viernes, 27 de abril de 2012

Almería lidera el desempleo en Andalucía al comienzo de 2012, hasta los 131.400 parados y un 35,28%

SEVILLA.- El paro aumentó en Andalucía en 81.100 personas en Andalucía durante el primer trimestre de 2012, lo que supone un aumento del 6,5 por ciento en relación con el trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 1.329.600 parados y la tasa de paro se situó en el 33,17 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Almería lidera el desempleo en Andalucía al comienzo de 2012, según las cifras que se detallan a continuación.

   En los últimos doce meses, el desempleo aumentó en 142.100 personas, lo que supone un incremento del 11,96 por ciento.
   Por su parte, el número de ocupados descendió en 135.100 personas en los últimos 12 meses, lo que supone un descenso porcentual del 4,8 por ciento en relación con el mismo trimestre del año anterior. De enero a marzo la cifra de ocupados en Andalucía descendió en 70.800 personas en relación con el trimestre anterior, lo que supone un descenso del 2,58 por ciento, de forma que la cifra total de ocupados alcanza las 2.678.700 personas.
   De esta forma, la tasa de actividad se situó en Andalucía en el 58,97 por ciento.
   A nivel nacional, el paro subió en 365.900 personas en el primer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 6,94 por ciento más, situándose el número total de desempleados en 5.639.500 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española.
   La tasa de paro escaló al cierre de marzo hasta el 24,44 por ciento, porcentaje casi 1,6 puntos superior al del trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
   La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje de esta naturaleza desde el primer trimestre de 1994, cuando la tasa de paro se situó en el 24,55 por ciento (su valor más alto desde 1976).
   Asimismo, la incorporación de activos al mercado laboral ha sido especialmente significativa este trimestre en Comunidad de Madrid (25.200), Canarias (17.200) y Andalucía (10.300 más). Por el contrario, en Comunidad Valenciana (26.500 activos menos) y País Vasco (24.500) se observan los mayores descensos del número de activos.
   Andalucía ascendió en el primer trimestre de 2012 a ser la segunda comunidad con mayor tasa de paro, solo superada por Ceuta (35,51 por ciento). La Comunidad es la zona que mayor incremento del número de parados absoluto registró tanto en relación con el trimestre anterior, como en relación con el mismo trimestre del pasado año.
   La Comunidad andaluza ocupa el puesto noveno respecto a la tasa de actividad, con una tasa del 58,97 por ciento, por detrás de Baleares (64,77 por ciento), Madrid (64,24 por ciento), Canarias (63,51 por ciento), Cataluña (62,51 por ciento), Murcia (62,24 por ciento), Navarra (59,79 por ciento), Comunidad Valenciana (59,74 por ciento) y  La Rioja (59,15 por ciento).
   De los 1.329.600 parados que recoge la EPA al cierre del primer trimestre del año 2012, 703.100 son varones y 626.500 mujeres. En cuanto al total de ocupados, de los 2.678.700 ocupados andaluces, 1.518.200 son hombres y 1.160.500 son mujeres.
   La tasa de paro andaluza del 33,17 por ciento es 8,73 puntos superior a la nacional (24,44 por ciento). La tasa de desempleo femenina es 3,41 puntos mayor que la masculina en Andalucía. De esta forma, la tasa de paro masculina se sitúa en Andalucía en el 31,65 por ciento, 7,56 puntos por encima de la media nacional, que es del 24,09 por ciento, mientras que la tasa de paro femenino es del 35,06 por ciento, 10,2 puntos más que la media del país (24,86 por ciento).
   Por lo que respecta a la tasa de actividad quedó establecida en el 58,97 por ciento, 0,97 puntos por debajo de la media nacional, que es del 59,94 por ciento. En este caso, la tasa de actividad masculina se sitúa en el 66,57 por ciento, 0,29 puntos por debajo de la media nacional (66,86 por ciento), mientras que la tasa de actividad femenina se sitúa en el 51,63 por ciento, 1,72 puntos inferior a la media nacional (53,35 por ciento).
   Asimismo, el número de activos en el primer trimestre fue de 4.008.300 personas, por lo que se registró un aumento de 10.300 personas, un 0,26 por ciento más respecto al trimestre anterior, mientras que en relación con el mismo trimestre del año anterior subió en 7.000 personas, un 0,18 por ciento más.
   Cádiz y Almería fueron las provincias con mayor tasa de desempleo en el primer trimestre, con un 36,37 y un 35,28 por ciento, respectivamente. En el resto de provincias, la tasa de paro en Málaga ascendió al 34,61 por ciento, Huelva (34,49 por ciento), Córdoba (32,67 por ciento), Jaén (31,98 por ciento), Granada (31,51 por ciento) y Sevilla, con una tasa de 30,12 por ciento.
   En cuanto a tasa de actividad, Almería, Huelva y Sevilla, con 66,04 por ciento, 60,66 por ciento y 60,09 por ciento, respectivamente, son las tres únicas provincias andaluzas con porcentajes superiores al 60 por ciento en el primer trimestre del año. En el resto de provincias, en Córdoba la tasa de actividad asciende a 59,65 por ciento, en Málaga (59,62 por ciento), Cádiz (55,91 por ciento), Granada (55,66 por ciento) y Jaén (54,88 por ciento).
   En números absolutos, en la Comunidad fueron Sevilla y Málaga las que ocuparon las dos primeras posiciones en la Comunidad, con 278.400 y 274.900 parados, respectivamente.

   A continuación, los datos de la EPA por provincias con el número total de ocupados y desempleados, así como la tasa de actividad y de paro:

Almería..........241.000........131.400............66,04........35,28
Cádiz............357.000........204.100............55,91........36,37
Córdoba..........260.900........126.600............59,65........32,67
Granada..........286.800........131.900............55,66........31,51
Huelva...........166.800.........87.800............60,66........34,49
Jaén.............201.000.........94.500............54,88........31,98
Málaga...........519.300........274.900............59,62........34,61
Sevilla..........645.800........278.400............60,09........30,12

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TOTAL..........2.678.700.....1.329.600.............58,97........33,17

Más de 150 vecinos de Palomares se apuntan a los reconocimientos médicos radiológicos que organiza el Ciemat

ALMERÍA.- Más de 150 vecinos de Palomares, de la pedanía de Cuevas del Almanzora, han decidido apuntarse a las revisiones médicas de vigilancia radiológica que anualmente se convocan a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (Ciemat) después de que el procedimiento se cambiara este año, de forma que son los propios ciudadanos interesados quienes deben dejar sus datos de contacto para someterse al chequeo. 

   Fuentes del Ciemat han indicado hoy que el procedimiento ordinario no ha variado salvo en la fórmula de convocatoria, con lo que los habitantes de la pedanía cuevana tienen hasta el 30 de abril para apuntarse a través de un teléfono de contacto. Si bien dichas fuentes no han precisado el número exacto de vecinos interesados por el momento, han asegurado que son más que en otros años, en los que la media ha sido un centenar y medio de personas.
   Así, han señalado que una vez que se cuente con todas las solicitudes, el equipo médico en coordinación con todos los organismos involucrados, prepararán un calendario de ejecución de los reconocimientos médicos a través de grupos de personas en función de su disponibilidad. Como novedad, los controles médicos no se realizarán este año a menores de edad.
   En este sentido, desde el organismo se señala que el accidente aéreo por el que la zona quedó radioactivamente contaminada con plutonio tuvo lugar el 17 de enero de 1966, de forma que las nuevas generaciones desarrolladas desde entonces no necesitan someterse a estas pruebas. El Ciemat ha efectuado una supervisión continua de las personas y del medioambiente de la zona de Palomares mediante un acuerdo entre España y Estados Unidos desde 1966 hasta 2009, si bien desde esta fecha se realiza únicamente con el soporte económico del Ciemat.
   Anualmente se controla el estado de salud y la posible contaminación interna de aproximadamente 150 personas, lo que supone 1.077 personas sobre las que se han realizado 5.029 exámenes médicos y de dosimetría interna por bioeliminación, esto es, orina excretada en 24 horas. Los resultados de los exámenes médicos no han mostrado ningún resultado que haga sospechar una morbilidad específicamente inducida por las radiaciones ionizantes, según el organismo.
   En cuanto a la seguridad de los productos de Palomares, desde 1967 se han controlado más de 3.500 muestras y realizado más de 5.000 análisis. La estimación de dosis anual por ingestión para el periodo 1995-2010 es "muy inferior" al límite de dosis para el público establecido en el reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes.

El Obispado "no coincide" con la "forma de resolver" y estudiará si recurre la readmisión de Galera

ALMERÍA.- El Obispado de Almería decidirá la próxima semana si interpone un recurso de reposición contra el auto que ordena readmitir en su puesto en el CEIP 'Ferrer Guardia', en La Cañada, a la profesora de Religión Resurrección Galera aunque ha trasladado que "no coincide" con la "forma de resolver" la ejecución del fallo que declaró la nulidad de su despido en el curso 2001-2002 tras contraer matrimonio civil con un hombre divorciado.

    El letrado de la Diócesis almeriense, Luis Docavo, ha indicado que la resolución del magistrado Juan Carlos Aparicio estima de una manera que "no fue planteada" por las partes durante la comparecencia celebrada el pasado día 11 si bien ha subrayado que la decisión es ejecutiva más allá de la presentación de recurso y, por tanto, el Ministerio de Educación (MEC) debe darle cumplimiento en los términos que dispone.
   A la espera de la postura que adopte el Obispado en una reunión que se desarrollará la próxima semana y después de que la abogada de Galera haya anunciado la interposición de un recurso, Docavo ha hecho referencia a la alusión expresa que en apartado de los razonamientos jurídicos se hace al artículo 284 de la Ley de Procedimiento Laboral que abre la puerta a que, si no se produce la readmisión, se dé por ejecutada la sentencia con el pago de los salarios de tramitación hasta el 31 de agosto de 2012.
   Al hilo de esto, ha trasladado que entiende que el Obispado de Almería no va a desistir del recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) en febrero ya que se discute la "cuestión de fondo" que pasa por el "conflicto" entre los "intereses legítimos de Resurección Galera" y la postura del Obispado "por el derecho que le viene dado a una confesión religiosa a decidir la idoneidad de las personas que han de impartir su materia". 
"Se trata de dos planteamientos que afectan a cuestiones esenciales", ha añadido Docavo.
   El juez ha ordenado al Ministerio de Educación (MEC) que en un plazo de cinco días proceda a reponer en su antiguo puesto en el CEIP Ferrer Guardia del barrio de La Cañada, en Almería, a la docente pero sólo hasta que finalice el presente curso escolar el próximo 31 de agosto. Al tiempo, ha determinado que debe serle abonada la cantidad de poco más de 42.000 euros en concepto de salarios de tramitación.
   El Obispado de Almería expuso ante la Sala en la comparecencia para decidir la ejecución la "incompatibilidad manifiesta" entre la readmisión y el derecho "legal y constitucional de la autoridad religiosa de cualquier confesión a designar a los profesores por su idoneidad", un extremo que ha vuelto a cuestionar ya que su matrimonio civil entra "en contradicción con la enseñanza de los valores católicos".
   Entre la documentación que aportó, figuraba el recurso de amparo al TC donde se hace alusión a una sentencia del TC de fecha 4 de junio de 2007 en la que se pronuncia en sentido contrario al de Galera en un supuesto similar. En esta línea, argumentó que es "enteramente constitucional el hecho de que no pueda impartir religión y moral católicas quien no profesa voluntariamente los dogmas de esta fe religiosa" al tiempo que manifestó que la docente "en el más respetable ejercicio de su libertad", al elegir, se coloco "ella misma y por su sola voluntad, en objetiva situación de inidoneidad sobrevenida para dar lecciones de moral católica que incluye una concepción muy determinada del matrimonio".
   Tras dos sentencias anteriores que avalaron el despido, el Tribunal Constitucional (TC) concedió once años después a Galera amparo y reconoció su derecho a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, a la libertad religiosa en conexión con el derecho a contraer matrimonio y a la intimidad personal y familiar.
   En cumplimiento de la orden de retrotraer las actuaciones, el Juzgado de lo Social número 3 dictó una nueva sentencia, en este caso favorable a Galera al declarar el despido nulo, que fue recurrida al TSJA por la diócesis almeriense, que también ha elevado recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) a través de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal.
   En su sentencia, el Alto Tribunal andaluz, pese a que ratificó el fallo y desestimó el recurso, señaló en los fundamentos de derecho el carácter "surrealista" de la problemática que planteaba el caso ya que, según subrayó, el ministerio "se ve condenado por una conducta que, conforme a Tratado, venia compelido a realizar y, por otro lado, el Obispado podía, por reconocérselo el Convenio Estado/Iglesia proponer a quien considerase más idóneo".
   En esta línea, sostenía que la sala se veía "compelida, por la forma no adecuada de planteamiento del recurso a desestimarlo y a confirmar la decisión judicial "combatida" al tiempo que advertía de que "podrían darse muchas razones, desde el punto de la legalidad ordinaria e incluso de la Constitucional, para resolver el problema de forma diferente a como lo ha sido" en fallos anteriores.

Galera discrepa de las condiciones de readmisión y de la indemnización, y anuncia que recurrirá

ALMERÍA.- La profesora de Religión Católica, Resurrección Galera, despedida en el curso 2001-2002 después de contraer matrimonio civil con un hombre divorciado, va a interponer recurso de reposición contra el auto que ordena al Ministerio de Educación (MEC) que la readmita en su puesto en el CEIP 'Ferrer Guardia' en cinco días y al pago de 42.374,98 euros.

   Así lo ha trasladado el marido de Galera, Johannes Romes y la letrada de CCOO, Amalia Robles, quien ha indicado que "no están muy conformes" ni con la interpretación que el magistrado de lo Social nº 3 de Almería hace del despido nulo ni con la cuantía que estipula que le corresponde en concepto de salarios de tramitación.
   Robles ha precisado que no se "entiende" que se limite la readmisión a 31 de agosto de 2012, lo que, a su juicio, "desvirtúa" el concepto de despido nulo, "diferente", según ha subrayado, al "improcedente que parece que ahora aplica" al tiempo que ha considerado que procede conocer qué criterio se ha seguido para calcular el descuento de 114.912,12 euros que aplica por el periodo en el que la docente de Religión estuvo trabajando para la Junta de Andalucía.
   El recurso de reposición, que deberá ser formalizado ante el juzgado antes del día 3 de mayo, no paralizaría la ejecución de la sentencia en los términos en los que estipula el auto dictado el miércoles, por lo que el MEC deberá llamar a Galera para su incorporación a su plaza como profesora en el CEIP 'Ferrer Guardia' del barrio de La Cañada, en la capital almeriense.
   Por su parte, Romes ha trasladado la "decepción" por los términos de la resolución y ha señalado que supone una "contradicción" con la sentencia dictada por el mismo órgano y el mismo magistrado en la que se declaró despido nulo el que el Obispado de Almería decidiese no hacer el llamamiento para que se incorporase a clase durante el curso 2001-2002, lo que, según había dictaminado antes el Tribunal Constitucional (TC), fue una vulneración de sus derechos fundamentales.
   "No hemos luchado y llegado hasta aquí para conseguir esto", ha señalado para insistir en que lo decretado ahora por el magistrado "no es lo que dice la sentencia" que se remite a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) que "establece claramente que los contratos de los profesores de Religión a los que se despide vulnerando sus derechos fundamentales pasan a tener consideración de indefinidos aunque en la fecha de despido fueran temporales". 
"El auto de ejecución pega un salto atrás", ha concluido.
   El Juzgado de lo Social nº 3 ordena la readmisión porque es "evidente" que sigue existiendo su puesto de trabajo al no haber sido amortizada la plaza por el MEC aunque, en este caso, se aviene al informe de la Abogacía del Estado, que considera que la relación laboral que tenía la profesora era de naturaleza temporal "por cada curso escolar" y no tenía, pues, carácter indefinido ya que el Obispado, según remarca, "no tenía obligación de proponerla como docente para el curso siguiente ni tampoco el MEC de contratarla".
   "Es evidente que la resolución judicial no puede alterar el carácter de la relación laboral y convertir la misma en indefinida", ahonda para, a continuación, hacer alusión al Real Decreto 696/07  de 1 de junio que establece que los profesores de Religión Católica no pertenecientes a los cuerpos de funcionarios que estuvieran contratados en esa fecha pasaría a tener una relación laboral de carácter indefinido siempre que cumplieran los requisitos. "Como la demandante no estaba trabajando en esa fecha, no sabemos si reuniría o no esos requisitos", concluye.
   Con respecto al segundo pronunciamiento de la sentencia que declaró nulo el despido, el magistrado se aviene a los argumentos expuestos en su sala por la fiscal, quien solicitó que se descontará de la cuantía calculada por la letrada de Galera en concepto de salarios de tramitación --157.287,10 euros-- los importes recibidos como salarios desde la fecha de su despido como consecuencia de la prestación de servicios a otras empresas.
   Determina de este modo que, a la citada cantidad, a la que ya se habían restado casi 33.000 euros abonados por el MEC en el trámite de ejecución provisional de la sentencia, hay que descontarle el importe de 114.912,12 euros que cobró como trabajadora de la Junta de Andalucía de forma interrumpida desde noviembre de 2003 hasta noviembre de 2011 ya que, en caso contrario, "se daría lugar a un enriquecimiento injusto de la demandante por duplicidad parcial de retribuciones".

Rodríguez-Comendador dice que la nueva ORA busca "una redistribución justa del escaso aparcamiento" en el casco urbano almeriense

ALMERÍA.- El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), ha respondido este viernes a las quejas trasladadas por alguno ciudadanos de la plataforma 'No al engaño de la ORA de Almería', quienes a través de sus perfiles en las redes sociales han solicitado explicaciones sobre los "beneficios reales" de este sistema para demostrar que carece de "afán recaudatorio", de forma que el primer edil ha dicho que la medida "busca una redistribución justa del escaso aparcamiento existente en el casco urbano". 

   En su perfil en Facebook ha señalado que "aunque no guste" el Reglamento de Ordenación del Aparcamiento en superficie "proporciona una solución a gran parte de los problemas de estacionamiento y mejora sustancialmente las condiciones del tráfico rodado", con lo que se emplea de distintas ciudades españolas.
   Así, ha argumentado que sin la conocida 'zona azul' y "debido a la saturación de la oferta y a la reducida rotación de las plazas", muchos usuarios se veían obligados a "aparcar ilegalmente" en el entorno, como en doble fila o sobre pasos de peatones, entre otras formas. "Estos usuarios interfieren notablemente en la movilidad de vehículos y personas", dice el regidor, quien asegura que "sin el ORA, en zonas no reguladas, una plaza de aparcamiento es usada tan solo por uno o dos vehículos al día".
   No obstante, justifica que con este sistema de regulación de aparcamiento, recientemente renovado con la ampliación de calles y un periodo limitado de aparcamiento máximo de dos horas por zona; una plaza de estacionamiento "puede ser utilizada por un mayor número de usuarios por lo que disminuye o anula la ilegalidad del estacionamiento ya que antes estacionaban en infracción".
   Del mismo modo, Rodríguez-Comendador indica que "una vez puesta en funcionamiento la nueva ordenanza en la que se dará cumplimiento a la rotación forzada, una plaza de aparcamiento podrá ser usada por hasta cinco o seis vehículos al día, dotando a la zona administrativa y comercial de la ciudad de un parque de plazas de aparcamiento en superficie disponible que en la actualidad no existe".
   "El ORA elimina los estacionamientos de larga duración en las plazas reguladas", lo que además "restringe el tráfico en vehículo privado por motivos obligados, que coinciden con la hora punta de congestión vial mejorando la fluidez de tráfico", según entiende el alcalde capitalino
   El primer edil almeriense ha señalado además que existen "más argumentos" para justificar esta medida de regulación, de forma que ha lamentado que éstos tal vez no convenzan a los miembros de la plaforma, que cuenta con un millar de seguidores y desde la que se han planteado ya manifestaciones en contra de la 'zona azul' así como reparto de octavillas informativas.
 "Probablemente no os convence, pero estas son mis ideas. Vosotros habéis expuesto las vuestras y me parece bien. Lo que no voy a hacer es entrar en un debate en las redes sociales por este asunto", finaliza el alcalde en su respuesta.

Capturas excepcionales de caballa, jurel y pez espada incrementan un 130% las descargas en las lonjas

ALMERÍA.- Las cinco lonjas de Almería han desembarcado 2,1 millones de kilos de pescado y marisco con un aumento del 130 por ciento sobre el primer trimestre de 2011. Así, más de 700.000 kilos de caballa del sur y casi 530.000 kilos de jurel ha capturado la flota pesquera de Almería entre enero y marzo, lo que supone un 740 por ciento más de caballa y un 364 por ciento más de jurel con respecto al mismo periodo del pasado año.

   También ha sido extraordinario el incremento de capturas de pez espada en hasta un 242 por ciento y alacha en un 178 por ciento, según ha informado la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca con datos del Servicio de Inspección Pesquera.
   El buen tiempo que ha acompañado la faena pesquera en los tres primeros meses del año explica en buena medida estos resultados, unos resultados que también han sido positivos en el caso de especies como el choco, las gambas y los salmonetes. Las únicas especies en las que se ha reducido el volumen de las capturas son la sardina --58%--, la brótola de fango --37%--, el pulpo --30%-- y la merluza --14,5%--.
   El notable incremento del volumen de pescado y marisco descargado en las lonjas almerienses ha provocado también un aumento de la facturación, que ha superado los 4,5 millones de euros, frente a los 3,6 millones del primer trimestre del año 2011.
   Este aumento relativo del 23,8 por ciento en la facturación es inferior al del volumen de las capturas, ya que en algunos casos el precio medio ha caído, precisamente, por la gran oferta. Es el caso de la caballa, el pez espada, el jurel y la gamba roja. Por el contrario, la alacha, la sardina, el pulpo, la merluza, la brótola y el salmonete han mejorado sus precios medios.
   Por puertos, en el de Adra se han desembarcado 467.000 kilos, un 140 por ciento más que en el primer trimestre del año pasado. El valor de estas capturas ha ascendido a 693.000 euros, un 35 por ciento más. En la lonja de Almería se han descargado 1,3 millones de kilos --un 142% más que el pasado año-- mientras que el valor ha ascendido a 2,24 millones de euros --un 18% más--.
   En el levante de la provincia, en el puerto de Carboneras se han subastado 126.000 kilos, un 38 por ciento más que en el primer trimestre de 2011, que han alcanzado un valor de 271.500 euros, un 55 por ciento menos.  
   La lonja de Garrucha es la que ha registrado un incremento más modesto en el volumen de producto descargado: 102.700 kilos, un 1,3 por ciento más. El valor de estas capturas ha ascendido a 688.450 euros, lo que supone un descenso del 3,4 por ciento. Por último, la lonja de Roquetas, que reinició su actividad a mediados de 2011, ha recibido en los tres primeros meses de este año 111.000 kilos, valorados en 646.700 euros.

El 19,72% de hogares andaluces tienen todos sus miembros en paro a inicios de 2012

SEVILLA.- El 19,72 por ciento de los hogares andaluces cuenta con todos sus miembros en situación de desempleo durante el primer trimestre de este año 2012, lo que supone un incremento con respecto al mismo trimestre del año anterior de más de tres puntos porcentuales (cuando la tasa era del 16,45 por ciento), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Las cifras del INE precisan que Andalucía tiene una tasa superior a la registrada en el conjunto del país, dado que a nivel nacional un 13,3 por ciento de los hogares tenían todos sus miembros en paro a inicios de 2012, porcentaje cerca de tres puntos (2,6) superior al registrado a inicios de 2011 (10,70 por ciento).
   A nivel nacional, los hogares con todos sus miembros en paro subieron en el primer trimestre en 153.400, lo que supone un 9,74 por ciento más que en el trimestre anterior, hasta situarse en 1.728.400.
   Por su parte, un 56,15 por ciento de los hogares andaluces tenían todos sus integrantes ocupados en el primer trimestre de 2012, frente al 60,51 por ciento de inicios de 2011, lo que supone 4,36 puntos menos. A nivel nacional, los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 252.300 en el primer trimestre del año, un 2,8 por ciento menos respecto al trimestre precedente, hasta un total de 8.593.700 hogares. En el último año, las familias con todos sus miembros ocupados han bajado en 472.300 (-5,2 por ciento).
   Además, un 39,53 por ciento de hogares andaluces tenían al menos la mitad de los miembros parados, frente al 35,37 por ciento registrado a inicios de 2011. Este porcentaje es inferior al dato registrado a nivel nacional, cifrado en un 29,63 por ciento, frente al 25,78 por ciento registrado a inicios de 2011.
   A nivel nacional, los hogares con todos sus miembros en paro subieron en el primer trimestre en 153.400, lo que supone un 9,74 por ciento más que en el trimestre anterior, hasta situarse en 1.728.400. En comparación con el mismo trimestre de 2011, los hogares con todos sus miembros en paro se han incrementado en 342.400, un 24,7 por ciento más.
   Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 252.300 en el primer trimestre del año, un 2,8 por ciento menos respecto al trimestre precedente, hasta un total de 8.593.700 hogares. En el último año, las familias con todos sus miembros ocupados han bajado en 472.300 (-5,2 por ciento).

El Gobierno autoriza a Andalucía una prórroga en una operación de endeudamiento de 1.579 millones

MADRID.- El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes a la prórroga hasta el 30 de junio de 2012 de una operación de endeudamiento a Andalucía que le permitió en septiembre de 2011 por un importe de 1.579 millones de euros.

   Un acuerdo del Consejo de Ministros de ese mes de septiembre de 2011 autorizó a la comunidad autónoma a realizar operaciones de endeudamiento por un importe total de 1.579,70 millones de euros. Posteriormente, por un acuerdo de Consejo de Ministros del 27 de enero de 2012, se prorrogó la vigencia de dichas autorizaciones hasta el 31 de marzo de 2012 por el importe pendiente de formalizar de 1.579,70 millones de euros.
   Así las cosas, Andalucía ha solicitado poder contratar hasta el 30 de junio de 2012 las operaciones de endeudamiento autorizadas como consecuencia de que, debido a las circunstancias que presentan los mercados financieros, no ha formalizado el importe total de las operaciones prorrogadas.
   Teniendo en consideración lo solicitado por la región, por el acuerdo aprobado este viernes se prorroga la vigencia de la mencionada autorización hasta el 30 de junio de 2012 por el importe pendiente de formalizar que asciende a 1.138,53 millones de euros.

Unicaja Banco obtiene un beneficio neto de 51 millones en el primer trimestre

MÁLAGA.- Unicaja Banco ha obtenido en el primer trimestre de 2012 un beneficio después de impuestos de 51 millones de euros, lo que, si bien supone una ligera disminución, de 6,2 millones, con respecto al logrado en el mismo trimestre del pasado ejercicio, aunque "la mantiene como una de las entidades financieras con mayor capacidad de generación de beneficio en relación con su volumen de negocio".

   En una nota, la entidad ha destacado que ha mantenido sus principales líneas de actuación, orientadas a "la conservación de su posición de referencia en el sistema financiero, tanto en lo que se refiere a solvencia y calidad de los activos como en lo relativo a rentabilidad y capacidad de generación de recursos".
   En este sentido, el grupo Unicaja Banco destaca que la obtención de este beneficio "ha sido posible gracias a una mejora de los resultados ligados a las actividades de intermediación financiera y prestación de servicios bancarios y, que, por tanto, tienen un carácter más recurrente, destacando en particular el crecimiento logrado en el margen de intereses (+1,4 por ciento) y en los ingresos netos por comisiones (+16,8 por ciento), así como por la reducción de los gastos de explotación (-3,3 por ciento), en relación con el mantenimiento de una  estricta política de control de gastos en el marco de la progresiva adecuación de la capacidad instalada a la situación actual del mercado".
   Al mismo tiempo, el "elevado grado de cobertura" de los riesgos alcanzado por Unicaja Banco ha permitido que la cifra neta de saneamientos realizados en el trimestre "sea menor que la registrada en el mismo periodo de 2011, compensando el efecto de la disminución observada por los ingresos relacionados con inversiones en mercados de capitales (resultados por operaciones financieras), cuya obtención tiene un carácter menos recurrente y que en el primer trimestre de 2011 fueron coyunturalmente elevados".
   El banco ha destacado también el efecto "negativo" que sobre la cuenta de resultados de este ejercicio tiene el aumento de las aportaciones obligatorias al Fondo de Garantía de Depósitos, que para Unicaja Banco suponen en este trimestre un incremento interanual de más de cinco millones.
   Agrega que los niveles de morosidad y cobertura de Unicaja Banco siguen siendo "sensiblemente mejores" que los del conjunto de las entidades financieras españolas.
   Unicaja Banco cierra el trimestre con un índice de morosidad del 5,4 por ciento (8,2 por ciento para el conjunto de las entidades españolas al cierre de febrero, último dato conocido) y un nivel de cobertura del 80 por ciento, frente al 55 por ciento de cobertura del sector al cierre de febrero.
   La capacidad de generación de resultados de Unicaja Banco le permite "mantener sus elevados niveles de solvencia, muy superiores a los mínimos exigidos, sin que haya tenido necesidad de recurrir a fuentes alternativas de obtención de capital o llevar a cabo desinversiones". En este sentido, el coeficiente de solvencia del Grupo Unicaja es, al cierre del trimestre, del 14,1 por ciento (mínimo legal del ocho por ciento) y el coeficiente de capital principal del 12,4 por ciento (mínimo legal del 10 por ciento)".
   Por otra parte, Unicaja Banco, al cierre de marzo 2012 tiene cubiertas el 90 por ciento de las necesidades derivadas del Real Decreto-ley (RDL) 2/2012 --el 100 por ciento del buffer de capital, 264 millones de euros, y el 84 por ciento, 357 millones de euros, de las provisiones contra cuenta de resultados-- y tiene previsto cubrir el cien por cien --691 millones de euros-- de dichas necesidades al cierre del primer semestre de 2012.
   Por lo que respecta a la actividad del negocio, el volumen total de negocio asciende a la cifra de 60.324 millones de euros, ligeramente superior (+0,1 por ciento) a la del mismo período del año anterior. De dicho total, 33.930 millones de euros corresponden a los recursos administrados y 26.394 millones al crédito a la clientela.
   Unicaja, por otra parte, "ha consolidado en el primer trimestre del año su proyecto de integración con Caja España-Duero, que dará lugar al tercer grupo por dimensión de cajas de ahorros, en el que Unicaja participará con un 70 por ciento".
   Asimismo, dentro del panorama actual de la economía y de las necesidades del sistema financiero español, Unicaja evaluará desde la máxima responsabilidad individual y colectiva la conveniencia de desarrollar posibles proyectos corporativos con otras entidades financieras.

UPyD pide en dos enmiendas 4,5 millones de euros para demoler El Algarrobico y recuperar la playa

MADRID.- UPyD ha registrado dos enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 en las que reclama que las cuentas públicas incluyan 4,5 millones de euros para demoler el hotel construido en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y la posterior recuperación de la playa.

   En las enmiendas,  la formación reclama 1,5 millones de euros para derribar la construcción de la promotora Azata al considerar que la decisión del Tribunal Supremo, que declaró ilegal parte del hotel "puede considerarse un pronunciamiento judicial en firme".
   Así UPyD pide que se lleve a cabo el protocolo que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar firmó con la Junta de Andalucía, en noviembre de 2011, para la recuperación de la playa ubicada en el Parque del Cabo de Gata y por el cual se comprometía "siempre que no se contravenga lo que dispongan los pronunciamientos judiciales que se dicten" y "de conformidad con las disponibilidades presupuestarias".
   Para la posterior recuperación del paraje, la formación liderada por Rosa Díez reclama tres millones de euros que, al igual que la partida que pide que se destine a tirar la construcción, será detraída de la dotación correspondiente al Fondo de Contingencia.

El juez ordena readmitir en cinco días a la docente de Religión despedida por casarse con un divorciado

ALMERÍA.- El juez ha ordenado al Ministerio de Educación (MEC) que en un plazo de cinco días proceda a reponer en su antiguo puesto en el CEIP Ferrer Guardia del barrio de La Cañada, en Almería, a la docente de Religión Resurrección Galera pero sólo hasta que finalice el presente curso escolar el próximo 31 de agosto. Al tiempo, ha determinado que debe serle abonada la cantidad de poco más de 42.000 euros en concepto de salarios de tramitación.

   El auto del magistrado Juan Carlos Aparicio, que adelanta este viernes el diario 'Ideal', ejecuta la sentencia del mismo órgano que declaró la nulidad del despido de la profesora después de que el Tribunal Constitucional (TC) considerase que el Obispado de Almería había vulnerado sus derechos fundamentales al no renovarle el contrato en el curso escolar 2001-2002 por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado.
   La resolución, dictada tras la comparecencia que se celebró ante el Juzgado de lo Social nº 3 y contra la que cabe recurso de reposición, rechaza los argumentos esgrimidos por el MEC, a los que se adhirió el letrado de la Junta de Andalucía, y de la Fiscalía Provincial, que sostuvo durante su informe que reponer a Galera en su puesto era "imposible materialmente" al estar todas las plazas de profesores de Religión Católica por personas contratadas con carácter indefinido y también "legalmente" al haber cambiado la normativa que regula la relación laboral especial de estos docentes.
   Entiende el magistrado que, si bien la reincorporación ofrece "muchas dificultades" debido al "tiempo transcurrido desde su despido", este "no deviene imposible" ya que, según subraya, en la actualidad se siguen impartiendo clases de esta asignatura en los centros de educación infantil y primaria "incluido en el que prestaba servicio la demandante", que "siguen siendo contratados por el ministerio, que es el que tiene la condición de empresario con todas las particularidades de esa relación laboral especial".
   Así, ordena la readmisión porque es "evidente" que sigue existiendo su puesto de trabajo al no haber sido amortizada la plaza por el MEC aunque, en este caso, se aviene al informe de la Abogacía del Estado, que considera que la relación laboral que tenía la profesora era de naturaleza temporal "por cada curso escolar" y no tenía, pues, carácter indefinido ya que el Obispado, según remarca, "no tenía obligación de proponerla como docente para el curso siguiente ni tampoco el MEC de contratarla".
   "Es evidente que la resolución judicial no puede alterar el carácter de la relación laboral y convertir la misma en indefinida", ahonda para, a continuación, hacer alusión al Real Decreto 696/07  de 1 de junio que establece que los profesores de Religión Católica no pertenecientes a los cuerpos de funcionarios que estuvieran contratados en esa fecha pasaría a tener una relación laboral de carácter indefinido siempre que cumplieran los requisitos. "Como la demandante no estaba trabajando en esa fecha, no sabemos si reuniría o no esos requisitos", concluye.
   Con respecto al segundo pronunciamiento de la sentencia que declaró nulo el despido, el magistrado se aviene a los argumentos expuestos en su sala por la fiscal, quien solicitó que se descontará de la cuantía calculada por la letrada de Galera en concepto de salarios de tramitación --157.287,10 euros-- los importes recibidos como salarios desde la fecha de su despido como consecuencia de la prestación de servicios a otras empresas.
   Determina de este modo que, a la citada cantidad, a la que ya se habían restado casi 33.000 euros abonados por el MEC en el trámite de ejecución provisional de la sentencia, hay que descontarle el importe de 114.912,12 euros que cobró como trabajadora de la Junta de Andalucía de forma interrumpida desde noviembre de 2003 hasta noviembre de 2011 ya que, en caso contrario, "se daría lugar a un enriquecimiento injusto de la demandante por duplicidad parcial de retribuciones".
   Rechaza, sin embargo, que, tal y como interesó el abogado del Estado en representación del ministerio, hubiese que restar también a los salarios de tramitación la prestación por desempleo. "Los salarios dejados de percibir por la trabajadora no pueden ser minorados mediante el descuento de lo percibido, durante el periodo de resolución definitiva del litigio, toda vez que la cantidad cobrada bajo ese régimen podrá ser reclamada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) para su devolución en concepto de prestaciones percibidas indebidamente una vez acreditado el cobro de los salarios de tramitación", según indica.
   Tras dos sentencias anteriores que avalaron el despido, el Tribunal Constitucional (TC) concedió once años después a Galera, que impartía clases en el CEIP 'Ferrer Guardia' de la capital, amparo y reconoció sus derechos a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, a la libertad religiosa en conexión con el derecho a contraer matrimonio y a la intimidad personal y familiar.
   En cumplimiento de la orden de retrotraer las actuaciones, el Juzgado de lo Social nº 3 dictó una nueva sentencia, en este caso favorable a Galera al declarar el despido nulo, que fue recurrida al TSJA por la diócesis almeriense, que también ha elevado recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) a través de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal.
   En su sentencia, el Alto Tribunal andaluz, pese a que ratificó el fallo y desestimó el recurso, señaló en los fundamentos de derecho el carácter "surrealista" de la problemática que planteaba el caso ya que, según subrayó, el ministerio "se ve condenado por una conducta que, conforme a Tratado, venia compelido a realizar y, por otro lado, el Obispado podía, por reconocérselo el Convenio Estado/Iglesia proponer a quien considerase más idóneo".
   En esta línea, sostenía que la sala se veía "compelida, por la forma no adecuada de planteamiento del recurso a desestimarlo y a confirmar la decisión judicial "combatida" al tiempo que advertía de que "podrían darse muchas razones, desde el punto de la legalidad ordinaria e incluso de la Constitucional, para resolver el problema de forma diferente a como lo ha sido" en fallos anteriores.

El marido de Resurrección Galera considera el auto un "chiste de mal gusto"

ALMERÍA.- Johannes Romes, el marido de la profesora de religión Resurrección Galera, que no fue renovada para el curso 2001/2002 en un colegio público por decisión del Obispado tras casarse con un divorciado, ha calificado el auto que ordena su readmisión solo hasta final de curso de "un chiste de mal gusto".

Acompañado de su mujer, Romes ha expresado su "decepción" por el auto de ejecución de la sentencia dictada hace ya casi un año, tras una larga batalla judicial, que declaraba el despido nulo y ordenaba la readmisión inmediata de la profesora, así como el pago de los salarios que dejó de percibir durante este tiempo.
El auto del Juzgado de lo Social nº 3 de Almería ha requerido al Ministerio de Educación para que "en el plazo de cinco días reponga a Resurrección Galera Navarro en su puesto de trabajo de profesora de moral y religión católica en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Ferrer Guardia" de la capital almeriense "durante el presente curso escolar, esto es hasta el 31-08-12".
El juez también establece que el Ministerio debe abonar a Galera 42.374,98 euros, una vez descontados los rendimientos obtenidos entre 2003 y 2010 como trabajadora de la Junta de Andalucía a la cifra de 157.287,10 euros que todavía se adeuda a la profesora por los salarios que dejó de percibir.
Romes ha subrayado que el auto es "bastante decepcionante" tanto por la cuantía fijada, que según ha dicho no resarce el perjuicio económico que han sufrido, ni por la decisión del juez de limitar la readmisión al presente curso escolar.
En línea con la tesis del abogado del Estado que representa al Ministerio, el juez considera que el pronunciamiento judicial "no puede alterar" el carácter temporal de la relación laboral que tenía la profesora en el momento de su despido.
No obstante, Romes ha subrayado que "no existe despido nulo para un contrato temporal" y ha recordado que fue el propio juzgado el que declaró la nulidad de acuerdo al criterio del Tribunal Constitucional, que concedió amparo a la profesora y reconoció su derecho a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, así como a la libertad ideológica y a la intimidad personal y familiar.
Respecto a la cuantía que debe percibir Resurrección Galera del Ministerio de Educación por los salarios que dejó de percibir por su despido nulo, Romes también ha expresado su desacuerdo en que se descuenten los rendimientos de trabajo obtenidos años después como trabajadora de la Junta de Andalucía, ya que ha considerado que no tiene nada que ver con la cuestión juzgada.
El marido de Galera, cuya letrada interpondrá la semana que viene un recurso de reposición contra el auto del juzgado de lo social, también ha señalado que el hecho de su mujer esté casada con un divorciado "no le inhabilita como docente o profesora".

Contratar varios trabajadores irregulares será delito

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes un plan de intensificación de la lucha contra el fraude laboral hasta 2013 que, entre otras medidas, plantea un endurecimiento de las penas al convertir en delito la contratación de varios trabajadores irregulares.

"Modificaremos el Código Penal para tipificar como delito el empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en empleo irregular", dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros.
Además, Báñez dijo que la modificación del Código Penal ampliará el periodo de prescripción, de 5 a 10 años, de los supuestos delictivos más graves contra la Seguridad Social, y que los defraudadores deberán abonar todas las cuotas defraudadas para eximirse de la responsabilidad penal.
En una nota de prensa, el Ministerio de Empleo dijo que entre estos supuestos se encuentran "las 'empresas fantasma' sin actividad real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública".
El plan, anunciado por el Gobierno tras el Consejo de Ministros, tiene como objetivo, entre otros, impulsar el afloramiento de la economía sumergida y así generar mayores recursos económicos para el sistema de la Seguridad Social.
En ese sentido, se contempla una reorganización de la inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que actúen coordinadamente en la lucha contra el fraude, la incorporación de 53 inspectores y 60 subinspectores para dedicarse a este tema, y la realización de campañas en aquellos sectores que se identifiquen como "bolsas de fraude".
En el plan también se introducen cambios que pretenden proteger a los trabajadores mayores de 50 años, como por ejemplo, la ampliación del número de empresas sometidas a la obligación de contribuir a las prestaciones que recibirán estos trabajadores si son incluidos en despidos colectivos, al rebajarse de 501 a 101 el número de trabajadores mínimo de las empresas sometidas a esta obligación.
En este sentido, además, se prohíbe la jubilación obligatoria a determinada edad en convenios colectivos.

Los comerciantes temen que la subida del IVA sea "la puntilla que remate" el sector

MADRID.-   Los comerciantes han advertido de que la subida del IVA anunciada por el Gobierno para 2013 supone un "hachazo" para un sector que acumula 21 meses consecutivos de caída de ventas y temen que sea "la puntilla que remate" a las tiendas que están intentando evitar el cierre.

   "La subida hará mucho daño al comercio en las actuales circunstancias de decaimiento del consumo y crea temor y desconfianza en los consumidores desde hoy", dijo hoy el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Manuel García-Izquierdo.
   El presidente de la CEC defendió la necesidad de poner en marcha medidas que "favorezcan el consumo y no que vayan en contra" como, a su juicio, es el caso de un alza fiscal de este tipo, al tiempo que advirtió del impacto de esta medida en un sector que está "agotando todas sus reservas".
   Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio Textil y Complementos (Acotex), Borja Oria, manifestó la sorpresa del sector ante este anuncio, después de los "mensajes del Gobierno de que no se iba a subir este impuesto", así como la preocupación por el convencimiento de que se trata "la peor medida que se puede tomar".
   Oria señaló que, tras el incremento del IVA aplicado en julio de 2010, las tiendas de ropa registraron una caída de las ventas del 10% ese mismo mes, debido a la desconfianza del consumidor, dado que la mayoría de las empresas absorbieron la subida.
   El vicepresidente de la CEC y presidente de la Confederación de Comercio de Madrid (Cocem), Hilario Alfaro, coincidió en que el anuncio supone un "hachazo a la posible recuperación del consumo". "Va en línea contraria a lo que hay que hacer, que es un plan de dinamización del comercio", apuntó.

Griñán garantiza un Gobierno donde PSOE e IU buscarán los mismos objetivos

SEVILLA.- El secretario general de los socialistas andaluces y presidente de la Junta en funciones, José Antonio Griñán, ha garantizado este viernes que, si tiene el honor de ser investido la próxima semana como jefe del Ejecutivo andaluz en la IX legislatura, conformará el mejor Gobierno posible para Andalucía, donde no habrá otras cuotas que las del mérito, la capacidad y el compromiso con esta tierra, al tiempo que será "cohesionado" y PSOE e IU compartirán los mismos objetivos sobre la base del acuerdo programático que han cerrado. 

   Griñán ha lanzado este mensaje durante su intervención ante la primera reunión del Comité Director del PSOE-A tras las elecciones andaluzas del 25 de marzo, en la que se ha dado el visto bueno por unanimidad al acuerdo programático entre PSOE-A e IULV-CA y a que se forme un gobierno de coalición.
   Tras señalar que se siente "profundamente indignado" por los "ataques" de la derecha más rancia a un pacto de izquierdas en la Junta, el líder del PSOE-A ha querido dejar claro que Andalucía contará con un Gobierno estable, solvente y dialogante, que va a practicar la lealtad institucional, pero que va a defender "hasta la extenuación nuestra autonomía para ejecutar proyectos propios y desarrollar el programa común de la izquierda".
   "PSOE e IU somos conscientes de que se sumamos más de la mitad de votos en el Parlamento y de que conformamos una alianza estratégica de progreso para Andalucía, buscando primero un consenso en los objetivos, luego un programa común y, en tercer lugar, la formación de un gobierno estable", ha señalado José Antonio Griñán.
   Así, ha manifestado que si tiene el honor de ser investido como presidente de la Junta la próxima semana, se propone hacer el "mejor Gobierno posible, donde no habrá otra cuota que el mérito, la capacidad y el compromiso con Andalucía". Ha garantizado además que será un Gobierno cohesionado que responderá a los mismos principios, que buscará los mismos objetivos y que desarrollará el mismo programa porque será un "gobierno de coalición".
   Asimismo, ha expuesto que ese Gobierno tendrá una estructura menor en servicios centrales y periféricos, al tiempo que será eficiente y austero, y que estará "operativo desde el primer momento, con personas expertas y capacitas para cada función".
 "Un Gobierno al servicio de todos los andaluces y no de ningún partido", ha sentenciado.
   Griñán ha expresado que se siente "profundamente indignado por los ataques, por parte de aquellos que se creen depositarios del poder sin elecciones, que han sufrido tanto los andaluces por votar mayoritariamente a la izquierda el 25 de marzo como la posible coalición, "bombardeándola con cariño y afecto hacia Izquierda Unida por la derecha más rancia para que no se unan a nosotros".
   También ha lamentado los "ataques" al acuerdo programático entre los dos partidos por parte de una derecha que considera las ideas que se contienen en el mismo "indignas y menospreciables".
   Griñán, que ha puesto en valor que ha habido "mucha discreción en la negociación entre PSOE e IU y mucha transparencia en los resultados y en los objetivos, con la publicación en Internet del acuerdo programático, ha señalado que Andalucía va a poder contar con un "gobierno estable de la izquierda que responde a la voluntad de la ciudadanía".
   Ha querido dejar claro que el gobierno de coalición será "ese gobierno uno, con un objetivo para conseguir los mismos intereses generales que defendemos unos y otros". Para Griñán, Izquierda Unida se ha comportado como una fuerza política responsable, solvente y leal, "de la misma manera que nosotros le hemos expresado en todos y cada uno de los momentos de la negociación nuestra lealtad".
 "Ha sido un buen acuerdo y no hay programas ocultos", según ha sentenciado el dirigente socialista.
   El presidente de la Junta en funciones también ha aprovechado su intervención para criticar las medidas que el Gobierno de Mariano Rajoy está poniendo en marcha para hacer frente a la crisis y lamentar los "ataques" continuos a esta tierra poniendo en cuestión la solvencia de sus cuentas.
   Ha advertido de que la crisis y el paro no se resuelven con una reforma laboral que ha provocado despidos masivos ni con unos Presupuestos Generales del Estado que tienen una "misión miope y cicatera" de la educación como gasto y de la igualdad de derechos "como derroche".
   Ha lamentado que el Gobierno de Rajoy, inmerso en el "contrabando ideológico" de la derecha europea, quiera "terminar con la educación pública de calidad y con un sistema nacional de salud que es eficiente".
   Con esas decisiones, según Griñán, el Gobierno de Rajoy pretende modificar en solitario consensos históricos, que si se tocan, requieren de nuevos consensos, pero no se pueden romper solo con la aritmética de los votos.
   Ha insistido en que vienen tiempos difíciles en los que se requiere diálogo social, político e institucional porque es una época que nos obliga a forjar consensos y tener altura de miras y de estado.
   La acción del nuevo Gobierno andaluz, según ha garantizado, va a ser una "alternativa clara y realista ante todas las decisiones de la derecha que ponen en jaque el estado del bienestar y que de nada sirven para crear empleo, reactivar economía ni mejorar la solvencia de España".
   Al mismo tiempo, ha asegurado que no van a entrar en el discurso de la confrontación porque no tiene rentabilidad para el ciudadano, si bien ha querido dejar claro que confrontarán solo cuando sea necesario para defender los derechos de los andaluces y siempre con en la vista puesta en la solución de los problemas.
   Ha manifestado que Andalucía, con una forma diferente de afrontar la crisis económica desde la izquierda, se ha convertido en el "epicentro" de Europa y ha confiado en que los socialistas franceses también triunfen en las elecciones. "Ánimo Hollande, te necesitamos, a ganar", ha expresado el presidente.

El Obispado acata la readmisión de la profesora pero mantiene el recurso al Constitucional

ALMERÍA.- El Obispado de Almería acata el auto que ordena la readmisión de la profesora de religión Resurrección Galera, que no fue renovada en 2001 en un colegio público por decisión de la autoridad eclesiástica tras casarse por lo civil con un divorciado, pero mantiene su recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC).

El abogado que representa al Obispado, Luis Docavo, ha señalado hoy que el órgano eclesiástico "acata, como es natural", el auto del Juzgado de lo Social nº 3 de Almería que ordena al Ministerio de Educación a readmitir a Resurrección Galera en su puesto de trabajo en el plazo de cinco días, aunque solo hasta final de curso.
Docavo ha precisado que el "respeto" a la decisión del juez, que con este auto ordena la ejecución de la sentencia dictada hace casi un año, no significa que las partes tengan que "abdicar" de sus posiciones y en el caso del Obispado ha dicho que sigue pensando que "no debe volver a dar clases de religión" al existir un conflicto de "incompatibilidades" con la doctrina católica.
El letrado ha dicho que el Obispado no ha decidido todavía si presentará un recurso de reposición contra el auto, como sí hará la abogada de la profesora, quien ha dicho estar en desacuerdo tanto en la limitación temporal de la readmisión como en la indemnización que va a recibir del Ministerio, ya que el juez ha decidido que se descuenten las rentas de trabajo obtenidas desde entonces como trabajadora de la Junta.
No obstante, Docavo ha señalado que el Obispado tiene intención de seguir adelante con el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional y que fue interpuesto recientemente bajo el asesoramiento de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal.
El Obispado ha defendido en este proceso su potestad para proponer ante el Ministerio de Educación los profesores de religión, tal y como establece el Concordato entre el Estado Español y la Iglesia Católica.
En el recurso, presentado el pasado mes de abril, el Obispado sostiene que es "enteramente constitucional el hecho de que no pueda impartir religión y moral católicas quien no profesa voluntariamente los dogmas de esta fe religiosa".
Según dice el recurso, la profesora, "en el más respetable ejercicio de su libertad", se ha situado, "ella misma y por su sola voluntad, en objetiva situación de inidoneidad sobrevenida para dar lecciones de moral católica".
El juzgado de lo social de Almería dictó la sentencia que declaraba la nulidad del despido y ordenaba su readmisión, así como al pago de los salarios que dejó de percibir, después de que el TC concediera amparo a la profesora y reconociera su derecho a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, así como a la libertad ideológica y a la intimidad personal y familiar.
De este modo, el TC anuló las sentencias anteriores dictadas por el juzgado de lo Social y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en 2001 y 2002, respectivamente, que habían desestimado las demandas Resurrección contra el Obispado.
El Obispado pide ahora, con su recurso de amparo, que el TC haga otro pronunciamiento sobre la "cuestión de fondo", ya que, según insiste, el Concordato entre el Estado Español y la Iglesia Católica establece que la autoridad eclesiástica es la que debe proponer los profesores de religión al Ministerio de Educación.

Un obrero marroquí introducía cristales en remesas murcianas de lechuga

CARTAGENA.-   La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'Batavia', que se ha saldado con la detención del trabajador de una empresa agroalimentaria de la Región de Murcia como presunto autor de delito contra la salud pública al introducir fragmentos de cristales en cajas de lechugas destinadas a la exportación.

   La investigación se inició a principios del pasado mes de marzo, cuando una empresa exportadora de productos agrícolas de la Región, recibió aviso de sus clientes en el extranjero, por el hallazgo de lotes de lechugas donde aparecían fragmentos de cristales, habiéndose localizado los mismos antes de su distribución a los consumidores finales.
   Los agentes, una vez descartadas diversas hipótesis sobre la 'contaminación' de los productos exportados, establecieron una línea de investigación centrada en la presunta autoría de personas próximas a la empresa, concretamente a la cadena de producción de esta, iniciándose el estudio de la trazabilidad de cada cargamento afectado.
   Según la citada hipótesis, el presunto autor, podría haber introducido los cristales en las cajas durante el proceso de recolección, entre el corte del producto y su posterior traslado a los almacenes de preparación, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.
   Tras una rápida investigación, los agentes actuantes han podido determinar la vinculación con los hechos de uno de los trabajadores de la empresa, el cual desempeñaba labores de recolección y almacenamiento en ésta desde hacía aproximadamente 12 años.
   Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, el pasado miércoles, día 25, se procedió a la localización, detención y posterior puesta a disposición judicial de una persona como presunto autor de los hechos delictivos investigados.
   La gravedad de los hechos originó que, debido a estos hallazgos se  perdieran los envíos existentes en el lugar de destino, tanto los que se encontraban en tránsito como los que estaban pendientes de recolección, al ser suspendidos por las empresas afectadas, calculándose las perdidas sufridas por la empresa agrícola entorno a los 200.000 euros hasta la fecha.
   Se da la circunstancia que en la misma empresa sucedieron hechos similares durante el  año 2007, no pudiéndose localizar entonces a los presuntos responsables.
   En el marco de esta investigación se ha procedido a la detención de una persona como presunto autor de delito contra la salud pública, identificado como E.H., marroquí, de 49 años y residente en Torre Pacheco, quien posee antecedentes por la comisión de hechos delictivos con anterioridad.
   El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 6 de San Javier.

Las ventas del comercio al por menor bajan en Andalucía un 5%% en marzo

SEVILLA.- Las ventas del comercio al por menor han registrado en Andalucía una caída interanual del 5 por ciento en el mes de marzo de 2012, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que la sitúa como una de las siete comunidades con mayor descenso, solo superada por Murcia y La Rioja (6,7% respectivamente), Canarias (-5,8%), Castilla la Mancha y Melilla (5,7%), y Asturias (-5,4%).

   Asimismo, según el informe, el empleo en el sector minorista ha descendido en Andalucía un 1 por ciento en términos constantes en relación a igual mes del pasado año.
   A nivel nacional, las ventas del comercio al por menor bajaron en marzo un 3,9 por ciento en relación a igual mes de 2011, acentuando así la caída interanual experimentada en febrero, que fue del 3,6 por ciento. Eliminando el efecto calendario, las ventas del sector retrocedieron un 3,7 por ciento en marzo, frente al -6,5 por ciento de febrero.
   Con el descenso de marzo, el comercio minorista acumula ya 21 meses consecutivos de caída de sus ventas. En los tres primeros meses de 2012, el sector ha reducido un 4,1 por ciento sus ventas en comparación con el mismo periodo de 2011
   Según los datos del organismo estadístico, las ventas de los productos alimenticios aumentaron un 0,6 por ciento en marzo, mientras que las de los no alimenticios bajaron un 6 por ciento. Entre estos últimos, la mayor caída de las ventas se dio en el segmento de equipo del hogar, con una tasa del -8,9 por ciento.  
   Las ventas del comercio minorista, sin incluir las estaciones de servicio, retrocedieron en marzo un 2,8 por ciento, mientras que las ventas en estaciones de servicio bajaron un 11,5 por ciento en el tercer mes del año en tasa interanual.
   Todos los modos de distribución redujeron sus ventas en marzo, salvo las grandes cadenas, que las elevaron un 3,2 por ciento. El mayor descenso se lo anotaron las pequeñas cadenas, con una disminución del 6,4 por ciento. Le siguieron las empresas unilocalizadas (-5,6%) y las grandes superficies (-3,7%).
   Las ventas del comercio minorista disminuyeron en marzo en todas las comunidades autónomas. Los mayores descensos se produjeron en Castilla-La Mancha (-7%) y en Murcia y La Rioja (-6,7%), mientras que los menores correspondieron a Extremadura (-0,4%) y Baleares (-0,6%).

Cuatro de cada diez mayores ya ayudan económicamente a algún familiar

MADRID.- El 40,4 por ciento de las personas mayores ayuda o ha ayudado en los dos últimos años en España a familiares, según el último Índice de Opinión Pública (IOP) realizado por Simple Lógica Investigación para la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). 

   Así, mientras que en el año 2010 de las personas mayores que ayudan o habían ayudado en los dos últimos años a familiares representaban un 15,1 por ciento, actualmente recurrir a la solidaridad de los progenitores se ha convertido "en una de las principales estrategias de adaptación a la difícil situación que padecen muchos ciudadanos españoles".
   Entre las personas mayores que ayudan o han ayudado durante los dos últimos años económicamente a familiares o amigos, el índice de opinión señala que entre los progenitores con mayor nivel formativo, es decir, con estudios al menos secundarios, se registra un porcentaje (48,8 por ciento) significativamente superior de solidaridad que el registrado entre quienes tienen un nivel de estudios inferior (37,5 por ciento).
   También la clase social de los mayores es determinante para adoptar este comportamiento solidario. Así, más de la mitad de personas mayores de clase social alta, media-alta y media (52,5 por ciento) ayudan económicamente a familiares mientras que este porcentaje entre quienes pertenecen a la clase media-baja y baja es significativamente inferior (37,9 por ciento).
   Por otro lado, el número de ayudas destinadas a las personas mayores ha sufrido un descenso de cinco puntos respecto al estudio de 2010. Así, actualmente, los mayores que reciben algún tipo de ayuda económica de familiares se sitúa en un 7,5 por ciento, una bajada significativa respecto al 12,5 por ciento que recibían ayuda en 2010.
   Entre ellos, las mayores que viven solos (13,6 por ciento) registran un porcentaje significativamente superior de ayuda que aquellos que viven acompañados (5,2 por ciento) y, en relación a su nivel de estudios, son los que tienen hasta estudios primarios, con un 8,7 por ciento, los que tienen más ayuda familiar, frente al 4,6 por ciento registrado entre quienes tienen estudios más elevados.
   Finalmente, atendiendo al estatus social se observan diferencias en el mismo sentido, ya que el porcentaje de personas mayores de clase social media-baja o baja que reciben alguna ayuda económica de familiares (8,6 por ciento) es significativamente superior al registrado entre quienes pertenecen a una clase social más alta (3,2 por ciento). De este modo, quienes reciben ayuda de sus hijos se caracterizan principalmente por vivir solos, haber recibido una formación básica como mucho y pertenecer a las clases más bajas.

El empresario que defraude a la Seguridad Social deberá devolver las cuotas

MADRID.- Los empresarios que defrauden a la Seguridad Social deberán devolver íntegramente las cuotas para evitar responsabilidades penales, según las modificaciones del Código Penal que introduce el nuevo Plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, aprobado este viernes en Consejo de Ministros.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la titular de Empleo, Fátima Báñez, ha resaltado que con este plan se trata de evitar comportamientos "que atenten contra los derechos de los trabajadores, así como situaciones de competencia desleal entre las empresas".
   En último término, ha señalado que el efecto más importante del plan es evitar que la detracción de ingresos a la Seguridad Social por el fraude "ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema", a lo que ha sumado que los ciudadanos que cumplen "ven con muy malos ojos" las estas conductas irregulares.
   En este sentido, los objetivos fundamentales del plan serán el afloramiento de la economía sumergida, evitar fraudes en el acceso a prestaciones públicas, principalmente por desempleo, tratar de que todas las empresas den de alta a sus trabajadores, evitar la obtención indebida de bonificaciones y reducciones de cotizaciones empresariales o el disfrute en fraude de ley de prestaciones en aquellos casos en los que se constituyan empresas ficticias.
   Báñez ha hecho hincapié en los cambios normativos que afectan al Código Penal, que requerirán un anteproyecto de Ley Orgánica de modificación, y ha destacado también la tipificación como delito del empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en situación irregular, para perseguir los talleres clandestinos.
   Asimismo, se pretende la ampliación del periodo de prescripción de cinco a diez años en los delitos más graves, como la creación de empresas 'fantasma' que simulan relaciones laborales para obtener prestaciones públicas.
   Por otro lado, a través de un anteproyecto de Ley Ordinaria, se modificarán también la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el Estatuto de los Trabajadores.
   En cuanto a éstas últimas normas, se ampliará el periodo de investigación en supuestos de fraude complejos de 9 a 18 meses y se extenderá a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación. Asimismo, se amplían las sanciones por impago de las cuotas de la Seguridad Social hasta los 187.515 euros.
   Además, el plan establece una serie de medias complementarias para proteger a los trabajadores de más edad frente al despido y promover la ampliación de la vida laboral.
   Entre ellas se incluye que las empresas con beneficios de más de 100 trabajadores, y no de más de 500 trabajadores como hasta ahora, tengan que hacer aportaciones al sistema cuando incluyan a trabajadores de más de 50 años en despidos colectivos, o la prohibición de que los convenios colectivos establezcan topes de edad de jubilación.
   Otras de las medidas incluidas en el plan son un refuerzo de la Inspección de Trabajo con 53 inspectores y 60 subinspectores, y una mayor coordinación con la Inspección de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, entre otras instancias.
   En este punto, Báñez resaltó también la importancia de la participación en el marco del fraude de los colectivos del notariado y de los registradores de la propiedad.
   De esta forma, el Gobierno pretende realizar nuevas campañas de inspección donde está están identificadas posibles bolsas de fraude, así como realizar un seguimiento del empleo aflorado por la inspección para evitar que vuelva a sumergirse.

El Gobierno subirá los impuestos al consumo en 2013 para reducir el déficit

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto incrementar los impuestos al consumo en 2013 con el objetivo de conseguir recaudar 8.000 millones de euros.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos explicó que el Ejecutivo está planteado una "modificación de la estructura impositiva" en España, en el sentido de reducir los impuestos sobre el trabajo y aumentar la carga impositiva sobre el consumo.
   "Lo que estamos planteando es, en un momento en el que debemos dar el salto desde el punto de vista de la competitividad, reducir las cargas y la imposición sobre el trabajo, que está bastante penalizado en estos momentos, e incrementar la imposición del consumo, que estaría en torno a unos 8.000 millones de euros", afirmó.
   El ministro de Economía explicó que esta subida de la imposición al consumo no solamente se refiere al IVA ya que "existen otros tipos de impuestos al consumo e impuestos especiales".
   De Guindos resaltó así la necesidad de reducir los impuestos sobre el trabajo y subir los del consumo cuando se inicia la recuperación económica, que es lo que se demanda a España desde fuera.
   Además, recordó que el problema de la imposición indirecta es subir los tributos cuando la economía cae, porque acelera la tendencia depresiva.

Ecuador prepara un "Plan B" ante los recortes en sanidad pública en España

QUITO.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ecuador, ante el anuncio de recortes en la sanidad pública anunciada en España, prepara un "Plan B" para apoyar a sus compatriotas que puedan verse afectados con esa medida.
Así lo anunció anoche el presidente del directorio del IESS, Ramiro González, al revelar que dicho plan supone la prestación de servicios sanitarios de forma extraterritorial a ecuatorianos que se encuentren afiliados voluntariamente a la institución.
"Estamos muy preocupados por la información" de recortes y por ello "tenemos un Plan B" que se aplicará este mismo año en España, pero también en Estados Unidos, explicó González.
Comunicó, en rueda de prensa, que el próximo 20 de mayo estará en Nueva York para atender la situación de miles de sus compatriotas en situación irregular en EEUU, que no pueden acceder a los servicios sanitarios.
González dijo que del total de ecuatorianos residentes en EEUU, el 80 por ciento se encuentra en situación irregular y que sólo el 20 por ciento tiene sus papeles en regla.
Lo contrario sucede en España, donde sólo un 20 por ciento de los ecuatorianos que han emigrado hacia esa nación se encuentran en situación irregular, estimó la autoridad.
Por ello, indicó, en EEUU se prevé alcanzar un convenio para crear el "primer seguro que dé servicio de salud extraterritorialmente a los afiliados voluntarios" del IESS que se encuentren en esa nación norteamericana.
Esa misma estrategia se replicará "inmediatamente" en España, añadió González, al recordar que Ecuador ya tiene un convenio suscrito con la seguridad social española para la "portabilidad de pensiones", que permite a una persona de cualquiera de estos países jubilarse independientemente del lugar donde trabaje.
También la Embajada de Ecuador en España expresó su "profunda preocupación" por los recortes anunciados por el Gobierno español en materia de sanidad pública, que afectarán a "los inmigrantes más vulnerables" y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad latinoamericana en el país ibérico.
En un comunicado, la sede diplomática recordó la decisión del Ministerio español de Sanidad de que, a partir de ahora, para que un inmigrante obtenga la tarjeta sanitaria no bastará con estar empadronado, sino que se exigirá también su residencia fiscal.
"Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona en este país", señaló la legación diplomática.
La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el número de extranjeros en situación legal, es decir con permiso de residencia en vigor, asciende a 5.251.094, según los datos del Ministerio español de Empleo.
Así, la cifra de ciudadanos "sin papeles" que podrían verse afectados por estos cambios asciende a 459.946, a falta de depurar posibles duplicidades en las estadísticas, señala el comunicado de la Embajada ecuatoriana.
La nota explica que la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) son residentes de países pertenecientes a la Unión Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse en el registro.
Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios en situación irregular que cumplen actualmente las condiciones para tener tarjeta sanitaria.
Hasta ahora la ley establecía que los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan "tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles".
Los inmigrantes no empadronados, y por tanto en situación irregular, tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil.
Con el recorte en los servicios sanitarios para los inmigrantes irregulares, el Gobierno español explicó que aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, indica el texto de la Embajada.