viernes, 1 de junio de 2012

Defensa suspende las convocatorias de soldados y marineros por la crisis


MADRID.- El Ministerio de Defensa mantiene suspendidas las convocatorias para incorporar nuevos soldados y marineros a las Fuerzas Armadas y no prevé ofertar nuevas plazas por el momento, una situación inédita desde que acabó el servicio militar obligatorio en 2001, han informado hoy fuentes del Departamento que dirige Pedro Morenés.

   Según han indicado las citadas fuentes, actualmente no hay previsión de ofertar ninguna plaza para tropa y marinería, en espera también de que se concrete la "reducción coyuntural" anunciada por el ministro de Defensa para afrontar la crisis económica. El año 2011 se hicieron cuatro convocatorias para reclutar unos 4.300 soldados y marineros.
   De este modo, una vez pasado ya el primer semestre del año, resultará imposible que en 2012 se incorporen a los Ejércitos y la Armada soldados reclutados este año, ya que, aunque se abrieran en los próximos meses convocatorias, no se incorporarían a las unidades hasta 2013.
   El ministro de Defensa ya ha anunciado que pretende poner en marcha una "reducción coyuntural" de las Fuerzas Armadas, aunque no ha fijado techos y ha insistido en que cualquier redimensionamiento en el terreno militar necesita de un escenario de al menos cinco años. Se espera que Morenés fije el nuevo horizonte una vez que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez, le presente su informe 'Visión 2025' sobre el futuro de las Fuerzas Armadas.
   Hasta entonces, la única cifra recortada que se conoce es la del nuevo máximo de tropa y marinería, que la ley de presupuestos ha bajado desde los 83.000 a los 81.000 soldados y marineros como límite máximo.
   La Ley de la Carrera Militar establece que las Fuerzas Armadas deben situarse entre los 130.000 y los 140.000 militares, una horquilla en la que no se encuentran en la actualidad. Según datos aportados en el Congreso por la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, en la actualidad hay 126.541 militares.
   De ellos, algo más de 81.000 son soldados y marineros y se espera que esta cifra baje de los 80.000 este año, según fuentes de Defensa. En ello puede influir, además del reclutamiento, que algunos contratos de tropa y marinería no sean renovados.
   Desde la profesionalización de las Fuerzas Armadas y hasta 2009 todos los años abrían alrededor de 11 convocatorias para tropa y marinería, con alrededor de un millar de plazas cada una. El reclutamiento se paralizó en 2010, cuando sólo hubo una oferta de 325 plazas, y en 2011 volvió a aumentar a las 4.300 plazas.
   A día de hoy, la previsión de Defensa es no ofertar ninguna plaza, aunque otras fuentes apuntan a que en septiembre podría abrirse una única convocatoria de alrededor de un millar de plazas, en función de cómo evolucione la situación.
   De ser así, estos militares de nuevo ingreso no se incorporarían a las unidades hasta 2013, ya que antes de hacerlo deberían pasar por los Centros de Formación de Tropa (CEFOT), donde los soldados reciben cuatro meses de instrucción.    
   El pasado viernes, el Ministerio de Defensa confirmó que los dos centros de formación de tropa de Cádiz y Cáceres continuarán activos, recibiendo tropa "en función de la evolución de la oferta de empleo público".
   Fuentes militares han asegurado que esta situación no variará si este año no se convocan nuevas plazas, aunque los centros pasarían a dedicarse a otro tipo de tareas y se proyectarán otras actividades para mantener su actividad.
   Hasta el momento, las únicas plazas de ingreso directo ofrecidas por el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas son para oficiales y suboficiales. En concreto, se han establecido 248 para los centros docentes militares de oficiales y 30 para las academias de suboficiales.
   Asimismo, hay 25 plazas para la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, en la especialidad de Medicina, de las que 10 son por ingreso directo, siete para militares de carrera y ocho para tropa y marinería.

El Gobierno asegura que controla a las flotas en zonas de pesca de atún rojo, incluidas a las chinas

MADRID.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha garantizado este viernes que mantiene un "seguimiento constante" de todas las flotas, incluidos los buques de pabellón chino, que operan en las zonas de pesca del atún rojo en el Mediterráneo, informó en un comunicado.

   El departamento que dirige Miguel Arias Cañete respondió de este modo a una denuncia de la organización ecologista WWF España, que advirtió de pesca ilegal de atún rojo en aguas españolas por parte de dos grandes flotas no mediterráneas.
   "En aquellas ocasiones en que se detectan infracciones relativas a pesca ilegal, se procede al apresamiento del buque infractor y su desvío a puerto", detalló el Ministerio, antes de apuntar que la labor de control e inspección se realiza "con independencia de las denuncias realizadas por la asociación ecologista WWF".
   En todo caso, agradeció "la información suministrada" y animó a las ONG a que "presenten información veraz sobre posibles incumplimientos".
   España mantiene desde 1997 el control e inspección de la Zona de Protección Pesquera en el Mar Mediterráneo al objeto de verificar e impedir la pesca ilegal o no autorizada en estas aguas.
   "Estas actuaciones habituales se refuerzan durante los meses de primavera y verano, cuando se establece una especial vigilancia coincidiendo con la pesquería de atún rojo", aseguró el Ministerio, que detalló que el control de esta pesquería se lleva a cabo en el marco de un plan de recuperación de esta especie.
   En este sentido, subrayó que el control y vigilancia de la pesquería se extiende a las actividades de los buques pesqueros "en general, con independencia de su pabellón", para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
   Para llevar a cabo estas actuaciones, existe un acuerdo conjunto de los ministerios de Defensa y de Agricultura sobre la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima, firmado en 1988. Mediante este acuerdo, la Armada opera con los patrulleros de altura Alborán, Arnomendi y Tarifa, con base en Cartagena, que controlan "de manera habitual" las aguas marítimas españolas del Mediterráneo.
   Asimismo, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior suscribieron en 1997 un acuerdo marco para el control, inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima, por el que patrulleros ligeros de la Guardia Civil llevan a cabo misiones de control, inspección y vigilancia pesquera en el Mediterráneo.
   El Ministerio explicó que para la vigilancia de la zona de protección pesquera también se dispone del avión Roche, que opera con regularidad desde los aeropuertos del litoral peninsular de Levante y Baleares, así como los helicópteros Alcotán, que realizan su vigilancia tomando como base principal los aeropuertos de Alicante, Valencia, Reus, Palma de Mallorca e Ibiza.

Greenpeace celebra el interés del Parlamento Europeo sobre la Ley de Costas

MADRID.- La organización ecologista Greenpeace ha valorado positivamente que varios europarlamentarios hayan mostrado interés en los planes del Gobierno de España de modificar la Ley de Costas de 1988 y han mostrado su interés de hacer un seguimiento de la reforma, para intentar establecer canales de interlocución acerca de esta cuestión.

   Así, la ONG afirma que tras la comparecencia del director general de Costas y de la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terreste el pasado 25 de abril en el Parlamento Europeo, los europarlamentarios estimaron que quedaban "numerosas incógnitas" sin despejar sobre la reforma.
   Por ello, varios eurodiputados han elaborado un documento que han remitido al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Ahora se espera que en unas semanas España responda con la "máxima transparencia a dicha comisión de trabajo".
   Además, añade que en el marco de la comisión de trabajo creada sobre la Ley de Costas de España, creada en el seno de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, los europarlamentarios han formulado varias preguntas al Ministerio acerca de sus planes de modificar la norma.
   Concretamente, la eurodiputada danesa del grupo Verdes/Ale, Margrete Auken, ha remitido una batería de preguntas a Arias Cañete que recogen algunas de las cuestiones que se plantean desde la plataforma 'No a nuestra costa' que forman más de 160 organizaciones.
   Auken ya elaboró en 2009 un informe aprobado por el pleno del Parlamento Europeo donde denunciaba la urbanización excesiva en España y, particularmente, en las zonas del litoral, con el consiguiente destrucción de ecosistemas marinos.
   El informe es relevante porque en contados casos la Eurocámara se pronuncia sobre prácticas concretas en determinados estados miembros, y ello solo sucede cuando se trata de situaciones flagrantes hacia las disposiciones comunitarias.
   "Los europarlamentarios del grupo Verdes/ALE han planteado cuestiones al Ministerio tales como, cómo se va a incluir en la reforma los protocolos europeos de gestión integrada de zonas costeras, las medidas de adaptación al cambio climático o el impacto económico sobre una posible prolongación de las concesiones", ha explicado la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

Las Cáritas del Mediterráneo denuncian que la UE "fomenta" la inmigración irregular

MADRID.-   Las Cáritas del Sur y del Norte del Mediterráneo, reunidas en la Conferencia anual MigraMed, consideran que las políticas "restrictivas" de la Unión Europea "fuerzan a las personas a realizar viajes peligrosos en el que arriesgan sus vidas, generan y potencian la migración irregular y fracasan a la hora de salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas".

   Según ha informado Cáritas Española, presente en la conferencia celebrada en la ciudad italiana de Cagliari, todas las Cáritas del Mediterráneo expresaron su "preocupación" por estas políticas, "puesto que se centran principalmente en la devolución, externalización, control de fronteras y la criminalización de las personas migrantes, y no en el cumplimiento de los derechos humanos y en el bienestar de los necesitados".
   La organización señala que "las enormes operaciones de control fronterizo de la UE fuerzan a las personas a encontrar rutas alternativas a través de la actividad de contrabandistas y traficantes" mientras que sus políticas de externalización del control de fronteras "colocan en una situación de especial responsabilidad" a países que tradicionalmente han sido territorios de tránsito, convirtiéndolos así en lugares de destino donde los derechos de los migrantes son vulnerados.
   "Resulta inadmisible que en nuestro mundo de abundancia aún hoy seamos testigos de personas que arriesgan y pierden sus vidas al cruzar el Estrecho para llegar a Europa. Durante el viaje, las personas migrantes se enfrentan a diversos tipos de abuso, explotación y tráfico de personas", denuncia Cáritas.
   Por ello, pide a la UE que se "abstenga de potenciar" la migración irregular, vele por los derechos humanos y la dignidad de todas las personas y posibilite medios legales en relación a la movilidad humana con políticas migratorias "realistas", y que se abstenga de detener a migrantes y solicitantes de asilo, ya que, según afirman, "la detención debe ser empleada exclusivamente como última ratio en casos excepcionales.
   Cáritas recuerda que la Doctrina Social de la Iglesia ampara el derecho a buscar una vida mejor y en paz en un lugar diferente al de origen, así como el derecho a gozar de condiciones de vida decentes en el mismo, y señala que tanto el Derecho Internacional como el Derecho de la Unión Europea reconocen el derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, y volver al mismo; así como el derecho a solicitar asilo, el derecho al asilo y el principio de no devolución.

Andalucía registra un 0,44% de déficit y un 0,60% en términos homogéneos

MADRID.- Andalucía ha registrado un déficit en el primer trimestre del 0,44 por ciento y del 0,60 por ciento en términos homogéneos, es decir, descontando los anticipos a cuenta, según ha adelantado ese viernes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   Si se contabiliza el dinero que el Estado ha adelantado, Andalucía registra un déficit de 633 millones de euros y es una de las siete regiones con saldo negativo, el mencionado 0,44 por ciento, aunque en conjunto, las comunidades autónomas alcanzaron el equilibrio presupuestario.
   Por otro lado, si no se contemplan los adelantos realizados por el Gobierno a las comunidades, el déficit andaluz fue de 863 millones de euros (-0,60 por ciento). Atendiendo a esta variable, todas las comunidades registraron déficit en el primer trimestre menos el País Vasco (+0,25 por ciento). Las regiones con más déficit fueron Navarra (-1,44 por ciento), Murcia (-0,85 por ciento) y Comunidad Valenciana (-0,70 por ciento) y en total, las 17 sumaron 4.787 millones de euros, el 0,45 por ciento del PIB.
   El Gobierno no ha querido cuantificar estos anticipos porque hay comunidades que han necesitado más que otras, aunque ha dicho que la influencia de estas medidas tanto en el déficit del Estado como de las comunidades se diluirá en los próximos meses.
   Con o sin anticipos, la cifra de las comunidades al cierre del primer trimestre es inferior a la del año anterior, cuando ascendió a 8.090 millones de euros (-0,75 por ciento del PIB), cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no concedió estos anticipos.
   El ministro ha valorado que las comunidades autónomas "están haciendo un gran esfuerzo para conseguir sus objetivos de déficit por lo que el plan del Gobierno está dando resultados desde el primer día del año". Así, ha destacado que están "en línea" para conseguir el objetivo de déficit puesto para este año, el 1,5 por ciento del PIB.
   Sin embargo, preguntado por si puede garantizar que las comunidades cumplirán ese 1,5 por ciento pactado, Montoro ha insistido en que las regiones están en una buena senda, tal y como muestran los datos, aunque ha dicho que es pronto para garantizar el cumplimiento.
   Según ha dicho, celebra los datos del primer trimestre, pero "en absoluto" está confiado porque la confianza consiste en trabajar y poner medidas. "No cabe otro tipo de confianza", ha dicho.
   En este sentido, ha recordado que, de momento, se han aprobado todos los planes de saneamiento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) menos el de Asturias, que sigue trabajando con el Ministerio de Hacienda.
   Finalmente, Montoro ha recordado que es la primera vez que se publican estos datos en términos de Contabilidad Nacional gracias a la puesta en marcha de la Ley de Estabilidad, lo que supone "un avance muy importante" para la clarificación y conocimiento del sector público y de las comunidades. "Es realmente un paso muy positivo en clave de transparencia", ha dicho.

La consejera de Fomento y dirigentes de PSOE e IU apoyan la dación en pago

SEVILLA.- La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, representantes de los grupos municipales de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla y asociaciones sociales englobadas en el colectivo 'Compromiso social por el progreso de Sevilla' han firmado en Sevilla la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que solicita al Congreso de los Diputados la modificación de la Ley Hipotecaria a favor de la dación en pago, de manera que se eviten los desahucios de aquellas familias que no han podido afrontar el pago de sus hipotecas y que, a pesar de ser desalojados de sus viviendas, están obligados a hacer frente al pago del inmueble. 

   La recogida de firmas que se celebra en Sevilla se realiza ante la sede del Banco de España en la plaza de San Francisco. La plataforma 'Compromiso Social por el progreso', promotora de esta iniciativa, está formada por 27 organizaciones, entre ellas CCOO y UGT, que defienden la introducción de cambios en la Ley Hipotecaria, de manera que la entrega de la vivienda a una entidad financiera en caso de imposibilidad de impago suponga la cancelación del compromiso hipotecario y, por tanto, el ciudadano quede libre de la deuda.
   Las organizaciones prevén que las 500.000 firmas necesarias para esa ILP se consigan antes del verano, dentro de esta campaña que comienza ahora en toda España.
   Tras efectuar la firma, la consejera de Fomento y Vivienda ha mostrado su disposición de "estar al lado de las víctimas de la crisis, así como tener conciencia de Justicia social y para resolver un problema gravísimo que afecta a miles de familias andaluzas y de todo el Estado".
   La consejera ha animado a los ciudadanos a firmar dicha ILP "tener sentido de la Justicia social", ya que "las victimas no pueden seguir pagando la crisis", de forma que espera conseguir no las 500.000 firmas necesarias sino "millones de firmas que se lleven al Congreso para que la iniciativa salga adelante".
   "La política debe ser una herramienta que permita resolver los problemas de la mayoría social y no se debe poner del lado de los poderosos", ha agregado la consejera, quien resalta que la Junta de Andalucía "se pone del lado de los desahuciados, escuchando a las víctimas de esta situación terrible y dramática".
   En ese punto, ha indicado que la Junta ya está trabajando eh herramientas y mecanismos "que permitan resolver problemas de los desahuciados, aunque no es el único problema, también hay cuestiones como alquileres, viviendas vacías, por lo que estamos trabajando para que las próximas semanas se lleven a cabo un paquete de medidas con la gente y para la gente", todas ellas desde "la participación ciudadana y la transparencia".
   Por su parte, tanto el secretario general de UGT Sevilla, Juan Antonio Gilabert, como el secretario general de CCOO Sevilla, Alfonso Vidan, ha recordado que ambos sindicatos y otras organizaciones sociales elaboraron esta ILP con la finalidad de "hacer una ley para que las personas que tengan dificultades porque se quedan sin trabajo puedan seguir teniendo una vivienda, pues no hay mayor castigo de que las personas que estén en paro encima no puedan pagar el préstamos y les echen a la calle, cuando la vivienda es un derecho básico".
   Ambas centrales piden que las organizaciones políticas se "mojen" y han explicado que con esta ILP pretenden que las personas que pierden su vivienda por no poder pagar su hipoteca "terminen su obligación con el banco con la entrega de la vivienda y no tengan que seguir pagando, además de perder la vivienda", además de pretender que la modificación de la Ley Hipotecaria "arbitre medidas para evitar desahucios, que son un atentado contra la dignidad de una persona", por lo que proponen el llamado 'alquiler social', que permite permanecer en la vivienda "sólo pagando el 30 por ciento de sus ingresos durante cinco años".
   "Hay que darles una oportunidad a esas personas y no echarlas como perros", han aseverado los sindicatos, quienes han recordado que en Sevilla hay 80.000 hogares en los que no entra ningún ingreso y en los últimos años 14.000 desahucios, mientras que desde 2009 ha aumentado un 133 por ciento la cifra de desahucios.
   Por su parte, el secretario general de Facua-A, Rubén Sánchez, ha indicado que la dación en pago se demanda como fórmula "para entregar viviendas en el caso de familias que van a ser desahuciadas y ahora los bancos les exigen más dinero aparte de la vivienda, con el argumento de que sus pisos han bajado su valor de mercado, valor que hincharon en la época de la burbuja y la banca falseó para ganar mucho dinero, estableciendo valores desproporcionados dentro del gran negocio fraudulento durante la época de la burbuja inmobiliaria".
   Sánchez ha hecho un llamamiento al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que "diga qué va a hacer con las viviendas de Bankia, el banco nacionalizado y la primera inmobiliaria del país, que tiene multitud de pisos, que se pueden vender y alquilar con un precio justo pero no salen al mercado porque continúan buscando la especulación".
   Le pregunta a Rajoy "qué se va a hacer con esas familias a las que Bankia sigue amenazando con desahucio, pero ahora Rajoy podría paralizar los desahucios de Bankia y dar oportunidad a las familias de permanecer en las viviendas hasta que mejore la situación económica". "No entendemos como este banco sigue con fraude a consumidores y con prácticas lamentables y crueles de echar a decenas de familias a la calle", ha aseverado.
   El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, ha reconocido que los desahucios "no eran un gran problema hace unos años, cuando la economía no había generado problema hasta el punto de plantear las situaciones increíbles de ahora, por lo que ahora claramente se justifica que se aborde una revisión de la Ley Hipotecaria".
   Espadas cree que los partidos "deben tomar partido y no permanecer al margen" y destaca que con esta ILP "los ciudadanos tomen la calle y la voz con planteamientos muy claros", tras lo que resalta que los ciudadanos "van por delante que la respuesta de los partidos políticos", por lo que considera que esta ILP "es una señal positiva para la democracia y a la que los partidos deben responder".
   Espadas ha asegurado que como senador colaborará para que esta modificación normativa que contemple la dación en pago "sea una posibilidad y sea una opción que puedan tener las personas con riesgo de desahucio".
   Por su parte, el portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha expresado su apoyo a la plataforma a favor de la ILP, y se ha sumado al discurso de la consejera, toda vez que "en un momento de crisis tan brutal como éste, y lo que te rondaré morena, parece inasumible e inaceptable que los que son víctimas de la crisis, las personas que pierden su vivienda por no poder pagarla sean los paganos de la crisis".

Más de 29.500 proveedores de ayuntamientos andaluces han cobrado 2.675 millones de euros

MADRID.- Un total de 29.597 proveedores de ayuntamientos andaluces han cobrado ya facturas por valor de 2.675,6 millones de euros, tras el mecanismo de pago puesto en marcha por el Gobierno, que en el conjunto del país ha beneficiado a 106.286 proveedores de las entidades locales con un total de 9.263 millones de euros, según ha anunciado este viernes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha afirmado que estas cifras ponen de manifiesto que "casi la totalidad" de pequeñas y medianas empresas (pymes), así como autónomos, han cobrado ya más de 1,7 millones de facturas que 3.774 corporaciones locales tenían pendientes con ellos.
   De los 106.283 proveedores a los que se les han abonado facturas pendientes, 36.904 son personas físicas, 68.768 pequeñas y medianas empresas y 611 grandes empresas. De la cantidad total abonada a los proveedores, 7,9 millones de euros se devolverán por las entidades locales mediante créditos a diez años con dos de carencia, y a un tipo de interés del 5,939 por ciento, mientras que casi 1,3 millones procederán de retenciones de la participación de ingresos del Estado a estas administraciones que no aprobaron un plan de ajuste o fueron considerados desfavorables por el Ministerio de Hacienda.
   Del total de 4.623 corporaciones que, inicialmente, comunicaron obligaciones de pago pendientes de pago, se han abonado finalmente las de 3.774 entidades: 2.296 con plan de ajuste y 1.478 sin plan. El resto están excluidas del procedimiento, bien por haber pagado a los contratistas, bien porque éstos no han aceptado acogerse al mecanismo, aunque las respectivas entidades locales mantengan la deuda con ellos.
   El Ejecutivo recuerda que para estas administraciones se ha ofrecido una segunda oportunidad, de manera que se les habilitará un plazo en la primera quincena de junio para solventar las incidencias que impidieron formalizar las operaciones de préstamo en el marco del mecanismo de pago a proveedores y podrán concertar los préstamos en el mes de julio.
   Para poder acogerse a esta prórroga, las administraciones deberán cumplir uno de estos supuestos: elevaron un plan de ajuste al Pleno municipal antes del 31 de marzo; elevaron un plan de ajuste, se aprobó por el Pleno, pero no fue valorado favorablemente por el ministerio; el Pleno aprobó el plan pero no fue aprobada la concertación de la operación de préstamo por el órgano competente de la corporación local; o el órgano competente de la corporación aprobó la formalización de préstamos por importe o por plazo de amortización distintos por los que debieron ser aprobados.
   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado en su página web una nota explicando los plazos y los requisitos que deben cumplir las entidades que se quieran acoger a esta prórroga extraordinaria.
   En cuanto a los proveedores de las comunidades autónomas, Montoro ha recordado en la rueda de prensa que su departamento tiene de plazo hasta el 5 de junio para evaluar los planes de ajuste. Entre el 1 y el 15 de junio se producirá la firma de los contratos de préstamo entre las entidades de crédito y las comunidades y a partir del 30 de junio comenzarán las transferencias a las cuentas corrientes elegidas libremente por los proveedores.
   Según el ministro, las cifras sobre el resultado del plan de pago a proveedores para los ayuntamientos indican que el mecanismo "se ha hecho real", ya que "ya se ha pagado la práctica totalidad" de las facturas que las corporaciones locales tenían pendientes con pymes y autónomos. Así pues, Montoro ha subrayado la "importancia" que ha supuesto este mecanismo de pago para los ayuntamientos, al que también se han acogido las comunidades autónomas, porque "supone cumplir los compromisos, hacer más transparente la administración local y promover una inyección económica para las empresas de nuestro país".
   Montoro ha hecho hincapié en que el pago de las facturas pendientes "se ha materializado en horas, en pocos días" y esto demuestra que el Gobierno tiene "una política clara". "Así hacemos economía, para que en una época de escasez de crédito ésta pueda ser suplida", ha añadido.

El PP-A cifra en 772.000 las facturas pendientes de la Junta

CÓRDOBA.- La portavoz adjunta del Grupo PP-A en el Parlamento andaluz Rosario Alarcón ha advertido este viernes que la Junta de Andalucía cuenta oficialmente con 772.000 facturas pendientes, lo que supone que hay más de 5.000 pymes y autónomos andaluces que "están en peligro ante el impago de la Junta", a lo que se unen "más facturas que no están ni contabilizadas".

   Así lo ha destacado la popular en rueda de prensa en Córdoba, en la que se ha mostrado "orgullosa" porque el Gobierno de Mariano Rajoy permite que ya "pueden cobrar los 177.000 proveedores que tenían facturas pendientes con las administraciones locales gracias a la partida de 35.000 millones de euros que el Ejecutivo central ha destinado al pago a proveedores".
   Asimismo, la portavoz del PP-A ha presentado las 32 propuestas de resolución que el portavoz en el Parlamento, Carlos Rojas, ha presentado y evidencia el "marcador sabor andaluz de las medidas del Gobierno de Rajoy y la falta de transparencia e información del PSOE y su nuevo cómplice: IU".
   Alarcón ha asegurado que "el Gobierno de Rajoy ha garantizado la prestación por desempleo a los más de 1.300.000 andaluces en paro, las pensiones a los 1.400.000 pensionistas andaluces --con una subida del tres por ciento y 1.000 millones de euros más para las pensiones mínimas-- y el cobro del PER con una partida para Andalucía cifrada en 1.147.700 millones de euros".
   Por primera vez, "y gracias al Gobierno del PP", el pago de la deuda andaluza se ha fraccionado en diez años". La portavoz popular ha añadido que los desempleados que estén recibiendo cursos de formación seguirán recibiendo 400 euros y que las mujeres que decidan formar una empresa y sean menores de 30 años podrán capitalizar el cien por cien de su prestación por desempleo.
   Por todo ello, Alarcón ha acusado al Gobierno de PSOE-IU de la Junta de "ocultar la realidad" a los andaluces "fomentando el miedo", por lo que, a su juicio, "deberían explicar los verdaderos beneficios que está suponiendo para los andaluces las medidas emprendidas por el Gobierno de Rajoy en vez de engañar y enturbiar la que está siendo la gestión que está salvando a muchos andaluces de la ruina ante la incapacidad del cogobierno de la Junta".

Ahora que viene 'Chunguito' a llevarse de aquí Cajamar / Apunte de Argárico

No sabe 'Cajamar' la que se le avecina. En pocas semanas, entrará triunfante en la sede central de la plaza de Barcelona su nuevo consejero delegado, más conocido por 'Chunguito' entre los amigos-compañeros, y Gisbert como el alcoyano de pantalón corto y rol de botones en la antigua Caja de Ahorros del Sureste de España, de la que acabó siendo el director general de la ahora tristemente célebre Caja de Ahorros del Mediterráneo (y antes de Alicante y Murcia) tras licenciarse en Ciencias Económicas, simpatizar, y mucho, oportunamente con el PSOE de su cuñado Mira-Perceval, y aprovechar la experiencia desgranada para él por el legendario director general de toda la vida y yerno del fundador de la entidad Antonio Ramos Carratalá, el falangista cartagenero Francisco Oliver Narbona, quien menos mal que se trasladó a Alicante (guardando a continuación en una cómoda su vieja camisa azul añil) después de ciertos episodios acaecidos y protagonizados en su ciudad natal inmediatamente finalizada la Guerra Civil.

Pues bien, éste su pupilo financiero, ha hecho luego carrera profesional y política de la mano del PSOE y a la sombra de la derecha económica alicantina más golfa, hasta detentar cargos de director general de Economía en la Generalitat Valenciana en la época de Joan Lerma, en el Banco Hipotecario de España con Felipe González, en el inoperante ICO de Zapatero con el catedrático valenciano-aragonés Aurelio Martínez, y en el Ministerio de Economía con el también alicantino Pedro Solbes, hasta terminar recalando en la Caja Rural de Valencia y al frente de la resultante de las sucesivas fusiones de cajas y cooperativas de crédito en la Comunidad Valenciana, comercialmente denominada como Rural Caja. Y ahora le toca el asalto político a la fortaleza cooperativa de Almería, en territorio socialista pero ocupada por gente demasiado cándida y despolitizada, como su presidente Antonio Pérez Lao, actual consejero-delegado Juan de la Cruz Cárdenas y su director general Manuel Yebra. 'Tres pardillos', seguro que piensa de ellos Juan Antonio Gisbert.

Quien abandonó la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 2000, con seis millones de euros de indemnización por despido, porque el entónces presidente de la Generalitat Valenciana, el también cartagenero Eduardo Zaplana, quería manejar la entidad a su antojo y el director general se resistía a la intrusión de los contrarios políticos de turno en el coto privado para altos directivos en que se había convertido ya la Caja desde su llegada a los mandos y estando en la cúpula un empresario e ingeniero, Román Bono, insaculado desde la línea sucesoria establecida para sus retoños por antiguos presidentes conniventes con Oliver Narbona y su suegro. Pero que dejó la Caja del Mediterráneo con 30 millones de euros en líquido antes de ser invitado igualmente a marcharse.

Así, Gisbert, el antiguo botones de la sucúrsal de Alcoy abandonaba bien 'apargatado' su sillón y daba paso a un paisano de peripecia muy parecida, Roberto López Abad, pero más moldeable para la nueva casta política emergente, que situó en la presidencia a un empresario hecho a si mismo con un patrimonio por matrimonio, e idóneo por su anterior experiencia financiera, Vicente Sala, recientemente desaparecido. Y ahí comenzó el proceso que acaba de hacer crisis en la caja murciano-alicantina de una forma supuestamente programada hace tiempo desde fuera de la sede de Oscar Esplá por conocedores de sus intersticios y con casi seguras complicidades de altura en el Ministerio de Economía, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España, tal como se sospecha hace tiempo tras las reiteradas denuncias del abogado Diego de Ramón desde antes del año 2000 y hasta la fecha.

Mientras tanto, Gisbert no se resignaba a jubilarse a edad tan temprana (46 años) pese a contraer poco después una grave enfermedad, felizmente superada, y prueba a volver a la política en el área económica en la medida que la recuperación de su salud se lo permite. Lo consigue de la mano de sus viejos amigos socialistas y en la primera etapa de Zapatero lo hizo con cierto reconocimiento hasta asignarlo a pilotar un proceso de redimensión del sector financiero rural. Ahora lo culmina desembarcando en el buque insignia de esta flota, fondeado en Almería, puerto de mar donde no piensa habitar al estar a 300 kilómetros de su mansión en La Calita, junto al Mediterráneo de los alrededores de la ciudad de Alicante. 

A los de 'Cajamar' trata de convencerlos ahora de que gran parte de la sede central se traslade a Madrid pero no les está revelando sus verdaderas últimas intenciones de situar en Alicante a medio plazo la 'almendra' de la entidad por ser la ciudad que él domina, reside y donde puede aprovechar a algunos cuarentones de la actual CAM, que llevan varias semanas visitándole para que sepa de viva voz que puede contar con ellos para el asalto final de la entidad almeriense-malagueña desde las faldas del castrense Monte Benacantil. Todo lo demás es 'pan, pijo y habas', que dicen en Murcia donde, paradójicamente, encontrará Gisbert una primera gran resistencia a sus pretensiones cesaristas al manejar a partir de julio más de la mitad de los activos de todas las cajas rurales españolas, dándole la vuelta a la inicial absorción de valencianos por almerienses.

El conocido abogado murciano Diego de Ramón ya se apresta a involucrar a Gisbert, en base a su biografía, en los acontecimientos de la CAM, solicitando su comparecencia en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional de la mano del juez Velasco como instructor, y anteriormente por Grande-Marlaska, nuevo presidente de la Sala de lo Penal, dado que los directivos hoy cuestionados y que sucedieron a Gisbert pertenecían a su círculo más íntimo, por ser la mayoría reclutados por él (caso paradigmático del muy presunto Daniel Gil Mallebrera, trasmutado de maestro de escuela en Monóvar, nada menos que en responsable de inversiones de la Caja), lo que induce a pensar que, por su proyección, Gisbert nunca se fue del todo y que no puede ser ajeno a algunos de los 'modus operandi' experimentados y sujetos actualmente a investigación criminal por la Fiscalía Anticorrupción.

Como dice un viejo periodista almeriense, editor y sesudo amigo mío, con un buen chalé en Viator donde ubicó en su día su preciada rotativa de papel prensa, 'todo está en Internet, donde lo que entra no sale', y Gisbert tiene bastantes entradas en Google, algunas muy ilustrativas sobre el personaje que va a irrumpir en la mejor cooperativa agrícola de España, hecha día a día por hombres de un corte muy diferente y estilo de gestión, que nada tienen que ver con los que ahora se intenten imponer desde protagonismos genéticos de finales malogrados por balances muy cuestionados. Por eso no tendrá que olvidar este alcoyano ambicioso, de poder y dinero, que 'Cajamar' tiene unos activos que son 3,5 veces superiores a los de Rural Caja, y que hasta hace muy poco tiempo ambas eran enconadas competidoras.

En el año 2000, la caja murciano-alicantina, entonces dirigida por Juan Antonio Gisbert, financió un estudio titulado La vivienda y el sector de la construcción en España, que se publicó en forma de libro con 441 páginas. Dicho estudio fue realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), con la firma de los catedráticos José García Montalvo y Matilde Mas Ivars.

 Los autores señalaban la sobredimensión del sector inmobiliario -ya en el año 2000- y advertían de que otros países en los que se habían producido fenómenos similares, posteriormente habían experimentado depreciaciones importantes de sus activos inmobiliarios. Mencionaban especialmente el caso de Japón, según ha contado muy bien ahora el periodista valenciano José Juan Cabezuelo, muy vinculado entónces al Ivie. 

 La Caja del Mediterráneo, modelada por Gisbert, hizo a continuación todo lo contrario de lo que se le indicaba en el estudio que financió pese a saber que acabaría sus días a manos de la trampa del ladrillo. Algo que, afortunadamente, nunca hizo 'Cajamar' pese a las mismas provincias mediterráneas en las que se expanden desde hace una década y que hoy le hace a la almeriense poder presentar 30.188.686 de euros en activos frente a los 11.378.057 en calderilla que trae el pillo levantino que es Gisbert, dispuesto a alzarse con el santo y la limosna desde el desprecio intelectual, que no muestra pero siente profundamente, hacia el mundo andaluz de las finanzas

A lo mejor, su soberbia le hace saltar por los aires en poco tiempo y antes de lo que imagina, por su profundo desconocimiento de lo almeriense y la génesis intrínseca de 'Cajamar'. "No te equivoques, 'Chunguito', con los pitarrosos", le diría yo como consejo de un almeriense de adopción que soy desde 1972 aunque emigrado a la 'terreta' por razones del guión.
Continuará.