En concreto, la Agencia ha caído con 176 votos en contra frente a los
167 que han sumado el PSOE, Sumar y el resto de aliados parlamentarios,
y dos abstenciones.
Ahora, tras rechazarse el dictamen, la Agencia Estatal de Salud
Pública deberá volver a empezar con la presentación de un nuevo proyecto
de ley el Gobierno o con una proposición de ley de los grupos
parlamentarios.
"Vamos a estudiar la manera de volverla a traer", ha
dicho la ministra Mónica García en los pasillos del Congreso.
El voto de PP y Junts no tiene que ver con la Ley de Agencia de Salud
Pública, pues de hecho los 'populares' hablaban inicialmente de
introducir mejoras en la ley a su paso por el Senado.
El cambio ha
surgido porque una bronca surgida minutos antes por la decisión del PSOE
de negarse a aplazar la votación de la Ley de desperdicio Alimentario,
en la que el Gobierno hizo eliminar enmiendas que el Senado había
aprobado en contra de su criterio.
El PP y Junts, junto con ERC,
pidieron aplazar la ley de agricultura hasta que la Mesa del congreso
resolviese sus recursos, pero como los socialistas se negaron, optaron
por tumbaron la de Sanidad.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado las
interrupciones del PP por su disconformidad con el orden del día: "Lo
primero, quería pedir perdón en nombre de esta Cámara por el espectáculo
lamentable que nos está ofreciendo nuevamente el PP", ha señalado, al
tiempo que ha lamentado el comportamiento de la derecha en un día que, a
su juicio, "debería ser felicidad".
En este punto, García ha defendido que, después de la pandemia de
Covid-19, uno de los "deberes más urgentes" era la creación de la
Agencia. "Un organismo diseñado para reforzar nuestra capacidad de
vigilancia, mejorar la coordinación entre administraciones y dotarnos de
una respuesta más ágil. Se trataba de construir un sistema de
prevención del siglo XXI capaz de anticiparse a los desafíos", ha
apuntado García.
La ministra ha asegurado que la pandemia "pilló con el pie cambiado" y
"con los radares apagados", algo que "no puede volver a pasar", por lo
que ha justificado la creación del organismo, al tiempo que ha recordado
que las competencias en materia de vigilancia continuarán en las
comunidades autónomas.
"Esta ley es un granito de arena más en contra de todos los
negacionismos presentes en la sociedad. España va en la dirección
correcta, está a la altura de los retos que tiene por delante y está
preparada para abordarlos. Esta ley es una deuda del pasado, pero sobre
todo es un compromiso con el futuro", ha destacado la ministra de
Sanidad.
Por su parte, la diputada del PSOE Carmen Martínez ha celebrado que
la Agencia es un "ítem de excelencia" en el sistema sanitario y ha
recordado que incluye el concepto de 'One Health':
"Que tiene en cuenta
factores como el cambio climático y, por supuesto, el estilo de vida".
Durante su intervención, García también ha defendido y agradecido el
trabajo que realizó en la pandemia el director del Centro de
Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando
Simón, quien no descarta presidir la nueva Agencia.
"Gracias y mil veces gracias por estar ahí, por dar la cara, por tu
profesionalidad, por hacerte cargo de la salud de todo un país y por
aguantar los insultos", ha señalado García al director del CCAES, que ha
estado presente en el Pleno.
En contra, la diputada del PP María del Mar Vázquez ha dudado sobre
la independencia de la Agencia, al tiempo que ha asegurado que "va a
acabar siendo un chiringuito".
"Mal vamos si antes de que nazca esta
Agencia ya conocemos al que se postula como director de la misma,
Fernando Simón. El portavoz de las mentiras institucionales, la
marioneta del Gobierno que disfrazaba de ciencia las instrucciones que
recibía", ha achacado la 'popular'.
En este punto ha coincidido el diputado de Vox, David García, quien
ha calificado a Fernando Simón como "títere" del Gobierno durante la
pandemia de Covid-19.
"Esta agencia dijimos que podría convertirse en un
chiringuito para colocar a los suyos y no nos equivocábamos. El infame
señor Fernando Simón, aquí presente, funesto portavoz del Gobierno de
Sánchez durante la pandemia, el mismo que reconoció haber sido testigo
de mentiras flagrantes por parte de este Gobierno, se postula ahora como
candidato a dirigir esta agencia", ha señalado.
Luz verde definitiva a la Ley de Desperdicio Alimentario
El pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde definitiva a la
Ley de Desperdicio Alimentario, tras el debate de las enmiendas
introducidas por la Cámara Alta. La norma aprobada por el Gobierno en
enero de 2024, promueve la donación de alimentos sobrantes en el sector
de la distribución, obliga a los establecimientos de más de 1.300 metros
cuadrados a suscribir convenios de colaboración con ONG para esta
donación y contempla sanciones por incumplimiento.
La nueva
norma establece una jerarquía de prioridades para el destino de los
alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario,
siendo la prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o
redistribución de los alimentos.
En el segundo orden de prioridades se contempla la transformación de
los alimentos que no se hayan vendido pero que mantengan condiciones
óptimas de consumo, que se transformarán en otros productos, como zumos o
mermeladas.
Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo
humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación
animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra
industria y, ya como residuos, la obtención de compost o
biocombustibles.
En cuanto a bares y restaurantes, tendrán la
obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos
que no haya consumido sin coste adicional alguno en envases
reutilizables o fácilmente reciclables y se enfrentarán a sanciones de
no hacerlo.
Asimismo, el proyecto de ley
establece una serie de medidas de buenas prácticas, tanto para la
administración como los distintos eslabones de la cadena, para evitar el
desperdicio.
Por ejemplo, contempla que los establecimientos
comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados
"feos, imperfectos o poco estéticos", o promover el consumo de productos
de temporada, de proximidad o ecológicos.
Además, la norma
anima a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo
preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de
prioridades de uso. En este sentido, prevé que el Gobierno adopte
políticas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo
preferente a la prevención del desperdicio.
En cuanto al
Gobierno, la norma contempla que deberá elaborar un Plan Estratégico
para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario,
que se revisará cada cuatro años y definirá la estrategia general contra
el desperdicio, así como las orientaciones y estructura que deberán
seguir las CC.AA.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en consulta con otros ministerios relacionados con la
materia, deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y
desperdicio alimentario.
Al margen de este texto, la norma ha
incluido tres enmiendas del Senado aprobadas para rebajar la protección
al lobo. Por otro lado, el PP pidió aplazar el debate del texto después
de que la Mesa de la Cámara vetase varias enmiendas que hace una semana
aprobó el Senado en contra del criterio del Gobierno.
