jueves, 5 de agosto de 2010

1.109.157 personas y 297.896 vehículos cruzan el Estrecho desde el inicio de la Operación Paso del Estrecho

MADRID.- Un total de 1.109.157 personas y 297.896 vehículos han embarcado en los ferrys que funcionan desde los puertos de Algeciras y Tarifa (Cádiz), así como de Almería, Málaga y Alicante para viajar a las ciudades del norte de África desde que el pasado 5 de junio comenzara la fase de salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) de este año 2010, según los datos de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Según los datos oficiales registrados hasta este martes día 3 de agosto, el puerto algecireño es el que más actividad ha registrado con 632.087 pasajeros desde el comienzo de la operación, 197.792 vehículos y 3.605 rotaciones, toda vez que el acumulado de rotaciones entre los puertos de Algeciras, Tarifa, Almería, Málaga y Alicante se eleva ya a 5.149.

En segundo lugar, el puerto de Almería ha registrado ya 262.435 personas embarcadas con 59.992 vehículos, mientras que en el puerto de Tarifa, que ocupa el tercer puesto, son ya 121.407 las personas transportadas y 22.384 los vehículos trasladados a África.

El puerto de Alicante, de su lado, ha contabilizado ya 51.100 personas y 12.668 vehículos, mientras que el puerto de Málaga, que es el que menos actividad ha registrado en lo que a esta operación se refiere, ha visto caminar por sus pasarelas a 42.128 personas embarcando 5.060 vehículos.

Marruecos está arrebatando su turismo al Levante almeriense

MOJÁCAR.- "¡Canutas, las vamos a pasar canutas si en estas doce semanas no sacamos para el resto del año!". El presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Garrucha, Antonio Pérez Lozano, tiene razón al decir que las pasarán canutas, aunque equivoca el planteamiento en la solicitud recientemente dirigida al Consistorio garruchero.

ACEGAR ha presentado en el Ayuntamiento de Garrucha un escrito en el que piden al equipo de Gobierno que durante los tres meses de verano no se efectúen obras en las calles, que amplíen las plazas de aparcamiento y esmero en la limpieza de calles y jardines. Nada fuera de lo normal. A no ser, que se da por hecho que aparte del verano, nada de nada. Un ciclo raquítico de actividad económica, a juicio de 'Diario de Almería'.

Antonio Pérez ha señalado la cruda realidad real del sector turístico en el Levante de la provincia de Almería, frente a la realidad virtual oficialista. A más turistas más dinero no es cierto, excepto para supermercados, porque hasta algunos hoteles con ocupaciones que rozan el cien por cien cambian el dinero de mano.

Representantes de grandes tour-operadores consideran erróneo trabajar con objetivos a tan corto plazo. Así, Thomas Cook señala que, por lo que ellos conocen, "en el Levante almeriense no existe un Plan Estratégico Turístico con claros objetivos generales y específicos", al igual que, en su opinión, "no hay definidas estrategias ni proyectos concretos. La estacionalidad es inevitable si no se adoptan medidas que, por otra parte, deben ser coordinadas y ejecutadas por auténticos profesionales. Mire, el diseño de un Plan Estratégico es como una partida de ajedrez: cuando se mueve una pieza ya hay que tener preparados los siguientes cuatro o cinco movimientos. Cualquier acción aislada es perder el tiempo y el dinero".

De ahí que la petición de la Asociación de Comerciantes y empresarios de Garrucha, suponga un desacierto de partida, si bien es el botón de la muestra en todo el Levante.

Según apunta Ian Livesey, director de operaciones de TUI España, "tenemos que ser muy conscientes de que hoy en día España no es el destino más barato en el Mediterráneo, ya no es el país que era hace diez años en términos de precios". Punto en el que coinciden Thomas Cook y Rewe Group: "Grecia, Túnez, Croacia, son fuertes competidores de España".

Una buena fuente para tomar el pulso del sector turístico en el Levante almeriense, son los foros de turismo y viajes. La conclusión obtenida, compartida con expertos en el sector, es que esta zona de la provincia ha quedado relegada a destino secundario, es decir, puntos de destino en una ruta o destino de visitas radiales desde un destino primario y que pueden recibir gran número de visitantes en periodos cortos.

Uno de los testimonios recogidos es elocuente: "llevo veraneando en Garrucha toda mi vida, y te puedo decir que el agua está a igual temperatura en Vera, Garrucha y Mojácar, las playas con piedrecitas las puedes encontrar en los tres sitios. Y con respecto al turismo... pa qué contarte... en todos los sitios hay mucho, sobre todo en agosto es insoportable ir por la carretera de Mojácar playa...".

Los economistas denominan clúster a un lugar o región geográfica que agrupa infraestructuras, servicios, recursos y atractivos capaces de motivar desplazamientos y recibir flujos turísticos. Rafael Úbeda, economista de Innovación y Creatividad Empresarial, no se explica que el Levante almeriense carezca a estas alturas de algunos de estos componentes.

Para Úbeda, "es elemental, por ejemplo, disponer de un transporte por carretera que conecte la zona con el aeropuerto de Almería, como es inconcebible no disponer de salas de cine, sobre todo para el invierno ya que esta zona es receptiva del Inserso". Rafael Úbeda desgrana una decena de carencias para las que no es preciso ser experto, basta con tener sentido común.

El Ayuntamiento de Cuevas investiga la ‘desaparición’ de una parcela de 250.000 m2 que podrían valer 75 millones

ALMERÍA.- Todo indica que el Ayuntamiento de Cuevas está muy próximo a ubicar con exactitud las tierras que el Consistorio adquirió en 1934, por decisión unánime de todos sus concejales, para cederlos al Ministerio de la Guerra, a fin de que el entonces Gobierno de la República construyese un campo de vuelo militar –proyecto que nunca llegó a realizarse-. Se trata de una finca de 250.000 m2 que, según la escritura original de compra venta, realizada por el notario de Cuevas, Félix Pablo Gundín, el 29 de julio de 1934, se sitúa en el pago de La Algarrobina, según 'Noticias de Almería'.

Es precisamente este paraje donde se asienta el complejo turístico Desert Spring; un resort modélico con viviendas y servicios de lujo, cuyo principal atractivo es un campo de golf de 18 hoyos. La tramitación administrativa de este plan parcial y buena parte de su construcción se produjo durante los últimos años de los 90 y principios del presente siglo.

En efecto, en la escritura de 1934, las partes firmantes, de un lado el representante del Ayuntamiento, el síndico o concejal Antonio Fernández Martínez, y de otro, el propietario del suelo, Francisco Soler, exponían: “Francisco Soler y Soler es dueño en pleno dominio de una finca en el pago La Algarrobina del término municipal de esta ciudad, un trance de tierra de secano que forma un cuadrado de quinientos metros de lado, o sea una planta superficial de 25 Has., lindante por todos vientos con tierras del vendedor Francisco Soler y Soler”. Tal terreno se había segregado de una finca de 82 Has, también propiedad de Soler.

Por otro lado, y de acuerdo a lo expuesto en una reciente Nota Simple del Registro de la Propiedad de Cuevas del Almanzora, se describen los restos de la finca matriz como “rústica: un trance de tierra de secano situada en el pago La Algarrobina”, pero concreta algo más al indicar que ésta se encuentra junto al “paraje llamado Cabezo Gordo”, siendo sus linderos, por la parte norte, “cúspides de una loma”; sur, finca de “Bartolomé González”; este, “terrenos de una capellanía”; y oeste, “un camino”.

El Cabezo Gordo aparece muy cerca del complejo Desert Spring. Es pues, en el entorno de este Cabezo, donde habría que situar los 250.000 m2.

La iniciativa de investigar lo que ha ocurrido con esta finca, transcurridos 76 años desde su adquisición, parte de una Acción Pública promovida por el abogado Marcos Sánchez Adsuar, quien interesado en el tema ‘invitó’, a través de varios escritos, al gobierno de Jesús Caicedo a localizar los terrenos y recuperarlos para el patrimonio municipal. Se apoya el abogado en que se trata de un dominio público –ya que se cedió para una instalación militar- y que, por tanto, la propiedad seguiría siendo del Consistorio ante la hipótesis de que alguien se hubiera apropiado de ella, pues estaríamos, a pesar de haber transcurrido más de tres cuartos de siglo, frente un asunto que no prescribe con el tiempo.

La solicitud del letrado viene respaldada por una sentencia del juzgado número tres de lo Contencioso-Administrativo de Almería, cuyo titular, el magistrado Jesús Ribera, ordenaba al Ayuntamiento, el 11 de diciembre de 2009, “que proceda a la incoación del correspondiente expediente de investigación y, en su caso, recuperación de la finca”.

También el secretario municipal se pronunciaba al respecto meses antes de la sentencia del juez Ribera. Como respuesta a los sucesivos escritos de Marcos Sánchez Adsuar, el 7 de abril de 2009 el fedatario público recordaba al gobierno municipal lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), cuyo artículo 68 dispone: “Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos”, añadiendo que “cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir su ejercicio a la entidad interesada”, que en este caso es el Ayuntamiento.

Así mismo, el secretario exponía: “Las entidades locales tienen la obligación de investigar la situación de los bienes y derechos que presuman de su propiedad, siempre que ésta propiedad no conste inequívocamente [a nombre o favor de otro], a fin de determinar la titularidad de los mismos, o cuando exista controversia en los títulos de dominio. Dicha obligación se extenderá en todo caso a los bienes demaniales” [también denominados de dominio público].

Y algo más, el Ayuntamiento deberá ejercer “la Potestad Pública Superior de protección contra usurpaciones demaniales, pudiendo implicar posible delito, según lo dispuesto en artículo 246 del Código Penal. ¿Qué dice ese artículo? “El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado, será castigado con la pena de multa de tres a 18 meses, si la utilidad reportada o pretendida excede de 400 euros”.

Es evidente que en el asunto nos ocupa se manejan cifras muy superiores a esos 400 euros. Si efectivamente, los terrenos ‘perdidos’ fuesen hallados en Desert Spring, estaríamos hablando de un suelo urbano con un valor estimativo –muy a la baja- de unos 300 euros el metro cuadrado. Si hacemos la correspondiente multiplicación nos sale un resultado de ¡75 millones de euros!

A la posibilidad de que la propiedad de todos los cuevanos forme hoy parte del complejo Desert Spring se refiere el abogado en el primero de sus escritos registrados en el Ayuntamiento. Concretamente, el 27 de noviembre de 2008, señalaba: “Al parecer, sobre la referida finca municipal se ha aprobado un instrumento de planeamiento y un proyecto de reparcelación donde la finca municipal ha pasado, parece que sin procedimiento administrativo alguno (subasta o concurso), a propiedad de la mercantil Bay Holland y Bay Investiments LTD, promotora del proyecto de compensación del sector 2 de Cuevas del Almanzora”, hoy denominado, a efectos comerciales, Desert Spring.

Si la intuición del letrado acabase en certeza se abriría un importante número de interrogantes. Entre otros, ¿cómo llegó el terreno a manos de ‘los ingleses’? ¿Quién se apropió de esa finca? ¿De qué manera lo hizo? ¿Nadie en el Ayuntamiento, durante la tramitación administrativa del plan parcial, se percató de que una importante propiedad municipal estaba siendo hurtada al pueblo?

A propósito de este asunto de los terrenos, refleja el secretario municipal en su informe al equipo de gobierno de Cuevas del Almanzora, que el Ayuntamiento deberá ejercer “la Potestad Pública Superior de protección contra usurpaciones demaniales –robo o expoliación del dominio público-, señalando que el ciudadano que cometiese tal usurpación podría incurrir en un posible delito recogido en el artículo 246 del Código Penal. Dicho artículo dice, en resumen, que “será castigado con la pena de multa de tres a 18 meses […] el que alterare términos o lindes de pueblos o heredades” generando un daño superior a 400 euros.

Sin embargo, el abogado Marcos Sánchez Adsuar, que ejerce la Acción Pública en el presente caso, advierte al Consistorio, sin señalar a nadie en concreto, que podría emprender acciones legales de muy diversa naturaleza.

- Por prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia), con “pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.

- Por presunta infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos, que se aplicaría a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo”, y donde se contemplan “penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.

- Por presunta malversación, imputable a “la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o Entidad estatal, autonómica o local u Organismos dependientes de alguna de ellas”, reservando el Código Penal para el que delinque “penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”;

- Por presunto fraude en sus artículos 436 y 438. El primer de ellos es aplicable a “la autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público”.

Se reservan para ello “penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años”; y el artículo 438 aplicable a “la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún delito de estafa o apropiación indebida”, con “penas respectivamente señaladas a éstos, en su mitad superior, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años”.

- Y finalmente, el letrado habla de presunta falsedad documental en sus apartados 1 y 2.

El 1 refleja “penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, a la autoridad o funcionario público que altere un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, simule un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad; suponga en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho; y faltase a la verdad en la narración de los hechos”.

El apartado 2 dicta que “será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil”.

La inmobiliaria de Cajamar incrementa su capital en 44 millones

ALMERÍA.- La lenta recuperación económica anunciada por analistas, expertos y, sobre todo, políticos (en su caso, más como deseo que como realidad), tiene en el stock de inmuebles uno de sus principales escollos, pues las cifras millonarias que se encuentran 'enterradas' en viviendas, locales, garajes, trasteros y demás bienes suponen un duro lastre para todas las entidades financieras que han tenido que 'heredarlos' como consecuencia de los impagos, así como por la falta de clientes para la obra nueva.

Cajamar no es una excepción y, aunque su principal negocio se basa en la agroalimentación, hecho que le ha resguardado en gran medida ante esta crisis, ha tenido que poner en marcha una inmobiliaria para dar salida a estos inmuebles, recoge hoy la prensa local.

Fue en noviembre de 2008 cuando arrancó la actividad de Cimenta2 Gestión e Inversiones SL, tal como se recoge en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), con el objeto social de la adquisición, enajenación, administración, arrendamiento, constitución o aceptación de hipotecas y cualesquiera otras cargas o gravámenes, y la disposición, en cualesquiera de las formas admitidas en derecho de toda clase de bienes inmuebles, por conjuntos o unidades.

Esta sociedad anónima constituida en el seno de Cajamar se ponía en marcha con un capital inicial de dos millones de euros y ahora ha recibido un auténtico espaldarazo con una ampliación de capital por valor de algo más de 44 millones de euros, con lo que el resultante suscrito asciende ahora a 46.084.000 euros.

Con esta inyección económica, Cimenta2 da un nuevo impulso a su actividad para intentar vender los cerca de mil inmuebles que tiene en su haber. Sólo en su página web, www.cimenta2.com, ha puesto a disposición de los usuarios un total de 780 unidades, a las que hay que sumar otras que aún no se han 'subido' a este portal por estar pendientes de tramitaciones legales.

La provincia de Almería es la que cuenta con más inmuebles, con un total de 341, cuyo valor de venta conjunto asciende a 48,5 millones de euros. Le siguen en número de inmuebles Murcia, con 185, y Alicante, con 131.

El Aeropuerto de Almería pone en funcionamiento tres nuevas puertas de embarque

ALMERÍA.- El Aeropuerto de Almería ha puesto en funcionamiento tres nuevas puertas de embarque tras terminar una nueva fase de obras de ampliación, de forma que ya alcanza los seis pasos a los que se accede a través de una sala en la que se incorporan también un control de pasaportes y 280 metros cuadrados de zona multitienda.

La puesta en servicio de esta área "permitirá a los pasajeros disfrutar de unas inmejorables vistas a la pista de vuelo, con el mar de fondo", detalló AENA en una nota, y pasará a formar parte de más de 1.000 metros cuadrados en los que se distribuye el espacio de actividad diaria.

Así, la misma superficie es la que entra a formar parte del vestíbulo de recogida de equipajes, donde empiezan a operar un hipódromo doble y otro sencillo, además de un amplio acceso con escalera mecánica y ascensor y una zona de control de pasaportes. Con independencia de las dos cintas señaladas, el aeropuerto dispondrá de una tercera para cuando se plantee la necesidad de separar flujos entre pasajeros procedentes de países schengen y no schengen.

El hall de llegadas es otra de las dependencias que cobrarán protagonismo en los próximos días, pues pasarán a estar operativos más de 400 metros cuadrados y se estrenarán 25 metros de fachada y una nueva salida a la calle. Esta zona contará con diez locales comerciales, de los que siete serán para empresas de alquiler de coches y tres para compañías de handling.

Una vez puestas en servicio todas estas instancias, del proyecto de remodelación del aeropuerto sólo quedaría pendiente la zona en la que se levantaba originariamente el edificio terminal, que data de los años 60. Ese solar se destinará a la instalación de filtros de seguridad y a actividad comercial, y la previsión apunta a que estará listo a finales de 2010.

El plan de obras que afronta el Aeropuerto de Almería, y al que se han destinado más de 37 millones de euros, permitirá duplicar la capacidad operativa de sus instalaciones. Las principales actuaciones programadas en el aeródromo almeriense se concentran en el edificio terminal, cuya superficie se multiplicará por más de dos, de forma que pasa de 9.400 a 24.900 metros cuadrados.