Medgaz obtiene certificado por la calidad ambiental del gasoducto Argelia-España

ALMERÍA.- El consorcio Medgaz, promotor y propietario del gasoducto submarino entre Argelia y España, ha superado con éxito los procesos de la norma internacional de gestión ambiental al obtener la certificación ISO 14001:2004, que acredita la calidad de la instalación y de todos los procesos que integran la gestión del proyecto.

La compañía trasladó en un comunicado su "máxima satisfacción" y destacó que su "propia esencia se enmarca dentro del desarrollo sostenible" y por el "compromiso con la calidad, el medio ambiente y la seguridad", que se refleja --ahonda-- "en el diseño de todas las infraestructuras y equipos, desde el trazado del gasoducto hasta las estaciones terminales de compresión en Argelia y recepción en España".

Medgaz, con sede en Almería, mantiene sendas líneas de colaboración mediante acuerdos con el puerto de la capital y la Universidad de Almería (UAL) a través de los que está desarrollando un programa de investigación sobre gestión ambiental, que se suma a la acreditación de calidad ISO 9001, obtenida en el año 2008.

El objeto principal del sistema implementado en la instalación de Medgaz, según destacó el consorcio, "es asegurar el cumplimiento de la legislación medioambiental vigente y de la política medioambiental marcada por la propia empresa, que incluye el compromiso de mejora continua". De este modo, la compañía "pretende prevenir, o al menos minimizar, los impactos ambientales que la actividad propia de la empresa pueda ocasionar sobre su entorno".

Medgaz tiene como accionistas a Sonatrach, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Gaz De France Suez. Su objetivo es construir y operar el primer gasoducto a más de 2.000 metros de profundidad en el Mediterráneo. Con una capacidad inicial de ocho mil millones de metros cúbicos al año, acercará gas natural directamente desde Beni Saf, en la costa argelina, hasta Almería.

El INSS acepta el "aval moral" del Ayuntamiento de El Ejido y levanta el embargo a las empresas de Galán

ALMERÍA.- El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aceptó hoy el "aval moral" del Ayuntamiento de El Ejido (PAL) para levantar en las próximas 72 horas el embargo cercano a un millón de euros que pesa sobre las entidades Jardines del Alcor, Jardines de Poniente y Lobelia Gestión, toda ellas propiedad del empresario Juan Antonio Galán, en prisión incondicional a raíz de la operación 'Poniente', de manera que los 87 trabajadores que acumulan diez días de protesta en la Plaza Mayor del municipio almeriense pueda cobrar sus salarios atrasados, unos 336.000 euros.

En declaraciones a los medios, el alcalde en funciones de El Ejido, Ignacio Berenguel, indicó que tras la reunión en la que estuvieron presentes representantes de los trabajadores así como de la entidad matriz de servicios municipales Elsur, Ayuntamiento y oposición con la Delegación Provincial de Tesorería, todas las partes "salieron muy satisfechas" ya que se consiguió un "aplazamiento de las cuotas que tenía incumplidas", según la versión municipal.

De esta forma, el regidor en funciones indicó que mañana se presentará la documentación solicitada por la Tesorería de manera que en un plazo máximo de tres días se resolverá el embargo que pesa sobre las cuentas y además se concederá un aplazamiento máximo de 36 meses para que las empresas "puedan desenvolverse normalmente", de forma que el líquido llegue a las cuentas de Galán --representado por Ambrosio Cuevas en este cometido, imputado en la operación 'Poniente'-- "no quedará secuestrado para atender a esos impagos".

Así, el edil ejidense, que confesó estar "muy contento" con el acuerdo alcanzado, espera que los 87 trabajadores de las subcontratas de Galán cobren el viernes y puedan regresar a su trabajo. "Todos hemos visto lo que ha pasado estos días en la Plaza Mayor, eran la parte más débil de toda la cadena y era de justicia ponernos todos de acuerdo".

El principio de acuerdo contempla el aplazamiento de las cuotas impagadas durante 36 meses, siempre y cuando no haya ningún impago de la mercantil o no se genere ningún tipo de deuda hacia la Tesorería. Así, el acuerdo es "totalmente definitivo y no debe volver a reproducirse salvo incumplimiento mercantil", según Berenguel.

En cuanto a las responsabilidades sobre los trabajadores, el alcalde en funciones afirmó que la entidad Elsur mantiene responsabilidad "moral y subsidiaria", ya que, jurídicamente corresponde, según su planteamiento, a la mercantil de Galán.

El Ayuntamiento de Níjar rechaza pagar 1.200 euros a la SGAE por la comida de mayores gratuita que hizo en Navidad

NÍJAR.- El Ayuntamiento de Níjar rechazó hoy el pago de 1.200 euros que le reclama la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por un evento que realizó el Consistorio las pasadas navidades consistente en una comida para mayores gratuita que estuvo amenizada con música.

Según señaló el ayuntamiento en una nota, la SGAE le ha remitido unas notificaciones de pago por las que solicita tal cantidad a razón de 1,20 euros por cada comensal, por lo que el primer edil del municipio, Antonio Jesús Rodríguez (PP), se mostró "indignado", ya que, según afirmó, para que la comida no se cobrara "colaboraron varias empresas de la comarca".

De esta forma, tras mantener hoy una reunión con el delegado territorial de la SGAE, el Consistorio manifestó que la sociedad le reclama también otra deuda por el funcionamiento de la radio municipal, la cual "se pagará según un acuerdo alcanzado", así como un informe de todas las actuaciones culturales que se han realizado a lo largo de 2008 y 2009 en el municipio para que se paguen "en la cuantía que ellos consideren", según el regidor.

"No lo entiendo muy bien, los ayuntamientos realizamos un importante esfuerzo en los tiempos que corren para organizar eventos de carácter social o benéfico para que ellos quieran pedir dinero porque sí", dijo Rodríguez, quien se mostró disconforme con la medida. "Si actúa la banda de música quieren cobrar, si realizamos fiestas, también; esto no se puede permitir porque al final a quien está perjudicando es a la población", apostilló.

Así, el alcalde nijareño opinó que es la Administración central la que "debe tomar una decisión sobre una organización que tiene su amparo y que se dedica a presionar a los ayuntamientos de forma irracional", por lo que defendió que "no está obligado jurídicamente" al pago de la presunta deuda, según él.

En Ayuntamiento ha encargado a sus servicios jurídicos que estudie este caso para que, en caso de que éstos reafirmen la postura del equipo de gobierno, no se pague a la SGAE, pues el Consistorio tiene "unos gastos muy superiores a los ingresos en promoción cultural".