domingo, 11 de diciembre de 2011

La Eurocámara votará el jueves la prórroga del acuerdo de pesca con Marruecos

BRUSELAS.- El pleno del Parlamento Europeo decidirá el próximo jueves, 15 de diciembre, si ratifica hasta el 27 de febrero de 2012 la prórroga que de manera provisional está permitiendo a la flota comunitaria faenar en aguas gestionadas por Marruecos y votará también una resolución para marcar su posición de cara a las negociaciones que Bruselas debe emprender con Rabat para pactar un nuevo régimen pesquero.

   Un total de tres comisiones europarlamentarias han dado su opinión sobre esta prórroga en los últimos meses y dos de ellas, la de Desarrollo y la de Presupuestos, se han mostrado en contra. No obstante, la comisión de Pesca sí ha pedido la ratificación de la extensión del acuerdo y su opinión es la vinculante en este caso y, por ende, la que se someterá al voto del Hemiciclo.

   El actual convenio concede 119 licencias de pesca a los buques de la Unión Europea, un centenar de ellos españoles --en su mayoría andaluces y canarios--, a cambio de una contrapartida económica de 36,1 millones de euros.

   Las dudas de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo respecto al respeto de los Derechos Humanos de la población del Sáhara Occidental y otras polémicas por el impacto medioambiental del acuerdo y por su poca rentabilidad económica para la UE han retrasado hasta ahora la formalización de esta prórroga. Pese a todo, los buques europeos han seguido faenando en la región en virtud de un acuerdo provisional entre Bruselas y Rabat.

   El voto se producirá el jueves , pero los eurodiputados discutirán la cuestión en un debate programado para el primer día de sesión del pleno este lunes.

   Además de la discusión sobre la prórroga que expira en apenas dos meses, la Eurocámara debatirá el lunes y votará el jueves otro texto con el que pretende fijar su posición de cara a la nueva negociación que la comisaria europea de Pesca, Maria Damanaki, debe emprender con la parte marroquí para alcanzar un nuevo acuerdo pesquero.

   Damanaki quiere llevar a los Estados miembros una propuesta de mandato de negociación que deje fuera las aguas del Sáhara Occidental o bien, si no logra los apoyos necesarios para esta primera opción, mantenerlas dentro del acuerdo pero bajo condiciones "muy estrictas", que garanticen por parte de Rabat el respeto de los Derechos Humanos y una pesca sostenible.

   La comisaria intentó impulsar un enfoque similar hace un año pero chocó con la oposición del colegio de comisarios, según fuentes comunitarias que recuerdan que esta propuesta también necesita el visto bueno del resto del Ejecutivo comunitario antes de llegar a los Veintisiete.

Los consejos de Ruralcaja y Cajamar aprobarán su fusión el próximo jueves y la sede seguirá en Almería

VALENCIA.- La fusión entre Ruralcaja y Cajamar ya tiene fecha. Será el proximo jueves, 15 de diciembre. En las sedes de Ruralcaja y Cajamar se celebrarán dos consejos rectores simultaneos en los que se dará el visto bueno a la operación, según confirman desde Almería al diario 'Las Provincias'
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Dos de los tres grandes problemas de cualquier fusión financiera (el nombre, la sede y el presidente) ya están resueltos. La nueva caja rural que se formará y en la que se verterán todo los activos y pasivos de los grupos consolidadados que encabezan Ruralcaja y Cajamar tendrá su sede en Almería. El presidente de esta nueva entidad será Antonio Pérez Lao, presidente del grupo cooperativo andaluz. Estará rodeado, en su mayoría, por personas procedentes de Cajamar. En Valencia se quedará una subsede territorial que será la más potente de cuantas tenga la nueva entidad.
La única duda que queda por resolver es el nombre que tendrá el nuevo grupo cooperativo. Según las fuentes consultadas, «lo que se creará el jueves tendrá un nombre aséptico como fue Banco Base o Banco Financiero y de Ahorro y luego ya se verá la marca comercial». 
El debate sobre si se utiliza el nombre de Cajamar o si se mantiene la espiga característica de Ruralcaja será una cuestión que se decidirá después, una vez se celebren los consejos rectores de la nueva entidad en Almería.
El resultado de esta operación será el nacimiento de uno nuevo líder de las cajas rurales. Según los últimos datos consolidados a cierre del ejercicio 2010 que ofrece la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), todo el sector gestionaba un total de 91.539 millones de euros de activos. La unión de los grupos de Ruralcaja (11.046) y Cajamar (29.809) formará una nueva caja rural de 40.855 millones, es decir, representará casi la mitad del sector, en concreto, el 44%.
El segundo actor de este segmento financiero de las cajas rurales será Caja Laboral, que a cierre de 2010 gestionaba 21.482 millones de euros de activos. La tercera será la caja rural de Navarra con 7.381 millones de euros de activos gestionados a 31 de diciembre de 2010.
La fusión se produce ante la necesidad de ganar tamaño para sobrevivir en un entorno financiero mundial cada día más agresivo. Antonio Pérez Lao, presidente de Cajamar y futuro presidente de la entidad que se va a crear junto a Ruralcaja, ya dejó claro a principios de este mes sus intenciones cuando afirmó: «nuestro deseo está en que todas las entidades financieras, sobre todo las rurales, resuelvan los problemas y sepan adaptarse a la realidad actual».
Para lograr financiación en los mercados internacionales de liquidez, el volumen de activos gestionados es clave. Fuentes financieras aseguran que la cantidad mínima para que un banco pueda subsistir es de 150.000 millones de euros de activos, una cifra que no podrían alcanzar hoy en día todas las cajas rurales si se unieran.
Al margen de esta barrera, las cajas rurales de España, con un volumen notablemente más pequeño que el sector de las cajas de ahorro y de los bancos, está en pleno proceso de reestructuración y el paso que está previsto para el próximo jueves será el más decisivo de todo este proceso.
Las dos grandes cabeceras de estos procesos de fusión o consolidación de cuentas han sido Ruralcaja y Cajamar. La valenciana logró en 2010 la adesión de las cajas rurales de Altea, Roque de Almenara, Callosa d'en Sarriá, Burriana, Torrent, San Jaime, Alquerías del Niño Perdido, Cheste, José de Nules, la Junquera de Chilches, Josep de Vilavella, Isidro de Vilafamés, Alginet y Credit Valencia. Además, este año logró sumar a la caja rural de Villar del Arzobispo
Por su parte, Cajamar logró una alianza con uno de los principales operadores del sector en la Comunitat, Cajacampo, además de lograr la adhesión de las cajas rurales de Petrer, Turis, Casinos y Albalat dels Sorells. Este año se ha negociado la entrada en el grupo Cajamar de la caja rural de Baleares.
Pese a las uniones que han realizado cada una de las entidades para ganar músculo financiero, la situación de cada una de las entidades de cabecera es completamente distinta. Cajamar es casi tres veces más grande que el Grupo CRM. Sin embargo, los fondos propios, que marcan el capital de mayor calidad, es cuatro veces superior en la entidad andaluza que en la valenciana. Además, el beneficio que logró Cajamar ascendió hasta superar los 32,6 millones de euros mientras que en Ruralcaja se quedó por debajo de los cinco millones de euros.
Otra de las diferencias más importantes es el volumen de trabajo que tienen las oficinas. Atendiendo al volumen de activos, cada sucursal de Cajamar gestiona unos 29 millones de euros mientras que en Ruralcaja la cifra cae hasta los 21,7 millones. Además, la valenciana arrastra una alta morosidad que no padece la andaluza.

Casi medio millar de personas protestan por la crisis de precios y distribución en la agricultura almeriense

EL EJIDO.- Alrededor de medio millar de personas se han concentrado este sábado en el municipio almeriense de El Ejido, convocadas por la organización agraria COAG en Almería, con el objetivo de protestas ante la "grave situación de crisis provocada por la gran distribución agroalimentaria".

   En este marco, el secretario provincial de COAG Almería, Andrés Góngora, ha indicado que la concentración, que se ha llevado a cabo entre las 10,00 y las 13,00 horas, ha ido sumando personas de forma paulatina hasta alcanzar los 500 participantes con la intención de protestar especialmente ante los supermercados alemanes, ya que los "pactos de precios" están afectando de forma importante a la renta de los agricultores.
   Así, advierte de que es necesario que se empiece "ya a hablar de costes de producción y se den cuenta de que están arruinando sector", ya que hay áreas donde los precios han subido porque el volumen de producción "ha bajado bastante", mientras que en el calabacín o pepino se está "por debajo de costes de producción".
   "Vamos a seguir llevando cabo iniciativas y no vamos a permanecer parados ante lo que está ocurriendo", afirma Góngora, que apuesta por desarrollar estas movilizaciones también fuera de la provincia de Almería para concienciar a los consumidores, manteniendo "este ritmo de presión a las grandes cadenas".
   Desde COAG se considera "imprescindible" que tanto las grandes cadenas de distribución como la Unión Europea "escuchen a los agricultores para evitar la quiebra del sector". Para la organización, es "vergonzoso" que esta "manipulación de precios" ocurra con la "complicidad" de los gobiernos y de las diferentes comisiones nacionales de la competencia "que no intervienen".
   Así, afirman que los productores hortofrutícolas se sienten "perseguidos" por Competencia por "intentar hablar de precios y las grandes cadenas de distribución, que queda claro que están realizando una manipulación torticera de precios" y "quedan impunes".

El sector pesquero de Almería incrementa un 95% las capturas en octubre

ALMERÍA.- El sector pesquero almeriense desembarcó en octubre en las lonjas de la provincia algo más de un millón de kilos de pescado, volumen que supone casi el doble que en el mismo mes del año 2010. Exactamente el peso global de las capturas ha sido de 1.052.766 kilos, frente a los 541.099 de hace un año, lo que supone un 95 por ciento más.

   Según los datos facilitados por las lonjas de la provincia a la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, de valor de estas capturas ha ascendido a casi 1,6 millones de euros, un 32 por ciento más que en octubre del año pasado, cuando la pesca subastada en las lonjas alcanzó un valor de 1,2 millones de euros.
   Este incremento de las capturas en octubre se ha debido al comportamiento de la lonja de Adra, que ha crecido un 56 por ciento, y sobre todo, a la de Almería capital, donde se ha desembarcado casi un 300 por ciento más de pescado que en el mismo mes del ejercicio pasado.
   En la lonja del puerto pesquero de la capital se han subastado 778.400 kilos de producto, cuando el año pasado no llegaron a 200.000 kilos. El valor de estas capturas ha superado los 875.000 euros, lo que representa un incremento del 124 por ciento. Este notable incremento de las descargas se debe, principalmente, al desembarco de 440.000 kilos de caballa del sur, volumen que ha hecho que el precio medio en la subasta no supere los 0,21 euros el kilo.
   Asimismo, la subasta de gamba roja se ha incrementado en 4.500 kilos, con un aumento de 110.000 en el valor de las capturas en comparación con octubre del año pasado. El desembarco de jurel, alacha y caballa del sur, con 54.000 kilos más que en octubre de 2010, explica el comportamiento de la lonja de Adra, que ha registrado un incremento del 56 por ciento en el volumen de pescado, y de un 61 por ciento en su valor.
   En la lonja de Carboneras se han comercializado 64.000 kilos de productos pesqueros, un 60 por ciento menos que hace un año, por un valor de 118.000 euros, lo que representa un 50 por ciento menos de valor económico que alcanzaron en octubre de 2010. Aunque el descenso ha sido generalizado, destacan las caídas de la bacoreta, caballa y melva.
   El puerto pesquero de Garrucha ha disminuido sus producciones y el valor económico obtenido por su venta durante el mes de octubre. En total, se han subastado casi 33.000 kilos, lo que supone un 42 por ciento menos que hace un año. Las especies de cerco, la bacaladilla y la lecha son las que más se han resentido. En cambio, las capturas de gamba roja, motor económico del puerto de Garrucha, han registrado incluso un ligero aumento, con lo que la el valor global del desembarco de pescado y marisco en esta lonja ha sido de algo más de 224.000 euros, un diez por ciento menos.
   La lonja de Roquetas de Mar, puerto pesquero con menores producciones de la provincia, también presenta un descenso de capturas y de valor económico durante el mes de octubre. En total, se han subastado algo menos de 9.700 kilos --25 por ciento--, por un valor de 62.500 euros --53 por ciento--.  El principal motivo de este descenso en los valores económicos se debe a la descarga de 7.000 kilos menos de voraz.

Condenan al empresario Ávila Rojas a tres años y seis meses de prisión por estafa

MÁLAGA.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al constructor granadino, con fuertes intereses en Almería, José Ávila Rojas, también imputado en el caso 'Malaya', a tres años y medio de prisión por un delito de estafa continuada cometido en la venta de tres apartamentos de una promoción en el municipio malagueño de Marbella a sabiendas de que no podrían ser habitados al carecer los mismos de licencia de primera ocupación y de obra.

   Además, le impone una multa de nueve meses a razón del pago diario de 20 euros, y lo sentencia a devolver, solidariamente con la empresa Naviro, las cantidades entregadas por los tres compradores: 67.641, 66.246 y 67.460 euros. Por último, se declaran nulos los contratos, según informa este sábado el diario 'La Opinión de Málaga'.
   Según la sentencia, Naviro Inmobiliaria 2000 SL, cuyo administrador único era Ávila Rojas, "resultó ser la promotora de la construcción de un edificio de 64 viviendas más trasteros, locales y aparcamientos en Marbella, concretamente en el Carril del Relojero", suelo urbano, según el PGOU.
   La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento marbellí concedió el 28 de abril de 2003 licencia de obras al proyecto básico pero "condicionada a cumplir las deficiencias advertidas". Ese otorgamiento fue recurrido en vía contencioso-administrativa por la Junta de Andalucía el 29 de agosto de ese mismo año: el letrado pidió la suspensión del acto administrativo, lo que se denegó el 31 de octubre de 2003, pero se permitió el 18 de noviembre de 2004.
   Tras presentar Naviro el proyecto reformado básico y de ejecución, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Marbella, el 29 de julio de 2004, denegó la licencia de obra solicitada, lo que se le notificó a la mercantil el 3 de septiembre.
   A pesar de ello "se inició la construcción del edificio, cuyas obras se desarrollaron sin que por el Ayuntamiento se adoptase medida alguna tendente a su paralización hasta que, en cumplimiento de lo acordado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Málaga, se dictaron por la Alcaldía de Marbella sendos decretos --el 31 de enero y el 13 de junio de 2005--". La obra, sin embargo, finalizó el 9 de junio de 2005.
   El no tener la licencia de obras impidió que la construcción obtuviese la de primera ocupación, "interesada por la promotora", según el tribunal, "pese a lo cual parte de los apartamentos están actualmente ocupados por sus respectivos propietarios, cuya comunidad ha interesado que se expida el permiso".
   Tres personas adquirieron, cada una, un apartamento, "firmando los correspondientes contratos privados tras haber efectuado una reserva a principios de agosto de 2004". Así, rubricaron los documentos contractuales en septiembre del mismo ejercicio "sin que en momento alguno hubiesen sido informados de la concesión de la licencia inicial al proyecto básico, habiéndose omitido, pues, toda noticia sobre el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía así como sobre la denegación correspondiente a los proyectos básico y de ejecución por no haberse cumplido las condiciones a que quedó supeditada", explica la Sala.
   Los adquirientes entregaron, con pagarés, en segundo lugar, y a la firma del contrato, en principio, las cantidades de 67.641 euros, 66.246 y 67.460. "Cuando tuvieron conocimiento de que no había sido concedida la licencia de primera ocupación y de que el acusado José Ávila Rojas había sido imputado en el caso 'Malaya', enviaron cartas a Naviro comunicando su decisión de acogerse en lo establecido en la cláusula segunda del contrato", añade la sentencia, con el objetivo de que les devolvieran las cantidades entregadas más sus intereses.
   La vendedora, sin embargo, respondió que "no accedía a la resolución unilateral del contrato, por entender que la licencia de primera ocupación había sido concedida por silencio administrativo". Meses después se formuló la denuncia que ha dado lugar a esta causa.
   En el juicio han sido absueltos del delito de estafa el hermano de Ávila Rojas, apoderado de la empresa, y el jefe de Ventas, al no haber quedado acreditada su participación en los hechos.