martes, 26 de junio de 2012

Greenpeace cree que Costas "evita cumplir sus ineludibles obligaciones" con respecto al hotel de El Algarrobico

ALMERÍA.-   La organización ecologista Greenpeace ha tachado de "incomprensibles" la declaraciones efectuadas este lunes por el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, en torno a la posición del Gobierno con respecto al hotel de El Algarrobico, al considerar que el Ejecutivo "simplemente evita cumplir sus ineludibles obligaciones" puesto que existen sentencias "firmes" que, a juicio de la organización, conllevan el derribo del inmueble. 

   Según ha trasladado en una nota la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, "lo que debe hacer --el Gobierno-- es actuar por imperativo legal y proceder, sin más excusas, a la demolición del hotel ilegal", ya que entiende que existe pronunciamientos judiciales que redundan en la "ilegalidad" del edificio.
   En este sentido, ha apelado a la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la ocupación por parte del edificio de Azata del Sol de la zona de servidumbre de protección de la playa de El Algarrobico, en Carboneras así como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que anula parcialmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 2008, por lo que el establecimiento queda amparado por la normativa de 1994 que devuelve al lugar la calificación de "no urbanizable".
   Para Greenpeace, los tribunales a los que Saavedra apela en sus declaraciones "ya han indicando que se ejecute la demolición del hotel y ahora la Administración simplemente debe cumplir con sus obligaciones". En esta línea, Marcos señala que en la sentencia del TS el juez apunta a que la degradación ambiental del paraje "ha de ser corregida por otros cauces".
   La organización se ha referido también al protocolo de colaboración sobre El Algarrobico suscrito entre la Junta de Andalucía y el anterior gobierno, y que a juicio de Costas "no sirve para nada por sí solo" dado que con él "se pretenden asumir actuaciones concretas sin que se haya firmado un convenio siquiera". No obstante, Greenpeace señala que con dicho documento, ambas partes "se comprometieron a adoptar un plan de actuación conjunto, con un acuerdo de cofinanciación y desarrollar el protocolo de recuperación de la playa de El Algarrobico a través de convenios específicos".
   Con esto, desde Greenpeace afirman que "a pesar de las declaraciones del director general el Estado, sí que tiene presupuesto para ejecutar su demolición mediante la partida asignada a su dirección en materia de "actuaciones en la costa" que van encaminadas a la gestión del dominio público y que ya tiene una dotación presupuestaria". En este sentido, la responsable conservacionista ha defendido el Ministerio "debería considerar esta actuación como prioritaria como ejemplo de que no se van a permitir más barbaridades en el litoral y que se puede revertir el modelo de destrucción y de burbuja inmobiliaria".

La Diputación aplaude a la corporación de Velefique, que ha renunciado a sueldos y retribuciones municipales

ALMERÍA.- El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y portavoz del equipo de gobierno, Javier Aureliano García (PP), ha valorado este martes el acuerdo municipal adoptado por la corporación de Velefique, que en su último pleno acordó suprimir las retribuciones económicas por asistencia a plenos, lo que se suma a su renuncia a un sueldo y otras contraprestaciones. 

   En rueda de prensa, García ha señalado que se trata de una decisión "soberana" que "apoya y respeta", ya que puede ser "un ejemplo para muchos municipios", si bien ha reconocido los esfuerzos económicos que se realizan en otras localidades. En este caso, se han suprimido los gastos que ocasionan los siete concejales de la corporación, cinco de IU, uno del PP y otro del PSOE.
   Con el consiguiente ahorro generado se preparará una verbena popular para la inauguración de la piscina municipal, según adelanta este martes el diario 'La Voz de Almería'. En este sentido, desde el equipo de gobierno se han manifestado que el Consistorio apenas acumula deudas, por lo que puede afrontar un nuevo proyecto destinado a la construcción de casas rurales.

Funcas rebaja sus previsiones y estima una caída del PIB andaluz de 1,7% en 2012

SEVILLA.-   La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha modificado sus previsiones para 2012 y estima un decremento del Producto Interior Bruto andaluz a precios básicos del -1,7 por ciento, en lugar del -0,6 por ciento previsto a inicios de año, de forma que las previsiones el PIB andaluz a precios de mercado ascenderían este año, en términos corrientes, a 144.287,1 millones de euros, en lugar de los 147.019,7 millones estimados inicialmente.

   Asimismo, Funcas ha empeorado las previsiones económicas de Andalucía en relación con las efectuadas en enero, de forma que las previsiones el PIB andaluz para 2011 a precios básicos se cifran del 0,1 por ciento, por lo que el PIB a precios de mercado podría ascender el pasado año 2011, en términos corrientes, a 145.451,7 millones de euros, cifra inferior a la estimada el pasado mes de enero para 2011, cifrada en 145.808,2 millones de euros.
   Según dichas previsiones, a las que tuvo acceso Europa Press, con esta actualización, las estimaciones para 2012 de PIB a precios de mercado ascienden a 144.287,1 millones, un 0,8 por ciento inferior a las previsiones para 2011 (145.451,7 millones), y un 0,4 por ciento superior al cierre de 2010 (143.587,3 millones).
   Por sectores, Funcas modificó sus previsiones del PIB a precios básicos o Valor Añadido Bruto (VAB) en todos los sectores. Así en la agricultura, donde en 2010 se había registrado un descenso del -0,9 por ciento, para 2011 se prevé un crecimiento del 0,2 por ciento, pero para 2012 se estima un incremento del uno por ciento por ciento.
   En el caso del sector Servicios, las previsiones se modifican levemente en positivo, toda vez que en 2010 se registra un crecimiento del 0,4 por ciento, para 2011 la recuperación prevista es del 0,9 por ciento pero las previsiones para 2012 vuelven a estimar un decremento del -0,4 por ciento en el sector.
   En la Industria, el PIB a precios básicos o VAB empeora del 0,9 por ciento en 2010 al 0,1 por ciento en las previsiones de 2011 y empeora al -4 por ciento en las previsiones para 2012; mientras que la Construcción sigue registrando descensos consecutivos del PIB, de forma que en 2010 se cifra en -8 por ciento; las previsiones de 2011 se colocan en -4,1 por ciento; y las estimaciones para 2012 se cifran en -9,1 por ciento, este ultimo peor dato que las estimaciones de enero de este año (-6,1 por ciento).
   La renta familiar bruta disponible mejora sus previsiones, de forma que para 2010 finalmente baja un -2,4 por ciento; mientras que en 2011 se prevé un aumento del 2,6 por ciento y para 2012 ese aumento se sitúa a 0,2 por ciento.
   En cuanto a crecimiento medio anual del IPC, Funcas estimó un crecimiento del 3,2 por ciento para 2010, mientras que para 2011 se prevé una recuperación del 2,1 por ciento y para 2012 se estima un incremento menor, del 1,9 por ciento.
   Las previsiones sobre la tasa de paro se elevan para 2011 hasta un 30,4 por ciento con respecto al total de población activa mientras que para 2012 se prevé alcanzar una tasa de paro del 33 por ciento, superior al 31 por ciento estimado a inicios de año para Andalucía.
   La tasa de ahorro regional se cifra en un 7,8 por ciento en las previsiones para 2011 de Funcas, mientras que para 2012 se cifran en un 8,8 por ciento, frente al 12,6 por ciento estimado a inicios de año.
   La previsión de ahorro familiar se cifra en un 11,3 por ciento en 2011 y un 10,3 por ciento para 2012, mientras que el ahorro de las empresas se cifra en un 13,7 por ciento en 2011 y un 13,2 por ciento estimado para 2012.
   Por su parte, las previsiones de ahorro de las administraciones públicas varían, de un -13,9 por ciento de previsión para 2011 a un -11,8 por ciento estimado para 2012.
   En esa línea, las previsiones actualizadas de la deuda pública regional bruta cifran 2011 en un 9,4 por ciento, mientras que para 2012 la previsión se cifra ahora en junio en un 10,1 por ciento.

Precio único de 12,49 euros por crédito para todas las titulaciones en primera matrícula universitaria

SEVILLA.- El Consejo Andaluz de Universidades (CAU), reunido este martes en Sevilla, ha acordado aprobar un precio único de 12,49 euros por crédito para todas las titulaciones universitarias para el próximo curso 2012-2013 en primera matrícula, lo que supone un incremento de 29 céntimos frente a los 12,20 euros actuales.

   Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, tras la reunión del CAU, en la que también han participado los rectores de las universidades públicas de la comunidad, los presidentes de los Consejos Sociales y representantes de los trabajadores y los estudiantes.
   En compañía de la presidenta de la Conferencia de Rectores de España (CRUE) y responsable de la Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle; del representante de los rectores andaluces, José Manuel Roldán (UCO); de la presidenta del Foro de Consejos Sociales de las Universidades públicas de Andalucía, Carmen Calleja, y del secretario general de Universidades de la Junta, Francisco Triguero, Ávila también ha desglosado cómo afrontarán las academias de la comunidad durante el próximo curso el recorte de 130 millones de euros contemplado en el Plan de Ajuste Económico-Financiero del Gobierno andaluz y que, según han recalcado todos los comparecientes, se lleva a efecto por "exigencias" del Ejecutivo de la Nación y, por tanto, "por imperativo legal", como ha destacado De la Calle.
   Respecto a las tasas, el CAU ha aprobado, en primer lugar, mantenerse en el mínimo de todas y cada una de las horquillas establecidas por el Ministerio de Educación y aplicarle solo el IPC sobre la liquidación de 2011. Es decir, que Andalucía se quedará en el 15 por ciento para las primeras matrículas (de hasta un 25% en que podría haber subido), en un 30 por ciento para las segundas (de hasta un 40%), en un 65 por ciento para las terceras (de hasta un 75%) y de un 90 por ciento (de hasta el 100%) para las cuartas y sucesivas matrículas.
   Además, ha decidido que para las primeras y segundas matrículas (no así en las terceras y cuartas, que dependerán de la experimentalidad del Grado que curse el estudiante) el precio sea "único" para todas las titulaciones, independientemente de la rama de conocimiento a la que pertenezcan. Según el consejero, esto tiene una "importancia radical" porque posibilita la "igualdad de oportunidades" en el acceso de todos los alumnos a la Educación Superior: "Andalucía será una de las pocas comunidades que tome esta decisión y es porque aquí queremos un modelo de Universidad donde las personas que ingresan elijan sus estudios por razones académicas y nunca económicas", ha recalcado.
   Estas dos decisiones, traducidas en euros, significan que los alumnos que se matriculen en el curso 2012-2013 por primera vez de una asignatura de Grado pagarán un total de 12,49 euros por crédito (29 céntimos más que el presente curso) y un total de 24,97 euros por crédito si repiten y es la segunda vez que la cursan (10,87 euros más que ahora). En las terceras y cuartas matrículas si influirá el grupo del conocimiento al que pertenezca el Grado, pudiendo oscilar en tercera matrícula entre 47,59 y 54,10 euros y, en cuarta, entre 63,46 y 74,91 (este curso el precio ha sido de 18,30 euros en ambos supuestos). En los Másteres, los precios públicos del crédito también variarán a partir de la tercera y cuarta matrícula pero, esta vez, dependiendo si se trata de un título habilitante o no profesionalmente.
   Consciente de que el peso de la subida de tasas caerán en aquellos alumnos que no aprueben las asignaturas a la primera --a los que De la Calle ha defendido de forma rotunda al entender que no se trata de "malos estudiantes" sino de personas que han "tropezado" y a las que hay que ayudar--, la Junta de Andalucía se ha comprometido este martes en el CAU ha activar un plan de compensación que ayude a "amortiguar la subida de las tasas".
   Según ha aclarado Triguero no se trata de "becas" porque la comunidad autónoma no tiene competencias para ello, pero sí serán "ayudas" que se financiarán con cargo a los ingresos nuevos procedentes de la subida de tasas consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 14/2012, contando para ello con el pago fraccionado de la matrícula para que el alumno no se vea obligado a hacer el desembolso con carácter previo.
   Además, Ávila ha explicado que estas compensaciones irán destinadas fundamentalmente a los alumnos de primera y segunda matrícula ya que ellos, en conjunto, "suponen el 90 por ciento del conjunto de estudiantes de todas las universidades públicas andaluzas". Sobre todo, ha justificado el consejero, porque entre el diez por ciento restante del alumnado universitario andaluz, un 80 por ciento de ellos está cursando las antiguas licenciaturas, de las cuales, ya no se imparte docencia. Para este tipo de estudiantes, la Junta ha establecido también una medida compensatoria y es que se beneficiarán de una matrícula reducida, situada en torno a los 20 euros, frente a los 71,05 que tendrían que pagar sin esta rebaja.
   De este modo, la Junta pretende evitar que disminuya el próximo curso el número de universitarios y que el Real Decreto 14/2012 tenga la "mínima afección posible" en Andalucía. "Si lo conseguimos, habrá un volumen de recaudación adicional que destinaremos a compensar los desequilibrios del decreto", ha apostillado Ávila.
   El otro punto clave de la comparecencia de este martes del máximo responsable de las Universidades del Gobierno andaluz ha sido el desglose de cómo se van a recortar los 130 millones en las academias de la comunidad durante el próximo curso.
   Así, y tras afanarse en explicar que este "ajuste" se debe a las "exigencias" del Ejecutivo de la Nación y en que, en todo momento, el Gobierno autonómico "ha cumplido su promesa de dialogar" de manera permanente sobre ello con el conjunto de la comunidad académica (se han producido 20 reuniones entre las partes implicadas en el último mes), Ávila ha celebrado que no se hayan traspasado "dos líneas rojas", la de la pérdida de empleo y la de la falta de equidad en el acceso a la Educación Superior.
   Según ha expuesto, el Gobierno andaluz ha tenido en todo momento en consideración que la Universidad es clave para salir de la crisis y que, por tanto, hay que tomar medidas que afecten lo menos posible a su capacidad de emprendimiento, de generación y transferencia del conocimiento y de generación, igualmente, de capital humano.
   Por ello, y con el beneplácito de la mayoría del CAU, se ha aprobado reducir su presupuesto en 45 millones recortando un cinco por ciento las nóminas de los trabajadores (tal y como prevé el Real Decreto-Ley), destinar 33 millones menos a infraestructuras generales y 25 millones menos a nuevas infraestructuras de carácter científico. Además, las universidades reducirán en 20 millones sus gastos corrientes, ajustarán  temporalmente por un año los proyectos y grupos de investigación para ahorrar cinco millones de euros y disminuirán las partidas para prestaciones y gastos sociales en dos millones de euros.
   Todo ello, según ha reconocido Calleja, Roldán y, en especial, De la Calle, con "dolor" y manteniendo su rechazo a las medidas "impuestas" por el Gobierno de la Nación pero asumiéndolas "de la forma menos agresiva".
 "El sacrificio va a ser gordo y los funcionarios de las Universidades públicas estamos sometidos tanto a los rigores estatales como autonómicos, pero no queda otra. Esperamos, eso sí, que no se nos toque más porque esto lo aceptamos en beneficio de todos y por mantener el empleo", ha argumentado la presidenta de la CRUE.

La UE admite una denuncia contra la Junta por avalar la urbanización de Valdevaqueros

CÁDIZ.- La Unión Europea (UE) ha admitido una denuncia presentada por Verdemar-Ecologistas en Acción contra la Junta de Andalucía por "avalar" el Plan Parcial de Valdevaqueros, en Tarifa, una "macro urbanización que afecta a una zona de altísimo valor ecológico" y que, además, "nunca se sometió a un estudio de impacto ambiental, a pesar de afectar a espacios protegidos tanto por la legislación andaluza como por la comunitaria e internacional". 

   Según la respuesta que la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea dirige a Verdemar con fecha del pasado día 19, "tras realizar un primer análisis de las cuestiones que nos planeta, los servicios de la Comisión han solicitado información de las autoridades españoles sobre los hechos inicialmente denunciados", la cual estudiarán para extraer las conclusiones oportunas.
    La denuncia planteada por el colectivo ecologista resalta que el proyecto de Valdevaqueros afecta a una zona de "altísimo valor ecológico del Parque Natural del Estrecho y a un Lugar de Interés Comunitario (LIC) declarado por la UE dentro de la Red Natura 2000, en el límite de otro parque natural --Los Alcornocales-- y de una Reserva de la Biosfera aprobada por la Unesco --Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo)".
   Detalla que en la zona de Valdevaqueros se ha aprobado por parte del Ayuntamiento tarifeño un complejo urbanístico que incluye 350 viviendas y varios hoteles, con una cabida total de 1.423 plazas hoteleras. Expone que el Plan Parcial aprobado incluye incluso una zona del Parque Natural que, "aunque no se prevean edificaciones, sí se contempla como urbanizable".
   Asegura que el proyecto "no se ha sometido a ningún procedimiento reglado de prevención ni evaluación ambiental". Asimismo, pone de manifiesto que el proyecto ha generado "una enorme alarma social, pues los ciudadanos son cada vez más conscientes del valor del litoral y de los enormes impactos negativos que ha tenido la especulación urbanística, generada por la burbuja inmobiliaria, de la que este proyecto de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1991 es un fiel reflejo".
   De igual manera, el colectivo ecologista da cuenta, entre otras cuestiones, de que ha planteado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que inste al Consejo de Gobierno de la Junta a "paralizar este proyecto y desclasificar los terrenos del PGOU de Tarifa, y la revisión de las normas urbanísticas de Tarifa, que datan de 1991, así como la adaptación del PGOU de Tarifa a la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía)".
   Por otra parte, fuentes de la Plataforma ciudadana 'Salvemos Valdevaqueros', en la que está integrada Verdemar, han informado de que este lunes trasladaron la misma información al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien "ha admitido a trámite la denuncia".

Fomento no descarta pagar peaje por circular por autovías

MADRID.-   El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Gonzalo Ferre, ha asegurado que, "de antemano, no hay nada descartado" en cuanto a la eventual implantación de un peaje por el uso de infraestructuras, como las autovías.

   "El pago por uso o el sistema de tarificación requiere un análisis de impacto y de oportunidad política", indicó el alto cargo de Fomento, quien añadió que el Ministerio trabaja en analizar la forma en que se podría aplicar en España la directiva sobre la 'Euroviñeta', esto es, el cobro de peaje a los camiones.
   "Nada está descartado de antemano" sobre estas cuestiones, se limitó a indicar al respecto el secretario general de Infraestructuras durante su intervención en la asamblea general de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci).
   El alto cargo de Fomento aseguró que el Ministerio promoverá la obtención de todo tipo de recursos adicionales a los presupuestarios para costear el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda (PITVI) que prevén presentar "a finales" del próximo mes de julio con horizonte de ejecución a 2024.
   Así, Ferre apuntó a la oportunidad de atraer capital de fondos soberanos, fondos de inversión, fondos de gestión de planes de pensiones, además de la inversión de empresas privadas y fondos europeos.
   En materia comunitaria, se refirió a los nuevos 'project bonds' bonos avalados por el BEI y la UE aprobados recientemente y que Europa prevé lanzar con un proyecto piloto este verano.
   En paralelo, el Departamento que dirige Ana Pastor vinculará cualquier decisión de inversión en nuevas infraestructuras a un conjunto de factores como son la relación entre su coste y su beneficio, su relación con otras dotaciones, su impacto social y económico y su rentabilidad, entre otros.
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas (Aseta), José Luis Feito, considera una "necesidad inminente" cobrar un peaje por circular por la red de carreteras.
   Feito estima, a título personal, que el anuncio de cobro de un peaje por circular por todas las carreteras se va a realizar en un futuro "muy próximo", probablemente antes de finales de año.
   La patronal considera que este peaje es una "necesidad inminente", dado que con los recursos presupuestarios existentes es "muy difícil" hacer frente a las necesidades de mantenimiento y conservación de las carreteras.
   "No es posible seguir manteniendo las carreteras que se construyeron con 'peajes en sombra'" (sistema por el que la Administración paga un canon anual al concesionario de la vía) y ahora "la única solución" es poner los peajes donde antes no había.
   Así lo manifestó Feito en una rueda de prensa con motivo del Encuentro 'Hacia un modelo de gestión de infraestructuras de transporte', patrocinado por Aseta, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
   En este mismo sentido se pronunció el director general de Abertis Autopistas España, Josep Lluís Giménez, quien aseguró que el pago por uso ha llegado al "punto de madurez en el que técnicamente, económicamente y hasta cierto punto socialmente" está justificado.
   Esta medida "evitaría los desequilibrios que pueden existir a lo largo de la geografía española", añadió el director general de Abertis, posibilitando, además, "armonizar" las políticas a las directivas europeas.
   Y puntualizó que la decisión está en manos de los políticos, que necesitan "valentía" para decidir entre "accidentalidad explosiva" o tomar decisiones que "no gustan" a la ciudadanía pero que reducirán la siniestralidad.
   Sobre el movimiento antipeaje, Feito los tildó de "rebeliones" y aseguró que este tipo de movimientos no ocurrirían si hubiera un modelo armónico en la tarificación de las infraestructuras en España.
   Lo que, además, permitiría eliminar "de un plumazo" los agravios históricos a algunas comunidades que tiene un porcentaje de vías sujetas a peaje mayores que otras.

Según Beteta, el objetivo de la reforma local es "garantizar" los ayuntamientos

MADRID.- El secretario de Estado Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha subrayado que la intención del Gobierno al reformar las administraciones locales es "garantizar el futuro" de los ayuntamientos y no eliminarlos. "No pretendemos imponer agrupaciones o fusiones. El mapa debe ser simplificado, pero fruto del acuerdo de las partes, jamás por imposición", ha añadido.

   Durante su intervención en unas jornadas sobre la reforma de la administración pública en el Instituto de Empresa, Beteta ha dicho que en las próximas semanas su departamento presentará la propuesta para reformar la Ley de Bases de Régimen Local, en la que está trabajando con partidos políticos y entidades locales de toda España.
   Además de insistir en que el nuevo mapa local será fruto del acuerdo y no una obligación, el secretario de Estado ha destacado que el proyecto en el que trabaja su departamento ayudará "a taponar una gran lacra en la gestión pública, las competencias impropias", al determinar la lista de materias que son responsabilidad exclusiva y obligatoria de los ayuntamientos y las que son de "carácter facultativo".
   Además, ha añadido, mientras las primeras no se presten con eficiencia no se podrán ejercer las segundas. Todo ello servirá además, según Antonio Beteta, para clarificar "el mapa competencial" español, distinguiendo entre el sector local, el autonómico y el estatal.
   El secretario de Estado ha defendido por último la intención de su departamento de potenciar las diputaciones, para que asuman las competencias de los municipios menores de 20.000 habitantes que no las presten con eficacia.
   Beteta ha querido subrayar la necesidad de que esta reforma se lleve adelante y que provoque también, en otoño, la modificación de la Ley de Haciendas Locales, para asegurar la financiación de los servicios que prestan los municipios.
   Ha insistido en que debe de establecerse para siempre en el sector público el principio de no gastar lo que no se tiene, de pagar las facturas y de hacer siempre el papel de la hormiga, "frente a la derrochadora cigarra", en la popular fábula.

Andalucía decide recurrir ante el TC el decreto de recortes en sanidad

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes autorizar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto de Medidas Urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobado por el Gobierno de la Nación el pasado 20 de abril. 

   Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, el Real Decreto dictado por el Ejecutivo de Mariano de Rajoy "es inconstitucional tanto en el fondo como en la forma" y no garantiza "el derecho a la protección de todos reconocido en la Carta Magna", con lo que "se pasa de ser ciudadanos titulares del derecho a la salud a ser asegurados y beneficiarios de un servicio". En su opinión, el Gobierno central "penaliza con motivo de la situación económica a los sectores más desfavorecidos".
   El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ya criticó este lunes que el Real Decreto que "desmonta" el SNS al dificultar el acceso "efectivo" de los ciudadanos a los servicios sanitarios y "vulnera" la Constitución al "no garantizar" el derecho a la protección de la salud reconocido en la Carta Magna, que se "hurta" a los inmigrantes y a los colectivos "mas desfavorecidos".

Los inmigrantes seguirán teniendo derecho a sanidad con el empadronamiento

SEVILLA.- La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que en Andalucía el sistema sanitario público lo tiene "todo previsto" para que aquellas personas que tengan la vecindad administrativa en la comunidad, "sean inmigrantes o no", sigan recibiendo la atención sanitaria no urgente que hasta la fecha se les venía dispensando.

   A preguntas de los periodistas al término de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, Montero ha declarado que para la atención sanitaria programada de la población inmigrante en situación irregular --la atención urgente no requiere de ningún tipo de documentación-- "se le solicitará sólo el empadronamiento, que es lo que certifica que la persona tiene vecindad administrativa en Andalucía".
   Montero ha justificado esta medida, "entre otras razones porque el colectivo inmigrante tienen un impacto económico en consumo de recursos sanitarios bajísimo, ya que es una población habitualmente sana y joven y, por tanto, consume menos recursos".
   De igual modo, ha agregado que el bajo uso de los recursos sanitarios que hace esta población responde a que son personas "que tradicionalmente no suelen ir a los servicios sanitario, porque piensan que se les va a cobrar, como ocurre en sus países de origen, o por miedo a su situación de irregularidad en el país".
   Además, ha advertido de que la no dispensación de una sanidad programada (la no urgente) podría provocar un "impacto en la salud pública que podría perjudicar al resto de los ciudadanos", en referencia a un hipotético aumento de enfermedades altamente transmisibles, como puedan serlo el sarampión, al quedar fuera de los programas vacunales.
   "Es decir, que no es sólo un elemento de solidaridad sino de velar por la salud pública del conjunto de los ciudadanos", ha puntualizado Montero. Preguntada si este derecho sanitario puede tener un efecto llamada de inmigrantes que residen en otras zonas, ha dicho que, "en este momento, el elemento disuasorio más importante es la falta de oportunidad laboral que hay en España y en el entorno de la UE".
   "Esto de la crisis tiene su cara y su cruz. Además, el sistema sanitario ya vienen desarrollando el sistema urgente para cualquier persona, resida o no en una comunidad, y lo contrario sería omisión del deber de socorro", ha agregado.
   Respecto al hecho de que el RDL 16/2012 también establece que los mayores de 26 años podrían tener derecho a la atención sanitaria ordinaria siempre que en el plazo de tres meses regularizaran su condición de beneficiario respecto a un titular, Montero ha dicho que el Gobierno andaluz "entiende que sería la Seguridad Social la que tendría que hacer un reconocimiento de oficio de la situación de estos ciudadanos y no dándoles un plazo de tres meses para que lo hagan ellos".
   Por ello, ha pedido al Gobierno que si dicha norma va a ser así tal cual está redactada, "sería bueno que levase a cabo una campaña de información para que nadie se sorpresa". En el caso de Andalucía, ha concretado, "no ocurrirá esto porque respetaremos sus derechos, pero nos referimos a casos como, por ejemplo, cuando un andaluz vaya a otro lugar y le puedan poner dificultades a su atención".
   De esta forma, ha advertido que "si el Gobierno central no modifica este decreto tal como está redactado. entendemos que desde Andalucía habrá que hacer una campaña de información advirtiendo a los andaluces de que si se encuentran en esa situación y se desplazan a otras CCAA tienen que regularizar su situación sanitaria para que no se encuentren con una desagradable situación fuera de nuestra comunidad", ha concluido.

Análisis, diagnóstico y soluciones a la crisis / Ángel Tomás Martín *

Aún no hemos tomado conciencia nacional de la verdadera situación a que hemos llegado con el deterioro integral de la economía, dirigida torpemente y sin control, creyendo que habíamos conseguido el " estado del bienestar perpetuo". Craso error; el estado del bienestar pleno ni existe y mucho menos se consolida a perpetuidad. Eso sí, se ha utilizado de forma generalizada y populista, practicando políticas económicas interesadas durante más de un quinquenio, a cargo de economistas de competencia muy discutible y fácilmente manejables. Permitieron una política desafortunada y perjudicial basada en una economía de conveniencia, olvidando el único buen camino a seguir: una economía inteligente para una política y una gestión seria y eficaz. Su liderazgo no merecedor de este nombre, nos ha conducido a una crisis insostenible, a un desprestigio exterior, y a una pérdida de confianza de los mercados financieros.

Una grave coyuntura, como la actual, exige: un análisis exhaustivo de la misma, un diagnóstico real completo, planificar y programar un plan nacional de reformas, y proceder a la toma de decisiones urgentes, que nos vuelvan al equilibrio económico, a la creación de riqueza y a la reducción inaplazable del paro.

PRACTICAR UN ANÁLISIS.- Hagámoslo de manera escueta por haber sido objeto de estudio a todos los niveles: 
-Basar una economía en la construcción, permitiendo un desarrollo diez veces superior a la demanda y estimulando y permitiendo especulación generalizada.
 -Olvidar el cumplimiento estricto de los presupuestos del Estado, Comunidades, Ayuntamientos y Entes públicos, permitiendo el despilfarro y las obras faraónicas no rentables y de imposible amortización ( cuestión que sigue practicándose aunque en menor cuantía). 
- Incremento desorbitado de los gastos corrientes.  

- Deterioro de los activos bancarios, con un endeudamiento progresivo agravado por el crecimiento de la morosidad. 
- Relajamiento de la productividad industrial y abandono de la agricultura y derivados. 
- Y, falta de estímulo y ayuda a nuestra riqueza tradicional, muy diversa y rentable.

DIAGNÓSTICO.- Caída del PIB y la demanda. -Déficit de la balanza comercial. - Ausencia casi total de efectivo para la economía real y familias. -Importantísima desaparición de empresas. -Crecimiento del desempleo.-Endeudamiento desproporcionado público y privado. -Crecimiento de la carga fiscal. -Disminución de la recaudación impositiva. -Incumplimiento de nuestras obligaciones comunitarias. -Falta de transparencia y equilibrio presupuestario. -Pasividad e ineficiencia de los supervisores oficiales, a pesar de la alta e indiscutible calidad de sus cuerpos de inspección del Banco de España, Tribunal de Cuentas del Estado, CNMV, interventores del Estado, Inspectores de hacienda, aduanas, consumo, etc.). Su independencia ha sido deteriorada y manejada por intereses políticos personales. Conclusión: crisis sistémica, financiera, recesión y paro.
PLANIFICAR UN PLAN NACIONAL DE REFORMAS URGENTES
Analizada y diagnosticada la crisis, pasemos a la búsqueda de soluciones y adopción de medidas estructurales de apoyo y lanzamiento de la economía y la promoción de empresas, única solución para el crecimiento.

Hemos sido lentos e inconscientes dejando pasar cinco años ignorando una crisis que pedía a gritos controles, sanciones, reformas y estímulos. Hemos aplicado teorías keynesianas no compatibles con los parámetros coyunturales actuales: 
-Promociones de obras públicas cortoplacistas, que solo han servido para incrementar el endeudamiento
-Subidas de impuestos que han precipitado, aún más, la desaparición de empresas.

- Ha faltado decisión y autoridad para reducir el gasto público y rechazar inversiones irracionales mastodónticas, y todo ello, acompañado de una indisciplina presupuestaria a todos los niveles carente de transparencia. Visto todo lo anterior, propongamos un plan nacional de reformas urgentes:

a). Sanear los puestos de gestión que han demostrado incompetencia. - Cese de los innecesarios y de las comisiones asesoras no oficiales.- Supresión de subvenciones y financiaciones con cargo al erario público, inmorales en determinados casos, que dañan la economía e incrementan el endeudamiento. Es imprescindible medir la eficacia de los movimientos antes de provocarlos.

b). Restablecer y independizar los sistemas de control y supervisión. Hay que reivindicarlos y dotarlos del poder de regulación que siempre tuvieron, que infunden tranquilidad y seguridad a todos los españoles. Hay que cumplir la Ley 28/1988 sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, y aplicar la Ley 13/1994 que faculta a incoar expedientes sancionadores y medidas de intervención urgentes.

c ). Sanear las cuentas públicas y equilibrar los presupuestos, impulsando y respetando el "presupuesto base 0". Necesitamos más ingenio, mas profesionalidad, más esfuerzo y una renovación impulsora y promocional.

d). Establecer planes realistas de amortización de los excesos de deuda pública compatibles con las posibilidades presupuestarias.

e). Previo al presupuesto general del Estado y con la misma base, se regulará y exigirá a las Comunidades Autónomas un presupuesto equilibrado en el cual se detallen los planes regionales de impulso al crecimiento, sin rebasar lo ingresos. Aún siendo las CCAA instituciones deseables y reguladas en la Constitución, si alguna carece de la posibilidad de impulsar y nivelar su economía, por su propio bien y por el de todo el país, debe procederse a su rescate, anulación de facultades y retorno de transferencias. Es el propio Estado quien debe responsabilizarse de su administración integral. Si una empresa no es capaz de sobrevivir, debe disolverse o integrarse en otra de gran tamaño, ¿Por qué una Comunidad incapaz de ser autosuficiente y con resultados negativos debe tener privilegios a costa del resto? Nuestra economía solo saldrá de la crisis, si todas las CCAA reactivan sus propias fuentes de riqueza, mantienen el gasto productivo y eliminan el superfluo.
f). Es urgente y de imperiosa necesidad SANEAR, REGULAR Y CONTROLAR el sistema financiero, canalizando el efectivo en el mercado nacional, olvidándose de las inversiones en deuda soberana y en el exterior. El Estado debe adoptar medidas drásticas que hagan posible el cumplimiento en España de la obligación de ejercer la banca comercial y no la de inversiones.

No debemos olvidar que dentro del saneamiento de la banca, es necesario sacar los activos inmobiliarios altamente depreciados procedentes de la hipotecas basura, incorporados por su carácter incobrable, producto de una gestión nefasta y sin un previo análisis de riesgos, dando curso a operaciones equivocadas, sin garantía suficiente y con exposición de los depósitos de los clientes. La salida de estos activos debe ser sustituida por el equivalente en efectivo a devolver a largo plazo, o a compensar en su día con el producto obtenido de la venta, también a largo plazo, de los inmuebles cedidos. El efectivo recibido, garantizado por la propia entidad, más el valor futuro de las cesiones, será obligatoriamente destinado a financiar la economía real.

La situación crítica en que nos encontramos, solo encontrará salida si se rescata el sistema bancario, pilar básico de todo desarrollo económico y si se lleva a cabo con extrema rapidez. A partir de ahí el tejido empresarial se responsabilizará del crecimiento de nuestra economía.

Por último, el recate del sistema financiero ha de venir del exterior, vía Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo. Los recientes contactos de Mariano Rajoy con Ángela Merkel, de Luis de Guindos con el ministro alemán Wolfgang Schauble y de Sáez de Santamaría con Timothy Geithner, secretario del Tesoro de EEUU., pueden ser la vía adecuada para la solución de nuestro sistema financiero. Christine Lagarde, que también se entrevistó en Washington con Sáez de Santamaría, ha abierto la puerta a la consideración de esta posibilidad. Siendo España un porcentaje muy significativo en el PIB de la Europa Comunitaria, podría poner en peligro al Euro y a la propia Unión. Bruselas y en especial Alemania no lo permitirán, terminadas las medidas de ajuste exigidas.
(*) Economista y empresario

La defensa de un acusado en Malaya dice que la Junta creó "caldo de cultivo para la corruptela" urbanística

MÁLAGA.- La defensa del empresario Cristóbal Peñarroya, acusado en el caso 'Malaya', ha asegurado este lunes que fue la Junta de Andalucía la que "creó el caldo de cultivo ideal para todo tipo de arbitrariedad o corruptela" en el ámbito del urbanismo, al dejar a la localidad "sin norma urbanística". Además, ha apuntado, junto a otros letrados defensores, que el fiscal al hablar de una sentencia ejemplar se refiera a "más dura que justa" y que "sirva de escarmiento".

   Así, el letrado de Peñarroya ha asegurado que la actuación de la administración andaluza, personada como acusación en esta causa, "produjo un efecto terriblemente nocivo, que es que dejó a Marbella sin norma urbanística", ya que, ha dicho, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 no estaba publicado y "no era aplicable", y la revisión del plan de 1998 "estaba formalmente suspendida" por dicha administración.
   También se ha referido al Ayuntamiento marbellí, también acusación, del que ha dicho que tenía "una desesperada necesidad económica", por lo que "se inició una carrera de suscripción de convenios urbanísticos con finalidades exclusivamente recaudatorias", insistiendo en que "se utilizaba el urbanismo para recaudar no para ordenar" y en que el Consistorio "recaudaba compulsivamente" e "impuso" como planeamiento la revisión del plan.
   "A esta actitud no fueron ajenos los servicios jurídicos, los técnicos, el interventor y el tesorero", ha manifestado el letrado defensor del promotor, quien ha reiterado que todas estas actuaciones en el ámbito del urbanismo se hicieron "a la vista, ciencia y paciencia de todos los servicios municipales".
   Ha considerado que "nos estamos enfrentando a un simple caso de presunta corrupción política en este caso municipal como ha habido decenas de ellas en España, sin necesidad de detenciones masivas, juicios multitudinarios ni daños económicos y sociales a una zona privilegiada de España que tardará años en recuperarse de estas actuaciones".
   Sí se ha mostrado de acuerdo con el ministerio fiscal en la necesidad de mandar un mensaje a la sociedad de que hay determinados comportamientos que no pueden quedar impune, pero también "en mandar el mensaje de la preeminencia del Estado de Derecho sobre desproporcionadas y alarmistas actuaciones que han vulnerado, en mi opinión, derechos fundamentales y básicos".
   "Se han sometido innecesariamente a determinadas personas a sufrimientos morales, desprestigios personales, profesionales y sociales con la dudosa finalidad de dar un escarmiento por unos hechos o unas corruptelas urbanísticas que si se hubieran abordado con la prontitud, la mesura y la prudencia necesarias habrían evitado injustos daños", ha apostillado.
   También se ha referido a la expresión del fiscal de esperar una sentencia ejemplar y ha señalado que "el diccionario recoge dos acepciones de la palabra, la primera, es modélica, justa y adecuada a derecho, y si es así, este letrado la comparte", mientras que la segunda, "y me temo que es a la que se refería el señor fiscal, es una sentencia que sirva de escarmiento, es decir, una sentencia más dura que justa, algo que este letrado no puede compartir".

La Junta pide al Gobierno que exija a las entidades que paralicen desahucios para ser recapitalizadas

SEVILLA.-   La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha pedido al Gobierno central que exija a las entidades financieras --bancos y cajas-- que paralicen "inmediatamente" los desahucios como condición para poder entrar en el plan de recapitalización del sistema financiero.

   La consejera ha indicado que, ante el rescate bancario ya solicitado por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tanto la Junta como IU consideran que "debe haber condiciones y requisitos clarísimos para todas las cajas y bancos que pidan formar parte de esa recapitalización", y que se centran en "desahucios cero".
   De esta forma, Cortés pide que "todos los bancos y cajas que acudan a esa recapitalización paralicen de forma inmediata todos los desahucios de miles de familias andaluzas y españolas", al mismo tiempo que ha demandado que "se garantice un alquiler social para que las familias trabajadoras amenazadas con desahucios puedan tener una vivienda en la que desarrollar su vida".
   "Estas familias se están viendo triplemente castigadas por la crisis, con la pérdida de empleo, la amenaza de desahucio y la deuda que tienen contraída de por vida", ha agregado la consejera, quien considera que "sería más que interesante exigir que el Gobierno plantee la modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento civil para permitir la dación en pago, el alquiler social y la paralización de los desahucios".
   Considera asimismo que "no se puede premiar a la banca teniendo en cuenta que han provocado sufrimiento e injusticia y el inmenso beneficio obtenido por esas entidades en los años de la burbuja".
   Cortés ha recordado que "el Estado y el pueblo es el garante de la recapitalización y el artículo 128 de la Constitución alude al hecho de que la riqueza debe estar al servicio del interés general, por lo que es necesaria la paralización inmediata de los desahucios y el alquiler social que permita a las familias mantenerse en su vivienda".
   "En el nombre de la mayoría social no se puede consentir ni un desahucio más y el Gobierno debe valer por el interés general  y no por los intereses particulares", asevera la consejera, quien insiste en la necesidad de que las entidades "cuando acudan al rescate sean conscientes que una de las condiciones para optar al mismo debe ser paralizar los desahucios". Agrega que en el caso de entidades recapitalizadas, como Bankia, debe hacerse "exactamente lo mismo, esto es, paralización inmediata de los desahucios que Bankia ejecuta".
   La consejera ha anunciado asimismo que ha dado orden a las delegaciones provinciales y a las gerencias de la Empresa Pública de Suelo (EPSA) de incluir un procedimiento más en todas las ejecuciones de desahucios administrativos en los casos de viviendas públicas, de forma que, según ha explicado la consejera, todos los desahucios "deberán contar con el visto bueno de la propia Consejería".
   De esta forma, según ha explicado, todos los expedientes de desahucio, que tienen un trámite, deberán además ahora añadir otra "nueva garantía", esto es, deberán pasar por el director gerente de EPSA antes de proceder a la tramitación y aprobación de cualquier desahucio.
   "Hemos visto la necesidad de repensar las cosas, todo lo que no sea usurpación de un bien público debe ser repensando, sobre todo cuanto puede haber menores", ha agregado las consejera, quien apunta que "desde 2008 a 2012 la Junta ha llevado a cabo menos de 20 desahucios".
   Según publica este lunes 'Diario de Sevilla', la Consejería quiere estudiar cada caso en particular y dar una alternativa y asegura que previamente al lanzamiento se agotan todas las vías de diálogo.
   Un equipo de técnicos y trabajadores sociales de EPSA analizan si los casos de morosidad responden a una auténtica incapacidad para abonar los recibos de alquiler o tienen una justificación objetiva. Si responde a causas económicas, se intenta llegar a un acuerdo con el inquilino para que acepte un reconocimiento de la deuda y se comprometa a realizar el pago cuando mejore su situación económica.
   Estas viviendas se vuelven a adjudicar a otras unidades familiares que tienen una necesidad urgente de residencia (están en riesgo de exclusión social o han sido previamente desahuciadas judicialmente por entidades financieras al no poder hacer frente a los préstamos hipotecarios que asumieron para adquirir sus viviendas en el mercado libre).
   La Junta insiste en la flexibilidad que se les da a las familias para que puedan hacer frente a los pagos; incluso se contempla, en algunos casos, una minoración de las rentas de acuerdo con los límites que establece la Ley de Vivienda, indica este diario, que recuerda que la Junta gestiona más de 46.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, con una población residente de unas 250.000 personas, según apunta el diario.

La izquierda andaluza en el poder se entrega al ajuste

SEVILLA.- La comisión ejecutiva de IU-CA, reunida este lunes en Sevilla, ha acordado por 23 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, una resolución que contiene una directriz para que los parlamentarios autonómicos de la federación de izquierdas "dejen pasar, con su voto favorable", el decreto Ley promovido por el Gobierno andaluz, del que IU-CA forma parte, con las medidas fiscales, administrativas y laborales para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. "La derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos y privatizaciones a todos los niveles", avisa la resolución acordada.

   La resolución recuerda que el pasado 19 de junio, el Gobierno autonómico nacido de la coalición entre PSOE e IU-CA aprobó el decreto Ley relativo al plan de ajuste financiero promovido por el Ejecutivo andaluz para reducir el déficit de la Administración regional. A tal efecto, la federación de izquierdas defiende que su posición "fue expuesta con toda claridad por nuestro Grupo Parlamentario desde la tribuna del Parlamento andaluz, en coherencia con la posición aprobada por el consejo andaluz de IULV-CA celebrado el 1 de junio de 2012".
   "Izquierda Unida no quiere ajustes ni recortes. Izquierda Unida reniega de ellos y reniega, sobre todo, de un sistema económico  y una política neoliberal que obliga a aplicarlos de forma injusta e indiscriminada", señala la resolución para aseverar que IU-CA "no es responsable de este plan de ajuste financiero". A tal efecto, la resolución rememora los duros recortes promovidos por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy en materia de sanidad y educación y avisa, por ejemplo, de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 "quitan  a Andalucía 960 millones de euros en transferencias".
   En esta resolución, la comisión ejecutiva de IU-CA alerta de que el Gobierno central "nos exige, mediante la amenaza de intervención de cuentas, que se pague escrupulosamente la deuda externa de Andalucía, que asciende a 813 millones de euros al año", toda vez que los populares bloquearon en el Senado una propuesta de IU para que Andalucía gozase de un incremento de transferencias por valor de 680 millones de euros que "hubiese supuesto no tener que aplicar el plan de ajuste".
   "Ante esta situación, Izquierda Unida podría declararse insumisa", señala la resolución, que a continuación indica que "la derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos y privatizaciones a todos los niveles". 
"Esto supera para Izquierda Unida los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto".
   En ese sentido, la resolución alude de nuevo al plan de ajuste financiero del Gobierno andaluz y a las "mejoras" negociadas por IU-CA "para lograr que su impacto sobre los trabajadores públicos sea el menor posible, evitando al máximo recortes en políticas sociales". A través de estas mejoras, según IU-CA, "la reducción salarial no afectará a los empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos" y el recorte en el capitulo I, relativo a personal, "será de 30 millones de euros menos y quedará en 747 millones en vez de 777 millones", toda vez que "a los interinos se les reduce la jornada y el salario un diez por ciento y no el 15 por ciento inicial".
   "No habrá despidos en la administración autonómica y la ratio profesor/alumnos no aumentará en Andalucía", señala la resolución antes de indicar la "reversibilidad en 2013" de los aspectos sometidos a ajustes. Así, la comisión ejecutiva de IU-CA ha acordado, con la votación ya referida al comienzo, "emplazar a un debate político con los andaluces y las andaluzas para elaborar el Presupuesto 2013, entendiendo que solo la movilización popular puede romper la lógica impuesta de la intervención e iniciar un proceso que ponga en el centro de la acción de gobierno un nuevo modelo de desarrollo, la creación de empleo de calidad y el bienestar de los andaluces y las andaluzas".
   Igualmente, la resolución aprobada contempla una directriz a los diputados autonómicos de IU para "dejar pasar con su voto favorable el decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y el Acuerdo para su tramitación como Proyecto de Ley", aunque "con las mejoras" ya descritas.