viernes, 20 de julio de 2012

Diputado Hernando, del PP: "El efecto del IVA en el campo será nulo para los agricultores"


ALMERÍA.- El diputado nacional del PP y portavoz adjunto en el Congreso Rafael Hernando ha señalado este viernes que el impacto de la subida del IVA en la actividad agraria será "nulo" para los 17.000 agricultores almerienses que se encuentran en el régimen general así como para los 45.000 acogidos al régimen especial de la agricultura, en el que se encuentran también ganaderos y pescadores.

En rueda de prensa, Hernando ha explicado que aquellos agricultores que realizan su declaración del IVA de forma trimestral por el sistema simplificado van a poder deducir los gastos de los productos que utilizan para su actividad en su propia declaracion trimestral, mientras que los del régimen especial lo harán mediante el sistema de compensación que recoge su declaración.
Así, el diputado ha calificado de "buena" la medida que permitirá "seguir impulsando un sector" que ha tenido una campaña "positiva" con respecto a la del mismo periodo del pasado año --marcada por la crisis de la 'E. coli'-- y que supone el "motor" de la economía almeriense.

Mueren unos 8.000 pavos al arder una granja de aves en Huércal-Overa

ALMERÍA.- Una granja de pollos y pavos ubicada en Huércal-Overa ha sido este viernes pasto de las llamas como consecuencia de un incendio declarado en estas instalaciones y que se habría saldado con la muerte de aproximadamente 8.000 pavos que se encontraban en el interior de una nave.

   Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía han informado que el incendio fue detectado poco antes de las 16,00 horas en esta granja de aves ubicada en el paraje El Torreón, cerca de la pedanía de Las Norias, en Huércal-Overa.
   Después de que las llamas fuesen extinguidas a las 18,00 horas, la Policía Local ha dado cuenta de la muerte de unos 8.000 pavos al arder una nave de cerca de 3.000 metros cuadrados dedicada a la crianza de aves.

Valderas: en Andalucía hay una "intervención totalmente indirecta" por parte del Gobierno

SEVILLA.- El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha reconocido este viernes que "hay una realidad encima de la mesa" y es que en materia de financiación en Andalucía "está habiendo una intervención totalmente indirecta", por parte del Gobierno, que "condiciona el Estatuto autonómico y los presupuestos de la Comunidad". 

   Así lo ha expresado Valderas en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Manuel Damián Marín, y con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra. Preguntado por una posible intervención de Andalucía por parte del Gobierno central, Valderas ha manifestado que "cree que hay una realidad encima de la mesa y es que, si no hay intervención directa de la comunidad, sí está habiendo una intervención totalmente indirecta, que condiciona el Estatuto andaluz y los presupuestos de la Junta".
   Igualmente, señala que esta "intervención indirecta condiciona "permanentemente la posibilidad de solventar los problemas de los servicios de la comunidad en las mejores condiciones".
   Valderas no ha querido negar "esta realidad, que está encima de la mesa, y que no es otra que la asfixia permanente desde el Gobierno de España hacia la comunidad en materia de financiación"
   Cuestionado por la aprobación este viernes por parte del Consejo de Ministros del techo de gasto para 2013, Valderas ha recordado que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ya expresó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "no, no y no" a los objetivos de déficit marcados por el Ejecutivo de Rajoy para las comunidades para 2013 y 2014, ante lo que señala como "un golpe duro a la economía de Andalucía y sus presupuestos".
   "La Junta, junto a otras comunidades autónomas, dice que no está de acuerdo con lo que plantea el Gobierno", ha insistido Valderas, quien ha apuntado el Gobierno andaluz "tendrá que emitir una posición y una opinión al respecto" del techo de gasto aprobado por el Gobierno, porque "no se puede seguir por este camino insoportable que no permite resolver adecuadamente los presupuestos andaluces para 2013"

Zoido propondrá a Griñán un plan para reducir 500 millones en gasto corriente en la Junta

SEVILLA.- El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, tiene intención de plantear en la reunión que mantendrá el lunes con el jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, un plan con medidas de contención del gasto corriente en la Junta por unos 500 millones de euros. Zoido ha valorado el "nuevo espíritu" de diálogo de Griñán y ha confiado en que de manera sincera quiera abandonar la confrontación con el Gobierno de la Nación. 

   En rueda de prensa, Zoido ha manifestado tras una reunión con su equipo del PP-A que acudirá a la reunión con Griñán desde la lealtad institucional y para intentar colaborar a la hora de la adopción de medidas enmarcadas en planes de ajuste que tengan la menor incidencia posible en los bolsillos de los ciudadanos.
   "No es momento de confrontar, sino de colaborar entre todos, partiendo de un diálogo sincero y transparente", según el también alcalde de Sevilla, quien ha confiado en que el "gesto" de Griñán al convocarle a una reunión suponga abrir una nueva etapa de relaciones "sinceras" y no sea solo un brindis al sol o de cara a la galería.
   "Espero que haya sinceridad", ha sentenciado el dirigente popular, quien también ha confiado en que la Junta abandone la "confrontación" con el Gobierno de la Nación y deje de culparlo de una actitud "agresiva y amenazante" hacia Andalucía porque de eso no hay "nada". Ha querido dejar claro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy solo quiere que todas las comunidades salgan adelante.
   De hecho, ha indicado que el presidente del Gobierno ha demostrado voluntad de diálogo al citar a Griñán a una reunión el próximo día 30 y ha insistido en que el PP-A espera que haya un interés real de la Junta de abandonar la "confrontación" y que realmente apueste por una nueva etapa de diálogo provechoso.
   En cuanto al plan de medidas de contención del gasto corriente en la Junta por 500 millones, Zoido ha manifestado que es una clara alternativa a la decisión de la Junta de reducir los sueldos de los trabajadores públicos.
   En este sentido, en dicho plan se propone una reducción de los arrendamientos en un 25 por ciento de todos los entes de la administración, de manera que se podría conseguir un ahorro entre 30 y 45 millones, ya que no sólo se ahorraría desde las Consejerías, sino también de la totalidad de los entes instrumentales y consorcios.
   Asimismo, se plantea una reducción de los gastos financieros por intereses de demora (por no pagar en tiempo y forma) y la elaboración de un calendario de pagos de la administración y sus entes instrumentales. Según ha expuesto Zoido, desde 2008 a 2011 se han pagado intereses de demora por valor de 176 millones. Ha apuntado que para 2012, la Junta prevé no atender a tiempo sus obligaciones de pago, por lo que consigna en sus presupuestos intereses de demora por valor de 29 millones, mientras que a mayo de este ejercicio ya ha ejecutado el 75 por ciento de esa cantidad, esto es, 22 millones.
   Para el PP-A, es necesario un calendario efectivo de pagos, apuntando que  Junta tiene que cumplir sus obligaciones y evitar el sobrecoste de estos intereses de demora.
   Igualmente, en el plan se recoge la reducción de los gastos indeterminados con cargo a las partidas 'otros' en un 80 por ciento y la creación de un fondo de contingencia para gastos indeterminados que no exceda de 10 millones. Zoido ha denunciado la utilización abusiva de una partida tan opaca como la denominada 'otros', que no sólo cuenta con un dinero excesivo sino a la que, además, todos los años se le destina más dinero de la que figura en el presupuesto.
   Otras medidas consisten en la reducción de un 20 por ciento de las transferencias en materia de concertación social a agentes sociales y de asignaciones a partidos políticos; en la supresión de la Delegación de la Junta en Madrid (que tiene un coste de 200.000 euros al año) y una reducción de oficinas en el exterior (actualmente hay 23 repartidas por todo el mundo); en la reducción de los gastos de reuniones conferencias y cursos un 70 por ciento (lo que generaría un ahorro de 10 millones en este año), o en la reducción de un 70 por ciento de gastos en información institucional, divulgación y publicidad (lo que supondría ahorrar 4 millones en este ejercicio).
   El plan de medidas de contención de gasto corriente también incluye una   reducción de un 25 por ciento en la partida de gastos jurídicos. Zoido ha criticado la costumbre de la Junta "de abusar" de la interposición de recursos, lo que supone un gasto medio de 20.000 euros diarios.
   Asimismo, se propone una reducción del gasto en estudios y trabajos técnicos de un 40 por ciento y en edición de publicaciones del 70 por ciento. Según el PP-A, para 2012 se presupuestan 27 millones para estudios y trabajos técnicos y, con el ajuste, el ahorro sería de 10 millones, mientras que en el caso de edición de publicaciones se ahorrarían 2,2 millones.
   Zoido también ha considerado fundamental un plan de ahorro energético, con optimización de contratos de mantenimiento y suministros que suponga una reducción del consumo de electricidad, agua, gas, comunicaciones, reparaciones, mantenimiento y conservación.
   Así, ha explicado que un ahorro medio de un 25 por ciento en costes de electricidad, agua, gas, comunicaciones, permitiría un ahorro de más de 45 millones solo entre consejerías y organismos autónomos, mientras que la aplicación de esta medida a la totalidad de entes del sector público duplicaría este ahorro. Ha expuesto que solo las facturas por electricidad entre 2008 y 2011 alcanzan los 309 millones y las de telefonía 145 millones, lo que representa más de 315.000 euros diarios de gasto solo en electricidad y teléfonos.

El TC levanta la suspensión de la resolución que aplicaba la subasta de fármacos

SEVILLA.- La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado  que el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido levantar la suspensión cautelar de cinco meses que pesaba desde el pasado mes de abril sobre la resolución del SAS que validaba en la práctica la subasta pública de medicamentos en Andalucía, una medida de ahorro con la que el departamento del ramo esperaba ahorrar 40 millones de euros.

   Esta cantidad se reduciría después a algo más de 20 millones de euros, cuando la Junta consiguió que al menos nueve de las 13 presentaciones farmacéuticas de varios laboratorios que optaron y se alzaron con el primer concurso público de licitación se adaptasen al precio más bajo del mercado y no el precio menor, ajustándose así a la modificación que el Gobierno central había hecho de su Real Decreto Ley RDL 16/2012.
  Montero ha concretado que el levantamiento de esta suspensión cautelar ha sido contra la resolución de Gerencia del SAS que daba luz verde a la primera convocatoria de concurso público de moléculas, no así contra el conjunto del decreto-ley de 13 de diciembre de 2011, que precisamente el Consejo de Ministros acordó el pasado viernes 13 de julio interponer también recurso de inconstitucional.
   En cualquier caso, la titular de Salud se ha mostrado convencida de que el dictamen del Constitucional sobre el decreto-ley en su conjunto tendrá un final parecido. "Si el Gobierno solicita la suspensión cautelar del decreto-ley, cosa que no estaría muy justificada en este momento tras el levantamiento ahora de la suspensión de la resolución, entiendo que la razones que el TC ha argumentado para proceder a levantar la suspensión en el primer caso, serán muy similares a las del decreto-ley".
   "Nosotros siempre hemos defendido para el levantamiento de la suspensión, que no entra en el fondo de la cuestión, que se producía una lesión de la previsión de ahorro económico en el gasto farmacéutico, que además habíamos llevado incorporado en el Plan de Reequilibrio de la Junta", con el que, además, trataban de ajustarse al objetivo de déficit público marcado por el Gobierno central.
   "También hablábamos del perjuicio que se provocaba a las empresas farmacéuticas que habían sido adjudicatarias de las moléculas en subasta, ya que el período de tiempo que transcurriera hasta que se pronunciara finalmente el Constitucional supondría una pérdida para estos laboratorios, por el retraso en la venta de estos productos, la previsión de ventas que ya tenían hecha, y con la inversión previa realizada", ha agregado Montero como motivos de su argumentario.
   Además, ha vuelto a incidir en que, a su juicio, la comunidad "es competente en esta materia". Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, ha señalado que los boticarios andaluces "somos una administrados" en esta cuestión, que no deja de ser "un conflicto de competencias entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central y que tiene que dirimir el Constitucional".
   "Sobre lo dicho por el Constitucional poco podemos decir, ya que, como hemos venido manifestado en los últimos meses sobre este asunto, los farmacéuticos andaluces somos meros administrados en este conflicto de competencias", ha insistido Minorasen.
   Con todo,  reconocido que, en la práctica, la subasta de fármacos en Andalucía ya estaba funcionando para esas nueves moléculas, "ya que nosotros teníamos una orden comunicada por parte del gerente del SAS y lo que estábamos haciendo era cumplir esa la orden comunicada que había, entre otras razones, porque no nos quedaba más remedio que acatar la orden de nuestro órgano gestor, que luego fue recurrida por el orden del Gobierno de la Nación".

Rajoy no tiene derecho a dejar en la miseria a millones de españoles / Roberto Centeno *

Hace tres semanas, con motivo de un viaje a EEUU, me despedía de ustedes hasta septiembre. Pero al volver me he encontrado con que, después de seis meses de tomar decisiones, casi todas en sentido contrario a lo que necesitaba el país, Mariano Rajoy decide superar los límites de lo tolerable y, de una manera tan vil como irresponsable, llevar a sectores enteros de población, a millones de españoles, a una situación de pobreza y exclusión social intolerables. Y todo ello no para salir de la crisis, ya que estas medidas hundirán aún más el crecimiento y el empleo, sino para mantener los privilegios de una casta política incompetente y corrupta que no está dispuesta a sacrificio alguno.

Con una cobardía poco común, elude su compromiso más esencial, el de gobernar, y lanza la mentira más escandalosa de toda su amplia trayectoria de embustes y falsas promesas: “Los españoles no podemos elegir si hacemos o no sacrificios. No tenemos esa libertad”.
 

 Es decir, que los españoles no podemos elegir entre que nos arruinen a impuestos y nos recorten salarios y prestaciones o acabar con el despilfarro de 120.000 millones de euros anuales que supone, en conjunto, el modelo de Estado impuesto por la casta política. Que los españoles no tenemos la libertad para elegir entre acabar con las duplicidades entre AAPP (34.000 millones tirados por la fregadera) y cerrar las 3.000 empresas públicas inútiles creadas para ocultar deuda y colocar a 450.000 parientes, amigos y correligionarios a dedo con sueldos un 35% superiores a la media de los funcionarios, o que nos bajen las prestaciones de desempleo, las pensiones, la dependencia o la reinserción social. 

También que los españoles no tenemos la libertad para elegir que se devuelvan al Estado las competencias de Justicia, Educación y Sanidad (lo que supondría un ahorro de 47.000 millones de euros, según cálculos de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, porque desde que Aznar cometió el error histórico de transferirlos a las CCAA el coste por alumno y enfermo ha aumentado más del doble en términos reales) y debemos aceptar sin rechistar recortes brutales en Sanidad y Educación y copago a todo lo que se mueve porque, para nuestro presidente, “eso ni se plantea”. Los niveles de irresponsabilidad y miseria moral de Rajoy resultan inauditos.

Dice no tener la libertad para decidir, pero sí para llevar a la ruina a la nación. Si es cierto que no la tiene porque es un cobarde y los
barones no le dejan, debe dimitir. Que no diga que es una imposición de Bruselas, porque Draghi se lo dejó bien claro: “Menos impuestos y más recortes de gasto”. Rajoy, al igual que cuando estaba en la oposición -cuando Valencia, Murcia o Madrid capital estaban a la cabeza del despilfarro sin que moviera un dedo para evitarlo- es incapaz de recortar nada. Su ineptitud, elevada a escala nacional, no sólo está llevando a la miseria y a la exclusión social a millones de personas, está arruinando a varias generaciones de españoles con una deuda y unos tipos de interés inasumibles.  El jueves pasado la Asociación de Empresas de Trabajo temporal dio a conocer una cifra pavorosa: el número de familias españolas que vive por debajo del umbral de la pobreza asciende ya al 26,5%, mucho más que en Grecia. Y la opción de Rajoy es empobrecernos todavía más.

Una conversación en Washington
Hace dos lunes, en el hotel Fairmont en Washington, y gracias a un amigo común, tuve la suerte de poder exponer a un
primera espada del FMI el que, en mi opinión, es el principal problema de España: el modelo de Estado. Le dije: “O ustedes nos ayudan acabar con las CCAA o las CCAA acabarán con España, es así de simple”. Naturalmente, esto hay que demostrarlo con cifras y a ello dediqué todo el tiempo del que dispuse. El FMI, al igual que la UE y al igual que Alemania, sabe que el problema de España radica en las regiones. Sabe también que Rajoy miente, y que miente en todo: en la situación del sistema financiero, en la situación macroeconómica y en el déficit público. Pero lo que no conoce bien es la dimensión real del problema. Me quedo corto si afirmo que mi interlocutor se quedó asombrado. Y es lógico, porque cuesta creerlo.
 
¿Cómo puede creer nadie que partiendo en enero de una situación de quiebra del sistema autonómico (que representa los dos tercios del gasto público de la nación) el Gobierno, en lugar de intervenir a las CCAA, les transfiere cerca de 30.000 millones de euros sin condición alguna? Un dinero que ya han despilfarrado, porque ahora necesitan 25.000 millones más. ¿Cómo puede nadie creer que un Gobierno renuncie a intervenir en la asignación correcta de dos tercios de los recursos de la nación?; ¿o que en los cinco primeros meses de 2012 el déficit del Estado se haya incrementado en un 31% y la extrapolación a fin de año nos lleve a un déficit de las AAPP del 11,6% del PIB (porque el supuesto adelanto a CCAA jamás será recuperado (1)?
 
Cuando conté, a modo de ejemplo, que la alcaldesa de Madrid y sus concejales tienen 1.500 asesores con un sueldo medio de 47.000 euros y 183 coches oficiales de uso personal, no me creyó. Así de simple. Tuve que pedirle que tecleara en Google “Asesores ayuntamiento Madrid”. Se quedó boquiabierto. El alcalde de Washington, al igual que el de Nueva York, ni siquiera tiene coche oficial y va en metro cada día a su trabajo. Cuando le expliqué que en España hay más de 30.000 coches oficiales, que desde 1978 se han contratado dos millones de empleados públicos
a dedo, entre amigos y correligionarios, que las CCAA tienen más de 200 embajadas en el extranjero o que disponen de casi 50 canales de TV con una pérdida anual de 2.400 millones no se lo podía creer.
 
“Es obvio -me dijo- que ningún gobierno del mundo tiene derecho a empobrecer de ese modo a los ciudadanos si tiene alternativas de reducción de gasto tan claras, pero ni el FMI ni la UE pueden imponer un cambio del modelo de Estado. Son ustedes, los españoles, quienes deben hacerlo”. Le expliqué que eso era imposible porque España no es una democracia formal, algo que requiere un sistema representativo del electorado y la separación de poderes en origen; España no tiene ni lo uno ni lo otro. Los españoles carecemos de cauce legal alguno para cambiar el modelo de Estado. Ni diez millones de firmas servirían para ello. Lo entendía pero no era un tema del FMI me dijo, de todas formas “si esas son las cifras reales el rescate es inevitable, y eso obligaría a cambiar el modelo de Estado o algo equivalente”.
 
España necesita un rescate de 500.000 millones ya.
¿Alguien se ha molestado en sumar los vencimientos de deuda? En julio, los vencimientos del Tesoro eran de 19.000 millones y sólo se ha cubierto una tercera parte; 13.000 en agosto y septiembre; 27.600 octubre y, el resto, 9.000. Total: 62.000 millones. Las CCAA necesitan 28.000 y los bancos, descontando Santander y BBVA, han emitido 80.000 millones de euros con aval del Estado, de los que 38.000 vencen este año. Total: 128.000 millones. Unos 6.000 los sacarán saqueando la caja de las Loterías, y los bancos parte del BCE, pero aún quedan 100.000. 
 
La liquidez que tenía el Tesoro la han transferido de forma casi íntegra a las CCAA y al pago a proveedores; con el déficit 2012 hay unas necesidades de financiación de 150.000 millones de aquí a fin de año (unos 27.000 millones al mes), que con la prima y los intereses desbocados son imposibles de lograr. Y, después, 175.000 millones en 2013 -vencimientos y déficit - y 250.000 en 2014. España necesita ya un rescate de  500.000 millones.
 
Sin embargo, eso no es lo único. España no puede seguir siendo el cortijo de una casta política parasitaria, cuyo pensamiento real sobre el conjunto de los ciudadanos es el expresado por la indigna
palmera del PP: “Que se jodan”. Es lo que piensan los 17 presidentes autonómicos y su inmensa corte de parásitos sociales, es lo que piensan los 8.160 alcaldes y 68.578 concejales,  los miles de presidentes de empresas públicas y los miles de diputados, senadores, asesores o sindicalistas de pesebre completamente inútiles. ¿Acaso uno, uno sólo de ellos, o de los casi dos millones de empleados públicos nombrados a dedo, estaría dispuesto de renunciar a su prebendas para evitar la ruina de los españoles?
 
Las nuevas medidas no sólo son una chapuza absoluta, son un expolio sin precedentes a las clases medias y trabajadoras, mientras la casta política se niega a aplicarse a sí misma el menor recorte. Los 65.000 millones en dos años y medio no solo son falsos, son clamorosamente insuficientes. El conjunto, y con las valoraciones oficiales, supone 48.000 millones, no 65.000, o 19.000 millones año, o 6.300 millones en el cuatrimestre que queda. Se necesitarían 50.000 para cumplir el compromiso de déficit 2012. Además, las valoraciones oficiales son falsas, la recaudación estimada por IVA y otros impuestos se ha calculado sobre la base de que el consumo se mantiene. La teoría económica explica que eso no es así mientras la experiencia demuestra que se queda en la mitad. 
 
La reducción de gasto por el número de concejales, valorada en 3.500 millones, es tres veces la real, pero como hay que esperar a las nuevas elecciones acaba en cero. Si se ponen las cifras reales, los 19.000 al año, se quedan en 12.000 escasos o 4.000 en 2012. Y, aunque van a reducir pensiones y subir la tarifa eléctrica, apenas llegará a la décima parte de lo necesario. Nada a cambio de una deflación brutal y de condenar a la miseria y a la exclusión social a millones de personas. Adicionalmente, el efecto sobre el sistema financiero de la caída de la venta de viviendas y la subida de la morosidad llevará a muchas entidades a la insolvencia. La buena noticia es que ni Rajoy ni el modelo de Estado sobrevivirán al inevitable rescate. La sustitución de estos irresponsables por profesionales es nuestra única posibilidad de salvación.
 
(*) Catedrático de Economía de la UPM
 
(1) La cifra del déficit del Estado correspondiente al mes de mayo es del 3,4% del PIB, que se compara con el 2,6% en el mismo periodo 2011. A partir de aquí, dos estimaciones son posibles: elevar el 3,4% a tasa anual (8,6%) y sumarle el 2% del objetivo de déficit de CCAA, ayuntamientos y Seguridad Social (10,6%), algo poco realista porque ese objetivo es una quimera. O, segunda, suponer proporcionalidad entre el 2,6% del Estado a mayo y el 8,9% total al final de 2011, y el 3,4% actual y el total a fin de año, lo que nos llevaría a una estimación de déficit de 2012 del 11,6% .