Miles de personas en las protestas andaluzas contra la reforma laboral; 10.000 en Almería

ALMERÍA.- Varias decenas de miles de personas, alrededor de 165.000 en toda Andalucía, según CCOO-A y UGT-A, han participado este miércoles en las manifestaciones celebradas en las principales andaluzas en contra de los recortes y la reforma laboral aprobada en Consejo de Ministros por el Gobierno del PP el pasado viernes 10 de febrero, en unas acciones donde los sindicatos han apuntado que no descartan una "huelga general".

   En estas manifestaciones, que se engloban en una campaña más amplia, en este caso a nivel europeo, al estar convocados por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), estuvieron presentes tanto el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, como el vicesecretario general de Organización de UGT-A, Francisco Fernández, ambos en la protesta central, que tuvo lugar en Jerez de la Frontera (Cádiz).

   Asimismo, a las protestas acudieron dirigentes del PSOE-A, como Susana Díaz (en Sevilla), o como el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, presente en Huelva.

   De esta forma, los sindicatos han convocado por la tarde en todas las capitales andaluzas y en Jerez de la Frontera, donde tuvo lugar el acto central, de forma que los sindicatos cifran en alrededor de 165.000 el número de manifestantes.

   En Almería, donde los sindicatos aseguran que ha habido 10.000 personas, la manifestación empezó con una concentración en Puerta Purchena, que iría hacia el Paseo de Almería, plaza Emilio Pérez y acabaría en la Rambla, en la plaza Las Velas; en Cádiz, se celebró en Jerez de la Frontera, desde la calle Sevilla, pasando por la calle Beato Juan Grande (Mamelón), Alameda Cristina, calles Larga y Lencería, plaza del Arenal, calle Consistorio y plaza de la Asunción. Esta manifestación, la central en Andalucía, congregó a 20.000 personas, según los sindicatos.

   En Córdoba, donde las centrales aseguran que hubo 25.000 personas. la manifestación fue desde la Glorieta Media Luna --junto el antiguo Hotel Meliá--, por el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares y Plaza de Colón; en Granada, con otros 25.000 participantes, la protesta partió de la Puerta Real, pasando por la Acera del Casino, Reyes Católicos, Gran Vía hasta Subdelegación del Gobierno.

   En Huelva, donde los sindicatos cifran en 20.000 el número de participantes, la manifestación partió de la rotonda de los Bomberos, hacia Pablo Rada, calle Palos, calle Gran Vía y plaza de las Monjas; en Jaén la manifestación, con unas 9.000 personas, según las centrales, fue desde la plaza de San Francisco, calle Bernabé Soriano, plaza de la Constitución, Virgen de la Capilla, avenida de Madrid y calle Baeza hasta la plaza de las Batallas, donde está la Subdelegación del Gobierno.

   En Málaga, con 25.000 participantes, la manifestación fue desde la Alameda de Colón, esquina Muelle Heredia, Alameda Principal, calle Larios hasta la plaza de la Constitución; y en Sevilla, donde UGT y CCOO cifran la participación en 30.000 personas, la manifestación fue desde la Puerta de Jerez hasta Plaza Nueva.

   En la manifestación central de Jerez de la Frontera, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha indicado que la huelga general "no se descarta nunca", por lo que ha anunciado que van a plantear al Gobierno central que "rectifique las tropelías que están haciendo contra los derechos y deberes de los trabajadores" y ha advertido de que "si no se modifican esas tropelías, la próxima movilización será el 11 de marzo".

   Asimismo, Carbonero apunta que "si el Gobierno sigue sin modificar  su postura, los sindicatos no descartan la huelga general".

   Por su parte, el vicesecretario general de Organización de UGT-A, Francisco Fernández, ha explicado que los representantes regionales de ambos sindicatos han elegido Jerez al ser "la ciudad más afectada por la tasa de desempleo".

   Fernández ha apuntado que las centrales "van a pelear para que el Gobierno modifique la reforma laboral" y tras recordar que la próxima movilización se celebrará el 11 de marzo, este dirigente tampoco descarta ir a la huelga general.

   A la manifestación de Jerez de la Frontera acudieron numerosos trabajadores de los conflictos existentes en la ciudad y en la provincia de Cádiz, como astilleros, los autobuses urbanos, Nueva Rumasa o Limasa, entre otros.

   Por último, el diputado de IU Ignacio García, presente en Jerez de la Frontera, considera que "la huelga general es inevitable".

   Estas movilizaciones del jueves fueron convocadas por los sindicatos para expresar su "rechazo hacia políticas de recortes sociales y laborales, contra las políticas de austeridad de la Unión Europea (UE) y la reforma laboral española".

Fitch mantiene el rating de Cajamar pero sitúa su evolución en negativo hasta crear Caja Rurales Unidas

ALMERÍA.- La agencia de calificación Fitch Rating ha confirmado los ratings otorgados a Cajamar Caja Rural a largo plazo, BBB+ --capacidad de pago adecuada--, y a corto plazo, F2 --calidad crediticia buena--, si bien coloca su evolución en perspectiva negativa a la espera de que se materialice la integración con Ruralcaja y se concrete la creación de la nueva entidad Cajas Rurales Unidas. 

   Según ha informado la entidad financiera almeriense, la agencia de calificación advierte de que la entrada en recesión de la economía española y la incertidumbre sobre la evolución del sector inmobiliario, unido a los efectos de la integración de Ruralcaja, por su perfil de riesgo más elevado y su menor nivel de capital, podría conducir a una rebaja de los ratings, lo que coincidiría con la próxima revisión que se llevará a cabo cuando se asignen las calificaciones de Cajas Rurales Unidas.

   Fitch destaca que Cajamar Caja Rural tiene asegurados sus vencimientos para 2012 pese a las dificultades de liquidez en el sector financiero y las presiones que sufren los pequeños inversores españoles.

   Asimismo, subraya la agencia de calificación que la nueva entidad Cajas Rurales Unidas, cabecera de un grupo formado por 20 cooperativas de crédito, tiene espacio para aumentar su presencia y actividad en el ámbito propio de las cajas rurales españolas.

Almería exportó 28,5 millones de kilos de cítricos en 2011, un 26% más que el año anterior

ALMERÍA.- La provincia de Almería ha enviado a los mercados extranjeros un total de 28,5 millones de kilogramos de cítricos, lo que significa que la cantidad de naranjas, mandarinas y limones supera en un 26 por ciento a la remitida el año anterior, en el que las exportaciones de estos frutos rondaron los 21,1 millones de kilogramos. 

   Así lo han trasladado hoy fuentes de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, quienes han señalado que también creció el valor de estas exportaciones que alcanzaron una facturación conjunta de 19,3 millones de euros, esto es, un 7,21 por ciento más que en 2010, año en el que se alcanzaron los 18 millones de euros.

   Las 54 empresas almerienses que exportaron cítricos el año pasado consiguieron registrar un 'récord histórico' en la venta de cítricos a los mercados extranjeros, tanto en términos de volumen como de facturación. No obstante, el valor medio por kilogramo fue de 60 céntimos de euro mientras que el año anterior, este se situó en 1,17 euros, a tenor de los datos.

   Por el valor de las exportaciones, los cítricos ocupan el noveno puesto de la clasificación provincial, con un 0,9 por ciento del total de las ventas en el exterior, mientras que en la clasificación nacional ocupa el puesto undécimo, con un 0,8 por ciento del total de los cítricos exportados por España.

   Alemania es el principal destino se las naranjas de Almería. El pasado año se vendieron en el mercado alemán cítricos valorados en siete millones de euros, un 36,6 por ciento del total. Italia adquirió el 18 por ciento, Francia el 16,3 por ciento, y cantidades menores se enviaron a Holanda, Bélgica, Argelia y Portugal.

El Fiscal cree que el desplome de la A-7 fue "inevitable"

MOTRIL.- La Fiscalía ha justificado este miércoles la retirada de su acusación contra los once imputados por el accidente en el viaducto de la A-7 que se construía en el tramo La Herradura-Taramay, en Almuñécar (Granada), considerando que, a la vista de los testimonios ofrecidos en el juicio que se ha prolongado durante nueve sesiones, ha quedado acreditado, no que hubo omisiones en las revisiones que habían de realizarse a la cimbra que se colapsó, sino, al contrario, que hubo "exceso de celo". Asimismo, el desplome, a su entender jurídico, fue "imprevisible" e incluso "inevitable". 

   "Las cosas a veces resultan inevitables, como consideramos que fue el colapso de la cimbra", ha señalado el representante del Ministerio Público, que ha incidido en que de hecho no se han aclarado con "certeza" las causas del accidente, puesto que los peritos han apuntado tan sólo como "hipótesis" al aflojamiento de tornillos o la rotura de soldaduras en el marco trasero de la cimbra. "No obstante los peritos ya manifestaron que desconocen si el desplome se hubiera producido aunque se hubieran revisado todos y cada uno de los tornillos y las soldaduras de manera visual", ha mantenido.

   Durante la exposición de su informe final, ha reconocido que lo que pasó fue un "desgraciado accidente" con consecuencias "catastróficas", puesto que causó la muerte de seis personas y resultó con cinco heridos más, e incluso que ha transcurrido mucho tiempo para iniciar la vista oral, si bien ha atribuido a lo "complejo" de la causa y a la necesidad de practicar muchas pruebas la instrucción prolongada hasta bien entrado el año 2009 que, en su opinión, ha sido "ejemplar".

   "No se ha parado un solo momento y nadie ha escatimado esfuerzos en medios materiales y personales", ha indicado el fiscal, que pedía inicialmente penas de hasta cuatro años de prisión para los once acusados y que el pasado lunes decidió retirar todas sus acusaciones.

   Para el fiscal, las pruebas practicadas le han llevado a concluir que en aquella obra "se realizaron las acciones que fueron necesarias para mantener la seguridad" y, en cuanto a la cimbra, se ejecutaron incluso más revisiones de las recogidas en su manual de instrucciones. "No sólo no hubo infracción, sino exceso de celo en la revisión y el mantenimiento de la cimbra".

   Por ello, entiende el fiscal que el colapso "no era un riesgo previsible y no podía contarse con él", y, de hecho, uno de los peritos, concretamente el que fue coordinador del informe que hizo el Ministerio de Fomento, aludió a la "mala suerte" para dar explicación a lo ocurrido.

   "Nos movemos en el terreno de las hipótesis, con lo que no sabemos con certeza la causas del colapso, que no era un riesgo previsible. Por eso, entiendo que han quedado desfiguradas y sin contenido las posibles infracciones en materia de seguridad y salud", ha sostenido el fiscal, pidiendo al juez Sergio Romero, titular del Penal 1 de Motril, una sentencia absolutoria para todos los procesados.

   El letrado que representa la acción popular de CCOO, que ha comenzado leyendo el nombre de los obreros fallecidos, ha discrepado con el informe del fiscal ya que mantiene su acusación contra ocho de los once procesados y pide penas de dos años y medio de prisión y multas de 12.000 euros para cada uno o, alternativamente, penas de tres meses de prisión por delitos contra la seguridad y la salud laboral.

   Según el sindicato, sí se puso en riesgo la vida y la integridad de los trabajadores, puesto que no se apretaron los tornillos adecuadamente, no se revisaron las soldaduras, se produjeron "incumplimientos graves en la normativa" e incluso no se produjo el desalojo de la cimbra cuando se produjo el fallo eléctrico que frenó la actividad de la estructura que momentos después se desplomó. "Una cosa es la causa del accidente y otra cosa es el delito de riesgo de puesta en peligro la integridad y la salud de los trabajadores", ha indicado.

   El representante legal de la acción popular de UGT ha indicado que las pruebas periciales arrojan "poca luz" sobre el desplome, que, según ha quedado acreditado, "no era previsible". Esta parte, que solicita penas de hasta seis meses de prisión y multas de hasta 18.000 euros para seis de los once inculpados por los delitos contra la seguridad de los trabajadores, ha indicado que no existió "exceso de celo", como sostiene la Fiscalía, sino "exceso de confianza", porque, aunque se realizaron más revisiones de las estipuladas, éstas fueron "insuficientes", y de ahí lo que derivó en el colapso.

   Para UGT, la responsabilidad penal de algunos de los acusados ha quedado "diluida" a la vista de las pruebas, pero, sin embargo, sí que se puede atribuir el incumplimiento de "ciertas obligaciones" en las personas que acusa. En opinión del sindicato, el coordinador de seguridad y salud que fue designado por el Ministerio de Fomento, Juan Mena Delfa, fue el "máximo responsable", al no supervisar las revisiones para evitar la creación de riesgo para los trabajadores de la obra.

   Tras los informes de las acusaciones, las defensas de los once procesados defenderán su petición de libre absolución, que han mantenido desde el comienzo de la instrucción, con lo que el juicio quedará este miércoles visto para sentencia, que se hará pública en el transcurso de unas semanas.

   En el banquillo se sentaron inicialmente doce imputados, entre ellos el director del proyecto de ejecución del tramo, Pablo Jiménez, el coordinador de seguridad designado por el Ministerio de Fomento, Juan Mena Delfa, y el que fuera jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, Juan Francisco Martín Enciso. Sin embargo, a petición de la defensa de éste, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Motril, Sergio Romero, decidió, al comienzo apartarlo de la causa, en tanto que sólo le acusaba CCOO.

   En aquella jornada declarararon los once acusados, que coincidieron en resaltar que el siniestro era "imprevisible", puesto que, según aseguraron, todas las revisiones pertinentes a la maquinaria, incluida la autocimbra desplomada, estaban "al día".

   A lo largo de ocho sesiones han declarado testigos como trabajadores heridos, que aseguraron que las medidas de prevención eran "estrictas" e incluso el electricista que manejaba la cimbra siniestrada, que afirmó que la revisó justo antes del desplome. Asimismo, el inspector de Trabajo Ángel Martín-Lagos, que realizó un informe indicó que tanto el plan como el estudio de seguridad eran "insuficientes" y que también era escasa la información sobre el mantenimiento de la estructura recogida en el manual de instrucciones.

   Sin embargo, los peritos judiciales que analizaron las posibles causas no pudieron establecer una inequívoca si bien, por descarte, indicaron que barajaban como hipótesis fallos en las uniones atornilladas y en las soldaduras. Ni la velocidad del viento, ni el uso de una grúa en la estructura, ni un desfase entre los gatos que permitían el avance de la cimbra fueron los causantes, dijeron los peritos que designó el juez instructor, que también descartaron que se produjeran fallos durante el montaje.

   Por contra, los expertos no pudieron constatar que se hubieran apretado los tornillos, por lo que pudo producirse un fallo en las uniones. De hecho, apuntaron que las piezas usadas, que se apretaban con una llave de maza, no eran las deseables, y que hubiera sido más adecuado el uso de lo que han llamado tornillos pretensados, y que, en cualquier caso, se deberían haber usado contratuercas que hubieran impedido el aflojamiento. Respecto a las soldaduras, incidieron en que, aunque es imposible analizarlas cuando se está ejecutando una obra, podrían haber dado de sí y acabar en su rotura por la carga que soportaban.

El Presidente de Cantabria aboga por reformular Estado de las Autonomías

SANTANDER.- El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, del PP, ha opinado este miércoles que habría que "repensar" el Estado de las Autonomías, del que, sin embargo, se ha declarado "partidario", porque, a su juicio, "se han dado muchas transferencias" a las comunidades que actualmente "no son sostenibles".

   En una entrevista en ABC Punto Radio,  Diego ha apuntado que no se trata de un "problema" sólo de Cantabria sino de "todas" las comunidades autónomas.

   Tras poner como ejemplo las transferencias realizadas a Cantabria en materias como la Sanidad --en la que ahora hay que reconocer ante el Parlamento 260 millones de euros de deuda farmacéutica porque el anterior Gobierno regional (PRC-PSOE) "no pudo pagar" las facturas o "no quiso hacer el esfuerzo"--, o la Justicia --a su juicio "mal negociada"--, Diego ha opinado que algunas se han convertido en un "problema añadido" porque "no son sostenibles" en las condiciones en que se hicieron.

   Sin embargo, y aunque ha precisado que habría que "reformular" el Estado de las Autonomías, el presidente regional ha reconocido que en sus 30 años de existencia en España este modelo de Estado "ha posibilitado avances importantes", "progreso" y "calidad de vida" para los ciudadanos.

   Diego también fue cuestionado anoche en relación a este asunto en una entrevista en 'La Brújula', de Onda Cero, en la que ha negado que "en absoluto" se trate de una "oleada de centralismo".

   De hecho, Diego ha asegurado que significa "todo lo contrario" y se trata de que "cada uno", cada comunidad autónoma, "asuma su responsabilidad".

   "Ahora lo fácil sería renunciar a nuestras competencias y recurrir al centralismo", ha dicho el presidente regional, quien, en cambio, ha opinado que lo que las comunidades autónomas tienen que hacer es reconocer su responsabilidad en la gestión y "cooperar" con el Gobierno central para corregir el déficit de España.

   Según ha explicado, se puede hacer si, "uno a uno", los responsables de las comunidades autónomas adoptan medidas y toman decisiones, algunas "no gratas", que sirvan para "corregir el camino" emprendido en años anteriores "sin esperar" a que el Estado les "inste" a ello.

   Durante la entrevista en el programa 'La Brújula', de Onda Cero, Diego ha explicado que el Gobierno de España aún no les ha trasladado el "máximo" de déficit público que se va a autorizar a las comunidades autónomas este año, un dato para el que aún no dispone con una "cifra exacta".

   Sin embargo, ha explicado que tendrá que tener en cuenta las "exigencias de Bruselas" para el déficit de España, porque el de las comunidades autónomas "computa" dentro de él.

   Durante su entrevista en ABC Punto Radio, y cuestionado por las exigencias de Bruselas a España para rebajar el déficit, el presidente regional ha explicado que "le gustaría pensar" que se suavizarán pero ha reconocido que, poniéndose en el lugar de los responsables económicos de la UE y con lo ocurrido con Irlanda, Portugal y Grecia y con los últimos datos del Ministerio de Economía sobre el déficit de las CC.AA, sería "muy reticente" a dar flexibilidad.

   En Onda Cero, y a preguntas del entrevistador, Diego ha afirmado que si el Gobierno de Cantabria no cumple este año los objetivos que se le marquen a la comunidad, entre otros aspectos en el del déficit, "asumirá la responsabilidad".

   El presidente del Gobierno de Cantabria ha afirmado que "asume el compromiso" de hacer lo mismo que se les ha pedido a los responsables de las empresas públicas: cumplir los objetivos para hacerlas viables ya que, de lo contrario, podrían ser despedidos.

   "No tengo inconveniente en hacerlo", ha dicho Diego, al ser cuestionado sobre si él mismo tomaría la decisión de dejar el Gobierno regional si, al cierre de 2012, no cumple los objetivos para la comunidad autónoma. "Tendré que hacerlo, por más que el objetivo sea complicado porque se ha acabado la fiesta".

   Diego ha subrayado que, de las cuatro comunidades autónomas más incumplidoras en el déficit, tres de ellas (Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura) fueron gobernadas el pasado año por el PSOE.

   Sin embargo, ha confiado en que Cantabria "podrá sobreponerse" de la situación dejada por un Gobierno PRC-PSOE "absolutamente irresponsable" gracias al Plan de Ajuste planteado por el actual Ejecutivo regional (PP).

   En relación a estas medidas de ajuste, y en una entrevista en la Cope, Diego ha reconocido que "quiere pensar que va a ser suficiente" con las medidas anunciadas.

   "Vamos a trabajar para que sea suficiente", ha garantizado el presidente de Cantabria, quien ha asegurado que, a través de la gestión de los gastos y del ahorro que se puede hacer "en muchísimas partidas presupuestarias" sin que se "resientan" los servicios a lo ciudadanos --"una cuestión vital que tiene que estar por delante de cualquier otra razón", ha dicho--, se va a conseguir que "sean suficientes".

Montoro anuncia que se definirán las competencias de las diputaciones provinciales

MADRID.-   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que la reforma de las administraciones públicas que plantea el Gobierno para cumplir su idea de una administración, una competencia, será rápida y afectará a las diputaciones, cuyo "importante" papel se tiene que aclarar para que asuman competencias que están ejerciendo los municipios más pequeños "en condiciones no óptimas".

   Montoro ha comparecido en la comisión de Entidades Locales del Senado para explicar sus planes de trabajo. Ha asegurado que el país está "en condiciones" de reformar el mapa administrativo para aclarar las competencias de cada cual y lograr unas administraciones públicas "lo menos costosas posibles". El Gobierno quiere llevar a cabo esta reforma "con bastante rapidez" porque de no ser así, ha sentenciado, "no será posible" terminar con el déficit público.

   En lo que atañe a los ayuntamientos, supondrá reformar la ley de gobierno local para asegurar qué competencias son propias de los municipios y también su financiación. Cristóbal Montoro ha subrayado que se quiere "evitar" las llamadas competencias impropias, aquellas que ejercen los consistorios pero que corresponden a otra administración, y aclarar la financiación de cada servicio que se presta, lo que afecta también al Estado y a las Comunidades Autónomas.

   Esta reforma paralela de la financiación municipal, para que cada competencia sea financiada "correctamente", supondrá estudiar cómo se distribuyen los tributos y abordar también una mayor "autonomía financiera", lo que no deberá traducirse en más impuestos para los ciudadanos, ha agregado.

   El rediseño del mapa administrativo supondrá, según ha precisado hoy el ministro, reformar el papel de las diputaciones; lejos de plantear su desaparición, Cristóbal Montoro ha explicado que estas instituciones tienen un "importante papel que jugar" y que es necesario especificar su trabajo, porque pueden asumir competencias que ahora ejercen los ayuntamientos más pequeños "en condiciones no óptimas".

   "Necesitan una reforma que especifique sus actividades claramente y que conlleva una simplificación de las competencias que están ejerciendo los municipios de menor tamaño en condiciones no óptimas", ha subrayado.

   Cristóbal Montoro ha defendido el compromiso de su gobierno con los ayuntamientos y el respeto por su autonomía, como también por el autogobierno de las comunidades. "Este Gobierno pretende profundizar y mejorar ese Estado de las autonomías, no al contrario", ha dicho, aunque ha reconocido que dado el "agobio financiero" exista la "tentación" en algunas administraciones "de entregar las llaves" y devolver competencias. "Nos han votado para hacer lo contrario", ha sentenciado.

   El portavoz del PSOE, Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, le ha "confesado" al ministro que el "aliado natural" de los ayuntamientos es el Gobierno y viceversa, "independientemente del color político", y ha subrayado que los municipios tienen mejor relación con el Ejecutivo que con los gobiernos autonómicos.

   El alcalde y senador ha lanzado una batería de propuestas al ministro sobre las entidades locales, como una quita en la devolución que deben hacerle al Gobierno de los adelantos de 2008 y 2009, o convertir las tasas en impuestos y ponerles un suelo, un mínimo, para aproximarlas "al coste real de los servicios".

   Belloch ha exigido sobre todo que se termine con la existencia de las competencias impropias y ha asegurado que el déficit estructural de los ayuntamientos se terminaría sólo con que cobraran lo que les deben otras administraciones por ejercerlas. Como Montoro, ha reconocido que en algunos casos se está cerca de la quiebra técnica

Montoro sitúa "próximos a la quiebra técnica" a algunos ayuntamientos

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reconocido que la "gravedad" de la crisis ha mermado "con virulencia" la solvencia de las corporaciones locales y ha llevado a algunos ayuntamientos a "situaciones próximas a la quiebra técnica", con "enormes e inaceptables" retrasos en el pago a proveedores y en las nóminas de los trabajadores. 

   Durante su comparecencia en la Comisión de Entidades Locales del Senado, Montoro ha considerado "inaceptable" la situación, por lo que ha resaltado la necesidad de conocerla y corregirla con diferentes medidas que mejoren la liquidez de las corporaciones locales y la situación de las empresas en España.

   En este sentido, el ministro ha resaltado la necesidad de sanear las cuentas para facilitar el objetivo común de generación de crecimiento económico y empleo y se ha referido al mecanismo que implementará el Gobierno para que las administraciones públicas puedan hacer frente a los pagos pendientes con proveedores.

   De hecho, ha repasado las líneas generales del anteproyecto de ley y el real decreto ley aprobado el pasado viernes, que posibilitará la creación del mecanismo que se desarrollará para hacer frente a estas deudas y que, según Montoro, en ningún caso elevará el déficit público.

   Este mecanismo, según Montoro, será una "gran operación financiera" y se cerrará "bien pronto", de forma que esté vigente a lo largo de 2012 y habilite las condiciones necesarias para que las administraciones puedan cumplir con sus obligaciones pendientes.  

   Además, Montoro ha justificado esta medida al decir que no solo facilitará el pago de las deudas a las administraciones, sino que también promoverá la inyección de un gran volumen de dinero sobre la economía real, los autónomos, las pymes y las grandes empresas.

   "No se debe entender esta operación como una relajación o flexibilización", ha señalado Montoro, tras recordar que el objetivo es "sanear y clarificar" las cuentas y comprometerse con el principio de estabilidad presupuestaria.  

   El titular de la cartera de Hacienda ha resaltado la necesidad de trabajar en "acuerdos políticos y consensos" porque hay que "hacer de la necesidad virtud" y convertir la crisis en una "oportunidad" para sacar adelante reformas estructurales "útiles" para favorecer la salida de la crisis.  

   En este sentido, ha asegurado que la política del Gobierno se fundamenta en la consolidación fiscal y en un "amplio" programa de reformas. "Las metas son claras", ha dicho, tras recordar que el objetivo principal es conseguir el saneamiento del sector público y generar un escenario de confianza para poder crecer y crear empleo.

   Así, el ministro ha repasado algunas de las medidas implementadas por el Gobierno desde que llegó a La Moncloa, sobre todo aquellas que afectan a comunidades autónomas y ayuntamientos, como el anticipo del 50% de las liquidaciones del año 2010 o el aplazamiento de las devoluciones de las liquidaciones de los años 2008 y 2009.

   De la misma forma, ha resaltado la intención del Gobierno de no exigir la licencia previa en los comercios y aplicar criterios "más efectivos de control, al tiempo que ha resaltado la necesidad de llevar a cabo este tipo de medidas en todas las administraciones de forma que se puedan coordinar en todo el territorio.  

   Finalmente, se ha referido al anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria, que actualmente está en el Consejo de Estado, y ha asegurado que es uno de los grandes proyectos del Gobierno para recuperar la confianza frente a los socios europeos y los acreedores.

   "Muy pronto estaremos en condiciones de enviarlo a las Cortes", ha dicho Montoro, quien ha insistido una vez más en la "importancia" de los acuerdos políticos en esta materia porque se trata de una ley orientada a garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza y reforzar los compromisos adquiridos por España.

   Montoro ha resaltado la novedad que supone que todas las comunidades tengan que elaborar techos de gasto, algo que no ocurre en otros países y que aporta mucho más "transparencia" y más compromiso democrático porque permite a las Cortes participar en todo el proceso previo a la elaboración a los Presupuestos.

Dos tercios de asistidos por Cáritas están derivados de los servicios sociales

MADRID.- El secretario general de Cáritas en España, Sebastián Mora, ha afirmado que el 65 por ciento de las personas que acceden a los recursos de atención primaria de Cáritas están derivados por los servicios sociales municipales y ha reconocido que, a pesar del deseo de la organización, "están sustiyendo alguna acción del Estado, entendido como administración pública".

   En declaraciones a RNE, Mora ha afirmado que desde la organización se está tratando de "estirar" lo máximo posible para ayudar porque "ni pueden, ni deben, ni sería conveniente sustituir al Estado".  

   En este sentido, ha explicado que han recibido tanto donaciones en especie como donaciones dinerarias y que en el último año "han crecido en 17 millones de euros de los cuales todo el crecimiento ha sido de donativos privados, de personas y de empresas e instituciones".  

   "Ha decrecido la ayuda de los gobiernos municipal, autonómico y central y sin embargo ha crecido mucho la ayuda de las donaciones privadas entre ellas las de empresas, restaurantes que donan tanto en especie como en dinero", ha añadido.

   Mora ha afirmado que un fenómeno que se está dando en España es el de los trabajadores pobres, "gente que está trabajando a jornada completa pero que sigue por debajo del umbral de la pobreza" y ha explicado que "un 14 por ciento de los trabajadores no pueden sacar a sus familias adelante a pesar de trabajar ocho o diez horas al día".

   En este sentido, ha señalado que en España hay dos redes asistenciales importantes, "la red familiar, que sigue sustentando a muchas personas" y las redes asistenciales entre las que se encuentra Cáritas.

   De este modo, Mora ha afirmado que "en los últimos años se han incrementado mucho a Cáritas las peticiones de ayuda para necesidades básicas como la alimentación, vestido, pagar la luz, pagar el gas, pagar un uniforme del niño o la compra de los libros para los niños".

 "Tras una necesidad básica hay una necesidad de desarrollo personal y tras una petición de alimentación hay una petición de autoestima, de escuha, de empleo, de una vivienda minimamente digna; de ser un ciudadano normal", ha explicado.

   Por ello, la organización diocesana realiza su labor en cuatro líneas de trabajo. Una primera de acogida, que significa "acoger a todas las personas que llegan a su servicio" y aunque "no solucionan todo, tratan al menos de escuchar a todas las personas".

   También, ofrecen ayuda, que puede ser "dineraria, en forma de talleres de formación, ayuda psicológica o de asesoría legal" y;  programas de desarrollo de las de empleo, vivienda, derechos sociales, en los que "tratan de recomponer lo que está descompuesto".

   Por último, Mora ha explicado que realizan la "denuncia pública de lo que ocurre", donde tratan de ser "el amplificador de la voz de las personas más pobres".

   El secretario general de la organización, ha explicado que el año pasado se atendió en Cáritas "a 1.500.000 personas y este año se prevé que ese número ascienda entre un 20 y un 17 por ciento".

   Así, ha señalado que se ha producido una importante "erosión de las clases medias y medias bajas" donde se encuentran familias en la que ambos cónyuges tenían trabajo y una vida normal y se va erosionando por diferentes factores, lo que ha producido, según ha explicado Mora, una "incorporación masiva de más de un millón de personas a vivir por debajo del umbral de la pobreza".

   Por ello, ha afirmado que a Cáritas le preocupa, "la fractura, la brecha y la desigualdad que se está generando en la sociedad", donde "los que tienen cada vez tienen más y los que no tienen cada vez tienen menos y, además, cada vez son más los que tienen menos".  

   No obstante, Cáritas "cree que este aumento se puede detener" con una "concienciación ciudadana amplia, una concienciación empresarial amplia y con una política distintas".

   En este sentido, Mora ha afirmado que tienen encuentros con "la mayoría de partidos en los que presentan estudios, propuestas, se reflexiona y existe una receptividad importante en el trato aunque luego no se vea aplicado en políticas concretas.

España podría afrontar las sequías e inundaciones con la construcción de unas 50 presas

MADRID.- España debería analizar "ya" la posibilidad de construir "en torno a unas 50" nuevas grandes presas para paliar tanto la sequía, como en la que está entrando España, como para afrontar y gestionar las inundaciones, fenómenos ambos que serán cada vez más recurrentes a causa del cambio climático, según el presidente de la Asociación de Grandes Presas, José Polimón.

   Así, Polimón ha explicado que esta es una de las principales preocupaciones del Comité de Grandes Presas que se reúne periódicamente para analizar la cuestión, en la que consideran que los efectos previstos del cambio climático se van a traducir en más sequías e inundaciones.

   Por ello, ha añadido que desde 2008 los expertos subrayan que también es preciso conocer cómo explotar mejor las existentes para poder hacer frente a las sequías. Al mismo tiempo, ha recordado que se tarda unos 20 años desde que se inicia el trámite para construir una presa hasta que se concluye.

   "Por eso hay que pensar ya en analizar la cuestión sin ningún temor. Hay que hacer estudios y lo primero a observar son los temas ambientales, es decir cómo reducir los efectos negativos de las presas y como potenciar los efectos positivos de las mismas", ha apostillado.

   Además, subraya que desde 2008 se han registrado más inundaciones, pero en la actualidad España está "ante una fuerte sequía", parecida a la de 1983 y que podría ser peor que la "catastrófica de los años 40 del siglo XX", a consecuencia de la irregularidad del clima algo que, según vaticina "se va a agudizar".

   El presidente de la Asociación de Grandes Presas ha insistido en que es un "buen momento para el debate sobre cómo aprovechar el agua de las inundaciones" porque la reserva hidráulica está por encima del 60 por ciento.

   En este contexto, ha precisado que las opciones para gestionar mejor el agua, tanto en época de sequía como con exceso de lluvia además de embalses y presas son las aguas subterráneas, de las que ha dicho que "en este momento no se pueden explotar más"; la desalación, una opción "cara, pero que es solución para las zonas costeras"; los trasvases, para los que "también se necesita un lugar donde almacenar el agua; o el reciclaje de agua, una opción "medioambientalmente sostenible".

   Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de explotar, operar y gestionar muy bien las presas y embalses existentes, como por ejemplo limpiar los embalses de tierra y lodos, que disminuyen la capacidad de los mismos.

   Por otro lado, José Polimón, aboga porque los ríos no se analicen ni dividan por comunidades autónomas porque "no entienden de territorios". Por ello, ha incidido en la necesidad de recuperar la gestión de los ríos por cuencas hidrográficas y no fraccionarla por regiones.

   Respecto a la reutilización, una solución cuyo aumento ha anunciado recientemente el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, opina que está "al alcance de la mano" y que es "completamente lógico y viable económicamente".

   En ese sentido, ha puesto de ejemplo el plan de reciclado realizado en el río Segura, por el que se ha conseguido disponer de 100 millones de metros cúbicos de agua que antes quedaban inutilizados. Polimón ha explicado que este proyecto desarrollado en los últimos 10 años ha merecido el premio Acueducto de Segovia como la obra mejor encajada con el medio ambiente en los últimos años.

   Por otro lado, sobre el anuncio de Arias Cañete de alcanzar un Pacto Nacional del Agua que derive en un nuevo Plan hidrológico Nacional, ha valorado la "disposición" de éste a estudiarlo.

   Finalmente ha hecho referencia al Congreso Nacional de Ingeniería Civil que se celebró la pasada semana en Valencia y que concluyó que "España necesita un Pacto Nacional del Agua, que recupere la unidad de cuenca en los ríos, apueste por una gestión integrada del agua y haga posible reelaborar y llevar a cabo un plan hidrológico para el conjunto del país" y que todo ello no esté sujeto a los "distintos intereses políticos autonómicos".