martes, 5 de octubre de 2010

Cajamar insiste en la expansión frente al cierre de sucursales en el sector

MADRID.- Cajamar es la 16º entidad financiera en España, con un volumen de negocio gestionado de 53.232 millones de euros, unos activos de 29.882 millones, 690.000 socios y 2,5 millones de clientes.  Junto a la apertura de sucursales cuando prácticamente todo el sector financiero está reduciendo considerablemente su red de oficinas, Cajamar trata de adelantarse a otros movimientos en las cajas rurales, a juicio de la publicación 'Capital Madrid'.

Los retrasos en las fusiones virtuales de las entidades provinciales, por un lado, y de las locales y comarcales, por otro, y las discrepancias existentes en el primer grupo sobre el alcance real de su integración, pueden hacer que algunas cajas rurales opten por la propuesta de Cajamar. El ejemplo de la Caja Rural de Baleares puede ser seguido por otras.

El modelo es simple: Cajamar absorbe la entidad y a cambio ésta asume la dirección territorial correspondiente. En el caso de la Rural de Baleares, esta comunidad autónoma y también Cataluña. Pese a todos los esfuerzos de la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR), formada por 73 entidades que suponen el 80% del sector, para que en la asamblea general de la entidad balear se votara en contra, el respaldo a la operación con Cajamar fue abrumador. 

La entidad almeriense ya ha reducido el número de socios de la Asociación, con la que está enfrentada (la abandonó en 2002) desde que inició la expansión nacional rompiendo el status quo de que una rural no se metía en el territorio de otra, en seis en un año y medio.

Cajamar saca partido a las discrepancias existentes dentro de la AECR sobre el modelo de banca federada, que plantea que cada caja rural en su territorio y las sociedades participadas conjuntas en el de todos, y sobre el dominio existente en la Asociación por parte de las grandes entidades, como Ruralcaja, promotor de otra fusión virtual en la Comunidad Valenciana, Cajas Rurales del Mediterráneo, que quiere integrar en la de las provinciales.

En 2008, las rurales comenzaron a debatir la posibilidad de protagonizar una gran fusión virtual, alentadas por el Banco de España. Y más de dos años después, y pese a los llamamientos integradores del supervisor, hay tres proyectos en marcha: el de Cajamar, el único que ha recibido el nihil obstat del Banco de España; el de las grandes, con Garrigues como consultor; y el de las locales y comarcales, con AFI como asesor. Algunas entidades han optado por sumarse a la iniciativa más consolidada, que es la de Cajamar.

La entidad almeriense insiste en que su estrategia se plantea en el actual escenario de reestructuración del sistema financiero español, y del sector de las cajas rurales en particular. Y ante la necesidad de diseñar e impulsar nuevas alianzas estratégicas que contribuyan a reforzar la posición competitiva del sector de cajas rurales en España. Dentro de este planteamiento, "hay contactos permanentes" de Cajamar con otras cajas rurales y cooperativas de crédito.

Cajamar, primera caja rural y también primera cooperativa de crédito española, es resultado de la fusión de las cajas rurales de Almería y de Málaga en el año 2000, de Caja Rural del Duero en 2007, de la Cooperativa Agrícola y Ganadera del Campo de Cartagena en 1989 y de la cooperativa de crédito madrileña Grumeco en 2000. 

En agosto, la asamblea general de la Caja Rural de Baleares aprobó la fusión con Cajamar, que será efectiva el próximo mes de diciembre. Al mismo tiempo, la entidad almeriense es la promotora de la primera fusión virtual que viven las cajas rurales, con el Grupo Cooperativo Cajamar, del que ya forman parte cinco de la Comunidad Valenciana (Caja Campo, Caja Rural de Casinos, Caixa Albalat, Caixapetrer y Caixa Rural de Turís) y que está abierto a la incorporación de más entidades.
Ayer inauguró su primera sucursal en Pamplona, penetrando en el territorio hasta ahora reservado a la Caja Rural de Navarra, una de las que promueve la gran fusión virtual del sector junto al resto de las provinciales. 

Con esta apertura, la almeriense Cajamar ya suma 986 oficinas y más de 5.100 empleados en 38 provincias y 12 comunidades autónomas. Antes de que termine este año, también tiene previsto abrir más oficinas en La Rioja, que se sumarán a las que en los últimos meses han iniciado su actividad en Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

El objetivo, mientras se avanza tanto en la integración de la Caja Rural de Baleares como en la fusión virtual con entidades de la Comunidad Valenciana, es lograr lo antes posible una presencia en todas las comunidades autónomas. Cajamar no está presente todavía en Galicia, País Vasco, Extremadura y Canarias.

El TS archiva la causa contra el senador del PP Eugenio Gonzálvez

MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) ha acordado el sobreseimiento de la causa especial abierta contra el alcalde de Gádor (Almería) y senador del PP por Almería, Eugenio Gonzálvez, ante la "inexistencia" de "indicios bastantes" como para procesarle por presunta prevaricación ya que, sostiene, no cometió delito en el proceso de adjudicación y pago de las obras de la nave municipal para telares y productos hortofrutícolas.

   En el auto del Alto Tribunal,el magistrado instructor Miguel Colmenero Menéndez de Luarca señala que, con independencia de que las decisiones que adoptó pudieran ser o no correctas desde el punto de vista administrativo, no se aprecia que Gonzálvez actuase "dictando resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia", una conclusión que extiende también a la ejecución y pago de las obras de la Escuela municipal de Música y Danza.

   Ahonda, en esta línea, que no es "irrazonable" que el regidor "entendiese" que la continuación de las obras de la nave "era ajustada a la legalidad" ya que la forma de operar "no había suscitado reparo alguno por parte de quien podía hacerlo", asegura en alusión al secretario municipal, quien, según destaca, "no consta que realizase advertencia alguna sobre la imposibilidad de continuar la ejecución hasta su finalización siguiendo el mismo procedimiento empleado hasta entonces".

   La resolución expone, de acuerdo con la Fiscalía que solicitó en julio el sobreseimiento y archivo de la causa, que, en 2007, el alcalde de Gádor acordó la finalización de la obra de la nave municipal con actuaciones con un presupuesto total de 144.837,86 euros y las adjudicó a tres empresas distintas por un importe que no superó en ningún caso los límites legales para la utilización del procedimiento negociado.

   Igualmente, Gonzálvez ordenó la terminación de las obras para la construcción de la Escuela municipal de Música y Danza y, "al igual que en el caso anterior", según subraya el magistrado instructor, "entendió" que las actuaciones, por un valor global de 148.722,52 euros, podían dividirse en grupos al no exceder de los límites normativos del procedimiento negociado y las adjudicó a ocho mercantiles.

   Al hilo de esto, el auto argumenta que las actuaciones de cada uno de los proyectos bajo sospecha por la querella interpuesta por el grupo municipal del PSOE en Gádor se ejecutaron desde el principio de acuerdo al procedimiento negociado y destaca que no consta que en algún caso "mereciera reparos u observaciones por parte del secretario municipal en cuanto a su corrección".

   Remarca el Supremo en esta línea que el citado secretario "no realizó advertencia alguna respecto a la imposibilidad de continuar con la ejecución hasta su finalización siguiendo el mismo procedimiento hasta entonces empleado, o acerca, ahonda, de la necesidad de modificar alguno de los aspectos de dicho procedimiento" aunque si emitió informes manifestando "reparos" cuando ya estaba acordado el pago.

   Así, resuelve el magistrado que, si bien que no corresponde a la Sala de lo Penal sino a la de lo contencioso-administrativo determinar si el trámite elegido por el senador popular "era el pertinente o si, siéndolo, se siguieron todos los pasos marcados por la normativa vigente", Gonzálvez actuó de esa manera "porque así lo había venido haciendo sin protesta o advertencia de ilegalidad por parte de nadie".

   "No carece de razonabilidad, pues se apoya en una interpretación de la ley, la actuación del regidor gadorense ya que consideró aplicable a las últimas fases de las obras el mismo procedimiento administrativo que se había venido siguiendo en la ejecución de las fases anteriores", concluye.

Gonzálvez (PP) insta al PSOE a que "pida perdón" y le acusa de querer ganar elecciones "en lo juzgados"

ALMERÍA.- El alcalde de Gádor y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, ha instado este martes al secretario de la agrupación municipal del PSOE, Juan Antonio Almansa, a que "reflexione y pida perdón" después de que el Tribunal Supremo (TS) haya acordado el sobreseimiento de la causa derivada de la querella interpuesta por los socialistas contra él y ha resaltado que el auto demuestra que el "camino para ganar unas elecciones no está en los juzgados".
 
    Gonzálvez ha celebrado la resolución por la que el Alto Tribunal no ve prevaricación en su actuación con respecto a las obras de una nave y de la Escuela municipal de Música y Danza ya que, según ha resaltado, pone "punto final" a "tres años muy duros para mi familia" y los "libera de una carga" al tiempo que "pone las cosas en su sitio al darnos la Justicia la razón".

   En esta línea, y tras desear unas "felices fiestas" que dan comienzo este viernes en honor a la Virgen del Rosario "incluso a los que me han puesto la querella", ha remarcado que los vecinos de Gádor "quieren trabajo y su cariño hay que ganarlo" de cara a los próximos comicios municipales frente a la postura del PSOE, al que acusó "de querer hacerse con la victoria en los juzgados".

   Para Gonzálvez, el secretario de los socialistas en Gádor ha quedado "desacreditado" en política "por las muchas cosas que me ha dicho en los últimos años" por lo que, a su juicio, "debería reflexionar y pedirle perdón al alcalde y a los gadorenses" aunque ha descartado la adopción de medidas legales contra Almansa "porque nunca le daré a nadie la medicina que se me da a mí".

   En la misma línea se ha expresado el PP provincial que, a través del secretario general, Javier Aureliano García, ha urgido al secretario de la agrupación municipal del PSOE en Gádor a que "dimita y se vaya a casa" si tiene "vergüenza política" ya que, ha advertido, "en política no vale todo".

   García ha hecho extensible la "responsabilidad" al secretario general del PSOE en Almería, Diego Asensio, quien "ampara" a Almansa cuya actitud es, según ha asegurado, "una muestra más de lo que pretende el PSOE a nivel provincial, que no es otra cosa que dividir a pueblos, dividir a vecinos y dividir a familias".

   En esta línea, ha afirmado que "personas como Juan Antonio Almansa degradan la vida pública y no son buenas para la política" al tiempo que ha aseverado que "ha demostrado que su pueblo le importa muy poco, y que lo único que le ha movido en todo este asunto ha sido su obsesión personal contra el senador y alcalde de Gádor".

El Gobierno español promocionará el retorno voluntario de inmigrantes

MADRID.- La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, ha avanzado hoy que el Gobierno promocionará el retorno voluntario de inmigrantes y que les proporcionará la ayuda necesaria para que puedan reintegrarse en sus países de origen. 

Así lo ha anunciado Terrón durante su comparecencia ante la comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, en la que ha reconocido que han tenido que ampliar el crédito destinado a esta política de retorno.

"Es una política que ha llegado para quedarse y que se enmarca en la movilidad de las personas en el siglo XXI", ha explicado Terrón antes de añadir que el objetivo final del Gobierno es lograr que las medidas relacionadas con el retorno voluntario "sean realmente a favor del país de origen y a favor de las personas".

El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Trabajo e Inmigración, Rafael Hernando, ha asegurado que los programas de retorno voluntario son "un fracaso" y se ha referido a los más de 300 inmigrantes ilegales que han llegado a las costas españolas este fin de semana.

Hernando ha planteado la necesidad de incrementar los contactos con el gobierno argelino, "que se ha convertido en la plataforma de llegada de inmigrantes ilegales a nuestras costas", y ha señalado que los últimos desembarcos "eluden la amplitud" del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

"Lo que ha sucedido en los dos últimos fines de semana no debe hacernos perder el norte en relación a las llegadas irregulares en nuestro país porque no sobrepasan al SIVE", le ha contestado Terrón matizando que esta cuestión no se encuentra dentro de sus competencias sino de las del Ministerio del Interior.

Terrón también ha destacado que las prioridades de su departamento seguirán siendo la gestión ordenada de los flujos migratorios, la cooperación y el diálogo internacional con los países de origen, la lucha contra la inmigración irregular y las políticas de integración que favorezcan la convivencia y la cohesión social.

En materia de Emigración, el Gobierno ha orientado su presupuesto "a continuar garantizando los derechos y las prestaciones de los ciudadanos españoles en el exterior", ha añadido.

En su intervención, la secretaria de Estado ha detallado que Inmigración contará con 7,5 millones de euros, Integración de los Inmigrantes con 141,5 millones de euros y Emigración con 119,2 millones de euros.

En total, el Ministerio de Trabajo e Inmigración destinará para 2011 un presupuesto de 268 millones de euros al desarrollo de políticas de Inmigración y Emigración.

Para Hernando, se trata de un presupuesto "anoréxico", ya que supone un recorte del 42 por ciento con respecto a 2009.