lunes, 28 de enero de 2013

Un grupo terrorista ataca un gasoducto en Argelia

ARGEL.- Dos guardias de seguridad han muerto y otros siete han resultado heridos en un ataque perpetrado por un grupo terrorista contra un gasoducto en la región de Bouira, en el norte de Argelia, según han informado fuentes de los servicios de seguridad argelinos al diario 'El Watan'. 

   El ataque contra el gasoducto Hassi R'mel-Dellys tuvo lugar en la noche del domingo a la altura de la localidad de Yebahi, situada a unos 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Bouira. Los terroristas han atacado el gasoducto con la ayuda de morteros y con vehículos todoterreno.
   Este atentado llega días después de que el pasado 16 de diciembre un grupo terrorista escindido de Al Qaeda en el Magreb Islámico secuestrara a decenas de occidentales y argelinos en la planta de gas de In Amenas, en Tiguetourine, en el este del país. El secuestro terminó con decenas de muertos occidentales y argelinos.
   Momentos después de comenzar el ataque de este domingo, se ha registrado un intenso intercambio de fuego entre los terroristas y los guardias de seguridad, que se ha prolongado durante una hora y ha terminado con la retirada de los atacantes.
   Los siete heridos han sido trasladados al hospital Mohamed Boudiaf de Bouira. Tras el ataque, el Ejército argelino ha desplegado varias unidades en la zona para detener a los terroristas e investigar lo sucedido.  
   El gasoducto atacado anoche ya había sido objetivo de los grupos terroristas, que anteriormente lo atacaron en los puntos más próximos a Yebahia y Aomar. Esta infraestructura proporciona gas natural a las regiones del centro y del norte del país.
   En diciembre de 2011, un atentado terrorista con bomba acabó con la vida de un guardia de seguridad en este gasoducto en la zona de Aomar, a unos 20 kilómetros de Bouira.

El Defensor solicita la paralización de desahucios de vivienda por deudas de la Seguridad Social

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha solicitado mediante una actuación de oficio la paralización de desahucios de viviendas habituales por deudas de la Seguridad Social.

   Según indica el Defensor en su escrito, desde el año pasado se han atendido varias quejas de personas que han sido expulsadas de sus hogares por deudas con la Seguridad Social que han sido ejecutadas por la propia Administración. De hecho, agrega que esta institución "viene recibiendo numerosas quejas de personas que denuncian encontrarse en una situación de riesgo que podría llevarles a perder su vivienda como consecuencia de deudas pendientes con la Seguridad Social".
   Por ello, el Defensor ha iniciado una queja de oficio para proponer soluciones a estas intervenciones recaudatorias "que resultan especialmente lesivas".
   Dado que han sido varias las quejas recibidas por este motivo durante el paso año 2012 y que resulta lógico prever que las mismas seguirán llegando mientras se mantenga la actual situación, esta institución ha considerado oportuno la realización de una actuación de oficio con el fin de trasladar a las autoridades pertinentes la necesidad de que las normas que rigen la gestión recaudatoria de los recursos de la Seguridad Social y, en particular, las que regulan el embargo de bienes, "se interpreten de forma que hagan posible salvaguardar la vivienda familiar, única y habitual de aquellos deudores que lo sean de buena fe".
   El Defensor aboga por que la posibilidad de que la Tesorería General de la Seguridad Social "pueda dictar alguna norma o instrucción interna que permita paralizar los procedimientos de apremio sobre bienes inmuebles que constituyan la vivienda familiar, única y habitual, de deudores de buena fe que se encuentren en circunstancias parecidas a las que recoge el Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios".
   Chamizo ha aludido al Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, donde se describen determinados supuestos de personas en situación "de especial vulnerabilidad" que se verían beneficiados de una paralización del proceso judicial o extrajudicial dirigido al desahucio y lanzamiento de su vivienda.
   En opinión de esta institución "no resulta aceptable, ni razonable que por las autoridades públicas se apruebe una norma destinada a impedir a las entidades financiera que lleven a efecto el lanzamiento de sus viviendas de las personas que no pueden cumplir sus obligaciones hipotecarías, y, por otro lado, esas mismas autoridades públicas permitan que la Administración proceda a embargar y subastar las viviendas de quienes no pueden afrontar el pago de sus deudas a la Seguridad Social".
   El Defensor cree que resulta necesario "adoptar un acuerdo que permita la paralización de las subastas de las viviendas familiares por deudas a la Seguridad social, hasta tanto se apruebe una norma que posibilite una aplicación mas ponderada y acorde a la realidad de los procedimientos de recaudación ejecutiva que implican el embargo de bienes de los deudores".
   "El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada es reconocido en la Constitución como uno de los principios rectores de la política social y económica, cuyo reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos", ha recordado.
   Chamizo relata en su documento que en las quejas recibidas, las personas afectadas relatan las dificultades padecidas en el desarrollo de sus respectivos negocios como consecuencia de la grave crisis económica, "explicando como disminuían constantemente los ingresos mientras no dejaban de incrementarse los gastos a los que debían hacer frente, produciéndose así un continuo deterioro de su solvencia, hasta llegar a una situación límite que les habría llevado a tomar la decisión de dejar de atender sus obligaciones con la Seguridad Social y priorizar otros gastos ineludibles relacionados con la subsistencia y el bienestar de la unidad familiar".
   "Las deudas derivadas del impago de cuotas del Régimen Especial de Autónomos no serían excesivas en los casos que hemos tenido conocimiento --entre 4.000 y 11.000 euros--, pero ello no ha impedido que la gestión recaudatoria de la Administración pública siguiera su curso inexorablemente hasta situar a estas personas ante el drama de tener que afrontar el embargo y la inminente subasta de su vivienda", ha agregado.
   Ha explicado que en algunos supuestos analizados la situación ha podido encauzarse acudiendo a un aplazamiento de la deuda, pero en otros casos esta solución no ha sido posible, ya fuera porque las personas afectadas no habrían formulado a tiempo su solicitud de aplazamiento, o porque, habiendo obtenido el aplazamiento, se habrían visto incapaces por su situación económica familiar de hacer frente a los pagos comprometidos en los plazos fijados.
   En estos casos, las personas que acuden al Defensor "relatan su infructuoso peregrinar por distintos organismos públicos, intentando por todos los medios encontrar una solución que impidiera la subasta de sus viviendas y encontrando como única respuesta la constatación de que el procedimiento recaudatorio se había ajustado a las normas de aplicación y la confirmación de que no había posibilidades de impedir la consumación del procedimiento ejecutorio".
   Reconoce que cuando estas personas acuden al Defensor del Pueblo Andaluz, los expedientes administrativos de apremio "se encuentran en un estado muy avanzado, habiéndose producido ya la anotación de embargo de la vivienda e incluso el anuncio de subasta de la misma".
   Ha explicado que en algunas quejas se ha dirigido a la correspondiente Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (Cádiz y Sevilla, respectivamente) planteando la posibilidad de ejecutar otros bienes con carácter prioritario a la vivienda familiar.
   Asimismo, ha solicitado expresamente que se paralicen posibles actuaciones que pudieran dar lugar a la pérdida definitiva de la vivienda familiar, teniendo en cuenta a la hora de adoptar cualquier decisión, las características de la persona o familia afectada, las circunstancias económicas que habrían dado lugar a su situación deudora con la Seguridad Social y los ingresos realmente disponibles para afrontar el pago de la deuda pendiente.
   En su argumentación se ha remitido al orden de preferencia legalmente fijado para el embargo de bienes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual los bienes inmuebles ocupan el séptimo lugar, situándose por detrás de otros bienes como los muebles que pudieran ser objeto de embargo sin que ello suponga la pérdida de la vivienda familiar.

El PSOE-A insta al Gobierno a dar marcha atrás con su "desmontaje" de ayuntamientos

SEVILLA.- El vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, ha pedido al Gobierno central que de marcha atrás con su planteamiento de "desmontar" los ayuntamientos desde una postura "claramente antidemocrática", como ha calificado la reforma de la Administración Local que promueve el PP, pidiendo en su lugar que siente las bases para "un gran diálogo" que cuente con los representantes municipales, partidos políticos y también con las comunidades autónomas.

   En un video colgado en su blog personal bajo el título 'El PP pretende la "voladura" de los ayuntamientos', Jiménez ha recriminado al PP que pretenda "cambiar la arquitectura democrática del Estado" de forma impositiva y sin "diálogo".
   "El planteamiento que está haciendo el PP es, bajo nuestro punto de vista, claramente antidemocrático y tiene elementos de inconstitucionalidad gravísimos", ha aseverado el 'número dos' del PSOE andaluz, para quien esta reforma significa "dejar a los ayuntamientos sin competencias y sin representación política".
   Asimismo, ha indicado que la propuesta de los 'populares' pasa por alejar la toma de decisiones del ámbito municipal para llevarla a otros escenarios en los que "la realidad de los pueblos no se va a entender ni va a estar presente".
   Del mismo modo, ha afirmado que el "desmontaje" de los ayuntamientos que el PP tiene en cartera "no va a resolver ninguna cuestión vinculada a la situación económica de España", ya que defiende que ni los ayuntamientos ni las retribuciones de los responsables municipales son "culpables" de la situación económica del país o del déficit publico.
   En cuanto a las necesidades municipales, Jiménez ha subrayado que es esencial elaborar una ley de competencias "clara" para los ayuntamientos, que tenga en cuenta la población y tamaño de los municipios, así como una ley de financiación para "garantizar que los servicios públicos se prestan con calidad".    
   En este sentido, ha manifestado que son las comunidades autónomas las que tienen que establecer "cómo se ordena y organiza el ámbito municipal de su territorio", señalando que la realidad de la comunidad andaluza, por ejemplo, "no tiene nada que ver" con la de otras regiones como Castilla León, con "muchísima menos población y muchos más municipios". En este punto, ha destacado que en Andalucía "tenemos un modelo que nos parece el adecuado".
   Por todo ello, el socialista ha concluido instando al PP a "parar este ataque a la administración más cercana y querida por los ciudadanos" y pidiéndole en su lugar que inicie "un proceso diálogo mucho más abierto, intenso y racional, que preserve estas instituciones y el elemento democrático que tienen".

El sindicato del Tajo-Segura anuncia problemas a partir de abril si no hay entradas "significativas" de agua en cabecera del Tajo

MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, ha adelantado "problemas" si no hay entradas "significativas" de agua de aquí al próximo mes de abril, tras un "mal" primer trimestre del año hidrológico --octubre, noviembre y diciembre--, puesto que no ha llovido en la cabecera del Tajo y los embalses han estado "a la baja".

   Aunque se muestra "expectante" con toda la nieve "que al parecer puede caer estos días", así confía "en una recuperación de los embalses de Entrepeñas y Buendía" y que haya entradas "significativas" de agua "que permitan aliviar un poco esa situación".
   De lo contrario, ha anunciado, "tendríamos problemas" en el tercer y cuarto trimestre del año hidrológico, que es a partir del mes de abril, pues "estaríamos en circunstancias hidrológicas excepcionales y en situación de acudir al Consejo de Ministros", al que no se recurría desde noviembre de 2009.
   Pero, "acudir al Consejo de Ministros no significa solicitar un trasvase de emergencia ya que es una situación prevista en la Regla de Explotación, cuando las existencias en Entrepeñas y Buendía estén por dejado de una línea".
   En ese caso, ha explicado, "estamos en circunstancias hidrológicas excepcionales y los acuerdos tienen que ser aprobados por el Consejo de Ministros a propuesta de la Comisión Central de Explotación" y "eso es lo que puede ocurrir a partir de abril si no hay entradas importantes de agua en esos embalses".
   Pues al reducirse el volumen de agua "pasaríamos a estar en nivel 3, solamente se permitiría enviar 23 hectómetros cúbicos al mes en origen y para todos los usos", a los que habría que quitar el 10 por ciento de pérdida del acueducto, más lo que consumiría la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para abastecimientos, el resto sería lo que quedaría para regadío, "bastante poco cada mes".  
   Pero "ojalá no lleguemos a eso y entre agua suficiente estos días", ha exclamado el presidente del Sindicato Central de Regantes, quien se ha mostrado, a su vez, preocupado por el Plan Hidrológico del Tajo, del que desconocen su texto inicial y del que espera "no suponga ninguna afección que conlleve la extinción del trasvase Tajo-Segura, tal y como se pretende desde otros sitios".
   Consciente de que se está colaborando desde el Gobierno regional, con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá a la cabeza, así como desde Valencia, Claver ha acentuado que ese texto inicial "marcará mucho el resultado final".
   Pues aunque "nosotros aleguemos por un lado, Castilla La-Mancha lo hará por el otro", por lo que el texto inicial "será muy parecido al que pueda resultar de forma definitiva", por eso, ha explicado, "su importancia", de hecho, considera que "ya se tendría que haber sabido"
En este sentido, Claver ha recordado que el plan de cuenca está "muy ligado" al del Segura, cuyo plan se ha visto "retrasado", a la espera "de ver qué pasa con el del Tajo".

   El Sindicato Central de Regantes siente que desde la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno ha disminuido considerablemente la confrontación pública de Castilla-La Mancha en los medios de comunicación.
   Su presidente ha destacado que las críticas existentes al trasvase Tajo-Segura "son mínimas" y vienen desde otros grupos, "ya no pertenecen a la Comunidad Autónoma", lo que "se agradece", ha asegurado Claver.
   Lógicamente, Castilla-La Macha "seguirá defendiendo sus posturas" pero "no se hace con la virulencia y la confrontación pública de antaño" pero eso, ha apostillado el presidente del Scrats, "no quiere decir que la batalla se haya olvidado". Es evidente, ha añadido, que "ellos siguen en sus trece" pero ahora "se discute en otros términos y foros".
   Sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional rechazando el recurso del Gobierno regional contra la derogación del trasvase del Ebro, que desestima también los recursos presentados en el mismo sentido por los Gobiernos valencianos y castellano-leonés, Claver ha manifestado que "era algo previsible".
   Es algo que "no me ha sorprendido", ha confesado, "dada la situación en que estábamos y la jurisprudencia anterior en relación al trasvase del Ebro del propio Tribunal Constitucional", por lo que, a su juicio, "era algo de prever".