viernes, 10 de septiembre de 2010

Los ayuntamientos recibirán 1.200 millones de los ingresos del Estado en 2011, un 9,2% más

TOLEDO.- El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha avanzado que la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado va a crecer en torno a un 9,2% en 2011, lo que va a suponer que las entidades locales recibirán unos 1.200 millones de euros netos, que podrán invertir "en lo que consideren oportuno".

En declaraciones a los medios antes de inaugurar en Toledo el I Congreso de Pequeños Municipios, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Zarrías ha señalado que a esos 1.200 millones se añadirán otros 300 millones, "teniendo en cuenta la liquidación que deben de hacer el 1 de enero de 2011, como consecuencia de la liquidación del año 2007".

"Eso supondrá que el año próximo se distribuirán en todos los ayuntamientos del país una cifra que supera los 1.500 millones de euros", dinero que recibirán "en un momento en que el Presupuesto General del Estado decrece en torno al 6,6% y los ministerios en torno a un 15%" y que las inversiones "van a descender en 2011 un 30%".

Zarrías ha dejado claro que ese incremento del 9,2% llegará a las corporaciones locales "de forma indeterminada", siendo los propios ayuntamientos los que podrán destinarlo "a lo que quieran", y citó como ejemplo el pago de proveedores o el pago de nóminas.

Esta opción se suma a la del endeudamiento, que deberá dirigirse a financiar inversiones y que se pondrá en marcha gracias a la modificación del artículo 14 del Decreto Ley aprobado en mayo por el Gobierno, "que va a permitir que aquellos ayuntamientos que estén por debajo del 75% en lo que es la deuda viva puedan endeudarse de acuerdo a la normativa que en este momento existe".

Zarrías ha destacado que estas iniciativas van a motivar "que los ayuntamientos puedan cofinanciar diferentes proyectos de carácter plurianual o en los que exista la necesidad de una cofinanciación de los ayuntamientos con las comunidades autónomas o con la Unión Europea a través de los fondos europeos".

Estas dos medidas, que son las "más importantes que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado para 2011" y que "inciden directamente en la vida de los ayuntamientos", se unen al mantenimiento en 2011 del fondo destinado a las pequeñas poblaciones --las que no llegan a la cifra de 150 euros por habitante-- y a todo lo referente a los planes provinciales de las diputaciones provinciales.

El secretario de Estado de Cooperación Territorial, que ha indicado que esto "se ha discutido con la FEMP", ha recordado que el Gobierno durante 2009 y 2010 "ya depositó en los ayuntamientos la friolera de 13.000 millones de euros" para que pudieran llevar a cabo mejoras importantes en sus municipios "con criterios puramente objetivos, haciendo caso omiso a lo que ocurre en otras administraciones que establecen baremos de entrega de dinero en función del color político de los ayuntamientos".

Ha reconocido que los ayuntamientos "tienen que dar respuesta a los problemas del día a día y eso supone esfuerzos financieros importantes" y de ahí que, aunque "habrá que esperar a tiempos mejores" para buscar un nuevo sistema de financiación, esto va a permitir que "buena parte de los proyectos que los ayuntamientos tenían al inicio de la legislatura" puedan salir adelante.

En este punto, y ante las críticas del PP, Zarrías ha comentado que "si el Partido Popular se caracterizó por algo en su etapa de gobierno" durante los ocho años de José María Aznar, fue "por acribillar a los ayuntamientos", a los que "les retiró el IAE, sin compensación, y puso en marcha un sistema de financiación "que no ha servido para nada".

"Si hay alguien que debe permanecer con la boca cerrada en estos momentos cuando habla de financiación y apoyo a los ayuntamientos son aquellos que durante ocho años se dedicaron a machacar a las corporaciones locales", ha precisado.

Respecto al Congreso, Gaspar Zarrías ha considerado que es el "lugar idóneo" para poder analizar con los representantes de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de todo el país las novedades que los PGE van a introducir y que afectan directamente a la vida local y la vida municipal.

"El gobierno de España tiene claro, muy claro, el papel determinante que en nuestro país juegan los ayuntamientos", ha señalado Zarrías, convencido de que "dar respuesta a los problemas lleva consigo financiación y lleva consigo buscar dinero de donde no lo hay".

Por eso, ha explicado, "en el mes de mayo adoptamos una serie de decisiones que en aquel instante eran absolutamente necesarias, era un esfuerzo colectivo en el que todas las administraciones públicas teníamos que hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para reducir el déficit, y esas medidas han permitido que hoy, cuando comenzamos a discutir los Presupuestos, la situación económica, de forma pequeña, se ha movido de forma positiva" y eso "nos lleva a que en los PGE el compromiso del Gobierno de España con ayuntamientos vaya a ser importante".

Sólo el 4% de los municipios no podrá endeudarse en 2011

MADRID.- Únicamente el 4% de los 7.595 municipios españoles --excluidos los de País Vasco y Navarra-- tiene una deuda superior al 75% de sus ingresos, por lo que no podrán seguir endeudándose en 2011, de acuerdo con el nuevo criterio establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda y según los datos del colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).

Los datos de deuda, referidos a 2009, ponen de manifiesto que sólo 310 ayuntamientos contarán con esta restricción para el próximo año por tener un mayor nivel de endeudamiento que sus vecinos, después de que Economía haya rectificado la prohibición total para solicitar nuevos créditos el próximo año.

A pesar de ser un porcentaje pequeño de ayuntamientos, entre estos municipios se encuentran algunos tan importantes como Madrid (con una deuda del 159% de sus ingresos), Valencia (106,6%), Málaga (127%), Córdoba (101,6%) o Santander (100,2%).

También se encuentran en esta situación ciudades como Ávila (11,3%), Cuenca (82,8%), Jaén (120,5%), Teruel (187,1%), Huelva (88,2%), Zaragoza (115,35%), Cádiz (82,8%), Tarragona (97%), Santiago de Compostela (77,7%), Lleida (90,2%), Murcia (77,2%) o Ceuta (89,6%).

Para Gestha, el nuevo criterio de Economía de restringir el endeudamiento de las corporaciones locales con un endeudamiento superior al 75% es "engañosa", dado que no se consideran las deudas que puedan tener las sociedades públicas o privadas constituidas por los consistorios.

Además, este colectivo señala que los criterios para la aplicación de esta medida pueden basarse en una "pura trampa", ya que permite un mayor endeudamiento a los ayuntamientos que hayan empleado "ingeniería financiera para maquillar" su deuda y cumplan con los nuevos requisitos.

En la distribución por comunidades autónomas, Cataluña, con 85 municipios, encabeza la lista de regiones con mayor número de ayuntamientos que no podrán endeudarse el próximo año, seguida de Comunidad Valenciana (51), Andalucía (47), Aragón (37), Castilla y León (31), Castilla-La Mancha (11), Madrid (10), Murcia (8), La Rioja (7), Galicia (6) y Baleares, Canarias y Cantabria, con 4 ayuntamientos cada una. Asturias y Melilla son las únicas regiones que no tienen ningún municipio que supere el 75% de deuda.

Gestha atribuye la "crítica" situación que atraviesan las cuentas de los consistorios a la caída de la recaudación derivada de la crisis financiera actual y a la recesión económica que "ha hecho mella" en una de sus principales fuentes de ingresos como era el sector constructor e inmobiliario.

Por ello, los técnicos de Hacienda instan al Ejecutivo a mejorar la vía de los ingresos mediante una lucha "más eficaz" contra la economía sumergida, una de las mayores bolsas de dinero negro de la Unión Europea que actualmente supone que 245.000 millones de euros, el 23,3% del PIB, escapen al control del fisco.

Ecologistas urge a EEUU a "no eludir su responsabilidad" en la descontaminación de Palomares

ALMERÍA.- Ecologistas en Acción ha remitido una carta al embajador de EEUU en España para instar al país norteamericano a que "no eluda su responsabilidad" en las labores de limpieza de las "70 hectáreas" de terreno en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora donde el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) detectó la presencia de contaminación radioactiva y, por tanto, "se haga cargo" de la retirada del material.

La misiva, que se envió hace dos semanas y llega después de que España y EEUU "no hayan renovado" el acuerdo que mantenían en esta materia, pretende "presionar" a las autoridades que no "pueden escurrir el bulto", según ha asegurado el responsable de la campaña antinuclear del colectivo, Francisco Castejón, ya que la citada contaminación por plutonio-americio tiene su origen en las cuatro bombas caídas desde aviones norteamericanos en 1966 sobre la zona.

Castejón ha precisado que desde Ecologistas en Acción, con participación del proceso de seguimiento de la contaminación radioactiva de origen militar extranjero en Palomares desde el año 2001, se ha trasladado al embajador que su país "debe dar soporte técnico" al Ciemat para dejar la zona libre de residuos radioactivos, "tomar responsabilidad" en su extracción y retirada, así como sufragar "no menos del 50 por ciento" del total del coste de las actuaciones.

Ha subrayado que, ante la falta de respuesta a la misiva y "cómo se están precipitando los acontecimientos", el colectivo se ha visto impulsado a reaccionar ya que resulta, a su juicio, "imprescindible" que EEUU, "responsable del incidente", se haga cargo de los residuos como paso previo a dejar "expedito" el suelo de Palomares.

En la actualidad, ha subrayado Castejón, la zona contaminada "está caracterizada, expropiada y cercada" que era "lo que pedíamos" desde Ecologistas en Acción, por lo que, ha ahondado, "ya sólo queda el paso final, el de la descontaminación, para lo que existen tecnologías de uso probado".

Al hilo de esto, ha criticado que, pese a tener constancia de que España "hace fuerza en esa dirección", no se hayan producido "grandes avances" en las ultimas reuniones mantenidas entre representantes de ambos gobierno en la sede del Departamento de Energía (DOE), en Washington (EEUU) al tiempo que ha reclamado "más compromiso".

Castejón ha expresado, asimismo, que los mensajes de las autoridades encaminadas a "quitar la alarma diciendo que todo está resulto" resulta "negativos" ya que, ha remarcado, "lanzan una imagen falsa al ser ciertas actividades que remueven la tierra como la agrícola o la urbanística peligrosas".

"Hay que lanzar una imagen de urgencia frente al no hay prisa", ha advertido.

El sello Arráez publica una investigación sobre el reflejo y las consecuencias de la Guerra Civil en Garrucha

ALMERÍA.- El sello editorial almeriense Arráez ha publicado 'La Guerra Civil en Garrucha. Violencia republicana y represión franquista, 1936-1945', escrito por los almerienses Manuel León González y Eusebio Rodríguez Padilla, donde se recoge una investigación "modélica sobre Garrucha, uno de los pueblos en los que el conflicto puso de relieve la existencia de una gran fractura social, las dos Españas, con bastantes asesinatos y ejecuciones".

Según ha informado la editorial, este libro, que se presenta este sábado en Garrucha, servirá de modelo para otros futuros que se escriban sobre este periodo "tan cruento de nuestra historia". Además, ha explicado que la obra recoge unas 80 fotografías de personajes protagonistas de ese momento histórico.

Por otro lado, ha apuntado que la guerra entró como "cuchillo en manteca una tarde de julio del 36 y el dócil veraneo en la playa de La Garrucha quedó truncado de golpe por las noticias que llegaban por la radio desde el norte de África".

Así, ha continuado afirmando que el libro refleja que a partir de entonces, "nada volvió a ser igual y nunca lo ha vuelto a ser". Pues, según ha explicado, comenzaban entonces "unos tiempos revueltos, de horror y miseria, de miedo, pero también tiempos de esperanza en un mundo mejor".

Este libro resume "una historia jamás contada, sólo barruntada, con imágenes inéditas de sus protagonistas, en un pueblo de 3.500 habitantes, que vivió días dramáticos que comenzaron con violencia y terminaron con represión", ha apuntado, añadiendo que los lectores encontrarán "una historia trufada de dolor, de exilios forzosos, de destierros, de escarnios públicos y de ejecuciones al amanecer".

Cada página de este libro, "como en las cajas chinas", según ha subrayado, contiene a su vez otra historia, todo ello "bajo el cañamazo de la vida de unos hombres y mujeres que en la mayoría de los casos se fueron a la tumba muchos años después sin volver a hablar más de aquellos lúgubres momentos".

Del mismo modo, ha precisado que en los casi tres años que duró el conflicto bélico en las trincheras y la tensión en la retaguardia, hubo espacio para el rencor, la venganza, la ira, pero también para actitudes heroicas, solidarias y para recolectar pura bondad de dentro de los corazones de muchos garrucheros.

El almeriense Eusebio Rodríguez Padilla, doctor en Historia Contemporánea con la tesis 'La Justicia Militar en Almería 1938. 45. El Delito de Rebelión', es miembro del grupo de investigación 'Estudios del Tiempo presente' de la Universidad de Almería y del Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial de Almería.

Ha publicado varios libros sobre la represión franquista en las provincias de Almería y Granada y cuenta con abundantes artículos con la misma temática en diferentes revistas de las provincias de Granada y Almería, destacando el libro 'La Represión Franquista en Almería 1939-45'.

Por otro lado, Manuel León González, vecino de Garrucha, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es redactor jefe del diario La Voz de Almería. En su producción literaria cuenta con la novela 'Los Comandantes ya no matan a caballo', trabajos de investigación histórica en la Revista Axarquía y relatos cortos ambientados en la comarca del Levante almeriense.

La Junta abre expediente por el incendio declarado hace un mes en una planta de residuos de El Ejido

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía ha comunicado este viernes a la sociedad 'Ejido Medio Ambiente' la apertura de un expediente administrativo por falta muy grave derivado de la investigación que, del incendio que se desató hace un mes en la planta de tratamiento de residuos orgánicos de El Ejido, han realizado técnicos de la Delegación Provincial de Medio Ambiente. La empresa enfrenta multas cuyo importe oscila entre 30.000 y 1.200.000 euros.

Así lo ha anunciado en declaraciones a los periodistas la delegada del Gobierno andaluz en Almería, María Isabel Requena, quien ha informado, asimismo, de que se ha acordado la retirada "cautelar" de la licencia de gestor de residuos a la mercantil que ostenta su titularidad aunque la propiedad de las instalaciones en las que se depositan los restos vegetales de las explotaciones agrícolas de la comarca se encuentra bajo litigio judicial entre la sociedad 'Morgan Aqua' y el Grupo Lirola.

El acuerdo de inicio del expediente sancionador se ha comunicado a la empresa que, según ha precisado, tiene un periodo de un mes para elevar alegaciones, por lo que transcurrido éste, la Junta de Andalucía adoptaría la resolución definitiva. En el escrito se insta, asimismo, a la empresa a que ponga en marcha los "mecanismo necesarios" para extinguir de manera definitiva el fuego, que se reactivó hace tres días debido a las fuertes rachas de viento registradas en la zona.

Requena, quien ha destacado la "diligencia" en la actuación desplegada por la delegación provincial de Medio Ambiente, ha hecho referencia, asimismo, a la denuncia que instruye un juez de El Ejido interpuesta por 1.700 residentes en los núcleos de población aledaños a la planta de tratamiento por molestias de salud que atribuyen al humo que emana de las pilas de residuos vegetales.

Ha revelado que el Hospital de Poniente de El Ejido no ha detectado que se haya producido un incremento durante el último mes de las patologías respiratorias que se atienden en el centro al tiempo que ha avanzado que la Unidad de Control de la Calidad del Aire instalada en la zona, "más con carácter preventivo", no ha concluido su informe si bien "no esperamos datos negativos".

Efectivos del parque de bomberos del Poniente actuaron este martes en el interior de la planta de tratamiento residuos orgánicos 'Ejido Medio Ambiente' para sofocar el fuego reactivado por las fuertes rachas de viento aunque el incendio se encuentra controlado después de haber registrado en la zona de pilas llamas de más de seis metros de altura.

El primer incendio se desató en la noche del 7 de agosto sobre una superficie de 10.000 metros cuadrados en los que se acumulaban toneladas de rastrojos y plantas secas procedentes de la limpieza de residuos agrícolas las explotaciones invernadas de la comarca. La Junta de Andalucía apreció entonces indicios de que se pudiera estar dando una "eliminación incontrolada" mediante quema de residuos que deberían de haberse tratado para la producción de compost.

Un juez de El Ejido incoaba 20 días después diligencias previas para dirimir si las molestias de salud denunciadas por unos de 1.700 vecinos del municipio están directamente relacionadas con el fuego en la planta de 'Ejido Medio Ambiente' y, si procede, depurar responsabilidades ya que la combustión aún se mantenía activa debido a la gran cantidad de residuos vegetales que se acumulan en sus instalaciones.

Desde COAG-Almería se está recabando entre los agricultores afectados por el incendio las denuncias para iniciar acciones que estudian los servicios jurídicos de la organización agraria por lo que consideran una "manifiesta negligencia" en la gestión de las instalaciones y una "tomadura de pelo" hacia los agricultores de la comarca, quienes ven "como año tras año se les cobra por un servicio de gestión de residuos que nunca se produce".

Desde la organización han trasladado, asimismo, que el sector está "harto" de los" misteriosos" incendios que "periódicamente" se producen en unas instalaciones cuya propiedad está inmersa actualmente en un litigio judicial entre la sociedad del mismo nombre y el Grupo Lirola, que administran tres imputados en el caso 'Poniente' y concesionaria del servicio municipal de recogida de basuras y limpieza viaria en El Ejido.