martes, 17 de septiembre de 2019

El Consorcio de Seguros pagará 12 millones en indemnizaciones por gota fría en Andalucía

MADRID.- El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) pagará al menos 190 millones de euros en indemnizaciones por los siniestros causados por la reciente gota fría que ha afectado a distintas regiones del suroeste y el centro de España, de los que 92 millones irán para la Comunitat Valenciana.

Según explica la entidad, los cálculos son preliminares y se basan en informes de urgencia realizados por un equipo de peritos del CCS tras reconocer las zonas afectadas, una labor que se vio dificultada debido a que las lluvias y los desbordamientos continuaron durante el pasado fin de semana y algunas zonas no estaban aún accesibles. 
La entidad estima que, en conjunto, el número de solicitudes de indemnización de asegurados afectados que deberá gestionar estará en torno a 30.000, y que el coste total de las compensaciones que se les abonarán rondará los 192 millones de euros.
Por zonas afectadas, Murcia es la que ha sufrido más daños, especialmente Cartagena, Los Alcázares, Murcia capital y San Javier, con un total de 13.800 siniestros con derecho a indemnización del CCS hasta el momento y un coste previsto de 82 millones de euros. 
De esos siniestros, 10.000 corresponden a viviendas, comercios, industrias y obras civiles y 3.800, a automóviles arrastrados o inundados, explica la entidad.
En la Comunitat Valenciana, el CCS calcula que se han producido un total de 12.000 siniestros, de los que 9.300 corresponden a viviendas, comercios, industrias y obra civil, y 2.700, a automóviles. El coste total estimado en esta comunidad asciende a 92 millones de euros, y las zonas más dañadas han sido Orihuela y el resto de la comarca de la Vega Baja, en Alicante; y Ontinyent y el resto de la comarca de Vall de Albaida, en Valencia.
En Andalucía, las inundaciones han afectado a la parte oriental de la comunidad, con unos 2.200 siniestros, de los que unos 600 se han producido en la provincia de Almería; 800, en Granada, y otros 800, en la de Málaga. El coste total que se calcula de las indemnizaciones que abonará el CCS a los asegurados en Andalucía es de 12 millones de euros aproximadamente.
En Castilla-La Mancha, las lluvias han causado unos 350 siniestros, de los que 300 corresponden a viviendas y comercios, y 50 a automóviles, con un coste total previsto de un millón de euros aproximadamente. Las zonas afectadas han sido principalmente localidades dispersas de las provincias de Guadalajara y Toledo y, en menor medida, Albacete y Ciudad Real, informa el Consorcio.
En la Comunidad de Madrid, el organismo calcula que se han producido unos 900 siniestros, con un coste de 4,5 millones de euros. Las localidades más afectadas han sido Arganda del Rey, Velilla de San Antonio, Nuevo Baztán, Villar del Olmo, Campo Real y Daganzo.
Se trata de estimaciones muy aproximadas, explica la entidad, que añade que está pendiente de recibir información de los peritos que en estos momentos están recorriendo dichas localidades. Baleares, por su parte, ha tenido una escasa incidencia, en torno a 100 siniestros con un coste de 250.000 euros en Selva (Mallorca) y Ciudadela (Menorca), principalmente.
El CCS ha recibido y registrado 2.994 solicitudes de indemnización, de las que 2.176 corresponden principalmente a viviendas, comunidades de propietarios de viviendas y comercios, y 818 a automóviles arrastrados o inundados. 
Según informa el CCS, no existe un plazo para solicitar la indemnización, por lo que el organismo registrará y tramitará todas las solicitudes de pagos que reciba, incluidas las que se presenten después de cumplido el plazo de 7 días al que se refiere la Ley de Contrato de Seguro.
La solicitud la puede realizar el propio asegurado o, en su representación, su entidad aseguradora o el mediador (agente o corredor) de seguros, a través del teléfono gratuito 900 222 665 o en la página web del CCS (www.consorseguros.es), con el DNI o el certificado electrónico.
El CCS también quiere aclarar que no existe un límite al importe de las indemnizaciones a pagar, que se corresponderán con los seguros contratados por los afectados, incluso si el coste final pudiera superar significativamente las primeras estimaciones efectuadas. 
En el caso de automóviles inundados, el asegurado tendrá derecho a recibir una indemnización del CCS "cualquiera que sea la cobertura que tuviera contratada", ya que bastaría con la de responsabilidad civil o de daños a terceros de carácter obligatorio.

Las ideas españolas que pueden evitar una nueva tragedia en la próxima DANA

MADRID.- El excepcional episodio de gota fría o DANA (depresión aislada en niveles altos) que ha sufrido el sureste peninsular en los últimos días ha dejado seis muertos y, como siempre en estos casos, la duda de si alguna de estas desgracias podía haberse evitado. Ni es fácil ni puede eliminarse por completo el riesgo cuando en un corto periodo de tiempo caen hasta 500 litros por metro cuadrado. Sin embargo, algunos geólogos y especialistas en riesgos trabajan en proyectos que pretenden reducir las víctimas lo máximo posible. Cada vez cuentan con más conocimientos y datos que podrían servir para avisar a la población, según El Confidencial.

En el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Andrés Díez-Herrero ha desarrollado un sistema que puede funcionar como alerta temprana frente a posibles inundaciones. Como ya explicó recientemente a Teknautas, la idea es combinar todos los datos disponibles cuando se registran fuertes precipitaciones para calcular lo que técnicamente se denomina 'onda de crecida', es decir, la elevación del caudal de un río hasta la altura máxima y su posterior disminución.
Esto se consigue analizando la cantidad de precipitaciones que van registrando las estaciones meteorológicas y los caudales que ofrecen las confederaciones hidrográficas, que se actualizan cada 10 minutos. Pero no es suficiente: para saber si la crecida de un río va a provocar que una zona quede anegada, es imprescindible combinar esos datos, que van cambiando por momentos, con los mapas de zonas inundables.
“Así sabemos los tiempos de viaje de las crecidas, sabemos qué zona se va a inundar, con qué velocidad y en qué profundidad. Gracias al GPS, si un usuario está en una zona de peligro, la aplicación le avisará en su móvil de que en 30 minutos el lugar en el que se encuentra va a quedar un metro bajo el agua”, explica Andrés.
De momento, este sistema, denominado RIADapp, no se ha llevado a la práctica por falta de presupuesto. “Es una elección de la sociedad, tenemos que pensar si queremos tener a Messi o un sistema de alertas para la población”, señalaba Andrés a Teknautas. Es un ejemplo más de lo lejos que estamos aún de tener una política coherente de prevención de este tipo de tragedias. Los especialistas señalan que o se trabaja con planificación y recursos o será imposible evitar una nueva tragedia.

Alertas en el móvil

Jorge Olcina Cantos, catedrático de la Universidad de Alicante, tiene claro que, en efecto, un 'smartphone' es la mejor herramienta para lanzar este tipo de advertencias. “Para el aviso inmediato a las poblaciones, deben activarse avisos a través de la telefonía móvil, porque hoy es lo que llega a todo el mundo”, afirma en declaraciones a Teknautas.
Aunque quizá no es necesario desarrollar una 'app' específica: “Debe haber una respuesta coordinada de la Administración competente, sobre todo Protección Civil y Emergencias, con las compañías telefónicas, para que cualquier aviso de riesgo extremo llegue en forma de mensaje SMS, es algo sencillo de hacer”, asegura. 
De hecho, en algunos países asiáticos, como Japón, funcionan avisos de este tipo ante la llegada de un tifón. "El usuario recibe un mensaje de alerta conminándole a que no salga de casa o no saque el coche", explica.
España estaría en las mejores condiciones para implementar un método similar, puesto que ya parte con ventaja al contar con “el mejor sistema de gestión de la emergencia de Europa”, opina el experto de la Universidad de Alicante. Desde su punto de vista, “cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han respondido de manera excelente, salvando vidas y bienes, en una acción coordinada”.
Sin embargo, esto no significa que no haya margen para mejorar. Olcina cree que el proyecto Drainage es un buen ejemplo de lo que se puede hacer. Esta iniciativa persigue, entre otras cosas, “analizar los sistemas de alerta a la población, para saber qué mecanismos son más eficaces a la hora de informar sobre el riesgo existente en una localidad o área concreta”.
Para ello, “hay que estudiar los grupos de edad y sus costumbres, para poder transmitir de la manera más sencilla pero eficaz posible la información que surge de las investigaciones sobre riesgos naturales y las cartografías derivadas de ellas. No conozco proyectos de este tipo en Europa, son enfoques novedosos y, de momento, poco explotados por la investigación aplicada”, añade.

Mejorar la percepción del riesgo

El proyecto Drainage está coordinado por el profesor José María Bodoque, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), experto en análisis de la peligrosidad por inundaciones. Según explica, la iniciativa también pretende “demostrar que es posible ir hacia un modelo diferente de gestión de riesgo de las inundaciones”.
“Todo el mundo piensa que hay que dragar, construir motas y encauzamientos, pero nosotros queremos demostrar que recuperar la capacidad de laminación de las llanuras de inundación es compatible con que no haya incremento del riesgo y también con cumplir el objetivo que marca la Directiva Marco del Agua sobre el buen estado ecológico de las aguas”, comenta. En definitiva, dejar que un río ocupe su espacio natural entraña menos riesgo que tratar de encauzarlo artificialmente, además de ser positivo para el medio ambiente.
Sin embargo, Bodoque reconoce que esta idea ya no sirve para todos los lugares inundables de España. El proyecto piloto se desarrolla en un tramo muy concreto del río Duero, el que va entre Toro y Zamora, poblaciones separadas por apenas 30 kilómetros, y podría ser útil “para abordar grandes ríos como este o el Ebro, en los que las zonas inundables son agrícolas”, pero en el caso del Levante llega demasiado tarde porque existen construcciones por doquier hasta el límite de los cauces de los ríos.
No obstante, en ambos casos “es necesario mejorar la percepción del riesgo; estamos realizando un estudio sobre ello, pero tenemos claro que la población de todos los sitios tiene la percepción contraria a la realidad, creen que lo mejor es constreñir el río”. 
 A este problema se añade que la mayor parte de la gente subestima la capacidad de arrastre de las corrientes. “Estos días hemos visto en los medios lo peligroso que es cruzar una corriente de agua con un coche, a partir de 40 centímetros comienza a flotar”, así que es imprescindible transmitir mejor los mensajes a la ciudadanía.

Prevenir mediante videojuegos

Por eso, en el marco de este proyecto se aglutinan ideas muy diversas de cara a la mejora de la prevención de riesgos, incluyendo la utilización de videojuegos para enseñar a los niños a estar preparados para actuar frente a una inundación. Así, a partir del popular juego de construcción 'Minecraft', se ha creado 'Minecraft Gea', cuyo objetivo es protegerse de riesgos geológicos como las inundaciones.
Para ello, parten de un hecho real: la colonia infantil de verano de Venero Claro, situada en Navaluenga (Ávila), sufrió una grave avenida torrencial en 1997. El objetivo de los jugadores es ponerse a salvo y, según explica la web de 'Minecraft Gea', “educar en la cultura del riesgo y mejorar la percepción de los niños, a la vez que aumentar su resiliencia ante las inundaciones”.
Esta última iniciativa pone el dedo en la llaga sobre “la falta de educación para el riesgo que tenemos en España”, opina Jorge Olcina, “a pesar de que contamos con algunas de las regiones de riesgo más importantes de Europa, como el litoral mediterráneo, Canarias o el País Vasco”. El experto de la Universidad de Alicante cita específicamente estos lugares porque gran parte de su población vive en zonas potencialmente inundables. La mayoría se encuentran junto al Mediterráneo, pero los estrechos valles fluviales vascos y los barrancos canarios tampoco se libran.
“Es necesario introducir enseñanzas sobre riesgo, gestión y autogestión de la emergencia en Educación Primaria y Secundaria”, asegura, así como trazar planes municipales de información a sus ciudadanos. “Estoy pensando especialmente en las personas mayores o en los extranjeros que han venido a vivir a España. Siempre que hay un episodio como el vivido estos días, de alta peligrosidad, se produce el fallecimiento de alguna persona mayor o de algún extranjero residente en España, porque no reciben información del riesgo al que está sometido el territorio donde viven”, comenta.

El Gobierno de España aprobará el viernes las primeras medidas por los daños de la gota fría

MADRID.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha explicado este martes que el Consejo de Ministros adoptará el próximo viernes las primeras medidas "ante la urgente situación" provocada por la gota fría de la semana pasada en el sudeste español.

Respecto a las diferentes peticiones de los ayuntamientos y las comunidades autónomas de la declaración de zona catastrófica, ha apuntado en declaraciones a la Cope que las delegaciones de Gobierno están recopilando la información, ya que el Ejecutivo "ha de dar una respuesta lo más inmediata posible, teniendo en cuenta todas las circunstancias".
"Hay amplias zonas afectadas en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid que deberán tener ese tratamiento", una declaración que "no es una varita mágica, sino un instrumento a través del cual se coordinan una serie de actuaciones de diversos ministerios para dar una respuesta más eficaz", ha añadido.
A su juicio, lo importante es "la agilidad y prontitud en la toma de decisiones", ante la "situación muy grave" que atraviesan muchas zonas.
Entre las propuestas que puede aprobar el Gobierno, "que por estar en funciones tiene una capacidad de actuación limitada", se ha referido a posibles medidas fiscales y ayudas extraordinarias.

Vox exige explicaciones al Gobierno sobre las inundaciones por la gota fría

MADRID.- Los diputados de Vox por Murcia, Lourdes Méndez y Joaquín Robles, han presentado una batería de preguntas al Gobierno sobre las graves inundaciones en el sureste español. "Hemos constatado que los efectos catastróficos de las riadas se han visto agravados por la acumulación de cañaverales en las orillas del río que han sido arrastrados por las aguas", indican los diputados murcianos en su escrito.


Los puentes de Archena y Murcia quedaron atorados por las enormes bardomeras de cañas, provocando el desbordamiento y graves inundaciones en pueblos y pedanías de la Vega Baja del Segura. Las ramblas de Miranda y Albujón bajaban cargadas de lluvia del Campo de Cartagena y la Rambla de la Maraña se desbordó afectando a carreteras y la autovía.
En la web de la Confederación Hidrográfica del Segura se observa que no aparece en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación ninguna medida preventiva en las ramblas mencionadas, ni en otras. Tampoco aparece ninguna adjudicación contractual, en los dos últimos años, para la limpieza de cauces y ramblas cercanas a poblaciones.
"No se entiende demasiado bien que la CHS haya gastado casi 900.000 euros en gestión de redes sociales, vestuario, soporte informático o medios de comunicación y no haya invertido ni un solo euro en la limpieza de los cauces" señalan Lourdes Méndez y Joaquín Robles.

Los diputados murcianos han planteado las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha llevado a cabo la CHS, en los dos últimos años, para prevenir los desbordamientos de las ramblas o, al menos, para minimizar sus riesgos procediendo a la limpieza de los cauces?
2. ¿Cuánto dinero ha invertido esta institución en los dos últimos años, en contratos para la limpieza de ramblas, torrenteras y cauces del río Segura?
3. ¿Cuáles son las actuaciones que, de manera urgente, tiene previsto realizar el gobierno para evaluar los daños y hacer frente a la situaciones en las que se encuentran miles de familias que han visto seriamente dañadas sus viviendas, negocios o sus plantaciones que, en la mayoría de los casos, constituyen su modo de vida?

El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.

Que cada palo aguante su vela / Javier Pérez Royo *

El rey no habla. El rey escucha. No es un mediador que pueda intervenir para intentar que quienes son los protagonistas políticos del proceso de investidura se pongan de acuerdo. La pretensión de Pablo Iglesias de que el rey, tras oírlo a él, intente convencer a Pedro Sánchez de que acepte formar Gobierno en los términos propuestos por Unidas Podemos es política y constitucionalmente disparatada. 

Es una expresión de hasta qué punto la ansiedad con que está viviendo la investidura, a la que me refería hace unos días desde otra perspectiva, le está nublando el cerebro. Ni al partido más inequívocamente dinástico se le ocurriría reconocer al rey la facultad que Pablo Iglesias le atribuye.

El rey tiene que limitarse a escuchar y, una vez finalizadas todas las audiencias, tiene que hacer una propuesta a través de la presidenta del Congreso de los Diputados, que es la autoridad que refrenda el acto del monarca. En mi opinión, el rey no debe informar a ninguno de los líderes a los que recibe en el trámite de audiencia de cuál va a ser la propuesta que hará llegar a la presidenta del Congreso de los Diputados. El rey no "invita" a ningún líder político a ser candidato a la investidura. 

En consecuencia, nadie puede "declinar" la invitación, como hizo Mariano Rajoy tras las elecciones de diciembre de 2015. El rey "propone" y el candidato propuesto es informado por la presidenta del Congreso de los Diputados, a fin de que, en ese momento, decida si acepta o no acudir al Pleno del Congreso de los Diputados para el debate de investidura. El interlocutor del candidato propuesto por el rey es la presidenta del Congreso. Es a ella a la que el candidato propuesto tiene que responder si acepta o no el encargo del rey.

La propuesta del candidato por el rey y la aceptación o no de la misma no es un acto privado, sino un acto público y solemne. Entre el primero y el segundo se interpone la presidenta del Congreso de los Diputados, que es constitucionalmente la figura decisiva. Cuando el proceso de investidura no es problemático, como ocurrió con todos los que tuvieron lugar en el reinado de Juan Carlos I, este carácter público y solemne del acto pasa desapercibido para la opinión pública. Cuando es problemático, ocurre todo lo contrario. En el acto tiene que hacerse visible que se respeta escrupulosamente lo que la Constitución dispone.

Y respetar la Constitución exige que el rey no admita siquiera que Pablo Iglesias le solicite su intervención en los términos que ha hecho públicos a través de la televisión. Debería interrumpirlo en el supuesto de que lo intentara. Pero el rey tampoco tiene por qué aceptar la negativa de Pedro Sánchez a ser propuesto como candidato. El líder socialista podrá informar al rey de que no cree que vaya a disponer de la mayoría necesaria para la investidura, pero nada más. La decisión de ser o no candidato no es suya. Es del rey con el refrendo de la presidenta del Congreso.

El rey puede hacer que cada palo aguante su vela. En mi opinión, no solo puede, sino que debe hacerlo. Puede proponer a Pedro Sánchez como candidato y obligarlo a optar entre acudir al debate de investidura en el pleno del Congreso de los Diputados o negarse a hacerlo. Es lo que debió hacer con Mariano Rajoy en 2016. No es lo mismo declinar privadamente una invitación del rey que rechazar públicamente una propuesta del monarca, tramitada a través de la presidenta del Congreso. Será el rey, con el refrendo de la presidenta del Congreso, el que tendrá que decidir qué es lo más conveniente para el país.

Con su propuesta de Pedro Sánchez, el rey obligaría a Pablo Iglesias y Unidas Podemos a tener que decir no o abstenerse en una investidura, tras un debate en el pleno del Congreso de los Diputados. No en una rueda de prensa o en un programa de televisión, sino en el lugar institucionalizado de residenciación de la soberanía popular.

¿Se atrevería Pedro Sánchez, tras recibir la notificación de su propuesta como candidato de manos de la presidenta del Congreso, a negarse a acudir al debate de investidura? ¿Podría a continuación acudir a los ciudadanos para pedirles el voto para intentar formar Gobierno? ¿Se atrevería Unidas Podemos a volver a abstenerse en la votación de investidura de un candidato socialista en el pleno del Congreso? ¿Con qué credibilidad se dirigiría a continuación a los ciudadanos para solicitar su voto?

La investidura no es un juego. Es el acto complementario de la celebración de las elecciones generales. El rey no puede hacer nada para imponer un resultado, pero sí puede situar a los protagonistas políticos del proceso ante su responsabilidad y hacerlo de manera pública y transparente. No es ante mí ante quien tienen que responder. Es ante los ciudadanos que los han elegido. Ustedes sabrán lo que hacen.


(*) Catedrático de Derecho Constitucional