viernes, 20 de julio de 2012

Diputado Hernando, del PP: "El efecto del IVA en el campo será nulo para los agricultores"


ALMERÍA.- El diputado nacional del PP y portavoz adjunto en el Congreso Rafael Hernando ha señalado este viernes que el impacto de la subida del IVA en la actividad agraria será "nulo" para los 17.000 agricultores almerienses que se encuentran en el régimen general así como para los 45.000 acogidos al régimen especial de la agricultura, en el que se encuentran también ganaderos y pescadores.

En rueda de prensa, Hernando ha explicado que aquellos agricultores que realizan su declaración del IVA de forma trimestral por el sistema simplificado van a poder deducir los gastos de los productos que utilizan para su actividad en su propia declaracion trimestral, mientras que los del régimen especial lo harán mediante el sistema de compensación que recoge su declaración.
Así, el diputado ha calificado de "buena" la medida que permitirá "seguir impulsando un sector" que ha tenido una campaña "positiva" con respecto a la del mismo periodo del pasado año --marcada por la crisis de la 'E. coli'-- y que supone el "motor" de la economía almeriense.

Mueren unos 8.000 pavos al arder una granja de aves en Huércal-Overa

ALMERÍA.- Una granja de pollos y pavos ubicada en Huércal-Overa ha sido este viernes pasto de las llamas como consecuencia de un incendio declarado en estas instalaciones y que se habría saldado con la muerte de aproximadamente 8.000 pavos que se encontraban en el interior de una nave.

   Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía han informado que el incendio fue detectado poco antes de las 16,00 horas en esta granja de aves ubicada en el paraje El Torreón, cerca de la pedanía de Las Norias, en Huércal-Overa.
   Después de que las llamas fuesen extinguidas a las 18,00 horas, la Policía Local ha dado cuenta de la muerte de unos 8.000 pavos al arder una nave de cerca de 3.000 metros cuadrados dedicada a la crianza de aves.

Valderas: en Andalucía hay una "intervención totalmente indirecta" por parte del Gobierno

SEVILLA.- El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha reconocido este viernes que "hay una realidad encima de la mesa" y es que en materia de financiación en Andalucía "está habiendo una intervención totalmente indirecta", por parte del Gobierno, que "condiciona el Estatuto autonómico y los presupuestos de la Comunidad". 

   Así lo ha expresado Valderas en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Manuel Damián Marín, y con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra. Preguntado por una posible intervención de Andalucía por parte del Gobierno central, Valderas ha manifestado que "cree que hay una realidad encima de la mesa y es que, si no hay intervención directa de la comunidad, sí está habiendo una intervención totalmente indirecta, que condiciona el Estatuto andaluz y los presupuestos de la Junta".
   Igualmente, señala que esta "intervención indirecta condiciona "permanentemente la posibilidad de solventar los problemas de los servicios de la comunidad en las mejores condiciones".
   Valderas no ha querido negar "esta realidad, que está encima de la mesa, y que no es otra que la asfixia permanente desde el Gobierno de España hacia la comunidad en materia de financiación"
   Cuestionado por la aprobación este viernes por parte del Consejo de Ministros del techo de gasto para 2013, Valderas ha recordado que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ya expresó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "no, no y no" a los objetivos de déficit marcados por el Ejecutivo de Rajoy para las comunidades para 2013 y 2014, ante lo que señala como "un golpe duro a la economía de Andalucía y sus presupuestos".
   "La Junta, junto a otras comunidades autónomas, dice que no está de acuerdo con lo que plantea el Gobierno", ha insistido Valderas, quien ha apuntado el Gobierno andaluz "tendrá que emitir una posición y una opinión al respecto" del techo de gasto aprobado por el Gobierno, porque "no se puede seguir por este camino insoportable que no permite resolver adecuadamente los presupuestos andaluces para 2013"

Zoido propondrá a Griñán un plan para reducir 500 millones en gasto corriente en la Junta

SEVILLA.- El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, tiene intención de plantear en la reunión que mantendrá el lunes con el jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, un plan con medidas de contención del gasto corriente en la Junta por unos 500 millones de euros. Zoido ha valorado el "nuevo espíritu" de diálogo de Griñán y ha confiado en que de manera sincera quiera abandonar la confrontación con el Gobierno de la Nación. 

   En rueda de prensa, Zoido ha manifestado tras una reunión con su equipo del PP-A que acudirá a la reunión con Griñán desde la lealtad institucional y para intentar colaborar a la hora de la adopción de medidas enmarcadas en planes de ajuste que tengan la menor incidencia posible en los bolsillos de los ciudadanos.
   "No es momento de confrontar, sino de colaborar entre todos, partiendo de un diálogo sincero y transparente", según el también alcalde de Sevilla, quien ha confiado en que el "gesto" de Griñán al convocarle a una reunión suponga abrir una nueva etapa de relaciones "sinceras" y no sea solo un brindis al sol o de cara a la galería.
   "Espero que haya sinceridad", ha sentenciado el dirigente popular, quien también ha confiado en que la Junta abandone la "confrontación" con el Gobierno de la Nación y deje de culparlo de una actitud "agresiva y amenazante" hacia Andalucía porque de eso no hay "nada". Ha querido dejar claro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy solo quiere que todas las comunidades salgan adelante.
   De hecho, ha indicado que el presidente del Gobierno ha demostrado voluntad de diálogo al citar a Griñán a una reunión el próximo día 30 y ha insistido en que el PP-A espera que haya un interés real de la Junta de abandonar la "confrontación" y que realmente apueste por una nueva etapa de diálogo provechoso.
   En cuanto al plan de medidas de contención del gasto corriente en la Junta por 500 millones, Zoido ha manifestado que es una clara alternativa a la decisión de la Junta de reducir los sueldos de los trabajadores públicos.
   En este sentido, en dicho plan se propone una reducción de los arrendamientos en un 25 por ciento de todos los entes de la administración, de manera que se podría conseguir un ahorro entre 30 y 45 millones, ya que no sólo se ahorraría desde las Consejerías, sino también de la totalidad de los entes instrumentales y consorcios.
   Asimismo, se plantea una reducción de los gastos financieros por intereses de demora (por no pagar en tiempo y forma) y la elaboración de un calendario de pagos de la administración y sus entes instrumentales. Según ha expuesto Zoido, desde 2008 a 2011 se han pagado intereses de demora por valor de 176 millones. Ha apuntado que para 2012, la Junta prevé no atender a tiempo sus obligaciones de pago, por lo que consigna en sus presupuestos intereses de demora por valor de 29 millones, mientras que a mayo de este ejercicio ya ha ejecutado el 75 por ciento de esa cantidad, esto es, 22 millones.
   Para el PP-A, es necesario un calendario efectivo de pagos, apuntando que  Junta tiene que cumplir sus obligaciones y evitar el sobrecoste de estos intereses de demora.
   Igualmente, en el plan se recoge la reducción de los gastos indeterminados con cargo a las partidas 'otros' en un 80 por ciento y la creación de un fondo de contingencia para gastos indeterminados que no exceda de 10 millones. Zoido ha denunciado la utilización abusiva de una partida tan opaca como la denominada 'otros', que no sólo cuenta con un dinero excesivo sino a la que, además, todos los años se le destina más dinero de la que figura en el presupuesto.
   Otras medidas consisten en la reducción de un 20 por ciento de las transferencias en materia de concertación social a agentes sociales y de asignaciones a partidos políticos; en la supresión de la Delegación de la Junta en Madrid (que tiene un coste de 200.000 euros al año) y una reducción de oficinas en el exterior (actualmente hay 23 repartidas por todo el mundo); en la reducción de los gastos de reuniones conferencias y cursos un 70 por ciento (lo que generaría un ahorro de 10 millones en este año), o en la reducción de un 70 por ciento de gastos en información institucional, divulgación y publicidad (lo que supondría ahorrar 4 millones en este ejercicio).
   El plan de medidas de contención de gasto corriente también incluye una   reducción de un 25 por ciento en la partida de gastos jurídicos. Zoido ha criticado la costumbre de la Junta "de abusar" de la interposición de recursos, lo que supone un gasto medio de 20.000 euros diarios.
   Asimismo, se propone una reducción del gasto en estudios y trabajos técnicos de un 40 por ciento y en edición de publicaciones del 70 por ciento. Según el PP-A, para 2012 se presupuestan 27 millones para estudios y trabajos técnicos y, con el ajuste, el ahorro sería de 10 millones, mientras que en el caso de edición de publicaciones se ahorrarían 2,2 millones.
   Zoido también ha considerado fundamental un plan de ahorro energético, con optimización de contratos de mantenimiento y suministros que suponga una reducción del consumo de electricidad, agua, gas, comunicaciones, reparaciones, mantenimiento y conservación.
   Así, ha explicado que un ahorro medio de un 25 por ciento en costes de electricidad, agua, gas, comunicaciones, permitiría un ahorro de más de 45 millones solo entre consejerías y organismos autónomos, mientras que la aplicación de esta medida a la totalidad de entes del sector público duplicaría este ahorro. Ha expuesto que solo las facturas por electricidad entre 2008 y 2011 alcanzan los 309 millones y las de telefonía 145 millones, lo que representa más de 315.000 euros diarios de gasto solo en electricidad y teléfonos.

El TC levanta la suspensión de la resolución que aplicaba la subasta de fármacos

SEVILLA.- La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado  que el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido levantar la suspensión cautelar de cinco meses que pesaba desde el pasado mes de abril sobre la resolución del SAS que validaba en la práctica la subasta pública de medicamentos en Andalucía, una medida de ahorro con la que el departamento del ramo esperaba ahorrar 40 millones de euros.

   Esta cantidad se reduciría después a algo más de 20 millones de euros, cuando la Junta consiguió que al menos nueve de las 13 presentaciones farmacéuticas de varios laboratorios que optaron y se alzaron con el primer concurso público de licitación se adaptasen al precio más bajo del mercado y no el precio menor, ajustándose así a la modificación que el Gobierno central había hecho de su Real Decreto Ley RDL 16/2012.
  Montero ha concretado que el levantamiento de esta suspensión cautelar ha sido contra la resolución de Gerencia del SAS que daba luz verde a la primera convocatoria de concurso público de moléculas, no así contra el conjunto del decreto-ley de 13 de diciembre de 2011, que precisamente el Consejo de Ministros acordó el pasado viernes 13 de julio interponer también recurso de inconstitucional.
   En cualquier caso, la titular de Salud se ha mostrado convencida de que el dictamen del Constitucional sobre el decreto-ley en su conjunto tendrá un final parecido. "Si el Gobierno solicita la suspensión cautelar del decreto-ley, cosa que no estaría muy justificada en este momento tras el levantamiento ahora de la suspensión de la resolución, entiendo que la razones que el TC ha argumentado para proceder a levantar la suspensión en el primer caso, serán muy similares a las del decreto-ley".
   "Nosotros siempre hemos defendido para el levantamiento de la suspensión, que no entra en el fondo de la cuestión, que se producía una lesión de la previsión de ahorro económico en el gasto farmacéutico, que además habíamos llevado incorporado en el Plan de Reequilibrio de la Junta", con el que, además, trataban de ajustarse al objetivo de déficit público marcado por el Gobierno central.
   "También hablábamos del perjuicio que se provocaba a las empresas farmacéuticas que habían sido adjudicatarias de las moléculas en subasta, ya que el período de tiempo que transcurriera hasta que se pronunciara finalmente el Constitucional supondría una pérdida para estos laboratorios, por el retraso en la venta de estos productos, la previsión de ventas que ya tenían hecha, y con la inversión previa realizada", ha agregado Montero como motivos de su argumentario.
   Además, ha vuelto a incidir en que, a su juicio, la comunidad "es competente en esta materia". Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, ha señalado que los boticarios andaluces "somos una administrados" en esta cuestión, que no deja de ser "un conflicto de competencias entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central y que tiene que dirimir el Constitucional".
   "Sobre lo dicho por el Constitucional poco podemos decir, ya que, como hemos venido manifestado en los últimos meses sobre este asunto, los farmacéuticos andaluces somos meros administrados en este conflicto de competencias", ha insistido Minorasen.
   Con todo,  reconocido que, en la práctica, la subasta de fármacos en Andalucía ya estaba funcionando para esas nueves moléculas, "ya que nosotros teníamos una orden comunicada por parte del gerente del SAS y lo que estábamos haciendo era cumplir esa la orden comunicada que había, entre otras razones, porque no nos quedaba más remedio que acatar la orden de nuestro órgano gestor, que luego fue recurrida por el orden del Gobierno de la Nación".