domingo, 24 de noviembre de 2013

Fomento ultima la sociedad pública de autopistas, que evitará la quiebra de 'Ausur'

MADRID.- El Ministerio de Fomento ultima la constitución de la nueva sociedad pública de autopistas con la que se busca evitar la quiebra a una decena de vías pago que actualmente afrontan problemas económicos y financieros, y que en su mayor parte están en concurso de acreedores.

   Todas estas autopistas, salvo Ausur (la que une Cartagena y Vera), han manifestado ya al Departamento que dirige Ana Pastor su disposición a sumarse a la empresa pública, según informaron  fuentes del sector.
   Respecto a Ausur, en caso de que mantenga su rechazo a sumarse al proyecto, el Ministerio sopesa proponer al resto de concesionarias comprar entre todas el porcentaje de participación que le correspondería en la nueva empresa pública.
   La sociedad de autopistas, que debe estar lista antes de fin de año y que se aprobará por Real Decreto, se constituirá así a partir del proyecto diseñado por Fomento.
   Según este proyecto, el Ministerio, a través de su sociedad Seittsa, controlará el 80% del capital de la empresa de autopistas. El 20% restante se lo repartirán las sociedades concesionarias actualmente titulares de las autopistas en problemas que se integrarán en la empresa.
   Este porcentaje de participación parte con un valor de 122 millones, dado que la sociedad se constituye valorada en 608 millones. La parte correspondiente al Estado equivale a la capitalización de las ayudas que hasta ahora ha dado al sector.
   El proyecto contempla también que, además del porcentaje del 20% en la nueva sociedad, Fomento abonará a las concesionarias 350 millones de euros por los importes que les adeuda por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas y las modificaciones que sufrieron sus proyectos de obra.
   En paralelo, el Departamento de Ana Pastor ya tiene cerrado un acuerdo con los bancos acreedores de las autopistas, que suman una deuda de unos 3.500 millones de euros. Este acuerdo con la banca es el que exige que la nueva empresa de autopistas esté lista antes de fin de año.
   Las autopistas que se integrarán en la sociedad son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas. Sus sociedades concesionarias están en su mayoría participadas por las grandes constructoras (ACS, Sacyr, Ferrovial OHL y Abertis), además de por Globalvía (grupo de concesiones de FCC y Bankia) y alguna entidad financiera.
   Todas estas vías, las de más reciente construcción y que supusieron una inversión de unos 5.600 millones de euros, se han visto afectadas por los sobrecostes que afrontaron con la expropiación de los terrenos sobre los que se construyeron y el desplome de los tráficos por la crisis.
   El proyecto de Fomento se ha diseñado a un horizonte de cuarenta años. Parte de la previsión de que el tráfico conjunto de la decena de autopistas siga cayendo hasta 2015 y empiece a crecer entre un 2% y un 2,5% en ejercicios sucesivos.

El Gobierno justifica el "celo" de las entidades financieras a la hora de conceder crédito a pymes

MADRID.- El Gobierno español cree que el "celo" que están mostrando las entidades financieras a la hora de conceder crédito a las pequeñas y medianas empresas está justificado, recordando que su función es "la concesión de financiación a la demanda solvente" para no poner en riesgo su propia estabilidad.

   Así lo señala en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien en una pregunta parlamentaria criticaba que los bancos se "preocupen más de la posible morosidad de los beneficiarios que de la concesión de créditos" e instaba al Ejecutivo a tomar medidas para que la liquidez llegue a pymes y microempresas, proponiendo por ejemplo un fondo estatal de microcréditos gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con la ayuda de las entidades nacionalizadas.
   En su respuesta, el Ejecutivo recuerda que las entidades financieras deben conceder crédito a proyectos solventes, más si cabe en el caso de los bancos nacionalizados, que tienen que ajustar sus decisiones a los planes de reestructuración aprobados por la Comisión Europea (CE).
   "Un celo insuficiente respecto de la solvencia de sus clientes podría aumentar las ratios individuales de morosidad, comprometiendo de nuevo su grado de capitalización y, en última instancia, su valor de mercado y los recursos que pueda recuperar el contribuyente ante una eventual venta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)", añade el Gobierno.
   El Gobierno también defiende las altas garantías patrimoniales que exigen los bancos para acceder a las líneas ICO, recordando que el instituto está sujeto a una normativa de equilibrio financiero y que "cualquier quebranto" que se produjera en sus cuentas por sufrir un "elevado número de préstamos impagados debería ser compensado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado", lo que implicaría "distribuir el coste de una mala gestión financiera entre todos los contribuyentes".
   "Cabe destacar que se han modificado los términos de colaboración entre las entidades de crédito y el ICO para aumentar los incentivos de las primeras a intermediar y consumir las líneas de mediación", añade la respuesta parlamentaria.
   Asimismo, no ve "oportuno" crear un fondo como el que propone Llamazares dado que "no existe ningún importe mínimo para las operaciones" que pueden financiar las líneas de mediación del instituto, por lo que "los microcréditos a autónomos y emprendedores pueden ser actualmente tramitados".
    En otra respuesta parlamentaria, dirigida en este caso al diputado de CHA, Chesús Yuste, el Gobierno argumenta por qué no se potencia la actividad del ICO obteniendo dinero barato del Banco Central Europeo (BCE) para prestarlo a las administraciones públicas y a las empresas con el objetivo de conseguir que fluya el crédito.
   En el texto, el Gobierno recuerda que la gestión del ICO debe ser "sólida" e "integral" en todo lo que se refiere a los riesgos que asume, lo que es particularmente importante en relación con las refinanciaciones de créditos, con las que se debe "asegurar en todo momento un adecuado equilibrio entre los plazos de la actividad de préstamo y los de la financiación".
   Sin embargo, los préstamos del BCE son a corto plazo, de unos tres meses como máximo, por lo que la financiación sistemática de las operaciones del ICO (de medio y largo plazo) por esta vía provocaría "un notable riesgo" para su balance, lo que podría incluso "afectar a la capacidad del instituto para poder seguir ofreciendo de forma recurrente financiación al tejido productivo en condiciones preferentes".
   No obstante, el Gobierno recuerda que en diciembre de 2011 y febrero de 2012 el ICO accedió "de forma puntual" a una operación excepcional de crédito del BCE con plazos de tres años, atendiendo tanto al coste de la financiación como a que "no implicaba riesgo de refinanciación ya que un plazo de tres años casa adecuadamente con el vencimiento medio de las operaciones de préstamo" del instituto.