domingo, 23 de diciembre de 2012

Los MIR andaluces, entre los peor pagados de España

SEVILLA.- Los sanitarios especialistas internos residentes (EIR, antiguos MIR) andaluces son, junto con sus compañeros de Cataluña, Cantabria y Castilla y León, los peor pagados de España, con retribuciones netas mensuales (sin contar guardias) que van desde los 920 euros de un residentes de primer año (R1) a los 1.213 euros de un residente de quinto año (R5), según se desprende del 'Estudio comparativo de retribuciones de los residentes en España en el año 2012 y recortes desde el año 2009', elaborado por el Centro de Estudios del Sindicato Médicos de Granada.

   Según este estudio, los MIR de estas comunidades son los peor pagados del conjunto del Estado, si bien en la horquilla de sueldos de estos residentes no se han tenido en cuenta las retribuciones adicionales que perciben por las guardias que realizan anualmente.
   Aún con todo, si se analiza las retribuciones netas mensuales en 2012 contando las horas de guardia, y tomado como una media los resultados de un MIR que hace una guardia semanal, los residentes andaluces también son los peor pagados durante los tres primeros años de formación, con sueldos de 1.518 euros (R1), 1.630 euros (R2) y 1.804 euros (R3).
   Para el cuarto y quinto, con sueldos netos mensuales de 1.964 euros y 2.036 euros, respectivamente, los residentes andaluces se encuentra entre los peor pagados, aunque los residentes de cuarto año de Extremadura (1.937 euros) y Aragón (1.945 euros) perciben menos. Para el quinto año, la comunidad peor situada es Extremadura, con sueldos netos mensuales de 2.009 euros; seguida de Aragón (2.016 euros) y la propia Andalucía.
   Los autores de este trabajo, que han justificado la elaboración del mismo al objeto de conocer las diferencias en las retribuciones en los 18 servicios de Salud de España, han explicado que se han comparado cada uno de los años que componen la residencia y los diferentes conceptos retributivos.
   Además, han aclarado que se partió de la hipótesis de que los residentes realizan una guardia semanal (con frecuencia son más), lo que supone aproximadamente 80 horas mensuales. De ellas, estiman que 50 horas corresponderían a días laborables, 17 horas a domingo o festivo y otras 13 horas en sábado.
   Mención especial merece el Instituto de Gestión Sanitaria INGESA (Ceuta y Melilla), ya que, en este territorio, se percibe un complemento por residencia, cuyo importe es de 881,48 euros/mes (10.577,76 euros/año) y, además, en el impuesto de la renta disfrutan de unas retenciones y una tarifa un 50 por ciento inferior a la del resto de España.
   De igual forma, en el INGESA sólo existen plazas de Medicina de Familia (tres por año en Ceuta y otras tres en Melilla) y Medicina del Trabajo (una plaza en la convocatoria de 2010), con lo que no existe la posibilidad de MIR de quinto año. Existe también un plus de residencia en Baleares y Canarias, pero de cuantía mucho más pequeña.
   Teniendo en cuenta estas circunstancias excepcionales y para evitar "distorsiones" en el estudio, los autores han presentado los resultados del INGESA como un servicio de salud más, aunque sus datos "no se han usado a la hora de hacer los cálculos de media, máximo y mínimo".

La administración de lotería de Vícar reparte finalmente más de 7,6 millones con dos quintos premios

ALMERÍA.- Una administración de lotería ubicada en Vícar ha vendido más de 7,6 millones de euros gracias a la venta de dos quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotados con 60.000 euros a la serie, concretamente los números 31.826 y 11.419.

   La Delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado ha confirmado que esta administración, que ha puesto a la venta íntegramente las 180 series del número 31.866, de las que han vendido 128 billetes --10 décimos-- y tres décimos más, lo que hace un total de 7.698.000 euros.
   Estela Alonso, la hija de la propietaria de esta administración ubicada en el Bulévar Ciudad de Vícar número 5, ha señalado que llevan adquiriendo "en exclusiva" el número 31.826 desde hace ya 26 años, número del que han vendido aproximadamente seis millones de euros, aunque finalmente han sido más de 7,6 millones de euros.
   "Esto muy contenta porque parece que nos ha venido a visitar la Diosa fortuna", ha señalado visiblemente emocionada Alonso, que ha explicado que las series adquiridas de este quinto premio fueron vendidas, como siempre, a un equipo de fútbol de la zona, que sin embargo devolvió parte de lo comprado, "supongo que por la crisis".
   Asimismo, y según ha señalado la hija de la propietaria de esta administración, han vendido 60.000 euros "en ventanilla" del número 11.419, agraciado con otro de los quintos premios.

Chamizo pide a la Junta que impulse más medidas de protección del derecho a la vivienda

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha abierto una queja de oficio para pedir a la Junta que impulse medidas de protección al derecho a la vivienda frente a los desahucios.

   En su queja el Defensor recuerda que los defensores del pueblo se reunieron la semana pasada, el pasado 14 de diciembre, en Oviedo para estudiar medidas que ayuden a los afectados por procesos de desahucios y pérdida de sus viviendas con motivo de la crisis económica, un problema "de enorme calado social" que, a su juicio, "requería una respuesta específica de las instituciones de los defensores del pueblo".
   Por ello, en función de las conclusiones que se elaboraron, el Defensor del Pueblo Andaluz ha traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda una serie de medidas propuestas, a través de una queja de oficio.
   En dicha queja detalla que el pasado 14 de diciembre se celebró la jornada de trabajo junto a los demás defensores sobre 'Las medidas para la protección eficaz del derecho constitucional a la vivienda en un entorno de crisis económica', donde se llegaron a una serie de conclusiones encaminadas a "proponer medidas para la protección eficaz del derecho constitucional a la vivienda".
   Entre esas conclusiones se apunta que la actual crisis "está teniendo unos efectos muy negativos en un amplio sector de la población, que no sólo ve frustradas sus expectativas de acceder al derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, sino que también se está viendo abocado a la privación de la vivienda en la que estaban residiendo, como consecuencia del sobreendeudamiento y la consiguiente ejecución hipotecaria".
   Agregan que esta realidad "dramática", se exige y demanda, conforme al mandato de la Constitución, que "los poderes públicos aborden, con carácter urgente, las necesarias reformas normativas, que se vienen demandado desde distintas instancias públicas y privadas, asociaciones y foros, de la legislación hipotecaria, de Enjuiciamiento Civil, Concursal y del Código Civil, con objeto de garantizar, de forma efectiva, el derecho a la vivienda".
   Consideran que las distintas normas que se han aprobado con objeto de evitar o limitar los efectos de la ejecuciones hipotecarias "son insuficientes", tras lo que aluden, entre otras cuestiones, a los resultados sobre la aplicación del Código de Buenas Prácticas por parte de entidades financieras y que "son concluyentes de su escasa efectividad". En ese sentido, indican que tales normas "no contemplan la situación en que pueden encontrarse los avalistas de los créditos, y en algunos casos la deuda principal acaba extendiendo sus efectos a éstos y les conduce a la exclusión social".
   Asimismo, apuntan que "muchas personas se han visto abocadas al impago de las cuotas de los préstamos hipotecarios que suscribieron en un momento" y se alude a las "circunstancias sobrevenidas" tras la formalización del contrato de préstamo hipotecario, tales como desempleo, fallecimiento, enfermedad, separación, unidos a una "inadecuada" valoración de los inmuebles y de la solvencia de los prestatarios por parte de las entidades financieras, lo que "las convierte en corresponsables de la situación de sobreendeudamiento".
   Consideran que en el caso de las entidades financieras que hayan sido rescatadas, los defensores ven conveniente que el Gobierno articule medidas para que estas ayudas públicas "también reviertan en la ciudadanía, bien a través de una renegociación de los préstamos hipotecarios que los ciudadanos tienen con estas entidades, o bien destinando parte de los inmuebles adquiridos a viviendas sociales".
   Por tanto, las defensorías del pueblo hacen una llamada a los poderes públicos para que, "con carácter de urgencia y desde el consenso y la responsabilidad que la sociedad española está exigiendo, adopten cuantas medidas, legislativas, sociales y económicas, sean necesarias para garantizar, de manera real y efectiva, el derecho constitucional a la vivienda".
   Los defensores en ese sentido, han propuesto una serie de medidas a las administraciones, como son "ampliar los supuestos de beneficiarios de las normas que han sido aprobadas recientemente para proteger a los deudores en riesgo de ejecución hipotecaria; promover el alquiler social de las viviendas como alternativa al desahucio; o incrementar los supuestos de acogimiento a las medidas de reestructuración de las deudas hipotecarias".
   También propone "establecer los supuestos en los que se podrían acoger a la dación en pago los deudores como uno de los medios para liquidar la deuda hipotecaria; extender las medidas de protección a los locales de negocio donde se desarrolla la actividad que constituye el medio de vida del deudor; regular un sistema de reestructuración de deudas, articulando mecanismos que busquen soluciones cuando se generen, de buena fe, situaciones de sobreendeudamiento".
   Asimismo, proponen "instar a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), para que adopte las medidas necesarias para que las entidades financieras destinen todas las viviendas protegidas al fin para el que fueron construidas, previendo alternativas, incluida la expropiación, ponderando su valoración en función de su amortización, la dificultad de venta, las ayudas públicas recibidas y la valoración de su inclusión en la Sareb, valorando, asimismo, la adquisición de inmuebles de las entidades beneficiarias a los precios socialmente ponderados como alternativa a la construcción de VPO en los planes públicos de vivienda y suelo para destinarlos al alquiler social".
   Los defensores proponen además "determinar un protocolo de intervención para evitar los lanzamientos de familias y personas que puedan acogerse a los supuestos de suspensión previstos en la norma aprobada", además de "poner en marcha de forma urgente el Fondo Social de Viviendas y dotarlo de los suficientes inmuebles para dar respuesta a los adquirentes de buena fe que sean desahuciados por circunstancias sobrevenidas".
   Plantean asimismo "reformar la normativa fiscal y tributaria para evitar que los deudores de buena fe vean agravada su situación por las cargas impositivas, como el impuesto de transmisiones o de plusvalías y otros impuestos; crear o reforzar servicios públicos de asesoramiento, orientación y mediación entre entidades financieras y los propietarios que se encuentren en dificultades de pago; o sugerir el aplazamiento del pago del precio o en su caso, del alquiler, ante la entidad financiera en determinados supuestos y condiciones".
   Ante esto, el Defensor andaluz ha "sugerido" que la Consejería de Fomento y Vivienda ponga en marcha las medidas propuestas por las defensorías del pueblo estatal y autonómicas con la finalidad de que, "si total o parcialmente las comparte, impulse su puesta en marcha y ejecución, ya sea directamente en lo que sea competencia andaluza, ya proponiendo su adopción al Gobierno, a través de la Comisión Interterritorial Estado-Comunidades Autónomas".
   "El deterioro que está sufriendo la garantía efectiva de este derecho constitucional exige un esfuerzo sin precedentes, pero inaplazable, para que los poderes públicos, en el marco de un Pacto por la Vivienda, ejerzan sus competencias para la protección de este derecho", ha aseverado el Defensor andaluz.