jueves, 23 de mayo de 2019

Más de la mitad de los jubilados no llegan a 900 euros mensuales


MADRID.- La sostenibilidad del sistema público de las pensiones está en tela de juicio, básicamente, porque los ingresos por cotizaciones difícilmente cubren el gasto en prestaciones. La nómina se ha disparado con la entrada en vigor de las mejoras aprobadas por Mariano Rajoy, primero, y por Pedro Sánchez, después, y también con las nuevas altas de jubilación, que alcanzan, de media, los 1.462 euros, y hasta los 1.582 en el Régimen General. Pero un análisis pormenorizado de los datos revela que más de la mitad de los jubilados cobran una pensión que no llega a los 900 euros, revela www.lainformación.com

Es la cara más precaria de un sistema que presenta grandes desigualdades entre los pensionistas 'senior'. Mientras los nuevos jubilados llegan a cobrar 400 euros más que el trabajador común, que ingresa unos 1.178 euros al mes por catorce pagas, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 52% no alcanzan siquiera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 900 euros este año.
Así se desprende de las estadísticas más recientes de la Seguridad Social, que reflejan la radiografía del sistema por tramos de cuantía de las prestaciones. En concreto, la Seguridad Social paga cada mes 3.135.378 pensiones de jubilación inferiores a 899,99 euros, lo que supone el 52% del total de 6.010.977 nóminas de jubilados. Así, más de la mitad de los retirados en España tienen ingresos inferiores al SMI y el grueso de estos (754.219) cobran apenas entre 600 y 650 euros al mes.
A partir del salario mínimo se sitúan las 2.875.599 pensiones del 48% restante. El mayor montante en este tramo aparece entre los 1.000 y 1.100 euros, donde hay 262.422 jubilados. Y aquí la desigualdad se hace especialmente evidente: mientras hay 250.100 prestaciones en el primer tramo de entre 900 y 1.000 euros, se registran hasta 342.967 pensiones de jubilación que superan los 2.600 euros mensuales. 
¿Son altas las pensiones en España?
Estas cifras alientan el debate sobre el sistema de las pensiones en España. ¿Son bajas, suficientes, o demasiado altas en comparación con los países del entorno europeo? Como en todo, depende a qué fuente se acuda. Un reciente informe del Banco de España sitúa las pensiones españolas entre las más generosas de la OCDE. Analiza la tasa de sustitución –la relación entre la pensión inicial del beneficiario y el último salario percibido– y determina que en nuestro país alcanza el 82,2%, muy por encima del 55,2% del 'club de los países ricos'.
Otro informe, en este caso de Fedea, elaborado por el profesor de Economía Aplicada Miguel Ángel García Díaz, respalda este dato y, además, determina que la variable que relaciona la pensión media con el salario medio neto de cotizaciones alcanza en España el 57,7%, muy superior a la media del 44,1% de la Unión Europea. Al igual que el BdE, concluye que nuestras pensiones son de las más generosas del entorno.
Sin embargo, un vistazo a otras variables dibuja un panorama mucho más precario. De acuerdo con la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi el 15% de los mayores de 65 años residentes en España se encuentran en riesgo de pobreza, esto es, ingresan menos de 8.522 euros anuales. Por su parte, la encuesta más reciente de la agencia estadística comunitaria Eurostat rebaja esta proporción al 12,7%, tasa dos puntos inferior a la media de la UE.
De cualquier manera, las estadísticas revelan que en torno a un millón de jubilados en este país viven bajo mínimos. Es el contraste de un sistema basado en el principio de proporcionalidad contributiva, en el que la pensión media de jubilación se sitúa en 1.134 euros y las nuevas altas, de jubilados que acumulan mayores carreras de cotización y, por tanto, han generado el derecho a percibir una pensión mayor, alcanzan de media los 1.462 euros y llegan hasta los 1.582 euros en el Régimen General, mientras más de la mitad no llegan siquiera a los 900 euros que supone en estos momentos el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El foco ahora está puesto, sin embargo, en las pensiones más altas. Hace ya unos meses que se viene observando un salto importante en la nómina mensual debido a las jubilaciones que generan mejores condiciones de retiro. El efecto 'bola de nieve' que, por su parte, ha generado el impulso que se ha dado a las pensiones por la vía de la revalorización para evitar pérdidas de poder adquisitivo –esto es, de acuerdo con la inflación– ha disparado el gasto mensual hasta rozar ya los 9.600 millones de euros.
El desembolso mensual en pensiones de la Seguridad Social es ahora casi un 50% superior al de hace diez años (6.500 millones) y, en ausencia de una reforma integral que garantice la sostenibilidad financiera del sistema, el aumento de la tasa de dependencia, debido al incremento de la esperanza de vida y la jubilación de los 'baby boomers', continuará presionando al alza el gasto durante las próximas décadas. 
En otro informe sobre los retos que supone para el sistema el envejecimiento de la población, el supervisor que dirige Pablo Hernández de Cos advierte de que "en ausencia de medidas adicionales, vincular nuevamente las pensiones al IPC (como se han comprometido todos los partidos en campaña electoral) aumentaría el gasto en 1,9 puntos del PIB en el año 2030, hasta el 13%, y en 3,4 puntos en 2050, hasta el 16% del PIB.

El obispo de Córdoba cree que hay un “rebrote de la lucha entre la mujer y Satanás”


CÓRDOBA.- El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en su carta semanal explica que en los en días pasados se ha vivido en la ciudad - cuya patrona es también la Vírgen de la Fuensanta- un rebrote de la lucha dramática entre la mujer y Satanás“, pese a lo que, ha añadido el obispo, se seguirá “ofreciendo ‘flores a María sin imponer nada a nadie”.

Demetrio Fernández ha recordado que “la historia humana lleva en su interior un drama, una lucha continua entre el poder de las tinieblas, Satanás, y el poder de Dios, que se ha manifestado en Cristo resucitado, vencedor de la muerte”, y “en este combate la mujer tiene un papel fundamental”, pues “la mujer vencería a la serpiente”, que simboliza a Satanás, y “en los cuadros de la Inmaculada aparece expresado bellamente: María aplasta con su talón la cabeza de la serpiente”.
En este contexto, el obispo ha señalado en su carta que “hemos vivido en nuestra ciudad en los días pasados un rebrote de esta lucha dramática entre la Mujer y Satanás, para recordarnos a todos que el combate no ha terminado, sino que está latente en la historia y de vez en cuando se hace visible”.
Así, el obispo ha subrayado que, “en primer lugar, María es imbatible”, ya que “el poder del mal no ha podido tocarla”, puesto que “es purísima e inmaculada”, y “su vida es un canto a la vida nueva que Cristo nos ha regalado, a la vida de gracia que en ella se ha derramado”, y “por eso es la llena de gracia”.
“Es la llena de gracia para ella -ha proseguido-, que es toda hermosa, y para nosotros pecadores, a los que limpia y embellece, como hace una madre buena con su hijo pequeño cuando se ensucia. Pero, además, porque a ella le ha encomendado Dios que ayude a todos los humanos en este combate, ella es la mujer que nos libra de las garras del dragón y que aplasta con su pie la cabeza de la serpiente”.
De igual forma, el obispo ha explicado que “ella nos promete que en este combate vencerá, que venceremos con ella, y la lucha y la victoria no es contra los poderes de este mundo, sino contra los espíritus del mal, contra Satanás y toda su corte, aunque a veces en esa corte satánica podemos estar implicados los humanos de una u otra manera. De los humanos esperamos la conversión, de Satanás no hay posibilidad”.
El obispo concluye señalando que “la propuesta creyente puede resultar grotesca para quienes no tengan fe, y puede incluso resultar ingenua para quienes quieren atacar la fe cristiana”, pero, “a pesar de todo, de la mano de María y en el mes de mayo, seguiremos ofreciendo nuestras ‘flores a María’, sin imponer nada a nadie, y ofreciendo a todos la posibilidad de que admiren una belleza que el pincel humano no puede producir, la belleza de una mujer, la belleza de la Inmaculada, la belleza de la gracia, esa belleza que salvará al mundo”.

Los inspectores examinarán de forma escrupulosa el registro de la jornada, que debe ser “fiable”

MADRID.- La Inspección de Trabajo no perdonará a las empresas que no cumplan con el registro de la jornada laboral. Según recoge el borrador que han recibido los inspectores de Trabajo, que ya han comenzado a hacer visitas, y que recogen este jueves los diarios ABC y Cinco Días, el registro no es una opción del empresario, sino que se trata de un deber de obligado cumplimiento desde el 12 de mayo.

El Ministerio de Trabajo alude en el borrador a la sentencia de la justicia europea y recuerda a la Inspección que el sistema implantado en las empresas debe ser “objetivo y fiable” y y tendrá que estar documentado para computar la jornada laboral diaria del trabajador de forma escrupulosa, con el tiempo exacto que trabaja.
Por eso, a los inspectores se les insiste en el que en el registro deben quedar claras las interrupciones o pausas que no cuenten como trabajo efectivo y que no se computan como jornada en el registro, “lo que tiene especial importancia en los casos de jornada partida”. 
Es decir, las pausas para comer por ejemplo han de registrarse, pero no así las pausas que “por razón de tipo de jornada o por razones de seguridad y salud deban ser consideradas como tiempo de trabajo“.
En este aspecto, según el borrador que recogen los dos diarios españoles, se hace mención a que la negociación colectiva o los acuerdos de empresa deben ser el “instrumento idóneo para precisar cómo considerar todos los aspectos relacionados con el registro de interrupciones, pausas o flexibilidad en el tiempo de trabajo”.
En el texto además se hace especial mención a la ‘flexibilidad’ de la que presumen algunas empresas y se dice claramente que “no es admisible que, con la invocación de la flexibilidad horaria que brindan las normas laborales, puedan perjudicarse los derechos de los trabajadores y se altere el equilibrio contractual mediante la prolongación indebida de la jornada, mucho menos cuando estas prolongaciones se efectúan sin la necesaria y debida compensación en el tiempo de descanso retribuido o en dinero”.
En el caso de que el registro sea electrónico, la Inspección podrá pedir “la impresión de los registros correspondientes al periodo que se considere, o bien su descarga o su suministro en soporte informático y en formato legible y tratable”.
Si el registro fuera manual, como la firma del trabajador en papel, en el que se apuntan los horarios a mano, “la Inspección podrá recabar los documentos originales o solicitar su copia“. 
Si no hay medios para hacer esa copia, el inspector podría “tomar notas, o tomar muestras fotográficas” y si detecta “incongruencias” entre el registro y la jornada declarada, “podría tomar el original del registro como medida cautelar”. 
En cualquier caso valdrán como registro “el horario general de la empresa, el calendario laboral o los cuadrantes de horarios”.
Hay que tener en cuenta que la documentación se deberá conservar durante cuatro años en cada centro de trabajo y no en las gestorías o sedes centrales de las empresas.
El incumplimiento de estas medidas provocaría una “infracción grave” para la empresa, aunque la sanción no sería automática, ya que el inspector valoraría la intención de la empresa de establecer o no un registro.
En cuanto a las sanciones, la directriz a los inspectores es que el incumplimiento de la ley en materia de registro de la jornada es una “infracción grave”. Sin embargo, la dirección de la Inspección admite que la sanción no será automática y que el funcionario valorará si la empresa ha actuado para negociar con los trabajadores el sistema de registro.
De hecho, si el inspector ve que se cumplen los horarios y hay buena voluntad “podría sustituirse el inicio del procedimiento sancionador por un requerimiento” para que implante el registro.

El gasto en sanidad por habitante en Andalucía es de 1.153 euros anuales

MADRID.- Las comunidades autónomas invierten en sanidad una media de 1.370 euros por habitante y son varias las regiones que superan esa cantidad, sobre todo País Vasco que destina 1.710 euros por cada ciudadano, 557 euros más que Andalucía, mientras que en Andalucía asciende a 1.153 euros, 217 euros por debajo de la media.

La sanidad es un asunto que suele estar presente en los discursos electorales, no importa si los comicios son municipales, autonómicos, generales o europeos y es que esta materia se sitúa en la quinta posición del "ranking" de las principales preocupaciones de los ciudadanos, según barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado 9 de mayo.
El gasto sanitario público en 2017 -último dato conocido en la estadística de la web Ministerio de Sanidad- alcanzó los 68.483 millones de euros (el 5,9 % del PIB), con un desembolso per cápita de 1.472 euros, una cifra ligeramente superior a las de los últimos años, que se situaron en 1.436 euros, en 2016; 1.415, en 2015; 1.332, en 2014; y 1.320 euros, en 2013.
El sector de las comunidades autónomas ha sido el responsable del 92,7 % total del gasto, con 63.494 millones de euros; las mutualidades de funcionarios, del 3,1 %; la Seguridad Social, del 2,4 %; la Administración central, del 1 %; y las corporaciones locales, del 0,9 %.
El 44,3 % de los casi 64.500 millones de euros se ha originado en tres comunidades autónomas: Cataluña (con 10.330 millones de euros), Andalucía (9.692 millones) y Madrid (8.121 millones).
La Rioja (444 millones), Cantabria (850 millones) y Navarra (1.030 millones) son las que han contado con el gasto más bajo en valores absolutos.
La cosa cambia cuando se tiene en cuenta el gasto sanitario en relación a la población y es ahí donde el País Vasco ocupa el primer lugar con 1.710 euros por habitante, seguida de Asturias (1.625 euros) y Navarra (1.608 euros).
A la cola, es decir las comunidades que menos gasto sanitario han invertido por ciudadano, figuran, según la estadística, Andalucía con 1.153 euros, 557 euros menos que el País Vasco; Madrid, con 1.254 euros, 456 menos que la primera de la lista; y Canarias, con 1.334 euros, 376 menos.
De ese gasto, la partida que absorbe un mayor porcentaje es la de la retribución del personal, que supone 30.181 millones de euros (el 44,1 %).
¿Y cuánto de ese gasto de personal destinan las comunidades en formar a los médicos? Pues el desembolso sanitario en docencia MIR alcanza los 1.067 millones de euros, un poco más que en 2016 (+2 %), que sumó 1.046 millones.
El presupuesto oscila entre el 2,5 % de ese gasto de personal de Navarra al 5,8 % de la Comunidad de Madrid.
Las comunidades han gastado en conciertos el 11 % del gasto sanitario consolidado (7.625 millones de euros).
Sobre este asunto, según el sexto informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) sobre la privatización sanitaria de las comunidades autónomas, las regiones con mayor privatización sanitaria son País Vasco, Madrid, Cataluña, y Canarias.
Por otra parte, con los datos del informe sobre gasto sanitario, la función que "mayor peso" tuvo en el ámbito de la asistencia sanitaria pública es la de los servicios hospitalarios, al representar un 62,1 % del gasto total consolidado.
El gasto en farmacia representó el 16,4 % y los servicios primarios de salud, el 14,2 %.

El siguiente cuadro recoge por comunidades autónomas el gasto sanitario público en 2017, en millones de euros, su porcentaje sobre el PIB y el gasto por habitante en euros:

Andalucía 9.692 6,2 1.153
Aragón 2.048 5,6 1.556
Asturias 1.681 7,3 1.625
Baleares 1.557 5,1 1.353
Canarias 2.875 6,5 1.334
Cantabria 850 6,4 1.462
C. y León 3.687 6,5 1.514
C-La Mancha 2.783 6,9 1.363
Cataluña 10.330 4,6 1.388
C. Valenciana 6.804 6,3 1.379
Extremadura 1.708 9,1 1.585
Galicia 3.910 6,5 1.443
Madrid 8.121 3,7 1.254
Murcia 2.269 7,5 1.540
Navarra 1.030 5,2 1.608
País Vasco 3.707 5,2 1.710
La Rioja 444 5,4 1.420

El Banco de España reitera la debilidad que supone la deuda externa neta del 77%

MADRID.- El Banco de España ha reiterado la necesidad de reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas para reducir la vulnerabilidad que supone tener una deuda externa neta del 77,1 % del PIB, que deja a la economía española expuesta ante posibles perturbaciones en los mercados de capitales internacionales.

En un análisis publicado este jueves de los datos de cierre de 2018 de la balanza de pagos, la entidad destaca que el mantenimiento por séptimo año consecutivo de la capacidad de financiación de la economía (superávit externo) y el crecimiento del producto interior bruto (PIB) permitieron el año pasado la reducción de 6,4 puntos porcentuales de la deuda externa neta.

No obstante, subraya que el 77,1 % sigue siendo una tasa elevada tanto desde una perspectiva histórica como en comparación con otras economías del entorno y recuerda que la mayor parte de la deuda externa de la economía española recae sobre el sector público.
En términos brutos, -incluyendo todos los pasivos frente a no residentes que dan lugar a pagos futuros (instrumentos de deuda, depósitos)- la deuda externa cerró 2018 en el 166,7 % del PIB, 1,7 puntos por debajo del máximo alcanzado en 2015.
A las Administraciones Públicas corresponde la mayor parte de esa ratio (46 puntos porcentuales), mientras que el resto se reparte entre Banco de España, sector financiero, empresas, hogares e inversión directa en forma de deuda.
El Banco de España explica que detrás de la reducción de la deuda externa neta entre 2013 y 2018 está la mayor confianza de los inversores internacionales en la economía española, lo que ha redundado en un aumento de precio de los pasivos de los residentes frente al resto del mundo.
Por el contrario, entre 2009 y 2012 la notable pérdida de confianza de los inversores internacionales hizo caer el valor de los instrumentos financieros emitidos por los agentes residentes, lo que provocó un aumento de la deuda externa, a pesar de que la necesidad de financiación frente al resto del mundo se reducía.
Respecto al superávit externo, el Banco de España señala como aspecto positivo que se está manteniendo en la fase alcista de la economía, cuando en el pasado ocurría lo contrario, pero incide en que está disminuyendo respecto a años anteriores por la ralentización de los mercados exteriores y el impacto negativo de apreciación del euro y la subida del petróleo sobre las exportaciones.

El precio de la vivienda crece un 4,4 % y alcanza el mayor importe desde 2012

MADRID.- El precio medio de la vivienda libre alcanzó los 1.636,3 euros por metro cuadrado en el primer trimestre del año, lo que arroja un crecimiento interanual del 4,4 % y el importe más elevado que registra este indicador desde los tres primeros meses de 2012, cuando superó los 1.649 euros.

Según los últimos datos del Ministerio de Fomento, el precio de la vivienda se incrementó además un 1,1 % con respecto a los tres últimos meses de 2018 y encadena ya dieciséis trimestres consecutivos de subidas.
Por su parte, en términos reales, descontando la inflación, el precio de la vivienda libre se incrementó el 3,3 %.
Entre enero y marzo de 2019, todas las comunidades autónomas, excepto Extremadura (-1,6 %), presentaron crecimientos interanuales, destacando Madrid (8,3 %), Navarra (7 %), Cataluña (5,9 %), Baleares (5,1 %), Canarias (5 %) y Andalucía (4,7 %).
Según la serie histórica de esta estadística, el valor medio por metro cuadrado durante el primer trimestre del año fue un 22,1 % inferior al máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008, en pleno "boom" del sector inmobiliario.
Por su parte, desde el valor mínimo alcanzado en el tercer trimestre de 2014, el precio se ha recuperado un 12,4 %.
En términos reales (teniendo en cuenta la variación del IPC) el precio actual refleja una caída desde máximos del 31,4 %.
Atendiendo a la antigüedad de la vivienda, el valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en 1.869,1 euros en el primer trimestre de 2019, el 4,1 % superior. Aquella de más de cinco años de antigüedad alcanzó los 1.628,7 euros por metro cuadrado, el 4,4 % más.
En los municipios de más de 25.000 habitantes, los precios más elevados de la vivienda libre se dieron en San Sebastián (3.519,8 euros/m2); Ibiza (3.422,6 euros/m2); Barcelona (3.380,1 euros/m2); Sant Cugat del Vallès (3.337,3 euros/m2); Santa Eulalia del Río (3.315,1 euros/m2); Madrid (3.239,6 euros/m2); Pozuelo de Alarcón (3.151,4 euros/m2) y Majadahonda (3.053,8 euros/m2).
Los más bajos se registraron en Jumilla (573,2 euros/m2); Ontinyent (589 euros/m2); Villarrobledo (593,3 euros/m2); Villena (593,5 euros/m2); Elda (615,0 euros/m2) y Alcoy (623,2 euros/m2).
Por su parte, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda protegida en España fue de 1.125,8 euros en los tres primeros meses del año, el 0,3 % inferior.
El número de tasaciones inmobiliarias utilizadas para realizar el cálculo de los precios de viviendas en el primer trimestre fue de 126.082.
El precio de la vivienda inició sus caídas a finales de 2008, que se prolongaron de forma interanual durante 26 trimestres.
Este indicador superó los 1.600 euros por metro cuadrado en el cuatro trimestre de 2018 (1.618,8 euros) por primera vez desde el segundo trimestre de 2012 (1.606,4 euros).
No obstante, a pesar de este incremento, el precio de la vivienda sigue lejos de los máximos que alcanzó a comienzos de 2008, cuando superó los 2.101 euros.
El valor mínimo de la vivienda se registró en el tercer trimestre de 2014, con 1.455,8 euros por metro cuadrado.

Banco Santander se compromete a recolocar a todos los afectados del ERE que lo soliciten

MADRID.- El Banco Santander se ha comprometido este jueves con los sindicatos a recolocar al 100 % de los afectados por el ERE con el que pretende reducir 3.700 empleos, siempre que quieran seguir trabajando fuera de la entidad, han informado fuentes de la negociación.

En la primera reunión del periodo formal de negociación del ERE, la entidad ha anunciado a los sindicatos que ha contratado a una empresa del grupo Adecco especializada en recolocaciones para ofrecer un nuevo puesto laboral a quienes deseen seguir trabajando tras dejar de formar parte de la plantilla del Santander.


El programa contratado por el banco tendrá una duración ilimitada hasta alcanzar la recolocación de todos los empleados que lo soliciten y la consolidación en el nuevo puesto de trabajo.
En el pasado, el Santander también recurrió a la misma empresa de recolocación para buscar empleos a los afectados por sus planes de ajuste de plantilla, pero este plan es "mucho más ambicioso" porque se compromete a encontrar un puesto de trabajo a todo el que lo desee y dedicar el tiempo que sea necesario para ello.
En el ERE de 2016, con el que salieron del banco 1.380 empleados, se recolocaron en otros puestos de trabajo el 100 % de los trabajadores que querían seguir en activo.
Tras la compra del Banco Popular en el verano de 2017, el banco negocio otro ajuste en febrero de 2018 que supuso la marcha de 1.100 trabajadores y el 73 % de los que pidieron ser recolocados, lo han conseguido hasta el momento y se espera llegar al 100 % en la segunda mitad de este año.
El acuerdo firmado por el Santander con la empresa de recolocación supone poner a disposición de los afectados del ERE acceso ilimitado a sesiones de consultoría para analizar su perfil profesional y definir alternativas que mejor encajen con sus objetivos y expectativas.
También recibirán asesoramiento financiero, patrimonial, fiscal y de Seguridad Social y se pondrá el foco en los trabajadores de más edad, que según el plan expuesto a los sindicatos, recibirán una atención especial, al igual que otros colectivos con mayor dificultad para su incorporación laboral.

Afectados en toda España

La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana sufrirá 301 del total de despidos planteados en la red de oficinas del Banco Santander para reducir su plantilla tras la integración del Popular.
Madrid, Andalucía y Cataluña concentran en cifras absolutas el grueso de los despidos, mientras el País Vasco encabeza el ajuste en términos porcentuales.
El ERE que este jueves ha empezado a negociar de manera formal el Santander con los sindicatos para despedir a 3.713 empleados en España prevé que salgan de las sucursales 2.847 trabajadores, con un desglose dispar teniendo en cuenta el tamaño de la red de oficinas.
En Madrid dejarían el grupo, según los planes del banco, 446 empleados de sucursales, cifra que supera a los 370 trabajadores que saldrían de las oficinas de Andalucía, en ambos casos cerca del 10,8 % de la red.
En Cataluña, las salidas previstas de los puntos de atención al cliente suman 310, el 11,6 % de la red, mientras en la territorial que engloba la Comunidad Valenciana y Murcia, los despidos se elevarían a 301, prácticamente el 12% de la plantilla de las sucursales.
A continuación figuran, siempre en cifras absolutas, Galicia, con 271 despidos previstos, el 14,14 %; Castilla y León, donde el banco pretende reducir la plantilla en 261 empleados, casi el 16 %; y la territorial de Aragón, Navarra y La Rioja, de la que saldrían 173 empleados de sucursales, el 16,8 %.
En Cantabria y Asturias, otra de las divisiones del Banco Santander, los planes pasan por prescindir de 132 trabajadores de oficinas, el 13,5 %; en Castilla-La Mancha el recorte de plantilla sería de 113 empleados, el 13,6 %, y en Canarias, de 111 efectivos, el 10,8 %.
Completan la lista Extremadura, con la idea de que salgan 78 trabajadores de la red, el 15,4 %, y Baleares, con 57 empleados, el 12,8 %.

La gasolina ha subido un 15% y el gasóleo más del 11% en lo que va de año

MADRID.- El precio de la gasolina se ha encarecido casi un 15% desde comienzos de año, mientras que el gasóleo encadena ya un aumento superior al 11%, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

A pesar de esta subida, el precio de la gasolina encadena dos semanas a la baja tras abaratarse ligeramente un 0,07 %, hasta los 1,254 euros.
Por su parte, el precio del gasóleo se ha encarecido en la última semana un 0,16 %, hasta los 1,259 euros de media.
Con estos datos, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta esta semana más de 74 euros y hacerlo con gasóleo en torno a 70 euros.
Con respecto a la misma semana de 2018, el precio de la gasolina se ha encarecido un 1,4 % y el del gasóleo un 1,5 %.
Por su parte, con respecto al mes anterior, el precio de la gasolina ha aumentado cerca del 2 % y el del gasóleo un 1,3 %.
Desde los valores máximos que alcanzaron estos carburantes, los precios de la gasolina y del gasóleo se mantienen por debajo, más de un 11 % en el caso de la gasolina y más de un 12 % en el caso del gasóleo.
Ambos marcaron su récord la semana del 3 de septiembre de 2012, cuando se situaban en 1,179 y 1,13 euros, respectivamente.
Cabe destacar además que a comienzos del mes de mayo tanto la gasolina como el gasóleo marcaron un máximo anual con un precio de 1,358 y 2,258 euros, respectivamente.
La gasolina sin plomo de 95 octanos se vende a una media de 1,48 euros por litro en la UE-28 y en la zona del euro se paga a 1,53 euros el litro, mientras el precio del gasóleo de automoción es de 1,38 en la UE-28 y en la eurozona.
El precio del Brent, el crudo de referencia de Europa, se mueve en la actualidad en cerca de 70 dólares.

La Junta de Andalucía no renovará a los no colegiados de las unidades de violencia de género

SEVILLA.- El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha anunciado este jueves en su comparecencia en comisión parlamentaria que ha dado orden de no renovar los contratos o de prorrogar los que únicamente sean necesarios por el tiempo de convocatoria de una nueva licitación pública con equipos psicosociales.

Las nuevas contrataciones incluirán precios homogeneizados en todas las provincias, exigirán la colegiación de profesionales cuando lo recoja la normativa, una formación específica y que los trabajadores estén vinculados a las empresas por una relación laboral.
El vicepresidente del Gobierno andaluz ha avanzado que se ha elaborado un borrador de protocolo para “estandarizar” los informes de estos equipos externos.
Esta medida se produce meses después de que Vox, partido que apoyó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, demandara información sobre estas unidades ante sus denuncias de que desde ellas se “ideologizaba”.
El Gobierno andaluz -PP y C's-, que siempre ha negado que se haya puesto en cuestión a esos trabajadores, ha apostado por “dotarles de más medios”, y entre ellos ha apostado por la colegiación y para ello ordenó la colegiación obligatoria de este colectivo.
Precisamente, el Ejecutivo autonómico contestó hace casi un mes a una pregunta escrita del grupo parlamentario Vox en la que se le ofrecía los datos de colegiación de los profesionales de estas unidades de valoración y equipos psicosociales.
En aquel momento, los datos ofrecidos por el Gobierno andaluz era que el 60 por ciento de los empleados ya estaban colegiados, pero hoy en la comparecencia parlamentaria Marín ha ido más lejos y ha anunciado que “en equipos psicosociales solo el 12 % no están colegiados, mientras en el caso de los médicos forenses el porcentaje alcanza únicamente al 11 %”.
Tras la comparecencia de Marín en el Parlamento, la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha criticado la decisión de no renovar los contratos de los trabajadores no colegiados y ha acusado a PP y a Ciudadanos de someterse al “chantaje de la extrema derecha”.
“Cuando un gobierno está dispuesto a pasar por el aro de la extrema derecha, a entregar algo tan sensible como es la protección de las víctimas, es evidente que estamos en el camino que no merecen los andaluces”, ha dicho Díaz en un audio remitido a la prensa.

'Huawei' y el monopolio de 'Google' / Joaquín Abad *

Huawei Technologies Co., Ltd, quizá la empresa tecnológica fabricante de móviles más importante del mundo, parece que ha recibido un revés con la prohibición de Trump, en el sentido de que deje de utilizar tecnología americana en sus productos. 

La reacción de Google de prohibirle la utilización de Android en sus terminales nos demuestra que estamos en casi un monopolio tecnológico, por parte del buscador, que puede hacer peligrar al gigante tecnológico.

Durante años, los gigantes tecnológicos fabricantes de móviles se han sentido cómodos dejándose caer en manos de Google en lugar de, como hace Apple, diseñar sistemas operativos propios. Otra vez el gratis total está a punto de revolucionar la visión que tenemos de esa manera de hacer negocio.  

Huawei ha ganado mucho dinero fabricando terminales sin invertir en sofware. Confió en el código abierto de Android y lo utilizó. Google ha gastado muchos miles de millones en el sistema que utilizan casi la totalidad de los llamados smartphones. Y ahora vemos la consecuencia de gratis total.

Hace años recuerdo que hasta Microsoft tenía un sistema operativo para los móviles que funcionaba con relativo éxito. Pero la imposición del buscador si querías utilizar sus navegadores, sus mapas, le hicieron desistir en desarrollo propio y echarse en brazos de Google, que visto lo visto, monopoliza el mercado del móvil a las órdenes del residente de Estados Unidos.

No me creo que los chinos no tengan tecnología propia para hacer frente al navegador de Google. Y a lo mejor es la hora de que nos demos cuenta de que no podemos estar en manos de un sistema controlado sólo por Google. Y que la teoría del gratis total en internet les va a salir muy cara a los tecnológicos fabricantes de móviles que no han imitado a Apple.

A los diarios españoles, cuando en el dos mil decidieron dar gratis lo que cobraban en sus versiones impresas, ya han visto las consecuencias. El lector se ha acostumbrado a no pagar por las noticias. Las quiere gratis. La moda del free ya terminó con muchas empresas que no podían trabajar gratis. Y seguirán cayendo… 

A lo mejor lo de Huawei es el revulsivo que necesitábamos para darnos cuenta de que no hay nada gratis. El trabajo hay que pagarlo o tarde o temprano nos pasará factura.




(*) Columnista y escritor