sábado, 26 de marzo de 2011

El Papa dice que la precariedad laboral dificulta las condiciones de la sociedad


CIUDAD DEL VATICANO.-El papa Benedicto XVI advirtió hoy de que las "condiciones difíciles o precarias" del trabajo "convierten en difíciles y precarias las condiciones de la sociedad misma, las condiciones de vivir de forma ordenada en base a las exigencias del bien común". 

Benedicto XVI así lo manifestó en un discurso a los peregrinos de la diócesis italiana de Terni, a los que recibió en audiencia en el Aula Pablo VI del Vaticano, y en el que subrayó que "el trabajo es uno de los elementos fundamentales tanto para la persona como para la sociedad".
El Pontífice se refirió al problema del paro y recordó que en su tercera encíclica, "Caritas in veritate", exhortó a perseguir "como prioridad el objetivo del acceso al trabajo y de su mantenimiento para todos".
Subrayó la "angustia" que genera en las familias la precariedad laboral que afrontan los jóvenes e hizo un llamamiento para que se concentren esfuerzos con el fin de acabar con las muertes y los accidentes laborales.
Asimismo, advirtió de cómo, "con frecuencia", el trabajo es visto como "un instrumento para obtener ganancias" e incluso como "un medio para la explotación", con lo que, dijo, se "ofende la dignidad de las personas".
El Pontífice lamentó también que en la sociedad actual "el ritmo de consumo" hace que se corra el riesgo de perder "el sentido de la fiesta del Domingo como el día del Señor y de la comunidad".

El PP-A ve a todo el Gobierno andaluz "bajo sospecha" por los ERE

SEVILLA.- La portavoz regional del Partido Popular de Andalucía (PP-A), Rosario Soto, ha asegurado que en el caso de los ERE hay "todo un Gobierno andaluz bajo sospecha" y ha acusado a la Junta de Andalucía de entregar de forma "sesgada, parcial e incompleta" la documentación que le ha sido requerida por la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya.

   En rueda de prensa en Sevilla, Soto ha asegurado que el "discurso permanente" de la Junta de Andalucía "del caiga quien caiga es incompatible con la entrega de una selección incompleta" de la documentación que ha solicitado el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
   Además, ha insistido en que "el Gobierno de la Junta es todo un Gobierno bajo sospecha" porque en estos últimos días "se ha puesto en evidencia que no es solo una consejería la que está involucrada en esta trama, sino diferentes consejerías". En concreto, y haciendo referencia a una información publicada este sábado por 'El Mundo' en la que se informaba de que la Consejería de Innovación también avaló la inclusión de una "intrusa" en un ERE, Soto ha recalcado que es por esto por lo que "la justicia ha solicitado el organigrama completo de más de cuatro consejerías" así como de "todas las viceconsejerías e, igualmente, de los órganos instrumentales involucrados en la trama".
   Por todo ello, la portavoz 'popular' asegura que "hay motivos más que suficientes para que se hubiera presentado más de una dimisión". Sobre todo, ha dicho, porque la juez Alaya "ha indicado a la Policía Judicial que investigue y señale la posible relación de los falsos prejubilados con la propia Junta, con los partidos políticos o cargos públicos".
   De otro lado, Soto ha criticado la "absoluta frivolidad" con la que, en su opinión, el presidente de la Junta de Andalucía está abordando el tema de los ERE y se ha preguntado "cómo puede decir que la cuantificación de los casos de prejubilados tan solo es de diez millones de euros". "En primer lugar, porque es absolutamente falso y, en segundo lugar, porque aunque fuera verdadero, es una absoluta frivolidad y denota la falta de valor que Griñán da al dinero público que pagamos todos los andaluces con nuestros impuestos", ha subrayado.
   Según Soto, el dinero supuestamente defraudado es "mucho más" de diez millones porque la investigación interna de la Junta de Andalucía "hablaba el pasado miércoles de 72 intrusos" y, por tanto, los diez millones de euros estaban cuantificados en relación con estas 72 personas. "Pero es que al día siguiente, el jueves, eran ya 75 intrusos", ha dicho, y además, la Junta no ha incluido en este cálculo "las 111 irregularidades que reconocen en su propia investigación, por lo tanto, no son 75 intrusos y la cuantificación 10 millones, sino que son 186 irregularidades y una cantidad muy superior".
   Al mismo tiempo, la portavoz del PP-A ha señalado que estas 186 irregularidades corresponden "solo a los 68 ERES vivos", por lo que habría que añadir las que se encuentren en los 176 ERE 'muertos' que la juez Alaya también ha ordenado investigar, según publica este sábado 'El País'. A todo ello habría que sumar, según ha añadido Soto, "el dinero que se han llevado los intermediarios y comisionistas" de los ERE y la "posible sobrevaloración de las pólizas".
   Por todo ello, ha recalcado que "lamentablemente no son solo 10 millones", aunque ha evitado dar otra cifra sobre lo que el PP-A sospecha que se haya podido defraudar. "Si ni siquiera la juez tiene toda la documentación que le había requerido a la Junta, cómo vamos a tener nosotros cuantificado la cantidad de este fraude", ha argumentado.
   Sobre la posible caducidad del 'Convenio marco de colaboración entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y el Instituto de Fomento de Andalucía para la materialización de ayudas en materia de trabajo y seguridad social', Soto ha dicho que el PP-A y "también la Policía Judicial" tienen "serias dudas de que tenga validez jurídica" a partir del 31 de diciembre de 2003 pero que, en todo caso, será la justicia quien determine este extremo.

Cerca de 60.000 personas se manifiestan en Valencia contra la corrupción y para pedir la dimisión de Camps

VALENCIA.- Cerca de 60.000 personas, según los organizadores, se han concentrado este sábado en las calles de Valencia con motivo de la manifestación convocada por la plataforma ciudadana 'Col.lectiu contra la corrupció' para manifestarse contra la corrupción y exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. 

   Durante la marcha --que ha comenzado pasadas las 18.00 horas--, que ha sido calificada por los convocantes como un éxito", los participantes han mostrado pancartas con lemas como 'No a la corrupción, Camps dimisión' o carteles con muñecos recortados en forma de chorizo con las figuras del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, Álvaro Pérez 'El Bigotes', la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el coordinador de Economía en las Corts, Ricardo Costa, y el propio jefe del Consell. Asimismo, un estandarte al frente de la marcha mostraba un lazo negro en señal de duelo por las víctimas de la corrupción.
   También se han escuchado eslóganes como 'Camps dimisión', 'Te quiero un huevo, quiero un traje nuevo', 'No nos mires, a ti también te roban' o 'El president a Picassent'.
   Al inicio de la protesta se ha registrado un incidente, cuando un pequeño grupo de una decena de personas han enarbolado pancartas contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha provocado las protestas de los asistentes, que les han acusado de "provocar".
   Entre los manifestantes se encontraban dirigentes políticos socialistas, como el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, acompañado de la secretaria provincial del partido en Valencia, Carmen Martínez, o el portavoz socialista en la cámara autonómica, Ángel Luna.
   Asimismo, también han estado presentes en la marcha el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, y las diputadas del grupo Mónica Oltra y Mireia Mollà.
   La portavoz del colectivo organizador, Reyes Matamales, ha señalado que su organización denunciará la corrupción "sea del partido que sea", aunque ha admitido que en este caso "es del PP y de Camps". "Queremos unas instituciones transparentes y que el PP dé explicaciones a los ciudadanos y a la oposición de la --presunta--financiación ilegal y de dónde están nuestros impuestos", ha agregado.
   Alarte ha indicado ante los medios que, independientemente del número de ciudadanos congregados hoy en Valencia, está seguro de que "en sus casas hay miles, y me atrevería a decir millones, de valencianos que tampoco les gusta lo que ven". Por ello, ha pedido que las instituciones "vuelvan a funcionar bajo criterios de honestidad y honradez".
   Por su parte, Enric Morera ha señalado que el objetivo de la marcha es "pedir la regeneración democrática" de las instituciones valencianas, por lo que, ha insistido, "los partidos no deberían llevar en sus listas imputados y tránsfugas".
   La manifestación, convocada a las 18.00 horas en la plaza de San Agustín de Valencia, se ha dirigido hasta el hasta el Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la calle de San Vicente, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, desde donde la marcha ha girado hacia la calle de las Barcas para desembocar en el Parterre y en la plaza de Alfonso el Magnánimo, sede del máximo órgano judicial de la región, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto titulado 'No a la corrupción. Camps dimisión'.
   Fuentes policiales han confirmado que mientras la cabecera de la marcha se situaba frente al TSJCV, la cola de la misma permanecía todavía en la calle de las Barcas, aunque no han precisado cifras.
   El manifiesto, con referencias al 'caso Gürtel', proclama la "defensa de la democracia" en la Comunitat y advierte de que está "acosada por el cáncer de la corrupción y el abuso de poder". En este sentido, insiste en que la corrupción, "lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido, con los sucesivos gobiernos del PP, en una práctica sistemática".
   De esta manera, han denunciado la "connivencia de la Generalitat con la mayor trama de corrupción conocida en la era democrática" de España. Esta situación, han lamentado, está "colapsando la vida pública, los recursos financieros y el patrimonio natural y cultural" de la Comunitat y "amenaza nuestro futuro".
   'Col.lectiu contra la corrupció', en el manifiesto, pregunta por los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el montaje de la visita del Papa, por los beneficios de la America's Cup y la Fórmula 1, los trajes y el 'caso Brugal'. También han protestado por el cese de las emisiones de TV3 y por la situación de RTVV, entre otras cosas.
   En este sentido, han asegurado que la crisis económica tiene que ver con la corrupción, la "economía especulativa" y la de "grandes fastos". "En lugar de invertir en la red productiva autóctona, en las pymes y la agricultura, el PP ha levantado la cortina de humo de la economía especulativa".
   Para el colectivo organizador, "el estado actual de las cosas no habría sido posible sin el abuso de un poder cimentado en las mayorías absolutas del PP. Bajo las órdenes de Camps, las Corts se han convertido en una pieza más del circo de la derecha con una oposición menospreciada e ignorada", han criticado.
   El PPCV ha denunciado esta concentración porque, a su juicio, tiene "fines delictivos" y su único propósito es "injuriar". Por ello, solicitó la suspensión cautelar de la misma. No obstante, la titular del juzgado de Instrucción de Valencia encargada de la tramitación de la denuncia lo desestimó por considerar que "no es urgente" su adopción, dado que los hechos denunciados vienen produciéndose desde el mes de febrero y se trata, en su caso, de un delito permanente prolongado en el tiempo.
   Durante la marcha, los manifestantes han aludido en tono irónico a esta denuncia pidiendo "una ayudita" para hacer frente a la misma.
   De la misma manera, algunos de los dirigentes políticos presentes en la manifestación lamentaron el intento del PPCV de impedir la marcha. En este sentido, Jorge Alarte señaló que este intento ha sido "inadmisible" y que el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, "debería dar explicaciones" al respecto.
   Asimismo, Matamales ha insistido en que estamos en un Estado de Derecho y que la denuncia es "un síntoma del nerviosismo del PP porque hay miles de valencianos que están abriendo los ojos sobre la situación de la Comunitat Valenciana, cuyo responsable es Camps y su gestión".

Impiden una en Argel


 Las fuerzas de seguridad argelinas han impedido una nueva manifestación de la Coordinación Nacional para el Cambio y la Democracia (CNCD), que había reunido a un centenar de personas en la plaza Primero de Mayo.

   Un importante dispositivo policial tenía tomado el lugar desde primera hora de la mañana, según informa el diario opositor argelino 'El Watan'. Los cientos de agentes se desplegaron en la plaza y las calles aledañas formando cadenas para impedir cualquier manifestación.
   A las 10.30, hora prevista de la protesta, los policías rodearon rápidamente y bloquearon a los activistas opositores, pero éstos corearon consignas como "activismo hasta la caída del sistema" o "Argelia libre y democrática".
   Una hora después, a las 11.30, los policías habían ya logrado disolver a la totalidad de la protesta, la séptima de las manifestaciones semanales convocadas por la oposición.

La Junta inicia el 1 de abril una campaña para atraer viajeros a Andalucía

MÁLAGA.- 'Andalucía te quiere' es el lema de la campaña que iniciará la Consejería de Comercio, Turismo y Deportes el próximo 1 de abril en el ámbito nacional y que pretende atraer a viajeros a Andalucía con motivo de la Semana Santa.

   La campaña de Semana Santa pretende reforzar a Andalucía como destino líder vacacional en esta época entre las personas residente en el conjunto de España y, más concretamente, en las de la propia Comunidad Autónoma. El público objetivo al que se dirigirá es el de mayores de 16 años con capacidad para salir de viaje al menos una vez al año.
   Se difundirá en Internet del 1 al 20 de abril y del 1 al 17 de ese mes a través de la radio y de acciones especiales, según el pliego de prescripciones técnicas al que ha tenido acceso Europa Press.
   Esta campaña ha salido a licitación pública por un importe de 169.491,52 euros, IVA no incluido, y el plazo de presentación de ofertas concluye el próximo día 28. La mayoría de la inversión pretende realizarse en las acciones especiales, con más de 84.000 euros previstos.
   En estas acciones especiales los soportes a elegir serán aquellos que aporten notoriedad a la campaña y cuya repercusión diferencia a Andalucía del resto de acciones de otros destinos turísticos. Entre los posibles formatos están el 'street marketing', relaciones públicas, patrocinios, acciones especiales en prensa, radio o Internet, fuera de la publicidad convencional; etcétera.

Gestha ve "necesario" el plan de empleo sumergido porque 245.000 millones escapan al fisco cada año

MADRID.- El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ve "necesario" el plan de empleo sumergido anunciado por el Gobierno, dado que en España 245.000 millones de euros escapan al control del fisco cada año.

   En un comunicado, Gestha valora el nuevo plan de lucha contra la economía sumergida, ya que afirma que las distintas bolsas de dinero negro suponen una "auténtica lacra" para las arcas públicas, pero también para el conjunto de la sociedad española.
   "Esta medida es especialmente necesaria en un país como España, donde la tasa de fraude se sitúa en el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, como Alemania o Francia, lo que se traduce en unos 245.000 millones de euros anuales que escapan del control del Fisco", subraya.
   En opinión de este colectivo, la aplicación de medidas adecuadas para atajar la economía sumergida permitiría aumentar la recaudación en 38.500 millones de euros anuales, lo que a su vez contribuiría a recortar el déficit del conjunto de las administraciones en torno a un 40%.
   Con el objetivo reducir la economía sumergida, los técnicos de Hacienda proponen actuar en cuatro frentes: mejorar la colaboración entre las distintas administraciones con la creación de una base de datos compartida; aumentar la responsabilidad de los técnicos en el control del fraude y la evasión fiscal a través creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda; cuantificar periódicamente la economía sumergida mediante estudios y estimaciones plurianuales y, finalmente, garantizar el control parlamentario para fijar el objetivo de reducción del fraude.
   Por otro lado, Gestha considera que la aplicación de amnistías fiscales para hacer aflorar la economía sumergida no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, como demuestran los resultados de las regularizaciones emprendidas a lo largo de las pasadas décadas.
   A juicio de Gestha, ninguna de las amnistías aprobadas anteriormente, como las de 1984 y 1991, fueron realmente eficaces a la hora de evitar el fraude debido a que no se corrigieron los defectos de gestión que, a la larga, permiten que esta práctica siga produciéndose.
   Además, indica que este tipo de actuaciones suponen un "agravio comparativo" hacia los asalariados y las rentas de trabajo que se encuentran bajo el control de la Agencia Tributaria, en lugar de concentrar sus investigaciones en los principales focos de economía sumergida, como las operaciones de compraventa inmobiliaria de carácter especulativo o aquellos profesionales liberales que trabajan por su cuenta y que, en ocasiones, no emiten facturas por sus honorarios completos.

Más de 7,1 millones de cruceristas pasaron por los puertos españoles, donde Almería no cuenta

MADRID.- Más de 7,1 millones de cruceristas recalaron en los puertos españoles durante 2010, una cifra que supone todo un récord para el sector y pone de manifiesto la pujanza de los puertos españoles en el contexto mundial, según indica el Ministerio de Fomento en un comunicado.

   Así, Barcelona, Málaga, Valencia o Vigo, junto con Islas Canarias y Baleares son "un referente" para las principales compañías de cruceros, que aportan al sector del turismo español cerca del 12,5 por ciento de los 52,6 millones de turistas internacionales que nos visitaron el año pasado.
   El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, ha manifestado que las previsiones de las propias autoridades portuarias españolas señalan que en 2011 se volverán a superar los siete millones de pasajeros, una cifra que en 2013 llegará a los 7,5 millones, y en 2014 se aproximará a los ocho millones.
   Bajo el lema "Puertos de España" y auspiciado por Puertos del Estado, España participó en el congreso internacional 'Seatrade Cruise Shipping', celebrado en Miami entre el 14 y el 17 de marzo, con 25 puertos españoles y más de 70 instituciones y empresas, participación que, según Fomento, sirvió para constatar la fuerte implantación de los puertos españoles en esta actividad.
   En este sentido, fue el tercer mayor pabellón de la feria, donde se dieron a conocer las alternativas culturales y se establecieron los primeros contactos para futuras rutas de operadoras. Fruto de los encuentros comerciales realizados durante la feria, varias Autoridades Portuarias como Alicante, Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, o Málaga, han podido cerrar nuevos acuerdos con las principales empresas del sector (Royal Caribbean, Carnival, MSC, etc.), o de ajustar rutas e itinerarios en busca de una mayor eficiencia en sus recorridos.
   Los puertos españoles del Mediterráneo son el destino preferido de los cruceristas ya que el 70 por ciento de los pasajeros, es decir, 5 millones personas, recalaron en alguno de sus puertos, siendo los de Barcelona y Baleares los que acaparan el 77 por ciento del turismo de cruceros de los puertos españoles del Mediterráneo y el 54 por ciento del total español.
   Además, ambos puertos se encuentran entre los 15 principales destinos del mundo y son los primeros de Europa en este tipo de turismo.
   No obstante, también han destacado otros destinos por su espectacular crecimiento durante los últimos años como Málaga (35 por ciento) con 659.000 pasajeros, y Valencia (37 por ciento) con 253.000 pasajeros.
   En cuanto a la zona atlántica peninsular y al Cantábrico, el crecimiento durante los últimos años ha sido espectacular (23 por ciento), pasando de 589.688 pasajeros en 2009 a cerca de los 725.000 en 2010. Destacan la Bahía de Cádiz (+42%) con más de 334.000 pasajeros y Vigo (cinco por ciento) con 233.000 pasajeros.
   Los destinos insulares de las Islas Canarias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), que mantienen la oferta de este tipo de turismo durante prácticamente todo el año, con una alta demanda durante la temporada de otoño-invierno, son el tercer mercado más activo de toda Europa con un total de 1,3 millones de pasajeros y un incremento del 13,7 por ciento respecto a 2009.
   Los últimos datos conocidos a nivel europeo y mundial (2009) reflejan la ventajosa posición que ocupa España como país receptor de cruceristas, tanto a nivel europeo como mundial.
   Así, entre los 30 principales destinos europeos, que sumaron algo más de 24 millones de pasajeros, los puertos españoles llegaron a cerca de 5 millones de pasajeros, lo que supone que un 21 por ciento del total de cruceristas tocaron alguna ciudad portuaria española en su recorrido.
   Con este dato, España se sitúa en tercera posición por detrás de Italia que acapara el 31,8 por ciento (7,6 millones de pasajeros) y de Grecia que concentró el 25 por ciento del turismo de cruceros con algo más de 6 millones de cruceristas.
   Así, Barcelona sigue siendo el líder europeo y las Islas Baleares ocupan la quinta posición. En el contexto mundial, los puertos americanos y los del Caribe acaparan las primeras posiciones, mientras que  Barcelona consolida su quinta posición mundial y las Islas Baleares ocupan la decimotercera posición.

El Gobierno aumentará las sanciones para regularizar el empleo sumergido

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha anunciado que, una vez transcurrido el plazo de año y medio que otorgará el Gobierno para regularizar de forma voluntaria el empleo sumergido, las sanciones se incrementarán "significativamente".

   Al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que aprobó el proyecto de ley de reforma de las pensiones, Gómez indicó que tras este 'periodo de gracia' (desde junio de 2011 a diciembre de 2012), donde el Gobierno otorgará "incentivos" para que las empresas y trabajadores regularicen prácticas fraudulentas, las sanciones se endurecerán en la mayoría de los casos.
   "De lo que se trata es de abrir un periodo donde sea posible regularizar voluntariamente la situación (de empleo irregular) y que el Estado ayude a ello. Después de ese periodo, algunos comportamientos tienen que ser sancionados de una forma más intensa", añadió Gómez, que negó que se trate de una especie de 'amnistía' para que los incumplidores regularicen su situación a cambio de evitar sanciones.
   "Más control y más sanciones de aquellos que incumplen", reiteró Gómez, tras recordar que actualmente ya existen multas para aquellos trabajadores que están percibiendo prestaciones por desempleo y, al mismo tiempo, trabajando de forma irregular. Así, apuntó que cada año se abren 250.000 expedientes a empleados por incumplir esta norma.
   El titular de Trabajo precisó que los incentivos que adoptará el Gobierno para facilitar la regularización voluntaria están relacionados, entre otras cosas, con plazos para que las deudas acumuladas por las empresas puedan ser pagadas con mayores posibilidades.
   Aunque admitió que ya existen aplazamientos en el pago de las deudas, señaló que el Gobierno puede "ayudar" a que duren más tiempo, así como aligerar las garantías que deben presentar las empresas para acogerse a dichos aplazamientos.
   Gómez eludió entrar en más detalles, ya que la intención del Ejecutivo es trasladar el plan de empleo sumergido a patronal y sindicatos para negociar los detalles del mismo, si bien aclaró que su departamento ya lo tiene "muy avanzado", con una doble intencionalidad: mejorar la sostenibilidad de los sistemas de protección social y asegurar el trabajo decente.
   Finalmente, indicó que es "difícil" calcular cuánto empleo sumergido puede aflorar, y volvió a insistir en que, según diversos estudios, la economía sumergida en España varía entre el 15% y el 25% del PIB, en línea con otros países del Centro o Norte de Europa.
   "El trabajo no declarado es un fenómeno común en el conjunto de Europa", insistió Gómez, tras recordar que el objetivo de aflorar empleo sumergido es común en el conjunto de la UE, de ahí que se haya incluido en el 'Pacto del Euro'.

Cambio de hora esta madrugada

MADRID.-Los relojes deberán adelantarse una hora y, a las 02.00 en la madrugada de este domingo, serán las 3.00, con lo que se inicia el llamado "horario de verano".
  Este cambio supone un ahorro en consumo eléctrico de seis euros por hogar (90 millones de euros), según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que sitúa el ahorro total en iluminación en unos 300 millones. De esa cantidad, 210 millones corresponderían a los edificios del sector terciario y la industria.
Para alcanzar este ahorro, el IDAE, no obstante, recomienda llevar a cabo un comportamiento responsable en el hogar a la hora de prescindir de la iluminación artificial cuando no es necesaria, así como el uso de tecnologías de ahorro en edificios industriales y otros.
Desde principios del siglo XX numerosos países han adoptado la decisión de adelantar la hora oficial en sesenta minutos durante los meses con mayor cantidad de luz para racionalizar el consumo eléctrico. Esta medida ha provocado la desconfianza de algunos sectores sociales por considerar que repercute física y psicológicamente en el ser humano, sin embargo los estudios realizados hasta ahora consideran que los cambios producidos son leves y transitorios.
La Comunidad Europea adoptó oficialmente el horario de verano en 1977 con el objetivo de adaptar las actividades sociales y económicas al ciclo de luz natural y así paliar la crisis energética. En este sentido la directiva europea 2000/84/CE establece que el período de la hora de verano se inicia el último domingo de marzo y finaliza el último domingo de octubre, en ambos casos a la una de la madrugada GMT (hora de tiempo universal), con carácter indefinido a partir de 2002.
En España el periodo de la hora de verano comienza el último domingo del mes de marzo de cada año a las dos de la madrugada, momento en que la hora oficial se adelanta sesenta minutos, y termina el último domingo del mes de octubre de cada año a las tres horas de la madrugada, momento en que se retrasa sesenta minutos.