Almería a la cola de la recuperación del empleo en Andalucía en abril

SEVILLA.- El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en Andalucía descendió en el mes de abril de 2012 en 7.571 personas, lo que supone una bajada del 0,72 por ciento respecto al mes anterior, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, con lo que se alcanza los 1.049.573 desempleados en Andalucía.

   De esta forma, el número total de desempleados en la Comunidad se sitúa en 1.049.573 trabajadores. Asimismo, en términos interanuales, el paro aumentó en 117.466 personas, lo que representa un incremento del 12,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

   Andalucía es la comunidad autónoma donde más ha descendido el desempleo en términos absolutos en relación con el mes anterior.

   A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) se situó al finalizar abril en 4,74 millones de personas, tras bajar en el mes en 6.632 desempleados, con un descenso porcentual del 0,14 por ciento respecto a marzo.

   La caída del paro en abril rompe así con ocho meses consecutivos de subidas y se debe, sobre todo, al efecto de la Semana Santa, como demuestra el descenso del desempleo en 8.304 personas (-0,29 por ciento) registrado en el sector servicios, actividad donde más se redujo el paro en el cuarto mes del año.

   El volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado mes la cifra de 4.744.235 desempleados, con un crecimiento, en términos interanuales, de 474.875 parados, un 11,1 por ciento más.

   La reducción del desempleo de abril ha sido casi diez veces inferior a la experimentada en el mismo mes de 2011, cuando el paro bajó en 64.309 personas. De hecho, dentro de la serie histórica, iniciada en 2006, la caída del paro registrada en abril de este año es la menor de todas. Abril suele ser un mes de descensos del desempleo. Sólo en dos ocasiones ha subido el paro este mes: en 2008 y en 2009, cuando se registraron 37.542 y 39.478 desempleados más.

   En Andalucía, por sectores, el paro registrado en Andalucía descendió especialmente en el sector Servicios, con 6.083 desempleados menos; en la Construcción, con 1.111 parados menos; Industria, con 286 parados menos; y Agricultura, con 114 desempleados menos. El paro aumentó en el Colectivo Sin Empleo Anterior, con 23 desempleados más.

   Por sexos, de los 1.049.573 desempleados registrados el pasado mes en Andalucía, la mayor parte fueron mujeres, con 528.459 desempleadas, mientras que 521.114 eran hombres.

   El desempleo registrado en el INEM descendió en abril en todas las provincias andaluzas en relación con el mes anterior, excepto en Córdoba, con 503 parados más, un 0,53 por ciento más; y en Jaén, con 360 desempleados más, un 0,56 por ciento más.

   La bajada más significativa se registró en Málaga, con 2.529 desempleados menos, un 1,21 por ciento menos; Cádiz, con 1.984 desempleados menos, un 1,01 por ciento menos; Huelva, con 1.899 parados menos, un 3,07 por ciento menos; Sevilla, con 1.558 desempleados menos, un 0,63 por ciento menos; Granada, con 349 parados menos, un 0,33 por ciento menos; y Almería, con 115 parados menos, un 0,14 por ciento menos.

   De otro lado, la afiliación media a la Seguridad Social aumentó en Andalucía en 7.876 ocupados (+0,28 por ciento) en el mes de abril en relación con la media del mes anterior, con lo que la afiliación media se situó en 2.804.568 ocupados en la Comunidad.

   En relación con el mismo mes del año anterior, la afiliación media ha bajado en 75.101 personas, lo que supone una bajada del 2,61 por ciento.

   A nivel nacional, la Seguridad Social registró en abril un incremento medio de 16.549 afiliados (+0,10 por ciento) respecto a marzo, con lo que el total de ocupados se situó al finalizar el mes en 16.919.079. En términos interanuales, la Seguridad Social redujo en abril su número de cotizantes en 555.122 personas (-3,18 por ciento).

   En lo que respecta a la contratación, el número total de contratos registrados en abril de 2012 en Andalucía ascendió a 1.083.286, de los que 1.046.338 fueron contratos temporales, el 96,59 por ciento del total, y el resto, 36.948, fueron indefinidos, un 3,41 por ciento del total. 

   A continuación detallamos los datos del paro por provincias con la variación total con respecto al mes anterior, el porcentual y el número global de parados:

PROVINCIA/ ABRIL/ PORCENTAJE/ PARADOS

Almería............-115.........-0,14...............79.972

Cádiz............-1.984.........-1,01..............194.355

Córdoba.............503..........0,53...............94.549

Granada............-349.........-0,33..............106.216

Huelva...........-1.899.........-3,07...............59.961

Jaén................360..........0,56...............64.753

Málaga...........-2.529.........-1,21..............205.869

Sevilla..........-1.558.........-0,63..............243.898

==============================================================

TOTAL............-7.571.........-0,72............1.049.573

    A continuación detallamos los datos del paro por provincias con la variación total con respecto al mismo mes del año anterior, el porcentual y el número global de parados:

PROVINCIA ABRIL PORCENTAJE PARADOS

Almería............6.960............9,53................79.972

Cádiz.............17.029............9,60...............194.355

Córdoba...........13.743...........17,01................94.549

Granada...........13.930...........15,09...............106.216

Huelva.............8.036...........15,48................59.961

Jaén...............8.827...........15,78................64.753

Málaga............20.636...........11,14...............205.869

Sevilla...........28.305...........13,13...............243.898

============================================================== TOTAL............117.466............12,60............1.049.573

    A continuación detallamos los datos de la afiliación media a la Seguridad Social por provincias con la variación total con respecto al mes anterior, el porcentual y el número global de afiliados:

PROVINCIA ABRIL PORCENTAJE AFILIADOS

Almería...............-931..........-0,37..............250.606

Cádiz................1.770...........0,52..............342.955

Córdoba.............-2.445..........-0,86..............281.910

Granada...............-936..........-0,31..............299.936

Huelva...............9.477...........4,64..............213.587

Jaén................-3.093..........-1,31..............232.607

Málaga...............5.581...........1,11..............509.106

Sevilla.............-1.546..........-0,23..............673.862

============================================================== TOTAL................7.876...........0,28............2.804.568

    A continuación detallamos los datos de la afiliación media por provincias con la variación con respecto al mismo mes del año anterior, el porcentual y el número global de afiliados:

PROVINCIA ABRIL PORCENTAJE AFILIADOS

Almería.............-1.592..........-0,63..............250.606

Cádiz..............-13.320..........-3,74..............342.955

Córdoba.............-9.432..........-3,24..............281.910

Granada.............-9.533..........-3,08..............299.936

Huelva...............2.092...........0,99..............213.587

Jaén................-6.530..........-2,73..............232.607

Málaga.............-10.075..........-1,94..............509.106

Sevilla............-26.711..........-3,81..............673.862

============================================================== TOTAL..............-75.101..........-2,61............2.804.568

El alcalde de Carboneras promueve una "mesa pro-Algarrobico"

CARBONERAS.- El Ayuntamiento de Carboneras, gobernado en coalición por los independientes de Gicar y el PP, ha anunciado este viernes la puesta en marcha de una "mesa pro-Algarrobico" para impulsar el movimiento que apuesta por la reactivación del hotel de Azata del Sol tras el respaldo dado por los 14 consistorios que forman la Mancomunidad de Municipios del Levante almeriense a la moción presentada en este sentido.

   La citada moción, aprobada el jueves en pleno por unanimidad por, entre otros, tres corporaciones locales gobernadas por el PSOE, será remitida a la Junta de Andalucía y al Gobierno central con el objetivo de que las administraciones tengan en cuenta "la opinión mayoritaria de las instituciones locales de la zona, que representan un amplio consenso de la población en cuanto al futuro de este crucial recurso turístico y económico para la zona".

   Así lo ha trasladado en un comunicado el alcalde carbonero, Salvador Hernández (Gicar), quien ha mostrado su "agradecimiento" y ha trasladado su "enhorabuena" a los ayuntamientos que conforman la mancomunidad por haber aprobado el manifiesto y "haberse adherido de esta manera al movimiento para que el hotel no sólo no sea demolido, sino que además obtenga los beneplácitos administrativos para poder ponerse en funcionamiento de una vez por todas".

   Según ha explicado, la "mesa pro-Algarrobico" es una idea que "ya plasmamos hace unos meses" y a la que se dará forma en próximos días para su primera reunión, por lo que ha invitado a participar a las instituciones, asociaciones y colectivos representativos de la provincia y "en definitiva las fuerzas vivas de esta Almería que no puede permitir que la sigan atropellando impunemente".

   Hernández ha vuelto a abogar por que las administraciones "se unan" para buscar una solución que sea "lo más beneficiosa posible para el municipio carbonero, para la comarca del Levante y sobre todo para los ciudadanos que en ella habitan", por lo que ha calificado de "buena noticia" que los ayuntamiento se hayan sumado a la "defensa de los intereses" de la zona, "especialmente castigada por las crisis".

   Al hilo de esto, y tras indicar que "ya ha quedado demostrado en múltiples ocasiones" que la demolición del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones "no sólo no devolvería la zona a la situación ambiental inicial, sino que la dejaría ostensiblemente peor de lo que estaría con el hotel abierto y funcionando", ha subrayado que la obra recibió "los permisos pertinentes de las diferentes administraciones incursas en un proceso de este tipo y ha cumplido con las distintas normativas que afectan a este tipo de proyectos".

   "Carboneras se ha visto privado de un instrumento dinamizador de nuestra economía de primera magnitud, sin un utensilio clave para la creación de empleo y pasado el tiempo, tenemos una mole de cemento inútil sobre un bellísimo paraje natural, cuando podíamos tener una bella construcción arquitectónica funcionando a pleno rendimiento, proporcionando empleo, riqueza y valor", ha señalado.

   Para Hernández, no obstante, "lo importante" no es ya lo que ha pasado ni estos años "perdidos de manera absurda", sino lo que "haya de ocurrir ahora", por lo que ha demandado que se opte por una solución "que se adapte lo mejor posible a la legalidad vigente y a la protección del medioambiente" frente a un "largo, tedioso y carísimo proceso de demolición, que dejará una mancha posiblemente funesta para el litoral y un rastro de destrucción de empleo y de parálisis económica en un pueblo que ya ha sufrido bastante".

Congratulaciones

La promotora Azata del Sol ha considerado una "iniciativa muy buena" el anunció por parte del Ayuntamiento de Carboneras de promover la puesta en marcha de una "mesa pro-Algarrobico" para impulsar el movimiento que apuesta por al reactivación del hotel que se asienta en este paraje y ha trasladado su "alegría" por el apoyo dado el jueves al inmueble por los 14 consistorios que integran la Mancomunidad de municipios del Levante almeriense.

   El director general de la empresa, José Rodríguez, ha valorado la propuesta del alcalde carbonero, Salvador Hernández (Gicar) ya que se enmarca en la línea de actuación de la empresa, que sigue "apostando", según ha subrayado, por hallar una "solución" al conflicto "en colaboración" con todas las administraciones implicadas y encaminada a dar uso efectivo al hotel.

   Rodríguez ha destacado "por realista", asimismo, el apoyo unánime de los 14 municipios de la comarca, tres de ellos gobernados por el PSOE, a la moción presentada por el regidor de Carboneras y que ha remarcado que son los que "tienen una visión del problema más cercana y acorde con el cambio de percepción que se está produciendo en la sociedad". Al tiempo, ha garantizado la presencia de Azata del Sol en la denominada "mesa pro-Algarrobico".

   La moción aprobada el jueves será remitida a la Junta de Andalucía y al Gobierno central con el objetivo de que las administraciones tengan en cuenta "la opinión mayoritaria de las instituciones locales de la zona, que representan un amplio consenso de la población en cuanto al futuro de este crucial recurso turístico y económico para la zona".

   Según ha explicado el alcalde este viernes, la "mesa pro-Algarrobico" es una idea que "ya plasmamos hace unos meses" y a la que se dará forma en próximos días para su primera reunión, por lo que ha invitado a participar a las instituciones, asociaciones y colectivos representativos de la provincia y "en definitiva las fuerzas vivas de esta Almería que no puede permitir que la sigan atropellando impunemente".

   Hernández ha vuelto a abogar por que las administraciones "se unan" para buscar una solución que sea "lo más beneficiosa posible para el municipio carbonero, para la comarca del Levante y sobre todo para los ciudadanos que en ella habitan", por lo que ha calificado de "buena noticia" que los ayuntamiento se hayan sumado a la "defensa de los intereses" de la zona, "especialmente castigada por las crisis".

   Al hilo de esto, y tras indicar que "ya ha quedado demostrado en múltiples ocasiones" que la demolición del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones "no sólo no devolvería la zona a la situación ambiental inicial, sino que la dejaría ostensiblemente peor de lo que estaría con el hotel abierto y funcionando", ha subrayado que la obra recibió "los permisos pertinentes de las diferentes administraciones incursas en un proceso de este tipo y ha cumplido con las distintas normativas que afectan a este tipo de proyectos".

El alcalde de Níjar dice que el camino de la Cala de San Pedro gestionado por un empresario es "público"

NÍJAR.-   El alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), ha asegurado este viernes que el camino de la Cala de San Pedro, situado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y por el que el pasado verano un particular cobraba siete euros a los usuarios que querían atravesarlo al arrogarse su propiedad, es de titularidad "pública" según los informes que ostenta el Consistorio. 

   Así lo ha trasladado el regidor nijareño, quien ha especificado que el Ayuntamiento ha pedido los informes preceptivos a la Consejería de Medio Ambiente después de que el empresario solicitara dos permisos para acondicionar tanto el camino como la explanada destinada a aparcamiento que también gestiona, si bien ha adelantado que "no concederá" permisos para terrenos que se encuentran en fase de investigación.  

   En este sentido, ha indicado que el Consistorio "resolverá lo que en derecho le corresponda", con lo que ha manifestado que se "velará siempre por el mantenimiento de las servidumbre públicas en investigación y que pudieran afectar a los terrenos donde se solicitan las citadas licencias", con lo que, según ha ahondado, "no autorizará nada que no se ajuste a derecho" ni "concederá ningún tipo de licencia" sobre los suelos en investigación.

   Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente también ha emitido una propuesta de sanción de 3.000 euros a causa de las actuaciones realizadas "sin autorización" en zonas A1 y B1 del parque natural. Dicha propuesta también exige la reposición de la zona a su estado original.

   Según la propuesta de sanción del 30 de marzo, sin aplicación hasta que no exista un pronunciamiento judicial firme después de que la justicia diera la razón al empresario en primera instancia, la Junta considera probado que se ha hecho el arreglo del camino y la explanada "con aporte de tierra, eliminación de la vegetación y con movimientos de tierra". Así, sostiene que se observaron "pequeños desmontes puntuales y recientes que podrían haberse llevado a cabo para la obtención del árido empleado".

La Asociación de Militares critica los "contratos basura" de tropa y marinería

GIJÓN.- El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, ha criticado este viernes  los "contratos basura" a los que están sometidos el personal de tropa y marinería, y ha reprochado que sean ellos, "eslabón más débil" de las Fuerzas Armadas en la protección de sus derechos, los que vayan a tener que soportar más recortes retributivos, de acuerdo al último anuncio del Gobierno Central.

   El representante de la asociación militar ha indicado que además también va a recaer sobre la tropa y marinería un recorte de personal de 2.000 efectivos, sin que se conozca los criterios que se van a seguir.

   Según él, quieren dejar este Cuerpo en 81.000 personas, en lugar de los 83.000 actuales, algo que se hará de forma "inminente", aunque ha sospechado que en el futuro habrá más. En el ámbito estatal, la tropa y marinería representa el 60 por ciento.

   Ha explicado, asimismo, que la tropa y marinería son los únicos "semifuncionarios" a contrato temporal y que en cualquier momento, sin que medie ningún procedimiento judicial, le pueden echar "simplemente porque cae mal a un jefe". En esta situación de contrato temporal pueden estar hasta los 45 años, mientras que el tope de inmigrantes es del 9 por ciento -ahora ronda un 7%--.

   Unido a ello, ha indicado que desde hace unos seis años los militares están imbuidos en dos leyes que les están "machacando", que son la Ley de Tropa y Marinería y la de la Carrera Militar, hechas de espalda a los propios militares y con desconocimiento de la verdadera problemática que tienen.

   La Ley de Carrera Militar frustró las expectativas que tenían "muy claras" de hasta dónde podían ascender, al establecer una nueva progresión para los militares que afecta "negativamente" a un 80 por ciento de los integrantes de las Fuerzas Armadas

   Ha destacado que en 2011, gracias al impulso de AUME, se aprobó la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, por la que, entre otras cosas, se les reconoce el derecho a manifestarse y se les permite contar con representación en los órganos que les afectan.

   No obstante, ha reprochado algunos incumplimientos, como la constitución del órgano de interlocución con el Ministerio -Consejo de personal--, la creación del Observatorio de la vida militar y la modificación de la Ley de la Carrera Militar. "Son tres incumplimientos claros por parte del Gobierno de un mandato parlamentario", ha apostillado.

   Ha advertido sobre que "hay una clara intención por parte de los cuarteles generales de tratar de reducir e incluso anular el asociacionismo profesional". Como ejemplo, ha citado la creación de las llamadas Comisiones Técnicas, de forma paralela al Consejo de personal, y que emulan a unos antiguos consejos asesores de personal cuyo cometido era estudiar las quejas de los militares, pero que estaban controlados por los mandos, según él. "Ni las quejas ni las propuestas llegaban a ningún sitio", ha dicho.

   También ha mostrado su preocupación respecto a que la Subsecretaría de Defensa haya dictado unas recomendaciones para cómo hacer valer el derecho de reunión dentro de los cuarteles, cuando ya está regulado. Tratan de controlar de alguna forma estas reuniones, a su juicio, al dejar a criterio de los mandos el que pueda prohibirla o no autorizarla. "No nos quieren", ha dicho sobre el asociacionismo militar.

   Por todo ello, la asociación ha reclamado ser oídos por el Gobierno para poder aportar soluciones. "No entendemos que se nos empiece a ningunear", ha señalado, al tiempo que ha reprochado que los cuarteles generales sigan haciendo normativas que sean ataques directos al asociacionismo profesional mientras que a ellos se les sigue sin recibir. Es por ello, que no ha descartado el manifestarse si no se les atiende y escucha.

S&P rebaja la calificación de Andalucía

MADRID.-   La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha rebajado la calificación a nueve comunidades autónomas después de que la semana pasada recortara de 'A' a 'BBB+' el rating de España, según informó la agencia en un comunicado. 

   En concreto, S&P ha recortado en dos escalones las calificaciones de Madrid, Galicia, Canarias, desde 'A' a 'BBB+', así como las de País Vasco y Navarra, que pasan desde 'AA-' a 'A'. Por su parte, ha rebajado en tres escalones los ratings de Andalucía y Aragón, desde 'A' a 'BBB'.

   Asimismo, deja al borde de la categoría denominada 'bono basura' las calificaciones de Baleares, que baja tres escalones desde 'A-' a 'BBB-', y de Cataluña, que ha recortado en cuatro escalones, desde 'A' a 'BBB-'.

   En el informe sobre todas las autonomías excepto País Vasco y Navarra, S&P considera que la capacidad del Gobierno de prestar apoyo a las regiones en el largo plazo se ha "debilitado", en un contexto en el que espera una suave recesión en 2012 de la economía española y una "lenta actividad económica" hasta 2015.

   Asimismo, cree que las bases tributarias de las regiones, que ya se vieron afectadas por la recesión de 2009, es probable que sigan disminuyendo en 2012 y se enfrenten a un período de "crecimiento mediocre" en los próximos tres años.

   En el caso de País Vasco y Navarra, la agencia destaca que tienen perfiles crediticios "fuertes", pese a la "sustancial concentración de sus actividad económica en España", debido a su autonomía fiscal, su sólida gestión financiera, su moderadamente baja carga de deuda y sus economías altamente orientadas a las exportaciones. Por estos motivos, sus ratings son dos escalones superiores al de España.

   La agencia ha situado la perspectiva de las calificaciones de estas nueve autonomías, además de la de la Comunidad Valenciana, que mantiene en 'BB', en coincidencia con la perspectiva del rating de España ante el riesgo de que un comportamiento económico más débil de lo previsto afecte a sus perfiles de crédito.

   En concreto, cree que algunas comunidades autónomas podrían desviarse de los objetivos presupuestarios establecidos por el Gobierno central, lo que se traduciría en un peor comportamiento presupuestario y en una mayor acumulación de deuda, debido bien a un comportamiento económico más débil que reduzca los ingresos fiscales o bien a una pérdida de control de los gastos.

   Asimismo, la perspectiva negativa también refleja el riesgo de que los mecanismos de apoyo de liquidez y financiación establecidos por el gobierno central no funcionen de la forma que se espera.

   Por otra parte, la agencia también ha recortado en dos escalones la calificación de Vizcaya, desde 'AA-' a 'A', así como los de la provincia de Barcelona y las ciudades de Madrid y Barcelona, desde 'A' a 'BBB+'. La perspectiva de todas estas notas también es 'negativa'.

Fomento plantea un plan para "ganar eficiencia" en tren y aeropuertos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha "abordado" un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las "reformas estructurales" que prevé abordar en su Departamento en ámbitos como el transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de "mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes".

   Así lo indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior a la reunión del Consejo, en la que aseguró que el Ejecutivo no abordó "el asunto de las autovías", esto es, la eventual articulación de un peaje en estas carreteras para sufragar su mantenimiento.

   "No se ha abordado el asunto de las autovías y sí se han abordado asuntos de reordenación de servicios aeroportuarios y determinadas medidas para garantizar mayor seguridad jurídica en vivienda y alquiler", detalló la vicepresidenta.

   Según Sáenz de Santamaría, a partir de este informe, la titular de Fomento "irá presentando al Consejo de Ministros distintos proyectos normativos para mejorar la eficacia y racionalizar los ámbitos de su competencia", insistió.

   En relación a la eventual entrada de capital privado en la prestación de determinados servicios, se limitó a indicar que "se concretará cuanto se presenten dichos proyectos normativos", si bien apuntó que se abordará en línea "con lo habitual en estos sectores" y con lo que se viene realizando en otros países.  

   En cuanto al informe que Pastor llevó a la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta indicó que versa "sobre reformas estructurales en el ámbito de su Departamento".

   "Una necesaria reordenación para ganar en eficiencia y en eficacia, y reducir costes en determinados servicios públicos de gran interés para los ciudadanos como pueden ser aeropuertos y servicios ferroviarios y en determinadas políticas, como la de la vivienda", explicó.

   "A raíz de este informe, el Ministerio de Fomento está trabajando en distintas normas que permitirán reformas estructurales en el ámbito de un Departamento crucial para ganar en eficiencia en la prestación de unos servicios públicos que debe hacerse con criterios de racionalidad y mayor eficacia de lo que se venía haciendo", concluyó.

Fomento presentará un proyecto de ley para el sector inmobiliario

MADRID.- El Ministerio de Fomento prevé tener listo "antes del verano" el anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana y Fomento del Alquiler, un texto que abordará un conjunto de reformas destinadas a reactivar el sector de la vivienda, según anunció el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferre.

   Entre las medidas que prevé impulsar destaca la eliminación de "cargas injustificadas en materia de suelo y urbanismo", la supresión de "trabas" en la renovación y generación urbana, y el fomento del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda.

   "Los instrumentos que Fomento tiene actualmente en materia de vivienda y suelo se han demostrado claramente insuficientes para la recuperación del sector y por ello resulta necesario un conjunto de reformas", detalló Ferre.

   Durante su intervención en la Comisión de Infraestructuras de la CEOE, el alto cargo de Fomento indicó que este cambio normativo irá acompañado con un nuevo Plan Estatal de Vivienda, para el que Fomento también reclamará la colaboración del capital privado.

   "Es preciso abordar medidas para reactivar el sector", indicó Ferre quien detalló que "desde que en 2007 se pinchó la burbuja especulativa" se construyen un 90% menos de viviendas, casi un tercio del actual parque de pisos tiene más de treinta años de antigüedad y existe un 'stock' de pisos sin vender de unas 700.000 viviendas.

Valderas afirma que el propio Sánchez Gordillo sabe que se ha "deslizado por un terreno que no es prudente"

SEVILLA.- El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha manifestado este viernes que el propio Juan Manuel Sánchez Gordillo, diputado autonómico de Izquierda Unida por Sevilla, sabe que "se ha deslizado por un terreno que no es prudente", en referencia a la decisión que adoptó ayer que de no votar sí a la investidura del socialista José Antonio Griñán como presidente de la Junta, rompiendo así la disciplina de voto de la federación de izquierdas.

   En declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con Griñán en el Palacio de San Telmo, Diego Valderas no ha querido aclarar qué tipo de medida se  podría imponer a Sánchez Gordillo por su decisión de romper la disciplina de voto, apuntando que es algo que corresponde abordar al grupo parlamentario y a la Comisión Ejecutiva de IULV-CA.

   Como se recordará, Sánchez Gordillo expresó ayer, en el momento en que le tocaba votar por llamamiento ante el Pleno de la Cámara, que no participaba en la votación de investidura "porque no puedo votar a mi candidato", lo que convertía este voto en "nulo".

Valderas garantiza que los futuros consejeros de IU-CA aportarán "solvencia y capacidad" al Gobierno andaluz

SEVILLA.- El coordinador de IULV-CA y futuro vicepresidente de la Junta andaluza, Diego Valderas, garantiza que los consejeros que Izquierda Unida tendrá en el Gobierno andaluz fruto del pacto con el PSOE-A, tres contándolo a él, es gente "muy cabal" que aportará solvencia y capacidad al Ejecutivo. 

   Valderas ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión, durante más de una hora en el Palacio de San Telmo, con el recién elegido presidente de la Junta en la IX legislatura, el socialista José Antonio Griñán, a quien ha trasladado la propuesta de nombres de los futuros consejeros de IULV-CA en el Gobierno andaluz.

   Diego Valderas no ha querido desvelar ante los medios de comunicación los nombres de los otros dos consejeros de IULV-CA, que serán, según han confirmado a Europa Press fuentes de la federación de izquierdas, Rafael Rodríguez, que estará al frente de la Turismo y Comercio, y Elena Cortés, al frente de Obras Públicas y Vivienda, consejería que podría denominarse finalmente de Fomento.    

   Ha querido dejar claro que corresponde al presidente hacer públicos los nombres de los consejeros de su Gobierno, algo que se producirá públicamente este sábado.

   No obstante, en cuanto a las características de los futuros consejeros de IULV-CA, ha señalado que son personas con un perfil de "solvencia, de gestión, político y de capacidad". Ha señalado que sobre todo tienen un perfil que es el que presidirá en el futuro Gobierno: es gente "muy cabal". Valderas tampoco ha querido confirmar el número de consejerías que finalmente tendrá el Gobierno andaluz.

   Según Diego Valderas, la reunión que ha mantenido con José Antonio Griñán, en la que ambos han estado solos, ha sido tremendamente "cordial, grata, muy sincera y de mucha y estrecha colaboración" sobre los pasos que a partir de ahora tiene que dar el nuevo Gobierno andaluz.

   Ha indicado que ambos han abordado algunos "flecos" que quedaron pendientes en la negociación que llevaron a cabo PSOE e IU, confiando en que se resolverán bien. Dichos flecos, según ha explicado, se refieren a cómo perfilar adecuadamente algunos elementos de denominación y acerca de algunas responsabilidades residenciadas en el marco de la vicepresidencia que él ostentará.

   Valderas ha confiado en que el decreto sobre el Gobierno lleve aparejado todo lo que han abordado porque eran cuestiones "superables". No ha querido dar más detalles al respecto porque es algo que corresponde al presidente.  

   Para el dirigente de IU-CA, a partir de ahora se trata de caminar desde la colaboración más estrecha para servir de la forma más útil a los andaluces.

   Ha estimado que a la mayor brevedad habrá que establecer un calendario oportuno de todo lo que significa el desarrollo y cumplimiento del importante acuerdo programático que PSOE e IU ofrecen a los andaluces, sabiendo que va a ser un instrumento fuerte para esa Andalucía que marca un nuevo tiempo político.

   Ha aprovechado para poner en valor, al hilo de los datos del paro conocidos este viernes, que hay datos positivos que ponen de manifiesto que Andalucía crece en este momento y aporta al crecimiento del empleo en el país "más que nadie". Ha manifestado que esta es una tarea colectiva del conjunto del país, apuntando que no sería correcto plantear que ese tema solo corresponde a la acción de la comunidad, aunque se ha mostrado convencido de que en gran medida es así y a que posiblemente haya un nuevo "tiempo político de ilusión" que lo empezó a marcar el 25 de marzo.    

   En este nuevo camino, según ha trasladado Valderas a Griñán, hay que poner "muy en valor todo lo que representa ese caudal positivo y humano que tiene la administración andaluza" y hay que ser capaces de situarlo en el máximo valor para ponerlo a la máxima disposición de los ciudadanos. Ha explicado que cuando uno entra en la gestión de un gobierno, tiene que saber aplicar y diseñar las políticas necesarias y ser consciente de que un sostén importante de esas políticas son los funcionarios y la función pública.

IU se queda con la vicepresidencia y tres consejerías en Andalucía

SEVILLA.- Diego Valderas, Rafael Rodríguez y Elena Cortés serán los tres representantes de IULV-CA en el nuevo Gobierno andaluz de coalición presidido por el socialista José Antonio Griñán, según han informado hoy fuentes de la federación de izquierdas.

   El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, será vicepresidente de la Junta y estará al frente de la Consejería de Gobernación, que se quedaría sin las competencias de Justicia y podría pasar a denominarse Política Institucional.

   Por su parte, el malagueño Rafael Rodríguez, que llegó a ser portavoz adjunto de IULV-CA en el Parlamento en la IV legislatura, será el nuevo consejero de Turismo y Comercio, mientras que la cordobesa Elena Cortés, responsable de Política Institucional de IULV-CA, se situará al frente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que podría pasar a denominarse Fomento.

   Rodríguez es consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía a propuesta de IULV-CA desde septiembre del año 2004 y ahora deberá renunciar a esta responsabilidad para incorporarse como consejero al Gobierno andaluz, en el que volverá a coincidir con Valderas, con el que ya compartió grupo parlamentario en la legislatura de la 'pinza', en la que el actual coordinador general de IULV-CA ocupó la Presidencia de la Cámara autonómica.

   También cuenta con experiencia de gestión conjunta con el PSOE-A porque ya fue vicepresidente de la Diputación de Málaga bajo presidencia socialista.

   Elena Cortés, de 39 años de edad, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Córdoba durante los mandatos de Rosa Aguilar y, con posterioridad, portavoz de IULV-CA en la Diputación Provincial de Córdoba. Además fue miembro de la Asamblea General de CajaSur.

El Gobierno recupera las competencias sancionadoras en las cuencas hidrográficas

MADRID.- El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".

   Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado "para evitar duplicidades y solapamientos", el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido "siempre" una competencia del Estado.

   Concretamente, ha precisado que se deroga la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir "íntegramente" la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias.

   En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, ha dicho que el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades autónomas asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomuntiarias, lo que significaba  que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio.

   Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo "es más necesario que nunca" que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una "clara delimitación de competencias" entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una "mayor eficiencia y eficacia" en beneficio de los ciudadanos.

   La vicepresidenta ha manifestado que se trata de "no multiplicar costes por 3, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado".

   Así, ha añadido que el Real Decreto tiene "mucho que ver" con la necesidad de lograr una gestión "más eficiente" de las aguas y evitar procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental con duplicidades y para evitar la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los ciudadanos y de la calidad del medio ambiente.

   Además, ha dicho que el Gobierno estima que el agua es un "recurso escaso" y que es un dominio público "de todos los españoles", por lo que el Estado asume "todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.

   "De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas", ha sentenciado.

   Por otro lado, la vicepresidenta ha explicado que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta "especialmente" a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.

   Esta modificación que se incluye en el Real Decreto Ley pretende evitar "duplicidades y solapamientos" que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una "gran complejidad" sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente en su gestión.

   "El Real Decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse", ha apuntado.

   Por otro lado, Sáez de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley "abre la senda" a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.

   De este modo, ha dicho que este es el caso "paradigmático" de los residuos, y ha puesto de ejemplo que un traslado de residuos que pasara por varias comunidades autónomas, necesitaba permiso notificado de la comunidad autónoma de salida y de llegada, un procedimiento que considera "complejo" para el traslado de residuos dentro del espacio español, lo que supone "múltiples dificultades" para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad ampliada del productor.

   Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para "simplificar y reducir" las cargas administrativas que estaban provocando "incertidumbre e inseguridad" en la aplicación de la norma.

   Concretamente las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar "imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas" de la normativa. Por ello, se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.

   Asimismo, se establece en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.

   En cuarto lugar, el Real Decreto Ley adapta también la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.

   Finalmente, la adaptación normativa impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera "competitiva e igualitaria" con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.

   Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La UE en su conjunto subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de 10 millones.

El Gobierno convoca a las CC.AA. para analizar sus planes de ajuste

MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF), en el que se analizarán los planes de ajuste económico y financiero de cada una de las comunidades autónomas, se reunirá "probablemente el 16 de mayo" y, en todo caso, en esa semana.

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría reiteró que las comunidades autónomas "tienen que ser muy responsables en el objetivo común de salir de la crisis" y, para ello, "deben cumplir los objetivos de déficit", que obligan a reducirlo al 1,5% en 2012.

   Todas las comunidades autónomas han cumplido hasta ahora con su obligación de entregar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus planes de ajuste y lo han hecho en tiempo y hora, antes de las 00:00 del pasado 30 de abril.

    Ahora habrá que ver si estos planes son suficientes para situarlas en la senda de cumplimiento de los objetivos o si, por el contrario, el Gobierno pone en marcha el engranaje previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en última instancia contempla la posibilidad de intervenciones ya en el mes de septiembre.

   Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguraron que los gobiernos autonómicos al completo han pedido al Gobierno ayuda para confeccionar estos planes y han descartado que haya que poner en marcha estos mecanismos de intervención forzosa.

   De ello se desprendería que Hacienda espera dar el visto bueno a todos los planes. De hecho, el Gobierno cree que entre los 10.000 millones de ahorro que se recogen en estos planes y los 10.000 millones adicionales por los recortes en sanidad y educación, las comunidades autónomas tienen capacidad financiera para cumplir con esos objetivos de déficit.

   Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recordado esta semana a las comunidades autónomas que en caso de no poder hacer frente a estos compromisos pueden recurrir al mecanismo voluntario recogido en las misma Ley de Estabilidad para pedir ayuda especial al Gobierno, lo que en la práctica supone una intervención voluntaria.

Salir de la austeridad / Ignacio Ramonet *

“La mejor fortaleza de los tiranos,

 es la inacción de los pueblos”

Maquiavelo

Como una sensación de asfixia. Es lo que padecen muchos ciudadanos en varios países de la Unión Europea (UE), afectados por tanta reducción, tanto recorte y tanto ajuste. Una sensación agudizada por la comprobación de que la alternancia política no modifica la “furia austeritaria” de los gobernantes. 

En España, por ejemplo, a una sociedad vapuleada por las brutales ­medidas de ajuste adoptadas a partir de mayo de 2010 por el Presidente (socialista) José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del conservador Partido Popular (PP) Mariano Rajoy prometió, durante la campaña de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, el “cambio” (1) y “devolver la felicidad”. Venció con mayoría absoluta. Pero nada más tomar posesión de su cargo, emprendió a su vez la más agresiva operación de recortes sociales de la historia reciente de ­España.

Lo mismo ocurrió en otros Estados; en Grecia, por ejemplo, o en Portugal. Recordemos que, en este país, en junio de 2011, el socialista José Sócrates, después de imponer cuatro impopulares programas de “disciplina fiscal” y aceptar un no menos detestado plan de rescate de la troika (2), perdió las elecciones. Pero el vencedor conservador, Pedro Passos Coelho, ­actual Primer Ministro, muy crítico antes con las políticas de recortes de los socialistas, no tardó en afirmar, una vez elegido, que para cumplir con las exigencias de la UE, su objetivo era “aplicar una dosis aún mayor de austeridad” (3)...

¿De qué sirven entonces las elecciones si en lo esencial, o sea las políticas económicas y sociales, los nuevos gobernantes hacen lo mismo (incluso en peor grado) que los precedentes? Quienes se hacen esta pregunta dudan, de hecho, de la democracia. En el marco de la Unión Europea, se ha perdido el control ciudadano sobre una serie de decisiones que determinan la vida de la gente. En realidad, las exigencias –prioritarias– de los mercados están limitando seriamente el funcionamiento democrático. Muchos gobernantes (de izquierda y de derecha) están convencidos de que los mercados tienen siempre razón. Y de que el problema, según ellos, es precisamente la democracia, el debate público. Prefieren inversores competentes a “electores inconscientes”.

Por su parte, los ciudadanos tienen el sentimiento de que, dictada por los mercados, existe en Europa hoy una agenda oculta con dos objetivos concretos: reducir al máximo la soberanía de los Estados y desmantelar por completo el Estado de bienestar. Si quedan dudas a este respecto, basta leer las recientes declaraciones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), en las que afirma: “El modelo social europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados (...) En cuanto al Pacto Fiscal europeo (4), se trata en realidad de un avance político mayor porque gracias a ese tratado los Estados pierden una parte de su soberanía nacional” (5). Más claro, imposible.

En realidad vivimos en una suerte de despotismo ilustrado en el que la democracia se define menos por el voto o por la posibilidad de escoger, que por el respeto de reglas y tratados (Maastricht, Lisboa, MEDE (6), Pacto Fiscal) adoptados ­hace tiempo o en vías de rati­ficación ante la indiferencia ­general, y que resultan verdaderas cárceles jurídicas sin posible evasión.

De ahí, de nuevo, las preguntas de tantos ciudadanos defraudados: ¿sirve de algo votar, si estamos condenados a elegir gobernantes cuya función consistirá en aplicar reglas y tratados definidos una vez por todas? (7).

Tenemos un caso de “disimulación democrática” ante los ojos: ­precisamente el del Pacto Fiscal europeo. ¿Por qué no existe un debate público sobre este Pacto, actualmente en vías de adopción, que va a condicionar la vida de millones de ciudadanos? Como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) del que depende, ese Pacto constituye un ataque brutal contra los derechos de los ciudadanos. Obligará para siempre a los Estados firmantes (entre ellos España) a reducir gastos sociales, salarios  y pensiones. Priorizará además la autoridad de la Unión Europea sobre las ­políticas presupuestarias de los ­Estados miembros. Y limitará las competencias de los Parlamentos nacionales, restándoles soberanía y convirtiendo a veces a algunos países en meros protectorados europeos (8).  

¿Se puede salir de semejante situación? Las elecciones presidenciales en Francia abren quizás una perspectiva. No tanto por los millones de electores que, hartos y desesperados, votaron por una extrema derecha antieuropeísta y xenófoba. Sino porque el propio candidato socialdemócrata François Hollande –favorito según todas las encuestas–, ha prometido, a ese respecto, cambiar las cosas. 

Consciente de que la elección del presidente de Francia afecta el curso de Europa, Hollande exige, en particular, añadir al Pacto Fiscal un paquete de medidas de estímulo, solidaridad y crecimiento. Y también que el BCE baje los tipos de interés y preste directamente a los Estados (y no a los bancos privados) para abrir de inmediato la senda de la recuperación. 

Aunque los cambios demandados son mínimos y sin duda insuficientes, Hollande se opone a la canciller alemana Angela Merkel y al Bundesbank, quienes dictan en realidad las políticas económicas y financieras de la UE. Pero el socialista francés precisó que si Alemania no aprueba estas modificaciones, Francia no ratificará el Pacto Fiscal.

¿Qué pasará si, una vez elegido, Hollande mantiene su idea de sacar a Europa de la “opresión austeritaria” y de la recesión, impulsando reformas estructurales y estimulando el crecimiento? Dos cosas pueden ocurrir. Primera posibilidad: los mercados, como avisó Mario Draghi, atacan de inmediato a Francia y la ponen contra las cuerdas; Hollande se acobarda,  da marcha atrás, acaba inclinándose como sus amigos socialdemócratas Zapatero, Sócrates y Papandreu ante la especulación y se convierte a su vez en el líder de izquierda más impopular de la historia de Francia.

Segunda posibilidad: sabiendo que en la UE nada se puede hacer sin Francia, segunda economía de la zona euro (y quinta del mundo), Hollande mantiene su posición y la radicaliza.  Decide  apoyarse en la movilización de las fuerzas populares europeas (empezando por las del Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon), recibe el soporte de muchos gobiernos europeos partidarios asimismo de políticas de estímulo y de crecimiento; ­consigue modificar la línea del BCE-Bundesbank. Y acaba por demostrar que cuando, en una democracia, el mandato del pueblo coincide con una firme voluntad política no hay objetivo que no se pueda alcanzar.

(1) “Súmate al cambio” fue su lema de campaña, copiado del que utilizó el Presidente chileno Sebastián Piñera (derecha) en su carrera electoral victoriosa de 2010.

(2) Constituida por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

(3) Jornal de Noticias, Lisboa, 29 de febrero de 2012. Las políticas austeritarias de Passos Coelho están conduciendo a Portugal a una catástrofe social semejante a la de Grecia; el 15% de la población activa está sin empleo (35% de los jóvenes), 25% de los portugueses se halla bajo la línea de la pobreza, y se calcula que, este año,  la recesión será del 3,3%. En los últimos seis meses ha habido ya dos huelgas generales: el 24 de noviembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012.

(4) Impulsado por Alemania, el Pacto Fiscal o Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, fue firmado el 2 de marzo de 2012 en Bruselas, con la excepción del Reino Unido y de la República Checa, por 25 Estados de la UE. Obliga a cada país firmante a incluir en su Constitución un límite de déficit estructural del 0,5% y contempla sanciones automáticas para quienes sobrepasen el 3%. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2013.

(5) The Wall Street Journal, Nueva York, 23 de febrero de 2012.

(6) Mecanismo Europeo de Estabilidad, organismo intergubernamental creado por el Consejo Europeo (los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE) en marzo de 2011. Entrará en vigor el 1 de julio de 2012. Sustituye al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF).

(7) Léase: Christophe Deloire, Christophe Dubois, Circus politicus, Albin Michel, París, 2012.

(8) Léase: Ignacio Ramonet, “Nuevos protectorados”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2012.

Del endeudamiento insostenible a los presupuestos inviables / Ángel Tomás Martín *

La reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sin que haya existido voluntad unánime de debate constructivo, tan necesario como exigía la peor crisis económica española soportada en el último medio siglo, y que desde el último trimestre del 2007 viene progresivamente agravándose y en recesión, no ha resuelto ni va a corregir el desorden en el funcionamiento de los mercados, las valoraciones de los activos, la regeneración y potenciación de las Entidades de Crédito, la reactivación de la economía y de la actividad laboral, la balanza negativa comercial y el imprescindible incremento de la actividad exportadora y expansión internacional.

Pero es aún más grave desaprovechar los espacios de bonanza y optimismo colectivo e invertir, gastar, y administrar de manera indiscriminada y, casi siempre sin talento. Hemos olvidado durante demasiado tiempo los errores cometidos en las últimas crisis del siglo pasado, consintiendo políticas económicas torpes y egoístas, despreciando el obligado "equilibrio presupuestario" y el de las cuentas Públicas, que nos han llevado al actual estado de deterioro interno y exterior. No hemos sabido librarnos de los mal llamados "talentos de la política económica", que solo albergaban grandes dosis de pretenciosa vanidad, sin asumir la gran responsabilidad que se les otorgaba.

Obligados por la necesidad inaplazable de un cambio de ciento ochenta grados que pueda salvarnos del precipicio a cuyo borde nos encontramos, se han adoptado medidas previas urgentes para hacer posible el gran cambio de medidas estructurales armónicas con la economía global de la que formamos parte. Todo ello, obliga a volver a una escrupulosa disciplina presupuestaria, cuya confección entraña un problema de dificilísima solución integradora: EL ENDEUDAMIENTO GIGANTESCO INASUMIBLE, (ni a corto ni a medio plazo), CON UN PRESUPUESTO DE INGRESOS POSIBLE, que aun en el caso del mayor optimismo recaudatorio, no podrá cumplirse en el estado de recesión en que nos encontramos. Tengamos presente que una solución basada solamente en la presión fiscal dura, ni recaudará más, ni propiciará el crecimiento económico. Solo el progreso de la economía puede permitir el crecimiento del Presupuesto de Ingresos.

No es posible en el corto espacio de este artículo hacer un análisis profundo de los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, pero intentaremos en un esfuerzo de síntesis, demostrar, a nuestro juicio, la incompatibilidad de su contenido con la atención al servicio de la deuda pública, considerando el notable incremento del pago de intereses, en el marco del deterioro de la calificación de las agencias, y la angustiosa prima de riesgo. En suma, teniendo en cuenta las dificultades crediticias que ya encontramos en los mercados financieros.

El crecimiento de stock de deuda pública es explosivo. En 2008 partimos de 456.000 millones de € y que ha venido incrementándose, año tras año, hasta alcanzar 849.000 millones de € en el 2011, más la de este año, no inferior a 50.000 millones de €. Por tanto, en cinco años hemos visto subir nuestras obligaciones financieras en más de 400.000 millones de €. Seguimos sin administrarnos bien, aunque suenan fuertemente las alarmas, y persiste el peligro de alto desequilibrio y de posible intervención.

Resumamos diciendo: el endeudamiento sigue subiendo sin haber aplicado fórmulas de contención, sube el desempleo y las obligaciones sociales; tenemos una prima de riesgo cada vez más alta e indigerible presupuestariamente, un gasto corriente mantenido o incrementado, mientras se desmorona la inversión pública; no se promueven medidas de impulso a la economía, no se sanea el sistema Bancario, ni hay liquidez para la economía real. Y siendo cierto todo esto, ¿Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los Presupuestos recientemente aprobados son viables, impulsan la riqueza, y cumplen con la extraordinaria trascendencia y alta misión de la política económica de los gobiernos?

Pese a los antecedentes y hechos reales adversos con los que se contaba, sin poner en duda el esfuerzo y buena voluntad, el proceso operativo no parece que haya venido marcado por el sistema mundialmente reconocido y aplicado como el mejor, el más drástico y efectivo: "El Presupuesto Base Cero", ya que los acuerdos y reglamentación del Tratado de Maastricht han resultado incompletos, permisivos e ineficaces. Tampoco será posible cumplir con el servicio de la deuda ya contraída, y con los presupuestos posibles, si no se emite o consigue deuda a muy largo plazo, con una economía en recesión.

Los Gobiernos, en la mayoría de los casos, no están ciñéndose con la obligada disciplina presupuestaria; esa es una de las razones de la debilidad de Europa.

(*) Economista y empresario

La mancomunidad del Levante respalda por unanimidad la moción que pide "reactivar" el hotel del Algarrobico

ALMERÍA.- La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, integrada por 14 ayuntamientos, ha respaldado en la tarde de ayer jueves por "unanimidad" la moción de la corporación local de Carboneras (Gicar-PP) en la que se insta a alcanzar un acuerdo que "posibilite la conclusión y reactivación" del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico en aras de la creación de "cientos de puestos de trabajo de forma inmediata en la construcción y otros muchos, a medio plazo y de forma estable, en el sector turístico" en la comarca.

   El presidente de la entidad y alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha informado de que el plenario ha acordado, asimismo, por unanimidad remitir el manifiesto "que recoge las inquietudes" del municipio carbonero a la Junta de Andalucía por ser la administración "competente" en materia de Costas de acuerdo al Estatuto de Autonomía y en disciplina urbanística.

   Fernández ha precisado que el escrito aprobado por la mancomunidad, en la que figuran los ayuntamientos gobernados por el PSOE de Los Gallardos, Bédar y Lubrín frente a una decena del PP, incluye una mención al "respeto a la legalidad vigente y a las resoluciones judiciales" que se han dictado en torno al establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones. El manifiesto original incluía la expresión "partiendo de la legalidad incuestionable" del hotel.

   En esta línea, ha indicado que los integrantes de la institución han coincidido con los argumentos que ha defendido en el pleno el portavoz del equipo de gobierno carbonero y edil de Urbanismo, Salvador Alarcón (PP), quien ha señalado la necesidad de que se analicen las "responsabilidades políticas" derivadas del caso.

   En concreto, se ha hecho referencia a las "expectativas sociales y laborales" que generó en el municipio y la comarca la construcción del hotel, que "no se paralizó" hasta que las obras estaban ejecutadas a más de 90 por ciento, al "impacto mediático negativo" y a la falta de seguridad jurídica que transmitiría la demolición del inmueble promovido por Azata del Sol.

   La moción presentada por el Ayuntamiento Carbonero recoge el sentir de "decenas de pymes y centenares de trabajadores de la zona" que, según sostiene, "confían ante la que está cayendo" en poder superar con esta reactivación "la falta de actividad y el paro".

   Al hilo de esto, subraya que tanto del Plan de Desarrollo Sostenible del parque natural de Cabo de Gata-Níjar como del Plan de Desarrollo y Empleo 'Carboneras Viva' lo contemplaba y que ambos impulsados por la Junta de Andalucía que creó las "condiciones urbanísticas adecuadas con instrumentos de planeamiento urbanístico" para programar el desarrollo turístico del municipio "carente de infraestructuras hoteleras dignas".

   Así, tras subrayar que la construcción y entrada en funcionamiento del hotel "debía ser la primera consecución de toda esta planificación para servir de muestra y reclamo" y lamentar que "la paralización de la obra y la consiguiente y sistemática propaganda mediática hayan cortado de raíz esas posibilidades con perjuicios irreparables", cuestiona que el derribo del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones suponga la recuperación del entorno natural y, por tanto, deba justificarse en razones medioambientales.

   En esta línea, señala que "no hay nada que recuperar porque realmente no hay nada" y se pregunta si es posible retornar a su estado primitivo natural el monte sobre el que se asienta, si deben los contribuyentes asumir el coste total de la operación, incluida la expropiación, en "aras del interés general" o qué compensaciones deben recibir los perjudicados, entre los que cita, además de las empresas que participaban en la obra, al municipio.

   El escrito demanda, por este motivo, a las entidades y grupos que se han posicionado a favor del derribo que revelen si existe "algún estudio técnico fiable que garantice la restauración medioambiental" ya que, según subraya, la "reversibilidad de espacio construido a natural ha sido descartada por todos los técnicos y expertos cualificados que han visitado la construcción".

   En concreto, alude como problemas la escasa consistencia del terreno, el tratamiento dado al cerro en bancadas para el asentamiento de la edificación escalonada, la disposición de los cimientos de la edificación anchos y profundos, la imposibilidad de efectuar recubrimientos artificiales por las pronunciadas pendientes y "sobre todo" la fuerte acción erosiva en esta zona del viento y las lluvias torrenciales, lo que, sumado --señala--, haría que persistiese tras la demolición "una imagen de ruinas a perpetuidad, antagónica con el fin ecológico y naturista perseguido".

   "Resulta del todo imprescindible este asesoramiento especializado para apostar por la demolición estando en juego la proyección medioambiental que se dice defender, los intereses privados empresariales amparados en el Estado de Derecho que nos hemos dado, los limitados recursos públicos sufragados por los contribuyentes y el interés general de todo un pueblo, Carboneras", concluye.