jueves, 23 de mayo de 2013

El efecto de las medidas de Andalucía y Cataluña contra el déficit fue mayor que en Baleares, Valencia y Murcia

MADRID.- Las medidas que los gobiernos de Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana ejecutaron en 2012 para contener el déficit lograron la mitad del efecto previsto, mientras que Andalucía obtuvo el 88 por ciento del resultado previsto y Cataluña, el 79 por ciento, según se recoge en los informes de ejecución de los planes económico-financieros 2012-2014.

   En concreto, Murcia logró un efecto del 52 por ciento de lo previsto en el plan, la Comunidad Valenciana del 54 y el Gobierno de las Islas Baleares, el 57 por ciento. Por otro lado, Cataluña alcanzó el 79 por ciento del efecto previsto con sus medidas y Andalucía, el 88.
   Se trata de las cinco comunidades que incumplieron el objetivo de déficit público previsto para las autonomías el año pasado, del 1,5 por ciento: la Comunidad Valenciana cerró con el 3,45, Murcia con el 3,02, Cataluña con el 1,96, Andalucía con el 2,02 y las Islas Baleares, 1,83.
   Así figura en los informes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del último trimestre de 2012 sobre cómo aplicaron las comunidades las medidas que habían previsto en sus planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014.
   En cuanto a las comunidades que el año pasado estuvieron por debajo del 1,5 por ciento de déficit, el grado de ejecución de las medidas previsto es bastante más alto, con algunas excepciones. Destacan Cantabria, Galicia, Canarias y Navarra, cuyas medidas de ajuste e ingresos tuvieron un efecto que va del 111 al 104 por ciento sobre lo anunciado. Les siguieron La Rioja (99%), Madrid (95%), País Vasco (90%), Aragón y Asturias (87%), Castilla-La Mancha (80%), Castilla y León (78%) y Extremadura (74%).
   En el caso de Murcia, sus medidas de recorte lograron el 65 por ciento del impacto previsto en 2012, pero las de ingreso se quedaron en el 15 por ciento. En la Comunidad Valenciana, logró el 67 por ciento de los ajustes previstos y el 38 por ciento de los ingresos, y las Islas Baleares, el 67 y el 16 por ciento, respectivamente.
   En el caso de Cataluña, en el informe se precisa que las medidas de recorte del gasto lograron ajustar el 61 por ciento de lo previsto, mientras que logró con las medidas de ingresos un 105 por ciento de lo calculado. En el caso andaluz, los ajustes de gasto alcanzaron el 91 por ciento de lo previstos y los ingresos, el 76 por ciento.
   Tras la elaboración de estos informes, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha enviado una carta a cada una de esas cinco comunidades autónomas incumplidoras del déficit por la "ralentización" en la reducción del objetivo.
   El ministro les reclama una determinada información, según explicaron fuentes del Ejecutivo. En concreto, Hacienda pide datos de todas las medidas aprobadas en 2012 para reducir el déficit con efecto económico en 2013 y una cuantificación del impacto.
   Además, les reclama información sobre las medidas aprobadas este año 2013 y que no están incluidas en los Presupuestos de cada autonomía. En el caso de Cataluña, que no tiene cuentas aprobadas para este ejercicio, se le requiere información de todas las medidas que vaya tomando.

Bruselas propone modernizar 38 puertos españoles, como Almería, Motril y Carboneras, para competir con los tres grandes puertos europeos

BRUSELAS.- El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Transportes, Siim Kallas, ha propuesto este jueves mejoras para modernizar 319 puertos europeos, entre ellos 38 españoles, con el objetivo de que ganen en eficiencia y competitividad frente a los tres grandes puertos europeos -Róterdam, Amberes y Hamburgo- que absorben una quinta parte de todo el tráfico de mercancías que llega por mar a la UE.

   "Vemos esos tres puertos cada vez más congestionados y queremos desarrollar los del Mediterráneo y crear oportunidades para ellos. Esperamos que estas normas ofrezcan nuevas posibilidades a los puertos mediterráneos", ha explicado Kallas en una rueda de prensa en Bruselas.
   El Ejecutivo comunitario sostiene que el "desequilibrio" que existe entre la actividad de los 1.200 puertos europeos se traduce en costes adicionales para quienes cargan, transportan y consumen los productos que llegan a la UE por vía marítima, al tiempo que asegura que se ahorrarían hasta 10.000 millones de euros de aquí a 2030 si se aplica su propuesta.
   Entre las prioridades de Bruselas está asegurar una mayor transparencia y procesos más abiertos para la designación de los prestadores de servicios portuarios, con el fin de evitar precios abusivos de los operadores que cuentan con derechos exclusivos. También apuesta por mejorar la atención al cliente y crear para ello un comité consultivo de los usuarios del puerto.
   Algunas de las nuevas normas se ajustaría a las "circunstancias locales" para una "mejor coordinación y un entorno empresarial más propicio".
   La Comisión prevé, además, presentar nuevas ideas para reducir la burocracia y los trámites administrativos en los puertos.
   Kallas ha insistido en que para que los 319 puertos que considera "clave", pero que necesitan mejoras para ser competitivos, es necesario mejorar sus interconexiones por carretera y ferrocarril con el interior, para lo que podrán optar al apoyo del mecanismo europeo para la interconexión si son incluidos en los corredores prioritarios e importantes.
   El Ejecutivo comunitario quiere, además, flexibilizar las posibilidades de financiación de los puertos, pero mejorar también la transparencia y evitar el fraude en la asignación de fondos públicos. También podrán reducir las tasas a los buques con mejor comportamiento medioambiental.
   Finalmente, Kallas ha explicado la intención de su gabinete de crear en junio un "comité de diálogo social para los puertos" que sirva de foro para que trabajadores y empresarios discutan asuntos de interés común.
   La estrategia que presenta el Ejecutivo comunitario será la primera legislación sectorial para esta área, hasta ahora cubierta por las normas europeas de competencia y de libertad de establecimiento.
   Los 38 puertos que Bruselas pide modernizar en España son los de A Coruña, la bahía de Algeciras, Alicante, Almería, Arrecife, Avilés, Barcelona, Bilbao, la bahía de Cádiz, Carboneras, Cartagena, Castellón, Ceuta, El Hierro (La Estaca), Ferrol, Gijón, Huelva 4, Ibiza La Savina, Las Palmas, Los Cristianos, Mahón (Menorca), Málaga, Melilla, Motril, Palma de Mallorca, Pasajes, Puerto Rosario, Sagunto, San Cibrao, San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de La Palma, Santander, Sevilla, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Vigo.

Confirman el procesamiento del exviceconsejero de Medio Ambiente por parar una obra en Cabo de Gata

ALMERÍA.- La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la incoación de procedimiento abreviado contra el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Juan Jesús Jiménez Martín y del exsecretario general de la Delegación Provincial, Augusto Ignacio Segura, por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa al ordenar la paralización en junio de 2010 de los trabajos previos de la mercantil 'Círculo Agroambiental' para la construcción de un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar. 

   El auto de la Sección Segunda desestima el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Andalucía, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, contra la resolución del juzgado instructor y coincide en que los dos imputados pudieron "impedir" con su actuación "la ejecución de lo dispuesto en sentencias dictadas en la jurisdicción contenciosa sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente" y, por tanto, no procede el sobreseimiento libre de la causa.
   "Esto supone la procedencia de continuar la causa hasta llegar a la depuración de la procedencia de tales resoluciones, dando lugar a un mayor y mejor conocimiento de los presuntos hechos objeto de la querella y la posible participación en ellos de cada uno de los imputados", sostiene el tribunal, que ratifica, en esta línea, el archivo de las actuaciones contra el exdelegado del Gobierno andaluz en la provincia Miguel Corpas y el extitular de Medio Ambiente Clemente García ya que "no dictaron materialmente las resoluciones" por la que se paralizó de la obra.
   La causa fue incoada a raíz de la querella interpuesta por 'Círculo Agroambiental', a la que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón en una sentencia dictada en mayo de 2010 al avalar la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Níjar en 2003 para la construcción de un hotel en Campillo de Gata, en la barriada de Pujaire, en pleno parque natural de Cabo de Gata Níjar.
   La Junta alegó entonces para justificar su paralización que el proyecto vulneraba la normativa referente a los espacios protegidos de la comunidad por carecer de autorización ambiental unificada. La jueza indicó en el auto por el que ordena la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que tanto la resolución dictada "materialmente" por Segura de Torres el 7 de junio de 2010 como la emitida por Jiménez Martín una semana después confirmando la anterior en alzada presentaban indicios de ser "arbitrarias" ya que "impidieron la ejecución de actos administrativos firmes" en alusión al fallo del Supremo.
   La Sección Segunda en su resolución hace referencia precisamente a las sentencias del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) devenidas en firmes ya que la Junta de Andalucía desistió de los recursos de casación al TS en las que se declaraba conforme a derecho los acuerdos del Ayuntamiento de Níjar de junio de 2000 en la que se "declaraba la utilidad pública y el interés social" para autorizar la edificación en suelo no urbanizable a instancias de 'Círculo Agroambiental SL' y la construcción del citado hotel, así como la de marzo de 2001 por la que se concedía licencia de obras.
   Comparte, así, los criterios de la anterior titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería que señalaba que la paralización de la obra podría haberse dictado "prescindiendo de los procedimientos legalmente establecidos" que, además, según remarcaba, conllevan una indemnización económica a favor de la empresa promotora "previa declaración de lesividad o revisión de oficio" al tratarse de un presunto delito de prevaricación administrativa.
   En concreto, la resolución de la Junta andaluza objeto del procedimiento advertía tanto a 'Círculo Agroambiental' como al Ayuntamiento de Níjar que no podría "ejecutarse ningún trabajo o actividad que pudiese afectar directa o indirectamente" al paraje hasta que no se diera vía libre a la adecuación del proyecto, una posibilidad que desde la administración andaluza tildaron de "altamente improbable".
   En concreto, la promotora debía adaptar el proyecto de hotel en 'El Campillo de Gata' a lo previsto "en la directiva 92/43/CEE y normativa concordante" ya que la zona, enclavada en el parque natural, es Lugar de Interés Comunitario (LIC).
   El auto del juzgado instructor daba traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas en el procedimiento para que pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de las actuaciones.
   La Junta de Andalucía mantiene abierto un expediente sancionador por falta grave, a la espera de que se resuelva la causa penal, contra 'Círculo Agroambiental' al estimar que la empresa vulneró la normativa referente a los espacios protegidos cuando este dio inicio a los trabajos previos para la construcción del hotel al carecer de autorización ambiental unificada.
   El expediente, cuya multa podría oscilar entre los 240.000 y los 2,4 millones de euros, se inició porque la Junta de Andalucía consideró que el inmueble era "incompatible ambientalmente" con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, que califica la zona de B2 o área natural de interés general. La mercantil propiedad de los herederos del empresario Marcos Eguizabal cesó de forma voluntaria la actuación a requerimiento de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de Medio Ambiente. La Guardia Civil levantó también acta de infracción.
   El Tribunal Supremo (TS) archivó el procedimiento incoado tras la demanda de la Junta después de que ésta desistiese de continuar con el recurso de casación interpuesto contra un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ya desestimó en 2009 otro recurso de la Administración en el mismo sentido por "defectos formales" en la argumentación y ratificó la validez de la licencia municipal de obras concedida para la construcción del hotel.

Luz verde al decreto contra la exclusión social en Andalucía

SEVILLA.- El Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles, con la abstención del PP-A, el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía, que finalmente no se tramitará como proyecto de ley tras el rechazo de PSOE-A e IULV-CA a esta posibilidad.

   La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha sido la encargada de defender en el Pleno de la Cámara andaluza este Decreto Ley, al que ha definido como una iniciativa "necesaria y oportuna" en un momento de crisis económica como el actual y en el que el Gobierno andaluz es "extremadamente sensible con la realidad social de la comunidad", donde casi un 37 por ciento de la población activa está en desempleo y es necesario generar puestos de trabajo como "instrumento" de lucha contra la exclusión social.
  "Se trata de una política progresista y de izquierdas, una política que marca diferencias", ha señalado para advertir de que no se trata de "una norma que pretenda ser la solución a todos los problemas" pero sí una forma de "aliviar en la medida de lo posible las circunstancias" por las que están atravesando un amplio número de familias andaluzas.
   Por ello Montero, quien ha criticado las políticas de "destrucción de empleo" del Gobierno de la Nación como consecuencia de su defensa del cumplimiento del objetivo del déficit, ha pedido a quienes "tengan la tentación de culpar a Andalucía" del número de personas que están en riesgo de exclusión social (que entre la población infantil de Andalucía asciende un 19,5%) "que se abstengan" de estos comentarios porque se trata de una situación por la que "no sólo pasa Andalucía", ya que en Irlanda, por ejemplo, el riesgo de pobreza infantil es del 19 por ciento o, en Portugal, del 22,3.
   En ese sentido, ha recordado que medidas similares a las que contiene este Decreto Ley, por ejemplo, en el área de la solidaridad alimentaria --donde se garantizan tres comidas diarias a escolares y a personas mayores-- "ya se han puesto en marcha" en países como Suecia, Finlandia o Reino Unido.
   No opina igual el PP-A, que en el debate para esta convalidación ha reprochado al Gobierno andaluz que esté siempre intentando "culpar a los demás" de sus problemas y, concretamente, al Gobierno de Mariano Rajoy. Según ha expuesto la diputada Rosario Soto, quien ha admitido que su grupo coincide con "el diagnóstico" que realiza el Gobierno andaluz de la situación actual pero no con las soluciones propuestas, ha advertido de que quien "recorta" en políticas sociales y de atención a las personas más vulnerables es la propia Junta de Andalucía, "que lleva un recorte acumulado en los años más duros de la crisis de 499,9 millones de euros".
   "Y ustedes, en una actitud de claro cinismo y de una defensa cobarde de la autonomía, vuelven a culpar al Gobierno de los recortes", ha rechazado tras recordar que también en los Presupuestos de la Comunidad para 2013 se han hecho recortes en programas como los de familia, menores, zonas de transformación social o de atención a la Dependencia. Es por eso, según ha añadido, por lo que la cantidad adicional dedicada a este decreto, que la Junta cifra en 120 millones y el PP-A reduce a "solo 72", no es "adicional, sino que provienen de los recortes" realizados en las referidas partidas, entre otras.
   Por todo ello, y tras considerar que se trata de una medida puramente "populista" y en busca de "rédito electoral", ha pedido a PSOE-A e IULV-CA que aprueben "de una vez la Renta Básica", que aumenten el Salario de Solidaridad Social "para que sean las familias las que distribuyan sus ingresos" como le convengan y que permitan la tramitación del decreto como proyecto de ley para que, en su debate parlamentario, puedan tener "voz" tanto los colectivos sociales que se han mostrado en contra del decreto como su partido, algo que ha sido rechazado con los votos de los partidos de izquierda y que ha provocado cierto barullo en la Cámara.
   Por su parte, el diputado por IULV-CA Manuel Baena Cobos, que ha coincidido con la consejera en que son las medidas del Gobierno las que están provocando una situación de "pobreza sobrevenida" a una gran mayoría de la clase media del país, ha señalado como una de las causas de esta situación las dos últimas  reformas laborales, que "han tenido como efecto inmediato la disminución de la masa salarial" de los españoles, "que están un 17 por ciento" más abajo del salario medio europeo.
   Frente a ello, ha valorado "los esfuerzos" del Gobierno andaluz para paliar los "recortes" del Ejecutivo de la Nación y para que tengan la "afección mínima" en las prestaciones sociales, sanitarias y educativas de la comunidad. Aún así, Baena Cobos ha admitido que este decreto ley es "insuficiente para las cuestiones que se presentan" y que, por tanto, es "urgente que se empiecen a regular como derechos" ciertos aspectos recogidos en este texto.
   "Deberíamos empezar a plantear ya la Ley de Inclusión Social.  Entendemos que son derechos a garantizar y deben de venir en el interior de esta Ley para que se determine, por ejemplo, cuál será la Renta Básica aun poniendo que dependerá de la disponibilidad presupuestaria", ha reclamado. También ha pedido que se disminuyan los "gastos improductivos o administrativos" y "se repartan las horas de trabajo" porque, en su opinión, "sin eso, no habrá empleo para todos".
   La diputada socialista Soledad Pérez, que ha comenzado su intervención ante el Pleno del Parlamento mostrando el su "rechazo, repulsa y consternación" ante el último asesinato por violencia de género acaecido este mismo miércoles en Córdoba, ha valorado "la transparencia y el análisis serio y riguroso" realizado por el Gobierno andaluz en la redacción de este Decreto Ley y ha acusado a la ideología "neoliberal" de ser la causante de la crisis y de las "desigualdades" cada vez mayores entre los ciudadanos del país.
   "Los motivos, causas y orígenes de la pobreza y la exclusión social no son sólo fruto del desempleo y de que se estén quitando los colchones sociales y asistenciales mermando leyes y derechos, que también, pero la exclusión social, además de rostro, también tiene ideología", ha argumentado.
   Además, Pérez ha criticado que el PP-A haya utilizado esta normativa para "llenar ríos de tinta en ruedas de prensa" criticándolo y "levantando sospechas" sobre alguna de las medidas del Decreto Ley como la relativa a la contratación, a través de los Ayuntamientos, de personas en situación de vulnerabilidad. "La ciudadanía no se merece que ningún alcalde del PP-A se haya posicionado todavía totalmente a favor de este decreto ley y que sólo se haya dedicado a manchar con sospechas de falta de financiación" esta iniciativa, ha lamentado tras advertir de que ese extremo "no es cierto".
   Este Decreto Ley, que según la Junta destinará unos recursos adicionales de más de 120 millones, contempla tres grandes iniciativas: el Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía, con una dotación de 60 millones; el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria 2013, con 16 millones, y las modificaciones normativas para agilizar procedimientos relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad y al Programa de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, que supondrán unas inversiones adicionales de 44 millones de euros.

Chamizo: "La chica de Presidencia y un psicópata del PP decidieron mi relevo"

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha manifestado este miércoles tras conocer el acuerdo unánime de PP-A, PSOE-A e IULV-CA para abordar su relevo al frente de la institución, que "la chica que está ahora en Presidencia", en referencia a la consejera Susana Díaz, y un "psicópata" del PP-A, cuyo nombre no ha querido desvelar, decidieron que él tenía que irse cuando llamó la atención sobre la desesperación de los ciudadanos con sus políticos.

   En una entrevista con 'La ventana de Andalucía' de la Cadena Ser, ha manifestado que para él este no es un momento difícil, sino que lo difícil es la situación que vive la gente sin vivienda, los parados o la gente que no tiene para comer y que pierde cada día sus derechos. "Para mí lo triste es tener unos políticos que son capaces de ponerse de acuerdo por una vez en destruir la voz de quien considera que debe elevar la voz por los más vulnerables y no se ponen de acuerdo, por ejemplo, para la televisión, lo que no deja de ser muy sospechoso", según Chamizo.
   Ha indicado que el acuerdo para relevarlo al frente del Defensor del Pueblo es un "ataque más a los derechos de los más vulnerables".
 "No a mí, porque yo creo que voy a seguir trabajando donde esté", ha expresado Chamizo, quien ha agregado que sólo tiene confianza ya en algunos miembros de Izquierda Unida, que pongan "sensatez y se elija a una persona con un perfil social y no el perfil político paniaguado que quieren los dos partidos mayoritarios".
   Ha estimado que el día que dijo en el Parlamento que los ciudadanos estaban hasta "el gorro" de los políticos y de sus peleítas, "la chica que está ahora en Presidencia, unida a una especie de psicópata del Partido Popular, decidieron que yo tenía que irme".
   "Ellos no quieren que nadie, ni siquiera el pueblo andaluz, les llame la atención cuando hacen las cosas mal y hay que gritarles que lo están haciendo mal", ha indicado José Chamizo, que no ha querido decir el nombre de ese "psicópata que hay perdido por el PP" para ahorrarse una demanda.
   Ha indicado que está feliz con su trabajo y que nadie puede negar la calidad del trabajo que ha hecho el equipo.
   Chamizo ha indicado que le gustaría que su sucesor fuera una persona que no dependiera del poder político, "que fuera libre sobre todo y que fuera capaz de transmitir en el Parlamento siempre lo que dice la ciudadanía y no lo que quieren oír los partidos políticos". No obstante, ha expresado que se teme lo peor y que ojalá se equivoque y llegue alguien libre e independiente.
   "Pero conociendo cómo va todo esto, me parece que cada uno pone en su partido a los que les sirven a ellos y no a los que sirven al pueblo", ha expresado José Chamizo, quien ha indicado que le dejará a su sucesor la oficina funcionando y que será leal a esa persona siempre que cumpla con la ley.
   Ha expresado que lamentablemente los políticos andaluces no están a la altura de la ciudadanía y ha expresado que hay que dejarse ya de tanta "tontería y de mirarse al ombligo, que es lo están haciendo". Ha indicado que hay una ciudadanía muy viva que lamentablemente no confía en sus políticos, que deberían hacer lo posible por recuperar esa confianza.
   El Defensor del Pueblo ha estimado que estamos al borde de un "estallido social", que debería ser evitable porque puede ser muy violento.
   En cuanto a su futuro, ha indicado que tiene intención de volverse al movimiento asociativo y a las barricadas con más fuerza que nunca. Ha apuntado que en principio no cree que vuelva a la Iglesia por la edad. Quiere que le recuerden como alguien que defendió siempre al pueblo andaluz y que no se dejó "corromper" por el poder político.

Chamizo ve "acelerado" su relevo, que esperaba por decir que la ciudadanía estaba "harta" de los políticos

CÁDIZ.-   El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, tras conocer el acuerdo unánime de PP-A, PSOE-A e IULV-CA para abordar su relevo al frente de la institución, ha asegurado que ve "acelerado" su relevo, aunque ha manifestado que lo estaba esperando desde hace un año tras decir que la ciudadanía estaba "harta" de los políticos y "las peleítas".

   En declaraciones a los periodistas, José Chamizo ha indicado que ha recibido "bien" la decisión del Parlamento andaluz porque no le ha cogido "por sorpresa", aunque sí lo ve "todo muy acelerado". Entiende Chamizo que los partidos políticos "mayoritarios" están "muy alterados y desquiciados" con él, ironizando incluso sobre la situación porque "al final no voy a hablar de la RTVA que, al parecer, era un gran problema".
   "Molesto desde el año pasado, que me nombraron casi persona 'non grata' cuando dije que la ciudadanía estaba harto de ellos y de las peleítas, desde entonces están a ver si me pueden quitar", ha manifestado.
   Se ha quejado de que "se liquiden rápido" al Defensor del Pueblo Andaluz, "el que representa a los desahuciados, a la gente que no llega a la ley de la dependencia", lo que ha calificado de "lamentable".
   Preguntado por sus proyectos de futuro, Chamizo ha subrayado que lo que "de verdad" le importa y le "duele" es "la gente", añadiendo que le hubiera gustado mantener el cargo porque "el pueblo andaluz está viviendo una situación muy dura y sé que para mucha gente podía ser una ayuda, y lo digo desde la más profunda humildad. Si quieren quitarme es su responsabilidad, pero yo seguiré sirviendo al pueblo andaluz, que es para lo que he nacido", ha enfatizado.
   En este sentido, ha avanzado que su intención es volver al movimiento asociativo, aunque dice que ya ha tenido algunas "ofertas" de agrupaciones políticas "pero no las veo muy claras". Entiende que la sociedad se "está moviendo" alrededor de partidos que no son los tradicionales, "muy quemados por cierto", así que "en principio" seguirá "ayudando a la gente" desde un página web que va a inaugurar "a la que la gente puede acudir".
 "Esa es mi vida y seguiré con esa lucha", ha añadido.
   Finalmente, ha lanzado una recomendación a su sucesor en el cargo, instándole a que "no se venda al poder político" y a que "sea siempre la voz del pueblo andaluz porque si empezamos a hacer pan y agua hoy no sé para que existimos".
   "Siempre tenemos que ser la voz, más bien el portavoz, el vocero, que denuncia ante el Parlamento lo que el pueblo le comunica", ha remachado.