viernes, 4 de junio de 2010

El CESE busca reequilibrar la cadena alimentaria

VALENCIA.- El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se reunió en Valencia con representantes europeos de todos los eslabones de la cadena alimentaria para "corregir los desequilibrios" existentes y "estabilizar" las fuerzas de todos los agentes, con medidas como la creación un seguro de ingresos que limite las pérdidas de los agricultores o la "reinterpretación" de las leyes de competencia para evitar "abusos" en la composición de los precios.

La jornada 'Claves para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria', organizada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y el CESE, contó con la participación de los presidentes Asaja y AVA-Asaja, Pedro Barato y Cristóbal Aguado, así como de numerosas personalidades del ámbito económico valenciano y de representantes de los Gobiernos central y autonómico.

Camps recalcó que "a pesar de las dificultades actuales, el campo es presente y futuro no solo de la Comunitat Valenciana y de España, sino también de Europa" porque "Europa sin el campo, sin la agricultura, prácticamente no tendría razón de existir". Así, abogó por fomentar la competitividad y capacidad de generar empleo del sector y por garantizar la "estabilidad económica" del agricultor.

"Necesitamos que la agricultura sea un lugar atractivo" y "una salida potente, de nivel, fuerte y de mucho prestigio social" para los jóvenes, subrayó Camps, quien señaló que todos los valencianos tienen "alma de agricultor, lo que significa trabajo de sol a sol, esfuerzo, compromiso con la tierra e intentar ver siempre una oportunidad a un obstáculo y una posibilidad a una circunstancia de complejidad", pero "siempre lealmente con el resto de los españoles".

Por su parte, Pedro Barato exigió "medidas urgentes, que algunas no cuestan ni dinero", para afrontar la "falta de rentabilidad de las explotaciones" agropecuarias españolas, así como la modificación de la legislación comunitaria y nacional para "sancionar los abusos que se están cometiendo en la composición de los precios".

"Necesitamos unos precios con los que todo el mundo pueda vivir", recalcó el presidente de Asaja, quien señaló que "hace falta mucha claridad".

"No digo que haya que intervenir como en el siglo XIX, pero sí actuar para que haya esa transparencia", con medidas como el "establecimiento de precios mínimos en base al coste de la producción", como sucede para calcular el coste del seguro agrario.

Cristóbal Aguado reivindicó que "la política agraria común (PAC) y las leyes de competencia tienen que adaptarse o reinterpretarse" para que no haya "ciudadanos de primera y de segunda", y destacó que "hay una mayoría de países de la UE que piensan que ha llegado el momento de intervenir", con iniciativas como "crear un seguro de rentas".

Al respecto, celebró "cómo ha evolucionado en el último año y medio" la opinión de los responsables de la Comisión Europea sobre esta cuestión, hasta considerar ese seguro como "algo que es interesante estudiar y aplicar dentro de la PAC".

"La Comisión Europea ya está debatiéndolo" y "en sus documentos ya hace referencia a que hay que estudiar un seguro de ingresos porque puede ser una de las garantías que se pongan en marcha para garantizar más estabilidad en la cadena alimentaria", dijo.

"Esa apertura antes no existía", aseveró Aguado, quien explicó que "ese seguro de ingresos no es un seguro de garantía de renta, sino un seguro que podría limitar las pérdidas" de los agricultores, para que únicamente se arriesguen a sufrir "pérdidas asumibles, pero no a perderlo todo" y tener que abandonar su profesión y la explotación.

Aguado urgió a dar "viabilidad económica rápidamente" a todos los actores de la cadena y destacó la importancia de que el CESE incorpore las conclusiones de la jornada de hoy al dictamen que presentará en septiembre, a petición del Parlamento y la Comisión Europea, con "medidas correctoras" que "serán tenidas muy en cuenta por los legisladores comunitarios".

Por su parte, el secretario general de Eurocommerce en Bruselas, Xavier Durieu, garantizó que la gran distribución considera la jornada de Valencia como "una oportunidad para ayudar al sector agrario, y es bienvenida, pero no de un modo proteccionista, sino para intentar ayudarles a estabilizar su renta y, sobre todo, para que sean también competitivos".

Valoró también que la CE haya decidido estudiar los precios de la cadena alimentaria, aunque hizo hincapié en la responsabilidad de los intermediarios en las subidas de precio que experimenta el producto desde el origen hasta que llega a la gran distribución, dado que "el margen de beneficio del comercio oscila entre el 2 y el 4 por ciento, debido a la fuerte competencia del sector, y el margen comercial de los grandes productores entre el 10 y el 25 por ciento".

Criticó, en este sentido, que "a menudo, el populismo de las instituciones europeas conduce a criticar el comercio sin tener en cuenta y olvidándose de aquellos actores que están entre los agricultores y el comercio".

"La cuestión a plantearse es si queremos proteger a un sector o aumentar su competitividad", sentenció Durieu, quien se mostró de acuerdo con modificar la normativa europea de la competencia para garantizar la estabilidad de los agricultores.

Por último, el subdirector general de Estructura de la Cadena Agroalimentaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, José Miguel Herrero, destacó las actuaciones del Gobierno para garantizar la "transparencia" y "vertebración" de la cadena alimentaria, así como su intención de restablecer el "equilibrio de fuerzas" en la misma. Exigió también que se establezca un "equilibrio normativo" en todos los países de la UE en materia de competencia.

Caja Murcia se va de la provincia de Almería en beneficio de los granadinos

MURCIA.- Las cuatro entidades del sistema institucional de protección (SIP) liderado por Cajamurcia que constituirán el mayor grupo de cajas del mediterráneo español han acordado el reparto geográfico de sus zonas de influencia, con el fin de rentabilizar al máximo las redes de oficinas y evitar la competencia entre ellas. Eso supone el abandono de Almería por parte de los murcianos en beneficio de los granadinos, según revela hoy 'La Verdad'.

Según establece el protocolo de acuerdo de la fusión fría aprobado anteayer por los consejos de administración de Cajamurcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra, cada entidad ejercerá en exclusiva el negocio minorista en su respectiva área, que coincide además con su territorio natural, lo que supondrá recibir del resto de socios las oficinas que posean en su zona y cederles a ellos las sucursales que mantenga abiertas en sus áreas.

Cajamurcia concentrará su negocio en Murcia, la Comunidad Valenciana y Albacete, donde se encuentran la mayor parte de sus 413 oficinas; Caixa Penedés se centrará en Cataluña y Aragón; Andalucía será el territorio de Caja Granada, y Sa Nostra mantendrá su actividad en Baleares y Canarias.

Conforme a esta distribución, Cajamurcia cederá a Caja Granada las 23 oficinas con que cuenta en Almería, pero recibirá otras 49 que el resto de sus socios posee en Murcia y en la Comunidad Valenciana, con un balance positivo de 26 sucursales.

Del negocio en Madrid, donde las cuatro cajas poseen 60 oficinas (6 de Cajamurcia), y de la expansión en el resto de España, fuera de las zonas propias de cada caja, se encargará la futura entidad bancaria, sobre cuyo nombre y sede aún no se ha tomado una decisión.

El probable cierre de oficinas por el solapamiento de redes no preocupa en las direcciones de las cuatro cajas, ya que será mínimo.

De las 1.703 oficinas con que cuenta en la actualidad el grupo, sólo entre 20 y 40 son las que podrían incurrir en duplicidad de sucursales. Un claro ejemplo de esta duplicidad se da en Cartagena, donde Cajamurcia y Caja Granada poseen sendas oficinas casi enfrente una de otra.

Las 9 sucursales de Caja Granada y las 2 de Sa Nostra en Barcelona también son candidatas al cierre, debido a la densa red de 426 oficinas que Caixa Penedés ya posee en esta provincia.

El presidente regional de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se mostró muy satisfecho por que la presidencia de este grupo la ocupe Carlos Egea, presidente ejecutivo de Cajamurcia.