lunes, 1 de julio de 2013

Miembros de la plataforma 'Salvemos el Toblerone' se encaraman al edificio para pedir que se pare su demolición


ALMERÍA.- Una docena de miembros de la plataforma 'Salvemos el Toblerone' se han encaramado este lunes al edificio para solicitar a las administraciones que se detenga de forma "urgente" la demolición del silo de mineral al entender que forma parte del patrimonio industrial de Almería y cumple con una serie de valores que lo hacen "singular". 

   Concentrados desde primera hora de la mañana, unas 12 personas han permanecido en la cima del inmueble durante unas dos horas para solicitar que se detuviera de manera "cautelar" las labores de demolición, sentido en el que han apelado también a que las obras podrían causar algún perjuicio a los escolares que asisten a una escuela de verano a pocos metros del lugar.
   Con camisetas blancas que formaban el mensaje 'SOS Toblerone', los protestantes que se han citado a través de las redes sociales han pedido también más información sobre el proceso de desmontaje, el periodo de tiempo, el coste y la empresa encargada de la obra, así como la contratista. Así, a las dos horas han abandonado las instalaciones instados por la Policía Local de Almería.
   Acto seguido, parte de la comitiva se ha desplazado hasta la Puerta de Purchena para trasladar su protesta ante los responsables del Gobierno andaluz. En este sentido, han relatado a la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, su "preocupación" por el desarrollo de la obra y la "negativa" del Ayuntamiento de Almería ha proporcionar información.
   Ante esto, Díaz ha atendido a los manifestantes a quienes ha indicado que se interesaría por el asunto a través de la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Sonia Ferrer. Los miembros de la plataforma han insistido en paralizar cautelarmente las obras al dudar de la existencia de informes "preventivos" que avalen la actuación.
   La plataforma, a través de la red social Facebook, ya ha convocado una nueva reunión para última hora de este lunes con el fin de consensuar nuevas medidas para impedir la demolición del edificio. Asimismo, ha informado de que a las 21,00 horas tendrá lugar en el CEIP 'Rafael Alberti' una serie de actuaciones musicales y de humor.

Estaba aprobado

El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), se ha mostrado este lunes visiblemente sorprendido ante el "maremoto", según ha definido, que se ha organizado ante la inminente actuación para desmontar el silo de mineral de unos 40 años de existencia ubicado junto a la estación de ferrocarril y conocido como 'El Toblerone' ya que este extremo, según ha remarcado, está "aprobado" desde "hace mucho tiempo".
   "Está aprobado en un plan especial desde hace mucho tiempo que desaparecería. Yo no sé a que viene este maremoto. Está aprobado, dicho, consensuado. De verdad, no lo entiendo", ha manifestado el regidor, quien ha asegurado que la actuación cuenta con licencia municipal, pese a que desde el área de Urbanismo se haya declinado precisar datos sobre la misma por el momento.
   Asimismo, Rodríguez-Comendador ha insistido en que la demolición de 'El Toblerone' es una asunto en el que las administraciones que integran la sociedad Almería Alta Velocidad están de acuerdo. Con esto, y preguntado por las manifestaciones ciudadanas a favor de su mantenimiento, el alcalde también ha evitado trasladar su postura. "Yo no opino absolutamente nada, es lo más normal del mundo", ha dicho en referencia al procedimiento.
   El primer edil capitalino ha explicado así que la empresa encargada de la obra tiene "todos los papeles en regla desde hace ya tiempo", de forma que la actuación para eliminar el silo de unos 30 metros de largo podrá extenderse, al menos, durante 15 días.
   En este sentido, Rodríguez-Comendador ha dado algunos detalles sobre el procedimiento de demolición. "Están intentando prever que haya la menor polvareda posible, habrá que regar el mineral que haya allí", ha dicho ante la posibilidad de que el resto de mineral de hierro que alberga el edificio pueda contaminar la ciudad. "Una infraestructura de esa envergadura siempre trae algo de molestias, es algo inevitable", ha apostillado.

La Junta asegura que "va a cumplir todos sus compromisos" financieros con la Universidad de Almería

ALMERÍA.- La delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Adriana Valverde, ha manifestado este lunes que la Junta "va a cumplir todos sus compromisos con la Universidad de Almería" después de que el PP criticara la deuda de más de 30 millones de euros que el Gobierno andaluz mantiene con el ente académico; una deuda cuya financiación está incluida en "una hoja de ruta" que marcará "el presente y futuro de las universidades andaluzas". 

   En un comunicado, desde el Gobierno andaluz se han mostrado "sorprendidos" por las críticas efectuadas por la diputada autonómica 'popular' Aránzazu Martín ya que hace 15 días los rectores andaluces firmaron con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, un acuerdo para el "cumplimiento del esfuerzo presupuestario durante los ejercicios 2013 y 2014".
   El acuerdo incluye los pagos de la deuda reconocida con las universidades públicas andaluzas así como las transferencias urgentes para atender la deuda a proveedores pendiente, y transferencias periódicas suficientes para garantizar el "funcionamiento adecuado" de las actividades docentes e investigadores y una correcta planificación de la tesorería.
   "El PP va a contracorriente y además con retraso, intentando confundir a los ciudadanos y ocultar de esta forma el desmantelamiento del sistema de educación pública que está realizando el Gobierno de su partido a nivel nacional, con una política que apuesta por la privatización y los privilegios, por un modelo educativo clasista, recortando drásticamente el presupuesto en educación y las becas, haciendo más difícil que puedan estudiar los hijos de las familias con menos recursos", ha dicho Valverde.
   Ante esto, ha destacado el modelo de financiación universitaria que garantiza la oferta académica e investigadora hasta 2014, las ayudas a proyectos de I+D+i, las becas Talentia, el complemento a los alumnados becados en el Programa Erasmus y la contención a la subida de las tasas universitarias fijando los precios mínimos.
La parlamentaria andaluza del PP de Almería Aránzazu Martín había criticado este lunes la deuda que la Junta de Andalucía "mantiene" con la Universidad de Almería y que asciende a "más de 30 millones de euros" al mismo tiempo que ha situado en 834 millones de euros el montante que adeuda a las diez universidades públicas andaluzas si se tiene en cuenta el impago de ejercicios anteriores.
   Martín, que ha explicado que estos datos han sido ofrecidos por la Consejería de Economía en una pregunta parlamentaria, ha recordado que el pasado mes de septiembre los rectores ya lanzaron un "SOS" por el "progresivo deterioro en los niveles de pago de las transferencias comprometidas por parte de la Junta", y que el PP "ha pedido el pago de esa deuda en reiteradas ocasiones en el Parlamento".
   En una nota, la diputada autonómica ha señalado que "lejos de subsanarse el problema, la realidad es que ha ido a más, porque si en septiembre los rectores cifraban la deuda en 700 millones, hace un par de semanas el consejero y el propio Griñán hablaban de 900 millones de euros".
   Con esto, ha criticado que en el presupuesto para 2012 la Junta destinará un 12,34 por ciento menos al programa correspondiente a Universidad, lo que ha supuesto que bajaran las partidas para hacer frente a las nóminas del profesorado, las partidas para investigación, y las destinadas al funcionamiento básico de las universidades. Además, ha recordado que dada la situación "difícilmente se podrá hacer frente al pago de las becas Erasmus del curso 2011/2012 que aún se encuentran impagadas en su totalidad, y hacer frente a las del curso 2012/2013".
   "La Junta sigue el mismo 'modus operandi' de siempre: promesas, incumplimiento de las mismas, impagos, deudas y, en estos momentos, ruina económica para las entidades acreedoras del Gobierno autonómico como ayuntamientos, entidades sociales o universidades", ha dicho.
   En relación a la UAL, Martín ha desgranado las partidas y ha apuntado que la financiación operativa estructural y vinculada a resultados ha sufrido un recorte de 3,5 millones que "ha supuesto por ejemplo que para este curso se hayan dejado de contratar un total de 103 profesores asociados".
   Sobre la financiación operativa de investigación, la Junta destinó a la UAL casi 19 millones de euros, y el recorte de estas partidas fue en torno a 800.000 euros. "Pues bien, a fecha 1 de junio de este año tampoco se había ejecutado nada de esta partida", ha indicado antes de hacer referencia a la "deuda acumulada" en investigación de casi 20 millones de euros. "Hay proyectos de investigación de hasta el año 2008 impagados y cuyo pago ha adelantado la universidad", ha dicho.

Endesa logra una plusvalía de 64 millones tras vender su 12% en Medgaz

MADRID.- Endesa obtendrá una plusvalía bruta de 64 millones de euros por la venta a Cepsa y Sonatrach de su 12% en el gasoducto de Medgaz por un importe total de 83,8 millones de euros.

   Según ha informado este lunes la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la transacción de su participación en Medgaz se ejecutó el pasado viernes.
   El precio de la operación incluye la cesión a los compradores del crédito de Endesa en Medgaz por valor de 8,2 millones de euros.
   Asimismo, Endesa ha quedado liberada de sus garantías a favor del Banco Europeo de Inversiones en virtud del préstamo concedido por esta entidad a Medgaz por importe de 93,7 millones de euros.
   La compañía ha precisado que la plusvalía generada por esta operación se reflejará en sus resultados consolidados del primer semestre de 2013.

Andalucía recurrirá la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional

MADRID.-  Las comunidades autónomas de Canarias, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias presentarán antes del 30 de agosto en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Ley de Costas de 1988, al entender que vulnera varios principios constitucionales.

   "Hemos puesto en común nuestra preocupación. Vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad Asturias, Canarias, País Vasco, Andalucía y Cataluña", ha anunciado el consejero de obras públicas, transporte y política territorial de Canarias, Domingo Berriel en rueda de prensa.
Berriel ha explicado que la norma recientemente aprobada por el Parlamento viola el principio de igualdad ante la ley; algunos aspectos competenciales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas y plantea algunas "retroactividades intolerables".
   El representante canario ha señalado que, aunque las distintas administraciones autonómicas presentarán por separado el recurso, este lunes han mantenido una reunión en la que han concretado los aspectos comunes y la línea argumental. Además, ha destacado que las comunidades autónomas reunidas representan más de la mitad del litoral español y que están prácticamente de acuerdo en un 80 por ciento de sus argumentos.
   Al encuentro han asistido, comisionados por sus respectivos consejeros el secretario general técnico y el director general de ordenación del territorio y urbanismo de Cataluña; por parte del País Vasco, el viceconsejero de Medio Ambiente y el director general de la Agencia del Agua; el subsecretario general técnico de Andalucía, y la jefa de servicios de gestión y disciplina urbanística de Asturias.
   Concretamente el consejero canario ha calificado de "mala" la Ley actual porque no tiene ningún precepto que mejore, facilita o ponga en valor aspectos históricos del litoral o la economía local y porque vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que excluye a 12 núcleos poblacionales en la Península, que dejan de ser dominio público, y no se tiene en cuenta otros enclaves.
   "No se sabe por qué estos y no otros", ha lamentado, al tiempo que ha reclamado que la ley no amnistíe municipios concretos sino un régimen jurídico que se aplique por igual al conjunto del territorio. En cuanto a Canarias, considera que hay entre 60 y 80 municipios que necesitan un nuevo estudio.
   Asimismo, asegura que la ley invade competencias autonómicas y municipales al reservarse la potestad de suspender una orden o permiso municipal cuando así lo considere. Esta sería la conocida como cláusula anti-Algarrobico, cuyo objetivo inicial es evitar que construcciones en el dominio público marítimo terrestre, como el caso del hotel en el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería), que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo.
   A su juicio, esta cláusula rescata "potestades de Gobernadores Civiles y jefes provinciales del Movimiento, cuando tenían la posibilidad de suspender cautelarmente, según su libre albedrío las resoluciones de los ayuntamientos" y ahora esa potestad la tendrán los delegados del Gobierno. "Eso nos parece una barbaridad", ha apostillado, al igual que las invasiones de las competencias de las comunidades autónomas, que tienen la ordenación del territorio y de la del litoral.
   Por ello, a su juicio, la norma en cuestión "hace un ablación casi completa" al exigir que habrá dos años para que el Estado pueda decidir si un enclave debe ser urbano o no. En este sentido, ha dicho que Canarias ha preguntado sobre esta cuestión, recogida en la disposición adicional primera, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
   "Hay varias invasiones competecenciales que no podemos dejar pasar por alto. Hay que preservar el modelo constitucional de respeto a las comunidades autónomas", ha defendido.
   Finalmente, para el consejero esta ley va en contra del corazón del Estado para debilitar el reparto competencial y la descentralización. Berriel ha vaticinado que la Ley de Uso Sostenible y Protección del Litoral, en definitiva, no tendrá más futuro que su derogación.

El PSOE plantea quitar la subida del IVA a todas las fiestas de interés turístico

MADRID.- El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso pidiendo al Gobierno que anule la subida del IVA del año pasado a las fiestas "de Interés Turístico Nacional e Internacional", que a su juicio no sólo suponen la expresión cultural e histórica de un país, sino también un importante recurso turístico y económico.

En la proposición no de ley se señala que "la mal entendida austeridad" ha provocado "recortes indiscriminados contra el mundo de la cultura" que han ido acompañados de la subida del IVA cultural, que ha pasado del 8% al 21%. "13 puntos que van a ir directamente a deslucir y rebajar la importancia que tienen nuestras fiestas --denuncia--. Y la cultura no es un lujo, es una necesidad".

Pero los socialistas entienden que "este gravamen no sólo atenta directamente contra el esplendor de las fiestas ejemplo de cultura, y también contra la economía y la generación de empleo en los pueblos y ciudades españolas".

Los diputados promotores de la iniciativa, todos de la Comunidad Valenciana y encabezados por su secretario general, Ximo Puig, citan como ejemplo el caso de las fiestas de Las Hogueras de Alicante, donde "se ha disminuido la inversión por parte de los entes festeros" y ello ha derivado en "la no creación de puestos de trabajos".

"La subida del IVA ha sido sufragada por la propia fiesta lo que ha llevado a restar brillantez a la misma a la vez que ha propiciado la pérdida del factor impulsor de la economía que supone disponer de unas fiestas tradicionales dignas", sostienen.

Por todo ello, el PSOE quiere que el Congreso inste al Gobierno a dejar sin efecto la subida del tipo impositivo del IVA referida a los bienes y servicios culturales, aprobada mediante decreto ley hace un año, en especial en relación con las Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional.