miércoles, 25 de julio de 2012

La Junta admite "retrasos" en la tramitación de ayudas a agricultores

ALMERÍA.- La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, dentro de su política de colaboración técnica y de interlocución con las organizaciones agrarias, trabaja desde hace varias semanas con representantes de dichas entidades con el fin de "analizar y buscar una solución a las ayudas al sector agrario pendientes de resolución", sobre las que ha admitido que hay "retrasos" en su tramitación. 

   En los encuentros mantenidos hasta ahora con interlocutores de las organizaciones agrarias, sin obviar el contexto de la situación económica y financiera, la Consejería ha explicado que ha dejado clara su disposición a hacer frente a sus responsabilidades y a buscar una solución, con el fin de colaborar con el sector agrario, según ha informado en una nota.
   Dentro de este escenario, ha anunciado que la próxima semana se mantendrá un nuevo encuentro con la junta directiva de COAG, quien este miércoles ha acusado a la Administración andaluza de mantener "bloqueado" un millón de euros en ayudas, para analizar ésta y otras cuestiones de interés para el sector.
   Así, la Consejería advierte pese a darse algunos "retrasos", en otros casos "no se puede hablar de demoras", ya que "hay líneas de financiación que siguen abiertas" y por tanto "no resueltas aún", y que otras ayudas "están pendientes de resolución por problemas o dudas en su tramitación o justificación".
   En este sentido, en Almería se han tramitado ayudas de la importancia de las medidas de carácter excepcional de apoyo al sector hortofrutícola puestas en marcha como consecuencia de la alarma sanitaria generada por la bacteria 'E. coli' por un total de 27,5 millones de euros o las ayudas al sector de frutas y hortalizas, que ascienden a 38,3 millones de euros, entre otras iniciativas de la Junta de Andalucía para apoyar al sector, según ha puntualizado.

COAG afirma que la Junta tiene "bloqueado" el pago de un millón de euros en ayudas a agricultores y ganaderos

ALMERÍA.- La organización agraria COAG ha señalado este miércoles que la Junta de Andalucía tiene "bloqueado" el pago de un millón de euros en ayudas para la incorporación y modernización de explotaciones que, a su vez, impide que agricultores y ganaderos almerienses reciban 21 millones de euros de otras administraciones.

   Según ha explicado la patronal agraria en una nota, los "impagos" de la Junta provocan que el sector agrario se encuentre "sin poder acceder a liquidez financiera". En este sentido, el secretario provincial de COAG en Almería, Andrés Góngora, ha señalado que este asunto será "punta de lanza y caballo de batalla" de la organización.
   Las deudas, que se remontan al año 2008 según se ha referido, corresponden a ayudas para la instalación de jóvenes, modernización de explotaciones, agroambientales, indemnizaciones compensatorias, ayuda nacional a los frutos de cáscara y ayudas a razas autóctonas en régimen extensivo.
   "El hecho de que la Junta no pague está haciendo que se bloqueen los pagos que tiene que hacer la Administración central y Bruselas al sector agrario almeriense, una cifra que en total asciende a cerca de 50 millones de euros", según ha estimado Góngora, quien ha recalcado que Almería es la provincia "que más jóvenes tiene en el sector agrícola" y este tipo de "impagos" está "cerrando la puerta" a su incorporación.
   Las cifras manejadas por COAG señalan en la actualidad, 4.440 explotaciones están en manos de personas mayores de 65 años y 2.039 las poseen menores de 35. Igualmente, el 8,9 por ciento del total de los titulares son menores de 35 años y el 42,9 por ciento está en manos de mayores de 55 años.
   El secretario provincial ha recordado que las ayudas que reciben son cofinanciadas por el agricultor o ganadero, quienes realizan inversiones para las que solicitan financiación bancaria. "Ahora el sector se encuentra sin poder hacer frente a los pagos por la incapacidad de gestionar que está teniendo la Junta de Andalucía", ha criticado.
   Asimismo, el secretario provincial de COAG Almería ha exigido al consejero de Agricultura "que tome en serio el sector agrario" y ha hecho constar el peso del sector de las frutas y hortalizas en la economía real, ya que en el último trimestre las exportaciones de las mismas se han incrementado en un 0,8 por ciento, según ha apuntado.
   COAG asegura que otras comunidades autónomas como Cataluña, Castilla León o Extremadura, entre otras, sí que han recibido sin ninguna objeción la partida correspondiente al Gobierno central, con lo que ha amenazado con iniciar protestas frente a la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería si el problema no se resuelve.

La Junta rechaza recortes de personal en los aeropuertos andaluces

SEVILLA.- El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha defendido este miércoles la "rentabilidad social y económica" de los aeropuertos andaluces, al mismo tiempo que ha rechazado que "se estén produciendo recortes de personal" en algunas de estas instalaciones, además de apostar por la gestión pública de estas infraestructuras y reclamar que se optimice su uso "al máximo" con el objetivo de "incrementar su viabilidad".

   Según una nota de prensa de la Junta, Rodríguez ha propuesto, en respuesta al plan de reestructuración que ha presentado el Ministerio de Fomento para varios aeropuertos y helipuertos de la red que gestiona AENA, entre otras medidas, el traslado de algunos vuelos civiles y la aplicación de nuevos horarios en los aeródromos de menos de 500.000 pasajeros, lo que, en el caso de Andalucía, afecta a las instalaciones de Algeciras y Córdoba.
   Asimismo, el consejero de Turismo y Comercio ha afirmado que la reducción de horarios prevista por el Gobierno central y, por consiguiente, de las plantillas de trabajadores, supone un "debilitamiento de la vida de los aeropuertos", ya que son unas instalaciones que "no sólo son una infraestructura civil, sino que también suponen una arteria estructural de máxima importancia para la economía de Andalucía", ha apuntado.
   De esta manera, Rodríguez ha insistido en "la importancia" que tiene para la comunidad andaluza "la optimización y viabilidad de la red pública de aeropuertos por lo que supone para el desarrollo territorial, social, económico y turístico de Andalucía".
   En relación al aeropuerto de Córdoba, el consejero ha explicado que "no se trata de apostar por realizar ninguna obra nueva, pero sí de rentabilizar lo que ya se ha hecho, y lo que está claro es que con las medidas que se están poniendo en marcha no se va a contribuir a impulsar la viabilidad de estas infraestructuras sino al desmantelamiento progresivo para una posterior privatización de los recursos".  
   Las medidas a las que se refiere el consejero son que de los 31 trabajadores que tiene actualmente el aeropuerto de Córdoba se ha previsto que sólo continúen alrededor de siete, y de las 91 horas de operatividad se va a pasar a 42, pasando a tener la consideración de aeródromo, lo que hará que no se pueda desarrollar actividad de vuelos comerciales.
   Para finalizar, Rodríguez ha apostado por un plan de negocios y colaboración institucional del Gobierno andaluz y AENA, para que "las decisiones que adopte el ente público se enmarquen en los objetivos de operatividad económica, social y de cohesión territorial del gobierno andaluz".
   La red pública de aeropuertos andaluces supone "abrir puertas al futuro de Andalucía, ya que genera aspectos tan positivos como la creación de empleo, expectativas de crecimiento y por supuesto del turismo, entre otras", ha apostillado Rodríguez.

Chamizo pide que las administraciones "expropien" las VPO que no oferten los bancos

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha presentado este miércoles una serie de medias como respuesta a las necesidades de vivienda con motivo de la crisis para intentar bajar el número de desahucios en Andalucía, entre las que se contempla su petición a la Consejería de Fomento y Vivienda de que las entidades bancarias hagan un inventario de sus viviendas de protección oficial, y "se comprometan a ofertarlas en venta o alquiler". Y Si este inventario no se hace en unos plazos adecuados, que la Administración proceda a la expropiación de las mismas, porque las VPO "no pueden ser propiedad de los bancos, puesto que en dichas viviendas hay dinero que ha puesto la sociedad española". 

   Así, en rueda de prensa en la sede de la Defensoría, en la que ha lamentado que esta misma mañana se haya realizado un desahucio en el municipio malagueño de Cártama, donde se está dando una intervención "bastante brutal" de la Guardia Civil, un fenómeno al que "lamentablemente nos estamos acostumbrando", ha anunciado que se ha solicitado a Fomento y Vivienda que con todas las entidades bancarias de Andalucía se promueva la opción del Real Decreto 6/2012 del 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en cuyo artículo 3 "se le pide a los bancos ofertas de viviendas de protección oficial (VPO) como alquileres sociales a personas en el umbral de exclusión", aunque, matiz, "también pedimos que se aplique a aquellos que se encuentran en una situación de precariedad económica".
   Chamizo ha recordado que en el caso de las VPO "la legislación ordena que las personas tienen que residir en ellas", y si el titular no es una persona física, sino otro tipo de persona jurídica, "están obligados a destinarlas al alquiler", porque "no pueden estar vacías y cerradas". Por tanto, la Defensoría solicita que "en una plazo vinculante y concreto, los bancos realicen un inventario completo de todas sus viviendas de protección oficial, y se comprometan a ofertarlas en venta o alquiler a través de las webs de las entidades, o incluso mediante las webs de la comunidades autónomas o los ayuntamientos".
   En dicha información, continúa, "pedimos también que se hable de dónde están, en qué condiciones, o de los precios de las mismas". Además, aclara que las personas que quieran adquirirlas "deberán cumplir unos requisitos concretos", y también "pedimos que cuando esas persona puedan hacer frente a esas viviendas, se les facilite el préstamo", pero, matiza, los bancos "tienen la obligación de poner precios adecuados".
   "En el caso de que los bancos no cumplan, previa aprobación de la normativa del artículo 33 de la Constitución, vemos posibilidad a la expropiación, por incumplimiento de la acción social de la propiedad", continúa el Defensor, toda que apunta que "entendemos que se trata de un camino irreversible, y que por ello la Administración tiene que contemplar la expropiación, porque las VPO no pueden ser propiedad de los bancos, puesto que en dichas viviendas hay dinero que ha puesto la sociedad española".
   "No tememos que en Andalucía hay miles de viviendas de protección oficial cerradas, por eso pedimos un inventario rápido a los bancos, y si no se hace, la Administración puede expropiar, porque la vivienda tiene que cumplir su función social". "No se puede dejar este asunto a la buena voluntad sino que haya que legislar con más potencia, por eso hay que ir a la expropiación si no se cumplen los plazos", insiste Chamizo.
   Asimismo, Chamizo ha informado de que se ha remitido una queja de oficio e información a la Federación Andaluz de Municipios y Provincia para "que en pueblos y capitales de provincia de más de 50.000 habitantes se dé una intermediario para facilitar el entendimiento con los bancos por viviendas que puedan entrar en desahucio", una medida, afirma, que "se puede realizar sin grandes costos".
   Igualmente, ha informado de que a diario llegan al Defensor entre dos y cuatro quejas por este motivo, "pero éstas se ponen cuando llega el desahucio judicial, y ya no podemos intervenir". "Por ello, pedimos a la gente que en cuanto tenga la primera notificación, lo diga, para lo cual, a través de una queja, hemos pedido a los Colegios de Abogados la organización de un servicio de asistencia legal que atienda los asuntos que les deriven recursos sociales que conocen estos casos.

Zoido pide a Griñán que aclare si la Junta pedirá el fondo de liquidez

SEVILLA.- El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha pedido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que aclare si la Administración andaluza pedirá el fondo de liquidez autonómica, al mismo tiempo que ha avisado de que no quiere ni pensar que que "la Junta tenga la tentación de coger el dinero con una mano y con la otra seguir agitando la confrontación".

   Durante su intervención en el debate general sobre el impacto e incidencias para Andalucía del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, Zoido ha reprochado a Griñán que sea la Administración andaluza la que "lidera el boicot contra las soluciones del Gobierno, en vez de apoyarlas", ya que "el Gobierno de Rajoy no ha maltratado a Andalucía" sino que "ha tomado medidas para seguir adelante".
   "Saben que hay vencimientos de la Junta que no han sido atendidos y la situación financiera de Andalucía es muy grave". En este punto, ha avisado que no quiere ni pensar en que "la Junta tenga la tentación de coger el dinero con una mano y con la otra seguir agitando la confrontación".
   Ante esta situación, el presidente del PP-A ha criticado que el propósito de diálogo y cooperación del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, escenificado en la reunión entre ambos el pasado lunes, haya "saltado por los aires" al seguir confrontando con el Gobierno e intentar "pescar en río revuelto".
   Zoido que, aún así ha vuelto a "tender la mano y los puentes necesarios para sacar adelante medidas entre todos", ha señalado que este debate podía haber sido "una oportunidad de oro para que los tres grupos parlamentarios formarán puntos de encuentro al renunciar de intereses partidistas", pero "lamentablemente el espíritud cooperativo y el propósito de lealtad, me ha dado la impresión, de que han saltado por los aires".
   En este sentido, ha señalado que este debate se forjó como "plataforma de confrontación" y, por tanto "no ha habido ni por IU ni por el PSOE un ápice de autocrítica ni una idea para el encuentro, salvo el pacto al final de la intervención de Griñán".
   Asimismo, ha afirmado que "el PSOE se ha heredado a si mismo" y si en 2009 Griñán hubiera tomado medidas para combatir la situación que padecemos, hoy estaríamos hablando de otras circunstancias, en un debate distinto".
 "Lamento que siga en la senda de irresponsable" que es la de "no decir la verdad a los españoles y los andaluces sobre la gravedad de la crisis y ocultar la verdad sobre las cuentas del Estado y Andalucía".
   Al hilo de esto, Zoido ha detallado "la situación de Andalucía que no han querido que se debata en el Parlamento" y ha detallado que "ahora sabemos" que a deuda de 2010 alcanzó los 25.000 millones, que en Andalucía el déficit en 2011 fue más de 4.700 millones, que el presupuesto tenía "previsiones falsas" y que la Junta cerró el ejercicio económico el pasado año un mes antes porque "no alcanzaba a pagar las deudas". Asimismo, ha indicado que la Junta "no paga a sus proveedores, unos impagos que afectan a multitud de colectivos, muchos de ellos prestando servicios públicos".
   De igual manera, Zoido ha apuntado que la Junta heredó una tasa de paro del 13 por ciento en la época de bonanza, pero "por sus políticas ante la crisis se ha llegado al 33 por ciento", y "sabemos que Griñán comenzó una reestructuración del sector público pero no la ha hecho más eficiente ni menos costosa".
   De igual manera, el presidente de los 'populares' andaluces ha advertido de que "Andalucía nunca llegó a estar preparada para afrontar la crisis" y ha criticado que, en momentos difíciles cuando "hay un Gobierno de España que actúa desde la responsabilidad y la verdad", ahora "buscan una tormenta, una confrontación para eludir y no asumir responsabilidades en Andalucía".
   De esta manera, ha acusado a la Junta de "remar en sentido contrario" para no resolver los problemas del día a día, al tiempo que "sí pretende pescar en río revuelto, incluso abriendo vías de agua en la nave que nos tiene que sacar de la crisis".
   En este sentido, ha pedido a la Administración andaluza que "no busque la confrontación, que es estéril" y ha considerado que este debate "no se debía de haber celebrado" y ha criticado que la Junta "nunca pidiera un debate para debatir las medidas del PSOE".
 "Eso se llama ser sectario y utilizar de manera perversa las instituciones", ha subrayado.
   "No fue el PSOE el que recortó las pensiones, bajo el sueldo a los funcionarios, subió el IVA en 2009, quitó la deducción por primera vivenda y ayudas a VPO, eliminó el cheque bebé. No fue el Gobierno del PSOE el que suprimió el Impuesto sobre el Patrimonio. No fue el gobierno del PSOE el que dijo que España tenía el mejor sistema financiero", ha detallado.
   En este sentido, ha criticado que cuando "el PSOE las impuso usted las defendía porque eran buenas para España, pero ahora que las toma el PP las considera un ataque a Andalucía y montan este debate".
   Al respecto, Zoido ha reconocido que el PP ha tomado medidas que "no estaban en el programa y que no son de su agrado", si bien "entre aplicar el programa electoral o salvar a España, lo primero, lo urgente, es salvar a los ayuntamientos, a las comunidades y a España".
   Por otra parte, el presidente de los 'populares' andaluces ha considerado que lo que trae el PSOE esta tarde de miércoles al Parlamento es "un engaño" porque "se cambia un paga por otra pero se mantienen todos los recortes para los empleados públicos".
   Asimismo, ha criticado que la Junta utilice el malestar de los ciudadanos para "tapar el recorte" que está realizando cuando "hay margen para recortar en otros aspectos".
   Por último, ha reprochado que "cada vez que hay una situación complicada la Junta traiga otro plan de empleo".
 "Los anteriores no han dado resultados satisfactorios".