MADRID.- El Tribunal Supremo ha iniciado la tramitación
de la querella que la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH) ha presentado contra el diputado del PP Rafael Hernando
y ha solicitado tener por certificada su condición de aforado.
En una providencia, el
Supremo designa al magistrado José Ramón Soriano como ponente para
conocer de la causa, solicita a la asociación que aporte un poder
especial e interesa al secretario de Gobiernod el alto tribunal que
remita la certificación acreditativa de que Hernando ostenta la
condición de parlamentario en la actual legislatura.
La querella pide que
Hernando sea condenado a participar durante cinco días como voluntario
en un proyecto de exhumación a pie de fosa y pague una indemnización
para reparar el "daño moral" sufrido por "humillarlas" al decir que las
víctimas solo se acuerdan de sus familiares cuando hay subvenciones.
A "modo simbólico", solicita de forma provisional que abone 1.000
euros, cantidad que la asociación destinará a la financiación de
proyectos de exhumación que actualmente son costeados por las propias
agrupaciones y llevados a cabo por voluntarios.
El colectivo acusa al diputado 'popular' de un delito continuado
de injurias graves hechas con publicidad y lamenta que todavía no les
haya dirigido una "clara disculpa" por sostener de forma "falaz e
insultante" que los afectados solo se acuerdan de sus familiares cuando
hay subvenciones.
Para los querellantes, la afirmación de Hernando en un programa de
televisión es "falaz, insultante, ofensiva e injustificada" toda vez
que las asociaciones de víctimas del franquismo no reciben subvenciones
desde finales de noviembre de 2011 --desde que el PSOE dejó el
Gobierno-- y, en cualquier caso, las ayudas no se destinan directamente a
los afectados, sino a actividades relacionadas con las víctimas de la
Guerra Civil y la dictadura.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
recuerda que Hernando es abogado de profesión y es "manifiesto
conocedor" de las normas que emanan de las Cortes Generales, teniendo,
por tanto, sus declaraciones un "carácter ofensivo" que constituye "un
atentado muy grave contra la dignidad toda vez que se han producido con
un conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio a la verdad".
La asociación considera que su "única motivación" era "humillar" a
las víctimas al girar sobre unos hechos "notorios y execrables como son
los cuerpos sin vida que permanecen en las cuentas de la geografía
española" con expresiones que "difamatorias" contra personas que buscan a
sus familiares, atribuyéndoles comportamientos de falsedad que hace
desmerecer el público aprecio y respeto que merecen.
El escrito concluye que Hernando traspasó los límites de la
libertad de expresión con una "injustificada" lesión a la asociación
querellante y solicita al Tribunal Supremo que le llame a declarar para
proseguir el procedimiento.
