GRANADA.- La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) ha instado al alcalde de Carboneras
(Almería), Salvador Hernández (CS), ha incoar el procedimiento para
proceder a la revisión de oficio de la licencia otorgada a Azata del Sol
en 2003 para levantar el hotel del paraje de El Algarrobico de cara a
cumplir con la sentencia que la encamina, inicialmente, a su anulación
como paso previo para derruir el edificio.
En una providencia, la Sala acuerda requerir
formalmente al primer edil carbonero para que ejecute dicho trámite tras
la petición formulada por la mercantil en diciembre, en la que
reclamaba el cumplimiento de la resolución de febrero del año pasado por
la que ya se dio un mes al anterior alcalde Felipe Cayuela para iniciar
el expediente.
En este sentido y conforme los plazos de
notificación, el regidor carbonero tiene hasta el próximo 10 de abril
para acreditar ante el tribunal que se ha incoado el expediente de
revisión de oficio ante el apercibimiento de que, si desobedece, podría
imponerle multas coercitivas de 150 a 1.500 euros o incluso deducir
testimonio ante una eventual responsabilidad penal.
El
objetivo es que se dé cumplimiento a la sentencia firme en la que se
señala que la licencia presenta "vicios de nulidad", de modo que su
anulación sería uno de los pasos necesarios para acometer la demolición
del polémico inmueble y "devolver a su estado originario" el paraje,
"que debió mantenerse inalterable", según concluyó el Tribunal Supremo
(TS).
La ponente María Isabel Moreno Verdejo se limita en su
resolución a adoptar esta medida sin pronunciarse sobre la posibilidad
de que sea el propio TSJA el que, subsidiariamente, ejecute la sentencia
y revise el expediente, tal y como interesó la propia constructora en
su escrito inicial y también apoyaron los colectivos ecologistas.
A este extremo, sin embargo, se opuso la Junta de Andalucía, que si
bien sostiene que la anulación de la licencia es la vía más corta para
tumbar el hotel, cree que solo el Consistorio, en el que actualmente el
PP conforma equipo de gobierno con el liderazgo de un único edil de CS,
tiene la potestad para efectuar dicho trámite en virtud del "principio
de identidad", dado que fue al Ayuntamiento al que se impuso la
"obligación de admitir y tramitar el procedimiento administrativo".
La licencia de obras fue otorgada el 20 de enero de 2003 por la junta
de gobierno del Ayuntamiento de Carboneras, que actuó por delegación
del alcalde, a quien era el que tenía atribuida la competencia.
De forma paralela, el TSJA también acordó solicitar al alcalde de
Carboneras que informara periódicamente sobre los trámites a seguir para
implementar una serie de modificaciones en su planeamiento urbanístico
para declarar de manera efectiva como "no urbanizables" los terrenos de
El Canillar y El Algarrobico.
En su última comunicación, el
alcalde aseguró que aún no disponía de arquitecto municipal para
realizar dicho trámite si bien avanzaba en gestiones para conveniar con
el Ayuntamiento de Garrucha el acceso a su profesional municipal.
En el ámbito administrativo, el Gobierno inició el pasado 11 de marzo
el procedimiento para expropiar la mitad de los terrenos en los que se
asienta el hotel así como el propio inmueble en la parte que invade el
dominio público marítimo-terrestre con la publicación en el BOE de la
declaración de utilidad pública aprobada en Consejo de Ministros.
Una vez que se identificó el bien a expropiar con esta declaración,
el Gobierno debe publicar dicho acuerdo además en el Boletín Oficial de
la Provincia de Almería, en un diario de gran difusión de la provincia y
a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento de Carboneras.
Es a partir de entonces cuando se comenzará a contabilizar el periodo
de 15 días de exposición pública para hacer alegaciones a fin de
subsanar únicamente "posibles errores en la identificación del bien a
expropiar".
Finalizado el plazo de información pública, el
Ejecutivo debe resolver sobre la necesidad de ocupación, previo informe
preceptivo de la Abogacía del Estado. Cumplimentado dicho trámite y una
vez firme el acuerdo de necesidad de ocupación, se debe iniciar la fase
de determinación del justiprecio.
El Gobierno, que ha alentado
a la Junta de Andalucía a adoptar un procedimiento paralelo para
expropiar los terrenos y el hotel que ocupan parte del Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar, cifra en 16.432 metros cuadrados la superficie
afectada por la servidumbre de protección del litoral que debe estar
libre de edificaciones de uso residencial, esto es, poco más de la mitad
de los 32.654 metros cuadrados de la parcela que, según Catastro, es
propiedad de Azata del Sol.
