viernes, 14 de diciembre de 2012

Hernando (PP) dice que la Junta "autorizó" la construcción de El Algarrobico pese a la negativa del Gobierno

ALMERÍA.- El diputado nacional del PP por Almería y portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando, ha recordado este viernes que fue la Junta de Andalucía la que "permitió y autorizó la construcción" del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, pese a que el "constructor del hotel pidió un informe a Costas en 1998 y en ese momento, el Gobierno del PP le dijo que los 100 metros --con respecto a la línea de costa-- eran zona de servidumbre y no se podía edificar". 

   El diputado 'popular' ha analizado en rueda de prensa el Proyecto de Ley de Costas elaborado por el Gobierno con el que ha dicho que "se pretende dar mayor seguridad jurídica en el cumplimiento de las reservas y de la protección del dominio público terrestre del conjunto de nuestras costas".
   Así, ha indicado la "enorme importancia" que dicho proyecto tiene para Almería, dado que incluye cláusula 'anti-algarrobico' que, según Hernando, "va a suponer que la Junta de Andalucía no pueda volver a dar subvenciones millonarias para construir hoteles en zonas de dominio público protegidas por la Ley de Costas, como ocurrió con el hotel del Algarrobico, a cuyos constructores, el PSOE de Carboneras y de Andalucía, le permitió invadir la zona de protección de servidumbre".
   Hernando ha señalado que el proceso en torno a la construcción y paralización de este hotel ha tenido un "gravísimo perjuicio" porque "lleva años sembrando incertidumbre jurídica a las inversiones de nuestro litoral y al desarrollo del sector turístico". "Las distintas sentencias del Tribunal Supremo han dado la razón a la postura que el PP ha defendido siempre, porque en esa zona no se debió construir nunca", ha dicho.
   El diputado espera que el Proyecto de Ley de Costas salga adelante "con el consenso de todos los grupos parlamentarios" porque "la Ley de Costas es esencial para el desarrollo económico de provincias como Almería, ya que va a garantizar cientos de miles de puestos de trabajo del sector turístico".

La situación de los inmigrantes en El Ejido es "calcada" a la del año 2000

ALMERÍA.- La Plataforma Derechos y Justicia Social de Almería ha manifestado este viernes que la situación que mantiene el municipio de El Ejido con respecto a la población inmigrante es "calcada" a la que se dio en el año 2000, en el que se sucedieron los conocidos como 'Sucesos de El Ejido', por lo que han reclamado la colaboración de las administraciones públicas para trabajar en la integración de la población y acabar así con los asentamientos chabolistas. 

   El colectivo, que ha ofrecido este viernes una rueda de prensa junto con Almería Acoge, el sindicato SOC-SAT y el miembro de IULV-CA, Fernando Plaza, ha explicado que el próximo 18 de diciembre se celebrará una concentración coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Migrantes para reivindicar la situación de "pobreza extrema" que sufren los inmigrantes de la provincia y la "explotación laboral" a la que "muchos" están sometidos.
   El portavoz de la plataforma, Rafael Lorente, ha explicado que en los últimos meses se han mantenido mesas de trabajo y contactos con algunas administraciones para alcanzar soluciones, sentido en el que han destacado la participación de la Junta de Andalucía y han criticado la actitud del Ayuntamiento de El Ejido (PP), que ha "vetado" a la plataforma y "ha negado" la posibilidad de un encuentro.
   Así, acusan al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), de seguir "derribando chabolas por la fuerza" para "hacer desaparecer el problema" cuando "es todo lo contrario" ya que "se empeora" la situación y se vuelve más "precaria y atroz"
"No está solventado el problema y tememos que vengan situaciones del pasado pero sin tener una explicación", ha remarcado Lorente.
   Con esto, ha indicado que la plataforma "no es partidaria de los asentamientos chabolistas", por lo que propone consensuar soluciones que permitan facilitar alquileres sociales a las personas que habiten en infravivienda, para lo que en primer lugar "hay que regularizar su situación".
 "Tratamos de gestionar soluciones y alternativas pasando por alquilar viviendas o la gestión de líneas de autobús para que puedan ir a su trabajo, todo mediante pago de ellos y sin ningún tipo de paternalismo", ha dicho el portavoz.

Presidente de UD Almería:"Sólo permuté suelo"

ALMERÍA.- El presidente de la UD Almería, Alfonso García, ha limitado este viernes su participación en la promoción y construcción de las 300 viviendas en Cuevas del Almanzora, por las que está siendo enjuiciado a la propiedad de las más de 350 hectáreas de suelo rústico que, según ha explicado, permutó con la mercantil 'Huma Mediterráneo' a cambio de un 15 por ciento de lo edificado que se ejecutó. "Yo no soy constructor, ni promotor, ni sé de eso", ha asegurado. 

   García ha reconocido, no obstante, que el convenio firmado con el Ayuntamiento en el mes de diciembre de 2002 con la "finalidad de que se aprobara la modificación de la calificación del suelo para construir viviendas", se hizo a nombre de su empresa 'Aesur SL' y ha afirmado que lo hizo "obligado" porque "aún estaba como titular del terreno en el registro"
"Luego todos los contratos y edificaciones las hizo Huma Mediterráneo", ha apuntillado.
   A preguntas de las acusaciones, que sostienen que los 300 inmuebles se levantaron sin la "preceptiva licencia municipal" y "contraviniendo la normativa urbanística aplicable en la zona", ha mantenido el mismo argumentario frente al hecho de que en el decreto de Alcaldía por el que se ordenó en 2005 la paralización de las obras figure 'Aesur SL' como promotora de la obra aunque ha reconocido conocer que se iniciaron sin permisos municipales.
   "Yo permuté suelo rústico pero si se podía o no construir no era mi problema", ha dicho, momento en el que el fiscal le ha espetado: "Me dice que sabía que se estaba cometiendo una ilegalidad en el terreno ¿Y no le interesaba?". A preguntas de su defensa, ha matizado, no obstante, que "desconocía cómo había evolucionado" la calificación del suelo y ha asegurado que "no le hizo seguimiento" una vez permutó el suelo "porque lo entendí, en todo momento, como una venta".
   Tras la declaración de García, ha declarado ante la Sala del Juzgado de lo Penal nº 1 de Almería el administrador de 'Huma Mediterráneo', con sede en Mazarrón (Murcia), Antonio S.H., quien ha achacado su enjuiciamiento a un exceso de "confianza" ante las informaciones sobre el cambio de uso de suelo que venían del Ayuntamiento con el que, según ha subrayado, "había un convenio urbanístico".
   "Quizá cometí una imprudencia, me confíe en lo que me dijeron de que se iba a aprobar y empecé antes de tener las licencias que, me dijeron, me iban a conceder en dos meses", ha señalado para, a continuación, remarcar que, a lo largo de la tramitación, llegó a abonar casi un millón de euros. "En tasas pagamos 181.000 euros entre abril y mayo de 2005 y otros 300.000 euros para contratar al equipo redactor que nombró el Ayuntamiento", ha apuntillado.
   En esta línea, Antonio S.H. ha relatado que el Plan Parcial del sector se aprobó de forma provisional a finales de abril de 2005 tras contar con una "declaración de impacto ambiental favorable" de la Junta de Andalucía y que, en ese momento, "los técnicos que elaboraban" el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en vigor y con esta zona calificada urbanizable, "no dijeron que solicitáramos las licencias de edificación".
   El responsable de 'Huma Mediterráneo' ha afirmado que la orden de paralización de obra, que llegó "con 400 trabajadores en el tajo' no era tal "sino un decreto que nos instaba a ajustar la licencia por defectos formales" aunque ha insistido en que el residencia "tenía todos los informes favorables ambientales, de confederación hidrográfica, de Endesa, Galasa y otros".
   Sobre los afectados por la adquisición de viviendas en un residencial en el que, en una primera fase y bajo el nombre de 'Almanzora Country Club' se proyectaban un total de 1.794, ha revelado que aún existen unos "400" clientes a los que no se les ha devuelto dinero por "falta de liquidez" de la empresa. De estos, sólo se ha personado como acusación particular una familia británica que, en la actualidad, reside en una caravana al no haber recuperado su inversión.
   En la vista oral también ha prestado declaración los cuatro autores de los proyectos de obra Diego G.S., Enrique D.P., José Francisco B.A. y Trinitario G., quienes han coincidido en señalar que fueron contratados por 'Huma Mediterránea' para elaborar los citados proyectos que, en contra de lo sostenido por las acusaciones, ha asegurado contaban con el visado del Colegio Oficial de Arquitéctos de Almería.
   Han negado todos haber actuado como directores de obra y han insistido en que el Plan Parcial, con aprobación provisional, se les entregó en el Ayuntamiento cuevano junto al PGOU en soporte CD. "La normativa nos la facilitó el propio ayuntamiento y con eso nos pusimos a trabajar", han remarcado.
   Por su parte, el ingeniero y exconsejero de Política e Infraestructura Territorial de la Región de Murcia durante las dos primeras legislaturas y hasta 1987, Juan José Padilla, ha indicado que el convenio urbanístico se firmó porque el suelo "iba a ser calificado en el PGOU como suelo sectorizado" y ha precisado que, en mayo de 2005, se le "urgió" a redactar el proyecto de urbanización "porque eran inminente la aprobación definitiva"
"Yo redacte el Plan Parcial de acuerdo al convenio", ha asegurado para, a continuación, negar que se diese inicio a las obras sin licencia.
   La Fiscalía interesa para todos los acusados, entre ellos Carlos P.M. como exsubdirector de Ferrovial, penas de un año de prisión, el pago de multas de 18 meses a razón de 30 euros al día e inhabilitación especial para la profesión u oficio por un periodo de año y medio como presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio.
   El representante de Ferrovial, último en declarar en esta primera sesión del juicio que se retomará el día 21, ha negado tener conocimiento de los hechos al no haber ostentado en esa época el cargo de delegado territorial y ha minimizado su intervención a la firma de los de los contratos "como todos los que me remitía la asesoría jurídica".
   Según recoge el escrito de calificación, en el periodo de tiempo comprendido entre abril y octubre de 2005, el presidente de la UD Almería y Antonio S.H. por la empresa 'Huma Mediterráneo SL' en calidad de promotoras, y por otro lado, la mercantil Ferrovial Agroman SA como constructora teniendo como representante a Carlos P.M., iniciaron la construcción de un residencial en el paraje denominado Llanos de Jordana, en Cuevas del Almanzora.
   De la citada urbanización, se llegaron a levantar y concluir 300 inmuebles en terreno clasificado como suelo no urbanizable. El fiscal resalta que estas "no serían autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente en el municipio", por lo que, además, "carecerían de la licencia municipal preceptiva" aunque la documentación que obra en autos apuntaría que el suelo es en la actualidad urbanizable según el PGOY y el POTLA.
   Para realizar las obras, los acusados, entre los que se incluye el resto en calidad de arquitectos y técnicos directores, contaron con la intervención del exconsejero murciano, quien al ser ingeniero "proyectó y dirigió las obras de urbanización". En concreto, le Juan José Padilla Cánovas la realización de la nivelación de terrenos, la canalización, los saneamientos y los sistemas generales, entre otras actuaciones.
   Para el Ministerio Público, todos los acusados, "debido --remarca-- a su cualificación profesional", sabían no solo de la inexistencia de la licencia municipal de obras, "sino también de la imposibilidad de poder obtenerla por contravenir su edificación las normas urbanísticas aplicables"
 El Juzgado de lo Penal nº 1 de Almería deberá resolver, asimismo, una vez se celebre el juicio, si procede la demolición de lo construido y urbanizado.

El PSOE dice que quitar las ayudas a los municipios almerienses de Sierra Nevada producirá un "daño irreparable"

ALMERÍA.- El PSOE de Almería ha advertido este viernes de que la decisión del Gobierno del PP de eliminar las ayudas socioeconómicas que recibían los municipios enclavados en parques nacionales ha sido un "golpe durísimo" y supondrá un "daño irreparable".

 El senador socialista por la provincia Juan Carlos Pérez Navas ha señalado que, con esta decisión, el PP "se carga la política medioambiental y de sostenibilidad que sustenta los parques nacionales, asfixiando económicamente a los municipios ubicados en espacios protegidos". 
   Según indican en una nota, en Almería son 15 los municipios que están afectados por la protección medioambiental del Parque Nacional de Sierra Nevada y que este año "se quedarán sin las ayudas socioeconómicas que venían recibiendo desde 1999, el año de la creación de este espacio protegido". El año pasado, el montante de dichas ayudas ascendió a 315.000 euros para la provincia de Almería y, desde 2005, han supuesto una inversión de más de cuatro millones de euros, según sus datos.
   Junto a los alcaldes socialistas de Sierra Nevada y las diputadas Consuelo Rumí y Gracia Fernández, Pérez Navas ha explicado que "la práctica eliminación de estas ayudas que pretende llevar a cabo el Gobierno del PP comprometen de manera tremenda el futuro de estos municipios, puesto que se trata de pueblos que tienen unos recursos económicos limitados y pocas alternativas de desarrollo que no sean las vinculadas al espacio protegido".
   Rumí ha ahondado en este aspecto y ha señalado que las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora con esta línea de inversiones han permitido mejorar el nivel y la calidad de vida de la población del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Sierra Nevada "de forma compatible con la conservación ambiental, puesto que el objetivo ha sido considerar a los Parques como un activo importante de desarrollo económico local".
   Así, estas ayudas han permitido "no sólo el desarrollo económico y la generación de empleo en estas comarcas, sino también un crecimiento sostenible, que respeta los usos y costumbres, que mantiene la agricultura y la arquitectura tradicionales y que fija la población al territorio", ha insistido.
   Mediante estas ayudas se ha recuperado la construcción tradicional en las calles de Ohanes, se ha adecuado la sala arqueológica del Museo de Fiñana; se ha contribuido a la construcción de la residencia de la tercera edad y cuatro viviendas de turismo rural en Beires; la construcción de la unidad de estancias diurnas para 40 plazas en Bayárcal, la mejora de distintas infraestructuras en Las Tres Villas o la mejora de infraestructuras públicas en Abla, entre otras actuaciones.
   Estas subvenciones, destinadas al mantenimiento de las economías locales y del tejido social de estos pequeños pueblos, ya se redujeron un 25 por ciento de 2011 a 2012 y para el año próximo la propuesta del Gobierno de Rajoy es rebajarlas "hasta prácticamente hacerlas desaparecer", lo cual, ha dicho la diputada, "no sólo pone en la picota a los ayuntamientos, sino también a empresarios, autónomos, asociaciones o comunidades de regantes de estas localidades, que también han podido llevar a cabo iniciativas que han redundado en una mejora de sus negocios o producciones agrícolas".

Almería, en alerta amarilla por viento mañana sábado

MADRID.- Un total de 35 provincias, siete de ellas andaluzas, estarán en alerta este sábado por viento, lluvias y fenómenos costeros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   En concreto, la Aemet ha activado la alerta amarilla (riesgo) por viento en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, Cantabria, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Burgos, León, Palencia, Soria, Zamora, Barcelona, Gerona, Navarra, Castellón, Valencia, Badajoz, Cáceres, La Coruña, Lugo, Pontevedra, La Rioja y Asturias.
   Asimismo, Cantabria, La Coruña, Lugo, Pontevedra, Vizcaya, Guipúzcoa y Asturias estarán en alerta naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros; mientras que Almería, Cádiz, Huelva, El Hierro, La Palma, Tenerife, Barcelona, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca permanecerán en alerta amarilla (riesgo) por el mismo tipo de fenómenos. Además, Cádiz también estará en alerta amarilla (riesgo) por lluvias.
   Por otro lado, la Aemet prevé cielos nubosos o muy nubosos en la vertiente atlántica peninsular y los Pirineos, con precipitaciones débiles, mas probables y localmente moderadas en Galicia, Andalucía y los Pirineos, y con tendencia en general a disminuir a lo largo del día en el centro peninsular y los Pirineos.
   En el resto de la Península y las Islas Baleares se registrarán intervalos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa, excepto en el extremo sureste peninsular, donde no se espera precipitación. En las Islas Canarias, los cielos estarán poco nubosos con algún intervalo nuboso. La cota de nieve en la Península se situará entre los 1.400 y los 2.000 metros en la mitad norte y en 2.000 metros o más en el resto.
   Durante la jornada, las temperaturas experimentarán un ligero a moderado descenso en el extremo noroeste peninsular, y un ascenso en la mitad este, las Islas Baleares y las Islas Canarias. En el resto habrá pocos cambios.
   Por último, los vientos soplarán moderados a fuertes del suroeste en el cuadrante noroeste peninsular, con intervalos de muy fuerte en el litoral gallego; y moderados en general del suroeste en el resto de la Península y las Islas Baleares, con algún intervalo de fuerte. En las Islas Canarias serán flojos a moderados del este y el noreste.

La deuda andaluza se sitúa en el 12,8% del PIB, tres puntos por debajo de la media nacional

MADRID.-   La deuda de Andalucía se situó en el tercer trimestre en 18.495 millones de euros, el 12,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, lo que supone 3,1 puntos menos que la media de la ratio deuda/PIB del conjunto de las comunidades autónomas, el 15,9 por ciento del PIB.

   Según los datos del Banco de España, hechos públicos este viernes, la deuda andaluza pasó de los 18.136 millones en el segundo trimestre a los mencionados 18.495 del tercero, lo que supone un incremento del 1,97 por ciento; mientras que si se compara con el tercer trimestre de 2011, el incremento es del 34,6 por ciento.
Andalucía es la tercera comunidad por volumen de deuda, por detrás de Cataluña, con 45.754 millones de euros, cantidad que representa el 27,3 por ciento del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades, y de Comunidad Valenciana (25.574 millones de euros). Tras la región, se sitúa Madrid, con 17.780 millones, y entre las cuatro acumulan el 64,2 por ciento del total del endeudamiento regional.
Asimismo, la deuda de las empresas públicas en Andalucía asciende en el tercer trimestre de 2012 a 717 millones de euros, un 4,2 por ciento más que en el trimestre precedente y un 8,3 por ciento superior a los 662 millones de euros de deuda registrados en el tercer trimestre de 2011.    De esta forma, la ratio deuda/PIB se mantiene por sexto trimestre consecutivo en el 0,5 por ciento, frente al 1,2 por ciento de la media de las empresas públicas de todas las comunidades autónomas. 

La caída de Goliat / Gabriel Sánchez

Nervioso, muy nervioso está “el César”, según me cuenta un diputado popular refiriéndose a su jefe. Se refiere a Gabriel Amat y en consecuencia al 'caso Auditorio'. Excusas, muchas al parecer son las que éste se ha encontrado “no está, ahora no se puede poner, le digo que le ha llamado” y es que viendo la que se avecina algunos ya empiezan a poner pies en polvorosa alejándose del pirómano que pudiera hacerlos arder. Arenas por ejemplo ¿donde está que no se deja ver por Almería y, más concretamente, por Roquetas de Mar como antes lo hiciese?

Y es que ya se sabe cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en saltar, no me refiero a ninguno de los políticos nombrados, Dios me libre, es tan solo un símil para que entiendan que mientras todo va bien y hay comida en la olla a ver quien es el guapo que no coge la cuchara, pero cuando ésta se vacía los invitados comienzan a desaparecer.

Ayer los teléfonos echaban humo después de que Mario Jiménez tocara la línea de flotación del intocable caudillo de los populares poniendo la duda sobre ese dinero gastado (por demás poca cosa: 1.300 millones de pesetas) y del que la Fiscalía aún no ha pedido explicaciones aunque bien es verdad que se espera que lo haga.

Aseguran que Amat estuvo ayer recabando apoyos, ¡es listo el jodío!, que diría el tío Manuel
viendo lógico que quiera conocer si las ovejas que tiene en el redil son suyas, también que Soler estuvo llamando a los que el cree que todavía son sus vasallos, esos a los que puso él, dicen que quiere parar esta “sin razón”. 
 
Por lo poco que sé casi nada en comparación a lo que no sé, hubo además llamadas cruzadas entre dirigentes socialistas de los que mandaban antes y dirigentes populares de los que mandan ahora. Es ahora cuando los intermediarios de unos y otros pretenden intervenir, me acaban de confirmar, lo harán antes de que la sangre llegue al río, siendo ellos los que acercarán posturas y pondrán cordura a esta bomba a punto de explotar.

Si lo hacen será, en cualquier caso, como abrir la caja de Pandora pues no tengan duda de que empezarán a aflorar otros asuntos de mayor calado que éste y donde podremos ver que no es oro todo lo que reluce, ni el paisaje es tan bonito como nos lo ha pintado Gabriel Amat, por muchas palmeras con las que inundemos Roquetas.

Y si el mérito de esta arriesgada apuesta hay que ponerlo en el casillero de Sánchez Teruel, al
que seguramente la responsabilidad como secretario general de los socialistas almerienses no le permitía seguir callado, también lo serán las consecuencias que, de menear la mierda, se originen, pues este primer paso es tan solo la punta del iceberg que afecta al contubernio político en el que durante más de una década ha estado sumida la provincia de Almería y de lo que bien pudieran hablar algunos periodistas a los que se les ha cerrado la boca siguiendo las consignas dadas desde la dirección del medio de comunicación en el que trabajan. 
 
(Debo recordar que los periódicos viven principalmente de la publicidad y que quien reparte el pastel no es otro que quien gobierna la Diputación y, en consecuencia, los pueblos de su signo político; y éste, mal que nos pese, no es otro que Amat).

No sé que ha sido, lo que le ha hecho a Sánchez Teruel lanzarse a la arena a porta gayola delante de un mihura de la política, como es Gabriel Amat, y dejar de ser el chico bueno, prudente y mindundi (según alguno de los suyos, del que me reservo el nombre), tachado de “martinista” y de ser no más de una prolongación de todo anterior, incluido lo malo. 
 
Tal vez haya visto la necesaria regeneración que tenía que hacer del barco a la deriva que se encontró después de la perdida de credibilidad en la que Martin Soler había sumido al partido o, tal vez, ha sido su propia conciencia que no le permitido seguir haciéndose el ignorante y, tomando el toro por los cuernos, dar un paso hacia adelante sin importarle quien caiga, incluidos aquellos de los suyos que no hayan obrado de acuerdo con la ley.

Hay quien asegura que Adela Segura, guerrillera como pocas, ha tenido mucho que ver. No me extraña, en otras batallas peores la he visto y puedo asegurarles que jamás la he visto perder.
Esperemos que a muchos se le empiece a caer la venda de los ojos y empiecen a ver a estos salva patrias como lo que son: hombres de carne y hueso, poderosos, no lo dudo, pero no por eso impunes ante la ley aunque cuenten con amigos importantes dentro del ámbito judicial.

El Parlamento Andaluz urge a Gobierno y Junta a iniciar los trámites para demoler el Algarrobico

SEVILLA.- El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y la abstención del PP-A, una iniciativa de la formación de izquierdas en la que se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a dirigirse al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a fin de proceder, "con carácter de urgencia y en el entorno de colaboración institucional que posibilitó el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio entre dicho Ministerio y el Gobierno de Andalucía", a la recuperación de la playa del Algarrobico.

   La Cámara autonómica solicita así, por tanto, que Gobierno y Junta inicien los trámites para la demolición del hotel ubicado en el paraje natural del Algarrobico, toda vez que se complete el estudio de la empresa Tragsa para evaluar y detallar las actuaciones técnicas y materiales precisas para la demolición, que se elabore y apruebe un acuerdo de financiación para este derrumbe de acuerdo al informe de Tragsa, y que se establezca un calendario para todas y cada una de las actuaciones a llevar a cabo para la demolición, que deberá "iniciarse a la mayor brevedad posible".
   En esta proposición no de Ley aprobada en el pleno del Parlamento también se pide a Junta y Gobierno que establezcan "cauces de participación que permitan a agentes sociales y organizaciones interesadas, en especial las de carácter ecologista, como Ecologistas en Acción y Greenpeace, expresar su opinión y posibles alternativas".
   Precisamente al no admitir IULV-CA que en esta última petición se incluya explícitamente al Ayuntamiento de Carboneras tal y como pedía el PP-A, este grupo parlamentario ha rechazado la iniciativa al considerar, además, que la Administración responsable de esta "aberración urbanística" es en exclusiva la Junta de Andalucía, algo que tanto PSOE-A como IULV-CA han negado.
   Según ha defendido la portavoz de la formación de izquierdas, la diputada Rosalía Martín Escobar, tras los últimos pronunciamientos judiciales sobre el caso --el último, en marzo de 2012 cuando el Tribunal Supremo dictó la ilegalidad del hotel del Algarrobico por ubicarse dentro de la zona de servidumbre de protección de 100 metros y ser contrario a la Ley de Costas, y por suponer una agresión ambiental y contra la ordenación del territorio--, ya "nada impide que el protocolo general se desarrolle para iniciar los procedimientos de asignación presupuestaria y trámites administrativos oportunos para ejecutar" el derribo del hotel.
   Por ello, ha visto en este trabajo de demolición incluso "una oportunidad para la creación de empleo" y, sobre todo, una ocasión para "que no se vuelva a repetir en Andalucía".
 "No debemos dar opción a que esto vuelva a ocurrir, por eso hay que estar vigilantes ante planes urbanísticos que planean sobre el Cabo de Gata por parte del Gobierno del PP de Níjar en La Fabriquilla", ha advertido.
   Es por eso por lo que IULV-CA y PSOE-A han unido sus votos para urgir tanto a la Junta como al Gobierno a recuperar la playa del hotel Algarrobico tal y como se estableció en el protocolo general de colaboración que en 2011 firmaron el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Administración autonómica. Según este convenio, el Gobierno debe abordar la financiación de la demolición de la edificación y la Junta los trabajos de desescombro y la correcta gestión de los residuos generados por la demolición.
   Con todo, el PSOE-A no se ha librado de las críticas de IULV-CA durante el debate de la proposición no de Ley, ya que Martín Escobar ha reprochado al portavoz socialista Manuel Recio, quien ha aprovechado para acusar al PP de "basar todo su modelo económico para Andalucía en seguir con la dictadura del ladrillo", que su partido no se diera cuenta antes de la "gran aberración" que, desde un principio, significó El Algarrobico.
   "Fue la ministra Cristina Narbona la primera que dijo que había que derribarlo. Hasta entonces, el PSOE-A miraba para otro lado y no se actuaba en consecuencia con los instrumentos que tenían a su disposición", ha recordado.
   Al PP-A, por su parte, Martín Escobar le ha negado que esta iniciativa sea "un brindis al sol" y le ha exigido que acaten las sentencias judiciales. La portavoz 'popular' Aránzazu Martín Moya se ha defendido acusando a IULV-CA de ser parte de un Gobierno andaluz cuyo socio de gobierno, "en un calentón político del presidente (Manuel) Chaves, decidió unilateralmente demoler un edificio que traía todos los parabienes de la Junta".
   Así, y tras fundamentar esta demolición "en decisiones partidistas", la diputada del PP-A ha censurado que el PSOE-A hable "ahora de responsabilidades" cuando tendría que ser la Junta, en su opinión, quien las asumiera y quien se hiciera cargo ahora tanto de los 7,17 millones de euros que cuesta demoler el Algarrobico como de lo que provocó la paralización de sus obras.
 "Podían haberla parado desde el minuto uno, pero no lo hicieron. ¿Qué precio tuvo romper el futuro de muchos ciudadanos de ese entorno de Carboneras? Porque el PSOE-A y dirigentes de la Junta prometieron allí trabajo... ¿Qué precio tiene que muchas pymes se vieran abocadas al fracaso tras la paralización de un hotel que según la Junta era acorde a derecho?", se ha preguntado el PP-A.

Arias Cañete ve la necesidad de un mecanismo para evitar hechos como el del Algarrobico

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido en el pleno del Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Costas, frente a los grupos parlamentarios de PSOE, ICV, UPyD, ERC y Compromís-Equo, que han presentado enmiendas de totalidad para devolver el texto al Gobierno, señalando, entre otros aspectos, la necesidad de que la Administración General del Estado disponga de un mecanismo de reacción "rápido y eficaz" que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales, como en el caso del hotel Algarrobico, en Almería.

   El titular de Medio Ambiente ha asegurado que la futura norma compatibilizará la protección del espacio natural marítimo con la actividad económica que generan riqueza. Además, ha adelantado que el grupo parlamentario popular rechazará todas las iniciativas de la oposición para que no prospere el texto.
   Para el ministro, la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía --mantener y conservar en buen estado el litoral--, además de haber fomentado una "aplicación errática, contradictoria, deficiente y muy arbitraria" de la propia ley, y crear un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.
   Es más, ha avisado de que esta controversia ha traspasado las fronteras de España y ha llevado al Parlamento europeo a pedir y revisar "urgentemente" una modificación de la Ley de Costas, a fin de proteger a los propietarios de viviendas y a aquellos que poseen pequeñas parcelas en la costa, que no tienen un impacto negativo sobre el medioambiente costero.
   Según ha asegurado, la normativa de 1988 no ha sido eficaz en su principal objetivo de proteger el litoral, ya que en estos más de 20 años se ha producido la "mayor degradación" de la costa, con la masificación urbanística y la expansión de grandes pantallas arquitectónicas.
   Sobre la inseguridad jurídica, el responsable de Medio Ambiente ha apuntado a los deslindes en la costas, que determinan qué es dominio público y qué es servidumbre de protección, ya que, en su opinión, se han realizado con criterios "no homogéneos, de diferente forma según los territorios y las épocas, creando la consiguiente sensación de arbitrariedad y agravio comparativo".
   Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá un nivel de protección mayor al vigente.
   En concreto, el proyecto de ley distingue entre los tramos urbanos  de las playas y los tramos naturales, situados en zonas protegidas o en suelo rústico, y alejados de urbanizaciones.
   Para ello, Arias Cañete ha explicado que la ley prevé un régimen diferente, con objeto de dotar a las playas naturales de un elevado nivel de protección y garantizar que se mantengan sus valores medioambientales. "En las playas urbanas se asegura su conservación y se permiten los servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y del turismo de calidad, siempre de forma compatible con el uso común", ha señalado.
   Igualmente, el titular de Medio Ambiente ha señalado la conveniencia de que la administración estatal disponga de un instrumento "rápido y eficaz" que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales, como en el caso del Algarrobico, donde establece la llamada 'cláusula anti-Algarrobico', "que permite al Estado afrontar el problema desde el principio, con respeto a la autonomía local, y que sitúa en los tribunales la decisión de fondo".
   Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años.
   Además, el nuevo texto normativo resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988.
   En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarían alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
   Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).

Luz verde al decreto para la protección del litoral con el rechazo del PP-A

SEVILLA.- El Pleno del Parlamento Andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A, el  decreto-ley sobre medidas urgentes para adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a la realidad actual y a las exigencias de sostenibilidad fijadas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en el ámbito litoral. PSOE-A e IU-CA han rechazado la tramitación del decreto como proyecto de ley, algo que había solicitado el PP-A.

   Entre las medidas, se incluye la suspensión cautelarmente de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de aquellos municipios litorales no adaptados al POTA y que, por tanto, no garantizan su adecuación a las previsiones de crecimiento contenidas en el mismo.
   El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, que ha intervenido ante el Pleno del Parlamento, ha indicado que Andalucía ha sido una comunidad pionera en todos los procesos de ordenación y conservación del territorio, apuntando que el desarrollo ordenado y sostenible del suelo es un activo económico de primera magnitud y que la creación de riqueza pasa hoy por la calidad y la sostenibilidad.
   Como principal novedad, el decreto-ley dispone la elaboración del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que permitirá proteger los espacios no urbanizados y evitar el deterioro del paisaje y la pérdida de ecosistemas valiosos, así como incrementar la calidad de la franja costera.
   Para garantizar las previsiones del plan durante su proceso de elaboración, el decreto-ley suspende cautelarmente la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de aquellos municipios litorales no adaptados al POTA y que, por tanto, no garantizan su adecuación a las previsiones de crecimiento contenidas en el mismo. Esta suspensión, de carácter inmediato, afectará a 52 municipios costeros y estará en vigor hasta que el plan se someta al trámite de información pública, en el plazo de seis meses. Posteriormente, y hasta su aprobación definitiva en un plazo de dos años, la medida cautelar se mantendrá sólo en los terrenos identificados expresamente en el documento.
   El objetivo del Gobierno andaluz es frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no acordes con las exigencias actuales. Durante las últimas cinco décadas, la intensa actividad económica ha dado lugar a que ya se encuentren ocupados casi el 40 por ciento de los terrenos situados en los primeros 500 metros de costa, frente al 7 por ciento de mediados del siglo pasado.
   Al intervenir sobre la zona de influencia del litoral, caracterizada por ser la de mayor actividad urbanística, el plan contribuirá también de forma indirecta a la defensa del propio dominio público marítimo-terrestre. En este sentido, el reforzamiento de las condiciones para garantizar la sostenibilidad contrasta con la desregularización que para dicho dominio --de competencia estatal-- ha primado en la reciente reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central.
   Por su jerarquía, el futuro documento será vinculante tanto para el planeamiento urbanístico municipal como para los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Asimismo, permitirá adoptar decisiones tanto en los suelos urbanizables como en los no urbanizables, adecuándolos a las condiciones de sostenibilidad establecidas en la legislación y en la planificación autonómicas.
   Una vez elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el Plan de Protección del Corredor Litoral se expondrá a información pública durante un plazo no inferior a dos meses, con el fin de incorporar las aportaciones de las administraciones y de los agentes económicos y sociales.
   Más allá del ámbito litoral, el Decreto-ley introduce diversas medidas para incentivar y acelerar la adecuación de los planes urbanísticos municipales al POTA.
   Con esta finalidad, el Decreto-ley establece que la adaptación debe realizarse a través de la revisión las normas de planeamiento municipal en los plazos fijados por las mismas, o en ocho años desde su entrada en vigor en los casos en que no se haya establecido. La falta de adaptación conllevará la imposibilidad de aprobar instrumentos de desarrollo que supongan crecimientos urbanísticos por encima de los límites regulados en el POTA.
   Por último, el decreto-ley modifica diversas normas con el objetivo de agilizar la tramitación de los procesos de planeamiento urbano y facilitar la coordinación entre las administraciones.
   En el primero de estos aspectos destaca el establecimiento de un plazo único de tres meses, frente a los 1-6 actuales, para la emisión de los informes preceptivos sectoriales por parte de la Administración autonómica.
   Respecto a la mejora de la coordinación, el decreto-ley supone acelerar la puesta en funcionamiento del órgano colegiado que actuará en cada provincia como 'ventanilla única' para facilitar a los ayuntamientos la tramitación de estos informes sectoriales, que hasta ahora han emitido por separado las diferentes consejerías de la Junta.

La UE confirma que los contingentes de importación de Marruecos "se cumplen", según García-Legaz

MURCIA.- El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha asegurado que los contingentes de importación de productos procedentes de Marruecos "se están cumpliendo" y que el sistema de información electrónico que tiene implantado la Unión Europea "permite conocer toda la mercancía que entra por todos y cada uno de los puertos".

   En una rueda de prensa en Murcia, García-Legaz ha explicado que mantuvo una reunión hace dos semanas con el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, quien le certificó que se están cumpliendo los contingentes de importación.
   En este encuentro, García-Legaz tuvo ocasión de comprobar que la Comisión Europea ha puesto en marcha un sistema de información electrónica que "garantiza en tiempo real que toda la información que llega sobre las importaciones se puede contrastar y que, por tanto, los contingentes se cumplen".
   Esa información "está centralizada y, por tanto, no existe el riesgo de que entre más mercancía de la que implica el contingente por la vía de importar la producción por distintos puertos o puntos de entrada a la UE", ha garantizado el secretario de Estado.
   García-Legaz ha hecho estas declaraciones tras asistir a la Comisión Regional de Agricultura del Partido Popular, en la que han participado diversas asociaciones de productores agroalimentarios de la Región de Murcia que exportan a todo el mundo.
   En este sentido, García-Legaz explica que el encuentro ha servido también para "tranquilizar a los agricultores de la Región de Murcia, respecto al cumplimiento de los contingentes y, en particular, de los contingentes que hay de la producción de Marruecos".
   En esta reunión, los agricultores han transmitido al PP sus inquietudes, preocupaciones y problemas, mientras que el secretario de Estado les ha pedido trasladar todos los instrumentos puestos en marcha por el Gobierno central para mejorar la producción y, sobre todo, la exportación de la Región.
   García-Legaz ha destacado que el comportamiento de las exportaciones del sector agroalimentario de la Región de Murcia "van muy bien", con incrementos "espectaculares", y con tasas de crecimiento que "dependen de los productos", aunque "siempre por encima del 50 por ciento, y hasta del 60 por ciento".
   García-Legaz ha asegurado que se trata de incrementos que no se ven en ningún otro sector y en ninguna otra Región", lo que es "muy buena noticia", porque "está generando miles de puestos de trabajo".
   De hecho, se ha preguntado "qué sería de la tasa de paro en estos momentos si no fuera por la buena evolución de las exportaciones y, en particular, de la buena evolución de las exportaciones de productos agroalimentarios".
   El secretario de Agricultura y Medio Ambiente del PP regional, Jesús Cano, quien también ha comparecido en rueda de prensa, ha precisado que entre el 28 y el 30 por ciento de las frutas y hortalizas que se exportan actualmente en todo el mundo son de la Región de Murcia.
   De todas formas, García-Legaz ha considerado que es preciso conseguir que estas exportaciones vayan "mucho mejor" y, para eso, ha determinado que el Gobierno central está poniendo en marcha instrumentos de promoción de los productos agroalimentarios españoles.
   Asimismo, ha destacado que el Gobierno de España está habilitando también instrumentos de mejora de la financiación, porque "hay un problema objetivo de falta de financiación de todos los empresarios y también de los exportadores".
   Entre los instrumentos de promoción, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ha creado una división específica para productos agroalimentarios que va a hacer campañas específicas de en los mercados más relevantes y de mayor expansión con la marca España, lo que va a significar "un impulso específico del sector agroalimentario, con programas específicos del sector", ha añadido.
   Esto no existía hasta ahora, según García-Legaz, quien ha anunciado además que el ICEX y el Ministerio de Agricultura van a hacer campañas mixtas para trabajar de la mano fuera de España. "Esto es positivo porque el Ministerio conoce muy bien la realidad del sector y el ICEX sabe muy bien cómo se exporta", aclara.
   García-Legaz ha anunciado también la puesta en marcha a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de varias líneas de financiación por un importe de hasta 4.000 millones de euros para el conjunto de la exportación. El sector agroalimentario, que es uno de los grandes motores de exportación, va a ser uno de los mayores beneficiarios.
   La Secretaría de Estado también va a trabajar en la mejora de la cobertura del seguro de crédito a la exportación a través de CESCE, que es una compañía que es propiedad del Estado al 51 por ciento, para tratar de cubrir más países, y mejorar la cobertura que se da en los países en los que actualmente está disponible la cobertura.