca" al Ayuntamiento al "objetivo de estabilidad presupuestaria".
   El presupuesto de gastos destaca, de manera importante, el nivel de inversiones previstas que estará destinado a la "mejora de numerosas infraestructuras y servicios" que resultan "imprescindibles y urgentes" de acometer en el municipio, ha subrayado Rivera, quien también ha destacado que la previsión de gastos para 2013 año incluye un mayor número de inversiones en relación a presupuestos anteriores "por la necesidad que existe de ejecutar proyectos que se consideran inaplazables y urgentes".
   Entre las inversiones contempladas en el presupuesto para el próximo ejercicio figuran partidas destinadas a la mejora de caminos rurales con más de 200.000 euros, a la dotación de instalaciones eléctricas en recintos feriales con más de 170.000 euros, a acondicionar la antigua carretera del camping de Almerimar con una inversión de 165.000 euros o obras en las estaciones de impulsión del municipio, a lo que se destinarán 288.000 euros. Contempla, asimismo, la mejora de la señalización del tráfico en vías urbanas con 60.000 euros del presupuesto de gastos.
   El presupuesto consolidado cuenta con una partida de ingresos que supera los 83.900.000 euros y con unos gastos de algo más de 79.000.000 de euros, de los que más de 18 millones estarán destinados a la amortización de préstamos y al pago de los intereses de la deuda generada por el anterior equipo de gobierno, una deuda "heredada", según ha remarcado Rivera, de más de 300 millones "a la que habrá que hacer frente en los próximos años".
   Durante la sesión plenaria, ha insistido en que una vez más se ven reducidos de forma general los gastos corrientes del Ayuntamiento, si bien el presupuesto global de gastos se ha visto incrementado por el aumento de las inversiones previstas, así como por el fondo de contingencia para posibles necesidades que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por el incremento del IVA que hará que los servicios y obras municipales sean mucho más costosos y, también, por el incremento en los tipos de interés en el préstamo formalizado para pago a proveedores, entre otros.
   Con relación al superávit, el portavoz municipal ha apuntado que "es fruto de un trabajo serio y riguroso en el manejo de los recursos públicos". Asimismo, Rivera ha destacado el "logro" que supone en materia de política presupuestaria el traer por primera vez desde hace muchísimo años, unos presupuestos a tiempo para que el 1 de enero se comience a funcionar con las cuentas que corresponden y "no con unos presupuestos prorrogados que generan muchos problemas para algunos aspectos de la gestión municipal".
   "En quince meses hemos trabajado y elaborado, además de un plan de pago a proveedores, tres presupuestos, el de 2011, inexistente cuando tomamos posesión, así como las liquidaciones de ese mismo año y de 2010;los de 2012, de transición, y los del próximo ejercicio, también basados en principios de racionalización y eficiencia de los recursos públicos", ha concluido.

Multa de 88,5 millones a seis navieras por cártel entre Algeciras y Marruecos

MADRID.-   La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado con 88,5 millones de euros a seis grupos de navieras, entre los que se encuentran Baleària y Trasmediterránea, por haber formado un cártel en el transporte marítimo entre la Península Ibérica y Marruecos entre 2002 y 2010, según ha informado el organismo en un comunicado.

   Según la CNC, el acuerdo habría consistido en el reparto de mercado y la fijación de precios, junto con las condiciones comerciales en el servicio de transporte marítimo de pasajeros y vehículos en régimen de equipaje.
   Ante las sospechas de este posible cártel, la dirección de investigación de Competencia realizó inspecciones adicionales en las sedes de diversas compañías en Algeciras, recabando documentación de las mismas.
   Por ello, la resolución apunta que gracias a esta información recogida junto a las declaraciones de las navieras imputadas, las compañías participaron en distintas reuniones intercambiando información y llegando a diversos acuerdos de precios, comisiones y horarios en el transporte marítimo de pasajeros y carga entre ambos destinos.
   Así, remarca que este cártel respondía al objetivo común de obtener unos beneficios superiores a los que se obtendrían si todos los operadores implicados hubiesen respetado el funcionamiento del mercado y hubiesen competido en él.
   En cuanto a los importes de las multas, la CNC ha impuesto a cada empresa una sanción del 15% sobre el volumen de negocios en el mercado afectado, al estimar la gravedad de la naturaleza de la conducta.
   Por compañías, cabe destacar que Trasmediterránea y Europa Ferrys han sido multadas con 25,5 millones de euros, mientras que Baleària y Euromaroc 2000 deberán hacer frente a una sanción de 2,2 millones de euros.
   No obstante, para Baleària y su filial Euromaroc 2000, la CNC ha aplicado una reducción del 40% sobre la sanción, por lo que pagará únicamente 1,3 millones de euros por haber aportado información con valor añadido para demostrar la existencia del cártel.
   Por el contrario, en el caso de Trasmediterránea y Europa Ferrys, Competencia ha tenido en cuenta el agravante de que ambas han sido sancionadas en firme en tres ocasiones anteriores, entre 2003 y 2004, por conductas similares.
   Del mismo modo, Förde Reederei Seetouristik Iberia y su filial en Marruecos tendrán que pagar 11,1 millones de euros, mientras que International Maritime Transport Corporation afrontará 8,1 millones de euros de multa.
   Por su parte, Compagnie Maritime Marocco-Norvegiènne (Comarit), Líneas Marítimas Europeas y Comanav Ferry han sido sancionadas con 10,7 millones de euros, y CMA-CGM, Comanav y Comanav Ferry abonarán 13,8 millones de euros, de los que 2,9 millones de euros son responsabilidad de esta última.