jueves, 18 de julio de 2013

Prisión bajo fianza para el exvicepresidente de la Diputación de Almería

ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha acordado imponer prisión provisional eludible bajo una fianza de 12.000 euros al exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería Luis Pérez (PSOE), así como a la exsecretaria del Patronato Provincial de Turismo María Teresa González y al empresario almeriense Joaquín Conde, todos ellos imputados en el marco del caso 'Facturas' por el que se investiga una presunta trama de falsificación de facturas de viajes financiados a través del Patronato Provincial de Turismo.

   Así lo han indicado hoy fuentes judiciales y jurídicas, quienes han precisado además que en su auto el magistrado Luis Durbán ha dado de plazo para el depósito de las fianzas hasta el 31 de julio, fecha a partir de la cual se procederá al ingreso en prisión de quienes no hayan abonado las cuantías exigidas.
   El magistrado mantiene abierta la investigación por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento público continuado, malversación de caudales públicos y prevaricación a raíz de la denuncia formulada por la Fiscalía para esclarecer el destino de 460.000 euros con los que se habrían abonado más de un centenar de facturas supuestamente ficticias entre 2009 y 2011 con fondos de la Diputación de Almería.  
   En este sentido, las mismas fuentes han precisado que también se ha solicitado al gerente de la agencia de viajes 'Leitour Viajes', Francisco Javier Guerrero, quien este miércoles abandonaba la prisión de El Acebuche tras permanecer en ella casi dos semanas; que proceda a depositar una fianza de 6.000 euros para no volver a ingresar en prisión preventiva.
   El juez también ha interpuesto medidas cautelares a estos cuatro imputados, a quienes se les ha retirado su pasaporte y se les ha prohibido abandonar el territorio nacional, de forma que además deberán comparecer el día 1 de cada mes en el juzgado.
   Tras la adopción de estas medidas, el juez tiene previsto continuar con la instrucción del caso y mantiene la imputación de diez personas en la causa, entre las que se encuentran el director de la agencia de viajes, Arístides Javier Martos, el exgerente del Patronato de Turismo Francisco Iglesias, su esposa y la esposa del expresidente de la Diputación y una pareja de amigos de éste último.
   El instructor se encuentra a la espera de nuevas pruebas como los movimientos de las cuentas bancarias de la exsecretaria del Patronato y de Teresa R.R., para la que pidió su identificación al tratarse de la hija de la exsecretaria. En torno a una decena de testigos, muchos de ellos trabajadores del Patronato, han prestado ya declaración.
   El actual equipo de gobierno de la Diputación (PP) remitió en enero de 2013 a la Fiscalía un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por el Patronato de Turismo y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron.
   En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente, Javier Aureliano García, se especifican, al menos, ocho viajes a lo largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich, Edimburgo o Madrid presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta doble facturación.
   Al tiempo, se adjuntó un informe de Intervención en el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito.
   Con posterioridad a esta denuncia, desde la Diputación de Almería se remitió al juzgado 99 facturas más "supuestamente falsas" por valor de cerca de 400.000 euros y sobre viajes supuestamente realizados durante las mismas fechas para que se incorporaran a la causa.
   Esta última aportación fue detectada a raíz del informe policial que llevó a la Fiscalía Provincial a formular denuncia contra el exvicepresidente de la Diputación y del Patronato, el socialista Luis Pérez Montoya y el exgerente Francisco Iglesias, entre otros.
   La Fiscalía de Almería resolvió el 17 de abril formular denuncia contra Pérez Montoya e Iglesias a raíz de un informe encargado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía para investigar los hechos tras detectar posibles "irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito bajo mandato socialista.

Una anciana declara que un doctor le "regaló" a su hija en 1969

ALMERÍA.- La madre adoptiva de la presidenta de la asociación SOS Bebés Robados Murcia, Inés Pérez, ha prestado declaración este jueves a través de exhorto en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería y ha manifestado que el ginecólogo Eduardo Vela, acusado de falsedad documental y detención ilegal, "mintió" en su declaración judicial sobre el presunto robo de una niña en 1969 que, a la postre, sería su hija adoptiva, según su versión. "El doctor Vela miente. Me regaló a mi hija y falsificó la documentación", ha ratificado la mujer.  

   Según ha manifestado su abogado defensor, Alberto Martín, la mujer de 90 años, que ha acudido en calidad de imputada, ha señalado nuevamente que fue el doctor Vela quien tras ofrecerle que fingiera un embarazo --a lo que ella se negó-- la llamó a los tres días para decirle que tenía "una sorpresa" para ella, por lo que debía acudir a la Clínica San Ramón de Madrid.
   Pérez ha señalado además que no tenía ningún tipo de amistad con el ginecólogo, si bien él había contactado con ella a través de un miembro de la orden de los Jesuitas, que actuó de intermediario, según ha manifestado la madre adoptiva de Inés Madrigal, presidenta de Bebés Robados Región de Murcia y miembro de la Junta Directiva de la Federación Nacional X24 (el mayor colectivo de víctimas de bebés robados y adoptados de España), quien además es quien ha motivado la denuncia que ha dado lugar a esta instrucción.
   En todo momento la declarante ha mantenido que el médico "mintió" a la titular del Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid, Isabel Garaizabal, el pasado 18 de junio cuando prestó declaración y se desvinculó de los hechos denunciados al asegurar que si alguien hizo algo sería la matrona.
   En este sentido, la mujer ha asegurado ante la juez de Almería que el doctor Vela la "conoce aunque lo niegue". 
"Él me dio a mi hija, me la puso en brazos. ¿Cómo puede negarlo? No es sólo que su firma aparezca en los papeles. Fue él el que me mandó llamar para que pasara a recoger una niña", ha asegurado también a través de un comunicado SOS Bebés Robados.
   El letrado que ha asistido a la declarante, Alberto Martín, ha explicado que la mujer ha mantenido su declaración según la cual el 7 de junio de 1969, en nombre del doctor Vela, "les avisaron para que fueran a recoger un bebé".
   Igualmente, el doctor les habría rellenado la documentación para inscribir a la niña como hija propia y les recomendó que fueran al Registro Civil a inscribirla con los papeles que les habría proporcionado.
   Inés Pérez ha llegado a la Ciudad de la Justicia de Almería acompañada de la presidenta de SOS Bebés Robados Almería, Ascensión López, y de su hija Inés Madrigal, quien espera que "pronto las indagaciones den su fruto y que se desenmascare a quienes nos trataran como a cachorros de animales", según ha dicho.

Interceptado un buque que hacía submarinismo en la reserva de la Isla de Alborán

ALMERÍA.-   La Armada y la Secretaría de Pesca Marítima han colaborado en una operación para interceptar y trasladar a un catamarán que fue localizado fondeado y realizando actividades subacuáticas en la Reserva de Pesca de la Isla de Alborán.

   La embarcación de vigilancia de la Reserva Marina de la Isla de Alborán 'Riscos de Famara' descubrió el día 15 al catamarán, de nombre 'Juanjo' y con licencia de Gibraltar y cinco personas de nacionalidad española a bordo. Una vez detectada, la embarcación inició el alejamiento de la zona, pero fue interceptada por el personal de la Armada destacada en la Isla de Alborán con el apoyo de la 'Riscos de Famara'.
   En su inspección se observó que el buque poseía equipamiento para efectuar buceo autónomo así como una cámara hiperbárica. Desde ese momento, la embarcación quedó retenida en la Isla de Alborán por efectuar actividades subacuáticas dentro de la Reserva de Pesca sin autorización y no disponer el patrón de la titulación necesaria para el manejo.
   En la mañana de este jueves, la Armada ha enviado al patrullero 'Cazadora' a la isla para acompañar al catamarán hacia el puerto de Almería, donde fue transferido al Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
   Las actuaciones han sido coordinadas con la Secretaría General de Pesca Marítima, que tenía prevista la presencia de un inspector de pesca a la llegada del catamarán al puerto de Almería sobre las 15,00 horas.

Sanción de casi 60.000 euros para un chiringuito ilegal en Adra

ALMERÍA.- El Servicio Provincial de Costas ha propuesto sancionar con 59.597 euros al propietario de un chiringuito edificado sin los permisos oportunos en la zona de La Curva de Adra, de donde instaló un establecimiento con una superficie superior a los 880 metros cuadrados.

   Así consta en la resolución propuesta desde Costas publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en la que se detalla que la construcción de obra cerrada albergaba además un kiosco de madera y una barra de unos 20 metros.
   El chiringuito ilegal, cuya construcción no estaba autorizada, se ubica en la playa del Carboncillo de Adra en zona de dominio público marítimo-terrestre. Estos hechos constituyen una infracción administrativa tipificada como grave en la actual ley de Costas, por lo que se propone también demoler y retirar las  obras objeto del expediente sancionador.
   En este sentido, se ha propuesto también efectuar las restituciones o reposiciones necesarias para dejar los terrenos en una situación similar anterior a la construcción del chiringuito, para lo que se da un plazo de 15 días.
   En caso de que no se ejecuten dichas obras para demoler el chiringuito, la Administración actuará de manera subsidiaria pero con cargo a su costa, sin perjuicio de las multas coercitivas que puedan acordarse. Los interesados cuentan con 15 días para formular alegaciones.

En libertad el gerente de la agencia de viajes investigada en el caso 'Facturas'

ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería ha decretado la puesta en libertad sin fianza para el gerente de la agencia 'Leitour Viajes' Francisco Javier Guerrero, tras la declaración prestada ante el juez Luis Durbán del exvicepresidente del Patronato de Turismo Luis Pérez y la exsecretaria del mismo organismo María Teresa González, en el marco del caso 'Facturas' por el que se investiga una supuesta trama en torno a la falsificación de facturas de viaje durante la anterior etapa del gobierno en la Diputación de Almería.

   Así lo han indicado fuentes judiciales, quienes han precisado que sobre Guerrero se mantienen los cargos por presunta malversación de fondos y falsedad documental, si bien se ha accedido a decretar su puesta en libertad tras la petición de su letrado después de las declaraciones efectuadas en sede judicial.
   A lo largo de la jornada de ayer el magistrado y la Fiscalía han requerido nuevamente la declaración de Pérez y González, a la que se ha unido también por primera vez la declaración del empresario Joaquín Conde, quien ha comparecido en calidad de imputado y ha respondido a las preguntas del juez ante su presunta implicación en la trama para generar facturas ficticias.
   En este sentido, fuentes conocedoras del caso han señalado que el empresario ha negado que haya percibido más fondos de los facturados con la Diputación de Almería o el Patronato de Turismo en concepto de publicidad a través de la sociedad Publifiestas Conde, mientras que el exvicepresidente socialista se ha ratificado en su declaración anterior.
   Con esto, Pérez habría negado nuevamente ante el juez ser conocedor de algún tipo de procedimiento para abonar facturas ficticias mientras que la exsecretaria ha señalado nuevamente que durante su etapa como trabajadora del Patronato tramitó los expedientes de pago con "normalidad", sin que se llegaran a abonar facturas no justificadas.
   Así, tras casi cerca de cuatro horas de declaración, los imputados y sus defensas han abandonado la Ciudad de la Justicia sin querer efectuar ningún tipo de declaración ante los medios, de forma que únicamente el exvicepresidente de la Diputación de Almería ha salido acompañado de su letrado por la puerta principal, mientras que el resto han tratado de no ser advertidos por la prensa.
   La citación de Conde se produce tras las últimas declaraciones por parte del gerente de la agencia de viajes Francisco Javier Guerrero, cuya declaración le implicaría en el caso que trata de esclarecer el destino de unos 460.000 euros a través de más de un centenar de facturas del órgano supramunicipal entre 2009 y 2011.
   El juez instructor mantiene a diez personas imputadas y se encuentra a la espera de nuevas pruebas como los movimientos de las cuentas bancarias de la exsecretaria del Patronato y de Teresa R.R., para la que se pide su identificación al tratarse de la hija de la exsecretaria.
   En torno a una decena de testigos, muchos de ellos trabajadores del Patronato, han prestado ya declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, quien también tomó declaración como imputados al director de 'Leitour Viajes', Arístides Javier Martos; al exgerente del Patronato de Turismo Francisco Iglesias; a su esposa y a la esposa del exvicepresidente del Patronato, entre otros.

El Instituto Geológico y Minero de España presenta un nuevo mapa de peligrosidad geológica de la costa murciana

MURCIA.- El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en convenio con la Consejería de Obras Publicas y Ordenación del Territorio (COPOT) de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) --que ha financiado el 75 por ciento del estudio-- han presentado un nuevo mapa de peligrosidad geológica de la costa murciana.

   De esta forma, la Región de Murcia se convierte en la primera comunidad autónoma en la que se ha completado un análisis de este tipo, así como una cartografía temática sistemática para todo su litoral y a escala 1:50.000.
   Entre otras variables se han analizado las inundaciones costeras de origen marino, el ascenso del nivel del mar, la erosión costera, tsunamis y otros peligros propios de zonas continentales que pueden afectar especialmente al litoral, como los movimientos de ladera y las inundaciones o avenidas de origen fluvial.
   Finalmente se analizaron e integraron los resultados obtenidos, realizando una evaluación de los aspectos anteriores lo que permitió la elaboración del mapa de peligros, en el que se representa la susceptibilidad, o posibilidad de que una zona se vea afectada por los peligros mencionados.
   Tras la evaluación realizada del litoral murciano se han obtenido los resultados referentes a la Valoración Global de los Peligros (VGP), en forma de porcentajes sobre la longitud total del litoral estudiado. Son escasos los tramos con VGP muy alta, únicamente el 1 por ciento de la longitud total del litoral.
   Estos tramos corresponden a playas en las que desembocan ramblas que presentan una valoración alta, tanto del peligro por inundaciones fluviales como por inundaciones costeras. También existe una playa, al sur del puerto de San Pedro del Pinatar, con VGP muy alta en la que confluyen peligro alto por erosión e inundaciones costeras.
   Por su parte, las zonas con VGP alta --33 por ciento en total-- corresponden principalmente a acantilados altos con peligro por movimientos de ladera elevado --14 por ciento-- o playas naturales con peligro de inundaciones alto --10 por ciento--. En el resto de sistemas litorales se presenta en menor medida, con porcentajes individuales de entre 1 y 4 por ciento.
   Las zonas con VGP media --34 por ciento-- se distribuyen de manera relativamente equilibrada entre la variedad de sistemas que presenta el litoral, viéndose afectados cada uno de ellos por peligros propios de su tipología. También existe una extensión importante del litoral con VGP baja --30 por ciento--, correspondiente fundamentalmente a playas y obras marítimas.
   El Instituto Geológico y Minero de España explica que "las áreas litorales han experimentado un considerable desarrollo en el último siglo y la tendencia parece que continuara en los próximos años". 
"El atractivo de la costa ha derivado en una rápida expansión de las actividades económicas, asentamientos urbanos y usos turísticos que han producido un incremento en la incidencia de los riesgos costeros", ha apostillado.
   En este sentido, recuerda que España tiene, en los municipios costeros situados en sus 8.000 km de costa, una densidad media de población de 350 habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2), 4,5 veces superior a la media del conjunto nacional, cifra que se eleva a 1 000 hab/km2 durante la época estival.
   Para el periodo 1986-2016, se han estimado perdidas máximas por erosión costera superiores a 4.000 millones de euros y, además, los temporales marinos ocupan el primer puesto en cuanto al número de víctimas mortales causadas por catástrofes naturales, con 511 fallecidos entre los años 1990 y 2000.
   En España se han abordado aproximaciones parciales al problema, como el análisis de la vulnerabilidad costera de Andalucía ante la potencial subida del nivel del mar, o el estudio sobre el estado de las costas de Cataluña, que incluye aspectos geomorfológicos, morfo-dinámicos, evolución reciente de la línea de costa o actuación de temporales marítimos. Sin embargo, el IGME señala que "hasta el momento no se conocen trabajos publicados similares al que se presenta en Murcia".

Tres reyes y un sargento / Pepe Fernández

A propósito de la investigación e instrucción del denominado Caso Tres Reyes en Almería, iniciada a finales de enero por la Guardia Civil y materializada por orden judicial el 18 de abril pasado, siguen sobrevolando infinidad de incógnitas que debieran ser aclaradas con cierta urgencia, conforme avance este ralentizado sumario. Sobre todo  que se aclare con la acreditada pulcritud y diligencia profesional de aquellos funcionarios que tienen la sagrada obligación de cumplir con el respeto máximo de las leyes vigentes y, desde luego, de hacer respetar la presunción de inocencia de los ciudadanos sometidos a investigación y no condenados aún por ningún tribunal.
 
Y especialmente después de saberse, a través del periodista Miguel Cabrera en El Mundo, que el jefe de la investigación del caso, un Sargento de la Guardia Civil de Almería, tiene parentesco con uno de los inesperados denunciantes del Caso Tres Reyes, viejo enemigo público del Abogado del Estado imputado.

ESCENARIO Y ACTORES

Después de tantos meses, el balance que ofrece el caso en Autos y fuera de ellos, no puede ser más desalentador e inquietante, sobre todo por la oscuridad reinante en muchos pasajes. Recapitulemos y echemos un vistazo al escenario y a sus actores:
 
Dos extraños personajes, José Antonio Mateos Acedo y Josep Abad Marcos, parece que abandonados a su suerte, llevan en prisión casi tres meses por esta Causa, afirman que sometidos a graves amenazas y misteriosas presiones. Ambos se identificaron en su día ante diversas personas de Almería, Málaga y Madrid como agentes del CNI; uno de ellos con el empleo de capitán de las COES, - parece que, entre otros, tuvo destino en Granada- miembro en su día de la inteligencia militar del Ejército y desde 2003 trabajando supuestamente para el CNI, como supuesto agente especialista en el sector económico, empresarial, trafico de divisas, evasión de capitales, valores etc. Sevillano de nacimiento.
 
El otro encarcelado es el hombre de los grandes contactos políticos y económicos del denominado “Grupo de Madrid”, con numerosas vinculaciones con dirigentes del PP en cuya lista por Barcelona, liderada por Josep Piqué, llegó a figurar como candidato. Entre sus contactos almerienses aparecen, entre otros, Gabriel Amat Ayllón, presidente de la Diputación, del PP y alcalde de Roquetas, donde Abad alquiló un chalé para fijar su residencia antes de jubilarse definitivamente, tras haber recorrido medio mundo. Cuentan que la salud física y mental de Josep Abad se ha debilitado notablemente después de trece semanas y media encarcelado en El Acebuche, sometido a gran presión sicológica y emocional, afirma quien le ha visto y hablado con él en los últimos días.
 
En este balance aparece también un abogado del Estado cesado como Jefe, rematado y convertido en un cadáver civil, Demetrio Carmona, durante 25 años responsable de la Abogacía en Almería, destituido en medio de un sinfín de extrañas maniobras políticas, funcionariales y judiciales cruzadas o en paralelo. En las mismas ha llegado a participar como ejecutora final, sin contemplaciones, la máxima responsable de la Abogacía del Estado en España, Marta Silva Lapuerta. Mujer políticamente cercana al ministro Ruiz Gallardón, hija del ex ministro Federico Silva Muñoz y sobrina de Álvaro Lapuerta, uno de los ex tesoreros del PP. (Tiempo atrás trabajó, entre otros destinos, junto al murciano Jesús del Rivero  en el Consejo de Sacyr, uno de los supuestos financiadores del PP, según los papeles de Bárcenas). El cese de Demetrio Carmona en el BOE apareció tres días después de arrancar formalmente la investigación entorno a la O. Tres Reyes, el 30 de enero pasado.
 
Aparece también un coro de cuatro empresarios denunciantes, supuestamente perjudicados por los imputados, algunas de cuyas biografías empresariales  han quedado reflejadas en la red, sobre todo revisando sus relaciones con la Justicia en estos años. Un ejemplo, pongan en Google “Operación Lila”, todo ello con el objetivo de contextualizar el escenario donde se han desarrollado los hechos investigados en este sumario y también a sus protagonistas, especialmente los menos publicitados y conocidos. Alguno incluso llegó a montar sociedades con Acedo en Málaga y Toledo, pero tras ser llamado como testigo ante la Guardia Civil salió como denunciante. Y así todos. Menos el empresario Manuel Rodríguez Lozano, el dueño de los 4.000 millones de dinares iraquíes que se intentaba vender vía Suiza, que fue de motu propio a presentar la denuncia ante la Guardia Civil, tras recibir supuestas amenazas, intento de extorsión y chantajes por parte de Acedo y su ayudante Nacho.

EL HOMBRE CLAVE

A todo esto, la persona que hizo posible que se conocieran todos los protagonistas en esta historia, el nexo de unión entre todos y todo, el que actuaba como número dos del “capitán” Acedo, Ignacio (Nacho) Flores Bernabéu, oriundo de Mojácar, quedó libre en horas, tras declarar y pagar una fianza de 6000 euros impuesta por la Juez a solicitud de la Fiscal. Su participación en la trama parece incluso superior a la de Josep Abad Marcos a la hora de tomar o ejecutar decisiones. También aparecen en el sumario conversaciones telefónicas y que revelan una buena y sólida relación de amistad entre las familias Flores y Berruezo, a través de los patriarcas respectivos.
 
Por otra parte nada se dice o se sabe de otros intervinientes en esta trama. Es el caso de quien aparece identificado como agente de la inteligencia norteamericana y que participó en una de las primeras reuniones del grupo imputado, con la intención de tutelar la operación compraventa de los dinares.
 
Son desde luego demasiadas las situaciones planteadas que necesitan ser aclaradas, máxime cuando la sociedad está pidiendo, exigiendo más exactamente, transparencia y la verdad de las cosas que se hacen con el dinero de sus impuestos.
 
Estamos ante un sumario en el que los malos se confunden fácilmente con los buenos y viceversa, pero donde queda muy claro desde el principio que el Sargento jefe de la investigación, centra especial y sospechosamente su atención acusatoria contra el Abogado del Estado, Demetrio Carmona, como no dándole importancia a lo que cuelga alrededor de algunos de los implicados. Por ejemplo los famosos bonos mexicanos valorados en 30 millones de dólares, según la documentación intervenida. 
 
Sumario donde el propio Sargento escribe, con rotundidad y desde el principio, que los detenidos son “falsos agentes del CNI”. Es evidente que el guardia se dejó guiar por su olfato o instinto policial, porque hasta hace unos días no ha contestado oficialmente el CNI y el Ministerios de Defensa a la Juez sobre dicha cuestión. 
 
Esta semana, tres de los siete imputados en el Caso Tres Reyes, Demetrio Carmona, Rogelio Vargas y Ángel Morales, entregarán a la Juez, a través de su abogado defensor, un escrito que podría convertirse en una bomba procesal que dé al traste con el caso o, por el contrario, lo revolucione a temperaturas bien altas. En ese escrito se documenta la relación familiar que el Sargento responsable de la investigación tiene con la familia Berruezo. En concreto la esposa del Sargento es hermana de una cuñada de Estanislao Berruezo, acusado desde el principio por Demetrio Carmona de ser el instigador de toda una trama para quitarle del cargo de Jefe de la Abogacía en Almería. Un gesto de poderío, de quien pretende demostrar desde Tíjola que manda de verdad, en interpretación de Carmona. Todo ello, afirma, con la complicidad por activa o por pasiva en esta fase última de las autoridades del PP en la provincia, así como la delegada del Gobierno en Andalucía, la también almeriense Mª Carmen Crespo.
 
Esta relación de parentesco entre el responsable de la investigación y el histórico enemigo del Abogado del Estado de Almería, a juicio de su defensa, contamina de facto el proceso e invalida la investigación ya que, como se ha visto, la familia Berruezo se convierte por una carambola de los investigadores en uno de los cuatro empresarios acusadores, tres de los cuales entraron a declarar ante la G.C. como testigos y salieron como denunciantes.

VIEJA ENEMISTAD

Estanislao Berruezo es un viejo enemigo de la familia Carmona y especialmente de Demetrio, el abogado del Estado a cuenta de antiguas y conflictivas sociedades conjuntas. En 2008 le denunció sin éxito en Madrid, ante la Fiscalía Anticorrupción como alto funcionario público. Tras dos años de investigaciones secretas del fiscal Anticorrupción en Almería, Jesús Gázquez Alcoba, la Audiencia archivó el asunto porque no se habían podido demostrar las acusaciones planteadas por el denunciante Berruezo contra Carmona, que siguió ejerciendo su cargo como Jefe de la Abogacía del Estado. Fue entonces, asegura, cuando comenzó a ser escrutado y perseguido por algunos cuadros de la Agencia Tributaria.
 
Según declara el propio Demetrio Carmona “Berruezo no ha parado de actuar contra mí desde entonces. También me denunció ante el Ministerio de Justicia, que me investigó de arriba abajo toda mi vida profesional sin hallarse absolutamente nada. Es un largo calvario el que vengo padeciendo a cuenta de las malas artes de Estanislao y todo por intentar recuperar legítimamente lo que nos pertenece, lo que le ha quitado a mi familia, a mí y así lo prueban los documentos oficiales que hemos aportado en nuestras alegaciones a la Juez. De todo esto informé en su día a las autoridades políticas de Almería y ni caso. También me ha movido la silla manejando sus contactos en las alturas de casi todos los ámbitos y estamentos, dada su gran capacidad económica y financiera, especialmente contando con apoyos en la cúpula del Banco Popular. No olvides que fue una operación suya, nada menos que de ¡mil millones de euros!, la que, en gran medida, parece que dio al traste con el Banco de Andalucía, entidad que desapareció después de aquella operación, absorbido por el Banco Popular. Por ahí anda atascada en los tribunales la abultada querella de un perjudicado en Murcia por Berruezo, Blas Noguera, contra los Consejos de Administración de los bancos Andalucía, Popular y contra la familia Berruezo por esa historia. A partir de la denuncia de Berruezo en 2008, comienzo a tener problemas en la Agencia Tributaria y fui sometido a todo tipo de investigaciones. También empiezo a convertirme en objetivo de otros abogados del Estado, tanto de Sevilla como de Granada. Incluso interviene en mi proceso la ex directora general de la AT, dimitida a raíz del caso del DNI de la Infanta”.

CONTESTA EL CNI

Si a todo lo que está sobre el escenario, a la vista de la opinión pública, se añaden otras cuestiones que podrían estar pasando entorno a este caso y que no se pueden publicar, por no estar sustentadas en documentación, solo en palabras sujetas al secreto (y quizás al miedo), parece que lo que tenía pinta de ser una operación de película, se está convirtiendo en un vodevil con tintes trágicos e inquietantes, desde el punto de vista de transparencia  democrática. Sobre todo cuando se sospecha que podrían haber existido situaciones que abocarían a una inseguridad jurídica de ciudadanos, investigados en un Estado de Derecho.
 
Que lleven a sus espaldas casi tres meses de prisión dos hombres que, antes del 18 de abril en que fueron detenidos, conseguían llegar a las más altas esferas del país, políticas, judiciales y económicas, no deja de resultar cuanto menos llamativo. Esas cosas parece que solo pasaban con algunos internos en la cárcel madrileña de Soto del Real. Sobre todo cuando justifica la Juez su negativa a ponerlos en libertad, además de por falta de arraigo, por la posibilidad de fuga o el riesgo para la seguridad de personas que están fuera.
 
Esta semana, tanto el Ministerio de Defensa como el CNI, han respondido a la Juez instructora del caso después de enviarles tres requerimientos judiciales. La respuesta sobre las filiaciones es negativa. No son ni militares ni agentes del CNI, se informa. Se esperaba lo del CNI. Aunque fuese cierto, por razones de Seguridad, nunca un servicio secreto revela este tipo de informaciones. De manual. Pero cabe preguntarse si esa norma es aplicable también a los profesionales del Ejército, dado que es el propio Mateo Acedo el que en su declaración reconoce haber vestido uniforme militar, negándose sin embargo a responder a si era agente del servicio de Inteligencia. “A esa pregunta no respondo” afirmó cortante.
 
En este mismo sentido queda otra pericial importante que aún no ha llegado a manos de Su Señoría. La relativa a la comprobación de la autenticidad de las placas y acreditaciones del CNI y del SIM del Ejército halladas en poder algunos detenidos.

TRAICIONES

Mientras tanto, en la prisión del Acebuche junto a presos de la banda ETA, el supuesto capitán José Antonio Mateos Acedo y “el almirante” Josep Abad Marcos consumen larguísimos días de prisión preventiva, repasando sus vidas y sus últimos errores. Están desmoralizados, con abogados que aparecen y desaparecen; acumulan ya dos denegaciones de libertad y dicen que sometidos a fuertes presiones externas. Eso sí, ambos tienen un convencimiento firme: “Hemos sido traicionados”. La pregunta que queda en el aire es ¿quién y por qué? les ha traicionado. Pero esa parte no aparece, aún, en los folios de la Operación Tres Reyes. Y, visto y lo no visto hasta ahora, mucho hay que temerse que no aparezca nunca. 
 
Solo cabe una luz de esperanza para que se conozca toda la verdad. Que la Juez coincida en sus apreciaciones y valoraciones de las pruebas con las defensas, tras conocer la abundante documentación aclaratoria y probatoria aportada por las partes y decida llegar hasta el fondo de esta maraña para buscar la verdad que, de momento, no se ve. Tarea en la que, obviamente, debiera colaborar activamente también la Fiscal del caso. En las manos de ambas mujeres está que los ciudadanos conozcamos la verdad de lo sucedido y si las conexiones familiares denunciadas ahora por la defensa han podido influir y contaminar esta instrucción judicial desde el principio. Y si ello se confirmase tal que así, se convertirá en una tarea urgente buscar judicialmente las motivaciones reales de quiénes hayan podido manejar los hilos de esta historia, usando fondos y medios públicos para  lo que a primera vista parece la puesta en marcha de supuestas estrategias con encargos interesados y de parte.
 
No obstante, no estaría de más ver al presidente del TSJA, Lorenzo del Rio, interesándose por este y otros sumarios almerienses, sobre todo por las materias sensibles, económicas, políticas e institucionales que parece que subyacen en  la mayoría de ellos, incomprensiblemente atascados, de la misma forma que hizo con Mercedes Alaya, la Juez del caso de los Eres. 
 
El Fiscal Superior del TSJA, Jesús García Calderón, ha permanecido durante tres días en Almería junto al Jefe de la Unidad Adscrita de Policía Judicial. Se desconoce si la Operación Tres Reyes figuraba en la agenda de trabajo del fiscal jefe. Es de suponer, dada la larga estancia, que también haya tomado nota del asunto y alguien le haya explicado por qué la Sra. Fiscal no estuvo presente en su día en la declaración judicial del Abogado del Estado y otros.