ALMERÍA.- La investigación judicial por el presunto cobro de comisiones a través de contrataciones en la Diputación de Almería señala el "conocimiento y participación" directa del posible entramado que poseía el expresidente de la institución Javier Aureliano García así como el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, a quien se atribuye ser la persona que propuso adjudicar el contrato de más de dos millones de euros para la compra de mascarillas y otro material sanitario del que habrían obtenido un beneficio por sobrecoste de 945.327 euros.
Así lo recoge el auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería por el que se ordenó la entrada y registro en las sedes de la Diputación así como en los domicilios particulares y de los negocios vinculados a los investigados, entre los que también figuran el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, su hijo Rodrigo Sánchez y un funcionario de la Diputación.
El documento de 66 páginas señala este contrato adjudicado en abril de 2020, en la fase más aguda de la pandemia por covid-19, como el eje sobre el que gira la investigación, ya que a través del mismo se revela el uso de un "lenguaje encriptado o en clave" empleado por García, Giménez y el exvicepresidente tercero y también investigado Óscar Liria.
Los tres mantenían conversaciones particulares y también a través del grupo de Whatsapp 'Naranjito' en el que hacían continuas alusiones a términos odontológicos que el juez instructor, Eduardo Martínez Gamero, ve vinculados a la tramitación de contratos públicos que se gestionaban, al menos desde 2016, en la Diputación.
Así, señala como ejemplo la vez en la que el 11 de junio de 2018 Óscar Liria preguntaba a Javier Aureliano García si había visto "el orden del día" en cuanto a lo que podría ser la junta de gobierno local donde se aprueban las contrataciones, a lo que este le contestaba que "esperaba poder ir al dentista".
"Te vas a poder cambiar la piñata entera", le respondía el
entonces diputado provincial.
"El uso de esta terminología es
muy recurrente y se encuentra totalmente desvinculado del contenido
material de las conversaciones", expone el instructor, quien señala más
de una decena de ejemplos de 2017 en adelante en los que los implicados
hablarían supuestamente de 'mordidas' mediante comentarios como "me
tengo que hacer una limpieza", "necesito empastarme dos o tres muelas",
"tengo las muelas picadas" o "sácame cita para el dentista la semana que
viene que estoy que no puedo comer", entre otras.
El juez
recalca así que el uso de "terminología de forma absurda, abusiva y un
número de veces inexplicable" relativa a la ortodoncia "en un contexto
totalmente desvinculado del anterior, pues el resto de la conversación
versa sobre licitaciones públicas en trámite".
En este contexto, el juez señala la existencia de un indicio
"demoledor" que simbolizaría "la importancia del papel que ejercía don
Javier Aureliano en el entramado delictivo" en el día en el que se firmó
el contrato para adjudicar la compra de material sanitario.
En este sentido, señala cómo el entonces presidente de la Diputación
remitió al grupo de WhatsApp que mantenía con Giménez y Liria un
"emoticono de un diente o muela" a las 20,53 horas del 8 de abril de
2020, es decir, "tan solo tres minutos más tarde de la fecha de firma
del Decreto del contrato público de adjudicación".
Cabe
recordar que la compra del material sanitario se realizó a la empresa
Azor Corporate Ibérica, del investigado y detenido en la primera fase de
la trama Kilian López. Dicho contrato, según los investigadores, supuso
un sobrecoste del 42,27 por ciento.
La investigación señala
que fue Fernando Giménez quien propuso contratar "sin publicidad" con
esta mercantil que además carecía de especialización en el ámbito
sanitario.
Además, recoge que hay indicios de que Kilian López habría
realizado entregas de dinero a Liria, quien habría actuado como
intermediario en el cobro de comisiones.
Con indicios
accesorios, el auto recalca el "interés desmedido" así como la
"inquietud y nerviosismo" de García en la consumación del contrato
público de adjudicación de material sanitario ante el "incesante
intercambio de mensajes" por parte de este y Óscar Liria preguntando por
el contrato "¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosismo", le manifestaba el
entonces presidente a Liria.
La instrucción también señala el "llamativo" uso de dinero en efectivo
por parte de Javier Aureliano García, quien según el informe policial
hacía frente a las cuotas hipotecarias en la adquisición de un inmueble
mediante "abonos" en cuenta a través de cajeros automáticos.
En esta línea, el juez estima el supuesto "conocimiento y participación"
de la hermana de García, a cuyo nombre se encuentra la cuenta bancaria
de la que se hacía uso, en lo que podría ser un "delito de blanqueo de
capitales" consistente en "reincorporar el tráfico de dinero cuyo origen
podría ser ilícito".
Junto con estas transferencias, el juez
también apunta el pago en 'cash' de elevadas cantidades de 20.000 euros
para la compra de una parcela en Rodalquilar, cuyo origen es
desconocido ya que la Guardia Civil constató "la inexistencia de
retiradas de efectivo en los productos bancarios" del ya expresidente.
En esta misma línea, resulta llamativo al instructor que García
adquiriera una vivienda de herencia familiar por completo mediante la
compra de su parte a sus hermanos "sin que se hayan localizado
movimientos bancarios que justifiquen el abono del 75 por ciento del
importe restante".
Con todo ello, el instructor ve sospechas
fundadas de que, a criterio policial, existirían operaciones que
reflejarían por parte del expresidente y sus hermanos la
instrumentalización de la comunidad de bienes García Molina "para
canalizar fondos obtenidos de forma ilícita".
El auto da cuenta además del supuesto uso de sociedades
instrumentales Pulconal y OYC Servicios Urbanos para la adjudicación de
contratos públicos ligados a varios de los cargos políticos y allegados a
los mismos; algo de lo que Javier Aureliano García tuvo "pleno
conocimiento, aquiescencia y participación", según el juez.
El
juez aprecia una "actividad ficticia y simulada" de ambas en empresas
que habrían servido para adjudicar contratos públicos" aprovechando las
capacidades que ofrecía el cargo" de Liria y del aún alcalde de Fines.
"Esto implicaría que la adjudicación del contrato de material
sanitario no fue un hecho aislado, sino una oportunidad generada en el
seno de este presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos
públicos que constituye el objeto de la presente causa", resume el
instructor.
Con ello, incide en la investigación centrada en
la empresa Pulconal, en la que Óscar Liria comenzó a tener participación
"solo cuatro meses después" de ser nombrado vicepresidente.
Su finalidad, según los investigadores, era ser adjudicataria de
contratos públicos y obtener un rédito económico. Así, por supuesta
mediación de Liria, al entidad obtuvo 16 contratos públicos "centrando
su actividad en la Diputación".
En este punto, las pesquisas
apuntan la "connivencia" del jefe de Apoyo Técnico y Maquinaria de la
Diputación C.G.S. a quien se atribuye presuntamente haber ayudado a
seleccionar empresas e indicarles la oferta económica que debían
realizar.
Paralelamente, la investigación también se fija en
la mercantil OYC Servicios Urbanos, que estaba controlada por terceras
personas que habrían sido interpuestas por el alcalde de Fines y su hijo
desde el 1 de septiembre de 2017.
La empresa recibió "de forma
fraudulenta" hasta 17 contratos públicos de la Diputación y el
Ayuntamiento con importes de 1.126.573,97 euros.
