El juez archiva la denuncia por introducir modificaciones en la biografía de Javier Arenas en Wikipedia

SEVILLA.- Un juez de Sevilla ha archivado la denuncia por la introducción de alteraciones y modificaciones en la biografía en Wikipedia del vicesecretario de política autonómica y local del Partido Popular y expresidente del partido en Andalucía, Javier Arenas, han informado hoy fuentes judiciales.

   En este sentido, las mismas fuentes consultadas han señalado que fue el pasado día 11 de octubre cuando el juez de Instrucción nº 7 de Sevilla, Fernando Martínez, dictó un auto en el que archivaba de manera provisional dicha denuncia, que por el momento "no consta" que haya sido recurrida por el PP.

   En esta causa ha llegado a haber varias personas imputadas --algunas residentes fuera de la comunidad autónoma-- tras la denuncia interpuesta en 2009, pero finalmente el juez instructor ha decidido archivar la misma debido a que ha transcurrido el plazo legal estipulado sin que pueda emprender la acción penal contra ninguno de los imputados, han apuntado las mismas fuentes.

   La investigación judicial se inició después de la denuncia interpuesta por el PP-A, quien acudió a los tribunales tras "conocer" además que desde un ordenador de la Junta de Andalucía se estaban realizando modificaciones y se estaban incluyendo "falsedades e insultos" en la biografía de Arenas, así como contra sus familiares más directos.

   En este sentido, dos altos cargos de la Junta de Andalucía declararon en 2010 ante el juez que tenían identificado el ordenador desde donde se realizaron esas modificaciones, aunque no a la persona o personas que las hicieron.

   De esta manera se expresaron entonces Alberto Díaz López, en calidad de director general de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (SAU), y María Pilar Rodríguez López, en calidad de secretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

   Ambos señalaron entonces que las modificaciones de la biografía de Javier Arenas en la Wikipedia se llevaron a cabo desde un ordenador ubicado en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén, lo que motivó, según las fuentes consultadas, que el PP-A solicitara al juez instructor que se identificara a la persona o personas que hubieran utilizado el día en cuestión el referido ordenador.

La Junta insta al Ayuntamiento de Almería a poner en marcha la desaladora "para dejar de sobreexplotar los acuíferos"

ALMERÍA.- El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, José Manuel Ortiz Bono, ha instado al Ayuntamiento de Almería a poner en marcha la desaladora "para dejar de sobreexplotar los acuíferos del Poniente" tal y como tenía comprometido a través del convenio que firmó con el Gobierno andaluz por el que "se comprometía a surtir agua desalada y a dejar de bombear de los pozos de Bernal, de El Ejido". 

   Ortiz Bono ha indicado que desde que comenzó a funcionar en 2006, "apenas rinde al 20 por ciento de su capacidad, por lo que el Ayuntamiento sigue surtiéndose principalmente de los pozos de Bernal, y contribuyendo así a la sobreexplotación de los acuíferos del Poniente".

   El Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía suscribieron un convenio de colaboración el 14 de julio de 1999 para la finanaciación de las obras de construcción de una planta desalinizadora de agua de mar por el que el 85 por ciento de la inversión lo asumía el Ministerio de Economía con fondos de Cohesión de la Unión Europea mientras que el 15 por ciento restante lo asumía la Junta de Andalucía "a pesar de que la competencia del abastecimiento es municipal".

   Así, apunta a que si bien la inversión prevista inicialmente era de 35,2 millones de euros, los modificados de obra y liquidaciones elevaron la elevaron a algo más de 47 millones, cuando "el encargado de la licitación y adjudicación de la obra fue el Ayuntamiento". La finalidad de la desaladora es la de dejar de extraer del acuífero "sobreexplotado" del Campo de Dalías, por lo que obtuvo financiación europea.

   "El hecho de que se disponga de una desaladora con capacidad para desalar hasta 20 hectómetros cúbicos, y que sólo desalen unos cinco supone un despilfarro del dinero público de casi 50 millones de euros de fondos comunitarios y de todos los andaluces", ha remarcado Ortiz Bono, quien además ha señalado la "insolidaridad" del Ayuntamiento con los municipios del Poniente "que tienen dificultades para abastecer a sus poblaciones que lo están pasando mal, sobre todo Vícar, Roquetas de Mar y El Ejido".

   Considera que también es una "muestra de insolidaridad" con los regantes, "que ven cómo cada día empeora la calidad de las aguas subterráneas para riego mientras el Ayuntamiento de Almería deja sin poner el marcha la desalinizadora y extrae más de diez hectómetros cúbicos de agua al año según sus datos, puesto que ni siquiera tiene instalados contadores para medir el agua que bombea".

   Además, la "infrautilización" de la planta de Almería "contrasta con el hecho de que en el Poniente, en Balerma, se esté construyendo una desaladora para atender las necesidades de riego de la zona, inversión que también se está haciendo con fondos públicos".

   El delegado ha recordado además al Ayuntamiento la necesidad de regularizar su situación respecto de las fuentes de suministro para sus ciudadanos, ya que debe solicitar concesión tanto para el agua subterránea como para el agua desalada que está ya utilizando. Asimismo, es preciso que se adapte a lo establecido en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea que fue aprobado por el Gobierno el pasado 14 de septiembre "y al que el Ayuntamiento de Almería no ha formulado ninguna alegación".

   En este documento, según ahonda la Junta, se establece la planificación hidrológica para los próximos 15 años, de forma que en el horizonte 2015 el agua subterránea que le corresponde a Almería es, como máximo, 3,5 hectómetros cúbicos, mientras que en 2027 sería de 1,8 hectómetros cúbicos.

   Así las cosas, el delegado asegura que el Consistorio almeriense "tiene la obligación de adaptarse a esta norma de obligado cumplimiento y debe dar ejemplo tanto de respeto a las normas como de un buen uso de los fondos públicos que se emplearon en la desaladora además de ser solidario con el resto de usuarios del Poniente y consecuente con las obligaciones medioambientales que aceptó cuando decidió construir la desaladora con fondos europeos y del presupuesto  de la Junta de Andalucía".

   Ortiz Bono recomienda así "en base al principio de lealtad institucional y de cooperación", que este asunto quede resuelto en el documento del PGOU que va a someter a informe, puesto que "solo podrá obtener todos los beneplácitos de la Junta de Andalucía si se adapta a la normativa en vigor".

La Junta reclama al Gobierno una revisión del reparto definitivo del FLA para que Andalucía reciba lo que ha pedido

SEVILLA.- La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha reclamado al Gobierno de la Nación una revisión del reparto definitivo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para que Andalucía reciba la cantidad que ha solicitado, de 4.906 millones de euros.

   Susana Díaz ha manifestado que espera que el Gobierno central, finalmente, haga un reparto equitativo del FLA, porque no puede ser que Cataluña haya recibido en torno al 90 por ciento de lo que solicitó y que Andalucía esté prácticamente por debajo del 50 por ciento de la cantidad que demandó.

   En este sentido, ha confiado en que el Gobierno de la Nación sea coherente y responsable en ese reparto del FLA y Andalucía, como una comunidad autónoma "cumplidora, reciba lo que le corresponde". Para Díaz, no es de recibo que se premie a las comunidades que están más endeudadas, como es el caso de Cataluña, en detrimento de otras que están haciendo los deberes, como es el caso de Andalucía.

   A su juicio, debe de haber una revisión del reparto definitivo del FLA porque "hay margen para hacerlo, ya que los datos dicen que en torno a 5.000 millones no han sido asignados aún a las comunidades autónomas, y por lo tanto hay margen para esa revisión".

   Asimismo, ha indicado que la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, no ha dejado de negociar, de dialogar y de buscar el entendimiento con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desde que se inició la solicitud de acceso al FLA. Díaz espera que ese diálogo continuo tenga al final un resultado favorable para los intereses de esta comunidad.

   De otro lado, ha manifestado que la decisión del Gobierno central de crear un impuesto estatal sobre depósitos de clientes en entidades de crédito a tipo cero para evitar que las comunidades autónomas puedan aplicar uno propio ha sido "lamentable". A su juicio, el Gobierno solo pretende evitar que las comunidades puedan seguir adelante "con la voluntad clara y nítida de que la banca contribuya también a la salida de esta crisis".

   Asimismo, ha considerado "lamentable" que el Ejecutivo nacional no haya hablado con las comunidades afectadas y que haya adoptado la decisión "por la puerta de atrás". Ha indicado que la Junta va a analizar la letra pequeña y hasta dónde quiere llegar el Gobierno, y va a defender aquello de lo que está convencida, que es que "la banca en este país tiene que contribuir al momento que estamos atravesando".

   "No se le puede subir a los ciudadanos el IRPF, el IVA o las tasas judiciales y, en cambio, buscarle las vueltas al TC para que las entidades financieras no aporten en las comunidades autónomas que están convencidas de que tienen que hacerlo", ha indicado.

   Susana Díaz ha agregado que la Junta tiene la clara voluntad de mantener la cifra prevista de recaudación por ese impuesto en los presupuestos de la comunidad de 2013 para que los bancos contribuyan a la situación de crisis por la que estamos atravesando.

IU pretende "una transformación profunda" para ser un partido "de masas" y alternativa al bipartidismo

MADRID.- Las federaciones de IU debatirán a partir del próximo viernes una "transformación profunda" que lleve a la formación a ser un partido de "masas" y una alternativa política al "neoliberalismo bipartidista" que, a su entender, ejercen tanto PP como PSOE en España.

   En un comunicado, IU ha explicado las líneas generales que se debatirán a partir del próximo 14 de diciembre y durante el fin de semana con la celebración de la X Asamblea Federal de la formación, que reunirá a federaciones y militantes del partido.

   Además de los anteriores debates, IU propondrá tambien la organización de "una rebelión democrática" frente a un "golpe de Estado silencioso" que está teniendo lugar en España. En este sentido, este partido buscará "hacer confluir la lucha" de los sindicatos junto con los objetivos de plataformas y colectivos como los del movimiento 15-M.

   Asimismo, también contempla la propuesta de una alternativa económica para los más de cinco millones de personas paradas y ofrecer "una confrontación directa con el capitalismo más salvaje que ha conocido la historia reciente".

   IU considera que se encuentra "frente a una responsabilidad, un compromiso y una oportunidad histórica".

 "En sus más de 26 años de historia pocas asambleas de IU han sido tan trascendentes en relación a una coyuntura de cambios profundos de la sociedad, la política y los espacios políticos en nuestro país", ha señalado.

   La formación ha calificado de "importante paso adelante" la celebración de este encuentro y entiende que es "un claro ejercicio de madurez y de responsabilidad política" el "satisfactorio" cumplimiento por parte de sus militantes y simpatizantes.

Cayo Lara critica que el 80% de la AEAT se dedique a inspeccionar a pymes y autónomos

MADRID.- El coordinador federal de IU, Cayo Lara, critica que el 80% de la plantilla de la Agencia Tributaria (AEAT) se dedique a inspeccionar las cuentas de pymes y autónomos cuando el 71,7% de la evasión fiscal la realizan multinacionales, y reclama al Gobierno que destine más recursos humanos a la nueva oficina de lucha contra el fraude internacional.

   Según consta en una pregunta parlamentaria, el presidente del grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso no ve "adecuado" que el 80% de la plantilla de la AEAT se dedique a "investigar las irregularidades y fraudes de los autónomos y microempresas, de pequeñas compañías y trabajadores" cuando "el 71,7% de la evasión fiscal se produce en las multinacionales, en las grandes fortunas y grandes corporaciones empresariales".

   Por eso, pregunta al Ejecutivo qué le parecen estas cifras, y también si "considera necesario abordar una reasignación de los recursos humanos de la AEAT para optimizar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal".

   En la misma línea, Lara también critica la decisión de asignar 50 empleados de la AEAT a la nueva Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, que se encargará de implementar el acuerdo firmado recientemente con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

   A su juicio, esta cifra --aportada por los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)-- es "claramente insuficiente" para hacer frente a un problema de esta magnitud, por lo que pregunta al Gobierno si una plantilla de esas dimensiones le parece "suficiente" para abordar la lucha contra el fraude internacional.