jueves, 8 de diciembre de 2011

La UE aplaza hasta 2015 el registro obligatorio de la identificación electrónica para ovino y caprino

BRUSELAS.- Los Veintisiete han acordado aplazar hasta el 31 de diciembre de 2014 la obligatoriedad de registrar el código de identificación electrónica individual que debe llevar cada ejemplar de ganado ovino-caprino nacido a partir del 1 de enero de este año, según ha informado en un comunicado la Comisión Europea.

   El periodo de transición que los Estados miembros acordaron para aplicar este sistema con el que mejorar la trazabilidad del ganado que se mueve por la UE expira el próximo 31 de diciembre y han decidido extenderlo tres años más, han precisado fuentes comunitarias.
   Bruselas prevé formalizar en "las próximas semanas" la decisión tomada por los Estados miembros para dar mayor "flexibilidad" a los ganaderos porque reducirá significativamente la carga burocrática y les permite un periodo más largo para registrar el código aplicado a cada animal con este nuevo sistema de seguimiento.
   Las nuevas normas con las que el Ejecutivo comunitario quiere facilitar a los ganaderos su adaptación a la legislación comunitaria entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2012. Ganaderos y Estados miembros habían expresado su preocupación por las dificultades para cumplir los requisitos comunitarios en el plazo marcado inicialmente.
   La identificación electrónica sólo es obligatoria para los pequeños rumiantes nacidos a partir del 1 de enero de 2010 y por tanto todos los nacidos con anterioridad sólo están identificados con etiquetas convencionales no electrónicas, cuyo registro manual es mucho más lento y ,además, más sensible al error.

Fepex da hasta el 20 de enero para posicionarse ante el acuerdo agrícola con Marruecos

ALMERÍA.- La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) ha suscrito este miércoles la 'Declaración de Almería del Comité del Tomate de Fepex', un documento con el que han solicitado la colaboración de la clase política para rechazar la ratificación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos que previsiblemente se llevará al Parlamento Europeo el febrero, por lo que han dado hasta el 20 de enero para que los presidentes de las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana muestren su posición ante tal documento. 

   En rueda de prensa, el presidente del Comité Nacional del Tomate de Fepex, José Hernández, ha precisado que también se solicitará la posición del líder del PP-A, Javier Arenas, dada la proximidad de las elecciones autonómicas andaluzas. El objetivo, según ha detallado, es conseguir una "posición común" de todos los partidos en apoyo al sector hortofrutícola ante la próxima votación para ratificar o no el acuerdo de concesiones con Marruecos en exportaciones hortofrutícolas.
   Hernández ha incidido en la situación de crisis que atraviesa el país que se une a la reducción del consumo generalizado, por lo que considera que "no es el momento más adecuado" para hacer nuevas concesiones a países terceros que, en el caso de Marruecos según el protocolo, dejarían la puerta abierta para la entrada en la Unión Europea de todo tipo de productos hortofrutícolas salvo de ajo, y en temporadas concretas, de pepino, calabacín, clementina, fresa y tomate --entre junio y septiembre, en este último caso--.
   Así, afirman que si la respuesta "no es positiva" a los intereses del sector, desde Fepex "no nos vamos a estar quietos", sentido en el que ha dejado entrever la posibilidad de realizar acciones de protesta que hasta el momento ha declinado detallar. Y es que, según Hernández, la entrada en vigor del nuevo acuerdo de asociación tendría un impacto directo en 600.000 empleos, de forma que una supuesta desaparición del sector elevaría las cotas de paro al 50 por ciento, según sus cálculos, algo que ha calificado de "hecatombe".
   Sólo en el sector del tomate y en el último año, el acuerdo en vigor ha provocado la destrucción de 12.500 empleos, según recoge la Declaración. Por cada 1.000 toneladas de tomate que se deja de exportar se pierden 50 empleos en las zonas de producción, cuestión que "se produce en comunidades autónomas que tienen las tasas más altas de paro de la UE", según estiman a partir de los datos de Eurostat.
   "La Comisión no es favorable a nuestros intereses, la Comisión es más promarroquí que proeuropea", ha añadido el dirigente de la federación, quien asegura que falta "muy poquito" para que en la votación el protocolo sea "rechazado" según los contactos mantenidos con los grupos parlamentarios europeos en España.
   Así, según sus contactos, Hernández afirma que el grupo de Los Verdes votará en contra y el grupo 'popular' en contra, principalmente por parte de los países mediterráneos; de forma que las dudas recaen sobre el grupo socialista. "Si el grupo de parlamentarios del PSOE vota en contra, ganamos", ha dicho.
   En este sentido, han manifestado que el partido socialista se mostró favorable al acuerdo en la Comisión de Comercio Internacional en una reunión hace dos semanas, por lo que han pedido a los presidentes de las comunidades autónomas que se replanteen su posición ante el acuerdo ante los cambios de los dos últimos años a fin de que se traslade a instancias superiores.
   Preguntado por la celebración durante los últimos años de dos 'Cumbres del tomate', una en Murcia y otra en Almería, en las que los consejeros de agricultura de las regiones referidas mostraron su apoyo al sector; Hernández ha dicho que éstas "no han servido para nada" hasta el momento, por lo que en esta ocasión se ha solicitado el apoyo necesario a los presidentes de las comunidades autónomas y al presidente del PP-A para conseguir "un criterio político único en contra de la ratificación" del acuerdo.  
   Según recoge la 'Declaración de Almería del Comité de Tomate de Fepex', suscrita por las asociaciones de productores exportadores de Andalucía (Coexphal), Murcia (Proexport), Comunidad Valenciana (Fexphal) y Canarias (Fedex y Aceto), la exportación de tomate de Marruecos al mercado de Saint Charles, en Perpignan, Francia, "ha cuadruplicado a la española en el mes de octubre y la ha quintuplicado en noviembre", lo que para Fepex supone que Marruecos "ha expulsado al tomate español del que ha sido su tradicional y principal mercado".
   El incremento de exportaciones se produce además, según añaden, "incumpliendo el Acuerdo con la UE" ya que en octubre Marruecos "sobrepasó lo establecido en el acuerdo un 120 por ciento y en noviembre un 37 por ciento". Aseguran también que "tampoco se han respectado los precios de entrada, establecidos en el acuerdo y en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para evitar importaciones a bajo precio que desestabilicen el mercado de la UE".
   Defienden así que el nuevo acuerdo de asociación, pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo, "agravará esta situación, ya que prácticamente liberaliza la exportación de frutas y hortalizas marroquíes". En el periodo del contingente preferencial de tomate de Marruecos, de octubre a mayo, España realiza el 90 por ciento de sus envíos y el país magrebí el 95 por ciento. "Si no se mantiene la protección arancelaria y no se establecen cláusulas sociales, Marruecos expulsará del mercado a los productores españoles que no pueden competir con unos salarios de 60 céntimos/hora".
   La declaración firmada por la patronal agraria exige que el Parlamento Europeo devuelva al Consejo y a la Comisión el Protocolo Agrícola del Acuerdo de Asociación con Marruecos, pendiente de su ratificación,  para que la Comisión realice un análisis previo del impacto social y económico sobre el sector hortofrutícola español y el conjunto de la agricultura comunitaria mediterránea, así como para que se incluyan cláusulas sociales.
   También piden que los partidos políticos españoles establezcan una "posición común" ante las instituciones comunitarias para exigir la revisión del Protocolo Agrícola del Acuerdo de Asociación y que trabajen activamente con el fin de que dicho protocolo "sea rechazado por el pleno del Parlamento Europeo en las condiciones actuales".
   En este sentido, solicitan que la Comisión Europea aplique lo establecido en el acuerdo en vigor, especialmente lo relativo a precios de entrada e impago de los derechos de aduanas, la reforma del sistema de precios de entrada, la aplicación de la cláusula de salvaguardia y la apertura de un procedimiento de investigación 'antidumping' por las importaciones de tomate de Marruecos.

Las zonas productoras de tomate instan a los partidos a oponerse al acuerdo con Marruecos

ALMERÍA.- Tras la reunión mantenida este miércoles en Almería por los representantes del Comité de Tomate de FEPEX, constituido por las asociaciones de productores exportadores de Andalucía (Coexphal), Murcia (Proexport), Comunidad Valenciana (Fexphal) y Canarias (FEDEX y ACETO) se ha acordado que todas las zonas productoras soliciten en sus respectivas Comunidades Autónomas una oposición rotunda de los partidos políticos al Acuerdo con Marruecos.  

La patronal agraria murciana Proexport, por ejemplo, solicitará al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel que, en su calidad de futuro presidente del Comité de las Regiones, se posicione en contra de la ratificación del Acuerdo de Marruecos por parte del Parlamento Europeo, según informaron fuentes de esta organización en un comunicado.
   El presidente del Comité Nacional de Tomate, José Hernández, ha calificado esta votación en el seno del Parlamento Europeo de una "enorme trascendencia para el futuro del empleo del sector agrario, ya que su aprobación liberalizaría no sólo el comercio del tomate sino el de gran parte de las frutas y hortalizas, lo que afectaría a 450.000 empleos directos, que suponen el 65 por ciento del empleo agrario en España".
   Ante esta "insostenible situación", los productores reunidos en Fepex han acordado solicitar "que el Parlamento Europeo devuelva al Consejo y a la Comisión el Acuerdo de Asociación con Marruecos, pendiente de ratificación, para que se incluyan cláusulas sociales por impacto social y económico que tendría sobre el sector hortofrutícola español".
   Asimismo, solicitan "que los partidos políticos españoles establezcan una posición común ante las instituciones comunitarias exigiendo la revisión del Protocolo Agrícola del Acuerdo de Asociación y que trabajen activamente con el fin de que dicho Protocolo sea rechazado por el Pleno del Parlamento Europeo en las condiciones actuales".
   Por último, piden que "la Comisión Europea aplique lo establecido en el Acuerdo en vigor, especialmente lo relativo a precios de entrada e impago de los derechos de aduanas, aplicación de la cláusula de salvaguardia y Apertura de un procedimiento de investigación 'antidumping'".

La Infanta Elena y los Duques de Palma podrían dejar de ser considerados Familia Real

MADRID.- La Casa Real estudia "desde hace tiempo" limitar los miembros de la Familia Real a los Reyes, los Príncipes de Asturias y las Infantas Leonor y Sofía, por ser los únicos que viven solo del presupuesto que el Estado destina a la Corona y ocupan los primeros puestos en el orden de sucesión al trono, han informado hoy fuentes del Palacio de La Zarzuela.

   En la actualidad los miembros que conforman la Familia Real y, por tanto, asisten a actos oficiales en representación de la institución son los Reyes, los Príncipes de Asturias, la Infanta Elena y los duques de Palma, es decir, la hija menor del Rey, Cristina, y su marido, Iñaki Urdangarin, tal y como puede comprobarse en la web de Casa Real.
   Solo los Reyes y los Príncipes, de quienes dependen sus hijas, viven exclusivamente del presupuesto que el Estado asigna a la Casa del Rey, y que Don Juan Carlos distribuye libremente, según establece la Constitución.
   Las cuentas para el ejercicio presupuestario de 2011 asignaron un total de 8,4 millones de euros para la Casa del Rey, un 5,2 por ciento menos que en 2010. Una parte de este dinero el Rey lo destina al "sostenimiento de su familia" y otra a cubrir los gastos de funcionamiento y de personal a cargo directo de la Casa, como los sueldos del personal de alta dirección, dirección y otros empleados de la institución.
   La Infanta Elena y los duques de Palma reciben una parte de ese presupuesto (que nunca se ha hecho pública) en proporción a los actos oficiales a los que acuden, según aseguran fuentes del Palacio de la Zarzuela.
   Precisamente porque esa cantidad no equivale a un sueldo,  compatibilizan su función de representación de la Corona con otras actividades económicas en empresas privadas, un modelo de doble dependencia que ha quedado en evidencia con la investigación judicial en torno a los negocios de Iñaki Urdangarin.
   Con la familia de Don Felipe, heredero de la Corona, consolidada, sus hermanas Elena y Cristina han perdido relevancia en el orden de sucesión al trono en favor de las hijas de los Príncipes. En la actualidad, la Infanta Elena es la cuarta en esa línea de sucesión y su hermana la séptima.
   Precisamente por eso, las actividades oficiales de Doña Elena y Doña Cristina "ya iban camino de limitarse", algo que se hará más evidente a lo largo del año próximo, según apuntan en Casa Real, donde se estudia llevar a cabo este cambio de miembros en la Familia Real incluso antes de que llegue el momento de la sucesión.
   En Zarzuela no descartan que debido a la investigación que afecta al duque de Palma, la Infanta Cristina pida voluntariamente dejar de asistir a actos oficiales en representación de la Corona, al menos hasta que todo el asunto que afecta a su marido se aclare.
   No obstante, subrayan que tanto en su caso como en el de la Infanta Elena, ambas están llamadas a emular el ejemplo de las hermanas del Rey, Doña Margarita y Doña Pilar, que son familia del Rey pero no Familia Real, por lo que no tienen ninguna función de representación de la Corona, ni están en la línea de sucesión que nuestra Carta Magna restringe a los "sucesores" de Don Juan Carlos.

Navidades difíciles

Los duques de Palma se enfrentan a sus navidades más difíciles. Ambos están a la espera de que el proceso en el que aparece implicado el nombre de Iñaki Urdangarín experimente un avance reseñable. Pero, sin duda, la peor parte se la lleva Cristina quien, como hija del Rey de España debe afrontar sus deberes, sin olvidar el amor que siente por su marido.
   Difícil situación. Tanto es así, que esta semana dos de las revistas del corazón han elegido este tema para ilustrar sus portadas. Semana y Diez Minutos se centran en esta historia de amor que, desde el principio, ha sido perfecta pero ahora, aunque Cristina siga muy enamorada, la presión por los dudosos negocios de Iñaki y el miedo a que afecte a la monarquía, podrían perjudicar su relación.
   Y es que, aunque apoye a su marido, la presión social y la repercusión que la investigación sobre el Duque de Palma tiene en la Casa Real podrían hacerle tomar una decisión sobre su futuro juntos.
   Se casaron el 4 de octubre de 1997 y, desde entonces, la imagen de su matrimonio ha irradiado siempre amor, complicidad y unión. Hasta hoy. Ahora se enfrentan a la situación más delicada de su vida ante la presunta implicación de Urdangarín en un desvío de fondos públicos, entre otros posibles delitos que estarían penados hasta con quince años de cárcel.
   De momento, Cristina se mantiene al lado de su marido, pero este apoyo podría ir debilitándose, tal y como publica la revista Diez Minutos, en el supuesto de que se confirmase la implicación de Iñaki en el escándalo.
   Todo el empeño de la infanta es mantener a sus hijos al margen de todo este escándalo. Consciente del revuelo mediático que podría producirse cuando vuelvan a España estas Navidades, aún no han decidido dónde pasarán las vacaciones.
   A todo esto se suma el problema de la repercusión que esto podría tener en la monarquía, por lo que se dice que para Don Juan Carlos cualquier sacrificio es pequeño para salvaguardar la Corona. Ya se contempla un posible divorcio, aunque sea temporal.
   Siguiendo con el mismo tema, la portada de ¡Hola! nos muestra a la Reina Sofía quien, tras presidir en Nueva York la gala del Spanish Institute, pasó unos días en familia con los duques de Palma en Washington.

El protocolo Junta-MARM para demoler el hotel del Algarrobico obliga a crear una comisión mixta de seguimiento

ALMERÍA.- El protocolo de colaboración suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y la Junta de Andalucía para la recuperación de la playa de El Algarrobico, en Carboneras, obliga a crear una comisión mixta de seguimiento que deberá elaborar el borrador del acuerdo por el que ambas administraciones "cofinanciarán" la restauración de la zona donde se levanta el hotel de Azata del Sol.

   El documento, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estipula que será el MARM el que asuma el coste de la demolición del inmueble de 22 plantas y 411 habitaciones aunque lo condiciona a las "disponibilidades presupuestarias" mientras que a la Junta de Andalucía le atribuye, con el mismo condicionante, la labor de desescombro y la correcta gestión de los residuos generados en el derribo.
   La citada comisión mixta asumirá, asimismo, las funciones de adoptar un plan de actuación conjunto, efectuar el seguimiento para velar por su correcta ejecución, y proponer convenios específicos que tengan por objeto actuaciones concretas para el desarrollo del protocolo que firmaron el pasado día 15 por la titular en funciones del MARM, Rosa Aguilar y el líder del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán.
   El documento, cuya cláusula segunda obliga a la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar en aras de compatibilizar el objetivo de protección del medioambiente con la creación de riqueza, fija que el órgano colegiado estará integrado por tres representantes del MARM y otros tres de la Junta que se reunirán al menos una vez cada seis meses. Deja la puerta abierta, sin embargo, a la participación invitada de organizaciones conservacionistas, la patronal, sindicatos o expertos.
   Ambas administraciones, que se comprometen a mantener "una relación fluida con respecto al intercambio de información y de cooperación para resolver en base al intereses general", deberán, al margen de sus competencias específicas, devolver a sus características naturales el paraje sobre el que se levanta el hotel de Azata.
   Para ello, deberá promover el desarrollo sostenible de la zona y realizar una "adecuada" ordenación costera que asegure la integridad y los valores ecológicos del dominio público y de sus zonas adyacentes". Hay que recordar que el plan parcial del Sector ST1, en el que se levanta el inmueble, contempla la construcción de un residencial de 250 viviendas y que las Normas Subsidiarias (NNSS) de Carboneras mantiene la clasificación urbanizable del paraje en el que también se localizan otros dos sectores para su desarrollo urbanísticos, el ST2 y el ST3.
   Según recoge el protocolo, el plan de empleo juvenil para el parque natural de Cabo de Gata-Níjar incluirá la puesta en marcha de una Escuela-Taller enfocada a la restauración de los ecosistemas costeros y litorales del entorno de la playa de El Algarrobico una vez se haya demolido el hotel. La escuela-taller también atenderá la formación de jóvenes de cara a promover que estos desarrollen en el futuro su labor profesional en este espacio protegido.
   En este punto, ambas administraciones se comprometen, asimismo, a contar con empresas locales para la ejecución tanto del derribo, como de la gestión de los escombros y de la restauración de la zona "siempre que ello sea posible y con estricta sujeción a la legalidad vigente" y a elaborar un plan de empleo verde del que no da más detalles.
   El protocolo, que contempla que cualquiera de las partes pueda denunciarlo en caso de que se produzca un "grave incumplimiento" de algunas de sus cláusulas, está condicionado en todo momento a los pronunciamientos judiciales que se produzcan en los litigios en los que está envuelto el hotel de Azata del Sol y, sobre todo, por la sentencia que aún ha de dictar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y en la que se ha de ratificar o revocar el fallo de lo contencioso-administrativo que declaró en 2008 la nulidad de la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento carbonero a la promotora del inmueble.
   Por este motivo, el documento especifica que el futuro cumplimiento de los compromisos adquiridos por MARM y Junta de Andalucía se hará "con el máximo respeto" a las resoluciones judiciales que recaigan y sin perjuicio de una posible responsabilidad de terceros que daría lugar a que los costes de la demolición y de la restauración ambiental no tuvieran que ser asumidos por la administración sino por quienes designasen los tribunales.

Ecologistas reclama a Rajoy que se mantenga el Ministerio de Medio Ambiente

MADRID.- Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se han dirigido por carta a Mariano Rajoy para pedirle que el Ministerio de Medio Ambiente se mantenga dentro del organigrama del gobierno que se formará en las próximas semanas.

   Así, las organizaciones firmantes consideran "la desaparición de este Ministerio o la dispersión de sus competencias en otros departamentos, como un paso atrás" y señalan que un Ministerio fuerte "es esencial" para asegurar que las políticas medioambientales son tomadas en cuenta en las decisiones del Consejo de Ministros y que se respetan los compromisos en la materia, como las directivas europeas.
   De este modo, afirman que "sin un Ministerio fuerte, España podría perder gran cantidad de fondos comunitarios y oportunidades para influir en las decisiones europeas e internacionales sobre asuntos como el cambio climático, el uso del agua, la agricultura y la pesca, o la pérdida de biodiversidad".
   Por contra, explican que la existencia de un Ministerio de Medio Ambiente "es una oportunidad de asegurar avances para la salud de los ecosistemas, el uso sostenible de los recursos naturales y el despliegue de tecnologías respetuosas con el medio ambiente" ya que, en un contexto de crisis económica a gran escala, las políticas "verdes" pueden jugar un papel clave en la generación de empleo de calidad".

Pescadores marroquíes y españoles piden a la Unión Europea un nuevo acuerdo de pesca

BRUSELAS.- Las principales federaciones y asociaciones del sector pesquero en España y Marruecos han defendido este miércoles el acuerdo de pesca que permite a la flota comunitaria faenar en aguas gestionadas por Rabat, por lo que han pedido a Bruselas que negocie su renovación "en los mismos términos" que el actual, que incluye las aguas del Sáhara occidental, aunque han propuesto "mejoras técnicas" para una mayor rentabilidad y sostenibilidad del convenio.

   También han confiado en que el pleno de la Eurocámara dé la próxima semana su visto bueno a la prórroga actual que expira el 28 de febrero de 2012 y que este respaldo desbloquee las negociaciones para un nuevo convenio que reemplace al primero.
   La comisión mixta hispano-marroquí ha entregado este miércoles a la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, un documento detallado con ideas para "mejorar las condiciones técnicas" del protocolo, incluido nuevas modalidades, pero "siempre de tipo artesanal", según ha explicado a la prensa tras el encuentro el vicepresidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, Pedro Maza.
   El encuentro también ha servido a la parte marroquí para entregar información requerida por Bruselas desde hace meses sobre la repercusión que los beneficios de este acuerdo con la UE ha tenido y está teniendo en el Sáhara occidental, cuya población reclama que sus recursos sean excluidos de este acuerdo.
   De hecho, la comisaria trabaja en una propuesta para pedir a los 27 que le permitan negociar un nuevo acuerdo que deje fuera las aguas de la ex colonia española o bien imponer condiciones muy estrictas a la parte marroquí sobre los beneficios en la región, entre otras cuestiones.
   Preguntado por esta posibilidad, Maza ha advertido de que no sería una opción "viable" para Rabat y ha reconocido que, en su opinión, tampoco debería ser esa la línea de negociación con la parte marroquí. "Excluir las aguas (del Sáhara occidental) iba a imposibilitar por parte de Marruecos de q se llegara a un acuerdo. Solicitamos que se haga igual que se han hecho hasta ahora todos los acuerdos", ha insistido.
   Además ha afirmado que se han producido "muchas mejoras"  en este capítulo y ha subrayado que los acuerdos con Marruecos "siempre han contemplado estas aguas", por lo que se ha mostrado partidario de "seguir así".
   En opinión del vicepresidente de Cepesca, el documento que este jueves han entregado conjuntamente los armadores de España y Marruecos a los servicios comunitarios es un "trabajo importante" para la negociación del futuro régimen con el que se sustituya el que está prorrogado hasta el próximo febrero. "Esto facilitará mucho el trabajo de los negociadores, que ya se sentarán", ha concluido Maza.