MADRID.- Las transacciones de fincas rústicas constituyen una de las actividades económicas
que registran en la actualidad los mayores movimientos con un volumen
total en el último año de casi medio millón de operaciones. De ese
volumen, más de 148.00 correspondieron a compraventas, 182.000 a
repartos por herencias y cifras más reducidas a otras figuras como
donaciones o permutas, según relata El País. Todo ello afecta en unos casos, en positivo y en
otros en negativo, a la estructura de la propiedad de la tierra, e
indirectamente a los profesionales del campo que funcionan en gran parte
con tierras arrendadas.
Este año, frente a una reducción de las
operaciones de compra venta de fincas rústicas del 5,9% en 2023 hasta
148.621, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y
elaborados por la consultora Cocampo, en los primeros meses se ha
producido un repunte continuado con incrementos, en enero del 10,5%
sobre el mismo periodo del año anterior, del 5,2% en febrero y del 17,5%
en abril.
El descenso de operaciones
en el pasado año se atribuyó fundamentalmente a los efectos de la
sequía, menos rentabilidad en el campo, junto a unos tipos de interés
elevados. Hoy, sin tener en cuenta la continuación de las pocas, pero
grandes, operaciones de los fondos de inversión, las mayores
compraventas en número corresponden a las llevadas a cabo
fundamentalmente desde los profesionales de la actividad.
Las
operaciones de compraventa de fincas rústicas responden a muy
diferentes factores. Desde la perspectiva más conservadora, la tierra
rústica se ve como un valor seguro, “va estar siempre ahí”, siguiendo el
viejo dicho utilizado en el medio rural, “casa donde vivieres y tierras
cuantas pudieres”.
Además de ver la tierra como un valor seguro,
invertir en ella, para miles de explotaciones es una necesidad de cara a
lograr una estructura dimensionada o también para una primera
instalación.
En esos objetivos, entre otras medidas, existen políticas de
apoyo como los avales de la Entidad Pública de Caución, Saeca, del
Ministerio de Agricultura, a las que se suman algunas las líneas
específicas para la compra de tierras de diferentes entidades
financieras con la línea Agro.
En general, el crecimiento
de las operaciones de compraventa en los últimos años coincide con una
estabilidad o con solo muy ligeros incrementos de los precios según las
cifras elaboradas por el Ministerio de Agricultura, frente a los
elevados incrementos registrados años atrás y fundamentalmente
coincidiendo con la implantación de las ayudas comunitarias.
Según
los datos oficiales, los precios de la tierra experimentaron un
incremento de solo el 0,8% en 2022 y un descenso del 3,2% en moneda
constante descontada la inflación. Tras la subida de los precios medios
de la tierra del 1,3% y el 2% en 2017 y 2018, en los años posteriores la
línea media ha sido de descensos o muy ligeras subidas en función
también además de las ayudas, de las producciones y de los mercados,
mayores las producciones de regadío que en los secanos y la competencia
de las entradas desde terceros países.
El interés por la tierra para usos agrarios no es un hecho
que se está produciendo solamente en España, sino un fenómeno a escala
mundial y muy especialmente en terceros países con grandes superficies
por desarrollar, considerando que no se trata de un recurso elástico y
que sufre además en muchos casos de una explotación super intensiva con
el abuso de agroquímicos que pone en peligro su vida a futuro.
Datos
de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, apuntan que un 38% de la
superficie total del planeta, unos 5.000 millones de hectáreas, tienen
como destino la actividad agraria. Pero, de ese volumen, solo una
tercera parte se dedica a tierras de cultivo, mientras las otras dos
terceras partes las ocupan praderas y pastos.
Los análisis sobre las
perspectivas de futuro elaborados por FAO apuntan que mientras en 1970
por cada habitante del planeta había 0,45 hectáreas de tierras de
cultivo, en la actualidad esa cifra estaría ya debajo de las 0,20
hectáreas, aunque con mayores rendimientos, para una población mundial
que mantiene su línea de crecimiento desde los 8.000 millones a los más
de 9.000 actuales,.
En este contexto de recursos (suelos
disponibles para los cultivos estabilizados y una población en
crecimiento, aunque se mejoren los rendimientos por hectárea), la
propiedad y el control de las tierras se ha convertido en objetivo
prioritario a nivel mundial, en unos casos desde los gobiernos para
asegurar las posibilidades de producir en sus propios territorios para
asegurar el abastecimiento alimentario de sus ciudadanos.
En otros
casos, esos mismos gobiernos y con los mismos objetivos, han llevado a
cabo grandes inversiones en la compra de tierras en otros territorios,
como China o Japón en África o Sudamérica, tanto para producir más para
operar en los mercados como estrategia, si fuera necesario, para
abastecer su mercado interior.
La tierra de cultivo ha pasado a ser
también objetivo de los grandes fondos de inversión especulativos en
todo el mundo que, en poco más de una década han pasado de una decena a
más de setenta.
Desde esta perspectiva, la tierra para usos alimentarios se ha
convertido también en un instrumento de guerra por lo cual, diferentes
gobiernos fundamentalmente en los países en vías de desarrollo donde la
oferta alimentaria es una de sus grandes bazas de ingresos para sus
economías, han puesto en marcha medidas y mecanismos de limitación y
control a las superficies que puedan adquirir ciudadanos o empresas del
exterior.
